Mexico

Socava mina unidad en Güilá, Oaxaca

Por acuerdo de las asambleas general y ejidal, esta comunidad indígena zapoteca dio un no a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente, especialmente en la tierra y en el agua, por dedicarse casi por completo a la agricultura.

Aunque también está en desacuerdo porque la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal asignó la concesión denominada Reducción Tlacolula 2 en el 2009, sin su consentimiento previo.

Inicialmente, la SE otorgó la concesión a la empresa Geometales del Norte S. A. de C. V. (Geonorte), después de que la Dirección General de Minas, declarara la libertad del terreno abandonado por lotes mineros.

Sin embargo, Fortuna Silver Mines se apropió posteriormente de su titularidad, por ser junto con Minerales de Oaxaca S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., una de sus empresas filiales.

Esta autorización, registrada con el número 233392, abarca 12 mil 642 hectáreas de tierras pertenecientes no solamente a San Pablo Güilá y sus núcleos agrarios Rancho El Colorado, Tierra Blanca, Rancho Blanco y San Felipe, sino también a las comunidades indígenas zapotecas vecinas, San Baltazar Chichicapan, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, entre otras.

De esta manera, la compañía canadiense empezó en el 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina), para constatar la existencia de yacimientos de oro.

El descubrimiento

Ante el hallazgo, los habitantes se preocuparon porque no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso para que hicieron trabajos en sus tierras.

“En ese año, hubo dos asambleas del Comisariado Ejidal, donde se discutió esta situación y se determinó que no se aceptaría la mina”, contó Carlos López Gómez, presidente de la mesa directiva de la primera sección, una autoridad tradicional que auxilia a la autoridad municipal constitucional.

Sin embargo, no todo quedó ahí, porque también fue destituido el secretario del Comisariado Ejidal, Juan José Santiago Pérez, por tener supuesta relación con la empresa.

“Eso fue lo que se dijo, pero no fue cierto. El secretario, que es mi hermano, tenía información de la mina por el cargo, pero no estaba convenciendo a que se aceptara o algo así”, señaló.

Después de esto, Fortuna Silver Mines dejó de intentar ingresar a esta comunidad zapoteca hasta principios de este año, a través del cabildeo del entonces secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Francisco Montero López.

“Fuimos la autoridad municipal y las mesas directivas a una reunión, el 26 de abril, a la Ciudad Administrativa. Ahí nos pretendió convencer que habláramos con el representante de la minera canadiense Javier Castañeda y su abogado, Antonio Martínez, porque tenían interés en la extracción de oro”, apuntó.

Obra pública, negocio privado

Para convencer, el funcionario ofreció que Fortuna Silver Mines, a cambio de la autorización para la explotación minera, apoyaría a San Pablo Güila con la pavimentación de calles y el mejoramiento de las escuelas, así como de la introducción de la energía eléctrica y el drenaje.

“Eso fue lo que propuso, a pesar de ser una institución que está para defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero, no se aceptó y mejor le pedimos que se vieran otras opciones de apoyo, especialmente la producción del campo”, añadió.

Sin embargo, en la comunidad se generó una gran desinformación y surgieron rumores sobre que la autoridad municipal había otorgado la autorización a la compañía canadiense. Y fue así, que el agente municipal, Víctor Hernández Gómez fue destituido en asamblea general, el 17 de junio pasado, y reemplazado por el actual, Inocente Antonio Melchor.

“Se mal interpretaron las cosas, no fue así, no hubo ningún permiso a la minera, por el contrario, fue un no rotundo, por todas las consecuencias que puede originar en el medio ambiente”, indicó.

Aunque, la empresa minera no ha dejado de presionar a la comunidad, porque casi todas las noches sobrevuelan drones (vehículos aéreos no tripulados), para aparentemente hacer estudios de prospección.

“Muchos ciudadanos los han visto volando a gran altura en el territorio, pensamos que era algo aislado, pero no, vuelan seguido a la media noche. Pero la decisión del pueblo ya está tomada, es un no rotundo”, refirió.

Tomate, el oro rojo

SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- “Desafortunadamente ciertas personas, algunos ciudadanos, entendieron mal la información, sobre nuestro rechazo a la propuesta de la mina que hizo el secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero, y así me destituyeron.

Fueron comentarios sin sustento, que yo estaba detrás de la mina, que había vendido concesiones, cuando todo fue al revés. De esa reunión hay documentos donde se dio un no a la mina, porque contaminará el agua y a la producción de tomate que tenemos y que incluso ha detenido la migración a los Estados Unidos.

