En México y en Latinoamérica las mineras canadienses ya están acostumbradas a tener una actuación ilegal y de incumplimiento de contratos o convenios, entre muchas otras violaciones a las leyes y a los derechos humanos, porque se saben protegidas por las estructuras de gobierno, a tal grado que, aun en comunidades quienes erróneamente o con engaños han aceptado el ingreso de una empresa minera a su territorio, son reprimidas cuando éstas reclaman sus ilegalidades.
La minera Coeur Mexicana SA de CV, de capital canadiense, firmó un contrato con los ejidatarios para la explotación de la mina de plata en el municipio de Guazapares, ubicado en la Sierra Tarahumara, que se caracteriza por ser la región más importante en producción de plata del estado norteño de Chihuahua. Sin embargo, el incumplimiento del contrato por parte de la empresa canadiense, que es un común denominador de estas empresas, provocó que los ejidatarios exigieran justicia.
Desde el 20 de agosto los ejidatarios iniciaron su manifestación y plantón en el camino que da acceso a la mina, pero fue disuelta el 30 de agosto con el apoyo de 130 elementos de la Fiscalía General de Chihuahua, quienes llegaron disparando al aire para intimidarlos, sin identificarse y sin presentar órdenes de aprehensión, detuvieron a dos ejidatarios, José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González, que ahora se reportan como desaparecidos.
Esta situación es reiterativa por parte de las empresas mineras canadienses, aunque no sólo estas, tanto en otras partes del país como en Latinoamérica, en donde incumplen muchas de las cláusulas de los convenios firmados, desde aspectos tan fundamentales como negarse a la contratación de mano de obra, no pagar derechos de paso, no realizar las obras sociales prometidas a las comunidades y otras serie de circunstancias que al final se traduce en la extracción del mineral y la devastación territorial, de la salud y comunitaria.
También incumplen resoluciones judiciales, violan normativas ambientales y prácticamente hacen inexistentes los derechos humanos de los pobladores locales y trabajadores, a quienes reprime e incluso asesina cuando se atreven a reclamar sus derechos, tal como ha sucedido ya en Guerrero con la empresa Torex Gold o en Chiapas con la Blackfire o en Oaxaca con la Fortuna Silver Mines, todas de capital canadiense.
La actividad minera está lejos de ser parte del progreso y desarrollo, toda vez que se ha vuelto la práctica que mayores asimetrías genera; destruye totalmente los bienes naturales y por ende el territorio de los pueblos a los que deja devastados con irreversibles daños a la salud y al ambiente; capitalizando el despojo tan pronto como les es posible, llegan a efectuar
el desplazamiento a toda costa.
A las empresas y sus dueños, no les interesa si un pueblo se opone y resiste o por el contrario firma un convenio, pues en ambos casos habrá persecuciones, represión, criminalización y/o asesinatos. Es tan rapaz y tan impune el actuar de las empresas mineras y del mismo gobierno que violentan y violan todo el Estado de Derecho en su conjunto. Reconocemos que se trata de una batalla en donde el Estado actúa casi siempre del lado de las empresas y bajo los escudos justificativos de la modernidad, el progreso y el desarrollo, buscando de esa forma legitimar sus ilegitimas ganancias generadas por el saqueo de los pueblos.
Este caso que ahora sufren los ejidatarios del municipio de Guazapares, debe ser un serio llamado de atención y de alerta, para que las comunidades y ejidos de todo el país, eviten ser engañados y desechen cualquier relación con aquella empresa minera que ronde su territorio. En contrasentido, los invitamos a organizarse para decretar el Territorio Libre de Minería. Es posible luchar y resistirse en contra este Modelo Extractivo que viola los derechos humanos y devasta territorios tal como sucede y se ha demostrado en varios estados del país.
REMA se solidariza con las y los ejidatarios de Guazapares quienes a pesar de lo ocurrido se mantienen
resistiendo y sostendrán el bloqueo, el cual han anunciado que ahora será total.
Responsabilizamos a la empresa minera canadiense y al gobierno de Chihuahua por la seguridad de los ejidatarios y el regreso con vida de José Luis Lozano Mosqueda e Ismael Vargas González.
¡POR TERRITORIOS LIBRES DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO!
Autor: Redacción Minería en Línea Conflicto Relacionado: Escobal
Los problemas de la minera de metales preciosos Tahoe Resources en Gautemala se profundizaron el lunes luego de que la Corte Constitucional revirtiera una decisión de la Corte Suprema de restablecer la licencia de la mina Escobal y ordenó que se consulte a las comunidades cercanas.
El Ministerio de Energía y Minas debe completar una consulta de la OIT 169 con las comunidades de Xinka, dijo Tahoe, y señaló que el plazo para tal consulta era incierto. La compañía citó un caso similar de OXEC que tardó seis meses en completarse.
La licencia minera de Escobal fue suspendida en julio de 2017 luego de que una organización antiminería afirmara que no se consultó a los indígenas Xinka antes de que se otorgara la licencia para la gran mina de plata.
Tahoe advirtió el mes pasado que la falta de certeza legal sobre la licencia estaba alimentando la violencia en las cercanías de la mina. El Grupo de Resistencia Pacífica de Mataquescuintla secuestró a finales de agosto a 12 contratistas de seguridad desarmados y también instaló un bloqueo ilegal en una vía pública a la entrada del municipio de Mataquescuintla, cerca de la mina Escobal.
También ha habido informes de ataques a vehículos y helicópteros de proveedores, amenazas a miembros de la comunidad local y sus familias y otros intentos de secuestro.
Desde la suspensión de las operaciones, Tahoe ha despedido al 70% de su filial, la fuerza de trabajo de Minera San Rafael.
El jueves por la noche, Tahoe suspendió las operaciones en la mina La Arena, en Perú, en respuesta a una protesta por el impacto de la mina en la cercana comunidad de La Ramada.
La protesta solo se produjo días después de un intento de robo de oro en la misma mina. Los agujeros se cortaron en la parte superior de una tubería para extraer el oro de la solución.
El intento de robo resultó en una descarga de la solución y la contaminación del sistema de gestión de aguas pluviales.
Presidente Martín Vizcarra, según la Agencia Reuters, Usted acaba de anunciar en Pucallpa “que dentro de seis meses su Gobierno probablemente apruebe leyes para poder explotar un reciente hallazgo de litio y uranio, eliminando un obstáculo clave para una mina de 800 millones de dólares planteado por la canadiense Plateau Energy Metals”[1].
La Minería de Uranio ha sido Prohibida en varias Sociedades
Cuando en el Congreso del Perú procesábamos la vacancia del corrupto PPK, usted se hallaba de embajador en Canadá. Allí debe haberse enterado de la bien fundada resistencia a la explotación de minas de uranio, por los efectos nocivos al ambiente y a la salud de las personas que dicha explotación genera.
Al respecto, le recuerdo que Canadá es uno de los mayores exportadores de uranio, teniendo normas y una institucionalidad ambiental más eficiente que la peruana. Sin embargo, el gobierno de la Columbia Británica –luego de estudios rigurosos de su comunidad científica– decretó la moratoria de todas las exploraciones mineras. Igualmente, así lo hizo el gobierno de la provincia de Nueva Escocia la que además ha prohibido la explotación de dicho mineral. La provincia de Quebec también tiene moratoria para minería de uranio, desde el año 2012.
