En las elecciones presidenciales de 2016, Cajamarca optó por un voto antisistema. Gregorio Santos, líder del MAS, venció a Keiko Fujimori en la región que en tiempos recientes había representado un importante caudal para el fujimorismo. Ni la prisión preventiva en la que se encontraba ni la recesión económica que legó su presidencia regional mermó la preferencia por el hombre de izquierda.
Han pasado apenas dos años y Cajamarca tiene una nueva oportunidad para elegir a su más alta autoridad. Al mismo tiempo, uno de los más esperados proyectos mineros del país, Michiquillay, finalmente ve la luz. La expectativa por conocer al nuevo presidente regional es alta. 50+1 establece cuáles son los perfiles de los candidatos y sus posiciones frente a la controversial minería. ¿Será que la simpatía por un gobernador antisistema continuará?
SIN FUJIMORISMO
Cajamarca representa el 27% de la cartera de inversiones mineras de nuestro país. La actividad extractiva engorda el oscilante PBI peruano. Es precisamente en esta región donde se registra el mayor monto de inversión de esta naturaleza: poco más de US$16 mil millones en seis proyectos mineros, entre ellos Michiquillay, el megaproyecto adjudicado este año tras varias postergaciones. Estas oportunidades contrastan con las altas cifras de pobreza, que, según el INEI, ascendió a 47.5% durante 2017. Casi la mitad de la población vive sin satisfacer sus necesidades básicas.
Este es el escenario que debe enfrentar y administrar su nuevo gobernador, que, sin duda, no será fujimorista. Pese a que en las elecciones presidenciales de 2016 Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtuvo el 32.08% de votos válidos en toda la región, el fujimorismo parece haber abandonado esta plaza: no presenta candidato alguno.
LOS FAVORITOS
Por otro lado, quien sí aspira a continuar liderando la región es Gregorio Santos. Empoderado con el 40.68% de votos válidos que obtuvo en las presidenciales en la región, apuesta por la candidatura de Porfirio Medina, quien fue consejero regional por el MAS en el periodo 2011-2014. Además, fue electo vicegobernador regional en 2014, asumiendo la gobernación regional luego de la salida de Santos.
Medina ha tenido en el pasado una posición clara en contra de la minería en la región, ha participado en las marchas contra el proyecto Conga y hace unos meses expresó su rechazo al megaproyecto Michiquillay argumentando que “el gobierno quiere imponerlo al caballazo” (La República, 28/11/2017).
El segundo candidato que lidera la intención de voto para gobernador regional es Mesías Guevara por Acción Popular. Guevara ha postulado dos veces a la región, sin suerte. Fue congresista en el periodo 2011-2016 y ejerce la presidencia del partido al que pertenece. Frente a la crisis de Conga hace algunos años, Guevara declaró que el proyecto era un “atentado contra la naturaleza, contra la vida y el futuro de esta nación” (Noticias Ser, 10/10/2013) y criticó duramente el proceso por el cual fue adjudicado.
Finalmente, el tercer favorito es Absalón Vásquez. El ex ministro de Agricultura de Alberto Fujimori ha postulado dos veces a la región sin suerte, pero esta vez lo hace de la mano de José Luna con su partido Podemos Perú. Vásquez se ha manifestado a favor del megaproyecto Michiquillay asegurando que es “un paso al desarrollo” (Inforegión, 21/06/2018).
Los tres candidatos tienen experiencia política y un gran reto por delante: sacar de la pobreza a Cajamarca. Solo falta ver si lo hacen en armonía con la explotación minería o reviven el fantasma de Conga.
CIFRAS
– 40.68% de votos válidos optaron por el candidato antisistema Gregorio Santos en las elecciones presidenciales de 2016.
Rodrigo Loyola se reunió con ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para plantearle esta inquietud.
Soluciones ambientales para la comuna de Huasco y darle urgencia al Plan de Prevención de Latencia exigió el alcalde de dicha localidad, Rodrigo Loyola, a la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en una reunión sostenida el viernes.
Loyola planteó ante la secretaria de Estado algunos puntos que espera se puedan implementar en la comuna, con el fin de que no se repita la situación de Quintero, Ventanas y Puchuncaví; o como ya ocurrió en Huasco, tras el episodio ocurrido en el año 2003 y 2005, cuando el puerto se encontró en estado de saturación ambiental sin que el Estado dictara el plan de descontaminación.
«Considerando la actual contingencia nacional con las emergencias de Quintero, Ventanas y Puchuncaví, y con las que poseemos una historia ambiental común, solicitamos que se extienda a Huasco la medida que el Estado se haga cargo de la supervisión de monitorear la calidad del aire de la comuna«, dijo la autoridad comunal.
«Solicitamos que el Estado se haga cargo, con seriedad y urgencia, del pronto término de la depositación de relaves mineros en el mar, y si ello implica una acción conjunta de inversión de recursos desde el Estado, en conjunto con la empresa titular del vertimiento, pues deberá hacerlo», manifestó Loyola.
Cifras oficiales
Son dos las principales industrias que funcionan en Huasco: la Termoeléctrica Guacolda y CAP Minería, empresa dedicada a la extracción y exportación de hierro. El Plan de Descontaminación Atmosférica vigente para Huasco de la zona considera cifras que se modificarán tras su ejecución.
Actualmente, CAP Minería emite 2.017 toneladas anuales de MP10 en la zona, 71 por ciento de las cuales corresponden a emisiones combustibles y 29 por ciento a transporte de cargas. Tras la implementación del Plan, se espera que reduzca sus emisiones en un 70 por ciento (609 ton/año).
En el caso de la Termoeléctrica Guacolda, esta emite 992 toneladas anuales de MP10 en la zona, correspondiendo un 93 por ciento de ellas a emisiones combustibles y un 7 por ciento principalmente a transporte de cargas. Tras la implementación del Plan, se espera que reduzca sus emisiones en un 22 por ciento (776 ton/año).
Este domingo 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo reveló cifras preocupantes al publicar que, entre el 1 de enero de 2018 y el 22 de agosto de este año, han sido asesinados 343 líderes y defensores de derechos humanos en el país.
Según las investigaciones, en apenas ocho departamentos se concentra el 70 % de homicidios. Estos son Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Chocó, Córdoba y Putumayo.