Dependemos del agua y en ocasiones es escasa cuando no llueve. El funcionario nos dijo que íbamos a tener oro, pero le respondí que ya teníamos oro rojo con el tomate”: Víctor Hernández Gómez, ex agente municipal.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/socava-mina-unidad-en-guila-oaxaca/

Colombia

‘Tumban’ consulta minera en Paipa

A principios de esta semana en el Concejo de Paipa se llevó a cabo una votación para determinar si había, o no, consulta minera.

Así las cosas, con un total de 11 votos en contra y uno a favor, el Concejo tumbó la consulta ambiental contra la minería a cielo abierto y las termoeléctricas.

La economía

El presidente del Concejo de Paipa, Rafael Bayona, argumentó en la W.Radio que que durante el desarrollo de la consulta se desconocería que en el municipio la minería es uno de los renglones ejes de la economía, además del turismo.

“La minería ha estado presente por más de 50 años y esto implica que, de fondo, no se va a modificar el subsuelo del municipio, ya que es parte de una tradición”, dijo el Concejal en el medio radial.

Igualmente se conoció que Paipa está en proceso de actualización de su esquema básico de ordenamiento territorial, documento que da todas las herramientas para que se proteja las áreas que son sensibles a la afectación por minería a cielo abierto.

“Hay herramientas para que la institucionalidad sea garante para proteger el territorio en posibles afectaciones de medio ambiente”, explicó el funcionario.

De los 13 concejales, uno se declaró en inhabilidad para participar en el proceso por razones de que lo relacionan con minería a cielo abierto.

Fuente:HSB Noticias

http://hsbnoticias.com/noticias/local/tumban-consulta-minera-en-paipa-448629

Mexico

Ordena Juez reabrir caso de contaminación del Río Sonora

A cuatro años de la tragedia ambiental ocasionada por el derrame de ácido sulfúrico en el Río Sonora, por parte de una factoría de la minera Grupo México.

Según la organización Acciones Colectivas, la resolución -emitida por un juez de amparo- se registró el pasado 13 de julio, publicó Reforma

“El efecto será que se recaben todas las pruebas, incluso las que están en poder de Grupo México y que las autoridades ambientales exhiban los documentos que acreditan la magnitud de los daños”, indicó la organización.

Lo anterior producto de la resolución de un tribunal federal mismo que ordenó reabrir la acción colectiva emprendida contra la empresa propietaria Grupo México.

Cabe mencionar que el dia 6 de agosto se cumplen 4 años, desde que Minera Buenavista subsidiaria de Grupo México, derramara miles de litros de ácido sulfúrico en el Río Sonora, dañando irreversiblemente la cuenca.

En el recuento Excélsior reseñó los hechos y subrayó: “Hoy a cuatro años del derrame de contaminantes de la Minera Grupo México en el Río Sonora, todavía existe polvo amarillo tóxico en las comunidades… sólo hay que raspar o patear un poco la tierra para ponerlo al descubierto”.

Y es que en una de las denuncias se expone que la mitigación de daño, consistió en un barrido superficial del contaminante, quedando a diversas profundidades del suelo.

Esto junto a una serie de calamidades como son la carencia de agua para beber, los daños irreversibles hacia la cuenca del río, la corrupción en la los directamente afectados, menos reciben.

Los pobladores señalaron, entre otras cosas que no todos los afectados están siendo atendidos.

Se menciona que alrededor de 300 personas tienen seguimiento médico, pero que existen afectados por acumulaciones de contaminantes en el cuerpo, mismos que se encuentran en el medio ambiente o en los alimentos.

Grupo México no ha reparado efectivamente a los pobladores de Sonora después del derrame de lixiviado de cobre en su mina Buenavista del Cobre hace cuatro años; sin embargo, ya anunció una inversión de 210 millones de dólares para su nueva mina El Pilar, en el mismo estado del país. La transacción de compraventa de esa mina hace tres años estuvo exenta de impuestos, se reportan cantidades diferentes a los organismos de control y guarda relación temporal con una sociedad en el paraíso fiscal de las Bahamas que se abrió a nombre de la mano derecha de Germán Larrea Mota Velasco -dueño real de Grupo México- una semana después de la compra de El Pilar, según datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a los que tienen acceso Proceso y PODER.

Al este de la ciudad de Nogales, Sonora, está el municipio de Santa Cruz. Ubicada sobre una colina que domina el municipio, se encuentra la explotación minera de El Pilar. Sólo 15 kilómetros la separan de la frontera con Estados Unidos y 40 kilómetros de Buenavista del Cobre. Forma parte de la misma veta de cobre que se explota en Cananea y en zonas aledañas desde hace más de 100 años. A lo largo de la última década la mina ha sido objeto de varias operaciones de compraventa, que han reportado cuantiosos beneficios a las empresas involucradas.

