Perú

Las Bambas: SENACE responde ante observaciones de sociedad civil

Mediante un comunicado a la opinión pública, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) ha respondido ante las observaciones técnicas independientes presentadas por organizaciones de la sociedad civil a la tercera modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la minera MMG Las Bambas.

En el comunicado, SENACE precisa que esta institución realizó 136 observaciones a la modificatoria de EIA de Las Bambas, las cuales fueron respondidas por la empresa el pasado 25 de junio mediante un escrito que “se encuentra en revisión por el Senace y las entidades que emitieron opinión técnica”.

Como parte del procedimiento de evaluación, SENACE podría requerir a MMG Las Bambas información complementaria para subsanar las observaciones que pudieran haber quedado sin absolver. El titular, conforme a la normatividad vigente, tendrá un plazo improrrogable de 10 días hábiles para atender dicho pedido. Una vez recibida la información complementaria, SENACE contará con otros 10 días hábiles para culminar su evaluación y tomar una decisión, explica el comunicado.

Cabe recordar que el Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas, CooperAcción y la consejera regional de Apurímac Evelin Cavero presentaron la semana pasada un informe técnico independiente con un análisis de las respuestas de la empresa ante las 22 observaciones presentadas en abril. En este nuevo informe, se identifican 12 observaciones que no han sido absueltas satisfactoriamente por la empresa Las Bambas.

Entre las observaciones más importantes, se encuentran varias que tienen que ver con la calidad del agua, su tratamiento y su monitoreo; así como con la calidad del aire debido al material particulado causado por las actividades mineras. Otras observaciones tienen que ver con la ausencia de estudios de factibilidad, requisito que establece la normativa para este tipo de estudios y que no se encuentra presente en la solicitud de la empresa. Finalmente, el informe independiente muestra preocupación por la aprobación del que probablemente sea el cambio más importante de todos, el aumento de la producción, mediante un instrumento de menor jerarquía: el Informe Técnico Sustentatorio (ITS), lo que vulneraría el principio de indivisibilidad de la evaluación de los impactos ambientales establecido por la normativa.

Ante estas observaciones de fondo, las organizaciones que presentamos el informe independiente consideramos que la solicitud de la empresa no debiera ser aprobada, y que por el contrario se debería exigir a la empresa un EIA Actualizado que incluya de manera integral y sinérgica el conjunto de cambios que ha tenido, hasta el momento, este megaproyecto minero.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-bambas-senace-responde-ante-observaciones-de-sociedad-civil/

Brasil, Latinoamerica

«Oir el clamor de la Tierra, oir el grito de los pueblos»

Se está celebrando en Brasilia el II Encuentro de Afectados/as por la Minería en América Latina, que es una continuación del realizado en Roma en 2015, y que desde 7 a 10 de agosto, reúne a 35 representantes que han llegado de 9 países.

Son personas con gran experiencia en las luchas contra los impactos que esta práctica está suponiendo en Latino-américa, muchos de los cuales ponen su vida en riesgo como consecuencia de la defensa de los bienes comunes y el derecho de la naturaleza y de los pueblos. La mayoría de los presentes son laicos y laicas, a los que se unen algunos religiosos y religiosas. Junto con ellos se encuentra el Presidente del Grupo de Trabajo sobre Minería en la CNBB – Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, Monseñor Sebastião Duart, obispo de Caxias, en el estado de Maranhão.

El Cardenal Pedro Barreto, obispo de Huancayo, Perú, y Vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, en un vídeo enviado a los participantes ha dado algunas claves que pueden servir a la hora de enfrentar los problemas derivados de la Minería. Además de reflexiones sobre esta problemática, se están llevando a cabo visitas de campo, lo que, en opinión de Dário Bossi, «es muy importante porque podemos tocar la piel de las personas afectadas en Paracatú, los impactos de la minería y así poder tener más concreción de los impactos que cada uno de los participantes del encuentro trae desde sus países».

El texto que está siendo estudiado ha sido escrito por Monseñor Bruno-Marie Duffe, Secretario del Dicasterio para el servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, ayudando a reflexionar sobre el papel de la Iglesia frente a los impactos negativos de la Minería. El texto tiene como punto de partida la Encíclica Laudato si,»que nos llama a una consideración conjunta de la tierra, de la comunidad y de nuestra relación con las riquezas naturales», destacando que recibimos de Dios y de los antepasados la tierra, que tiene riquezas y límites y que somos llamados a cuidar con responsabilidad, lo que entra en conflicto con un desarrollo económico sin límite.

Monseñor Duffe, ve la necesidad de que la Iglesia se preocupe con las minas, pues estamos hablando de la creación, que es un bien común, con la dignidad de los pueblos y con el respeto de sus derechos humanos, especialmente de los más pobres. Por eso, «en este debate, la Iglesia tiene una misión de vigilante, de ser voz de – y con – los pobres, de facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos, de aconsejar. Su misión es profética, tiene que denunciar las violencias hechas contra los pueblos pobres», resalta el Secretario del Dicasterio vaticano, añadiendo que «la iglesia tiene que anunciar que otra política es posible», garantizando «una protección a la tierra y a las comunidades». Todo ello teniendo como base la Doctrina Social de la Iglesia.

Desde los conceptos de «ecología integral» y «revolución ecológica», somos llamados a vivir con responsabilidad, para poder hacer realidad un «desarrollo humano integral», para asumir la identidad de cada uno y, desde una ética de la responsabilidad, abrir «un camino a pensar el futuro de la creación y de la humanidad», señala Duffe.