La Fiscalía también ha revelado que la mayoría de los victimarios son miembros del Clan del Golfo, disidencias de las Farc, EPL, entre otros grupos armados organizados.
Finalmente, la Defensoría también advierte que los departamentos en donde se producen los homicidios tienen como factor común la minería ilegal, cultivos ilícitos y narcotráfico.
Residentes del municipio de Los Cabos, están convocando para asistir al evento público que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes 17 de septiembre en la ciudad de La Paz, a fin de manfiestar su inconformidad contra el proyecto Los Cardones que plantea construir una mina para la extracción de oro y plata en la zona de amortiguamiento de la Sierra de la Laguna.
Ante la posibilidad de que se le extiendan todas las autorizaciones federales de parte del actual gobierno, solicitan que López Obrador haga un planteamiento específico en contra de este proyecto minero del Grupo Salinas, ya que en su pasada visita a este municipio su posición no quedó del todo clara.
El mítin de Andrés Manuel López Obrador será ese lunes a las cinco de la tarde enfrente del antiguo palacio municipal de La Paz, en las calles de 16 de Septiembre y Belisario Domínguez.
El pasado jueves, el mandatario electo presentó al equipo de la Secreteraría de Economía donde no va a desaparecer la Subsecretaría de Minas. Quedará Francisco Quiroga al frente de esa dependencia.
El Servicio Geológico de EE.UU. tiene varios años con la investigación de los recursos espaciales ya que ahora están conscientes de que los recursos naturales extienden hasta el espacio, indicó el geólogo Laszlo Kestay del centro de Astrobiología del USGS.
Hasta el momento el Servicio Geológico de Estados Unidos no tiene programas para llevar asesoramientos de recursos a gran escala.
Sin embargo, geólogos del organismo están preparándose para esta posibilidad y que indican, llegará pronto.
En junio de este año, expertos en la Mesa Redonda del Espacio el director del Centro para los Recursos Espaciales de la NASA, Ángel Abbud-Madrid declaró que los interesados en la exploración de recursos espaciales tendrán grandes beneficios si colaboran con el servicio Geológico.
Esto para asesorar sobre la ubicación y el valor de minerales, energía, agua en la Luna, Marte y en asteroides.
Las asambleas sostienen que el ex vicegobernador Mariano Arcioni traicionó sus propuestas de campaña de rechazar la megaminería a cielo abierto. Ahora, sostienen, dio luz verde para promocionar la actividad.
Incumplir promesas electorales, desoír a comunidades afectadas, lobby sobre legisladores e intendentes, campaña mediática, falsas promesas de trabajo, violación de leyes. Las asambleas socioambientales de Chubut denuncian que es el plan que ejecuta el gobierno nacional, aliados provinciales y la multinacional Pan American Silver para imponer la megaminería. Aunque está vigente la ley provincial 5001, que prohíbe la actividad extractiva, sectores políticos planean entregar el 60 por ciento del territorio de Chubut a las empresas mineras. Se multiplica el rechazo en toda la provincia, con movilizaciones en una decena de ciudades.
Desde hace quince años la población de Chubut rechaza la megaminería. Esquel fue el punto de quiebre, cuando votó “no” a la actividad y demostró que se podía frenar a las multinacionales mineras. Se aprobó la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro.
Pan American Silver es la mayor empresa minera de plata del mundo y desde hace diez años quiere dinamitar un yacimiento de plata y plomo en la meseta de Chubut (centro geográfico de la provincia).
El gobernador Mario Das Neves (fallecido en octubre de 2017) tuvo sus vaivenes pero finalmente se decidió por rechazar la actividad. “El 63 por ciento de la gente no quiere minería ni centrales nucleares”, afirmó en mayo de 2017. Luego de su fallecimiento, asumió su vice, Mariano Arcioni. En un spot de campaña electoral no tenía dudas: rechazaba la minería y cuestionaba que “desde Buenos Aires” quieran imponer extractivismo a las provincias.
En 2018 cambió. Arcioni argumentó que daba la bienvenida al debate, dejó abierta la posibilidad de que los intendentes avancen y, al mismo tiempo, dio luz verde para que sus ministros y legisladores promocionen la megaminería. Las asambleas socioambientales denuncian la voltereta del gobernador.
El proyecto “Navidad” está ubicado en la meseta de Chubut, la zona más empobrecida de la provincia, entre las localidades de Gan Gan y Gastre, territorio de comunidades mapuche-tehuelche. La avanzada minera viola los derechos de las comunidades, tanto leyes nacionales como tratados internacionales de derechos humanos. Las comunidades indígenas son referencia en el rechazo a la Pan American Silver.
Trelew, Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Esquel, Trevelin, El Hoyo, Lago Puelo, Yala Laubat, Gualjaina y Puerto Pirámides son algunas de las localidades movilizadas en defensa del agua, el territorio y contra la megaminería. Cuestionan que los sucesivos gobiernos nunca buscaron opciones sustentables para la meseta.
El gobierno nacional y aliados provinciales, con los diputados Alfredo Di Filippo y Sergio Bruscoli a la cabeza, presentaron un proyecto de ley para “zonificar” la provincia. La iniciativa, celebrada por las mineras, busca habilitar la minería en la meseta. En mapas detallados se muestran las “zonas de sacrificio”.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la más importante de la provincia, se expidió el 17 de agosto pasado. “El Consejo Superior de la Universidad rechaza al proyecto de zonificación minera. Esta propuesta carece de proyección a largo plazo para la región y no cuenta con el respaldo de un análisis exhaustivo de los aspectos sociales, económicos, ambientales y político-legales implicados”, afirmó.
La Universidad alertó que el proyecto de zonificación ofrece el 64 por ciento del territorio provincial (14 millones de hectáreas) a las empresas mineras y cuestiona que la dirigencia política no tenga en cuenta “el trabajo pasado, presente y proyectado” del INTA, el Conicet y la misma universidad pública que han propuesto el desarrollo y mejoramiento de actividades no extractivas, como la agrícola-ganadera y el turismo.
La Universidad no tiene dudas del motivo de la avanzada minera: “Es producto de presiones político-empresariales que no contemplan un tratamiento realmente democrático a un tema que tiene una gran importancia estratégica para el pueblo de la provincia”. Y se ofrece, junto con otras instituciones científicas y con movimientos sociales, a sistematizar y desarrollar alternativas productivas realmente sustentables.
