Perú

Por “vacaciones” del Fiscal se suspende audiencia judicial contra veinte comuneros por protestas contra la minera La Bambas

Se tenía prevista para el día de hoy la audiencia judicial, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac; donde la fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

El día de hoy, se hicieron presentes en el Poder Judicial de Tambobamba, los ciudadanos acusados; su defensa legal constituida por instituciones de derechos humanos como Fedepaz y Aprodeh; la defensa legal de la empresa minera; y el procurador del Ministerio del Interior. Sin embargo, fue el propio Fiscal a cargo del caso, Fredy Quispe Manchego,  quien pidió la suspensión de la audiencia. Alegó que el día anterior se le habría asignado el caso, ya que el fiscal que tenía a cargo la audiencia, Julio Hinojosa, acababa de salir de vacaciones. Asimismo, indicó que fue recién el  día de ayer que tuvo acceso a todo el expediente, y  que se le entregaron incompletas las carpetas del proceso.

Por su parte, la jueza a cargo de la audiencia le reclamó al fiscal que era la segunda vez que la fiscalía presenta algún tipo de justificación para suspender la audiencia. Del mismo modo, David Velazco, director ejecutivo  de FEDEPAZ y defensa de los acusados,  indicó que no había razón para suspender una vez más la audiencia, debido a que la fiscalía trabaja de manera corporativa. Sin más oposiciones se postergó la audiencia para el 10 de setiembre.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados  sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/782-por-vacaciones-del-fiscal-se-suspende-audiencia-judicial-contra-veinte-comuneros-por-protestas-contra-la-minera-la-bambas

Colombia

«En Marmato no se utiliza mercurio en la explotación de oro»

Félix Ricardo Giraldo, jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas afirmó que en Marmato desde hace algunos años no se utiliza el mercurio durante el proceso de explotación del oro el cual generaba mucha contaminación en los afluentes hídricos.

Aclaró que actualmente en esa localidad se utiliza cianuro que genera una contaminación menor. “El mercurio por ser un metal pesado es muy difícil que se biodegrade por lo que continuará existiendo en el ecosistema durante mucho tiempo”.

De acuerdo con el funcionario por esta razón se trabaja en conjunto con la delegación minera y varias entidades ambientales para tratar de reconvertir estos procesos que hace algunos años generaban contaminación por otros que sean más amigables con el medio ambiente.

Estamos cerca del 100% de mineros que se han reconvenido en el tema de la utilización de mercurio por cianuro”, explicó el profesional.

Fuente:http://caracol.com.co/emisora/2018/08/14/manizales/1534248505_359402.html

Ecuador

Mineros realizan plantón en contra de dictamen favorable a Empresa Minera Cumbaratza

Un grupo de mineros afectados por el fallo que la justicia ecuatoriana emitió a favor de la Empresa Minera Cumbaratza, realizó un plantón en el parque central de la ciudad de Zamora para reclamar sus derechos.

Wilmer Espinoza, presidente del Gobierno Parroquial Rural de San Carlos de las Minas, del cantón Zamora, indica que el último domingo tuvieron una asamblea en el mencionado sector, donde acudieron 400 personas aproximadamente.

Espinoza señala que van a presentar un amparo de protección, debido a que lo hecho por la empresa es inconstitucional; añade que la compañía ha violado los derechos de la consulta a los pueblos, donde ellos ni siquiera han llegado por la zona de influencia donde creen que está la concesión. “Nosotros como ciudadanía y autoridades vamos a exigir que no se inscriba ese título a nombre de la compañía Cumbaratza”, dice.

Al respecto James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, menciona que solicitan al Estado ecuatoriano y al Ministerio de la Minería que no inscriba una sentencia de un juicio que está mal dada.

