Internacional

La propuesta del Gobierno da sólo 110 días de vida a la minería

Autor: La Voz de Asturias.es

El Gobierno da sólo 110 días de vida a la minería. La propuesta que el Gobierno Estatal presentará esta mañana en la Mesa del Carbón a los agentes sociales y a la patronal mantiene el 31 de diciembre como fecha de cierre de las minas que hayan recibido ayudas para tal fin por ser no competitivas sin tener las empresas que las hayan recibido más opción de futuro que la devolución de las mismas. El borrador del documento titulado ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, al que ha tenido acceso La Voz de Asturias, deja claro en las tres primeras líneas de la introducción que «este Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas sociales excepcionales necesarias para una transición justa de los trabajadores de la minería del carbón y las comarcas mineras a partir del 31 de diciembre de 2018» aludiendo, seguidamente, al marco normativo de la Decisión 2010/787 de la Unión Europea, con la que no plantea ninguna negociación para dar continuidad al sector. Así, el documento contempla prejubilaciones, indemnizaciones y bajas voluntarias para los trabajadores; propone un plan para la transición energética de la empresa estatal Hunosa; y cita en un anexo las unidades de producción de la minería privada que tienen plan de cierre derivado de esa Decisión 787 y que de forma «irrevocable, insiste, debe concluir el 31 de diciembre de 2018».

Los planteamientos del borrador del Acuerdo los hace el Gobierno asumiendo el «alto nivel de dependencia económica de la industria minera del carbón» que aún tienen las áreas en las que se localiza la producción de carbón en Asturias, Aragón y Castilla y León, por lo que señala que para que se produzca una transición justa, resulta «urgente y esencial» paliar la repercusión «que el inminente cierre de las minas no competitivas puede provocar en dichas zonas mineras.

Para «abordar el impacto social y regional que conllevan esos procesos de cierre» concreta el documento que se diseñará «un Plan de Acción Urgente» para llevar a cabo esa transición justa entre los años 2018 y 2021, el cual se consensuará con las comunidades autónomas, las entidades locales y los actores sociales. Éste propondrá, entre otras actuaciones, un Plan para la Transición Energética de la empresa estatal Hunosa; un plan para la restauración de explotaciones en las comarcas mineras; un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética; o el lanzamiento de estos territorios en la Plataforma Europea de Regiones Mineras para que éstos tengan acceso a los fondos que se establezcan para las regiones mineras en transición. Con el Plan Urgente se buscará promover una economía alternativa en las zonas y favorecer su impulso económico, «teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo en las mismas».

Entre los objetivos que fija el borrador está también el de atenuar «el impacto que produce la pérdida de puestos de trabajo y las repercusiones» que tiene el cierre de las minas de carbón en las economías regionales. Por ello, contempla como «imprescindible extender el alcance de las medidas sociales» previstas para los trabajadores, «de modo que el mayor número de trabajadores de las plantillas propias de las empresas de la minería privada del carbón puedan tener acceso a prestaciones económicas e indemnizaciones ajenas al sistema legal como consecuencia de la pérdida de su puesto de trabajo».

Bajas voluntarias y prejubilaciones

En la propuesta del Gobierno se establecen dos tipos de ayudas destinadas a la plantilla de unidades de producción de carbón que cierren: ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario y ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada o prejubilaciones.

Las primeras están dirigidas «a los trabajadores del sector que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones», de forma que se produzca «una salida no traumática». Podrán acogerse aquellos trabajadores cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018, dentro del plazo máximo de los 36 meses siguientes a dicha fecha siempre y cuando lleven tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para ellos el importe de la indemnización será la suma de una cantidad fija común de 10.000 euros más una cantidad variable calculada individualmente, correspondiente a 35 días de salario por año trabajado con un límite de 30 mensualidades. La cuantía de la indemnización se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado que acrediten dicha circunstancia.

Las segundas prestaciones que propone el Gobierno en el «Acuerdo de Medidas Excepcionales para una Transición Justa de la Minería del Carbón» serían destinadas específicamente «a trabajadores de edad equivalente avanzada», con lo que se podrán acoger a estas ayudas quienes tengan 50 o más años de edad equivalente, con la aplicación del coeficiente reductor que corresponda, con una antigüedad en la empresa de al menos tres años y nueve cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. Para acceder a estas prestaciones, la extinción de su contrato habrá de producirse con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.

Este es el Acuerdo que hoy presentará el Ministerio de Transición Ecológica en la Mesa del Carbón a los sindicatos y a la patronal, aunque en el mismo documento se apostilla que «la vigencia efectiva del mismo está condicionada a su aprobación por parte de la Comisión Europea».