El 28 de julio hubo una multitudinaria movilización en Rawson. La consigna principal fue “no a la megaminería”. Desde hace quince años, todos los día 4 del mes se marcha en Esquel en rechazo a la minería. “Hoy el pueblo de Chubut está movilizado y más unido que nunca para defender su territorio, sus oportunidades, su presente y su futuro. Desde hace 20 años se vienen sosteniendo épicas resistencias a basureros nucleares y megaminería. Es hora de que los representantes respeten la voluntad popular y dejen de ser funcionales a los intereses de las corporaciones extractivistas”, exigió la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel.
Recordaron que ninguna de las provincias mineras de Argentina tuvo el trabajo prometido, ni el desarrollo local y, muchos menos, el cuidado del ambiente. Repudiaron el accionar de los funcionarios del gobierno nacional, al gobernador Arcioni y a los intendentes promineros, y también repudiaron a los grandes medios por “venderse al mejor postor, hacer propaganda minera” e invisibilizar las luchas.
Una empresa con diálogo fluido
Pan American Silver está entre las grandes multinacionales extractivas. De capitales canadienses, mantiene diálogo fluido con el gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri se reunió dos veces con el máximo directivo de la minera, Ross Beatty. En septiembre de 2016, en el “Foro de Inversiones” en Buenos Aires. Y en febrero de 2018 en Suiza. En ambos casos, el Presidente dio la bienvenida a que la empresa explote los recursos no renovables de la Patagonia y recordó que, entre sus primeras medidas, había eliminado las retenciones a la minería. La compañía prometió una inversión de 1000 millones de dólares. En febrero pasado, el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, realizó una “cumbre” con intendentes, empresarios y sectores políticos en Chubut para avanzar con la minería. Sobrevino el rechazo y movilización de una decena de localidades.
En la última década Ecuador ha visto cómo se han multiplicado exponencialmente las concesiones mineras en su territorio, especialmente en la Amazonía y la cordillera del Cóndor ─una cadena montañosa entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con amplia biodiversidad y un alto grado de endemismo─. Esto ha venido preocupando a las comunidades que habitan en esta región pues la Amazonía ecuatoriana es hogar de un gran número de pueblos indígenas y áreas protegidas, donde casi el 84 % del territorio cuenta con algún grado de protección (los territorios indígenas abarcan el 57,45 % y las Áreas Naturales del Estado ocupan un 26,17 %).
Las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en el sureste de Ecuador cuentan con gran parte de su territorio concesionado a la minería, donde las mayoría de proyectos se encuentran en etapa de exploración inicial. Algunos datos llaman la atención: las concesiones mineras corresponden al 30 % de la superficie total las provincias mencionadas y gran parte de estas concesiones se sobreponen a la Cordillera del Cóndor. En el caso de Morona Santiago, el 90 % de las concesiones están sobre territorios indígenas.
Mirador es un proyecto minero a cielo abierto que se realiza en esta región de Ecuador. Es el más avanzado de todos los que se están proyectando en el país y está a cargo de la empresa de capital chino Ecuacorriente SA (ECSA). Actualmente se encuentra en etapa de construcción y busca extraer concentrado de cobre durante un periodo de 30 años, para luego exportarlo a China y ser procesado en el país asiático.
La mina de cielo abierto también pretende extraer en menor medida metales como plata y oro. Se prevé la extracción de 19 440 000 toneladas de roca al año y abarca una superficie de 9928 hectáreas en 11 bloques. Al momento se ha firmado contrato para la explotación de dos de estas áreas.
Recientemente el proyecto Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) reveló un análisis con bases en imágenes satelitales donde se muestra como durante la etapa de construcción de vías de acceso para la mina, entre 2009 y 2017, ya se han deforestado 1307 hectáreas de bosque. Carlos Mazabanda, coordinador para Ecuador de Amazon Watch, le dijo a Mongabay Latam que lo que ha llamado la atención es cómo este proyecto ha transformado la vida de las personas en la zona de influencia, en la parroquia Tundayme. “Preocupan los desalojos y la contaminación ambiental que ya es visible en un proyecto que está recién en la etapa de construcción”, dice.
Obligados a vender
Para tomar posesión del territorio concesionado, la empresa ECSA inició la negociación y compra de predios campesinos. Sin embargo, no todos los titulares estuvieron de acuerdo con las negociaciones por lo que la empresa realizó servidumbres ─la empresa a través de una orden judicial compra o toma en préstamo el terreno por un valor determinado por las autoridades─, y posteriormente solicitó al Estado que realizara el desalojo de las propiedades de aproximadamente 32 familias, ya que ambos mecanismos están contemplados en la actual Ley de Minería de Ecuador.
Lo que agravaría la situación es que, según Mazabanda, no se realizaron consultas previas en las comunidades afectadas por Mirador. “La Constitución prevé la consulta ambiental (derecho de la ciudadanía en general) y la consulta previa (para poblaciones indígenas). Ambas poblaciones están presentes en la zona de influencia del proyecto Mirador y ninguno de los trámites se realizó. El Estado no cumple adecuadamente con el derecho a la consulta previa y esto se repite en proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos. Lo que se llega a realizar, en el mejor de los casos, es la denominada socialización donde suele participar la empresa con autoridades del Estado y en la que básicamente solo se promociona el proyecto, hablando de los beneficios económicos y sociales que traería a la zona”, cuenta el experto de Amazon Watch.
Líderes de la asociación Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) han manifestado que hablar de los beneficios hace parte de la consulta previa, pero que también es necesario hablar de los impactos ambientales, sociales y culturales con base en estudios independientes y quién debería realizar este tipo de procesos es una institución del Estado que no tenga parte en el proyecto. “Si no es así se le quita legitimidad a las socializaciones”.
De acuerdo con Mazabanda, los principales impactos ambientales en Mirador están relacionados con la deforestación pues hay más de 1300 hectáreas deforestadas relacionadas con la apertura de las vías y con las escombreras ─depósitos donde ponen los desechos que salen al construir el cráter de la mina─. “Al deforestar esta área en una zona de alta pluviosidad como es la Cordillera del Cóndor, este suelo desprovisto de protección es arrastrado hasta las fuentes hídricas como el wawaime que lleva las aguas al río Quimi, el cual está a orillas de las comunidades de la parroquia Tundayme. Se causa un impacto a la población campesina que depende de estas aguas para sus actividades agropecuarias pero ya no las pueden utilizar. Mucho menos pueden pensar en consumirla”, dice.
