Internacional

Minería a cielo abierto: lo que la ambición esconde

Autor: Censat Agua Viva.org / Movimientom4.org

La tranquila Ávila despertó, hace casi dos años, con la amenaza de la minería a cielo abierto. En apenas seis meses, cuatro eran los expedientes que pretendían abrir tres explotaciones de feldespato en la Sierra de Ávila, la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja. Una reducida población, muy envejecida, parecía ser el caldo de cultivo para una escasa resistencia. Algo de lo que, a todas luces, la empresa pantalla que tramitaba el expediente: Antonio y Javi S.L., se jactaba, al afirmar que sería muy fácil abrir en este territorio una mina a cielo abierto por la escasa oposición que, según ellos, se plantearía al ser sus habitantes “pocos, viejos y analfabetos”…

No contaron con que detrás de ellos había una gran masa de personas dispuesta a plantar cara a quien quisiera violar el medio de vida y el medio ambiente de los pueblos que albergaron a las generaciones que les dieron vida y hoy, aunque la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja siguen luchando por dar carpetazo a sus expedientes, la Sierra de Ávila ha conseguido que la Declaración de Impacto Ambiental tumbe su proyecto.

Sin embargo, esto tan solo es la punta del iceberg en una España en la que sobrevuelan unos 2.000 expedientes ya solicitados, según Ecologistas en Acción. Ya son varias las Comunidades Autónomas que luchan contra la minería a cielo abierto: Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia, Extremadura, Andalucía… en lo que Beatriz Pérez, antropóloga y profesora de la Universidad a Distancia (UNED), denomina como “una amenaza global. Un saqueo a los recursos naturales, que lleva produciéndose desde la última década del siglo XX”.

Si bien la reacción por parte de las diferentes provincias españolas no se ha hecho esperar, constituyendo su forma de lucha a través de plataformas ciudadanas, la población todavía no es muy consciente de los peligros que la minería a cielo abierto esconde, tras la denominada minería sostenible, algo a lo que Beatriz Pérez denomina como “una estrategia de marketing”.

América Latina sería un buen ejemplo para describir los efectos que este tipo de minería conlleva, y que podrían llegar a nuestro país. No en vano, tal y como explica la antropóloga, “es una de las regiones en la que en los últimos 20 años se ha producido una mayor explotación de minerales por parte de las multinacionales, a una gran escala, en países como México, Perú, Brasil o Colombia”, provocando conflictos que aquí, todavía, no podemos llegar a prever.

Los mayores problemas

La despoblación del territorio sería uno de los primeros parecidos entre la problemática de América Latina y España. Vaciar el lugar en el que se podría llevar a cabo la mina a cielo abierto, “ya que si no vive nadie, no se hará daño a nadie”, explica Beatriz Pérez. Esto, que en Ávila ocurriría en pequeños pueblos, con personas de avanzada edad, en Latinoamérica afecta, especialmente, a los pueblos indígenas. Territorios ancestrales que luchan por la sostenibilidad del medio ambiente porque “es quien mantiene el equilibrio de la naturaleza”, asegura Rigiberto Wilches, estudiante de comunicación del pueblo indígena colombiano Uwa.

Flexibilizar la legislación laboral y medioambiental es otra de las características. La Ley de Minas española de 1973, en plena época franquista, allana el terreno a las multinacionales mineras que quieran instalarse en territorio español. Una ley que despoja a los propietarios de los terrenos en los que se encuentre el mineral, al considerarse el mismo un bien común, y por lo tanto pertenecer al Estado los minerales que hay en el subsuelo.

Y cuando no se tienen estas leyes se hacen, tal y como ocurrió en Colombia, país en el que la mayor parte de los recursos minero energéticos están en territorio de los pueblos indígenas. En el año 2001 se aprobó un nuevo código de minas, con un Estado asesorado por la firma de abogados que en ese momento representaba a la mitad de las empresas inscritas en el registro minero nacional colombiano. Momento en el que la minería pasó a ser de interés nacional.

Óscar Montero, Consejero de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, (ONIC), reconoce que, a pesar de que el Gobierno Colombiano debe consultar, tal y como marca la ley, con la población indígena los proyectos y normas legislativas que afecten a sus territorios, no lo hizo. “El estado colombiano sigue creyendo que es dueño del territorio y del subsuelo”, reconoce Montero, en lo que denomina como “una segunda colonización de las multinacionales canadienses”, en su país.

En España, la Junta de Castilla y León aprobó, hace un año, la Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020. En ella se da todo tipo de facilidades a las multinacionales mineras para que se asienten en esta comunidad.
Pancarta antiminas.

Por otro lado, la vulnerabilidad a la que se enfrenta la población impactada por este tipo de minería es brutal. Rigiberto Wilches alude a varios factores que están haciendo mucho daño a la población indígena: una gran contaminación, un mayor número de enfermedades o la desnutrición, por poner algunos ejemplos, en un país en el que hay 102 pueblos indígenas, 36 de ellos en riesgo de extinción, que conviven con la minería a cielo abierto.

Óscar Montero relata que “en el departamento del Chocó, la parte del mundo con mayor número de biodiversidad, se explota minería ilegal de oro, con una situación muy compleja de contaminación de los ríos, al utilizarse altos índices de mercurio que afectan a la pesca y la alimentación de la comunidad alrededor de los mismos”. “Muchos pueblos están en peligro de extinción por temas respiratorios y gastrointestinales, que llevan al exterminio físico a comunidades enteras”, prosigue, “sin olvidar las malformaciones de los niños recién nacidos”. “En el caso del pueblo Wayuu, con la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, la desnutrición de sus habitantes es notable”, reconoce Montero. “Una desnutrición derivada de la falta de agua potable para el pueblo, que sí usa la mina del Cerrejón para sus necesidades y sus empleados”. “Al final la tierra acaba estéril”, apunta Wilches y “no sirve para nada, no se puede cultivar”

 

Otro tipo de violaciones de derechos humanos

Rigiberto Wilches no quiere dejar pasar por alto otro tema espinoso, el de los desplazamientos forzosos para iniciar la explotación. El comunicador del pueblo Uwa apunta a los grupos armados fuera de la ley, como los encargados de llevar a cabo las amenazas para ocupar el territorio.

Óscar Montero dice que “las empresas mineras no amenazan directamente, pero desde la ONIC tienen presente que utilizan a estos grupos para llevar a cabo este tipo de actuaciones”. El líder de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia reconoce que “esta organización ha llevado a cabo estudios en los que han comprobado que llegan los paramilitares, hacen una masacre, logran un confinamiento o un desplazamiento y, en un breve periodo de tiempo, hay una multinacional haciendo estudios previos o exploraciones”, relata, “por lo que creemos que eso obedece a una estrategia en la que hay una complicidad entre las multinacionales con grupos paramilitares, que buscan que las comunidades campesinas y rurales abandonen su territorio, para dejar el campo abierto a estas multinacionales”. Y advierte de las estrategias con las que las multinacionales cuentan para ganarse a la población: “otorgan becas, reparten dinero para acondicionar viviendas, ofrecen cursos o vinculan a miembros de la comunidad con las empresas mineras, aunque relacionados con la mano de obra barata, nunca en altos cargos”. Algunas de estas estrategias ya se están poniendo en práctica en España.

 

Ayuda y denuncia

Algunas de las personas amenazadas por defender sus territorios, de este y otro tipo de extractivismo, han recalado en el Programa de Protección Temporal de líderes, y lideresas, en Defensa de los Derechos Humanos, que hace diez años puso en marcha, en España, el Gobierno Vasco. Un programa de protección temporal del que Jesús González, miembro de la organización Mugarik Gabe, participante en la cobertura que se da a estas personas durante su estancia en el País Vasco, resalta su importancia, al ofrecerles la posibilidad de dar a conocer su situación, reunirse con otras organizaciones e instituciones o recibir talleres de la mano de organizaciones especializadas en protección, revisando algunas pautas a tener en cuenta para una mayor seguridad a su regreso. Cuando finaliza el programa, González explica que se organiza un viaje con un representante de cada fuerza política, junto con la dirección de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, CEAR y la organización que ha propuesto a la persona para formar parte del programa de protección. Durante una semana permanecen en el país, intentando hacer ver que, aunque este líder ha regresado, desde el País Vasco se lleva a cabo un seguimiento sobre la situación personal del mismo, intentando trasladar a los sectores económicos interesados en estos procesos de criminalización, que se continúa con la protección de esta persona, por lo que si le ocurre algo, inmediatamente se activaría un proceso de protestas. “Es una especie de aviso”, admite, “y de momento todos los que se han acogido a este programa están vivos”, asegura.