Fuente:https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2018/09/13/propuesta-gobierno-da-solo-110-dias-vida-mineria/00031536815179539303814.htm

 

Perú

Más del 70% de conflictos en la macro región central son socio ambientales asociados a la minería

Autor: La República.pe
Conflicto Relacionado: Cerro de Pasco- Volcán-Lima

En el l informe desarrollado por la Defensoría del Pueblo, se precisa que el 66.1% de conflictos socio ambientales son causados por la actividad de la minería, seguida del 13.4% a causa de los hidrocarburos y 9% por la energía.

En el caso de la macro región central, Ayacucho encabeza la lista con 11 conflictos de los cuales 10 son socio ambiental, 6 de ellos latentes y 4 activos. A esta le sigue la región Junín con 6 conflictos, 2 latentes y 4 activos. Asimismo, Pasco presenta 5 conflictos socio ambientales, 4 de ellos activo y 1 latente. Finalmente, Huánuco con 4 conflictos divididos equitativamente entre 2 latentes y 2 activos.

En general en todo el país los conflictos socio ambientales equivalen al 64.1%.  Las regiones en las que se registra mayor incidencia son en la sierra y selva, donde hay presencia de actividad minera, sea legal e ilegal.

A diferencia del año anterior la presencia de conflictos socio ambientales en la magro región centro ha crecido en un porcentaje de 8%, equivalente a 3 conflictos más que en el año pasado. Para agosto del 2017 la Defensoría registró a nivel nacional 121 conflictos socio ambientales, pero este año la cantidad se incrementó a 127 casos.

A pesar de este incremento existen regiones como Ayacucho y Pasco donde aún no se ha establecido dialogo entre la población y las empresas o entidades con la que se genera el conflicto lo cual puede generar que se activen y se conviertan en movilizaciones.

 

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1316717-70-conflictos-macro-region-central-son-socio-ambientales-asociados-mineria

El Salvador

Cinco factores clave para prohibir la minería en El Salvador

Autor: Radio Progreso

Luego de una larga lucha en la que participaron comunidades, universidades, iglesias, organizaciones comunitarias y ambientalistas, el 29 de marzo de 2017 el Congreso de El Salvador, aprobó la “Ley de Prohibición de la Minería Metálica”, que prohíbe la exploración, extracción y el procesamiento de minerales en su territorio.

En medio del modelo económico que privilegia las políticas en Centroamérica, la Ley de Minería en El Salvador se convierte en un rayo de esperanza para las comunidades que luchan en contra de proyectos extractivos.

Lucha

Aunque la lucha que llevó a la prohibición comenzó entre el 2004 y 2005, todo el movimiento anti-minería en esa nación tiene sus orígenes a inicios del siglo XX, en el año 1960, cuando varios sectores del país paralizaron los trabajos de extracción minera que se daba en aquella época. Sin embargo, en el 2001, el expresidente Francisco Flores, dio permisos de exploración a la compañía Pacific Rim, que posteriormente fue comprada por Ocean Gold.

Para Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas(UCA), es un acontecimiento histórico para toda la región. Lo inédito de El Salvador, es que se logró prohibir la minería en todas sus modalidades (cielo abierto, subterránea, industrial, artesanal), también en todas sus fases (exploración, explotación, procesamiento).

Claves

 A criterio de Serrano, fueron cinco las claves que permitieron prohibir la minería en El Salvador. La primera está en la oposición a la actividad. Es decir, el argumento más importante para oponerse, fue la constatación empírica y científica de que la minería de hoy sigue siendo tan dañina como la de antes. Además de comprobar que no es factor de desarrollo económico para los países, y que no es factor de mejorar el nivel de vida de la población.

Explica que desmontaron la campaña de “minería verde o minería responsable”, impulsada por las empresas extractivas, que buscaban hacer creer a la población que la minería no tenía impacto negativo en la población. Esa campaña fue gradualmente desmontada con estudios de percepción, impacto en la salud y económica de la población, realizados por diversas universidades.

La segunda clave, según Serrano, fue la conciencia y organización de la población. “Sin la validación social es difícil ganar una lucha con esas características. El mayor mérito lo tienen las organizaciones y comunidades afectadas, sobre todo en Chalatenango y Cabañas.

Desde la UCA, en el 2007 se realizó un sondeo de opinión entre la población de los 23 municipios afectados por la minería. En esa encuesta el 62.5% consideró que el país no era apropiado para la minería, y el 67.6% dijo que los proyectos mineros contribuirán poco o nada con el desarrollo económico. La encuesta se realizó nuevamente en el 2015, y el 79% dijo que el país no era apropiado para la minería, 76% que los proyectos mineros no generaban desarrollo, y el 77% dijo que el Estado debía prohibirlo”.

Serrano dice que los datos de la encuesta, no solo reforzaron la lucha, sino también el litigio internacional.