Pero va más allá. Según cuenta, estos impactos irán creciendo a medida que avance la mina. Sobre todo aquellos relacionados con la contaminación de las aguas subterráneas con sustancias tóxicas, lo que se denomina drenaje ácido de roca. “Esto acidifica las aguas ya que los materiales de desechos al entrar en contacto con la superficie generan una combinación química que producen metales pesados que con las lluvias van a filtrarse a hacia las fuentes hídricas. Habrá destrucción del hábitat de animales y plantas en una zona de alto endemismo como es la cordillera El Cóndor”.
Y no solo esto. Mazabanda es enfático al afirmar que la empresa promedia una extracción de 54 000 toneladas diarias de roca y de estas solo 572 serán transformadas en concentrado de cobre. “Hay más de 53 000 toneladas que son desechos (99 %) y solo el 1 % de lo extraído sería utilizado. ¿Vale la pena?”.
Minera sancionada
El Ministerio del Ambiente suspendió, en mayo de 2018, el 40 % de las obras en el proyecto Mirador por incumplimientos ambientales, sin embargo, según lo reporta MAAP, los pobladores siguen siendo presionados para vender sus predios bajo la amenaza de futuros desalojos.
El ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, le dijo en una entrevista al diario El Comercio de Ecuador que las inspecciones son permanentes porque la historia de incumplimientos de la empresa minera es de hace mucho tiempo, en los planes de manejo ambiental aprobados y correspondientes a las fases de explotación y beneficio y que hay observaciones que vienen desde el 2016. “La empresa no ha hecho caso, hemos dado plazos para el cumplimiento de las observaciones y nos hemos visto obligados a cerrar algunas de las actividades que no han cumplido con los temas ambientales. Hay irregularidades en la apertura de vías que genera problemas en los cuerpos de agua por sedimentos; inadecuado manejo y funcionamiento de las piscinas de sedimentación; mal manejo de escombros y cobertura vegetal. También hay inadecuado manejo de desechos sólidos de los campamentos. Algunas obras y actividades no cuentan con los permisos respectivos”.
Al respecto, el vicepresidente de la minera ECSA, Shen Qihong, dijo en su momento que las obras observadas por el Ministerio son de servicio y que al principio tenían un diseño preliminar y en ese aún no habían considerado esas obras, razón por la cual no fueron incluidas en estudio de impacto ambiental que presentaron.
Qihong le dijo a finales de mayo de este año al diario El Universo que de las 31 observaciones realizadas 17 ya habían sido resueltas y de las otras 14 seguían dialogando con las autoridades. Si la suspensión se mantiene ─como ha sucedido hasta el momento─, el directivo dijo que se podrían afectar las fechas de terminación de obras, además de los 1000 empleos que se han generado a través de contratistas.
A pesar de esto, Carlos Mazabanda de Amazon Watch, asegura que la comunicación con la empresa ECSA es prácticamente nula. “Ha habido denuncias de organizaciones de Derechos Humanos que trabajan en la zona. Sobre estas denuncias la empresa tiene un total hermetismo, no hay un pronunciamiento, ni defensa, ni muestra de posición al respecto. Ha utilizado esta estrategia desde siempre. No hablan sobre estas denuncias”, comenta. También agrega que los que salen a hablar son instituciones como el Ministerio de Minería o la Agencia de Regulación y Control Minero, quienes, además, tienen una campaña sobre minería responsable donde “hacen ver que todos estos temas de contaminación ambiental y social son desinformaciones con intereses de por medio”.
La preocupación de organizaciones como Amazon Watch y de las mismas comunidades es que se vienen otros proyectos muy grandes como el San Carlos Panantza que, está ubicado sobre territorio Shuar y que según la información que se tiene hasta el momento tendrá el doble de la magnitud de Mirador.
Finalmente, una de las principales críticas de Mazabanda es que al parecer el Ministerio del Ambiente no está pudiendo tener una posición que garantice los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas. “Más bien todo lo contrario, en algunos momentos fungen como garantes de que se realice la actividad. Esto sucedió en el norte de la Amazonía con una empresa minera que está dentro del territorio Cofán Sinangoe. La actitud del Ministerio fue de no realizar consulta previa porque supuestamente no hay una evidencia de que los pueblos afectados sean pueblos indígenas”. Eso muestra la debilidad de la institucionalidad del Estado frente a los intereses mineros y en esa misma medida la conflictividad social que se está dando en todos estos proyectos podrían agravarse mientras vayan avanzando en las diferentes fases.
La dirigenta local Gloria Becerra aseguró que hay diversas iniciativas mineras que amenazan la sustentabilidad de la comuna Chile Chico y la región de Aysén: «Si tenemos esta región, hay que cuidarla, no hay otra posición posible. El agua vale más que todos los gramos de oro que puedan sacar de ahí», aseguró.
Durante el pasado martes, dirigentas del sector campesino y turístico de Chile Chico expusieron ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado para evidenciar sus visiones y dudas sobre la creación de la Red de Parques de la Patagonia, una propuesta poresentada Bachelet que no termina por convencer en el territorio.
En entrevista con El Desconcierto, la dirigenta Gloria Becerra, de la Agrupación Gremial de Chacareros y Ganaderos de la zona, acusó que el proyecto “pretende venir a construir encima de la conservación que tenemos, y ellos están haciendo el lobby al revés: no conservar para darle espacio a una minera”.
Según palabras del ministro de Bienes Nacional, Felipe Ward, hay cinco concesiones mineras de explotación y otras once de exploración en el territorio del parque. Una de las más polémicas es “Los Domos”, de Equus Mining, que incluso fue sorprendida en labores de prospección ilegal al interior de la Reserva Nacional Jeinimeni.
Al respecto, Becerra asegura que “si se explotara esta minera, está en un sector que es altamente turístico, de conservación, donde tenemos arqueología, paleontología, tenemos ganaderos cerca, río abajo tenemos la ciudad de Chile Chico, lugares productivos como las chacras, donde se producen alimentos para la comunidad. Si eso se llega a aprobar tendría un impacto gigante”.