Esta reflexión, cobra especial actualidad en América Latina, donde «estamos viviendo hoy una situación de extremo peligro y de máxima conflictividad de las comunidades afectadas por la mineración», como reconoce Moema Miranda, quien insiste en que los riesgos que nacen de la falta de democracia en diversos países, produce que «las leyes de defensa socio-ambiental, construídas con tanta lucha popular son absolutamente desrespetadas».

Falta control sobre las empresas que no respetan la Casa Común, lo que exige, según la miembro de la Red Iglesias y Minería, «una mayor articulación de las comunidades y una firme defensa de la Iglesia de todas las condiciones de vida de la población», haciendo realidad el deseo del Papa Francisco, «oír el clamor de la Tierra, oír el grito de los pueblos», pues son los más pobres quienes «anuncian un tiempo nuevo y un futuro que no sea controlado por una economía que mata».

Fuente:http://www.periodistadigital.com/religion/america/2018/08/08/oir-el-clamor-de-la-tierra-oir-el-grito-de-los-pueblos-religion-iglesia-afectados-mineria-brasil.html

Mexico

Anuncian juicio popular comunitario contra las empresas mineras y el estado

Oaxaca.-Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería.

El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios y al final juezas y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto.

Recordamos que estos proyectos mineros han ocasionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aun así, se estima que en el país se encuentra concesionado el 30% del territorio, con la imposición de más de 870 proyectos.

 

En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros (3 en etapa de explotación comercial: San José, El Águila y Alta Gracia). Estas concesiones y proyectos no cuentan con el consentimiento de los pueblos que han habitado los territorios ancestralmente.

Por otro lado, se encuentran una diversidad de experiencias comunitarias, de organización social y creación de alternativas frente a la minería. Los pueblos y comunidades están impulsando acciones de reapropiación y reivindicación de sus territorios, pese a estos trabajos que dignifican la vida comunitaria, el Estado y las empresas se encuentran criminalizando dichas acciones.

Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado Mexicano y las empresas mineras (nacionales y extranjeras), es momento de articularnos entre los pueblos. Exijamos el respeto a nuestros derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

¡SI A LA VIDA NO A LA MINERIA!

¡NI ORO, NI PLATA, LA MINERIA MATA!

¡DE LA SIERRA HASTA EL DESIERTO, NI EN TUNEL, NI A CIELO ABIERTO!

¡NO QUEREMOS ANILLO DE ORO VER, QUEREMOS TLAYUDA PARA COMER!

CONVOCAN

Comunidades y Organizaciones asistentes al Segundo Encuentro de Pueblos, Comunidades y Organizaciones “Aquí Decimos Sí a la Vida, No a la Minería”

Comité Organizador:

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT); Asamblea Regional de los Valles Centrales contra la Minería; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC);  Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Comisión de Seguimiento de la Asamblea Chontal; Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI); Comité para la Defensa de Integridad Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac; Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA); Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO); Coordinadora Indígena Popular Autónoma (CINPA); ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.; Grupo de Investigación-Acción Autónoma; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO); Oxfam México A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C. (SER); Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA); Tequio Jurídico A.C., Unión Campesina Indígena de Oaxaca – Emiliano Zapata (UCIO-EZ); Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca  S.C. (UNOSJO).

Fuente:http://ciudadania-express.com/2018/08/08/anuncian-juicio-popular-comunitario-contra-las-empresas-mineras-y-el-estado/

Perú

El impacto de las industrias extractivas en las mujeres

El impacto de las industrias extractivas es agresiva a nivel económico, social, ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos, criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las mujeres. Aunque no hay registros oficiales sobre la violencia de género en conflictos sociales, de acuerdo al libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales de Rocío Silva Santisteban: desde el 2003 hasta noviembre de 2017, 102 mujeres fueron criminalizadas, y el 10% del total de muertes en conflictos corresponde a mujeres.

El Perú lleva más de dos décadas sosteniendo su economía en base a la actividad minera, detrás de esta economía basada en la exportación de materias primas hay muchas historias: perdidas de vida, personas que se han quedado con alguna discapacidad a causa de los conflictos, defensores ambientales denunciados y estigmatizados por parte de los representante del Estado, los medios de comunicación, las empresas mineras y las fuerzas del orden; mujeres violentadas y agredidas sexualmente (…). La intolerancia hacia los defensores ambientales ha llegado al punto de que hasta un presidente de la República les calificó de “perros del hortelano”.

Además diversas acciones han desnudado el desprecio de los miembros de la Policía Nacional hacia los manifestantes en pleno conflicto. Una mujer le pregunta a un policía en el conflicto Conga (Cajamarca): “¿por qué nos tratan así?”, el policía responde: “porque son perros concha tu mare”. En Juliaca (Puno) los gritos de otro miembro de la policía en una manifestación grita a todo pulmón: “mata a esa chola, la de la huaraca, mátala, mátala”.

Criminalización de la protesta: 102 mujeres han sido procesadas en el Perú

El caso más llamativo en el Perú de agresiones sexuales contra defensoras ambientales se ha dado en el conflicto Majaz. Es el primer caso donde la empresa minera británica Rio Blanco Copper S.A., tuvo que indemnizar a 32 campesinos que fueron torturados el año 2005 dentro de su sede, ubicado en la sierra de Piura. La demanda fue presentada por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) ante las Altas Cortes Británicas contra Monterrico Metals Plc, debido a que participaron en los hechos funcionarios y trabajadores de la minera y de la empresa de seguridad Forza, que prestaba servicios a la mina. “En este caso, dos mujeres fueron violentadas sexualmente, incluso se les despojó de su ropa interior que luego fue colgada en unos palos como si fueran unas banderas, como si se tratase de un trofeo que habían recaudado estos individuos después de haber violentado sexualmente a las mujeres”, señala Rocío Silva Santisteban.