Una tercera clave fue la conjunción y articulación de diversos actores. La iglesia fue la primera en sacar un comunicado contra la minería en el 2007. Fue fundamental la participación del arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas. Las organizaciones, iglesias evangélicas y sociedad civil, también fueron importantes, además de los actores internacionales.

La situación medioambiental en El Salvador es crítica, con respecto a los demás países centroamericanos.  Es el segundo país más deteriorado ambientalmente del continente. De los 356 ríos que posee, el 90% no tiene agua para consumo humano, y el 10% restante tiene que ser potabilizado con métodos convencionales.

En el 2009, la empresa Pacific Rim, entabló una demanda internacional contra el Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), y en octubre del 2016 falló a favor del Estado Salvadoreño. En ese momento, el Fiscal General dijo que era momento de legislar en materia de minería y fue allí donde las organizaciones aprovecharon para presentar la propuesta de ley.

El último punto, pero no menos importante, es el tema de las inversiones. Serrano, asegura que los intereses en juego, en su mayoría no eran de capital nacional, sino transnacional.  Y eso hizo posible que diputados de todos los partidos políticos votaran a favor de la nueva ley.

El académico considera importante que las organizaciones y la población de Centroamérica busquen articular esfuerzos para hacer frente común contra los proyectos extractivos.

Nuevas Luchas

 Ahora mismo en El Salvador se libra una batalla contra la privatización y el reconocimiento del derecho humano al agua. La gran empresa privada argumenta que no quiere privatizar, sin embargo, quieren ser ellos quienes administren el servicio.

El próximo 27 de septiembre realizarán una movilización que será encabezada por miembros de diferentes iglesias. Se aprovechará para presentar más de 100 mil firmas con las que se exigirá a los diputados la aprobación de una Ley de Aguas, que favorezca a toda la población de El Salvador, y no a una pequeña clase económicamente poderosa.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/cinco-factores-clave-para-prohibir-la-mineria-en-el-salvador/

Honduras, Sin categoría

Iglesia Católica de Tocoa respalda lucha contra la minería

Autor: Salvador Monroy para Pasos de Animal Grande

Un total respaldo ofreció la Iglesia Católica a través de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, a los pobladores de las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, quienes protestan por la sedimentación en los ríos San Pedro, Guapinol, Cuaca, Tocoa y Taujica, contaminados por la empresa minera Los Pinares.

Decenas de pobladores y pobladoras establecieron un campamento de pacífica contra la minería y en defensa del agua y la vida en la región. Fue instalado desde hace más de 40 días frente a las instalaciones de la Empresa Minera Los Pinares, la cual ha destruido dos ríos en el sector de Guapinol, según denunciaron pobladores y defensores de derechos humanos que participan de la protesta. El 07 de septiembre de este año guardias de dicha empresa llegaron a atacar a la gente, según denunciaron organizaciones de derechos humanos de la zona.

Iglesia respalda lucha

A través de un comunicado los líderes católicos dieron a conocer su posición sobre el conflicto.

La empresa minera ha iniciado una campaña de desprestigio y señalamientos en contra de Juan López, un dirigente que lucha incansablemente por conservar los recursos naturales y en defensa del Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía, que pretende explotar la compañía Los Pinares con seis proyectos mineros.

Comunicado público de la Iglesia Católica ante el conflicto por la defensa del agua y la vida

La Iglesia Católica de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, ante el conflicto por la defensa del agua y la vida; ante la campaña mediática impulsada por la empresa minera Inversiones Los Pinares y los señalamientos, acusaciones e incriminaciones a líderes y organizaciones miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, nos pronunciamos de la siguiente manera:

1. Las personas deben ser respetadas en todos los derechos que son inherentes a su dignidad humana: El derecho al agua, al ambiente habitable, a la salud, a la educación, a la seguridad física, moral y alimentaria, a la vivienda y al territorio. Estos derechos son fundamentales para el desarrollo sostenible que hace posible la paz.

2. Que la población en el Municipio de Tocoa está en alto riesgo por seis proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía que suman tres mil quinientas hectáreas de territorio, ya tienen en grave peligro a las comunidades del sector San Pedro y Guapinol, por la sedimentación en los ríos San Pedro, Guapinol, corriendo la misma suerte los ríos Cuaca, Tocoa y Taujica.

3. Rechazamos los señalamientos y criminalizaciones directas de la empresa minera Inversiones Los Pinares, junto a algunos líderes de Ceibita y de San José García a fines a la minería, hacia la persona de Juan López, representante de la Iglesia Católica de la parroquia de Tocoa y coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.

El hermano Juan López es miembro activo de la Iglesia Católica, reconocido por su integridad ética, moral, política, social y religiosa. Por tanto expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la labor de Juan López como coordinador del Comité y se respete la integridad física y moral de todas las personas que participan en las manifestaciones pacíficas en defensa del agua y la vida.