Además, la prospección realizada se concretó en un lugar donde cualquier desperdicio caería al río Quebrada Honda, que confluye con el río binacional Jeinimeni. “También desemboca en el lago General Carrera, de donde tomamos agua para el consumo doméstico, para el uso en jardines e invernaderos”, añadió la dirigenta.
En la cita con las autoridades de Medio Ambiente y senadores, las mujeres quisieron expresar otra visión sobre el tema, ya que algunos pobladores se han mostrado a favor de la iniciativa. “Habrán algunos que tienen intereses, está bien. Peor también tenemos que ver cuál es el impacto real que vamos a tener a futuro. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos sobrino, tenemos familia, ¿que vamos a dejar?”, se pregunta Becerra.
“El tema es que si esto sigue, se hipoteca la Patagonia. Es así de drástico y no lo podemos permitir. Tenemos la región más linda de Chile, entonces hay que cuidarla”, advierte.
“No es que no queramos mineras: es que no queremos más”
En Chile Chico se libra una lucha potente. La región ya cuenta con la presencia de dos empresas mineras: la primera, ubicada en la Viña Mañihuales, propiedad de la compañía minera estadounidense El Toqui, apuntada como un foco de contaminación ambiental en la zona. “Se hizo un estudio de salud que corroboró que existe contaminación severa en el sector, pero los políticos hacen oídos sordos a problemas que no les afectan directamente”, explica la dirigenta campesina.
La segunda es Delia NW, a cargo de la empresa Cerro Bayo, que se encuentra cerrada tras el accidente fatal donde dos mineros quedaron atrapados y perdieron la vida, en junio de 2017. Sin embargo, el problema de la contaminación de las mineras sigue vigente y toma más fuerza ante eventuales nuevos proyectos en la zona.
“Se está convirtiendo en una zona de sacrificio. Es terrible, seríamos afectados de una manera impresionante. La contaminación en las aguas no tiene solución, si sucede eso no hay vuelta atrás”, recalca Gloria Becerra.
A juicio de la dirigenta, las autoridades no están entendiendo el efecto que estas intervenciones podrían tener a largo plazo en el territorio. De hecho hace poco se autorizó a vaciar un pozo minero a una laguna cercana a Bahía Jara, un sector de Chile Chico conocido por su carácter agrícola, que sufriría un daño directo a raíz de la posible contaminación del agua.
“La pena es que las autoridades no están mirando esto. Queremos hacerle un llamado de atención para que no solo tengan una mirada de lo productivo extractivo, sino que a lo productivo que tiene que ver con la conservación”, argumentó.
Hoy son varias las organizaciones sociales que están trabajando en el tema, decididos a proteger el futuro del territorio para sus hijos y nietos y para las generaciones que se aproximan. Colectivos dedicados a la defensa del turismo, organizaciones indígenas y la misma pelea en común: “Estamos dando la lucha para que no se nos instale una minera en ese lugar. Esto no significa que estemos en contra de la minería, así al 100%. Si la empresa dice que tiene 5 años para cerrar su infraestructura, perfecto. No es que no queramos mineras, es que no queremos más mineras. Esa es la diferencia”.
Gloria Becerra señaló que es necesario defender el territorio y sus recursos “con unas y dientes, porque el futuro va a ser de la lucha por el agua. La mayoría del país tiene problemas de agua. Si tenemos esta región, hay que cuidarla, no hay otra posición posible. El agua vale más que todos los gramos de oro que puedan sacar de ahí”, cierra.
Veinte años después de iniciada la resistencia frente a la explotación minera en su territorio, las comunidades de Intag, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte de Quito, vuelven a unirse en contra de un proyecto que amenaza a este valle y sus zonas aledañas. Esta vez, la lucha es en contra del proyecto minero Llurimagua a cargo de la empresa estatal Enami EP y la compañía chilena Codelco, para la explotación de cobre y molibdeno. “La gente se alarma cuando se da cuenta que es el 80 % del territorio el que está concesionado y que solo una o dos comunidades se escapan de estas concesiones”, asegura Carlos Zorrilla, director Ejecutivo y fundador de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN) y habitante del lugar. “Hay riesgo en la zona”.
En 2014, Enami entró a Intag armada de un operativo militar y policial de más de 400 efectivos, cuenta Zorrilla. Esta ocupación terminó con varios moradores arrestados y tres meses de “invasión”. Entre los detenidos estaba el reconocido activista Javier Ramírez, de la comunidad de Junín. Para los pobladores, el ingreso fue controversial y, sobre todo, tuvo un efecto profundo y debilitador en la lucha por Intag. “La ocupación fue un shock”, dice. Es así que hoy el proyecto Llurimagua se encuentra en fase de exploración avanzada, ya se han realizado 90 perforaciones en el lugar y hay denuncias de que Enami EP y Codelco han pedido una extensión a sus actividades preliminares para cerca de 95 perforaciones más. Por su parte, la minera chilena Codelco ha mencionado que el proyecto prevé remover 1500 millones de toneladas de material y de este solo el 0,5 % es cobre, es decir, cerca de 7,5 millones.
Para el 2017, el 70 % de los 2200 kilómetros cuadrados de Intag estaba concesionado. Hoy ya 90 000 hectáreas de la zona están concesionadas o se encuentran en proceso. “Se están entregando tierras sin consultar y esto es inconstitucional. Están haciendo las cosas ilegalmente y ellos lo saben”, dice José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi. “Pero tienen todo el aparato estatal a su favor”, afirma Cueva, quien añade además que el Ministerio del Ambiente (MAE) aprobó la licencia ambiental para operar basándose en un estudio realizado por un contratista de las empresas mineras.
Sin embargo el gerente de la Enami EP, Carlos De Otero, asegura que en el lugar donde se encuentran no hay resistencia de las comunidades. “El proyecto se hace en beneficio de la comunidad y del Estado ecuatoriano”, dice el titular de la empresa minera estatal y explica que en la zona ya se puede ver el impacto positivo de la inversión minera sobre todo a través de los 300 empleos directos que ha creado. Además, asegura que las actividades que ahí se desarrollan se han hecho con una base técnica y promoviendo buenas prácticas ambientales. Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos ha informado sobre el apoyo de 35 comunidades luego de que el proyecto fuera socializado por la empresa minera estatal.