Entre los años 2011 y 2012, cinco personas fueron asesinadas y 154 personas resultaron heridas alrededor del proyecto Conga de la minera Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, ubicado en Cajamarca, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todas estas muertes y agresiones fueron por parte de la policía y las fuerzas armadas. Adelaida Amelia Tabaco, es una de las víctimas del conflicto en Celendín, su marido Paulino Leonterio regresó de Lima un 2 de julio de 2012, al día siguiente fue a visitar a su hermana, cuando retornaba a su casa al pasar por una calle cercana a la Plaza de Armas, un impacto de bala le causó la muerte. Adelaida hasta el día de hoy no ha encontrado justicia tras la muerte de Paulino, desde hace seis años ella tuvo que asumir la crianza y educación de sus dos hijos.

“Las mujeres no solo son denunciadas y perseguidas, sino también son estigmatizadas con una suerte de campañas mediáticas, se le ataca por el liderazgo que tienen, además por su condición de mujer, se les cuestiona permanentemente moralmente”, comenta la abogada Mirtha Vásquez, quien estuvo a cargo de la defensa de luchadores ambientales en Cajamarca. Añade que en los últimos años se ha incrementado en un 30% las denuncias contra las mujeres lideresas.

A raíz de los conflictos sociales han surgido liderazgos y una participación activa de las mujeres

Emperatriz Bolaños, lideresa ambiental en Celendín, recientemente ha sufrido una detención arbitraria en el distrito de Sorocucho por parte de la Policía. Bolaños participa activamente en manifestaciones contra la explotación del proyecto Conga, en ese contexto ha sufrido una serie de amenazas y difamación. “Mataron a mis perros a las 11 de la noche, la policía constata de que mis perros estaban muriendo, después de 10 días dejaron una bolsa con una bala dentro con un frase que decía: “la bala cuesta un sol, ya matamos a tus perros, ahora siguen tus hijos y tú”, denuncia.

Otra luchadora social que ha criticado abiertamente el proyecto Conga es Sara Guerra, ella perdió su trabajo como coordinadora del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el año 2012, desde entonces le ha sido difícil conseguir trabajo. “En cada uno de nosotros nace esas ganas de defender su territorio por la importancia que tiene eso para ti. Si nosotros permitimos que este territorio sea dañado: no vamos a poder sembrar ni cosechar, no vamos a poder tener agua de calidad, además, seriamos desplazados ¿sin territorio que podemos hacer? si nosotros perdemos las lagunas, desaparecerán también los ríos, para mi esa es la gran importancia de defender y preservar la vida, la mía y de mis generaciones”.

Expropiación de tierras

Uno de los casos más expuestos a nivel público es el de Máxima Acuña de Chaupe, quien fue absuelta por la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca de los cargos de usurpación interpuesta por Yanacocha, la mina pretendió expropiarle sus tierras donde se encuentra la laguna Azul. Su defensa férrea le hizo merecedora de uno de los galardones más importantes a nivel ambiental, el premio Goldman Environmental Prize 2016. Sin embargo este hecho no es un caso aislado en cuanto a expropiación o pérdidas de tierras en zonas mineras.

En abril de este año, 40 miembros de la PNP y funcionarios de la empresa suiza Glencore -una de las minas más grandes de cobre a nivel mundial- se presentaron con maquinarias en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, Cusco, Rocío Coaquera, María Coaquira y Eufrosina Umasi fueron insultadas, golpeadas, jaloneadas por defender su territorio de los miembros de la policía y de la seguridad de la mina. “El problema es que estamos prácticamente financiando estos abusos, la policía está trabajando para las empresas mineras, y estamos hablando de cuerpos de elite de la Policía Nacional que han sido entrenados de una manera especial y esos cuerpos de elite son los que están trabajando de protectores y defensores de las empresas mineras”, remarca Silva Santisteban. Así, la policía en vez de dar seguridad a las poblaciones termina siendo uno de los agresores más recurrentes en los conflictos sociales.

El impacto de las actividades extractivas se dan en mujeres andinas y amazónicas

No hay información oficial sobre violencia de género

La agresión más común hacía las mujeres en los conflictos sociales ha sido la violencia física y sexual, además de otros tipos de violencia que se dan en ese contexto, como el machismo, el racismo, la estigmatización, descalificación y hostilización, sin embargo, no hay cifras ni estadísticas oficiales de parte del Estado. Para Jessenia Casani, socióloga de Demus, los casos que se han podido recoger, las situaciones de violencias que se han podido conocer han sido básicamente desde la voz de las mujeres defensoras. “El Estado peruano es responsable de proveer, de dotar de esta información, de investigar, de tener una estadística de lo que implica esta violencia de género en conflictos eco territoriales para que podamos tener políticas, servicios, programas adecuados para atender, proteger y hacer justicia a estas mujeres”, dice.

 

Casani añade que, la Ley Nro. 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) y el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, son normativa y política pública que reconocen la violencia de género en conflictos ecoterritoriales, y que establecen además responsabilidad del Estado de generar información y data sobre esta violencia, para que a partir de ello se pueda actuar de una manera oportuna.