Tras múltiples cambios de titularidad, en julio de 2015 la mina terminó bajo el control de Southern Copper Corporation, empresa propiedad de Grupo México, después de que la comprara a la canadiense Mercator, dueña de la mina desde 2009, cuando adquirió a Stingray Minerals y sus subsidiarias mexicanas Minera Stingray, S.A. de C.V. y Recursos Stingray de Cobre, S.A. de C.V.

Irregularidades en la compraventa

Una semana después de la compra de El Pilar, el 3 de agosto de 2015, Francisco Javier García de Quevedo Topete, directivo de Grupo México y mano derecha de Larrea, se hizo director de Cuprum Resort, Inc., una empresa constituida ese mismo día en las Bahamas. Cuprum significa cobre en latín. García de Quevedo Topete y Cuprum Resort aparecen en las bases de datos de empresas en paraísos fiscales de Bahamas Leaks, del ICIJ1.

Desde PODER se ha intentado esclarecer el objeto de dicha sociedad, cuya fecha de creación tiene el carácter de evidencia circunstancial que la vincula a la transacción de El Pilar. No obstante, el secreto bancario en torno a las empresas ubicadas en Bahamas dificulta saber más sobre la situación de dicha compañía.

Sí se ha podido detectar una diferencia de 400,000 dólares entre el importe de compra declarado a la Securities and Exchange Commission (SEC) y los reportes de la consultora Deloitte sobre la transacción. Según varios reportes a acreedores por parte de Deloitte, el precio de venta de Stingray (empresa propietaria de El Pilar) fue de 100 millones de dólares, abonados en efectivo por Southern Copper2.

No obstante, en reportes posteriores a la SEC el precio de compra se cifra en 100.4 millones de dólares. Los 400,000 dólares de diferencia aparecen especificados como “costes administrativos relacionados a la adquisición” en el reporte del tercer trimestre de 2015 de Southern Copper remitido a la SEC3.

La mano derecha de Larrea

García de Quevedo Topete es un hombre poderoso. Después casi 50 años en Grupo México ostenta múltiples cargos de gran importancia en el corporativo4. También tiene dos nombres. Alterna su uso a conveniencia, de acuerdo a un poder notarial que una vez firmó5. De cara al público y para dirigir empresas en México se hace llamar Xavier, pero para registrar compañías en el paraíso fiscal de las Bahamas prefirió el nombre legal: Francisco Javier.

El directivo ha tenido responsabilidad directa en múltiples polémicas: desde el accidente en 2006 en la mina de Pasta de Conchos donde 65 trabajadores murieron sepultados hasta el derrame tóxico en la mina Buenavista del Cobre que contaminó los ríos Sonora y Bacánuchi en 2014, pasando por un intento de extorsión por parte de su hermano, Héctor García de Quevedo, al mismísimo Larrea6. Durante los desastres ambientales, García de Quevedo era presidente de Minera México, subsidiaria de Grupo México y dueña de Pasta de Conchos; y vicepresidente de la filial Southern Copper, propietaria de Buenavista del Cobre.

Héctor García de Quevedo Topete, hermano de Xavier y ahora ex director general de Asuntos Especiales de la empresa, fue protagonista de uno de los episodios financieros más extraños de Grupo México. Héctor realizó una operación de venta de acciones con el fondo británico Infund que Larrea nunca ejecutó. Después de 12 años de pleitos el caso terminó con las acciones en posesión de Larrea y Héctor García de Quevedo en arresto domiciliario7.

Exención de impuestos

En la transacción entre Mercator y Grupo México, las empresas estuvieron libres de cargas fiscales en México, debido a que la mina se ubica en la zona económica especial de Sonora. Ésta se estableció para facilitar la instalación de industrias maquiladoras en el área fronteriza, como forma de ofrecer trabajo a los migrantes que cruzan a Estados Unidos. Las mineras se beneficiaron de esta situación, sin que su actividad económica tenga el objeto que dio lugar a la creación de la zona económica.

Según el tercer reporte a acreedores de Mercator en el marco de su proceso de bancarrota gestionado por Deloitte, una carta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fechada el 17 de febrero de 2016 -con Luis Videgaray Caso como secretario de la dependencia-, permitió que la compraventa de El Pilar estuviera exenta de pagar impuestos en México. Sin embargo, la hacienda canadiense sí se benefició con 8 millones de dólares canadienses, al estar Stingray Copper domiciliada en este país8.