Igualmente lamentamos y rechazamos las acusaciones y señalamientos hacia la Fundación San Alonso Rodríguez, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), comunidades y sectores miembros del Comité. Ratificamos nuestra decisión en la defensa de la “casa común” a través del Comité Municipal de defensa de los Bienes Comunes y Públicos, expresión organizativa y democrática del pueblo.

4. Desde nuestra fe la Iglesia defiende la justicia y la vida; y en el espíritu del Evangelio no estamos de acuerdo con el quebrantamiento de derechos fundamentales como el agua y el ambiente habitable en nombre del desarrollo. Expresamos cristianamente nuestro rechazo a estos proyectos extractivos que han provocado la indignación de las comunidades desde el movimiento social en defensa de sus derechos Constitucionales.

5. Al gobierno Municipal de Tocoa y al Gobierno central les recordamos su obligación de escuchar y atender el pueblo al cual se deben y ser coherentes con sus obligaciones ante esta situación que está exigiendo justicia.

6. Retomando el último comunicado de la Diócesis de Trujillo (26/08/18) exigimos la cancelación de todos los proyectos extractivos del municipio de Tocoa “y, con la plena participación de toda la ciudadanía, se construya un proyecto de desarrollo integral en el cual la ecología y el ambiente estén en la base de dicho desarrollo”.

7. Llamamos a las Comunidades Eclesiales de Base, áreas pastorales y movimientos con sus agentes de pastoral y pueblo católico en general, así como las diversas iglesias cristianas y organizaciones comunitarias, a unirse a la lucha pacífica exigiendo espacios de participación ciudadana que lleven a solucionar de raíz el conflicto.

Igualmente profundizar en la formación y organización sólidas a través de asambleas informativas y formativas desde los comités locales de defensa de los bienes comunes y públicos. Proceso de formación y organización desde la fe que necesariamente lleva a la justicia social. Como señala nuestro Obispo Luis Solé: “Si vamos a defender el Bien Común no podemos hacerlo dejando de lado nuestra FE. Y es desde nuestra FE que queremos “hacernos cargo de la realidad”, “cargar con ella” y “encargarnos de ella”.

Qué la Palabra de Jesús sea alentadora en estos momentos: “Felices ustedes si los hombres los odian, los insultan y los consideran delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo” (Lc 6,22-23).

Parroquia San Isidro Labrador, Tocoa, Colón, 12 de septiembre, 2018.

Fuente:http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2278-iglesia-catolica-de-tocoa-respalda-lucha-por-el-agua-y-la-vida

Colombia

Consultas populares no pueden vetar proyectos mineros ni energéticos: ponencia

Autor: Juan David Laverde Palma , El Espectador.

Proyecto de fallo del alto tribunal expresa que tales movimientos ciudadanos no pueden desconocer la propiedad del subsuelo y de los recursos naturales de todos los colombianos, en cabeza del Estado.

Las consultas populares para el desarrollo de proyectos y actividades mineras en los territorios deben tener en cuenta que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Esta es la tesis principal contenida en el proyecto de fallo de la Corte Constitucional para resolver una de las controversias que hoy dificulta el desarrollo de las actividades mineras o de explotación de hidrocarburos: el alcance del legítimo derecho de las comunidades a oponerse.

Sin embargo, el mismo documento conocido por El Espectador resalta que esas consultas se han convertido en una forma de las comunidades de expresar sus inquietudes y su rechazo, en parte porque no existen mecanismos de participación ciudadana para manifestar su oposición. En tal sentido, reconociendo que existe un “déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, la ponencia plantea una solución de mediano plazo. Dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.

El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.

El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.

La tutela tuvo dos instancias en dos salas del Consejo de Estado. Inicialmente fue negada, pero después el alto tribunal optó por cesar la actuación jurídica, puesto que la consulta popular ya se había hecho en junio de 2017. No obstante, por la trascendencia de la discusión, no solo desde la perspectiva de las autoridades del Estado o del sector energético, sino también de las organizaciones sociales, la Corte Constitucional decidió revisar la tutela. Incluso, el 12 de abril de 2018 promovió una audiencia pública con nutrida participación de todos los interesados.

La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger expresa de entrada que la Constitución es clara en reconocer que la propiedad de los recursos del subsuelo es de todos los colombianos, en cabeza del Estado. Sin embargo, esta prerrogativa debe atender disposiciones legales, como la contraprestación económica a las regiones por medio del Sistema Nacional de Regalías o en general las normas propias del sector, como el Código de Petróleos o el de Minas. Además, contar con el criterio técnico de organismos como la ANH o la Agencia Nacional de Minería.