Colofon

Un tema que se observa cotidianamente en las zonas extractivas es el alto consumo de alcohol, se abren bares y prostíbulos para los trabajadores mineros y los trabajadores tercerizados que forman parte de la dinámica del movimiento minero. Las fiestas tradicionales de las zonas tienen el auspicio de las propias empresas mineras, donde las cajas de cervezas vienen en abundancia como parte de las relaciones públicas entre empresa y comunidades. Se trasgrede así las dinámicas comunales, se corrompe autoridades comunitarias y se exacerba la violencia de género que afecta a mujeres y niñas en esos escenarios de control, corrupción y autoritarismo. Los cuerpos son sometidos a diversas formas de violencia sexual, entre ellos la trata con fines de explotación sexual. Esta problemática tampoco figura en las estadísticas de violencia de género en zonas extractivas.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/noticias/

Perú

Hay concesiones y minería artesanal en provincia donde hubo intoxicación

Iván Villagomez, alcalde del distrito de San José de Ushua, donde ocurrió la intoxicación de más de 100 personas, declaró esta mañana (ayer) que la tragedia podría haber sido desatada por los problemas ambientales en la zona. Otros pobladores señalaron que existe minería artesanal y extracción metales.

Red Muqui hizo la consulta en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y efectivamente, hay presencia de minería artesanal en la provincia de Paucar del Sara Sara. Esta provincia figura entre las que posee mayores petitorios de minería artesanal.

En el mapa de las concesiones mineras del MINEM también figuran yacimientos mineros de mayor escala en el distrito aledaño a San José de Ushua. Cabe resaltar que en las declaraciones que dio el alcalde a América Noticias, «este es un caso extraño, no es por consumir el alimento, no, este es un caso que nos está afectando, un fenómeno.

Es un tóxico que está en el ambiente y está centrado en el distrito». Indicó que otras personas que no estuvieron presentes en el velorio fueron afectadas y presentaron síntomas de intoxicación.

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Al respecto, el Secretario ejecutivo de Red Muqui, Javier Janhcke señaló “que se debe investigar bien el origen de la intoxicación, se deberían hacer pruebas de agua y suelo en la zona para determinar el agente contaminante”.

Añadió que por eso es tan importante tener protocolos de atención para personas afectadas por metales tóxicos y hacer el seguimiento del estado de salud.

Hace una semana, el Ministerio de Salud presentó la propuesta de Política Nacional para atención a afectados por metales tóxicos donde se establecen lineamientos para atención prioritaria. En otras regiones de país se ha comprobado que la presencia de metales y metaloides en el aire, agua y suelo han desencadenado intoxicación y enfermedades en la población.

Ese es el caso de Cerro de Pasco y La Oroya donde las pruebas de sangre en niños y niñas han dado como resultado que los evaluados tienen hasta cuatro tipos de metales en su organismo

Fuente:http://www.servindi.org/actualidad-noticias/08/08/2018/hay-concesiones-y-mineria-artesanal-en-provincia-ayacuchana-donde

Costa Rica

En setiembre se firmará Acuerdo ambiental sin precedente

El próximo 27 de setiembre, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevará a cabo la firma del Acuerdo de Escazú. Se espera que 33 países de América Latina y el Caribe, el Perú incluido, se comprometan con este histórico acuerdo en la región, que busca establecer estándares para el desarrollo y fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

En marzo de este año, en Costa Rica, 24 países de América Latina y el Caribe adoptaron el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como Acuerdo de Escazú por la ciudad de Costa Rica.

La firma del próximo 27 de setiembre es indispensable para que, luego de ser ratificado por cada país, el acuerdo entre en vigencia.

El Acuerdo de Escazú marca un hito en la historia ambiental de la región porque es el primer esfuerzo para establecer estándares que fortalezcan la aplicación de los derechos de acceso, que contribuirá a la construcción de la democracia ambiental. Este instrumento internacional marca un importante precedente en la legislación para la protección de los defensores de derechos ambientales.

Un acuerdo que esperó 26 años para materializarse

En 1992, el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo consagró los derechos de acceso a la información,participación pública y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú recoge estos derechos y establece estándares que garantizan su ejercicio y evolución, medidas de cooperación entre países para el desarrollo y mejora de estos derechos; e instancias y acciones de seguimiento de implementación del Acuerdo.

El proceso de creación del acuerdo demandó 9 reuniones de negociación a lo largo de 6 años, entre los representantes de países de la región y de la sociedad civil. Este proceso tuvo un mecanismo ejemplar al permitir la participación e intervención con voz, sin voto, de las organizaciones civiles.

En marzo de este año se adoptó el Acuerdo de Escazú como un instrumento internacional vinculante, sin reservas, lo que permitirá que todos los países adherentes implementen las disposiciones y cumplan con los estándares fijados para la aplicación de los derechos de acceso, a cabalidad.

Dato:

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) participó desde las etapas preparatorias del proceso de negociación y durante la elaboración del acuerdo. Como miembro del equipo central de La Iniciativa de Acceso, ha elaborado videos explicativos sobre el Acuerdo de Escazú gracias a la Fundación Ford y a la Fundación Gordon & Betty Moore para dar a conocer su importancia en el desarrollo y fortalecimiento de la democracia ambiental e impulsar la finalidad de impulsar su signatura y ratificación a nivel regional.

Fuente:http://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/08/2018/en-setiembre-se-firmara-el-acuerdo-de-escazu-para-fortalecer-derechos

Uruguay

Minera Aratirí formaliza demanda internacional contra Uruguay por US$3.500M

La minera Aratirí formalizó en el mes de julio una demanda internacional contra Uruguay por US$3.536 millones, según confirmó el presidente Tabaré Vázquez, a radio Sarandí.

La firma de origen indio presentó un proyecto en 2011 con el objetivo de instalar una mina en Valentines para extraer hierro. Sin embargo, la aprobación de una ley de minería fue interpretado por Aratirí como un cambio en las reglas de juego.

Según relató Vázquez, en julio de 2017 Aratirí inscribió su denuncia ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Cnudmi (o Uncitral, por su siglas en inglés); pero recién el pasado 3 de julio presentó la memoria donde detalla todos los contactos con el gobierno uruguayo.