Por su parte, Mercator sí tuvo presencia probada en el paraíso fiscal de Barbados -Mercator Minerals (Barbados) Ltd., que se dio de alta en 2008- según ICIJ. La filial se deshizo cuando la matriz se declaró en quiebra.

Deloitte y Grupo México alteraron informes

Deloitte, una de las cuatro compañías auditoras más grandes del mundo, estuvo involucrada en ambos lados de la transacción de El Pilar. Auditó el proceso de bancarrota de Mercator9 -incluyendo la venta de la mina- y las cuentas de Southern Copper Corporation en el tercer trimestre de 201510, cuando se reportó la compra. El doble rol de Deloitte no se indicó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), como solicitan las reglamentaciones de la reguladora para este tipo de casos.

La relación entre Southern Copper y la filial mexicana de Deloitte ya había demostrado en el pasado no ser del todo limpia, de acuerdo a la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), organismo que verifica las auditorías de las compañías basadas en Estados Unidos.

El 6 de diciembre de 2016, la PCAOB publicó una resolución11 censurando a Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza, S.C., la filial mexicana de Deloitte, por varias violaciones de sus reglas y estándares que se produjeron entre 2011 y 2015. Deloitte y Southern Copper estuvieron al tanto de las irregularidades desde 2011, sin hacer nada para remediarlas. Deloitte fue condenada al pago de 750,000 dólares y la PCAOB impuso medidas adicionales para garantizar y verificar el cumplimiento de la reglamentación, como la obligatoriedad de reportar cada cuatro meses.

Cuatro trabajadores de la firma también recibieron sanciones o reprobaciones debido a las irregularidades cometidas mientras trabajaban en las auditorías de Deloitte para Southern Copper. En la auditoría del ejercicio de 2010 de la subsidiaria Industria Minera de México, S.A. de C.V, eliminaron 26 páginas, modificaron 90 y añadieron 17, todas de forma fraudulenta. La auditoría de Southern Copper para el 2010 corrió similar suerte: 21 páginas eliminadas, 36 modificadas y 41 añadidas. Además, en ambos casos los empleados de Deloitte cambiaron las fechas de múltiples documentos para tratar de cubrir sus huellas en la alteración de los mismos.

Antes, el gobierno mexicano también encontró irregularidades en Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza. El 30 de noviembre de 2016 el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a la empresa para participar en proceso de licitaciones o contratos por servicios y obra pública con la Administración Pública Federal y de los estados12, después de que le fue adjudicado un contrato para la implementación de un sistema de juicios en línea. La Auditoría Superior de la Federación declaró que el sistema no funcionaba y ya se había gastado 330 millones de pesos13.

Grupo México anunció este junio una inversión de 1,560 millones de dólares para El Pilar, Buenavista del Cobre y una planta fundidora en Sonora. Este importe es casi 12 veces el monto que la empresa depositó en el fideicomiso para la reparación de daños del derrame de lixiviado de cobre en los ríos Sonora y Bacánuchi. Según investigaciones de PODER solo el 10% del dinero del fideicomiso en salud se ha destinado directamente a personas afectadas por el derrame del 6 de agosto de 2014.

Historia de Alberto Arnaldo y Claudia Ocaranza, editada por Eduard Martín-Borregón.

Fuente:Regeneración.mx

Mexico

Proyecto Pachuca usaría agua para 20 millones de personas al año

Ante la apertura de una planta de beneficio metálico en Epazoyucan, denominada Proyecto Pachuca grupos civiles denunciaron que dicho beneficio de metal extraería agua en cantidad similar a la que ocupan 20 millones de personas. Afectaría acuífero Cuautitlán, Pachuca al que se le extra mas agua que la que recarga.

El documento circulado en redes sociales, entre ellos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería; se titula “El agua vale más que el oro y la plata“.

La denuncia consiste en un recuento de la cantidad de agua que utilizaría dicha actividad metalúrgica y la puntualización del ya existente estrés hídrico en la Cuenca Cuautitlán-Pachuca.

Se señala que la Planta de Beneficio Metálico que se contempla construir y operar en Epazoyucan el Proyecto Pachuca utilizaría:

En su operación diaria 262.7 l de agua (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PUNTO SIETE LITROS DE AGUA POR SEGUNDO).

Es decir: 15 mil 762 LITROS DE AGUA POR MINUTO.

945 mil 720 LITROS DE AGUA POR HORA.