Por su parte Paulina Tapia, representante legal de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria (Asonambile), expresa que el problema con la minera Cumbaratza viene desde hace 30 años atrás, donde hubo un recurso de casación que dio la razón al pueblo, sin embargo hace un año la empresa minera pide 30.000 hectáreas, donde se ubican muchas zonas pobladas por barrios, parroquias y cantones. (WRSA)

Fuente:https://www.lahora.com.ec/zamora/noticia/1102178349/mineros-realizan-planton-en-contra-de-dictamen-favorable-a-empresa-minera-cumbaratza

Perú

7 candidatos de Madre de Dios están vinculados con la minería informal

Siete candidatos al Gobierno Regional de Madre de Dios —entre gobernadores y vicegobernadores— están vinculados con la minería informal de oro. Así se dio a conocer en un reportaje periodístico del diario El Comercio.

Amado Romero Rodríguez, del partido político Siempre Unidos, tiene formalmente inscritas cuatro concesiones mineras en el distrito Laberinto.

En 2014, el excongresista —conocido como Comeoro— fue vinculado con la minería ilegal. Pues, en una de sus concesiones se encontró evidencia de esta actividad.

Julio Luna Pérez, de Avanza País Partido de Integración Social, es otro aspirante vinculado. Según el diario mencionado, este candidato no declaró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su trabajo en la empresa J& R ORO, relacionada a la extracción y venta de oro.

Por su parte, Juan Imura Cjuno, del Movimiento Regional Fuerza por Madre de Dios, ha sido investigado por el supuesto tráfico de químicos utilizados para la extracción de oro en la minería ilegal.

Imura, quien postula por segunda vez consecutiva al sillón regional, obvió información ante el JNE sobre su trabajo como gerente comercial en la empresa Kori Wasi. Además, es propietario de tres concesiones mineras.

Vicegobernadores

Karina Valdivia Ramírez, de Perú Libertario, quien postula a vicegobernadora, creó junto a su esposo y a la compañía minera Suwit una asociación de mineros que usaba dragas en el río Madre de Dios. Esta empresa fue investigada por lavado de activos y transporte de oro que habría sido extraído de La Pampa.

Lino Aquino Tito, de Somos Perú, Fernando Arámbulo, de Unión por el Perú, y Erasmo Sumalave Pérez, de Patria Segura, también están implicados en la actividad informal.

Los dos primeros tienen una concesión minera en el distrito Tambopata mientras que el otro postulante es coordinador de ocho bases mineras. Este último tiene una sentencia por el delito de falsificación, cumpliendo dos años de prisión suspendida.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/13/08/2018/7-candidatos-de-madre-de-dios-estan-vinculados-con-la-mineria

Internacional

Minería submarina afectaría a especies sensibles

La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.

El mar profundo cubre casi la mitad de la superficie de la Tierra y alberga un enorme rango de especies. los investigadores de la Universidad de Exeter y Greenpeace dicen que la minería podría tener “consecuencias duraderas e inesperadas”, y no solo en los lugares de extracción sino también en áreas mucho mayores.

El estudio es el primero que ofrece una perspectiva global de todos los proyectos actuales de minería del suelo marino, tanto en aguas nacionales como internacionales y examina las consecuencias potenciales, incluida la destrucción física de los hábitats del suelo marino, la creación de enormes columnas submarinas de sedimentos y los efectos de la contaminación química, acústica y lumínica resultantes de estas operaciones.

Además, el coordinador de relaciones internacionales del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Carlos García Soto, durante la Asamblea General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) de la ONU en una reunión de Kingston, Jamaica, la semana pasada, afirmó que “la explotación minera submarina puede implicar la desaparición de ecosistemas marinos antes de que los cataloguemos”.

Esta organización busca un equilibrio internacional entre la “inminente” explotación minera generalizada por parte de diversas empresas y la protección medioambiental de los fondos marinos profundos.

Los costes medioambientales de esta actividad serían “importantes” puesto que el fondo marino es el hábitat más desconocido del planeta y las especies que viven a esas profundidades son altamente sensibles, con una tasa de recuperación muy lenta y a veces de imposible recuperación.

La creciente demanda de minerales y metales en todo el mundo, incluido en el uso de nuevas tecnologías, ha provocado un interés en la explotación del suelo marino.