En consecuencia, se lee en el documento, resulta contradictorio concluir que existiendo competencias del Gobierno nacional central respecto a los recursos del subsuelo, las autoridades territoriales puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables y con ello desconocer a las entidades creadas para tales fines. Es decir, el Tribunal Administrativo del Meta, cuando aprobó el trámite de la consulta popular en Cumaral, no analizó que en ese tema también hay intereses nacionales y la decisión no puede ser exclusiva de las comunidades en los territorios.

En criterio de la ponente, ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales; tiene que existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. En otras palabras, no puede haber un poder de veto en los territorios para anular competencias del Estado.

A pesar de la contundencia de los argumentos incluidos en el proyecto de fallo que ya está siendo debatido por los demás miembros de la Corte Constitucional, la ponencia reconoce que existe un vacío legal para permitir la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales en proyectos para el sector de hidrocarburos. En concreto, el documento señala que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.

En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.

 

No cabe duda de que en las actividades de exploración y explotación de petróleo puede haber contaminación del agua, el aire o la tierra; por ejemplo, con los derrames de hidrocarburos o la generación de partículas o ruido. Además, suele aumentar el costo de vida de los municipios o crearse una dependencia de la economía local respecto al petróleo o la minería, con la consecuente migración de población a los municipios productores. Entonces, es indispensable que las comunidades conozcan de primera mano los riesgos que se pueden generar.

Por eso, con el propósito de enfrentar ese déficit de protección, la ponencia plantea exhortar al Congreso para que, en un término de dos años, contados a partir de la notificación de la sentencia, defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana para casos como el que llevó a los habitantes de Cumaral a apelar a la consulta popular, y uno o varios instrumentos legales para garantizar la debida coordinación entre la nación y los territorios para idénticos fines. El documento lo define como de vital importancia en materia ambiental y social.

De igual modo, el planteamiento de la Corte Constitucional apunta a que todas las entidades del orden nacional que se ocupen de extracción de recursos naturales con impacto ambiental y social se robustezcan institucionalmente en la misión de contener los riesgos que conlleva la actividad del sector minero energético. Esta tarea incluye programas en el beneficio de las comunidades, estricto seguimiento al cumplimiento de los contratistas y verificación para que las inversiones sociales realmente se articulen con las políticas públicas en el ámbito nacional.

Finalmente, la ponencia plantea hacer un llamado a las personas y empresas que desarrollen contratos de concesión del subsuelo o de los recursos naturales, a que en sus operaciones respeten los derechos humanos e introduzcan en sus políticas corporativas estrategias que conduzcan a cumplir con los principios de la participación ciudadana, el relacionamiento permanente con las autoridades locales y aspectos de enfoque territorial, información previa y transparente, sostenibilidad fiscal, pluralidad ciudadana y desarrollo sostenible.

 

La propuesta de la ponente Cristina Pardo es dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reitera la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.

 

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/judicial/consultas-populares-no-pueden-vetar-proyectos-mineros-ni-energeticos-ponencia-articulo-811014

Internacional

El Gobierno no da opción de futuro al carbón y elabora un documento con el 31 de diciembre del 2018 como fecha de caducidad

Autor: Redacción LeoNoticias.com

El Gobierno de España firma el fin del carbón autóctono. La nueva política de transición ecológica del Ejecutivo de Pedro Sánchez cierra cualquier resquicio de esperanza y condiciona la continuidad de la actividad en los tajos más allá del 31 de diciembre de 2018 a la devolución de las ayudas a la Minería.

De esta forma, da un vuelco a la política del ministro popular Álvaro Nadal que, en su convencimiento de que las empresas rentables y competitivas debían mantener su actividad a partir del 2019, había abierto la puerta a negociar con la Unión Europa para buscar una solución.

Así lo ratifica el Ministerio para la Transición Ecológica, con Teresa Ribera a la cabeza, en el documento que, bajo el título ‘Acuerdo de medidas excepcionales para una transición justa de la minería del carbón y las comarcas mineras’, fija el 31 de diciembre de 2018 como fecha de cierre de la minería española.

El documento, al que ha tenido acceso leonoticias, se presentará este jueves en la Mesa del Carbón en la que está previsto la asistencia de la ministra que, previsiblemente, se encontrará con la oposición en bloque de patronal y sindicatos al entender que condena al sector minero al cierre y, con él, a las centrales térmicas de carbón.

La realidad, advierten desde la parte social, es que la nueva hoja de ruta del Gobierno impediría la continuidad de ninguna de las empresas que en la actualidad mantiene su actividad en León – Hijos de Baldomero García, Uminsa y la Hullera Vasco Leonesa- y pone en riesgo la continuidad de las instalaciones de generación eléctrica de La Robla y Compostilla.