22 millones 697 mil 280 LITROS DE AGUA POR DÍA.

8, 284, 507,200 LITROS DE AGUA POR AÑO.

Si en México el consumo promedio de agua por persona en equivale a 380 litros de agua por día, el Proyecto Pachuca consumiría en un sólo día el equivalente a lo que consumen más o menos 59,729 personas, (CINCUENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTAS VEINTINUEVE PERSONAS).

En un año el equivalente a lo que consumen alrededor de 21,801, 334 (VEINTIÚN MILLONES, OCHOCIENTOS UN MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PERSONAS)

“Esto es inviable en una zona que sufre estrés hídrico, es decir escasez; el acuífero del cual nos abastecemos todos los Municipios de zona, el Acuífero Cuautitlán-Pachuca, se encuentra en detrimento, o sea, se le extrae más agua de la que recarga naturalmente”,  según puntualizó en FB un post de Epazoyucan Aptybe

Fuente: Regeneración.mx

 

Ecuador

Victoria judicial para comunidades de Molleturo

La resistencia histórica a la imposición del proyecto de minería metálica Río Blanco en zonas de páramos y territorios de las comunidades de Molleturo, obtuvo una nueva victoria judicial al ratificarse la sentencia de primera instancia otorgada por el juez Paúl Serrano el primero de junio de 2018 con la cual se declaraba la vulneración al Derecho Fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada a pesar de que los Ministerios de Minería y Ambiente insistían en que se habían realizado socializaciones y que eso bastaba; y por lo tanto se ordenó la suspensión del proyecto minero hasta que la consulta sea realizada (siendo esta medida la reparación al Derecho vulnerado).

Sin embargo, el Ministerio de Minería y la Procuraduría General del Estado apelaron dicha sentencia, y en la audiencia de apelación su discurso giró hacia el argumento de que esas comunidades no son susceptibles de la Consulta Previa pues no son comunidades indígenas. Tras la audiencia de apelación, el 23 de julio de 2018, se organizó por parte de las organizaciones sociales y comunidades de Molleturo una vigilia, la cual consistía en un campamento permanente frente a la Corte Provincial de justicia hasta que fueron notificados/as con la sentencia.

La decisión del tribunal de la Sala de lo Mercantil y lo Civil de la Corte Provincial del Azuay, a más de ratificar la sentencia de primera instancia, revoca la medida de reparación (realizar la consulta) pues esta ya no podría ser previa, sin embargo, valida los resultados de la pregunta 5 sobre minería de la Consulta Popular de febrero de 2018 convocada por Lenín Moreno, en la cual más del 68% de la Población de Molleturo se manifestaba a favor de la prohibición de la minería metálica.

Esta sentencia significa la última instancia en via ordinaria y aunque el gobierno ecuatoriano podría presentar una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, a esta no le corresponde manifestarse sobre el fondo del asunto, si no una revisión formal, precautelando que el Debido Proceso no haya sido vulnerado. Al sol de hoy, las personas de las organizaciones y comunidades se encuentran a la espera de la ejecutoría de la sentencia y que esta quede en firme para su cumplimiento.

Fuente: Voces Ecológicas

Movimientom4.org

Honduras

En Honduras, defender la vida es un pecado

En el libro “En Honduras defender la vida es un pecado” (2017) documento la oposición a la minería en Honduras, un país al borde de un “auge minero”, producto de la aprobación de la nueva Ley de Minería en abril del 2013, y que tiene registrada la tasa de asesinatos de defensores de tierra y medio ambiente más alta de Latinoamérica y el mundo: una cifra que es poco probable que cambie sin cambios políticos anteriores.

La publicación es el resultado de un trabajo de investigación colaborativa con la ONG hondureña ASONOG –una ONG que brinda asistencia a comunidades afectadas por la minería, y comunidades que defienden su territorio contra la imposición de proyectos extractivos–. El trabajo de campo principal fue llevado a cabo durante 6 meses en el 2013, meses después de la aprobación de la Ley de Minería, como investigación de tesis de maestría en Estudios de Desarrollo Internacional de la Wageningen Universidad, Países Bajos. Durante y después de tres otras visitas a Honduras entre el 2014 y el 2016, el texto fue adoptado y actualizado para su eventual publicación en español en 2017, producto de una campaña de crowdfunding apoyado por el Dr. Carlos Sandoval de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En tiempos coloniales Honduras era un productor importante de minerales, pero la importancia del sector minero se disminuyó considerablemente después de la independencia. El Huracán Mitch, que devastó Honduras en el año 1998, fue utilizado al estilo ´doctrina de choque´ para aprobar una primera ley minera neoliberal, que dio lugar al establecimiento de las primeras minas industriales a cielo abierto en el país: la mina San Andrés en el departamento de Copán, y la mina San Martín en el departamento de Francisco Morazán, ambas de propiedad canadiense. Los problemas asociados con estas dos minas, como la pérdida de tierras para la agricultura y más importantemente la contaminación del agua asociada con la lixiviación de cianuro y sus impactos de salud, abrieron el paso para el nacimiento del movimiento antiminero en el país.

