Según el investigador Pablo Villegas, hay estudios que develan que poblaciones indígenas de tierras bajas son afectadas a nivel de la salud, pero no serán las únicas que sufran los efectos de la minería, sino también los centros urbanos.

Caricatura Abecor
01/01/2023 (ANF).- Las diversas fuentes de contaminación que se producen por el extractivismo del oro en la Amazonia, así como con la quema de bosques, ponen a la población en general en un peligro alto de envenenamiento con consecuencias incalculables. Así lo afirmó Pablo Villegas, investigador del Centro de Documentación e Investigación Bolivia (Cedib).

“Bolivia está ante una tragedia masiva de envenenamiento de la población, el mercurio no es el único metal pesado que está contaminando, hay plomo y otra serie de contaminantes, por ejemplo, en las aguas de la ciudad de La Paz porque sus represas están rodeadas de minas. A eso habría que sumarle que Bolivia en la época de incendios de bosques se convierte en el país más contaminado del planeta”, aseguró.

Además, indicó Villegas, la contaminación comprobada por estudios del Cedib y publicados este año se concentran en datos extraídos de los ríos Madre de Dios y Beni, al norte del país. Aún no se tienen datos de Guarayos, río Pilcomayo y de otros sectores auríferos.

Si bien la constatación científica resalta que las poblaciones indígenas de tierras bajas son afectadas a nivel de salud, economía y derechos humanos, los pueblos originarios no serán los únicos que sufran en un futuro cercano los efectos de la minería, sino que también los centros urbanos se estarían viendo afectados ante la “mirada ciega de autoridades y de todos los bolivianos”.

“Nosotros hemos visto que los mayores índices de contaminación se dan en los pueblos indígenas, pero también se dan en las áreas urbanas de la Amazonía como Riberalta, Rurrenabaque y Guayaramerín que estarían siendo contaminadas por las aguas que vienen del Madre de Dios, río Beni y Mamoré”, dijo Villegas.

Pueblos indígenas

Para el investigador, los pueblos indígenas se caracterizan por ser “extremadamente” pacíficos y su forma de actuar se expresa a través de sus movilizaciones, pero de retomar esta medida, “las poblaciones indígenas contarían con un respaldo muy fuerte de poblaciones urbanas de la Amazonía y del país”.

En cuanto a una proyección de la contaminación por mercurio, Villegas afirmó que sus efectos en la salud preocupan, como lo recientemente revelado por los estudios, pero no solo a nivel de enfermedades de motricidad, sino que preocupan los impactos en el intelecto de las personas como lo que se está viendo en jóvenes menores de 19 años donde las investigaciones han detectado promedios de 6,5 de nivel de mercurio, cuando debía ser como máximo de 1, como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Cómo una juventud mañana va a tomar el control del país, va a ingresar a las universidades, si tenemos este problema que ya es un impacto muy serio. No estamos hablando de algo que puede producirse, hemos comprobado que se ha producido”, aseguró Villegas.

En este punto, Lidia Guaya, directora de la Organización Comunal de la Mujer Amazónica con sede en Guayaramerín, resaltó la preocupación de las poblaciones no solo indígenas, sino campesinas debido a la contaminación por extracción del oro y por otros residuos sólidos que afectan a los ríos de la zona.

“Todas las poblaciones de la Amazonía están preocupadas por esa contaminación que existe, además el consumo de agua ya no es viable por los residuos sólidos que se encuentran”, afirmó.

Las organizaciones de la Amazonia se encuentran esperando los resultados de una nueva investigación a cargo del Cedib en la región de Cachuela Esperanza, donde poblaciones indígenas y pescadores verán qué acciones tomar tras conocer los resultados.

“Nosotros estamos esperando la respuesta del CEDIB para ver cuánta contaminación existe en los peces de los ríos Mamoré y Beni y cuánto ha afectado a la población”, acotó.

Villegas indicó que hace falta un estudio de salud pública epidemiológica para detectar los efectos y consecuencias de esta contaminación por actividad extractiva en la Amazonia, ya que el Cedib con sus investigaciones solo constató que existe la contaminación, pero para profundizar y buscar soluciones a los problemas es necesario un estudio especializado por parte del Estado.

Lavado de dinero

Para comprender el problema de la contaminación extractiva en los pueblos indígenas, en la población en general y el medio ambiente, Villegas dijo que primero se debe entender la economía del oro que tiene un alto valor comercial y por el que se paga una insignificante regalía y ningún impuesto.

El Proyecto de la Ley del Oro ha revelado en su fundamentación que la mitad del oro producido en Bolivia proviene del Perú, sin embargo, al Gobierno solo le preocupa el flujo de dólares para engordar las reservas internacionales, pero, desde el punto de vista de Villegas, “no se está viendo el problema del posible y muy probable origen ilegal de los capitales que manejan este 50 por ciento del oro que hay en Bolivia”.

En este escenario, Villegas consideró que el sector aurífero estaría siendo controlado por capitales ilícitos, lo que conlleva a un problema más grave, es decir, no solo se trataría de avasallamientos y contaminación ambiental en áreas protegidas y tierras indígenas.

“Si esto se está produciendo es porque alguien o un sector muy poderoso tiene la capacidad de perder dinero haciendo ese movimiento y la única razón posible de que se haga ese movimiento de meter oro peruano a Bolivia para sacarlo otra vez es para blanquear algo”, dijo.

Recientemente el gobierno junto a los mineros del Norte de La Paz firmó un acta para eliminar el ingreso a las áreas protegidas y a territorios indígenas, como resultado de una movilización en el Parque Nacional Madidi.

Villegas cree que esta acción no resuelve el problema de avasallamiento y contaminación de fondo porque no existen políticas y/o programas para reducir los efectos del uso del mercurio en la minería, a pesar de los llamados de atención que ha hecho Naciones Unidas.

“Los mineros siguen ahí, siguen con todas las actividades, o sea, esta anulación fue solamente un acto de publicidad para que quede bien el que anula, pero la situación no ha cambiado en nada”, indicó.

Villegas concluyó que para revertir el daño de la contaminación a mediano y largo plazo es necesario contar con instituciones que asuman la defensa de los pueblos indígenas y de las ciudades. Atribuyó toda la problemática a la característica de la política del Estado actual.

“No hay instituciones que se ocupen de defender a los ciudadanos, hay leyes que no se cumplen, pero, además, en el aspecto legal han hecho modificaciones que violan la Constitución Política del Estado, como en la Ley de Minería que prácticamente ha eliminado la consulta previa ¿qué le queda por hacer al pueblo? No hay otra que luchar porque se respeten las leyes y para eso la Constitución claramente reconoce el derecho a la movilización”, apuntó.
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