Claves

En diciembre de 2010, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Unión Europea aprobó la decisión que fijaba en 2018 la fecha de cierre para las minas que no fuesen rentables

El ministro popular Álvaro Nadal abrió la puerta a negociar con la Unión Europea nuevas condiciones para la devolución de ayudas y garantizar la actividad minera en las empresas mineras

El documento del Ministerio para la Transición Ecológica cierra la puerta a las negociaciones con la UE y establece la obligación de la devolución de las ayudas para mantener la actividad

La ministra Teresa Ribera siempre ha defendido que el carbón tiene poco futuro, mostrando su preocupación en el futuro de las cuencas mineras al entender que desde hace más de 10 años se tenía que haber invertido en diversificación industrial

De esta forma y tal y como acordó en diciembre de 2010 la Unión Europea, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la minería española escribiría este año su último capítulo pese al frente común de las regiones mineras de intentar modificar la medida para garantizar la actividad de las empresas rentables.

Medidas «excepcionales»

En el documento, el Gobierno asume el «alto nivel» de dependencia económica de la industria minera del carbón en áreas como León, Asturias y Aragón a pesar de los «esfuerzos» realizados en los últimos Planes del carbón y entiende «urgente y esencial» paliar la repercusión inminente del cierre de aquellas minas no competitivas.

Un escenario que hace necesario, recoge el acuerdo que busca el Gobierno, ampliar el número de destinatarios de las ayudas previstas en el real decreto de 2014, para que el cierre de las compañías no impida a los trabajadores acceder a las ayudas por prejubilación.

Consiste, continúa, en abordar el impacto social y regional que llevará el cierre de las unidades de producción. Por ello, las ayudas se complementarán además con un Plan de Acción Urgen en Transición Justa 2018-2021 que se consensuará con las comunidades, los ayuntamientos y los actores sociales.

Un plan que promoverá una economía alternaba en las zonas y favorecerá un impulso económico, teniendo como objetivo fundamental la creación y mantenimiento del empleo.

Dos líneas de ayudas

En este sentido, el gobierno plantea dos tipos de ayudas de carácter social. La primera de ellas, relativas a las bajas indemnizadas voluntarias para evitar la salida traumática de aquellos trabajadores que permanezcan en las labores de restauración y clausura de las explotaciones.

En este sentido, podrán acogerse aquellos cuyos contratos se extingan con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 y en un máximo de 36 meses siempre que acumulen una antigüedad de al menos tres años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón y sea trabajador de la plantilla con anterioridad al 2013.

Estos trabajadores percibirán una cantidad fija común de 10.000 euros así como 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. El pago se incrementará en 26.000 euros en el caso de los trabajadores silicóticos de primer grado.

La segunda línea de ayudas que establece son para los trabajadores de avanzada edad o prejubilaciones y se podrán acoger aquellos que tengan 50 o más años, al menos tres años de antigüedad en la empresa así como un mínimo de nueve años cotizados en el Régimen Especial de la Minería del Carbón. La extinción de sus contratos además deberá llevarse a efecto antes del 31 de diciembre del actual ejercicio.

Ayudas que, desde la parte social, ya califican de «trampa« al dejar fuera a un importante número de trabajadores del sector que, en ningún caso, podrána acogerse a ninguna de las líneas.

Fuente:https://www.leonoticias.com/mineria/gobierno-opcion-futuro-20180912193033-nt.html

Mexico

Grupo Salinas pierde batalla legal para abrir mina Los Cardones

Autor: Gabriel Ramirez Cuevas , Regeneracion.mx
Conflicto Relacionado: Los Cardones-Baja California-Vista Gold

El Grupo Salinas no podrá abrir mina Los Cardones, toda vez que no cuenta con permiso municipal para el uso de suelo.

Tribunal ordena que se restablezca el estado que guardaba el sitio en la Sierra La Laguna

Por medio de un comunicado de prensa el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS, informó que un Tribunal Colegiado echó abajo una sentencia que obligaba a concederle a la mina Los Cardones el permiso de uso de suelo por parte del Ayuntamiento de La Paz para comenzar operaciones.

“Sin el permiso de uso de suelo es imposible que se lleve a cabo el proyecto. La empresa nunca ha tenido autorización de uso de suelo municipal” declaró el Frente Ciudadano.

Explican que un Tribunal Colegiado ordenó modificar la sentencia que obligaba al actual XV ayuntamiento de La Paz a otorgar las autorizaciones de uso de suelo a la empresa “Desarrollos Zapal, S.A. de C.V”, del grupo Salinas, promovente del mega proyecto de minería metalúrgica “Los Cardones” en la Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna, en BCS.