Los Engaños de la Industria Nuclear
Seguramente, como a mí, a usted le habrá llegado también mucha información de las bondades de la energía del uranio. Recuerdo haber visitado Canadá hace unos años y, en las calles, unas jóvenes regalaban propaganda en favor de la energía nuclear, indicando “que era limpia y que resolvería los problemas del cambio climático pues no emite CO2”. Información que omitía los miles de toneladas de energía fósil y los millones de m3 de agua que demanda la extracción del uranio en extensos suelos que apenas tienen microgramos de dicho mineral o del transporte de uranio desde el lugar de extracción a los lejanos centros de enriquecimiento radiactivo.
Señor Presidente, hablar de uranio implica no dejar de evaluar la huella ecológica desde la producción en mina hasta la construcción de las centrales radiactivas y la energía fósil que se gasta en el enfriamiento de los millones de metros cúbicos de aguas calientes del proceso, sin las cuales las centrales nucleares se convierten en un infierno emisor de mortal radiación. No olvidemos casos como los de Three Mile Island, Pensilvania (1979), Chernobil (1986) y más recientemente Fukushima (2011). Casos que obligaron a otros países como Alemania, Suecia, Bélgica y Holanda a realizar importantes anuncios para cerrar las centrales nucleares y a dejar de usar la energía nuclear.
Sin embargo, la industria desea vendernos una “idea ambientalista” en torno al uso de la energía nuclear que sería una “solución” frente al cambio climático. Ahora, piden que olvidemos la problemática ambiental generada por los residuos radiactivos. Los lobbies españoles señalan que “no es tiempo de preocuparse ahora por ellos, sino de abastecer la creciente demanda energética de una creciente población”. Así, la cuestionada industria de energía nuclear, en vez de entender la necesidad de adaptabilidad ante el cambio climático, sabotean en España las normas y los incentivos estatales para el desarrollo de energías mucho más limpias o de menor impacto ambiental.
La Inaceptable Minería de Uranio
Hace varios años visité una mina de uranio cerca de Berlín. Lo explotó la empresa Wismut. Allí se explotó una mina de uranio que la Unión Soviética impuso por razones de seguridad de Estado en tiempos de la guerra fría. La mina apenas tenía dicho mineral, pero igual los líderes comunistas decidieron explotarla para no depender del uranio procedente de las minas de África o de países considerados sus enemigos. El fin de explotar el uranio en Wismut no era tanto energético cuanto militar. Limpiar esa mina ahora le cuesta a la Unión Europea aproximadamente dos billones de euros y tardará limpiarla cerca de dos décadas. Hasta el lecho del río está siendo dragado para remover sedimentos contaminados criminalmente. La gente del pueblo cercano y sus trabajadores presentaban tasas muy elevadas de varios tipos de cáncer, pero sobre todo de tipo pulmonar. Después de varias décadas de que la mina había dejado de operar todavía se puede ver cómo los desechos incandescentes, cual lava volcánica, debía ser mojados con equipos especiales que utilizan millones de m3 de agua para poderlos enfriar y luego movilizarlos a la zona de entierro o encapsulamiento de escombros radiactivos.
En Canadá y España algunos expertos en impactos de la industria nuclear me expusieron amplia información sobre la materia. En ese contexto uno de ellos me dio un consejo: “tenga Usted bien en cuenta: si se mete con la minería de uranio lo hará a su vez con la industria militar, evalúe si está dispuesto a meterse en eso y cuide mucho más su seguridad personal”, evidentememte conocía de lo que había sido capaz la transnacional minera Newmont – Buenventura – Yanacocha cuando su empresa de seguridad privada realizó la operación de reglaje, interceptaciones y puso en peligro la deguridad de los defensores ambientales de la ONG Grufides en lo que se conoció como la operación de espionaje y demolición “Operación Diablo”[2].
Muchas Voces no Atendidas
Durante los años 2006 a 2007 leí mucha información sobre el proceso de explotación de uranio y los impactos de este tipo de minería y la industria nuclear. Igualmente hablé muchas veces en público, di algunas conferencias sobre minería que incluía preocupaciones por la minera de uranio en Macusani, Puno, y hasta escribí en el diario La República un breve artículo sobre el tema denominado “Ecología de Paz” y comentaba el pedido del Papa Benedicto XVI a frenar el armamentismo nuclear. En diciembre de 2007 escribí así: “el mensaje (papal) nos habla de desarrollar una prudencia cuyo objetivo debe ser fortalecer la «alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador de Dios, del cual procedemos y hacia el cual caminamos». El Papa llamaba a la tarea fundamental de «sentir la tierra como nuestra casa común» la que debe ser puesta al servicio de todos, adoptando «la vía del diálogo en vez de tomar decisiones unilaterales».
Con relación al problema específico de las demandas energéticas de los países más desarrollados, el mensaje papal denunciaba que: «Los países emergentes tienen hambre de energía, pero a veces esta hambre se sacia a costa de los países pobres que, por la insuficiencia de sus infraestructuras y tecnología, se ven obligados a malvender los recursos energéticos que tienen». Es más, sobre el armamentismo, el Papa iba más allá al sostener que: «Es verdaderamente necesaria una movilización de todas las personas de buena voluntad para llegar a acuerdos concretos con vistas a una eficaz desmilitarización, sobre todo en el campo de las armas nucleares (…). Soy consciente de que al renovar esta llamada me hago intérprete del deseo de cuantos comparten la preocupación por el futuro de la humanidad». Comentando esos llamados yo concluí mi artículo afirmando que “en Perú, la iglesia debiera llamar correspondientemente a una movilización contra la minería radiactiva que se pretende instalar”[3]. Probablemente por casualidad, fue el último artículo que escribí, pues luego la dirección del diario me comunicó que mis columnas no iban más.
Presidente, usted no ignora los Grandes Problemas de la Minería
Presidente Vizcarra, usted conoce los daños y los beneficios que puede causar la minería metálica. Siendo gobernador regional de Moquegua, usted tuvo a la todopoderosa e impune Southern como su vecina y socia de negocios familiares a través de la empresa C y M Vizcarra S.A.C.[4] , cuyo gerente general es su hermano César Vizcarra Cornejo. Entiendo que en su gestión logró utilizar el canon minero para resolver temas educativos; sin embargo, no logró hacer frente a la grave escasez de agua que afecta a las poblaciones y los agricultores que siguen reclamando sin ser atendidos, ni a la problemática por calidad de agua, producto de actividades mineras en la zona.
Asumo, Presidente, que la Ministra del Ambiente le habrá informado de los procedimientos administrativos sancionadores que tiene la Southern, del irremediable daño hecho (y que sigue haciendo) sobre el río Torata, cuyo lecho fue convertido en botadero de desechos mineros, burlando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y valiéndose fraudulentamente de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que como admiten el SENACE y la Procuraduría del MINAM, se utilizó de manera indebida, bajo la complicidad del Ministerio de Energía y Minas y, por cierto, sin que haya ningún funcionario sancionado.
Como Congresista de la República he sostenido diferentes reuniones y conversaciones con los funcionarios del MINAM, del SENACE, del OEFA y hasta del MINEM, sobre el daño ambiental generados por las grandes mineras sobre los ríos Torata y Tumilaca. Es una obligación moral y política que usted tenga información que debiera considerar muy bien antes de auspiciar el inicio de nuevos proyectos mineros.
La inversión debe ser vista desde la justicia y la sostenibilidad ambiental, entendiendo la salud y el medio ambiente sano y equilibrado, como derechos fundamentales; por lo que no debiera someterlos o negarlos frente a los poderosos lobbies empresariales mineros.
Prevenir es Mejor que Remediar y Lamentar
Ahora bien, la minería de uranio en Puno y en Piura, no puede ser vista sólo como una oportunidad de inversión. La huella ecológica ambiental que generan sus efectos y los daños potenciales, como se demuestra en otros países como Alemania, Canadá aconsejan seguir la vía del principio ambiental precautorio.