Considero la actual agresiva expansión de la industria minera como un empujón de la frontera de recursos (Bunker, 2003), un modelo de desarrollo extractivista que implica, en las palabras de Bridge (2004, pp.11), la acumulación por despojola mercantilización y privatización de recursos naturales como aguas y tierras; expulsión forzada de comunidades campesinas de sus territorios comunales; transformación de varias formas de derechos de propiedad común en regímenes exclusivos o privados; y supresión o negación de formas alternativas de producción.

El discurso principal del movimiento anti minero hoy es sencillo, pero poderoso: podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua. ¡Sí a la vida, no a la minería! Este movimiento, cuyo discurso sobre la importancia del acceso al agua no contaminada como requisito para la vida resuena fuertemente en las comunidades rurales, ya que dependen del acceso al agua para la continuación de sus modos de vida, tuvo unos logros importantes en los años 2000. A través de movilizaciones masivas, el movimiento impidió la instalación de una mina canadiense a cielo abierto en el departamento de Ocotepeque en el año 2004. Con evidencias sobre graves impactos de salud – presencia de metales pesados en la sangre de habitantes del Valle de Siria – logró el cierre de la mina San Martín y la salida de la empresa Goldcorp de Honduras. Finalmente, a través de batallas legales y bloqueos de carreteras principales, lograron el declaratorio de inconstitucionalidad de varios artículos críticos de la Ley Minera por parte de la Corte Constitucional en el 2006, y convencieron al presidente Manuel Zelaya decretar un moratorio sobre nuevas concesiones mineras en el 2008.

El golpe de Estado de junio del 2009, que expulsó al presidente Zelaya y que restauró el poder al Partido Nacional, de ideología derecha y conservadora, deshizo los avances del movimiento antiminero durante un periodo en el cual el movimiento perdió fuerza. En el contexto de una política agresiva de comercialización de recursos naturales, el nuevo gobierno comenzó a otorgar nuevas concesiones mineras, y aprobó una nueva ley minera en el 2013, nuevamente con el objetivo de convertir Honduras en un país minero.

La nueva política minera generó, y sigue generando, una situación de conflictividad socio-ambiental considerable en los territorios. Debido a la falta de políticas para lograr un diálogo con el Gobierno central desde el golpe de Estado, el movimiento antiminero se ha enfocado en la búsqueda de oportunidades a nivel local, motivando a las comunidades a declarar sus municipios libres de minería a través de cabildos abiertos. A su favor, la ley minera contempla que los proyectos mineros requieren el consentimiento de la población local a través de una consulta. En contraste, la industria extractiva y el Gobierno central no tienen este nivel de éxito al intentar convencer a las poblaciones locales de los potenciales beneficios de la minería, aunque argumentan que la minería contribuye al desarrollo y el alivio de la deuda, y combate la inseguridad en el país a través de una tasa de seguridad, que implica que una tercera parte de las regalías del sector minero está destinado para las fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual se creó la Policía Militar en el 2013.

Sucesivamente, donde medidas legales no logran obtener el consentimiento de las comunidades para proyectos mineros, frecuentemente se empuja la “frontera extractiva” a través de la criminalización de oponentes y la amenaza de violencia. Para comenzar, la tasa de seguridad crea vínculos perversos entre el sector minero, la policía y el ejército, fuerzas que operan para reprimir la protesta social en contra de las empresas. Líderes comunitarios enfrentan cargos penales como respuesta a la organización de bloqueos o manifestaciones, y varios activistas antimineros han sido asesinados en el contexto de su lucha, con el objetivo de reprimir e impedir la movilización social. En particular, el asesinato de Berta Cáceres, una mujer internacionalmente reconocida por su lucha en pro de derechos humanos y medio ambiente, ha contribuido a un ambiente general de temor.