La denuncia por daños y perjuicios se comienza a tratar en Washington hacia donde este domingo parte una delegación integrada por técnicos de la Dinama, Alejandro Nario y Jorge Rucks, ex directores de esa repartición, los abogados Marcelo Cousillas y Eugenio Fernández, Néstor Campal, director de Minería, Roberto Kreimerman, ex ministro de Vivienda y Miguel Toma, actual secretario de la Presidencia.

Fuente:https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/minera-aratiri-formaliza-demanda-internacional-contra-uruguay-por-us3500m

Perú

Arequipa: nueva protesta contra Buenaventura por presunta contaminación

Alrededor de 60 ciudadanos y ciudadanas del distrito de Madrigal (provincia de Caylloma, Arequipa), caminaron durante 9 horas hasta el campamento minero del proyecto en exploración “Mayra”, de la empresa Buenaventura, para realizar una protesta por presunta contaminación del río Palca. La movilización se realizó el pasado sábado 4 de agosto. Como parte de la medida formaron cuadrillas para vigilar la cabecera de cuenca, ubicada al pie del nevado Suriwiri, a más de 5 mil msnm.

La protesta se produjo tras el ingreso de agua turbia y de coloración amarillenta al distrito de Madrigal, según denunciaron las manifestantes. Al respecto, el alcalde distrital, Tomás Ccama alertó que la empresa está solicitando uso de agua para las actividades de exploración minera, pero “en asamblea popular los habitantes de Madrigal dijeron no hay agua para la mina”. “Los pobladores señalaron que regresarán en cuadrillas semanalmente” hasta el retiro de la empresa, manifestó el alcalde Ccama.

Según el alcalde, el municipio no dio ningún permiso o licencia para el inicio de obra ni acceso de los vehículos.

Los pobladores sostuvieron una reunión ayer para coordinar sus próximas acciones.  Se informó que este jueves, viajarían a la ciudad de Arequipa para realizar una nueva protesta.

Este no es el único conflicto en la región Arequipa que involucra a la empresa Buenaventura, del actual presidente de la CONFIEP Roque Benavides.  Otros conflictos que han tenido actividad este semestre (ver reporte del OCM: http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/17/region-arequipa/) han involucrado a esta polémica empresa minera. Se trata de los conflictos por los proyectos Tambomayo y Gaby ubicados en los distritos de Tapay y Lari, respectivamente, también en la provincia de Caylloma.

En el primer caso, la población realizó protestas durante abril exigiendo la atención de una plataforma que incluía principalmente demandas de responsabilidad social, tales como la construcción de canales de regadío, un fondo de inversión, entre otros. Las protestas fueron suspendidas tras la suscripción de un acta con 14 puntos, los que se espera den lugar a un Convenio Marco entre la empresa y el distrito de Tapay. La mina Tambomayo, que empezó operaciones el año pasado, extrae oro y plata tras una inversión de US$ 362 millones.

En tanto, el proyecto Gaby ha recibido cuestionamientos por parte de la población y de autoridades locales. Tras una inspección en la zona, el alcalde del distrito de Lari y dirigentes locales señalaron que el inicio de extracción de oro de la zona podría generar contaminación de una importante laguna formada por los deshielos del nevado Suriwiri.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/08/arequipa-nueva-protesta-contra-buenaventura-por-presunta-contaminacion/

Argentina

Megaminería en Chubut: Lobby vs Democracia

Desde hace meses el tema de la “minería” está en la tapa de los diarios. Sin embargo, no es nuevo. Es algo de lo que se está hablando desde hace más de quince años en la provincia, pero de manera intermitente: en los años electorales, queda silenciado y, en los años no electorales, es impulsado vehementemente por diferentes actores políticos y empresariales. Muchos políticos en campaña no hablan de “minería”, porque no quieren comprometerse por temor a perder votos. Se hacen los distraídos. Transcurridas las elecciones, se sienten con la libertad para levantar el estandarte minero. Alguien dirá que, en realidad, “se sacan la máscara”, puede ser.

Lamentablemente, esta artimaña de la clase política no contribuye a que el tema tenga el debido tratamiento en la sociedad.

Sería diferente si los políticos transparentaran su posición y dijeran en la campaña: “yo estoy a favor de la megaminería” o “estoy en contra”. Así, los electores tendrían más elementos para decidir si los apoyan o no. Como esto no es lo que ocurre, los ciudadanos tienen el derecho de sentirse burlados en su buena fe.

La foto de Muñiz

La sesión legislativa del 25 y 26 de noviembre de 2014 merece ser recordada como una vergüenza institucional, como el ejemplo más claro de lo que no deben hacer quienes han sido honrados con la distinción de representar al pueblo en la Honorable Cámara de Diputados.

Como recordamos, en esa oportunidad, se debía debatir el proyecto de Iniciativa Popular que apuntaba a confirmar la prohibición de la megaminería en la provincia. Este proyecto, respaldado por la firma de más de diez mil electores, era el primero en su tipo y solo por eso merecía consideración. Los diputados podían votar a favor o en contra, pero debían tratarlo con seriedad.

Sin embargo, ocurrió lo contrario: modificaron el proyecto original, cambiando completamente su sentido, y lo presentaron como si fuera el mismo, pero mejorado. Eso sucedió en la misma sesión, sin aviso previo a las organizaciones que lo habían impulsado o a la opinión pública.

Es decir, se burlaron de la voluntad popular expresada en esa propuesta.

Y no sólo eso, se dice que una imagen vale más que mil palabras. Como todas las afirmaciones universales, esta puede ser objeto de sospechas, pero la fotografía que tomaron al diputado justicialista Gustavo Muñiz intercambiando mensajes con un gerente de la minera Yamana Gold tuvo más repercusión que las miles de denuncias que habían hecho las organizaciones sociales que advertían la acción del lobby minero.