Sin embargo, ambientalistas aseguran que estas operaciones arrasarían con especies desconocidas por el hombre. (I)

1% De luz llega al fondo marino
A más de 700 metros de profundidad el océano es como una especie de agujero negro en el que la presión es extraordinariamente alta

Fuente:https://www.eluniverso.com/vida/2018/08/05/nota/6890405/mineria-submarina-afectaria-especies-sensibles

Chile

La manipulación de una norma para proteger los glaciares en Chile

Tras la decisión anunciada por la ministra de Medio Ambiente de Chile, Marcela Cubillos, de retirar el respaldo al proyecto de ley de glaciares de Bachelet, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares no lamentaron su baja ya que se había convertido en una iniciativa que protegía la inversión y la minería en lugar de priorizar los glaciares. El gobierno actual promueve una norma de protección a través de instrumentos generales, incluyéndolos en el proyecto de ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que no garantiza que resuelva la inseguridad hídrica que sufre el país.

La Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir el aprovechamiento en los glaciares. Esto, en medio de la polémica por el retiro del apoyo del Gobierno a la iniciativa original de protección de glaciares de la administración de Bachelet.

Los parlamentarios ya habían manifestado sus molestias durante el pasado 3 de julio, cuando no se alcanzó a tramitar el proyecto debido al alto número de expositores. Ese día, diputados acusaron a la minería de presionar para abortar la propuesta ingresada por el Gobierno anterior, tramitada durante cuatro años en la Cámara Baja.

La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, explicó que en La Moneda no están a favor de aprobar leyes específicas para salvaguardar ecosistemas fundamentales, sino a través de los instrumentos de conservación establecidos por el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La decisión fue cuestionada por algunos y aplaudida por otros: por ejemplo, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín apuntó a la presión de la industria minera y señaló que seguirá “agravando la inseguridad hídrica que enfrenta el país”.

También se sumaron los parlamentarios a los cuestionamientos: “No hay ciudad de Chile que no esté asentada a orillas de un río o en un cuerpo de agua alimentado por glaciares. Si se destruyen los glaciares desaparecen varias ciudades, por eso el gobierno se equivoca cuando protege intereses económicos como la minería por sobre los glaciares”, sostuvo el diputado ecologista Félix González.

“No puede ser que el Ministerio de Medio Ambiente permanentemente esté siendo presionado para poder tener una visión mucho más laxa, mucho más flexible, en relación a los recursos naturales, y el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía permanentemente estén presionando en lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, que además es una visión cortoplacista y poco inteligente”, alegó la diputada Alejandra Sepúlveda.

Sin embargo, no todos comparten la misma visión sobre el proyecto fallido de Bachelet: de hecho, una buena parte de las organizaciones ambientales celebra su término, asegurando que la iniciativa nunca reflejó un interés real por la protección de los glaciares.

Desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, su vocera Stefanía Vega, explicó por qué celebraron el retiro del apoyo al proyecto presentado por la administración interior.

“Lo que pasa es que el proyecto tenía ciertas carencias que eran bastante importantes. Su historia de tramitación nos remitía a un proyecto que en general parecía bueno. Sin embargo, posteriormente, el gobierno de Bachelet, por medio del Ministerio de Medio Ambiente comienzan a ingresar ciertas indicaciones que, en lugar de mejorar el proyecto, comenzaron a convertirlo en una iniciativa que protegía la inversión y la minería”, sostuvo la activista.

Además, explicó que el proyecto de Bachelet constaba de una definición de glaciar “muy pobre, donde no se consideran aspectos importantes que finalmente son los que permiten que un glaciar se sostenga y se mantenga como tal”.

A la vez, Vega aseguró que la idea de prohibición del proyecto era bastante escueta. Por ejemplo, hablaba de proteger mil metros ladera abajo después de un glaciar: “Mil metros es nada. Los enemigos de los glaciares, lejos del cambio climático, es la minería, que levantan mucho polvo y ese polvo vuela, hasta llegar a los glaciares y hacer que su derretimiento ocurra mucho más pronto”, argumentó.