Este grado de represión y violencia revela un Estado cuyas instituciones, en vez de representar a su ciudadanía para el bienestar de todos, han sido capturados por intereses particulares de empresas legales o intereses ilícitos. Mejorar esta situación requiere un cambio político drástico y urgente, pero eso no será posible sin un cambio social previo. Cada vez más hondureños están conscientes, tanto de sus derechos como de la corrupción del gobierno, pero lograr un cambio político significativo sigue siendo un reto para el país.

Fuente, Nómada

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/en-honduras-defender-la-vida-es-un-pecado/

Mexico

Semarnat autoriza la minería marina en México

Semarnat reconoce graves daños por minería marina y la autoriza. No existe técnica minera que impida bioacumulación y destrucción de hábitat marino.

La Secretaría del Medio Ambiente publicó la normatividad para la minería marítima en México. En contrapartida, en el ámbito internacional,  tanto empresas pesqueras, como investigadores, o la industria turística exigen que la minería marítima sea prohibida, porque la remoción del fondo marino en si misma provoca la destrucción del hábitat marino y la bioacumulación de sustancias tóxicas como las partículas suspendidas de los metales pesados.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría del Medio Ambiente publicó el “Acuerdo por el que se da a conocer el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Pacífico Norte”.

En el documento al mismo tiempo que se reconocen los graves riesgos de la minería marina, con reglas del ordenamiento que una de dos, o estas hechas para que minería marina nunca se autorice o nunca se cumplan las normas establecidas.

El problema de fondo de la minería marina es que no existe ninguna técnica que impida la destrucción del hábitat marino y la bioacumulación de sustancias tóxicas.

Semarnat reconoce los riesgos riesgos de la minería marina para la estructura y función de los ecosistemas costeros y marinos.

En el Diario Oficial se señala que precisamente esto ocurre por la remoción del fondo marino en el momento de la colecta. La muerte por asfixia de los organismos circundantes a causa de la suspensión de sedimento. Y,  los elementos tóxicos en la columna de agua.

Ocurriendo “la modificación de actividades fisiológicas de los organismos; y el cambio de la actividad química y microbiana del sedimento”.

La autoridad ambiental mexicana reconoce incluso que “estos impactos pueden abarcar un área de afectación entre dos a cinco veces mayor al área explotada, dependiendo de las características oceanográficas del sitio en cuestión”.

El permiso para la actividad minera
Dice el Diario Oficial de la Federación:

Sólo se permitirán las actividades mineras en el fondo marino cuando éstas puedan evitar:

(1) afectar tanto a las poblaciones, como al hábitat de las especies en riesgo y las prioritarias para la conservación, conforme a la Ley General de Vida Silvestre;

(2) causar efectos de bioacumulación y biomagnificación de metales pesados en las redes tróficas, que pongan en riesgo la salud pública por consumo de productos pesqueros.

Y señala que deben hacerse los estudios correspondientes de impacto ambiental con evidencia científica de que la explotación minera del mar “(prospección,exploración y explotación) deberán evitar los impactos ambientales directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos sobre la integridad funcional de este hábitat”.

Las evidencias científicas deberán basarse en estudios ambientales de referencia y la evaluación de los efectos ambientales, desarrollados por expertos, conforme a lo que establecen tanto el Código de Gestión Ambiental de la Minería Marina, como los reglamentos y recomendaciones de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

Prohibición de la minería marina

La prohibición de la minería marina se sustenta en que este tipo de explotación afecta al conjunto del medio ambiente del gran cuerpo de agua unificado sobre la superficie terrestre.

Remover el fondo marino destruye el cuerpo de agua de mar, que ya soporta grandes presiones que ocasionan los plásticos, el vertido de desechos en las aguas continentales que van a los mares, el uso de sustancias bioacumulables, etcétera, por no mencionar otros aspectos de la destrucción de mar que vivimos.

En el caso del Golfo de Ulloa, por ejemplo, significa la remoción del fondo marino para extraer fosfatos.

Incluso cubrir las necesidades nacionales de fertilizantes e incluso exportarlos y ser potencia exportadora.

Ineludiblemente toneladas y toneladas de fosfatos se disolverán en el mar de Cortés, tan inevitable como las partículas suspendidas de metales pesados, que se han sedimentado a lo largo del tiempo.

Y su suelo removido por una actividad masiva de tipo industrial de exportación.

Lo que se impugna es la existencia de la minería marina por destruir la tierra y el agua del mar.

Por ello se rechaza también la normatividad aprobada por instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que permite esta práctica, debiendo ser prohibida.

Hasta ahora los jueces han negado la minería marina en el Golfo de Ulloa, en respuesta a clamor sustentado en tribunales por la ciudadanía.

Es un contrasentido publicar reglas de conservación en un sitio donde se autorizará la minería marina.