El gerente le pedía cambios en la ley y el diputado le respondía in situ. La imagen ilustra la fragilidad de una democracia representativa en la que un funcionario puede actuar impunemente en contra del pueblo y colocarse como servidor de grupos empresarios. Tal vez por eso, fue visto como un escándalo y tuvo repercusión nacional.

A pesar de la reprobación general, el gobernador Martín Buzzi, días más tarde promulgó la vergonzosa ley aprobada en la madrugada del día 26. Y lo hizo, aunque en su campaña jamás había dicho que pensaba habilitar la megaminería en la provincia. Bueno, tampoco había dicho que iba a traicionar a Mario Das Neves y a volverse kirchnerista de la noche a la mañana.

Esa fotografía del diputado Gustavo Muñiz materializa una herida en la relación entre política y ciudadanía. Demuestra cómo puede operar el lobby minero en la Legislatura, en la Honorable Legislatura.

El rol de los medios

La cuestión de los “recursos naturales” de la provincia (o de los “bienes comunes”, desde otra perspectiva) es algo fundamental y debe ser debatida ampliamente, sin la presión de quienes pretenden sacar la mayor tajada de la manera más rápida posible. En este escenario, los medios de comunicación tienen una gran importancia por su influencia en la información y en la formación de la opinión pública.

Pero, si hacemos un seguimiento de los principales diarios y portales de noticias de Chubut, comprobamos que la información que se da es parcial: se prioriza la perspectiva “prominera”, expresada por funcionarios del gobierno provincial y municipal, por representantes de empresas mineras, por sindicatos mineros y no mineros, etc. La voz de quienes se oponen es subvalorada o, directamente, ignorada.

No sólo se sesga la pluralidad de opiniones, sino que además se restringe la amplitud de la mirada. Se acota la atención a dos temas: la cantidad de empleos que generaría la minería en la Meseta y la eficacia de los procedimientos técnicos para evitar la contaminación. No se dice nada acerca de las ganancias de las empresas, del monto de las regalías que dejaría la actividad en la provincia, de las posibilidades de impulsar actividades productivas realmente sustentables en la región, de los riesgos de contaminación, de los proyectos de producción económica ecológica, etc.

Cada noticia de los diarios es, en realidad, una publicidad empresarial, una repetición de la misma idea: lo fantástica que es la minería y cuánto la necesitamos. Es triste que la prensa acepte desempeñar un papel tan subordinado a los intereses del lobby minero, en lugar de procurar ser el canal para expresar todas las voces.

En la ciudad de Rawson hubo una gran marcha de vecinos y vecinas contra la megaminería, no salió en los diarios. Unos días antes, en Trelew, un sindicato minero convocó a interesados a trabajar en empresas mineras, solicitando currículums y prometiendo empleo. Hoy por hoy, la actividad es ilegal y esta operación es una grotesca manera de manipular voluntades jugando con las necesidades de la gente. Los diarios difundieron la noticia, pero no cuestionaron su trasfondo ético y político. Antes, había sucedido lo mismo en Puerto Madryn. Y, desde hace años, repiten la misma escena en los pueblos de la Meseta.

Los slogans que acompañan el nombre de cada diario y la ética en la formación de los periodistas quedan desairados cada día. ¿Para qué queremos la prensa? ¿Para qué queremos esta prensa? ¿Cuál es su función social?

Al pan, pan y al saqueo, saqueo

El discurso periodístico reproduce y amplifica un pensamiento plagado de estereotipos, estigmatizaciones y simplificaciones. Por empezar, asume que quienes se oponen a la megaminería son “antimineros”. En mi caso, y creo que es el de muchos, entiendo que el necesario pasaje a una economía más ecológica será gradual y, por eso, no me opongo a la minería en general sino a la que posibilita el saqueo de los bienes comunes, la que implica una pérdida de soberanía nacional y la que pone en riesgo el ambiente y la salud de la gente. La minería a gran escala, o megaminería, es esa clase de minería.

En este sentido, hablar de “grupos antisaqueo” o “grupos de defensa de los bienes comunes” sería más apropiado que “grupos antimineros”. Y, mirando al otro lado, los grupos “promineros” también podrían ser denominados “grupos prosaqueo”, “grupos antisoberanía” o “grupos antiecologistas”.

El discurso prosaqueo habla de “minería” y no de “megaminería”, con el fin de asimilar la minería a gran escala a la imagen más amigable de la minería tradicional. Como si aceptar una, implicara necesariamente aceptar la otra. También caracteriza a los grupos antisaqueo como fanáticos, fundamentalistas, irracionales, ignorantes y violentos.

Este discurso promete un “desarrollo” producido de manera mágica, como consecuencia automática de la generación de empleos y la inversión en torno a un yacimiento que tiene una vida útil limitada. Es el famoso “derrame de riqueza”. Pero la riqueza generada no se compara con el salario de la mano de obra empleada. Hay quienes serán y seguirán siendo muchísimo más ricos que los trabajadores y, para ello, no dejarán que la riqueza se derrame.

Desde el gobierno, prometen “control”, pero es difícil creer que un Estado tan débil e ineficiente en la administración y el control de servicios básicos pueda supervisar una actividad tan compleja como esta, así como vigilar y sancionar si fuera necesario empresas con mucho dinero. Si a esta asimetría estructural le sumamos las recurrentes sospechas de corrupción de funcionarios de las distintas gestiones, hay razones de peso para desconfiar de la eficacia de tal control.