González ve una similitud entre lo que ocurre en América Latina y las multinacionales mineras que están llegando a España, “por todo lo que tiene que ver con destrucción del territorio o altos niveles de contaminación”, admite.

De la minería a cielo abierto destaca las características positivas para las transnacionales extractivas mineras, como su rapidez, “porque llegan a un territorio, ponen cargas de dinamita, vuelan la montaña, lo que supone volar el bosque, y en cinco o diez años han extraído todo el mineral”, “Esto abarata enormemente los costes”, subraya, “ya que ahorran un gran número de impuestos”.

La manera de actuar de estas pasa, tal y como sostiene, por “comprar terrenos, generalmente implicando a terceros, nunca de forma abierta. Cuando los mismos han sido comprados, o los dueños han sufrido presiones para vender, es el momento en el que la transnacional aparece”. “Cuando la comunidad empieza a enterarse de qué es lo que está ocurriendo, han pasado dos o tres años”, advierte. Al tiempo que recuerda que “activar la protesta no se hace de la noche a la mañana. Hay que organizar e informar y si la multinacional consiguen ralentizarla dos o tres años, cuando nos hemos dado cuenta, ha acabado con la explotación minera y se ha ido. Y el terreno queda sin restaurar”.

Denuncia que, sobre todo en América Latina, “a veces se saltan la ley y cuando la población articula procesos de protestas, viene la represión directa, utilizando a diferentes estamentos del Estado al servicio de los intereses de las transnacionales”. Considera que de ahí viene la persecución a líderes y lideresas, con acusaciones sobredimensionadas. Al tiempo que desvela que “en este momento hay decenas de personas que están encarceladas o que sufren amenazas permanentes”. “Tan solo en el mes de junio se produjo el asesinato de seis líderes en Guatemala, en Colombia ocurre lo mismo y desde el 1 de enero de 2016 se han llevado a cabo más de 300 asesinatos de líderes en Colombia”, remarca.

González admite que no es capaz de asegurar que en España no podría llegarse a este tipo de situaciones, si tenemos en cuenta “que en nuestro país ya se están llevando a cabo procesos de criminalización en contra de la libertad de expresión en el mundo de la cultura. Se están dando casos de procesos de instalación de dominio absoluto de neoliberalismo que, entre otras cosas, trae parejo toda una serie de recortes en derechos políticos, sociales y civiles”, por lo que, en su opinión, “no podemos decir que los procesos de criminalización que hoy afectan al mundo del espectáculo, no afecten a otros mundos como el que tiene que ver con la protesta social contra las empresas mineras”, puntualiza.

 

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/mineria-a-cielo-abierto-lo-que-la-ambicion-esconde/

Chile

Chile: el drama de los pescadores de Ventanas

Autor: Michelle Carrere, Mongabay.
Conflicto Relacionado: Ventanas-Codelco-Puchuncaví
  • “Será que nos vieron como el basurero, como el patio trasero… yo no sé cómo nos vio el Estado.”
  • Nadie quiere comer mariscos de la caleta de Ventanas, “el Chernobyl chileno.”

Cuando Carlos Vega vio que la carne de las ostras japonesas era blanca, se sorprendió. El sólo las conocía medias verdosas. Fue ahí que entendió que los mariscos que cosechaba y vendía estaban contaminados.

Ofrecía las ostras en la playa. En la misma bahía en la que las cultivaba: Ventanas, comuna de Puchuncaví, en la zona central de Chile. ¡Crudas con limón!, ¡ricas las ostras! Carlos, y sus compañeros de pesca, daban de degustar y vendían los mariscos a sus exclusivos clientes. Turistas adinerados, asiduos a este pequeño pueblo de pescadores, organizado en torno a una bahía, donde las olas rompen calmas, como si no se tratara del furioso Pacífico que suele azotar el litoral de Chile.

Era 1996 cuando los pescadores inauguraron su flamante cultivo de ostras y 2000 cuando el Servicio Nacional de Salud lo clausuró, luego de un episodio masivo de intoxicación. Contaminadas por metales pesados, fue la sentencia del Servicio Nacional de Salud y el estigma cayó sobre Ventanas.

La inversión millonaria de materiales, trabajo y tiempo invertido por los pescadores y la ONG alemana que los patrocinó se perdió de golpe. “Fue la primera vez que los pescadores nos dimos cuenta de lo que estaba pasando”, cuenta Carlos con la mirada perdida hacia el parque industrial, instalado a orillas del mar: cuatro termoeléctricas a carbón, de AES Gener SA; una fundición y refinería de cobre, de Codelco Ventanas S.A; una refinería de petróleo, de la estatal ENAP; una comercializadora y distribuidora de productos químicos, con su terminal marítimo correspondiente, de Oxiquim S.A; una cementera, de Cementos Melón S.A; cinco estanques de almacenamiento de gas natural licuado, de GASMAR S.A; un puerto granelero, de Puerto Ventanas S.A; un terminal marítimo de gas licuado, de GNL; una planta de almacenamiento de combustibles con su terminal marítimo, de COPEC; otro terminal de almacenamiento y distribución de petróleo y derivados, de CORDEX.

Todo eso, más los acopios de escorias sobrantes de la fundición de cobre, acumulados a orillas de la carretera sobre lo que fue un humedal, es el panorama actual de Ventanas. Zona declarada saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado en 1994 y que, desde hace dos semanas, protagoniza el último de sus escándalos ambientales: 408 personas, entre niños y adultos, intoxicadas por gases provenientes de las emanaciones del parque industrial. El episodio de vómitos y desmayos masivos ocurrió el pasado 21 de agosto. 15 días después, otro centenar de personas, número aún no definido por las autoridades, llegaron al hospital por las mismas razones.

Nadie recuerda que alguna vez esto fue un balneario y que, en la caleta de pescadores, los botes llegaban por las mañanas con pescados, lapas, ostiones, machas… Ahí, las abuelas de Carlos compraban sus productos para abastecer El Pacífico y La Estrella. Dos de los restaurantes que abundaban en la bahía y que hoy no son más que un montón de ruinas. Las grandes y ricas casas de veraneo también fueron olvidadas por sus dueños, quienes arrancaron en busca de aguas limpias y un panorama menos parecido a una película futurista del fin del mundo.

Los años dorados

 

Carlos no era más que un veinteañero cuando comenzó a trabajar en la fundición de cobre que se había instalado en su pueblo, en 1964. Era auxiliar de horno, de esos donde el cobre se derrite hasta quedar un líquido rojo dorado. También manejaba el carro que trasladaba la escoria hacia el lugar que se había definido para su depósito y que aún sigue siendo el mismo. En sus horas libres, buceaba. Había aprendido el oficio de su padre que era buzo escafandra, con esos trajes pesados, como de astronautas, que hoy son piezas de museo.

Carlos se había casado con una mujer nortina, de la cultura minera del desierto de Chile y vivían en un pequeño cuarto, con baño de hoyo. El salario no alcanzaba para mucho más, pero las ganancias del buceo le habían permitido comprarse una radio y un televisor. Cuando Carlos entendió que ganaría más dinero en la pesca, renunció a la empresa y se fue a bucear. El mar era generoso en esos años de la década de los 80. Erizos, lapas, almejas y pescados sacaban los hombres; y los bancos de machas tan grandes “que pensábamos, ignorantes, que nunca se acabarían”. Al poco tiempo, Carlos reunió el suficiente dinero para comprarse un equipo de buceo, ya no como el de su padre, sino de los modernos, y un bote. Ahora era microempresario, alquiló una casa con baño y el negocio iba cada vez mejor. Otros invirtieron también. Salvador Ureta, más conocido como Colocolo, también compró botes y equipos de buceo, se transformó en empresario y daba trabajo a otros compañeros. Los barcos salían a la playa cada vez más llenos de machas, hasta que los bancos, que parecían inagotables, un día se acabaron.

Carlos y unos pocos otros compañeros eran los únicos que habían completado los estudios en la escuela. Los hombres mayores de la caleta habían decidido que los más letrados, debían ser los dirigentes del sindicato que en 1987 decidieron crear. Carlos, como secretario, y Eugenio Silva, como presidente, organizaron entonces la caleta. “Habíamos entendido que existía lo que hoy llamamos sobrepesca” y por intuición, sin más estudios que lo aprendido bajo el agua, se autoimpusieron cuotas de extracción para que la poblaciones de machas se pudieran recuperar. También construyeron un área de manejo para cultivar y cosechar recursos, locos principalmente, de manera sustentable.