Siete provincias canadienses que han evaluado bien los potenciales o reales daños han prohibido la minería de uranio en sus territorios y es conocido que en Estados Unidos los pueblos navajos que se vieron afectados por alta incidencia de cáncer y otros daños ambientales han conseguido de parte del gobierno federal una multimillonaria indemnización y el gobierno de la Nación Navajo han prohibido la minería de uranio en su territorio [5].
Presidente Vizcarra, está en sus manos seguir o no ese ejemplo. Recuerde además que tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, promulgada por usted mismo. En dicha norma se plantea la importancia de adoptar medidas de adaptación al cambio climático, promover las energías limpias con enfoque de justicia ambiental y derechos de futuras generaciones, así como con enfoque intercultural que lo obliga a someter a consulta previa.
Bajo estas consideraciones, si su gobierno decide impulsar la minería de uranio en el Perú. Usted incurriría en una grave contradicción con el derecho fundamental de un ambiente sano y equilibrado.
Tarea Difícil, Lobbies y Poderosos Intereses Económicos Dominan el Congreso
Yo, desde mi trabajo congresal, seguiré trabajando por un desarrollo que no destruya y envenene nuestros aires, ríos y suelos, en este compromiso exigiré que se cumpla la legislación ambiental y no me cansaré en la defensa del derecho fundamental al medio ambiente sano y saludable. Este es también el compromiso de todos los congresistas y militantes del Frente Amplio y creemos que debiera ser también el compromiso de todos los demás congresistas y de la más amplia ciudadanía. Aunque tenemos razones para considerar que muchas veces se anteponen la indiferencia, la ignorancia o los intereses de poderosos grupos empresariales y lobbies, como ocurrió cuando en la comisión de Energía y Minas, la mayoría fujimorista envió al archivo, sin que hubiera mayor debate, el proyecto de ley del congresista Armando Villanueva (AP) que buscaba que el país (como ocurre en una inmensa mayoría en la región) tuviera una ley de prohibición de las bombillas incandescentes para dar paso a la ecoeficiente tecnología led.
El fujimorismo argumentó que la iniciativa legislativa iba “contra el libre mercado” y la “economía de los más pobres” (¡sic!). Así, sin debate, torpe y vergonzosamente archivaron el proyecto de ley. Algo similar podría ocurrir con el proyecto de ley que presenté sobre prohibición o restricciones del cianuro para las actividades mineras, restricciones que ya ocurren en muchos países y en la Unión Europea. El dictamen de prohibición de minería de cianuro está pendiente en la Comisión de Energía y Minas y corre el peligro de ser archivado con el argumento de que afectaría las inversiones mineras.
Estos hechos me demuestran que no será fácil plantear una regulación ambiental adecuada ante la posible extracción de uranio. Sin embargo, desde mi firme posición por justicia ambiental y social seguiré luchando y convocando a más ciudadanos y ciudadanas para un desarrollo que no viole derechos fundamentales. Como sus ministros del Minam y del MEM saben, así como desde el Frente Amplio nos esforzamos por conseguir la promulgación de la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas (Ley 30640), la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 30754), no me cansaré de convocar al consenso y al diálogo de las fuerzas políticas, para una mayor conciencia y compromiso legislativo ambiental. Puntualmente, en las próximas semanas o meses porque se pueda aprobar la ley de prohibición progresiva del plástico que los lobbies y el fujimorismo tienen frenada en el Congreso.
Lo Exhorto a No Privarles de Mejor Futuro a las Generaciones Venideras
Señor Presidente, somos el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático. Hemos vivido en el norte del país desastres sociales producto de dichos efectos e impactos. Ahora mismo las regiones del sur vemos como nuestros niños, niñas, ancianas, ancianos y, la ganadería muere ante la falta de previsiones para enfrentar el frío inclemente. Las generaciones futuras deben heredar de nosotros un mundo ambientalmente mejor. Depende de nuestras acciones actuales garantizar que así sea. Lo exhorto, Presidente Vizacarra, a no privar de un mejor futuro a las generaciones que vendrán después de nosotros.
No debiera pues usted, Señor Presidente, insistir en su propósito de promover la minería de uranio, tal como se ha anunciado ahora en Puno pero que luego podría extenderse a Cusco y Piura donde también hay depósitos del mineral radioactivo y de los otros peligrosos metales que se hallan junto con él (radón, cesio, torio entre otros).
En todo caso, los defensores ambientales, y no pierdo la esperanza que la Academia y algunos políticos, (tal vez también algunos empresarios con conciencia ambiental), se lo exigiremos en todo espacio de diálogo democrático. Por cierto, la ministra del Ministerio del Ambiente, debiera emitir, como ente rector de las políticas ambientales, opinión clara sobre la materia, priorizando los derechos ambientales y no postergándolos o vulnerándolos por presiones de poderosos intereses económicos que se mueven detrás de la minería del uranio.
No estamos lejos de llegar a hablar de desplazados ambientales y, posteriormente, refugiados ambientales. No haga usted el camino para ello.
Me despido compartiéndole una cita de un reconocido académico canadiense, Gordon Edwards: “Hay muchas formas de producir electricidad que no necesita uranio. Hay formas de hacer isótopos médicos que no necesitan uranio. Lo único para lo que se necesita absolutamente el uranio son las armas nucleares. Si queremos que nuestros hijos tengan un futuro sostenible, si no queremos aumentar la carga sobre las generaciones futuras mediante la creación de más desechos nucleares, y si esperamos eliminar las armas nucleares del planeta, lo mejor es dejar el uranio en su lugar, en el terreno donde se encuentra. Esa es la opinión de los médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear (IPPNW) que, en 2010 pidió una prohibición global de la extracción de uranio”[6]. (Esta federación recibió el premio Nobel de la Paz en 1985).
¡Reflexione, en su recorrido por el país, hable y decida bien Presidente!
Proteger los glaciares es una demanda que por años las organizaciones medioambientales y diversos expertos en la materia han reclamado como esencial dentro de las políticas públicas del país, sobre todo por la gran cantidad de industrias que intervienen diversas áreas naturales de Chile. Además, el calentamiento global ha puesto en jaque a estos ecosistemas, por lo que se ha hecho necesario garantizar que no existan otras intervenciones que afecten las reservas de agua.
Sin embargo, hasta ahora no se ha podido concretar ninguna iniciativa, y varias continúan siendo revisadas en el Congreso, situación que mantiene en alerta a la industria minera, desde donde aseguran que se verán perjudicados si alguna medida se aprueba.
Según consignó El Mercurio, un estudio realizado por Cochilco, al que solo dicho medio ha tenido acceso, indicaría que de aprobarse medidas de protección de glaciares se reduciría la producción de cobre en un 22,5 por ciento, disminuyendo la producción de 5,7 millones de toneladas a menos de 4,4 millones.
Por dicha situación es que los Ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y Minería estarían manteniendo reuniones con el Consejo Minero, agrupación que ha tomado el liderazgo frente a este tema con el fin de conversar sobre posibles medidas que cumplan con las expectativas de todos los actores involucrados.
Matías Asún, director nacional de Greenpeace en Chile, señaló a nuestro medio que las empresas mineras están intentando mantener sus privilegios sin importar el daño al medio ambiente que esto pueda provocar, y que en ello, el Consejo Minero está teniendo un rol clave.
“El principal problema para contar con una protección adecuada de glaciares en Chile es el Consejo Minero, la ambición de las mineras para mantener sus privilegios a costa del patrimonio ambiental de América Latina es inaceptable”, indicó.