Desde la coordinadora que reúne a varias organizaciones de todo el territorio en defensa de los glaciares, Vega recordó que el proyecto presentado por el pasado Gobierno primero consideraba dentro de su protección la idea de zonas vírgenes, pese a que en Chile no hay glaciares en ninguna zona de tal categoría.

“Además son muy pocos los glaciares que están dentro de parques y reservas nacionales. En el norte la gran mayoría está fuera”, añadió la activista, cuestionando también el concepto de reserva estratégica, “donde los glaciares tenían que entrar en una suerte de concurso para demostrar volumen, tamaño y porcentaje de agua para ser considerado como tal. Todos los glaciares debieron ser considerados reserva estratégica”.

Además, cualquier persona podría cuestionar el carácter de reserva estratégica del glaciar: “No era un proyecto para la protección de los glaciares, sino para la protección minera. Para este proyecto y cada una de las indicaciones que se discutieron, los principales invitados fueron el Consejo Minero y Codelco. Las comunidades logramos ingresar pero porque lo exigimos”, enfatizó Stefanía.

A juicio de los activistas, para avanzar y garantizar una real protección de los glaciares es necesario proteger de forma integral a los sistemas de alta montaña, ya que de ese modo se protege todo el ambiente que posibilita la vida de un glaciar o de un conjunto de glaciares.

Respecto a la postura del actual Gobierno, Vega recalcó que “sabemos que sus intenciones y las nuestras son diferentes. Celebramos que lo hayan bajado porque era un mal proyecto”.

En la Cámara de Diputados se votará la iniciativa que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Sobre esto, los activistas opinan que se trata de un gesto valorable, pero que nuevamente cae en el mismo error: “Entregan una definición de glaciar que nuevamente es muy pobre y que probablemente sea así porque no existe una ley de glaciares que hable de ello. Nosotros apostamos porque se logre instalar una definición más completa para entregarles una real protección. Son territorios que habitamos y estamos próximos a las cuencas y también porque como país tenemos una responsabilidad, teniendo el 90% de los glaciares de América en contexto de cambio climático”, cerró.

La propuesta abordada hoy por los parlamentarios reconoce a los glaciares como parte del ciclo hidrológico de las aguas y prohíbe toda actividad que genere “impacto significativo o daño irreversible” sobre ellos.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41803-la-manipulacion-de-una-norma-para-proteger-los-glaciares-en-chile

Mexico

Slim: ¿Honesto?… ¿Ejemplo a seguir?

El pasado lunes 6 de agosto, el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió en el Palacio de Minería de la Ciudad de México con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la Academia de Ingeniería de México y el Colegio de Ingenieros de México, bajo el lema del encuentro “Ingeniería es soberanía”, presentando ahí 25 “proyectos estratégicos” que impulsará durante su gobierno.

En ese mismo evento con los ingenieros y desarrolladores de proyectos de infraestructura, estuvo presente el millonario Carlos Slim, a quien AMLO se refirió como una persona “honesta”, como “modelo a seguir” y “un ejemplo para México y el mundo”.

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) tenemos, con fundamento, otra perspectiva, pues individuos como éste, que se enriqueció con el patrimonio de los mexicanos al hacerse de una empresa pública con apoyo de Carlos Salinas (Telmex), que financia a ONGs como WWF mientras atenta con proyectos mineros contra Áreas Naturales Protegidas, como la del Alto Golfo Delta en Baja California; quien goza con grandes privilegios fiscales además de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación como “presunto evasor” en 2017, y que se ha dedicado con método a saquear mediante el despojo y del desplazamiento forzado con sus proyectos de “desarrollo” extractivistas en territorios de las comunidades indígenas y campesinas de México, lo único que merecen es la cárcel.