La mejor salida

Es evidente que aquí se han juntado el hambre y las ganas de comer. Por un lado, la ambición de empresas como Pan American Silver, que quiere extraer plata mediante el Proyecto Navidad. Por otro lado, el deseo del gobierno nacional de avanzar en la extracción de uranio, en sociedad con empresas rusas. Este anhelo extractivista es acompañado con el entusiasmo de políticos, sindicalistas y empresarios de los medios de comunicación que repiten incansablemente los clichés ya mencionados.

Las presiones sobre la Cámara de Diputados de la Provincia del Chubut son fuertes y constantes. El lobby está operando: paga publicidad, promete trabajo, moviliza dirigentes y técnicos de un lado a otro, distorsiona la realidad, intenta manipular la opinión pública.

Mientras tanto, los grupos antisaqueo continúan difundiendo su mensaje en otras condiciones y con otros propósitos. Actúan con la profunda convicción que se tiene cuando se lucha por algo que se cree justo. Estas personas no buscan mejorar su bienestar individual e inmediato, defienden algo que es de todos. Merecen respeto y admiración.

Hace días, el Foro Ambiental y Social de la Patagonia de Comodoro Rivadavia lanzó una petición en Change.org dirigida a los diputados, para que no aprueben la megaminería en la provincia. Ya superó largamente las diez mil firmas. Nadie hizo falsas promesas de trabajo ni ofreció espejitos de colores. Es otra muestra de la voluntad de un pueblo que espera una respuesta digna y honesta de sus representantes.

Cuando hicieron sus campañas para llegar al cargo de legislador, ninguno de ellos propuso habilitar la megaminería en la provincia. Por lo tanto, lo correcto es que no lo hagan.

No queremos más políticos como Gustavo Muñiz burlándose de la gente.

La disyuntiva ahora es  Lobby Minero Vs Democracia. Por el bien de la provincia y del país, esperemos que triunfe la Democracia.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/41764-megamineria-en-chubut-lobby-vs-democracia

Argentina

Se realizará en Catamarca la primera cumbre latinoamericana por el agua

“Con la premisa de defender el agua como bien común y vital” sesionará el 15, 16 y 17 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca la primera cumbre latinoamericana por el agua para los pueblos. El encuentro contará con talleres, intercambio de información y expresiones artísticas. “La provincia de Catamarca ha sido, al menos en Argentina, el primer territorio sometido al ejercicio del modelo extractivista. La explotación minera de oro a cielo abierto más grande del país, la mina Bajo La Alumbrera, en vez del progreso prometido lo único que trajo fue contaminación y violencia.” La Asamblea El Algarrobo de Andalgalá ha logrado suspender la explotación del yacimiento Agua Rica sentando un precedente histórico en la provincia.

 

Sesionará el 15, 16 y 17 de septiembre en San Fernando del Valle de Catamarca “con la premisa de defender el agua como bien común y vital”. Mientras, Macri busca la militarización de la megaminería.
Con la premisa de defender el agua como bien común y vital, el 15, 16 y 17 de septiembre de este año se realizará en San Fernando del Valle de Catamarca la primera cumbre latinoamericana por el agua para los pueblos. Se trata de una iniciativa impulsada por PUCARA, el agrupamiento de asambleas provinciales nacido al abrigo de la histórica asamblea El Algarrobo de Andalgalá.

“Los Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) reunidos en asamblea el día 10 de marzo de 2018 en San Fernando del Valle de Catamarca (Argentina), luego de un amplio debate de propuestas tendientes a la preservación del agua como bien común y vital, pudimos materializar la idea y comenzamos a organizar la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos”, señalaron en un comunicado.
El encuentro contará con talleres y exposiciones artísticas, intercambio de información, recepción de denuncias, entre otras actividades, y servirá para poner en común experiencias de resistencia y pensar en cómo continuar en un contexto de impulso a las actividades extractivas a gran escala muy promovido desde el Gobierno de Mauricio Macri, con la amenaza de militarizar los territorios “en defensa de actividades estratégicas”.

Catamarca resiste

El lugar elegido para realizar esta primera cumbre no es casualidad: “La provincia de Catamarca ha sido, al menos en Argentina, el primer territorio sometido al ejercicio del modelo extractivista, una especie de “experimento” de la megaminería a cielo abierto, modelo de saqueo, contaminación y depredación que se reproduce día a día a nivel latinoamericano, junto con el acrecentamiento de la división social, las “enfermedades raras” y el índice de mortandad en nuestras comunidades”

En la provincia funciona desde finales de los años 90 la explotación minera de oro a cielo abierto más grande del país: la mina Bajo La Alumbrera, que funciona a escasos 40 km de la ciudad de Andalgalá y a 300 de la capital provincial. Muchas promesas hicieron la empresa y el Gobierno a la provincia con el fin de instalar la minería, pero en vez del progreso prometido lo único que trajeron fue contaminación y violencia.

Su caso es sorprendente: respecto al uso del agua la empresa contó con la autorización para emplear más de 86 millones de litros por día, mucho más que el consumo total de la provincia, y a nivel energético ha representado el 86 % del consumo total. Tras 20 años de explotación de la Alumbrera Catamarca no solo no conoció el desarrollo económico y social sino que protagonizó la triste cifra de ser la provincia con el mayor índice de beneficiarios por la asignación universal por hijo y con niveles de pobreza más altos que el promedio nacional.