Además, Asún desmintió que una ley de protección pueda afectar la industria del cobre, y aseguró que la emisión de ese discurso es una “campaña de pánico, que demuestra la bajeza en la que están cayendo, de suponer que un proyecto de ley de glaciares, que es urgente en un planeta que se calienta, podría detener las operaciones mineras”.
En la misma línea, indicó que los problemas que ha enfrentado la industria durante el último tiempo o los que pueda tener en el futuro no tienen nada que ver con la protección del medio ambiente. Por el contrario, comentó que una normativa legal que proteja los glaciares podrá mejorar la fiscalización ambiental a la que deben someterse estas industrias, evitando así, daños como los que se ven hoy en Quintero y Puchuncaví, donde la División Ventanas de Codelco se ha visto involucrada.
Por otra parte, Matías Asún afirmó que “la ciudadanía está muy atenta a esta situación y no podemos permitir que en el Senado el lobby logre pasar un proyecto de ley que no garantice la protección completa y absoluta de todos los glaciares que existen en Chile”.
En la actualidad existen dos proyectos que se están revisando, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado, sin embargo, aún no se ha garantizado la pronta aprobación de ninguna iniciativa.
Frente a esta situación, Matías Asún comentó que es tarea del presidente Sebastián Piñera garantizar que en su Gobierno los intereses económicos no se opongan o dificulten la promulgación de políticas de protección de glaciares.
La extracción del litio, elemento clave para el desarrollo de China, Estados Unidos, Europa y Japón, a través de la fabricación y uso de baterías eléctricas, significa también detrimento para los países productores del mineral.
Chile, Bolivia y Argentina conforman el “triángulo del litio”, donde se concentran las mayores reservas a nivel mundial, sin embargo, también son las comunidades que viven en los territorios los principales afectados por la irrupción de las compañías que bregan para tener una parte de la extracción del llamado oro blanco.
También , el método utilizado y más económico para la obtención del mineral, la evaporación de agua y la decantación de salmueras, es uno de los principales causantes de que se estén secando acuíferos subterráneos, devastando territorios y formas de vida de comunidades originarias que han vivido por miles de años en torno al pastoreo, agricultura y comercio.
“No hay que solo hablar de litio, hay que hablar de salares. No basta con discutir quien se queda con el litio, sino que hay que evidenciar los impactos sociambientales que genera un mineral que se aprecia como elemento fundamental para la reconversión tecnológica verde. Pero esta modificación tiene un lado oscuro, colonial, que significa repetir el mismo extractivismo de siempre, que actúa contra los habitantes locales con el fin de satisfacer una matriz energética carbono cero de las sociedades industriales que no ven lo que está sucediendo acá”, afirmó.
En todos los salares altoandinos de Chile, Bolivia y Argentina se utiliza agua dulce para la extracción del mineral, a través de un método arcaico como es la evaporación, que va secando los mantos acuíferos, eliminado flora y desplazado a la fauna, lo cual excluye también a la ganadería, la agricultura y el turismo local, debido a la afectación de reservas nacionales.
“El factor común en todas estas naciones es que se extrae indiscriminadamente agua, sin fiscalización alguna y sin tener conocimiento de la dinámica hidrológica de los salares, no existen estudios veraces, sin embargo, se siguen autorizando faenas sin tener cereza de los daños que esto produce. Otro de los problemas que se oculta es el que va contra las comunidades, que han sufrido una fuerte erosión de sus tejidos sociales, divisiones, conflictos, engaños y resistencia que de manera conjunta han afectado gravemente la convivencia comunitaria. Las empresas irrumpen con convenios y entregando ayudas asistenciales a cambio de controlar la voluntad de las comunidades que finalmente aceptan a las compañías y soportan las graves consecuencias socioambientales de la extracción minera en sus territorios”, argumentó.
La autora de la publicación “Impacto socioambiental de la extracción de litio en las cuencas de los salares altoandinos del Cono Sur”, Bárbara Jerez , recalcó que el caso más grave se da en norte de Argentina. Precisó que ahí existen territorios explotados que se ubican en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca y que no tienen control alguno sobre las actividades empresariales.
No existe fiscalización, información pública y menos transparencia en los procesos. Además, agregó, la legislación vigente del país trasandino no considera medidas de control que rijan al litio e hidrocarburos. A diferencia de Chile, precisó, donde se asoma un tenue control, a través de la Corfo.
Para el coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), César Padilla, la ganancia a corto plazo para los países productores y el mayor beneficio exclusivo para las naciones desarrolladas, esconde la trasgresión de derechos, la única defensa legal que tienen las comunidades afectadas por los impactos de la minería del litio.
Precisó que esto se da principalmente porque son territorios extremos, donde muchos piensan que no vive nadie, pero que existen los llamados pueblos de sacrificio, que mueren por compensaciones económicas.
El coordinador de OCMAL. Cesar Padilla, precisó que en Chile las empresas trasnacionales operan a través de la compra de autorizaciones de faenas a sus habitantes, que sufren del abandono Estatal. En Argentina, comentó, es aún desconocido, por la falta de información y la irrupción sin control de las empresas a la zona desértica del norte del país trasandino. En tanto, en Bolivia, se explota a cambio de más renta para el Estado, sin tener conocimiento de lo que se realizará en el futuro con los dineros.
“Hay varias distorsiones aquí, cosas que no están a la luz y que lo tiene que saber la gente, las mismas personas que hoy ven al litio como la salvación económica. La salvación en realidad yo no sé para qué. Va a pasar lo mismo que históricamente ha sucedido con nuestros recursos naturales, vamos a perder doblemente, porque se regala el litio sin proceso alguno a naciones desarrolladas, produciendo solo la destrucción de ecosistemas desconocidos, que pueden tener mucho potencial y que no están vinculados con la explotación del mineral”, subrayó.
Cesar Padilla aseveró que para contrarrestar los daños que produce la explotación indiscriminada por parte de, principalmente, compañías trasnacionales, es imperiosa una discusión regional en base a estudios sólidos y evaluaciones serias sobre los reales límites y posibilidades que tiene el territorio para el desarrollo de estas actividades económicas.
Además, sentenció, se requiere un debate en torno a la instalación de proyectos no solamente en base al aumento de la demanda internacional de litio o de otro recurso natural de turno. Es decir, “repensar la sustentabilidad energética abarcando los procesos territorialmente desiguales de apropiación-producción-comercialización-utilización del litio, y no sólo su uso final como materia prima para la generación de tecnología de reemplazo de las energías fósiles de unas sociedades y territorios a costa de otras”, finalizó.
El organismo fiscalizador realizó una auditoría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Antofagasta, donde se concentra uno de los sectores económicos más importantes del país, como es la extracción de cobre y litio. La revisión reveló múltiples deficiencias ocurridas entre 2016 y 2017. Entre ellas, destacan falta de fiscalización a la firma del Grupo Luksic, Antofagasta Minerals, como también SQM, Codelco, BHP y Rockwood. El ente revisor acreditó que exempleados que estuvieron relacionados a algunas de esas empresas -que hoy trabajan en el servicio estatal- no se abstienen de fiscalizar faenas en las cuales tuvieron algún grado de participación. En otras palabras, evidentes conflictos de interés que prohíbe el estatuto administrativo. Y no es todo. Se estableció que 500 medidas correctivas ordenadas por la autoridad no han sido cumplidas por las mineras. Se agregan atrasos en aplicar sanciones y cobro de multas, irregularidades en las actas de inspección, entre otras fallas. Atendida la gravedad de los hechos, la Contraloría ordenó el inicio de un sumario para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. El informe lo publica -íntegramente- la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Antofagasta es la región minera por excelencia, donde se concentra la mitad de la producción del cobre del país y es la única zona en la que se produce litio. Allí operan grandes empresas nacionales y extranjeras, entre ellas, Codelco, Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, SQM y BHP.