La sentencia del Tribunal con sede en la Ciudad de México, “resolvio el recurso del XV Ayuntamiento ordenando “que se restablezca la situación al estado que guardaba”, esto es, que elimina el exceso por parte del Juez de Distrito de obligar al ayuntamiento actual a emitir autorizacion de uso de suelo a la empresa minera”, detallaron.

El proyecto minero pretende ocupar una superficie de 543 hectáreas, distribuidas en un emplazamiento minero (dos tajos, tepetateras, presa de jales, planta de procesos y obras de protección pluvial).

Además, un acueducto de 36 km que conecta con una planta desalinizadora ubicada en la costa del Pacífico, la apertura de un camino de acceso, “entre más infraestructura dentro de un área natural protegida (ANP)”.

Denunciaron que lo anterior, a pesar de que el decreto del ANP Sierra la Laguna prohíbe dentro de la reserva, “verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes”.

“Una vez más queda demostrado por todos lados la inviabilidad jurídica, ambiental y social del proyecto de megaminería tóxica Los Cardones, aunque ahora le llamen “responsable” o “sustentable”, puntualizaron.

Aclararon que no se trata de una oposición solo de los grupos ambientalistas, “sino que el rechazo a la mina Los Cardones se ha dado por parte del gobierno estatal, municipal, legisladores locales y federales, así como empresarios de La Paz y Los Cabos”.

“Por ello, este proyecto carece de licencia social y de toda justificación ambiental y legal” manifestaron los integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y La Vida en Baja California Sur.

“Sin las autorizaciones de uso de suelo municipal y la respectiva licencia de construcción, el proyecto minero no podrá llevarse a cabo”, sentenciaron los ambientalistas.

Incluso “a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya otorgado la autorización en materia de impacto ambiental”, dijeron y agregaron que dicha autorización “se encuentra actualmente impugnada”.

Fuente:https://regeneracion.mx/grupo-salinas-pierde-batalla-legal-para-abrir-mina-los-cardones/

Mexico

Asesinan a Margarito Díaz, marakamé y defensor de Wirikuta

Autor: Gabriel Ramirez Cuevas , Regeneracion.mx
Conflicto Relacionado: Wirikuta - La Luz

Medios locales dieron a conocer el asesinato del representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta y defensor de los sitios sagrados del pueblo originario Wixárika, Margarito Díaz González.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 8 de septiembre.

De acuerdo a información proporcionada,  Díaz González fue abordado por hombres armados en su domicilio, y recibió disparos en el rostro.

El pueblo originario Wixárika realizó hoy el sepelio del Marakame, quien fue considerado “un hombre de mucha fe en su cultura”.

Además, se exigió al Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, y las autoridades de dicho estado, que se castigue el asesinato, pues representa un ataque directo a los derechos de las comunidades indígenas y sus lugares sabados.

El 20 de mayo de 2017 fueron asesinados dos líderes de la comunidad: Miguel y Agustín Vázquez Torres.

El título de Marakame que ostentaba Díaz González representa el de un defensor del bienestar de la comunidad Wixárika.

Demandan justicia

Me uno a la indignación, al luto del Pueblo Wixárika -aunque sé que la rabia, la tristeza y todo lo que desde acá podamos sentir ante estos actos, no alcanzan a describir la dolorosa situación por la que pasa su comunidad; escribió en redes sociales Artesa Delia, arte huichol.

“Pero, si estás leyendo esto, lo que sí podemos es sumarnos a la exigencia de #JUSTICIA para que éste asesinato no quede impune. Para que se respeten los derechos indígenas a sus lugares sagrados”, señalaron en Facebook los artesanos.

Exigieron al Gobernador de Nayarit (Antonio Echevarría García) y las autoridades correspondientes tienen que dar garantías de que éste crimen canalla será investigado a fondo y de que se atrapará a los culpables (incluidos los intelectuales).

“Hoy más que nunca en Nayarit tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias para respetar los lugares sagrados del Pueblo Wixárika; de lo contrario será evidente la complicidad del gobierno en el crimen, sentenciaron.

Wirikuta es uno de los Sitios Sagrados Naturales más importantes de los Wixaritari (pl): de acuerdo a su cosmovisión, Wirikuta es uno de los cinco puntos cardinales de donde emanaron los dioses y al que periódicamente se dirigen en peregrinación las distintas comunidades del pueblo Wixárika para recrear el recorrido que hicieron sus antepasados para dar origen al mundo.

Wirikuta, que fue declarada Área Natural Protegida (ANP) en 1994, abarca prácticamente la totalidad de la Sierra de Catorce y se enmarca en la ecorregión del Desierto Chihuahuense.

Su declaratoria se debe a la gran riqueza de los valores bioculturales de la ANP que conjugan una gran diversidad biológica – la mayoría endémica – y cultural, ya que para el pueblo Wixárika cada piedra, cada manantial y la integridad de las entrañas de la Sierra de Catorce tiene una historia relacionada con el nacimiento del mundo.