Más que un ejemplo a seguir, Slim es un claro ejemplo de la capacidad de despojo y desalojo forzado, como sucede específicamente en el caso de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil, Zacatecas, deshabitada y destruida literalmente con engaños a sus pobladores para nutrir la voracidad de la empresa minera Frisco, del señor Slim. Ese ejemplo de la capacidad de despojo no lo van a seguir los habitantes de Salaverna, quienes se encuentran hoy ya desplazados de su comunidad y luchando por sus derechos por la vía jurídica; y así, podríamos continuar mencionando un gran número de comunidades, pueblos y ciudadanos afectados en todo el país, ahí donde el ejemplar Slim mantiene “inversiones”, como el caso de la presa El Zapotillo en Los Altos de Jalisco, donde se pretende a su vez desplazar a tres comunidades: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y donde éste supuesto adalid de la honestidad figura como socio mayoritario de la empresa española FCC, justamente una de las constructoras de dicho proyecto.

Es claro el cambio de discurso del hoy Presidente electo, quien en campaña electoral repetía que el grupo de empresarios al que pertenece Slim solo se había visto favorecido en sus negocios por los gobiernos mexicanos neoliberales, y ahora, en franco cambio de rumbo, López Obrador nos lo pinta como un modelo a seguir y un ejemplo para México y el mundo.

¿Lo hemos de seguir entonces? ¿Hacia dónde? ¿Cómo puede ser un sujeto “ejemplar” para nuestro país aquel que detenta una riqueza insultante, fincada en un sistema económico de precariedad, explotación e impunidad? ¿Quién es ahora el interlocutor real del Presidente electo? ¿Con quién importa ahora quedar bien?

Para llegar a una economía nacionalista y que el Estado recobre la rectoría económica del desarrollo que AMLO plantea, necesitamos primero preguntarnos de qué “desarrollo” estamos hablando, y ese “desarrollo”, es para qué y para quién. Esas preguntas elementales, al parecer siguen sin ser formuladas por el Presidente electo y su equipo. Antes de continuar irreflexivamente en una senda suicida que nos tiene ya en una grave crisis social y ambiental, es imprescindible y urgente una justa distribución de la riqueza que TODOS los mexicanos contribuyen a generar, así como una relación sustentable con la naturaleza de la que formamos parte y que reconozca, respete y garantice los derechos humanos de las poblaciones asentadas en los territorios, lo que Slim y quienes como él piensan y actúan, están muy lejos de garantizar con sus proyectos de muerte.

Por ello, también nos pronunciamos en contra del fracking para la extracción de hidrocarburos en la Huasteca Potosina y en Coahuila, y a favor del respeto irrestricto a la voluntad de las comunidades aledañas donde se pretende instalar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), así como a favor de todos aquellos que han luchado en las últimas dos décadas para evitar su construcción. Estamos también en contra de las mineras que extraen material pétreo de la zona contigua al lago de Texcoco para la construcción del no consensado, ni consultado NAICM.

Entre los “proyectos estratégicos” a impulsar por el gobierno de AMLO están también los de desarrollo minero, ¿Y qué ha dicho AMLO al respecto? Tres afirmaciones básicas:

  1. Que las mineras “cuiden el medio ambiente” en su actuar;
  2. Que “se les pague mejor” a los trabajadores;
  3. Que “se paguen más impuestos al Estado”.

Estas afirmaciones carecen de fundamento porque no son una opción para las poblaciones afectables, ni para el país. Los datos objetivos disponibles son contundentes: el Modelo Extractivo Minero actual es por su propia naturaleza esencialmente insustentable y no representa alternativa alguna de “desarrollo”: por el contrario, es un modelo estructurado esencialmente en procesos sistemáticos de desposesión y destrucción.

Desde la REMA exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras violatorias de los derechos de los pueblos y comunidades. Esas concesiones representan una grave e irreversible afectación al medio ambiente y la salud de los mexicanos. Las comunidades y pueblos no estamos dispuestos a que nos sigan pisoteando nuestros derechos. Lucharemos hasta conseguir nuestra plena autonomía. Desde la REMA, la exaltación pública de este personaje por parte de AMLO nos preocupa, porque quiere decir que en el balance, empresarios como Slim y todo lo que representan siguen siendo más importantes que las poblaciones afectadas y afectables.