Además, como recurso alternativo, decidieron sembrar pelillo en una nueva área de cultivo. Justo en la bahía, frente a la empresas que ya por esos años habían aumentado, pero que eran ignoradas por los pescadores, concentrados en sus proyectos pesqueros. “Nosotros estábamos enfocados en nuestro negocio. No nos preocupábamos por lo que hicieran o dejaran de hacer las empresas. No sospechábamos nada de lo que ocurriría”, recuerda Carlos en la caminata que nos lleva hacia el desaguadero de aguas servidas que cae, directo al mar, sin tratamiento alguno.

El pelillo, un alga conocida también como el oro negro, crece abundante en los mares del sur del país. Con el respaldo de la Universidad Católica de Valparaíso habían hecho los estudios y comprobado que todas las condiciones estaban dadas para poder reproducirlo. Sin embargo, el pelillo no se afirmó al fondo marino y el proyecto no funcionó. “Después supimos que los metales pesados que habían en el fondo funcionaban como alguicidas y que por eso perdimos el alga. Cuando eso pasó, como éramos testarudos, decidimos sembrar en la columna de agua ostras japonesas, choritos y ostiones”.

Era 1996 y con el apoyo de una ONG alemana consiguieron los recursos para instalar las líneas de cultivo, con las boyas, las linternas y las semillas. Los pescadores pusieron el trabajo: las horas de buceo, de mantención y los gastos de operación -como el combustible de los botes. Los mariscos comenzaron a crecer, así como el negocio y también los piures que se adosaron, solos, a las líneas de cultivo. A los cuatro años, los pescadores producían unas 5.500 ostras. El mercado era aún pequeño, pero el proyecto era escalable y la mira estaba puesta en producir un millón de unidades. Esa era la apuesta de la inversión que comenzaba a dar frutos. La ostra japonesa era el producto estrella.

Un día Carlos fue a Horcón, una caleta de pescadores ubicada a pocos kilómetros más al norte. Allá sus colegas también cosechaban ostras japonesas y cuando las vio se quedó sorprendido. “El color no era el mismo que las que teníamos nosotros. La nuestras era más verdosas”.

Los años negros

 

En 2000 el Servicio Nacional de Salud cayó sobre las ostras japonesas verdes y los demás recursos del cultivo con la prohibición absoluta de comercializarlos. La razón: contaminados con metales pesados y coliformes fecales.

“Fue una época oscura, muy triste”, dice Carlos y casi se le quiebra la voz. El trabajo duro de años y la inversión quedaron reducidos a nada. “Todavía teníamos el área de manejo ¡pero quién nos iba a comprar! Fue la miseria más grande”. El negocio con la empresa conservera que compraba las lapas, también contaminadas, se acabó. Los turistas salieron espantados a colonizar nuevas bahías donde vacacionar. Sin público, los restaurantes cerraron y sin trabajo, los pescadores se emplearon en las empresas. Muchos emigraron. Carlos armó su maleta ese mismo año, se despidió de su mujer y de sus tres hijos y se fue al sur.

En Puerto Montt, una comuna al sur de Chile, a más de mil kilómetros de Ventanas y poco más de 12 horas de viaje por carretera, Carlos comenzó a trabajar como buzo para una empresa salmonera. Durante 10 años trabajó 24 días por seis de descanso y los últimos seis años, 20 días por ocho de descanso. En cada pausa, Carlos subía a un bus para regresar a Ventanas, donde había quedado su familia, y luego regresaba una vez más a Puerto Montt. “Fue así hasta que mis hijos terminaron los estudios. Todos profesionales” dice y se le infla el pecho.

Sentado frente a un televisor, Carlos miraba, desde la impotencia de la distancia, la furia de sus compañeros cuando en mayo del 2014 bombardearon con jaibas a la empresa Codelco e incendiaron los botes gritando que ¡hasta cuando!

Una investigación realizada por la organización de conservación marina Oceana y el laboratorio GCL de Fundación Chile, había realizado muestreos en almejas, lapas, locos y jaibas. El 100% de las especies estaban contaminadas con cobre, arsénico y cadmio. Los índices más altos estaban en los locos del área de manejo de los pescadores de Ventanas con cinco veces más cobre y cuatro veces más arsénico que lo que permite la normativa chilena. Además de y 5 veces más cadmio que lo que permite la norma europea. Las jaibas también tenían cuatro veces más cobre y arsénico que lo que se permite en Chile y mucho más de lo que dictan las normas internacionales.

Pero de nada sirvió la indignación de los pescadores. Cuatro meses después de las protestas, 38.700 litros de petróleo fueron vertidos al mar, según un informe de la Gobernación Marítima, luego de que se rompiera una conexión entre uno de los buques y el terminal de puerto. Un segundo derrame ocurrió en agosto de 2015, mientras otro buque reponía combustible. Cerca de 500 litros cayeron entonces al mar y en 2016, otro desastre se sumaba a la lista cuando una nave filtró aceite decantado (slurry oil) por el desprendimiento de un tubo de acero revestido. Los tres accidentes ambientales fueron responsabilidad de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Casi un año después del derrame ocurrido en 2014, el Instituto de Fomento Pesquero comenzó a realizar una investigación sobre los impactos del accidente en los recursos marinos. La conclusión fue que “en general, no se encuentró evidencia que las poblaciones locales de las especies principales de las áreas de manejo hayan sido afectadas de manera directa por algún evento de perturbación ambiental específico como el derrame de petróleo”.

Organizaciones ambientales denunciaron que la metodología del estudio presentaba graves irregularidades partiendo por el casi un año de desfase con el que se había realizado. Sin embargo, las denuncias no lograron cambiar lo que el papel decía ni tampoco se iniciaron nuevos estudios.

Tras 16 años de exilio, como le gusta a Carlos llamar a esa etapa de su vida, volvió a Ventanas a intentar, junto a los demás pescadores, revivir el área de manejo. Un pedazo de mar que intenta sobrevivir a pesar de todo. Hoy, es el presidente del sindicato.

El regreso y los años, hoy

 

El loco es el marisco que los pescadores cultivan, preferentemente, en ese espacio. “Un lugar sagrado” lo define Carlos, donde también han destinado un área para una reserva no extractiva, con la que buscan impulsar la biodiversidad del área de manejo. Lo combinan con huiros, algas marinas que arrancan con chuzos en un trabajo difícil y agotador, y con la pesca de merluza aunque es escasa y ahora, durante el mes de septiembre, está en veda.

El resto de los ingresos viene de los 30 mil pesos –unos 43$USD- que AES Gener y Puerto Ventanas paga a los pescadores, por día de trabajo, para que recojan con palas el carbón que el mar arroja sobre la arena. “Un incentivo para que reclamemos menos” dice uno de los pescadores recolectores, que prefiere no decir su nombre “porque mi hijo trabaja en la empresa”.

Carlos nunca ha querido recoger el carbón. Es “como una cosa de orgullo” dice. Prefiere hacer otros trabajos, también pagados por la empresa, como recoger las algas del estero Campiche y limpiar el borde costero. También trabaja como buzo comercial reparando barcos y muelles. Pero el pescador que no ha querido decir su nombre no tiene opción. La pesca de huiros no vale el sacrificio del trabajo pesado y ha decidido no salir por un tiempo. 60.000 pesos por 500 kilos de alga, 87$USD, repartidos entre cuatro personas en una jornada entera de trabajo. Eso, sin contar el costo del combustible, unos 12.000 pesos menos.

El 21 de agosto pasado, los habitantes de las comunas Quintero y Puchuncaví, empezaron a llegar, entre vómitos y desmayos, al hospital. Los primeros en llegar fueron 50 niños y dos adultos de tres colegios que fueron evacuados rápidamente. A finales de esa semana, fueron un total de 408 personas intoxicadas, según la Dirección Regional en Valparaíso de la Oficina Nacional de Emergencia. La causa: niveles por sobre la norma de 120 gases detectados en el aire, por los monitoreos realizados por el Ministerio de Medio Ambiente. Entre ellos, el Meticloroformo, un líquido volátil prohibido, desde 2015, en Chile y en otros países del mundo.

El 4 de septiembre, un segundo episodio de intoxicación afectó a otras 100 personas. Dos días más tarde, las autoridades ambientales entregaron su veredicto tras la investigación puesta en marcha para encontrar a los responsables: “Esta Superintendencia ha llegado a la siguiente determinación: formular cargos a la empresa ENAP Refinerías S.A., (…) por la utilización del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente”. La empresa rechazó las acusaciones y anunció que recurrirá a “todas las acciones legales y derechos que le corresponden para demostrar que no tiene vinculación alguna con los hechos que se le imputan”.