El Algarrobo de Andalgalá

Así nace “en defensa propia”, como dice Silvina Reguera, la asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Sergio Martínez recuerda y cuenta cómo luego de ver un video a fines del año 2009 decidieron ir con otro vecino a cortar el paso a la minera Agua Rica, que venía a instalarse también allí: “Nos vamos al lugar donde estaba el arbolito ese, el algarrobo, nos paramos los dos y durante el transcurso de la semana se fueron sumando los vecinos de Andalgalá. Así fue que al final de la jornada dijimos ‘bueno si duramos un día sigamos con otro día’, y pasamos Navidad, Año Nuevo y nos quedamos”. El 15 de febrero de 2010 el Gobierno provincial intentó levantar el corte con la policía, pero los vecinos resistieron la orden de desalojo a pesar de una fuertísima represión.

Agua Rica es un proyecto minero sobre el Nevado del Aconquija, contempla una integración con la Alumbrera, pero es aún mucho más grande que esta. Por ahora, el proyecto está paralizado gracias a la resistencia vecinal y a una orden de la Corte Suprema que ordenó a la justicia catamarqueña responder a las demandas planteadas por los vecinos sobre las controversias que rodean al Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa, cuestionado incluso por la propia Universidad de Tucumán.

La Asamblea el Algarrobo realiza todos los sábados una “caminata por la vida”, que sostienen desde el año 2010, cuando ese 15 de febrero fueron ferozmente reprimidos. Ya llevan 452 caminatas y ocho años logrando que Agua Rica no se instale en su territorio.

Según Silvina Reguera: “Toda esta lucha es en defensa propia. No hemos frenado un solo proyecto sino dos: Pilsao 16 y Agua Rica, y en ese camino otras asambleas se unieron a nosotros, nos pidieron ayuda y fuimos a otros pueblos donde hoy hay asambleas propias y resistencias, o sea, la Asamblea el Algarrobo, con sus acciones ha sentado un importante precedente histórico, jurídico, institucional y social en la vida de muchas poblaciones locales, provinciales y nacionales”.

Desde PUCARA denuncian que “en respuesta a este avasallamiento contra nuestros derechos y los de la naturaleza, nos vemos ante la necesidad de convocar a todas las comunidades latinoamericanas para exigir a los Estados el agua como un derecho humano para los pueblos, porque sin agua no hay vida, ninguna posibilidad de vida humana ni de cualquier otro tipo”.

Derecho humano al agua y al saneamiento

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante Resolución 64/292, reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable y limpia es esencial para la realización de todos los demás derechos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General N° 15 sobre el Derecho al Agua, establecen que el “Derecho Humano al agua es indispensable para toda vida humana digna”.

Sin embargo, desde los convocantes a la cumbre señalan: “Conocemos los antecedentes de mal manejo del agua por parte de los Estados quienes, bajo la consigna del ‘desarrollo’, priorizan el uso y el abuso del agua por parte de las empresas extractivistas transnacionales, dejando por fuera la decisión y el consenso de los pueblos. Nosotros venimos sufriendo las consecuencias de este ponderado ‘desarrollo’ que usa al vital elemento como medio negociable y no un bien común”.

Fauna amenazada por la megaminería

En la zona donde pretende instalarse la minera Agua Rica habitan especies silvestres de valor especial. Muchas son endémicas de esa zona (es decir, que viven sólo en ese lugar del mundo) y otras están amenazadas, viéndose afectadas por las actividades mineras a gran escala.

Diego Olivera, naturalista y docente que recientemente hizo un relevamiento de los ambientes de la zona, detalla que “las detonaciones, la desaparición de la cubierta vegetal, el potencial aplastamiento y atropellamiento por vehículos, especialmente en el caso de anfibios, la modificación y afectación de las cabeceras de las cuencas de ríos, contaminación directa, y que muchas veces los operarios de las minas salen a cazar mamíferos y aves, son las amenazas más directas a la fauna nativa del lugar”.

Algunas especies de fauna de especial valor que viven en el área son la Taruca, un ciervo nativo del continente americano en peligro de extinción, la ranita montana que es un anfibio exclusivo de la sierra del Aconquija, la ranita marsupial, otra especie exclusiva del país endémica de las yungas australes, la ranita del manchao y la ranita del arenal. Otro anfibio endémico de la región es la lagartija Liolaemus salinicola, que habita especialmente campos de dunas, por lo cual es extremadamente vulnerable a los cambios en su ambiente. Entre las aves del área destacan el águila coronada y la monjita salinera.

“Otro impacto de la megaminería es el material particulado fino, que se deposita en enormes volúmenes y tonelajes sobre cuerpos de agua, como lagunas de altura, vegas y sobre la cubierta vegetal de toda la región, que puede además afectar la captación de luz solar y el proceso de fotosíntesis. Las detonaciones además impactan en el comportamiento y los movimientos de manadas de grandes mamíferos como el guanaco y en predadores como los zorros y pumas”, agrega el naturalista.

Cumbre por el agua

“Por todo esto, y porque consideramos que sólo es posible vivir en un ambiente sano y decidir nuestra forma de vivir, estableciendo libremente cómo queremos que sea nuestro desarrollo económico, social y cultural, teniendo disponibilidad y control del agua en cantidad y calidad, decidimos convocar a la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos”, señalaron en su convocatoria las asambleas de PUCARA.

La cumbre se propone como objetivos principales el afianzamiento de las relaciones solidarias entre los pueblos afectados por las actividades extractivas, aunar criterios para la lucha y la resistencia, exigir a los Estados el reconocimiento y respeto del agua como derecho humano, impulsar la soberanía alimentaria y crear una red latinoamericana de defensa del agua para los pueblos.

Tendrán oportunidad de verse e intercambiar conocimientos las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, las asambleas socioambientales, organizaciones sociales y de derechos humanos, artistas, investigadores, abogados y todo aquel que tenga interés en conocer las luchas de los pueblos en defensa de los bienes comunes.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/41702-se-realizara-en-catamarca-la-primera-cumbre-latinoamericana-por-el-agua