El valle de Intag se asienta en la cuenca del río Intag y parte del río Guayllabamba. Con siete parroquias y más de 100 comunidades, Intag limita con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas ─la mayor reserva protegida del occidente ecuatoriano─ y abarca cerca de 60 000 hectáreas de bosques primarios conservados, entre bosques protegidos y reservas comunitarias, donde una de las más importantes es la Reserva Comunitaria de Junín. Cueva explica que de esta extensión, 40 000 hectáreas corresponden a zonas frágiles en proceso de degradación y que deben ser recuperadas. “Es una zona bastante crítica en términos ecosistémicos”, asegura Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad y esto se debe a que en esta zona confluyen dos biomas sumamente importantes a nivel mundial: los bosques del Chocó del noroccidente de Pichincha ─considerado un hotspot por organizaciones de conservación internacional─ y los Andes Tropicales ─la región más biodiversa del planeta pero también la más amenazada─. Además, explica que la carga húmeda que viene de la costa ha logrado que toda esta zona se llene de bosques húmedos y de neblina. “Aquí en los Andes, cada valle es una isla en términos de biodiversidad”.
Intag no se queda atrás. Allí se pueden encontrar una variedad de anfibios como los arlequines (Atelopus varius), los jambatos (Atelopus ignescens) y otros que desaparecieron por el cambio climático, hasta el redescubrimiento del atelopus longirostris dentro de la concesión minera. “Esta es para mí la especie símbolo del valle del Intag”, dice Prieto. En cuanto a las aves, Intag guarda una de las pavas más típicas de los bosques nublados del noroccidente, la aburria pipile, que hace parte de la lista roja de la UICN y de los listados de riesgo nacionales. También hay tucanes de montaña (Andigena laminirostris) y los gallitos de peña (Rupicola peruviana). Allí también se encuentra uno de los últimos refugios de los osos de anteojos (Tremarctos ornatus); además del tapir de montaña (Tapirus pinchaque), el mono araña (Ateles fusciceps) ─el más amenazado a nivel mundial─, el mono aullador (Alouatta seniculus) y el mono capuchino (Cebus aequatorialis). La zona está llena de orquídeas, flor de mayo (Plumeria rubra) y palma de ramos (Ceroxylon spp) ─una de las más vulnerables a la deforestación─. “En cuanto a la variedad de peces, Intag es tal vez el último refugio de un pez conocido como Prenadilla”, su nombre científico es astroblepus hubidai, es endémica de Imbabura y el río Intag es uno de los pocos afluentes donde aún vive esta especie.
Una pelea por el agua
Las comunidades de la zona ya han detectado impactos ambientales severos, resultado, según ellos, de las actividades de exploración del proyecto Llurimagua, sobre todo en cuanto a la calidad del agua. Con el apoyo del investigador William Sacher, de la Universidad Andina Simón Bolívar, 35 comuneros de Intag y 35 científicos realizaron un monitoreo participativo del agua en la Reserva Comunitaria de Junín, la cual detectó una alta concentración (más de 600 %) de sólidos solubles en el agua. El estudio mostró que el río Junín tiene altos niveles de metales pesados como arsénico, manganeso y zinc ─los cuales son peligrosos para la salud humana y animal en altas concentraciones─, una coloración marrón en el agua de las Cascadas Gemelas desde el 2016 y contaminación crónica de las fuentes de agua del lugar luego que se destaparan los pozos que dejó hace años la minera japonesa BishiMetals.
También hay impactos sobre la biología del agua. “Se detectó que, en Junín, gran parte de las especies de macroinvertebrados que vivían ahí ya no están. No hay un manejo adecuado de la hidrología del lugar”, explica José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi. Por su parte, Francisco Prieto, subdirector del Instituto Nacional de Biodiversidad, dice que a pesar de que el daño pueda ser mínimo, si el área es crucial para el caudal hídrico del valle del Intag, la afectación es catastrófica. Pero De Otero asegura que el estudio de impacto ambiental realizado por la Enami EP de momento no ha tenido observaciones en cuanto al impacto ambiental, ni arrojó resultados de contaminaciones. “Las comunidades están en su derecho de hacer estudios pero deben ser rigurosos, deben tener un rigor científico”.
Como resultado, y para intentar proteger su territorio de las actividades extractivas mineras, las poblaciones han tenido que levantar alternativas, en su mayoría ligadas al desarrollo de actividades económicas tradicionales al lugar. “Las comunidades deben tener un discurso que apunte a que ellos pueden generar tantos recursos como la minería”, opina César Padilla, Coordinador del OCMAL. El problema es que lo que ellos generan tiene una valoración económica baja y dirigida a mercados locales o nacionales poco valorados. Además, Padilla explica que la minería intensifica el conflicto por bienes comunes como el territorio, la energía y sobre todo el agua, usada en grandes cantidades por las empresas mineras, pero devuelta contaminada a las comunidades.
“La minería es una industria sedienta por el agua”, asegura Padilla. Sin embargo, la lógica que usualmente se usa para medir el aporte económico de esta actividad no toma en cuenta lo que destruye durante su operación, es decir, se priorizan las dinámicas financieras frente a la afectación de espacios naturales. Una distorsión que para el coordinador del OCMAL permite que muchos técnicos digan que la minería tiene un aporte más fuerte que las actividades de los habitantes de la zona. “La minería es una imposición. No hay comunidades que estén apostando al desarrollo de actividades extractivas para resolver sus problemas locales”, asegura Padilla. A pesar de ello, los habitantes de Intag han desarrollado alternativas en la producción de café de altura, jabones, productos de cabuya, de luffa ─planta cuyo fruto provee una fibra natural con la que se hacen productos de belleza tipo esponjas─ y el desarrollo del ecoturismo, entre otras. Más de 13 000 personas en Intag viven de la agricultura y la ganadería.
Mapa de las concesiones otorgadas y en trámite en la región de Intag. Elaboración: DECOIN.
Sin embargo, la preocupación es latente, en especial porque se dice que se utilizarán nueve fuentes de agua para las nuevas perforaciones que Enami EP y Codelco quieren realizar. “No hay quien controle a estas empresas”, dice Zorrilla. Otro tema que preocupa es el de licencias ambientales, que debería detallar el efecto de la extracción en la zona y su mitigación. “Lastimosamente son zonas muy frágiles y no ha habido una consulta previa y correcta con la gente. Deben dejar participar a la gente en el proceso como veedores”, explica Prieto. Otro punto que saca a relucir el oficial del INABIO es que poco se dice del efecto de las fases de exploración dentro de las zonas frágiles, como los bosques de Junín, poniendo en duda la protección de estas zonas que no son parte del Sistema de Áreas Protegidas (SNAP). Prieto menciona que vincular a las áreas protegidas como las únicas de extrema importancia en biodiversidad no es necesariamente el sistema más efectivo, ya que hay zonas frágiles y poco muestreadas como el caso de la cordillera occidental donde se encuentra Intag.