Mientras tanto, la venta de locos se ha detenido una vez más. Nadie quiere comer mariscos de la caleta de Ventanas, “el Chernobyl chileno” como la llaman. Ni siquiera la empresa que compra los huiros quiso llevarse la última cosecha. Y todo ese día de trabajo está ahí tirado sobre la arena. Los pescadores pasan de la rabia a la resignación de vivir en una versión grisácea de lo que alguna vez fue el pueblo que los vio crecer. “Será que nos vieron como el basurero, como el patio trasero… yo no sé cómo nos vio el Estado” dice Carlos y se acalora. Luego dice, como siempre que eso le pasa y sube el tono de su voz, “mi padre murió con rabia profunda hacia estas empresas… ni te imaginas lo que decía contra estos canallas. Esa rabia, cuando murió, me la pasó a mi”.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/09/oceanos-chile-pescadores-y-contaminacion-de-industrias/

Perú

La cada vez más importante presencia de la inversión china en la minería peruana

En las últimas décadas la minería ha pasado por diferentes momentos: expansión de la actividad por todo el planeta; súper ciclo de precios y ganancias extraordinarias para las empresas; etapas de descensos de las cotizaciones y el consiguiente menor dinamismo; fusiones de empresas; cambios en la geografía de la inversión y también en los mercados que reciben la producción de minerales; nuevos actores protagónicos, etc.

América Latina ha sido un territorio priorizado en el que se ha visto y se siguen viendo todas estas tendencias: a comienzos de la década del 90 del siglo pasado, la región apenas recibía el 10% de la inversión minera a nivel global; sin embargo desde finales de esa misma década América Latina se convirtió en el principal destino de las inversiones. En la actualidad esta región recibe el 30% de todo lo que se invierte en minería en el planeta.

Pero como se ha señalado los actores han ido cambiando. Por ejemplo, en los 90 y todavía en los primeros años de del siglo XXI, las inversiones en la región estaban lideradas por empresas canadienses, australianas, estadounidenses y de Europa. Sin embargo, en los últimos años esta situación ha cambiado drásticamente con la presencia de empresas chinas que han logrado paulatinamente un gran protagonismo en América Latina, sobre todo en los sectores extractivos.

Ya a mediados de la primera década del presente siglo, América Latina se convirtió en el segundo destino más importante para las inversiones extranjeras directas (IDE) chinas: 60% de las IDE chinas se concentraban en Asia, 16% en América Latina, 7% en Norteamérica, 7% en África, 6% en Europa y 4% en Oceanía. Las últimas cifras muestran que América Latina se ha consolidado como el segundo destino de las IDE chinas con una participación del 14% del total y China es el principal socio comercial de varios países de la región (Brasil, Perú, Argentina, entre otros). Los últimos datos de cómo se distribuye la IDE china en la región coinciden con el de las prioridades comerciales.

El Perú es un buen ejemplo de todas estas tendencias. China se ha convertido en el inversionista minero que muestra mayor dinamismo, controlando en la actualidad alrededor del 20% de la cartera de proyectos mineros, al mismo tiempo que es el principal destino de exportación de productos metálicos.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

 

La llegada de las empresas mineras chinas al Perú ha sido por etapas. La primera empresa minera de ese país que llegó al Perú fue Shougang en 1992. Shougang adquirió la empresa pública de Hierro Perú (en la localidad de Marcona, Ica), como parte del proceso de privatización y retiro del Estado peruano de la producción minera.

Un segundo momento de expansión de la inversión china en minería se comenzó a dar en la primera década del presente siglo con la adquisición de varios proyectos en fase de exploración, al mismo tiempo que comenzaba a desarrollar nuevas operaciones: proyectos como Galeno en Cajamarca, Río Blanco en Piura y Toromocho son algunos ejemplos de este segundo momento.

Finalmente un tercer momento, el de consolidación del protagonismo chino en la minería peruana  se comenzó a definir el año 2014, cuando la empresa Minmetals (MMG) adquirió a la suiza Glencore el megaproyecto Las Bambas. Glencore había absorbido a la también suiza Xstrata y para confirmar la operación necesitaba el visto bueno de tres de las economías más importantes a nivel mundial: Estados Unidos, Unión Europea y China. China fue la más reticente a dar el visto bueno, bajo el argumento que con esta operación Glencore tendría un control casi monopólico de la producción de cobre a nivel mundial.

El gobierno chino le puso como condición que se desprenda de uno de sus proyectos de cobre más importantes a nivel mundial y finalmente se tomó la decisión que sea Las Bambas. La operación se concretó a cambio de US$ 5,850 millones y de esta manera la propiedad de Las Bambas pasó a un joint venture integrado por los consorcios MMG (62.5%), Guoxin ((22.5%) y Citic ((15%), quienes decidieron elegir a MMG como operador de Las Bambas.  Con  estos hechos quedó confirmado el rol estelar que China había alcanzado en la economía global, consolidándose  además como actor protagónico en la minería peruana. Dicho sea de paso, en menos de una década la capitalización de la china MMG había pasado de US$2 mil millones a US$ 20 mil millones.

El otro tema importante a subrayar tiene relación con el desempeño social y ambiental de las empresas mineras chinas en el Perú y cómo se contrastan los discursos y las prácticas: como ha ocurrido en los últimos años, los conflictos sociales vinculados a la minería han aumentado en número e intensidad en el Perú y varios de estos conflictos han involucrado a empresas chinas, como Zijing, Chinalco, MMG Las Bambas y por supuesto Shougang.

Por lo tanto, cualquier proceso de intervención en zonas de influencia de la actividad minera, con un enfoque de derechos, deberá tomar en cuenta la performance, evolución y las prácticas  de las empresas chinas. Y si como se ha anunciado públicamente, en el país se pretende construir una visión de la minería hacia el 2030, esa proyección deberá tomar en cuenta el comportamiento de los principales inversionistas mineros, entre ellos las empresas chinas, al mismo tiempo que se apunta a la mejora sostenida de los estándares sociales y ambientales y a la protección efectiva de los derechos de las poblaciones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-cada-vez-mas-importante-presencia-de-la-inversion-china-en-la-mineria-peruana/

Mexico

¿Cumplir los Acuerdos de San Andrés?

Autor: Gilberto López y Rivas , La Jornada.
Se ha convertido en lugar común en el discurso de la clase política, cuando de pueblos originarios se trata, repetir como conjuro mágico: ¡Se cumplirán los Acuerdos de San Andrés! Si en verdad éste fuera uno de los objetivos del próximo gobierno, ¿qué significaría semejante paso, más allá de la retórica que omite contextos históricos y realidades estructurales, o se limita a formalismos jurídicos intrascendentes?

Precisamente, en el plano legislativo, tendrían que ser derogadas las reformas constitucionales que han permitido la recolonización de los territorios de los pueblos originarios, concebidos como los espacios geográfico-simbólicos de su reproducción como entidades socio-étnicas colectivas, empezando, obviamente, por la reforma salinista al artículo 27 constitucional, que fue una de las causas de la rebelión de los mayas zapatistas de 1994, que autorizó la privatización de tierras ejidales.

Esto obligaría a derogar, asimismo, varias leyes derivadas de las reformas estructurales, en particular, la devastadora ley minera, que, en su artículo 6, otorga carácter preferente a la exploración y explotación mineras, sobre cualquier otro uso de la tierra, sin mencionar las que han permitido la privatización del agua y la desregularización ambiental, entre otras.

Igualmente, el artículo segundo constitucional, mal hechura de la traición de todos los partidos políticos y de los tres poderes de la Unión, tendría que ser relaborado en su totalidad, dado que la reforma constitucional realizada en abril de 2001 contiene impedimentos jurídicos que van contra el espíritu y la letra de los Acuerdos de San Andrés: a todo derecho reconocido o concedido se le coloca una nota precautoria que acota, limita e imposibilita la aplicación plena de las leyes y el ejercicio efectivo de esos derechos, al referirlos injustificadamente a otros artículos de la propia Constitución, o a leyes secundarias que han sido los instrumentos legales del saqueo neoliberal.