Y es el horror de contribución del PRI saliente, a la destrucción del mar.

Fuente:https://regeneracion.mx/semarnat-autoriza-la-mineria-marina-en-mexico/

Perú

Perú: Condenan a líder indígena por defender la tierra ante minera canadiense

La comunicación dirigida a diversas instancias del gobierno de Perú, así como a la industria minera, denuncia el proceso judicial montado contra Walter Aduviri, principal portavoz de las comunidades indígenas aymaras durante un levantamiento en 2011 en rechazo de un proyecto minero.

La mina a cielo abierto Santa Ana de la empresa canadiense Bear Creek fue denunciada por sus riesgos de contaminación del agua, su falta de consulta y la ilegalidad del proyecto.

De unas 100 acusaciones a líderes sociales en el marco de ese conflicto, la única que queda a la fecha es la de Walter Aduviri, condenado por disturbios y por haber incitado a actos ilícitos.

Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social en contra de los proyectos extractivos en el país, así como lo expresó el propio Walter Aduviri.

Osea que, en el Perú, ¿al que piensa distinto de cómo se deben buscar los recursos naturales hay que meterlo a la cárcel?, ¿al que dice que hay que respetar a las comunidades originarias andinas y amazónicas en nuestro país hay que meterlo a la cárcel?, ¿eso es la justicia?se preguntó el dirigente indígena.

El manifiesto público denuncia también el carácter racista de la acusación, que no reconoce la identidad indígena de Aduviri, y por lo tanto el derecho a la defensa legítima de su territorio en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes recordaron que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado, y se inscribe en un contexto de políticas pro mineras en el Perú, que ha implicado represión violenta y violación de derechos fundamentales.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/peru-condenan-a-lider-indigena-por-defender-la-tierra-ante-minera-canadiense/

Internacional

Las tierras raras, el lado oscuro de las tecnologías limpias

Las llamadas tierras raras son recursos mineros mucho menos conocidos que el cobre, el aluminio o el hierro. Sin embargo, son fundamentales para la transición energética que afronta nuestro siglo XXI. La paradoja es que su extracción es particularmente contaminante, un aspecto pocas veces abordado.

Se trata de un grupo de 17 elementos químicos fundamentales para las llamadas energías limpias. Descubiertas a finales el siglo XVIII, se las consideraba una curiosidad. Pero hoy en día, en nuestras sociedades altamente tecnológicas, se han convertido en elementos clave.

Sin las tierras raras no existirían los teléfonos móviles ni los automóviles híbridos -que pueden llevar hasta 11 kilos de tierras raras. El papel moneda, al menos el euro, tiene trazas de europio para distinguirlos bajo la luz ultravioleta. También se encuentran en los lanzadores de misiles. En los últimos avances, están estrechamente asociadas.

Aunque el nombre de «tierras raras» podría sugerir que se trata de elementos escasos en la corteza terrestre, algunos elementos como el cerio, el itrio y el neodimio son abundantes.

Se las califica de «raras» porque es muy poco común encontrarlos en una forma pura, pero existen depósitos de algunos de ellos en todo el mundo.

Hasta la década de los ochenta, Estados Unidos dominaba la lista de productores de tierras raras a nivel global. Período que concluyó cuando China irrumpió en este mercado con las consiguentes complicaciones geopolíticas. Una dependencia que naturalmente genera intereses y por lo tanto conflictos.

El periodista francés Guillaume Pitron acaba de publicar La guerre des métaux rares, en la edición Les liens qui libèrent.

«No nos damos cuenta de la cantidad de tierras raras que se necesitan para alimentar las llamada «tecnología verde», no queremos ver que son dependientes de recursos cuya extraccion es extremadamente contaminante, es esa cara oculta que aborda mi libro.»

Guillaume Pitron también critica el celebrado acuerdo de la COP 21, que según él peca por no haber tenido en cuenta este factor.

Entrevistados : Ricardo Prego, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas español, Guillaume Pitron, periodista francés, autor de La guerre des métaux rares y Lorenzo Martínez Gomez, director del Laboratorio Nacional de Tierras raras de México.

Fuente:http://es.rfi.fr/general/20180307-tierras-raras-tecnologias-limpias

Chile

Preocupación por yacimiento de tierras raras en Penco

La empresa Biolantanido proyecta explotar 500 mil hectáreas en la región del Bío-Bío. La experiencia de China es crítica por los profundos daños ambientales que han producido estas faenas. El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa dice que Minera Activa propone un modelo limpio con cero impacto para el medioambiente.