Hasta el momento, las comunidades han denunciado que 41 bosques protectores se han visto afectados por el proceso minero. Se identificaron también 288 especies en la zona que están en lista roja de la UICN. “Son joyas biológicas. Así sean parte o no de áreas protegidas, no deben entregarse a la industria más destructiva del planeta”, dice Zorrilla.
El Contralor del Estado, Pablo Celi, visitó el proyecto Llurimagua y junto a un equipo de auditores efectuaron un examen especial del área minera. En un comunicado, la oficina de control estatal explicó que durante la visita los funcionarios visitaron las Cascadas Gemelas de donde tomaron muestras de piedras que mostraban sedimentos. “Los técnicos señalaron que se deben determinar las causas de estos sedimentos de manera técnica. El ente de control dispuso un peritaje para resolver científicamente este tema”, explica el comunicado. Celi también se reunió con líderes y representantes de zonas aledañas en la comunidad de Junín quienes expresaron su preocupación por las actividades de exploración avanzada que allí se realizan. Pero Carlos De Otero, el titular de la empresa estatal minera que lleva el proyecto, insiste en que las comunidades aplauden la presencia de Llurimagua en la zona y que además “aplaudieron la visita de la Contraloría, ente que de alguna forma garantiza la ejecución del proyecto para que se lo lleve a buen puerto”.
Histórica resistencia en Intag
José Cueva, director de Planificación del Municipio de Cotacachi, recuerda que la resistencia de estas comunidades forzó ya la salida de dos multinacionales. “Todo empezó en la década de los 90, enfrentando a una empresa japonesa conocida como BishiMetals” luego de que la comunidad se opuso al resultado del primer estudio de impacto ambiental que contrató la compañía. “El estudio se hizo con base en la proyección de una mina pequeña pero ya se hablaba de la deforestación masiva de 4500 hectáreas”, cuenta Cueva. “Hablaban de cambio de clima local y desertificación, concentración de metales pesados en el agua como plomo y arsénico, una concentración 10 000 veces mayor a la actual”. Además, se pronosticaba una afectación a la reserva Cotacachi-Cayapas y la reubicación o desplazamiento de cuatro comunidades. Luego de este episodio, también llegó la empresa canadiense Ascendant Copper con una estrategia fuerte de separación de la comunidad y según comenta José Cueva, incluso con el ingreso de paramilitares. Con la salida de esta empresa y la aprobación del mandato minero en el 2008, “la gente estaba esperanzada”.
La lucha en Intag empezó en esa época con tan solo siete caseríos, asegura Gloria Chicaiza, de la organización Acción Ecológica. “En ese momento era un David versus Goliat”, y desde ahí se irradió una mayor oposición a través de una serie de iniciativas políticas. La activista además explica que Intag es como varias de las comunidades rurales del Ecuador, tienen un remanente de personas con valores de resistencia que se han ido tejiendo a través de los tiempos y que han persistido. “Se heredó una lucha. Javier Ramírez, el reconocido activista que fue detenido en 2014, es hijo de gente que estuvo en la resistencia”. Su madre fue parte de la resistencia desde el inicio y su padre fue asesinado debido a su fuerte oposición minera.
En cuanto a Codelco, Padilla explica que la empresa ha seguido el modelo del resto de las multinacionales: “vender” su proyecto a las comunidades y grupos de interés con un discurso de generación de empleo, minería sostenible, política de puertas abiertas, aporte a la economía nacional y local, y protección de medio ambiente. “Naturalmente esa estrategia está condenada al fracaso”, y ahí, dice el experto es cuando las empresas piden al Estado que garantice el derecho adquirido de su participación en las concesiones mineras, la inversión, y sus derechos sobre determinados yacimientos a través de concesiones. “Implica criminalización, represión, limitación de derechos para finalmente lograr que se desarrolle esta actividad que, en la mayoría de los países, está definida como de interés propio”, asegura Padilla.
Documentos muestran que la empresa chilena Codelco ha sido además investigada en su país por contaminación ambiental en algunos de los lugares donde opera y por presunta violación de derechos humanos. Tan solo en América Latina, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha registrado 250 conflictos mineros y 150 casos de criminalización de defensores de la tierra en los últimos diez años. El reporte de la organización Global Witness consideró al activismo antiminero como una de las actividades más peligrosas en términos de defensa durante 2017.
A pesar de todo, desde los bosques y ríos de Intag, los comuneros de este valle siguen luchando por proteger su territorio. “Perdemos nuestra humanidad si no lo hacemos, por eso no nos rendimos. Tenemos la ética de nuestro lado para seguir luchando”, asegura Zorrilla desde el bosque nublado.
Esta semana se definió en el Congreso la solicitud para que las aguas del segundo lago más grande de latinoamérica sean revisadas. Se cree que pueden estar contaminadas producto de la actividad minera. Activistas locales viajaron para frenar los avances de un eventual futuro proyecto minero en Chile Chico.
El 9 de junio de 2017 un derrumbe en la mina Delia II, en la región de Aysén y a cargo de la minera Cerro Bayo, terminó con la vida de dos trabajadores. Luego del acontecimiento, la empresa despidió a 235 funcionarios y suspendió sus faenas, las que todavía no son retomadas.
Por otro lado, se encuentra en periodo de prospección el proyecto Los Domos, adyacente a la reserva nacional Jenimeni, de Chile Chico. La zona es de alto interés turístico, pero con el absoluto respaldo del alcalde DC de Chile Chico, Ricardo Ibarra, es una posibilidad cierta que se instale en el sector. Esto, a pesar de las intensas manifestaciones producidas para que se contemple dentro del parque Patagonia, lo que permitiría evitar que un proyecto así se desarrolle dentro de la comuna.