Asimismo, en la sección B del actual articulo segundo, se instituyen programas asistenciales y clientelares, que expresan una contradicción con la esencia de las autonomías formalmente reconocidas en la sección A del artículo, ya que condenan nuevamente al pueblo originario a un papel pasivo de la acción decisiva del Estado; niegan a las comunidades el estatus de entidades de derecho público y, por el contrario, las definen como de interés público, o entes tutelados de la política estatal; desconocen los alcances de las autonomías en los ámbitos municipales y regionales en que los pueblos indígenas los hagan valer, establecidos en San Andrés y, con ello, la posibilidad de su reconstitución. Esta reforma remite a leyes locales el reconocimiento de los pueblos indígenas y las características de la autonomía, lo cual no es favorable, dada la correlación de fuerzas en esos ámbitos y la existencia de poderosos cacicazgos en las etno-regiones, y, ahora, el impacto brutal del crimen organizado como brazo armado clandestino del Estado trasnacional.

Específicamente, la reforma de 2001 violentó los Acuerdos de San Andrés y se convirtió en una virtual contrarreforma al establecer lo siguiente: a).- sustituir las nociones de tierra y territorios por lugares, que desterritorializa a los pueblos indígenas, les sustrae de su base material de reproducción, y constituye incluso un retroceso con respecto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; b).- cambiar el concepto de pueblos por comunidades, trastocando el sujeto de la ley reconocido en San Andrés y en el propio Convenio 169, y limitando las competencias locales y regionales de estas entidades jurídico-políticas; c).- introducir fuera del acuerdo entre las partes del conflicto armado, el EZLN y el gobierno federal, la contrarreforma neoliberal al artículo 27 constitucional; d).- limitar la posibilidad de que los pueblos indígenas desarrollen y fortalezcan sus propios medios de comunicación, que durante estos años han sufrido un constante ataque por parte del Estado; y e).- no especificar el derecho a la consulta previa, libre, informada y, sobre todo, con carácter vinculatorio.

En suma, la reforma constitucional en materia de derechos indígenas de 2001 no fue satisfactoria para las organizaciones originarias independientes del Estado, así que los pueblos emprendieron el camino de construcción de la autonomía por la vía de los hechos, la autonomía de facto, siendo el caso paradigmático el de los mayas-zapatistas en Chiapas, agrupados en el EZLN, inmersos en un proceso autonómico de alcances históricos en el ámbito planetario.

Quedan aparte las continuidades neo-desarrollistas anunciadas por AMLO, que, de profundizarse, serían antitéticas al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Estos siguen constituyendo la plataforma programática para los procesos autonómicos y un referente necesario para la lucha de resistencia contra el capitalismo.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/cumplir-los-acuerdos-de-san-andres/

Argentina

Mestelán pide informe urgente ante «graves irregularidades en explotación minera»

Autor: El diario Nuevo Día

Una inspección de la Secretaría de Minería detectó derrame de cianuro “superior a lo informado por la empresa”, entre otras irregularidades, en un emprendimiento ubicado cerca de Perito Moreno y Bajo Caracoles, el año pasado. El proyecto lo lleva adelante Patagonia Gold S.A. junto a Fomicruz.

Necesitamos saber si se realizaron todas las acciones que se debían realizar ante un caso de esta magnitud”, explicó la diputada de Encuentro Ciudadano, Gabriela Mestelán, tras tomar conocimiento de un informe oficial que detectó serias irregularidades en uno de los emprendimientos mineros del noroeste provincial. “En el acta oficial figuran más de diez ítems con observaciones críticas”, observó.

Es por ello que la legisladora presentará este jueves en Cámara de Diputados un proyecto solicitando “al Poder Ejecutivo Provincial informe, a través de la Secretaría de Minería de la Provincia, las acciones realizadas por la empresa Patagonia Gold S.A. para subsanar las graves irregularidades reseñadas en el acta de Inspección que esa secretaría realizó el 31 de octubre de 2017 en el Emprendimiento Minero CAP OESTE (Proyecto El Tranquilo) de propiedad de la citada compañía.”

El pedido contiene seis puntos, aunque tres de ellos sobresalen por su relevancia. Busca conocer “de qué manera fue remediada el área afectada por derrame de cianuro que se constató fue superior a lo informado por la empresa inspeccionada”; “en detalle la situación de las distintas áreas del yacimiento en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo y si la empresa cumple de manera eficiente con el plan de manejo de los residuos peligrosos en cada una de ellas”; y la “situación del campamento de trabajadores (condiciones de mantenimiento, salud e higiene, horarios, entre otros”.

En su presentación, la diputada de Encuentro Ciudadano solicita al Ejecutivo que “eleve a esta Legislatura los informes pertinentes con carácter de urgente atento a la gravedad de las anomalías detectadas y detalle cuáles fueron las sanciones que se aplicaron a la empresa”.

En los Fundamentos que acompañan el pedido, se recuerda que Patagonia Gold S.A. “está en una asociación estratégica con nuestra empresa Fomicruz S.E para explorar y explotar metales preciosos en el macizo del Deseado, con una participación del 10%”.

Fuente:https://www.eldiarionuevodia.com.ar/local/politica/2018/9/10/mestelan-pide-informe-urgente-ante-graves-irregularidades-en-explotacion-minera-67795.html

Costa Rica

Geólogos aseguran que ministro de Ambiente minimiza daño ambiental de minería ilegal

Autor: Redacción El Mundo.cr
Conflicto Relacionado: Crucitas

El Colegio de Geólogos asegura que Carlos Manuel Rodríguez, actual ministro de Ambiente minimiza el daño ambiental ocasionado por la minería ilegal en las Crucitas, en lo que consideran un evidente afán por aplacar cualquier solicitud de reconsideración sobre el tema de la minería formal en Costa Rica.

Rodríguez afirmó que el impacto ambiental en Crucitas ha sido leve, sin embargo, el Colegio asegura que el ministro no tiene datos ni mediciones para realizar esas aseveraciones.

Otra situación preocupante para el Colegio es que el jerarca del Minae presume la ausencia de contaminación de las aguas con mercurio sin conocer bien el área invadida e impactada por los oreros y sin tener en sus manos datos de análisis de laboratorio.

“Mientras que por otra parte trata de maximizar el daño que podría haber generado la minería formal, repitiendo las afirmaciones de los pseudo ambientalistas anti desarrollo minero y confirmando así que el cierre del proyecto fue motivado por ideologías extremistas y no técnicas”, agregan.

El ministro indicó que las excavaciones de los coligalleros son de extensión limitada y que no profundizan más de dos metros, sin embargo, geólogos que han visitado la zona han presentado evidencia de que el daño ambiental ya no se limita a la finca de Vivoyet, sino que se extiende a otras propiedades que están siendo igualmente expoliadas, pues los coligalleros continúan explorando y explotando nuevos depósitos en la zona.

Así mismo, se tiene evidencia de la excavación de túneles de decenas de metros de longitud y de profundidad, y conforme las excavaciones se profundizan y, sumado a la ausencia de criterio técnico-científico y a la inexistencia de planes de manejo, la generación de aguas ácidas en el sitio es solo cuestión de tiempo., aseguran los geólogos.

Los geólogos aseguran que los coligalleros de Crucitas están usando mercurio ya que el uso de cianuro requiere de inversión en una planta de molienda y procesamiento. Sin control técnico ambiental ni de seguridad ocupacional el mercurio es altamente peligroso, pues provoca daños en los ecosistemas y en el ser humano.

Marlene Salazar, presidenta del Colegio de Geólogos de Costa Rica afirmó que “es imposible tener un punto de comparación entre el impacto ambiental controlado y el técnicamente responsable que realizan las empresas mineras formales, con el desastre ambiental que realizan los coligalleros. La minería ilegal genera impactos descontrolados sin que exista ningún responsable sobre el daño ambiental, además de generar enormes pasivos ambientales que al final deben ser recuperados utilizando los impuestos de todos los ciudadanos”.

“El señor ministro evade su responsabilidad al decir que el daño ambiental en Crucitas se recuperará solo y en cuestión de pocos años. Al parecer, no tiene claro sobre la responsabilidad de los pasivos ambientales”, agregó.

A través del Colegio, el gremio se manifiesta muy preocupado y piden la atención del presidente Carlos Alvarado, pues afirman que las declaraciones del ministro son sumamente peligrosas y desafortunadas, sobre todo en momentos en que Costa Rica enfrenta un reclamo en cortes internacionales por parte de la empresa Industrias Infinito por un monto entre 94 y 321 millones de dólares.

“Con sus declaraciones, el ministro prácticamente le está dando la razón a la empresa canadiense en el sentido de que el daño ambiental por la cual le cancelaron las concesiones mineras era fácilmente recuperable. Esto nos parece una irresponsabilidad enorme por parte del señor Rodríguez. Además, considerando la evidente crisis fiscal y de desempleo nacional, es altamente cuestionable que el ministro no se deje asesorar por miembros de este Colegio, algunos sus propios asesores, y otros quienes han estudiado y trabajado directamente durante décadas en la minería moderna para lograr generar recursos y empleos con un importante valor multiplicador”, agregó la presidenta.