El fiscalizador de estos gigantes del sector es el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que no estaría cumpliendo su labor a cabalidad, actuando de forma laxa y deficiente, lo que favorecería a las firmas.
Así lo sostiene un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), donde se acredita que exempleados de estas empresas -que hoy son funcionarios estatales- no se abstuvieron de fiscalizar faenas en las que tuvieron participación, evidenciando un potencial conflicto de interés.
El organismo dirigido por Jorge Bermúdez detectó más de 500 casos de medidas correctivas ordenadas por el Sernageomin a las firmas mencionadas que estaban pendientes y fuera de plazo. Respecto de ellos, además, no se inició un procedimiento para cursar multas que superan, en total, los 500 millones de pesos.
Las fallas incluso van más allá, ya que se constataron problemas en actas de fiscalización. En ellas se encontraron inconsistencias y diferencias entre las registradas en el sistema respecto de los documentos físicos, todo lo cual hace vulnerable el sistema y lo expone a la manipulación y al uso indebido de la información, como se lee en el informe.
Atendido los hechos, la Contraloría ordenó un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios implicados en esas situaciones. El informe íntegro, que revisó la fiscalización del cumplimiento del reglamento de seguridad minera por parte del servicio, lo publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. (Lea el informe completo acá).
“Todas estas deficiencas de control debilitan la efectividad de los procedimientos dispuestos por esa entidad pública para la fiscalización del cumplimiento del Reglamento de Seguridad Minera, con los consiguientes riesgos asociados”, concluyó la CGR.
Radio Bío Bío envió preguntas con varios días de anticipación al servicio actualmente dirigido por Mario Pereira, pero pese a que se insistió para obtener su versión, al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Potenciales conflictos de interés
La CGR descubrió en su auditoría que tres funcionarios del Sernageomin realizaron labores de fiscalización en faenas en las cuales habían trabajado en un espacio menor a dos años antes de desarrollar la respectiva inspección.
Uno de ellos es Daniel Fajre Flores, quien indicaba en su currículum vitae (CV) que trabajó hasta 2014 en Minera Centinela, perteneciente a Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Pese a ello, entre febrero de 2015 y marzo de 2016 realizó cinco inspecciones de fiscalización a esa compañía. Otro caso es el de Yaneth Godoy Cortés, en cuyo CV consignaba que se desempeñó en SQM S.A. hasta octubre de 2013. Tras ello, durante 2015 realizó efectuó cuatro inspecciones a la compañía. El tercer caso es el de Hipólito Hurtado Astorga, quien cesó sus funciones en Mantos Blancos en noviembre de 2012, de acuerdo a lo detallado en su CV. Una vez en el Sernageomin, hizo una inspección en febrero de 2014 a esa firma.
Según la Contraloría, esta situación vulnera el principio de abstención consagrado en la legislación, el cual exige que los servidores públicos tengan una conducta intachable y un desempeño honesto de su cargo, donde prioricen el interés general sobre el particular, al tiempo que deben ejercer estricta imparcialidad en sus decisiones.
“En este sentido, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría (…) ha sostenido que el principio de probidad administrativamente impone a los funcionarios públicos el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su ‘actividad particular’, aun si la posibilidad de que se produzca un conflicto sea solo potencial, lo que ocurre cuando la actividad incide o se relaciona con el campo de las labores esenciales de la institución a la cual pertenece el empleado de que se trate”, remarcó la CGR en el documento.
Tras ello, desde el Sernageomin precisaron al organismo fiscalizador que, pese a lo que aparecía en el currículum de cada uno, no se desempeñaron directamente en dichas empresas. En el caso de Fajre Flores acotaron que trabajó para una empresa contratista de Minera Centinela, mientras que Godoy Cortés se desempeñó en SQM Industrial y no en SQM S.A., y respecto a Hurtado Astorga, éste no trabajó para Mantos Blancos.
En ese escenario, la CGR comprobó que los dos primeros trabajaron para las empresas informadas por el servicio, las cuales de todos modos tenían vínculo con las compañías fiscalizadas, mientras que en el caso de Hipólito Hurtado no se pudo acreditar que no tuviese relación con Mantos Blancos.
“Como se señaló precedentemente, los funcionarios deben evitar conflictos de intereses en sus funciones, aun si la posibilidad de que se produzca sea solo potencial. Al efecto, corresponde precisar que el hecho de no haber desempeñado labores como contratado por la empresa titular no implica necesariamente que no exista el riesgo descrito”, determinó.
Productores sin control
Otro ámbito donde se evidenciaron múltiples anomalías fue en el proceso de cumplimiento que deben hacer las empresas mineras a los requerimientos realizados por los funcionarios tras las actividades de fiscalización.
Uno de ellos tiene que ver con que se encontraron medidas correctivas supuestamente implementadas por las compañías, pero que no estaban acreditadas. En ese sentido, se percataron que existían 30 medidas indicadas como corregidas en las actas físicas, las que en el sistema informático aparecían como pendientes de ser regularizadas. Tras ser consultados por la Contraloría, desde el Sernageomin no entregaron documentación que acreditara la supuesta regularización, ni tampoco los antecedentes proporcionados por las firmas.
En ese contexto, cabe destacar que las medidas correctivas están asociadas a multas que ascienden a 620 unidades tributarias mensuales (UTM), las que equivalen a casi 30 millones de pesos, según el valor de la UTM de abril, que fue el considerado por la CGR.
Otro aspecto cuestionado fue la falta de seguimiento a las medidas correctivas pendientes que se encuentran fuera de plazo. Así, el ente contralor detectó que de las 4.306 medidas generadas por la Dirección Regional de Antofagasta de Sernageomin, entre 2016 y 2017, 556 de ellas estaban pendientes y fuera del plazo establecido para regularizar las observaciones.
Las más de 500 medidas pendientes se encontraban vencidas en un promedio de 365 días, donde habia 118 casos en los que los requerimientos acumulaban más de 600 días corridos sin ser atendidos. Todas las medidas no implementadas están asociadas a sanciones pecuniarias que ascienden al menos a 12.126,3 UTM, es decir, un poco más de 573 millones de pesos.
Desde el regulador minero le explicaron a la CGR que la existencia de medidas pendientes fuera de plazo se debía a que los productores mineros no cumplían con subir al sistema los respaldos que acreditaran la implementación de lo requerido. Por ello, aunque el fiscalizador revise en terreno el cumplimiento y lo constate, no puede cerrar la medida, pues es una obligación del productor. También indicaron que cursarían sanciones a las empresas que reiterativamente no den cumplimiento a las medidas exigidas.
Pese a la respuesta, el ente contralor afirmó que “el servicio no proporcionó información que permita acreditar el cumplimiento efectivo de las medidas que se encuentran pendientes en el sistema, por lo que se debe mantener el hecho reprochado en todas sus partes”. Además, enfatizó que esta situación “deja en evidencia la falta de control y de seguimiento de las medidas correctivas a aplicar por los productores mineros”.
Atrasos y deficiencias en el cobro de multas
Una de las herramientas disuasivas más importantes que tiene el Sernageomin para castigar a las empresas mineras que no cumplen con el reglamento de seguridad es la aplicación de sanciones. Sin embargo, la CGR detectó que hay algunas anomalías que dificultan que estas se hagan efectivas: existe demora en el levantamiento de solicitud de la sanción, se genera una dilación en la emisión de la resolución que aplica multas y hay atrasos en el envío de los antecedentes para el cobro de multas a la Tesorería General de la República (TGR).