¡La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo!
¡No al fracking!
¡No a los proyectos extractivos y de despojo!
Los despojadores no son ni serán jamás modelo a seguir

Atentamente
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/slim-honesto-ejemplo-a-seguir/
Perú

Fiscalía pide hasta 17 años de prisión para defensores de Cotabambas

Alerta. Mañana se realizará en Tambobamba la audiencia judicial de control de acusación, en el proceso que se sigue a 20 ciudadanos de Apurímac por las protestas contra la empresa minera Las Bambas ocurridas el año 2015. La Fiscalía pide penas de entre 11 y 17 años para los acusados, a quienes responsabiliza de disturbios, daños y supuestamente de fabricación y tenencia ilegal de armas. Para la defensa legal de los campesinos, no existen pruebas de estas acusaciones.

Dos de los acusados, Edwar Brandon Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, sufrieron prisión preventiva durante seis meses en una cárcel del Cusco, entre 2015 y 2016. Desde marzo de 2016 siguen su proceso en libertad.

Como se recuerda, el 25 de setiembre del 2015 cientos de ciudadanos de la provincia de Cotabambas iniciaron un paro indefinido contra la empresa minera Las Bambas, de capitales chinos, por no haber sido informados ni consultados sobre las modificaciones realizadas al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero. Asimismo exigían que la empresa cumpla con los diversos compromisos asumidos con las comunidades.

El día 28 de setiembre, la represión policial a la protesta ciudadana causó la muerte de tres personas, así como numerosos heridos. Actualmente, no ha avanzado ningún proceso judicial para esclarecer las muertes de dichas personas. Sin embargo, la Fiscalía sí ha formalizado la denuncia contra 20 comuneros por supuestos hechos violentos ocurridos durante la protesta, evidenciando una doble vara: nula iniciativa para defender los derechos de los ciudadanos, pero drástica actitud para criminalizar a quienes participaron de las movilizaciones sociales.

Los acusados fueron detenidos por la Policía cuando retornaban del interior del campamento minero. La defensa legal de los acusados sostiene que no existen pruebas para sostener la acusación formulada por la Fiscalía, y que existen irregularidades en las actas de incautación y registro personal que hablarían de una posible “siembra” de pruebas, como ha ocurrido anteriormente en otros casos. Por otro lado, los acusados en todo momento han sostenido que ellos ingresaron al campamento minero en apoyo del personal de la posta médica para el traslado de los heridos.

Desde este Observatorio señalamos una vez más que criminalizar a los defensores sociales no es una manera de resolver los conflictos. En el caso Las Bambas, debiera retomarse el diálogo con la ciudadanía para afrontar realmente un plan de desarrollo sostenible de la provincia, y para solucionar los impactos ambientales producidos por las continuas modificaciones al proyecto.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/13/fiscalia-pide-hasta-17-anos-de-prision-para-defensores-de-cotabambas/

Perú

La inversión minera y sus proyecciones

El anuncio del inicio del proyecto minero Quellaveco ha despertado ánimos optimistas sobre la futura evolución de las inversiones mineras en el país. Se comienza a hacer proyecciones sobre otros proyectos que podrían confirmarse en los próximos meses y años.

En este contexto no está demás revisar la información oficial de las inversiones mineras, los antecedentes previos, las proyecciones, al mismo tiempo que se identifican posibles tendencias.

Mirando hacia atrás

Un primer dato a tomar en cuenta es la propia evolución de la inversión minera en los últimos años. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en la última década y media, la tendencia de la inversión minera en el Perú ha pasado por diferentes momentos: una etapa de crecimiento sostenido que llega a un pico el año 2013; luego una etapa de descenso hasta el 2016 y una de recuperación el último año que habrá que ver cómo se confirma durante el 2018 y en los próximos años.