Para concluir el Colegio de Geólogos de Costa Rica, asumiendo su responsabilidad técnica, exige seriedad en este tema por parte de las autoridades de gobierno ya que el daño ambiental en Crucitas, producto de la minería ilegal es enorme y debe ser detenido, medido y reparado, por lo que también pide que los responsables que facilitan este desquicio en sus opiniones den la cara ante la ciudadanía.

Fuente:https://www.elmundo.cr/geologos-aseguran-que-ministro-de-ambiente-minimiza-dano-ambiental-de-mineria-ilegal/

Chile

Funcionarios de Sernageomin apuntan a directivos por irregularidades en fiscalización a mineras

Autor: Redacción El Ciudadano.cl

Una auditoría efectuada por la Contraloría al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Antofagasta, determinó una serie de graves irregularidades ocurridas entre 2016 y 2017, en el rol que el organismo estatal debió cumplir como fiscalizador de la gran industria minera del norte, a firmas como Antofagasta Minerals, SQM, Codelco, BHP y Rockwood.

De acuerdo a un reporte de radio Bío Bío, en este caso han aparecido evidentes conflictos de interés que prohíbe el estatuto administrativo; 500 medidas correctivas ordenadas por la autoridad que no han sido cumplidas por las mineras; atrasos en aplicar sanciones y cobro de multas, e irregularidades en las actas de inspección. Todas, fallas detectadas por las cuales Contraloría ordenó el inicio de un sumario para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Los “errores” incluso van más allá, ya que se constataron problemas en actas de fiscalización, tales como inconsistencias y diferencias entre las registradas en el sistema respecto de los documentos físicos, “todo lo cual hace vulnerable el sistema y lo expone a la manipulación y al uso indebido de la información”, como se lee en el informe.

Por ello, añade la nota de la emisora, este lunes, cinco días después de la publicación, la Asociación de Funcionarios del Sernageomin, Afuser, emitió un comunicado dirigido a sus asociados, un texto de ocho puntos donde la asociación manifiesta su completo rechazo a la actual administración del servicio, afirmando que su posición ya fue planteada al ministro de Minería, Baldo Prokurica, en marzo de este año.

“Se le informó de una serie de situaciones que vienen ocurriendo desde un tiempo a la fecha en esta repartición publica, que incluso llevó a los funcionarios a manifestar su rechazo en sendas movilizaciones a nivel nacional durante los meses de junio y Julio”, precisaron los funcionarios.

“Luego del reportaje realizado por Radio Bío Bío (…) para esta asociación todo lo ocurrido son el resultado de una serie de problemas administrativos y de gestión que nacen de una paupérrima Dirección del servicio, que son la herencia de la antigua administración y que al día de hoy aún sigue vigente en la institución”, añade la declaración.

En esa línea, anunciaron que la asociación “no permitirá que se quieran endosar responsabilidad a funcionarios que han mantenido siempre su trabajo y labor al día, que incluso han aportado y entregado la información necesaria para que esta investigación se haya podido llevar a cabo, y que lamentablemente se ha caído en la omisión de aclarar los supuestos conflictos de interés de los mismos, ya que gran parte de esta información el Sernageomin la tenía en conocimiento y que sabían los cursos de acción y medidas correctivas que se estaban implementando”, puntualizaron.

“Todo lo anterior, nos genera una profunda desilusión y molestia, que la Dirección Nacional teniendo todos los antecedentes sobre la materia y a sabiendas que el reportaje estaba en desarrollo no haya hecho uso de su derecho a réplica en el momento de su emisión o anteriormente contestando las consultas de este medio de prensa”, finalizaron los funcionarios del organismo estatal.

 

Fuente:https://www.elciudadano.cl/chile/funcionarios-de-sernageomin-apuntan-a-directivos-por-irregularidades-en-fiscalizacion-a-mineras/09/10/
Mexico

Si se decreta Área Protegida litorales de BCS, minería submarina sería inviable

Autor: Redacción BCS Noticias.mx
Conflicto Relacionado: Los Cardones-Baja California-Vista Gold

Los Cabos,  (BCS). Luego de reunirse con representantes del sector pesquero del territorio sudcaliforniano, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Pacchiano Alamán, sostuvo que de aprobarse el Área Natural Protegida (ANP) en los litorales de Baja California Sur, quedarían inhabilitados los proyectos de minería submarina.

“Lo que se busca es que esta Área Natural Protegida también blinde a la zona de proyectos mineros acuáticos”, declaró el funcionario federal, ante los medios de comunicación.

En relación a lo anterior, explicó que la mina Don Diego fue un proyecto que negó Semarnat hace tiempo, sin embargo, ahor está por emitir un nuevo resolutivo, haciendo cumplimiento a una sentencia judicial.

De aprobarse, se estima que en el área marina, al igual que se aplicó en el mar caribe, la industria hotelera podrá seguir construyendo la infraestructura necesaria, siempre y cuando se cumpla con la normativa ambiental que se aplica para este tipo de obras.

“Estamos trabajando para poder avanzar y tener un decreto antes de que se termine la administración; para que sea un ANP que funcione, que no solamente esté protegida en papel, sino en la realidad”, añadió Pacchiano Alamán.

En cuanto al proceso que se realiza sobre esta área natural protegida, el titular de Semarnat federal, sostuvo que se están puliendo los últimos detalles del estudio previo justificativo y, una vez que se publique, se pondrá a consulta pública.

Finalmente, en relación al proyecto minero Los Cardones en la Sierra La Laguna, aclaró que tiene una Manifestación de Impacto Ambiental vigente y, como cualquier otro proyecto, se está evaluando en la delegación de Semarnat, para ver si cumple o no con la normativa.

Fuente:http://www.bcsnoticias.mx/si-se-decreta-area-protegida-litorales-de-bcs-mineria-submarina-seria-inviable-semarnat/

Argentina

El color del dinero La fiebre del litio, de Jujuy a Catamarca

Autor: Silvia Naishtat , El Clarín.com

A juzgar por la pampa húmeda y Vaca Muerta es fácil arriesgar que estamos bendecidos por la naturaleza. Últimamente aparece otro hallazgo: el litio, que aquí brota de un lago de salmuera. Sólo hay otro parecido en el mundo y es el lago de Zhabuye en la lejana China.

La Puna se ha convertido así en sinónimo de litio y ese mineral une, al menos en la Argentina, un amplio territorio que va desde Jujuy a Catamarca.

El litio se extrae en otros lugares del mundo de una roca, pero en la Puna emerge de la laguna y la distancia entre ambas procedencias se mide en miles dólares. Es mucho más económico el que se encuentra en esta región y es lo que desató la fiebre del litio que se vive también en los vecinos Chile y Bolivia.

Argentina cuenta con ventaja ya que el litio es de alta concentración y con pocas impurezas. Eso es provocado por el ingreso de manantiales hidrotermales que agregan litio al salar y al reservorio de salmuera.

Este mineral no sólo sirve para las baterías de los celulares y de los autos eléctricos. Acaban de descubrir un nuevo uso y es el de las baterías gigantescas que sirven de resguardo para que ciudades como Santiago de Chile no se queden sin luz en tiempos de sequía o de precios de petróleo por las nubes. Chile lo está poniendo en práctica.

Claro que no todas son rosas en esta producción. “El litio no es siempre un buen litio y viene muchas veces muy mezclado con otras sales”, dice Mario De Pablos, director de Neo Lithium a cargo del proyecto Tres Quebradas en Catamarca a 4.500 metros de altura para el que inversores canadienses aportaron US$ 70 millones y ya tienen listos otros US$ 500 millones para el inicio de la explotación. De Pablos asegura que se trata del sexto proyecto de mayor ley de litio a nivel mundial. La mina tiene recursos para 20 años.

En esa región de Catamarca, a 30 kilómetros de la frontera con Chile, están instalando una planta piloto en el salar y un campamento que incluye laboratorios. Trazaron caminos y generan su propia energía. Y desarrollaron proveedores locales para el catering, transporte, el mantenimiento, la construcción y la enfermería. Lo más importante: obtuvieron el permiso ambiental. En parte, por la tecnología de evaporación solar del carbonato de litio. Al mineral lo trasladan a Fiambalá y de allí al puerto de Rosario a 460 kilómetros, para la exportación.