Sobre el primer punto, el inspector de seguridad minera cuenta con un plazo de 15 días hábiles para realizar el formulario de solicitud de sanción. Tras ello, es revisado por el coordinador de Seguridad Minera y el director regional para luego ser enviado al jefe del Departamento de Fiscalización y Seguridad Minera a nivel central del servicio.
En ese contexto, el ente contralor revisó 31 solicitudes de aplicación de sanción y verificó que 24 de ellas fueron realizadas con una demora promedio de 68 días hábiles. Dentro de ellas, se consignó una sobre la División Chuquicamata, de 104 días hábiles fuera del plazo, una de Rockwood Lithium, por sobre 75 días hábiles, y otra de Minera Antucoya, controlada por el grupo Luksic, que sobrepasó en 67 días hábiles el plazo establecido.
Por su parte, la entidad auditada informó que 21 de los 24 casos correspondían a accidentes graves y fatales, por lo que para poder formular la solicitud debía tenerse a la vista el informe de investigación del respectivo accidente. Esto explicaría la demora mencionada. Sin embargo, la CGR enfatizó que el servicio no aportó antecedentes que lo avalaran. De todos modos, el Sernageomin se comprometió a acortar los plazos del procesamiento sancionatario realizando una evaluación del proceso y una sistematización de la información, junto con desarrollar una capacitación al personal sobre el tema.
Respecto a la dilación para elaborar la resolución que aplica multas, se debe considerar que desde que el director regional remite la solicitud de sanción al nivel central, éste cuenta con 24 días hábiles para emitir el documento que la concreta. Como sea, se constató que en la práctica se consideran 10 días hábiles adicionales de plazo, en particular para los descargos del afectado, lo cual no está contemplado dentro del procedimiento. Así, se desprende que la entidad cuenta con 34 días hábiles para formalizar una multa.
El examen de la Contraloría arrojó que 25 de las resoluciones para aplicar sanciones se hicieron con una demora promedio de 110 días hábiles por sobre el plazo. Esto contraviene el procedimiento del Sernageomin y la legislación sobre la administración pública. Dentro de los atrasos, sobresale un procedimiento sobre Minera Antucoya, con 237 días hábiles fuera del plazo, uno de la División Radomiro Tomic de Codelco, con 230 días hábiles, de Rockwood (196 días hábiles), de la División Chuquicamata de Codelco (189 días hábiles) y uno de SQM Salar, que se hizo 136 días hábiles tras vencer el tiempo correspondiente.
En cuanto al atraso en el envío de antecedentes para efectuar el cobro de las multas, el servicio tiene un convenio de colaboración con la TGR. Ahí se estipula que esta última se obliga a recaudar y efectuar la cobranza judicial y administrativa de las multas a beneficio fiscal impuestas por la entidad.
El análisis de la CGR reveló que hay un promedio de 67 días corridos desde que el servicio emite la resolución que aplica la multa hasta la fecha en la que carga la información al portal de la Tesorería. De esos casos, sobresale un proceso contra Rockwood, con 175 días de demora, uno sobre la División Chuquicamata de Codelco, con 88 días, de Antucoya (42) y de SQM Salar (39).
Todas las anomalías involucradas durante el proceso generaron un promedio de 279 días corridos desde que se levantaron las 25 solicitudes en cuestión por la dirección regional hasta que se notificaron a la Tesorería General de la República. Incluso hay tres casos en los cuales el proceso superó los 450 días.
Actas en riesgo
Luego de finalizar una inspección a alguna faena minera, el funcionario del Sernageomin sostiene una reunión de cierre con su contraparte de la empresa fiscalizada. Ambos firman el acta y se generan dos copias, de las cuales una queda inserta dentro del denominado “Libro del Sernageomin”. En ese documento se plasman todos los antecedentes, observaciones realizadas y acciones correctivas que surgen de la actividad de fiscalización.
Este sistema que debería ser infalible e invulnerable, no lo es. Al menos así lo determinó la Contraloría dentro de su informe de auditoría. Tras revisar 20 actas de fiscalización firmadas por las empresas supervisadas, detectó que en cinco casos existían diferencias en la información contenida en ese documento respecto del acta almacenada en el sistema informático. También descubrió un acta firmada con fecha posterior a la registrada en el sistema como finalizada.
Las diferencias consistieron, principalmente, en la hora de emisión del acta y hay un caso en que el documento registrado en el sistema cuenta con todos antecedentes de la compañía, mientras que el acta física no indica el RUT, ni el estado ni la producción de la feana.
“La situación precedentemente expuesta, da cuenta de una debilidad de control interno que impide mitigar el riesgo de que el acta pueda ser modificada con posterioridad a la fecha en que fue firmada por los participantes de la reunión de cierre de la fiscalización en terreno pudiendo generarse modificaciones en el sistema SIMIN 2.0, que no son parte de los acuerdos suscritos por los intervinientes”, estableció al respecto el ente encabezado por Jorge Bermúdez. A su vez, esto contraviene una resolución exenta que se refiere al registro inmediato y pertinente de las operaciones para asegurar la oportunidad y fiabilidad de la información para la toma de decisiones.
En su respuesta, el director regional subrogante del servicio dijo que la diferencia en las fechas y horas se debía a que los inspectores están varios días en terreno, en general, de lunes a jueves, tras lo cual los días viernes realizan el proceso de sincronización de dichos documentos en el sistema. Agregó que lo anterior se podía solucionar con un reforzamiento del proceso de entrega de las actas de inspección a los productores mineros y que se desarrollaría una capacitación a los inspectores y coordinadores de Seguridad Minera.
Como sea, la explicación del director regional no dejó conforme al ente contralor. “Lo expuesto por la autoridad del servicio auditado ratifica los riesgos detectados en cuanto a la probabilidad de efectuar modificaciones en las actas de fiscalización con posterioridad a la reunión de cierre con las empresas fiscalizadas, y si bien indicó que efectuará acciones para corregirlo, ello no desvirtúa lo objetado, considerando que las situaciones representadas corresponden a hechos consolidados y que la debilidad del sistema, en este aspecto, no se ha regularizado”.
Pero este no es el único problema detectado en cuanto a las actas. También se constató que existe un resguardo deficiente de ellas. El lunes 26 de marzo de 2018, el equipo de supervisores de la Contraloría revisó cómo se guardan las actas físicas y descubrió que éstas eran almacenadas en la oficina de las asistentes técnicas, la cual no posee llave ni puerta para resguardarlas de forma segura. Incluso no contaban con controles de acceso para prevenir la pérdida, sustracción, intervención o alteración de los documentos, como tampoco un posible uso indebido de ellos.
Esto adquiere especial importancia debido a que en el sistema informático no se almacenan las copias de las actas originales firmadas por las partes, por lo cual quedan sin aprobaciones.
Dicha situación, estableció el ente contralor, vulnera una resolución exenta y la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado.
A partir de la intervención de la CGR, el Sernageomin informó que desde mayo implementó un sistema para darle más seguridad al resguardo de las actas.
Junto con todo ello, se hallaron inconsistencias en cuatro actas de 24 que fueron revisadas. Estas consisten en que primero se observa un requerimiento que debe ser subsanado, luego se dice que ya fue corregido y finalmente se indica que persiste la observación.