 

A partir del año 2013, en el Perú se abrió toda una discusión sobre las causas de la caída de la inversión minera. El discurso desde el sector empresarial acuñó el término de la tramitología que apuntaba a señalar que las causas eran principalmente internas:  excesos de trámites y permisos habían provocado la huida de los inversionistas mineros. Sin embargo, los defensores de este argumento no explicaban por qué, con esos mismos trámites y permisos, en los años precedentes las inversiones no dejaron de aumentar. Tampoco admitieron que la inversión minera había caído a nivel global, incluso a tasas más altas que en el Perú.

Lo cierto es que la data internacional muestra una fuerte correlación entre la evolución de los precios de los minerales y las inversiones. En el siguiente gráfico se puede apreciar que en las dos últimas décadas, cada vez que los precios de los minerales aumentaron, las inversiones también lo hicieron y en la situación inversa, una caída de las cotizaciones terminó por afectar los flujos de inversión a nivel global.

 

Si agrupamos las inversiones por períodos de gobierno, tenemos que en el quinquenio de Alan García se invirtió en minería US$ 14,030 millones, en el de Humala US$ 40,439 millones y en lo que va del gobierno PPK/Vizcarra, US$ 6,500 millones.

 

 

Mirando hacia adelante

Las proyecciones del gobierno apuntan a una inversión de aproximadamente US$ 17 mil millones hasta el 2021. Estas se dividen en varias ampliaciones de operaciones que ya están en marcha (Shauindo, Marcona, Toquepala, Toromocho, Bayobar, Santa María, etc.) y nuevos proyectos como Minas Justa, Quellaveco, Pampa de Pongo, Corani, Los Chancas, etc. La proyección oficial de las inversiones mineras, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), muestra un incremento sostenido hasta el año 2021 y luego un descenso para el 2022.

 

Proyección anualizada de inversiones 2018-2022

(Millones de US$)


Puesta en marcha de los proyectos en construcción de mina (Minem)

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-inversion-minera-y-sus-proyecciones/

 

Guatemala

Guatemala: La autodeterminación de los pueblos en riesgo con la ley de consulta

Está en tramitación en el Congreso Nacional de Guatemala un proyecto de ley para reglamentar la implementación de la Consulta Libre, Previa e Informada, establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La iniciativa fue presentada por el diputado Oliverio García Rodas ante la Dirección Legislativa del Congreso de la República, el pasado 26 de febrero. El diputado la elaboró sin consultar a los pueblos indígenas y sin someterla a la aprobación de los mismos, denunció el Consejo del Pueblo Maya (CPO), que reúne por lo menos 15 pueblos maya.

En ninguna parte de la exposición de motivos del documento enviado al parlamento guatemalteco se indica que el proyecto de ley fue construido con participación de los pueblos indígenas o sus legítimos representantes. “De esa cuenta se puede afirmar que esta iniciativa contiene varias violaciones a nuestros derechos tanto en su contenido como por la forma en que fue elaborada”, sostuvo CPO.

Dicha propuesta, así como la propuesta que está por ser aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, son espejeadas del proyecto de Ley de Consulta a Pueblos Indígenas del Perú, donde el derecho a veto de cualquier proyecto queda en manos del Estado. “En caso de que no se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar las medidas de mitigación que resulten necesarias para garantizar los derechos de los pueblos indígenas consultados. El proceso de consulta no limita la facultad del Estado en la toma de decisiones que son de su competencia. El resultado de la consulta respecto a los acuerdos alcanzados o la falta de acuerdos sobre la medida consultada, deberá ser considerado al momento de tomar la decisión correspondiente”, dice el proyecto de ley.

Otra violación consiste en que busca prohibir consultas sobre temas que protegen intereses financieros y agroindustriales. “No serán objeto de consulta previa la construcción, inversiones con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades; (tampoco) el mantenimiento de infraestructura, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que estén orientados a beneficiar a la población en general”, reza el proyecto de ley.