A través de un inserto pagado, el alcalde publicó en el Diario Aysén un artículo en el que señala que “no hay ningún decreto presidencial que pueda cambiar la vocación minera de nuestra comuna de más de 80 años”.
Gloria Becerra es una de las principales activistas campesinas en contra de lo que ha denominado “invasión minera” en la región y en su localidad, Chile Chico. Esta semana viajó a Santiago para participar de un conversatorio en la Universidad d Chile sobre el cuidado del agua y la tierra, y para asistir a una sesión de la comisión de Medio Ambiente del Senado y exponer sobre los perjuicios que podría traer una eventual instalación minera. Según señala, “nosotros antiguamente nunca fuimos mineros. Llegó esta actividad el año 89’. Antiguamente éramos ganaderos y agricultores. En honor a esa gente, que fue la primera en trabajar la tierra y que trató de mantener nuestra cultura de una manera sana, hoy en día debemos volver. Lo que pasa es que los hijos ya no quieren ser ganaderos, porque tienen una mirada distinta. Hay que volver a encantar a los mismos jóvenes de la localidad, porque tenemos que volver a la tierra. Todo parte por ahí”.
Y esa es la principal piedra de tope de las comunidades locales. La actividad agrícola y ganadera se vería particularmente perjudicada con la llegada de una minera que atentaría contra el equilibrio y la estabilidad ambiental del sector y, sobre todo, del Lago General Carrera, que ya ha comenzado a ser contaminado por la actividad minera. “Una minera no es amigable para el medio ambiente. Se instaló una minera y lo único que tenemos son desastres ambientales. Si se instala una minera en el sector tendremos contaminación ambiental, contaminación de las aguas, más invasión minera, más desastre natural, y seguimos teniendo una pobreza social, porque las autoridades están basando el desarrollo de la localidad en las empresas. Las gigantescas empresas extractivistas no dejan la plata en las localidades y a los trabajadores los mantienen con migajas”
Uno de los principales motivos de la visita de Becerra a la zona central del país dice relación con la necesidad de que se hagan estudios sobre la contaminación del Lago General Carrera, el segundo más grande de Sudamérica.
En la ocasión se acordó oficiar al Ministerio de Minería sobre los distintos intereses, prospecciones y proyectos mineros en la zona aledaña a la actual reserva nacional Jeinimeni. La decisión se adoptó luego que el subsecretario de la cartera, Pablo Terrazas, expusiera en un mapa proyectos concretos mineros, informando que Equus Mining (empresa minera australiana) está planteando la posibilidad de adquirir las instalaciones de Cerro Bayo para avanzar en sus operaciones en el sector de “Los Domos”, en las cercanías del circuito turístico Cueva de las Manos, Valle Lunar y Piedra Clavada.
Las preocupaciones de Becerra tienen su fundamento. El agua del Lago General Carrera es la columna vertebral de una zona que basa prácticamente toda su actividad en torno a ella. “Dentro de las cosas que solicitamos, es que se haga un estudio serio de lo que son las aguas del Lago General Carrera, porque nosotros tomamos agua de ese lago. Hay que pedirles a las autoridades que no solo se beneficien de lo maravilloso que es el lago, sino que consideren a la gente que vive de eso. Hay gente que bebe el agua de ese lago, la ocupa para sus cultivos y hay que avanzar a que la autoridad también tenga esta mirada, que no contaminemos tanto”.
La solicitud para la revisión del lago fue realizada oficialmente por la senadora por Aysén, Ximena Órdenes, recogiendo el planteamiento de diversos expositores de la región que concurrieron a la cita.
En las elecciones presidenciales de 2016, Cajamarca optó por un voto antisistema. Gregorio Santos , líder del MAS, venció a Keiko Fujimori en la región que en tiempos recientes había representado un importante caudal para el fujimorismo. Ni la prisión preventiva en la que se encontraba ni la recesión económica que legó su presidencia regional mermó la preferencia por el hombre de izquierda.
Rodrigo Loyola se reunió con ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, para plantearle esta inquietud.
Este domingo 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo reveló cifras preocupantes al publicar que, entre el 1 de enero de 2018 y el 22 de agosto de este año, han sido asesinados 343 líderes y defensores de derechos humanos en el país.
Residentes del municipio de Los Cabos, están convocando para asistir al evento público que encabezará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el próximo lunes 17 de septiembre en la ciudad de La Paz, a fin de manfiestar su inconformidad contra el proyecto Los Cardones que plantea construir una mina para la extracción de oro y plata en la zona de amortiguamiento de la Sierra de la Laguna.
El Servicio Geológico de EE.UU. tiene varios años con la investigación de los recursos espaciales ya que ahora están conscientes de que los recursos naturales extienden hasta el espacio, indicó el geólogo Laszlo Kestay del centro de Astrobiología del USGS. 
Las asambleas sostienen que el ex vicegobernador Mariano Arcioni traicionó sus propuestas de campaña de rechazar la megaminería a cielo abierto. Ahora, sostienen, dio luz verde para promocionar la actividad.
En la última década Ecuador ha visto cómo se han multiplicado exponencialmente las concesiones mineras en su territorio, especialmente en la Amazonía y la cordillera del Cóndor ─una cadena montañosa entre las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con amplia biodiversidad y un alto grado de endemismo─. Esto ha venido preocupando a las comunidades que habitan en esta región pues la Amazonía ecuatoriana es hogar de un gran número de pueblos indígenas y áreas protegidas, donde casi el 84 % del territorio cuenta con algún grado de protección (los territorios indígenas abarcan el 57,45 % y las Áreas Naturales del Estado ocupan un 26,17 %).
Durante el pasado martes, dirigentas del sector campesino y turístico de Chile Chico expusieron ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado para evidenciar sus visiones y dudas sobre la creación de la Red de Parques de la Patagonia, una propuesta poresentada Bachelet que no termina por convencer en el territorio.
Veinte años después de iniciada la resistencia frente a la explotación minera en su territorio, las comunidades de Intag, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte de Quito, vuelven a unirse en contra de un proyecto que amenaza a este valle y sus zonas aledañas. Esta vez, la lucha es en contra del 
Esta semana se definió en el Congreso la solicitud para que las aguas del segundo lago más grande de latinoamérica sean revisadas. Se cree que pueden estar contaminadas producto de la actividad minera. Activistas locales viajaron para frenar los avances de un eventual futuro proyecto minero en Chile Chico.