Uno de esos casos tiene que ver con una inspección realizada a Mina Julia, ubicada en Taltal. En febrero de 2017, en el acta se observó que al interior de la mina faltaba señalización de las vías de emergencias. Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, un numeral del documento señaló que se constató la implementación de las correcciones, pero contradictoriamente dentro del mismo acta se precisó que aún no estaban señalizadas las salidas de emergencias.
Cabe recordar que entre medio de ambas fiscalizaciones, el 24 de octubre de 2017, se produjo un derrumbre en Mina Julia, tras lo cual quedaron atrapados dos mineros a más de 100 metros de profundidad, los que afortunadamente lograron ser rescatados al día siguiente(ver nota).
La organización Familia Pasta de Conchos sostuvo que en el afán de legitimarse, el dirigente minero y Senador electo Napoleón Gómez Urrutia miente al asegurar que reabrirá el caso de la mina que explotó en febrero del 2006, para rescatar los cuerpos de los 65 mineras que quedaron atrapados.
A través de la activista Cristina Auerbach, señalaron que como dirigente máximo del Sindicato Minero Nacional tuvo la facultad para evitar una de las mayores tragedias, pero se limitó a cobrar cuotas sin preocuparse por la seguridad de los trabajadores, lo cual lo convierte en cómplice.
Así mismo manifestó que Gómez Urrutia no puede abrir ningún caso porque el caso está abierto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que le dio admisión en marzo del año pasado, litigio que va acompañado por casi mil 100 familiares directos de los mineros muertos; Napoleón Gómez nada tiene que ver, sostuvo.
Exigieron un documento que muestre que Gómez Urrutia intentó actuar para evitar la muerte de los 65 mineros, tomando en cuenta que él representa al sindicato.
“Entonces que ahorita venga a decir que quiere que se abra el caso y que se investigue, pues yo le pediría que se entregue y que cuente que fue lo que pasó. Porque aquí la tragedia de Pasta de Conchos es la suma de complicidades entre el estado mexicano, grupo México y el Sindicato Minero, porque el sindicato minero los únicos emplazamientos que hizo fueron por salario, nunca por las condiciones de inseguridad”, expresó.
La activista manifestó que el dirigente minero ha mentido todos estos años, y ahora ensaya un discurso que le viene bien, que se ha posicionado porque tiene poder y dinero, pero es mentira.
“Quiere legitimarse, yo creo que él pensó que iba a llegar y que todo mundo le iba a aplaudir, y resulta que se encontró con una fuerte oposición no solo de las familias de Pasta de Conchos, no sólo de un sindicato pulverizado, porque me estoy enterando que del sindicato minero ahora hay otros 9 sindicatos, hay 10 sindicatos mineros, ni siquiera sé realmente a cuantos representa”, apuntó.
Y agregó: lo que no es aceptable y es absolutamente condenable es que un sindicato, un representante sindical se haya quedado callado, haya sido omiso ante las condiciones de esclavitud en que estaban los trabajadores de Pasta de Conchos, que haya cobrado cuotas sindicales, que sólo haya representado a 28 de los 65; él no representaba a todos, sin tomar a los de confianza y el resto el personal de la empresa contratista que se llamaba General de Hulla.
Manifestó que Gómez Urrutia también cobraba un contrato de protección, cobraba por no sindicalizar a sus trabajadores, “entonces es una hipocresía que hoy diga que va a acabar con los contratos de protección cuando él ha vendido contratos de protección desde que es el sindicato minero, así que no tiene ninguna calidad moral, ninguna legitimidad y ningún derecho de hablar a nombre de nosotros”.
Actualmente no existe diálogo con el sindicato, la empresa o el estado, las familias sobreviven con un ingreso de 3 mil pesos mensuales, informó.
Auerbach pidió a los trabajadores que están en los 10 sindicatos que derivaron del Minero, que recapaciten sobre lo que está pasando con sus organizaciones, “porque el regreso de Gómez Urrutia nos recuerda lo vulnerables que son, lo desprotegidos que están y que son sólo ellos los que pueden tomar cartas en el asunto para que sus centros de trabajo no sean trampas mortales”.
Para no volver a tener el conflicto ambiental que generó la escombrera de la mina chilena Los Pelambres (que dejó toneladas de escombros en territorio sanjuanino), el Ministerio de Minería de la Provincia realizará una nueva mensura de tres de los proyectos mineros sanjuaninos que se ubican en la frontera con Chile.
En febrero y marzo del 2019 se realizará la medición definitiva de los proyectos Del Carmen, Azules y Los Amarillos y el Ministerio pidió a la Secretaría de Asuntos Institucionales de la Provincia que se notifique a los organismos trasandinos pertinentes la nueva mensura de proyectos sanjuaninos limítrofes.
Es la primera vez que se realizará este registro con gran nivel de detalle y con previo aviso a las autoridades chilenas. La notificación irá acompañada de los planos de los proyectos con sus coordenadas geográficas, según el sistema de información del Catastro Minero de San Juan.
La tarea también servirá para agilizar futuros proyectos mineros binacionales.
Proyecto Los Azules
Es un proyecto en estado de exploración avanzada. Se trata de un yacimiento de pórfidos de cobre de estilo andino clásico, con reservas de oro y plata también.
Está a 3600 msnm en el departamento de Calingasta. La zona se ubica en el cordón de Los Azules y el extremo septentrional de la Cordillera de La Totora. Está aproximadamente a 250 km al oeste de la ciudad de San Juan, a 3 km del límite con Chile.
El proyecto fue descubierto en 2004 pero recién con la perforación de un pozo de 221 metros de profundidad en 2006 se encontraron vestigios de cobre de alta calidad. Minera Andes descubrió un alto grado de mineralización de enriquecimiento secundario en el yacimiento en el 2006, cuando se registró 1,62 por ciento de cobre en un pozo de exploración que alcanzó los 221 metros de profundidad. Hasta finales del 2010, se perforaron 106 pozos de exploración por un total de 30.181 metros en el yacimiento.
Proyecto Del Carmen
Es otro de los proyectos sanjuaninos en etapa de exploración avanzada, de oro y plata. En el modelo predomina un sistema epitermal de alta sulfuración. Según la Clasificación de Depósitos Minerales en la República Argentina, corresponde a: Depósitos Epitermales y de Transición. Oro de alta sulfuración (alunita) (7c).
Está ubicado a 4829 msnm en el extremo sur del Valle del Cura, en el departamento de Iglesia, en zona fronteriza con Chile.
La zona fue identificada como área de interés durante la prospección realizada en 1983 por el Servicio Geológico Minero Nacional y declarada área de reserva provincial. Ésta fue licitada y la empresa Barrick SA realizó tareas de exploración a partir de 1995.
Proyecto Los Amarillos
Es un proyecto de oro y plata en etapa de prospección/exploración, ubicado a 4002 msnm. Está ubicado en el departamento de Iglesia, hacia las cabeceras del arroyo Los Amarillos, en el límite con Chile al norte del proyecto Lama, dentro del Valle del Cura.
Según la Clasificación de Depósitos Minerales en la República Argentina corresponde a: Depósitos Epitermales y de Transición (7c). Oro de alta sulfuración (alunita).
La zona fue seleccionada como área de reserva provincial luego de los reconocimientos realizados en la prospección regional del valle del Cura por el Servicio Geológico Minero Nacional en 1983. La actividad privada realizó tareas de exploración en la década de 1990.
La empresa con sede en Canadá Tahoe Resources suspendió el jueves por la noche las operaciones mineras en la mina La Arena, en Perú, en respuesta a una protesta por el impacto de la mina en la cercana comunidad de La Ramada.