 “El Gobierno es el que va a decidir a quienes consultar, cuando consultar, sobre que consultar. Ahí hay una manipulación muy clara con respecto a nuestros derechos. Hemos luchado por lo menos en los últimos 20 años defendiendo el agua, los bosques, la tierra. Lo que estamos denunciando es que existe una manipulación en el Congreso de la República que pretender definir por ley que los pueblos solamente serán consultados en temas culturales, de religiosidad, de espiritualidad, pero no los temas de infraestructura. Y es justamente este el punto que ha creado una grande conflictividad social en las ultimas décadas en el país y que ha criminalizado el sistema de organización propia de los pueblos indígenas. Han encarcelado, asesinado nuestra gente. Son estos proyectos que buscan anular nuestra identidad como pueblo”, dijo Francisco Morales, del CPO.

Eso provocaría que las comunidades indígenas queden desprotegidas ante conflictos generados a partir de proyectos de producción y transmisión de energía, hidroeléctricas, minería, como los que ocurrieron en el Valle de Polochic, El Estor, Cahabón, Santa Eulalia, Barillas y todos aquellos territorios en los que algunas empresas de palma de acite han despojado de sus tierras a comunidades indígenas con fines económicos, denunció el CPO.

 

Guía Operativa de Consulta

La “Guía Operativa para la Implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas”, divulgado en 2017, fue impulsado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dirigida por la Ministra Aura Leticia Teleguario, con el objetivo de regular la Consulta.

Esta “guía” dio paso a la iniciativa de ley 5416 “Ley de Consulta a Pueblos Indígenas conforme el Convenio 169 de la OIT. Lo que para los pueblos supone una grave violación al derecho de consulta libre, previa e informada y una amenaza al ejercicio fundamental de libre determinación para la imposición de proyectos de explotación de los bienes naturales en nuestros territorios.

El Consejo del Pueblo Maya interpuso una acción de amparo en contra de la Ministra de Trabajo y Previsión Social Aura Leticia Teleguario por presentar la guía sin el consentimiento de los Pueblos.

 

Tres violaciones a los derechos fundamentales

 

 

En el análisis realizado por el Consejo del Pueblo Maya CPO, sobre esta iniciativa de Ley, se enmarcan tres violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas:

 

 

 

  1. Violación al Derecho de Consulta contenido en literal a) del Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que es ley vigente en nuestro país en virtud de haber sido ratificado mediante el Decreto 9-1996 del Congreso de la República; en el Artículos 19 y 38 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y que de conformidad con lo preceptuado en los artículos 44 y 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, constituye un Derecho Humano con preeminencia sobre el derecho interno.
  2. Violación al Derecho de Libre Determinación, contenido en el Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo XXI de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  3. Violación al Derecho de Consentimiento, Libre, Previo e Informado, Artículo 32, inciso 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Artículo XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas..

Auto consultas

De acuerdo con el proyecto de ley, el Estado, en el proceso de la consulta, tiene la facultad de decidir qué asuntos son materia de consulta, y a quiénes se les debe consultar, mediante una acreditación legal de organizaciones. Las auto consultas serán ilegales.

Las consultas comunitarias son una practica propia de los pueblos. “Las organizamos nosotros, las diseñamos nosotros, las ejecutamos nosotros y obedecemos nosotros la decisión de la gente”, dice Francisco Morales. “Así que no interesa al Estado y a las empresas. Lo que quieren con la reglamentación es justamente tener el control sobre el proceso. Ellos quieren la palabra final”.

“Desde 2005 hasta la fecha venimos realizando consultas comunitarias. Más de 2 millones de personas en más de 90 consultas a los pueblos han dicho no a este modelo económico de muerte, por lo tanto es deber del Estado respetarlas”, asevera Morales.

En San Mateo Ixtatán, por ejemplo, en la zona oriental de Guatemala, el diálogo se rompió desde un primer momento en que la empresa y el gobierno guatemalteco desconoció los resultados de su ejercicio de consulta realizada de buena fe en el año 2009, junto con el alcalde de San Mateo Ixtatán, que en ese momento era Andrés Alonso Pascual. Se promovió la Consulta Comunitaria con 59 aldeas y 7 caseríos que conforman el Municipio, con una participación de 25,646 personas, del cual el 99% de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/guatemala-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-en-riesgo-con-la-ley-de-consulta/