En la Argentina , además de los inversores canadienses, hay otros jugadores en el negocio del litio como FMC de Estados Unidos, Sales de Jujuy y Soquimich de Chile.

De alguna manera, el litio llega como un salvavidas para una minería que ingresó en la etapa de declinación porque los minerales se están agotando. Hay algunas minas que son una verdadera montaña mágica, como Minera Aguilar en Jujuy. Pero la Lumbrera en Catamarca, Cerro Vanguardia y Guacamayo tienen los años contados. Otras se encuentran en plena producción como Veladero en San Juan.

La actividad tuvo un gran impulso en los 90 y conserva por ley una estabilidad tributaria garantizada durante 30 años, al margen de que puedan colocarle retenciones.

De acuerdo con la consultora Abeceb, entre enero y mayo de este año las ventas externas de las mineras aumentaron un 16,9% y sumaron US$ 1.765 millones. China está comprando más y es el principal cliente. En 2017 las exportaciones totalizaron US$ 4.200 millones.

La novedad es que el litio empieza a pisar fuerte en los embarques. Su participación en 2018 aumentó 2,1% y el oro 0,9%, mientras se redujeron los concentrados de cobre y la plata. Se prevé que este año las exportaciones alcancen US$ 4.400 millones. El sector ocupa a 82 mil personas.

Fuente:https://www.clarin.com/economia/economia/fiebre-litio-jujuy-catamarca_0_BJsUmUkum.html

Ecuador

Las playas de Ecuador, el otro blanco de la minería

Autor: Mongabay.com

En algunas playas de Ecuador la arena ya no solo se combina con el mar, sino que también lo hace con retroexcavadoras y volquetas. El país tiene cinco provincias con salida al océano Pacífico: Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Guayas y El Oro. En todas, menos en Santa Elena y El Oro, se explora o se ha iniciado la minería metálica.

De acuerdo con el mapa catastral de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), existen ocho concesiones de extracción metálica en zonas de playa donde se busca principalmente oro, hierro y titanio. De ellas, la que más conflictos y noticias han generado son El Ostional Bloque 1 ─que según el mapa de Arcom extrae sílice─ y El Mirador ─que explota hierro y titanio─, inscritas desde 2002 y 2014, respectivamente. Ambas concesiones mineras se encuentran en el sector Playa Negra de Mompiche, provincia de Esmeraldas, en el norte del país.

Lo que hace atractivas estas playas es su componente metálico, sus arenas ferrosas que hacen referencia a la ilmenita, un sólido rocoso compuesto por hierro y titanio. La mayor o menor concentración de este y otros minerales dependerá de tres factores, de acuerdo con una investigación de 2014 de la Escuela Politécnica Nacional: los ríos que desembocan en la costa, la erosión causada por las olas y el cruce de corrientes sobre antiguas plataformas fluviales.

Tras años de polémica, tanto al Ostional Bloque 1 como a El Mirador les suspendieron sus permisos en 2017. La resolución del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) fue diferente para ambos casos: a El Ostional lo suspendió temporalmente “basados en la prohibición de las labores extractivas de recursos en áreas protegidas”; mientras que en El Mirador, sin dejar claros los motivos, “se encuentra en la actualidad, prohibida las actividades de extracción”.  Esa es la versión oficial que le brindó el MAE a Mongabay Latam.

Meses después del cierre de esas operaciones, la comunidad y organizaciones como Acción Ecológica se movilizaron. La fundación presentó una denuncia ante el Ministerio en noviembre pasado y organizó un plantón en Quito. Del otro lado, Santiago Moreno, un operador turístico de la zona, recuerda que en octubre también presentaron “ante el Ministerio de Minas una acción para la caducidad y revocatoria de las concesiones”. El pedido fue aceptado, se reconocieron las firmas, pero para Moreno el proceso legal “avanza muy lento”.

Mongabay Latam le solicitó información al Ministerio de Minería del Ecuador sobre las observaciones que en un inicio se hicieron en el lugar para aceptar la explotación y las que vinieron después para retirarlas, así como también sobre la posibilidad de que estas concesionarias reiniciaran sus actividades. Sin embargo, más de un mes después, no se ha obtenido respuesta por parte de la entidad.

A pesar de que en teoría las suspensiones siguen vigentes, Fabián Herrera, quien tiene su empresa de camiones de carga establecida en Ibarra y es dueño de la concesión minera del proyecto El Mirador, asegura lo contrario: “lo extraño de esto es que hace poco voy a Arcom para que me den un certificado de que estoy suspendido y me dijeron que no estoy suspendido, que puedo seguir trabajando”. Asegura que quedó sorprendido y cree que esto ha sido una “burla” a su negocio. Según dice, no piensa retomarlo hasta que las autoridades le den las garantías necesarias.

Herrera no puede precisar el valor que tuvo que cancelar por su concesión El Mirador, pero asegura que conseguir la licencia ambiental le llevó un año en “burocracia” porque tuvo que “tocar puertas”. Afirma que fueron muchos informes e inspecciones realizados para que ahora decidan por “presiones de un grupo de turistas extranjeros”, suspender la concesión.

Situaciones como la anterior son las que le generan desconfianza a Santiago Moreno sobre las suspensiones declaradas de manera no definitiva: “Sabemos que los concesionarios aún mantienen personal que les ayudan dentro de las instituciones, aunque sea para dilatar el proceso”, resalta el propietario de una iniciativa turística, que divide su tiempo entre Quito y Esmeraldas.

En el centro, como protagonista de estas resoluciones que no terminan de encajar ni de un lado ni del otro, está la problemática ambiental que tomó fuerza en el 2012. En ese año nació la recolección de firmas realizada en Change.org para detener la extracción de hierro y titanio de las dos concesionarias. “Estos proyectos de extracción cuentan con ‘amigos’ en los gobiernos locales y por eso de forma impune pretenden acabar con nuestros recursos naturales”, dice parte del texto titulado Salvemos a Playa Negra ¡NO más extracción de arena!

¿Cuál es el interés en estos metales? De acuerdo con la experiencia de Herrera lo vital es el óxido ferroso, un componente que le otorga dureza al cemento. Adicionalmente, el hierro va dirigido a carros, tubos, postes y maquinarias; mientras que el titanio ya procesado suele utilizarse para implantes dentales, materiales quirúrgicos, material de blindaje, carrocerías ligeras, submarinos, turbinas de aviones y hasta cohetes.

Proyectos rodeados de áreas protegidas y sensibles

Hay otra gran concesión que preocupa en Mompiche. La Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M es una entidad binacional que domina el área. Fue fundada en 2010 por los presidentes Rafael Correa (Ecuador) y Hugo Chávez (Venezuela) y desde el 2011 se encuentra en exploración para la extracción de oro, que es como está declarado en el mapa de Arcom, a pesar de que en su página web se lee que extrae hierro y titanio.

Solo para este proyecto binacional están destinadas 4032 hectáreas distribuidas entre las parroquias San Gregorio, Bolívar y Muisne, limitando al norte y oeste con el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne. Paradójicamente, esta área protegida es rica en minerales por lo que son grandes los intereses mineros a su alrededor, que a su podrían generar presiones sobre ella, o en ella, como indican algunos expertos.

“La formación de depósitos de arenas ferrosas se suelen dar en áreas protegidas, en zona de manglar, en zonas turísticas”, explica Rosa Eras, analista de la Subsecretaría Zonal del Ministerio de Minería. Por eso no es raro que, además de la mina binacional, en esa misma zona se concentren cuatro concesiones adicionales de minería artesanal y que tres estén en trámite de autorización.

Esa preocupación por la convivencia entre ecosistema y concesiones también se expone en el peritaje desarrollado por la organización Acción Ecológica sobre el impacto de la extracción de arenas ferrosas por parte de las concesiones Ostional Bloque 1 y El Mirador. El documento establece que la actividad minera se encuentra fuera del polígono otorgado por la Arcom y que afecta la protección y regulación de los ecosistemas. Según el estudio, Playa Negra de Mompiche “está en la zona de amortiguamiento de la Reserva Marina Galera-San Francisco” (al norte de las concesiones mineras), por lo que justifican la urgente detención de toda actividad extractiva en el área.

Sobre la situación actual de Playa Negra de Mompiche, el MAE le manifestó a Mongabay Latam que se está analizando la factibilidad de ampliar el Refugio de Vida Silvestre Manglares Estuario Río Muisne sobre la zona afectada por minería, el cual además se ubica al sur de la Reserva Marina Galera-San Francisco. Consideración que se debate desde noviembre pasado y que a opinión de Fabián Herrera, como titular de minería artesanal en el proyecto El Mirador, es solo “una jugarreta para parar las concesiones”.