Un grupo de entre 80 y 100 personas se traspasó a la propiedad de la mina, interrumpió las operaciones y exigió el pago de los supuestos impactos del polvo y la vibración de las actividades de voladura en la comunidad, dijo Tahoe en un comunicado el viernes.
La minera dijo que había presentado cargos formales contra los líderes de la protesta por entrada ilegal ilegal.
A principios de la semana, Tahoe informó un intento de robo de oro en la misma mina. Los agujeros se cortaron en la parte superior de una tubería para extraer el oro de la solución. El intento de robo resultó en una descarga de la solución y la contaminación del sistema de gestión de aguas pluviales.
La diputada nacional Elisa Carrió ratificó su apoyo a Mauricio Macri y al gobierno de Cambiemos en un encendido discurso frente a empresarios en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Además, habló de minería y dijo que esta actividad «es un engaño y un negocio que a medio término destruye el medio ambiente. Lo único que nos da una prosperidad permanente es el desarrollo de economías internas que también exporten, por eso tenemos que crear una aduana legal paralela».
También apuntó contra el sector que, según su visión, le quiere dar un golpe al Presidente: «Yo les digo a los militantes golpistas: acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. si quieren hacer el golpe me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Pero yo viva no salgo y Macri tampoco».
Y agregó: «La decisión que tiene Macri no la vi en ningún dirigente político y pasé por muchos gobiernos. La voluntad de sacar de la Argentina a la patria contratista la vi en él, aunque le cueste llevarse puesto a su primo más querido, Ángelo Calcaterra. La decisión que tiene frente al campo y las pymes es irrevocable. No es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero. Está acostumbrado a guardar sus sentimientos».
«Se imaginan que estar con el hijo de Macri padre es el mayor sacrificio humano que hice en mi vida. El Presidente no va a cambiar. Sus hijos le desprecian el dinero. Él entendió, viniendo de Franco Macri, lo cual es casi excelso, que quiere ser otra cosa y que la Argentina sea distinta, y no le tiene nuevo a los dueños del poder», cerró en este tramo.
También aprovechó para llevar calma sobre sus dichos el fin de semana: «No se asusten porque nunca me pongo furiosa, simplemente soy una gran actriz de la escena nacional, como Tita Merello. Las crisis me generan adrenalina, me divierto en el riesgo, soy una jugadora que no tengo ganas de morir pero puedo morirme con tranquilidad».
En ese sentido, sostuvo: «Que nadie se confunda: yo interpreto la voz del Presidente de la República. Todo lo que hice este fin de semana desde la chacra y el Presidente desde Los Abrojos es una melodía, frente a los grupos que querían sacarle todos los ministros».
«Acá hay un modelo de salida que puede traer prosperidad de 100 años a la Nación, que es cambiar la alianza económica que rigió el corporativismo. Esa alianza terminó. Es la decisión del presidente Macri. Por eso está este chiquito Sica (ministro de Producción)», completó.
Brevemente, la fundadora de la coalición gobernante hizo referencia a la coyuntura económica y buscó llevar tranquilidad: «No tenemos posibilidad de default. Estoy negociando hace un mes con «Toto» Caputo que saquen el 1% al depósito (bancario) y lo estamos haciendo con Mario Quintana».
Sobre esto, añadió: «Hoy no se tocó el programa de rebaja de retenciones. Todos van a pagar 4 por 1, pero es 4 pesos, la inflación te lo devalúa. Es transitorio. Yo estaba en el 2001. Eso fue un golpe civil: Alfonsin y Duhalde».
Y sentenció: «A la clase media este año le va a ir mal. Hay que sostener empleados y hablar con ellos. ¿Vamos a tener conflicto social en diciembre? Si. ¿Va a ganar Cristina? No.Los trabajadores no van a votar a los que se robaron los 100.000 millones de dólares que faltan en salud, comida y educación».
Carrió también adelantó que la ley de extinción de dominio, que fue modificada en el Senado y ahora deberá debatirse nuevamente en Diputados, saldrá de la manera que quiere Cambiemos: «Si no sale en Diputados va a salir un decreto del Presidente para conseguir el dinero (de la corrupción)».
En el final, le mandó un mensaje a los empresarios: «Úsenme, está alianza (Cambiemos) no la voy a romper. Tienen acá a una gran defensora del repoblamiento, de la prosperidad y de las pymes. Y úsenme porque después me muero y mi velorio va a ser un éxito».
Los problemas de la minera de metales preciosos Tahoe Resources en Gautemala se profundizaron el lunes luego de que la Corte Constitucional revirtiera una decisión de la Corte Suprema de restablecer la licencia de la mina Escobal y ordenó que se consulte a las comunidades cercanas.
Presidente Martín Vizcarra, según la Agencia Reuters, Usted acaba de anunciar en Pucallpa “que dentro de seis meses su Gobierno probablemente apruebe leyes para poder explotar un reciente hallazgo de litio y uranio, eliminando un obstáculo clave para una mina de 800 millones de dólares planteado por la canadiense Plateau Energy Metals”[1].
Proteger los glaciares es una demanda que por años las organizaciones medioambientales y diversos expertos en la materia han reclamado como esencial dentro de las políticas públicas del país, sobre todo por la gran cantidad de industrias que intervienen diversas áreas naturales de Chile. Además, el calentamiento global ha puesto en jaque a estos ecosistemas, por lo que se ha hecho necesario garantizar que no existan otras intervenciones que afecten las reservas de agua.
La extracción del litio, elemento clave para el desarrollo de China, Estados Unidos, Europa y Japón, a través de la fabricación y uso de baterías eléctricas, significa también detrimento para los países productores del mineral.
El organismo fiscalizador realizó una auditoría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Antofagasta, donde se concentra uno de los sectores económicos más importantes del país, como es la extracción de cobre y litio. La revisión reveló múltiples deficiencias ocurridas entre 2016 y 2017. Entre ellas, destacan falta de fiscalización a la firma del Grupo Luksic, Antofagasta Minerals, como también SQM, Codelco, BHP y Rockwood. El ente revisor acreditó que exempleados que estuvieron relacionados a algunas de esas empresas -que hoy trabajan en el servicio estatal- no se abstienen de fiscalizar faenas en las cuales tuvieron algún grado de participación. En otras palabras, evidentes conflictos de interés que prohíbe el estatuto administrativo. Y no es todo. Se estableció que 500 medidas correctivas ordenadas por la autoridad no han sido cumplidas por las mineras. Se agregan atrasos en aplicar sanciones y cobro de multas, irregularidades en las actas de inspección, entre otras fallas. Atendida la gravedad de los hechos, la Contraloría ordenó el inicio de un sumario para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados. El informe lo publica -íntegramente- la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Para no volver a tener el conflicto ambiental que generó la escombrera de la mina chilena Los Pelambres (que dejó toneladas de escombros en territorio sanjuanino), el Ministerio de Minería de la Provincia realizará una nueva mensura de tres de los proyectos mineros sanjuaninos que se ubican en la frontera con Chile.
La empresa con sede en Canadá Tahoe Resources suspendió el jueves por la noche las operaciones mineras en la mina La Arena, en Perú, en respuesta a una protesta por el impacto de la mina en la cercana comunidad de La Ramada.
La diputada nacional Elisa Carrió ratificó su apoyo a Mauricio Macri y al gobierno de Cambiemos en un encendido discurso frente a empresarios en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Además, habló de minería y dijo que esta actividad «es un engaño y un negocio que a medio término destruye el medio ambiente. Lo único que nos da una prosperidad permanente es el desarrollo de economías internas que también exporten, por eso tenemos que crear una aduana legal paralela».