El ‘boom’ de la arena ferrosa

 

El auge de los negocios enfocados en la arena ferrosa inició sigilosamente en 2008. En ese año, por ejemplo, se intentó explotar hierro, titanio y vanadio en Cojimiés (Manabí). La empresa Fierroinca S. A., creada en 2006 y disuelta en 2013 ─según la Superintendencia de Compañías de Ecuador─, tenía la concesión en sociedad con la compañía australiana South American Iron and Steel Corporation Limited (SAIS). En el 2010 Fierroinca volvió a manifestar su interés en extraer hierro de Ecuador, aunque esta vez aprovechando el dragado de ríos, sobre todo los que llegan a los puertos de Esmeraldas y Guayaquil, ubicados al norte y sur del país.

Desde el 2012 se han presentado quejas sobre la extracción de hierro y titanio en Playa Negra, al norte de Ecuador. Foto: Comuna de Mompiche.

Así como crecieron las ofertas para explotación minera también se sumaron nuevas denuncias: en 2010, habitantes de Puerto Cayo, Manabí, denunciaron extracción irregular en la zona;  en el 2013, una carta publicada en el diario El Comercio alertó sobre el mismo tipo de minería en Don Juan, una playa de la misma provincia. “Volquetas y maquinaria pesada están desde esta semana excavando y transportando arena negra de la playa, perjudicando enormemente el ambiente y los negocios turísticos de la zona”, decía el denunciante anónimo.

Sin embargo, estos proyectos que causaron intranquilidad, incluido el de Cojimíes, desaparecieron ya ni siquiera aparecen en el Mapa Catastral Minero de Arcom. Lo que sí hay en Manabí son dos concesiones de minería artesanal en los cantones Pedernales y Jama que buscan oro al borde de los balnearios. Lo mismo ocurre en la provincia de Esmeraldas, como ya se ha mencionado a lo largo de este artículo, eso sí, en una proporción mucho mayor. Ahí los permisos mineros están en los sectores de La Tola, Tonchigüe y Mompiche.

De estos, el que menos ha prosperado es el de La Tola. La maquinaria se detuvo por falta del recurso esperado. “La concentración de hierro en la magnetita —piedra cristalizada— tiene que ser entre el 85 % al 90 %”, dice Marcia Pinanjota, ingeniera de Minas, quien hizo un diseño de explotación de esta área como tesis de grado. A pesar de que en un inicio La Tola fue explorada por la empresa australiana SAIS, la concesión fue entregada a la Empresa Nacional de Minería, ENAMI EP, entidad creada por decreto ejecutivo del Gobierno en 2010.

Como ya se ha dicho el hierro y el titanio son ‘imanes’ para este tipo de empresas, al ser recursos valiosos que se han dejado ‘reposar’ largo tiempo en Playa Negra. El Banco Mundial señala que la tonelada métrica seca de hierro equivale a 66,1 dólares, es decir, que en seis toneladas habrá un salario básico ecuatoriano. Según el Banco Central del Ecuador (BCE) esto ha representado, entre 2013 y julio de 2017, la entrada de 713,12 millones de dólares al país.

En cuanto al valor del titanio, no hay mucha información. Sin embargo el portal MetalMiner  permite tener una referencia pues calcula que la tonelada de titanio cuesta 56 085.5 en Estados Unidos. Esto significa que es 848 veces más caro que el hierro.

Marcia Pinanjota es consciente del alto costo de minerales como el titanio, pero también de los altos riesgos de explotarlo. Aclara que no se trata solo de sacar la arena y dejar un hoyo en la playa, sino que “el 70 % de todo ese material va a regresar, porque solo se sacan los minerales preciados: hierro y titanio”.

Por su parte, Fernando Félix, biólogo marino y fundador del museo de las Ballenas, explica los efectos nocivos de esta minería en la playa: “más que afectar la composición del suelo, la extracción de arena ocasionará erosión en la línea de costa, poniendo en riesgo infraestructuras como casas, edificios y carreteras que estén cerca de la playa”.

Las consideraciones de Félix van en la misma línea del estudio de la organización Acción Ecológica.

Esta fundación pudo constatar que la extracción afecta a alrededor de 1500 personas que viven en comunidades aledañas, sin contar que la playa es visitada para surfear y para la práctica de otros deportes acuáticos. Se calculó la existencia de 40 locales gastronómicos, 6 bares y 45 alojamientos y, según sus análisis, el comercio turístico se encuentra en crecimiento.

El mar, la pesca y la biodiversidad

 

Pero este no es el único sector que sufriría daños si la minería sobre arenas ferrosas continúa con su expansión. De acuerdo con una investigación del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) en 2014, se plantea “lo perjudicial para las pescas tradicionales y comerciales ante la destrucción de la fauna de los fondos acuáticos”.

Cuatro años después del informe de la UNEP, los pescadores de la zona experimentaron esa realidad. Wellington Angulo, es uno de ellos y vive a un kilómetro de Playa Negra en Mompiche. Él fue testigo de cómo la maquinaria en la playa ahuyentó a los peces de la zona porque “el mar se volvió bravo” durante la extracción. Mientras el ingreso económico de las mineras crecía, el de los pescadores bajaba.

“La marea entonces empezó a sacar arena de un lado para rellenar en la otra área”, explica Angulo al referirse al intento del mar por equilibrar la cantidad de arena dentro del ecosistema. Aquella anormalidad es descrita por el estudio de la UNEP como uno de los efectos de la minería de arena, considerando que tras la explotación pueden darse cambios en los flujos del agua y corrientes marinas.

La afectación en la marea, aunque no es de lo más tangible en esta sucesión de problemas y reclamos, no es algo que deba ser ignorado. Su cambio se suma a otras consecuencias que Acción Ecológica menciona en su informe, donde deduce que la remoción de arena reduce el hábitat de la tortuga Carey y una variedad de cangrejo negro.

El biólogo marino Fernando Félix concuerda con esto y presenta diferentes ejemplos de especies costeras afectadas por la minería en arena. En primer lugar, dice, está la destrucción del hábitat de los cangrejos que viven dentro de la arena y “procesan la materia orgánica que queda en la superficie, incluyendo la proveniente de basura y animales muertos”. Las aves playeras también se ven perjudicadas pues se reduce su espacio de alimentación. Finalmente, hay riesgo para los nidos de las tortugas marinas que se encuentran en la parte superior, “pues si no hay la pendiente natural no podrán llegar a poner los huevos en la parte alta de la playa”.

De hecho, el MAE le aseguró a Monagabay Latam que “las actividades realizadas por las concesiones mineras sin duda han ocasionado cambios en el ambiente”. Y, aunque insisten en que por eso se han suspendido las operaciones de las mineras en Playa Negra de Mompiche, sus propios informes de inspección, elaborados por técnicos de la Dirección Provincial de Esmeraldas, “no han determinado la anidación de tortugas, por tal razón, no se puede corroborar dicha información”. Lo único que sí se pudo confirmar con estas inspecciones fue el hallazgo de piezas arqueológicas en el sitio.

Aunque se hayan suspendido algunas concesiones para minería en arena y otras estén en la mira de las autoridades ambientales, lo más probable es que cada vez aparezcan más conflictos entre comunidades, medio ambiente e industria extractiva en Ecuador, pues la apuesta del país por diferentes formas de minería es conocida. Por ejemplo, la fecha clave para la minería metálica es 2016, antes de ese año el área de explotación era de 790 000 hectáreas, equivalentes al 3 % del territorio ecuatoriano, después las concesiones se multiplicaron hasta cubrir 3 693 000 hectáreas, lo que se traduce en el 13,19 % de la superficie, según un estudio realizado por el Rainforest Information Centre en enero de 2018.

Los periodos de explotación que contempla la misma Ley de Minería le dan larga vida a esta actividad una vez se otorga la licencia, pues alcanzan un plazo de hasta 25 años con opción de renovación. En el caso de Mompiche los tiempos son extensos, aunque por ahora están en el limbo: 260 meses para el Ostional Bloque 2, 300 meses para la Gran Nacional Minera Mariscal Sucre o hasta 360 meses en el caso de la Ostional Bloque 1. Cada uno de estos proyectos se encuentra en diferentes fases: ya sea en exploración, explotación o suspendida, sin embargo, cuentan con los permisos en regla para extraer, de acuerdo con el ARCOM. Dentro de esos plazos las maquinarias seguirán conquistando la arena y lo más probable es que la playa espere por nuevas exploraciones.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/09/mineria-en-playas-de-ecuador-areas-protegidas/.