A diferencia de los sitios arqueológicos al uso, Wirikuta está “vivo” y quien le otorga esa vida es el pueblo Wixárika y viceversa.

En la actualidad Wirikuta ve amenazada su integridad por las por lo menos 22 concesiones para la explotación de plata y otros metales que ha otorgado el Gobierno Mexicano a la empresa canadiense First Majestic Silver Corporation.

Estas concesiones fueron otorgadas a lo largo de los últimos cien años; sin embargo, y aunque algunas se autorizaron en años recientes, ninguna fue objeto de consulta, violándose la legislación vigente en México (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tal y como ha sido denunciado por las autoridades de las comunidades tradicionales y agrarias del pueblo Wixárika de los Estados de Jalisco, Nayarit y Durango.

Fuente:https://regeneracion.mx/asesinan-a-margarito-diaz-marakame-y-defensor-de-wirikuta/

Chile

En Puerto Ibáñez organizan primer seminario que abordará el impacto de la minería en el agua y la agricultura

Autor: Prensa El Chelenko

Por primera vez la comunidad de Puerto Ingeniero Ibáñez tendrá la oportunidad de discutir sobre los proyectos mineros que se proyectan para la cuenca del lago General Carrera y especialmente para dicha localidad de la región de Aysén.  El sábado 22 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, se desarrollará en la sede comunitaria el seminario “Agua, minería y agricultura: ¿Una relación virtuosa?”, organizado por la Agrupación “Puro Ibáñez”, formada hace dos meses para informarse sobre el proyecto minero “Terrazas” que Laguna Gold, controladora de El Toqui, pretende concretar en dicha área.

Durante la semana pasada ya fueron cursadas las invitaciones a representantes de diversas instituciones: la propia empresa Laguna Gold, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y sectores que hayan investigado los impactos que la minería genera tanto en el agua como en las actividades agrícolas.  Hasta el momento solo ha confirmado su presencia desde este último sector la ecologista Sara Larraín, directora de Chile Sustentable y referente ambiental tanto a nivel nacional como internacional.

El objetivo es revertir el desconocimiento que la ciudadanía tiene sobre lo que realmente ocurre en la localidad en términos de intereses mineros.  Esto, considerando que desde enero de este año la compañía (a través de Red Hill) tramita ante el SEA una declaración de impacto ambiental para instalar a unos 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez 101 plataformas de prospección minera.  La evaluación se ha llevado adelante sin un proceso formal de participación ciudadana de la comunidad local por decisión del organismo ambiental.

“Lamentablemente no hemos recibido información a través de la minera ni un organismo oficial como el SEA, la seremi de Medio Ambiente o la municipalidad, es decir, alguien que nos diga esto es lo que se va a hacer, cuánta gente se va a emplear, cuánto va a durar” explicó la presidenta de “Puro Ibáñez” Marlina Orellana.  Hasta el momento se han informado fundamentalmente a través del sistema electrónico del SEA, algo que ha complejizado el conocimiento porque no toda la comunidad tiene experiencia en revisar los expedientes online, por lo cual “solamente son rumores los que andan acá en el pueblo”.

Las invitaciones tanto a la empresa minera como a los organismos del Estado ya fue cursada, esperando una respuesta oficial en los próximos días. Señaló Marlina Orellana que confían puedan responder favorablemente, considerando la importancia de que los vecinos se informe sobre estos temas que les involucran como comunidad.

“Nos gustaría que participara toda la gente del pueblo, la gente de alrededor del lago Chelenko. Porque es muy importante saber qué es lo que está pasando con la minería en este minuto en la cuenca del lago General Carrera” concluyó.

Mexico

Se pronuncia la diputada Maricela Pineda en contra de la minería tóxica

Autor: Redacción El informante BCS.mx

La diputada Maricela Pineda García, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, fijó su postura con respecto a la denominada minería tóxica, a la Sierra de La Laguna y el patrimonio natural de los sudcalifornianos: “Mi postura personal en lo que se refiere a la minería tóxica en el estado, y en apego a las leyes vigentes, es que me opongo y me opondré profundamente a la aprobación de cualquier proyecto minero a cielo abierto en la región de la Sierra de la Laguna”, puntualizó la legisladora perredista.

En pronunciamiento presentado durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora enfatizó: “En la Sierra de La Laguna nace el agua que bebemos; no podemos permitir que nazca enferma, no podemos permitir que se convierta en veneno”, advirtió la diputada del Sol Azteca.

Pineda García dio a conocer que en las partes altas de la Sierra “cae un promedio de un metro de lluvia por año”, mientras que en regiones como La Paz, Todos Santos y Los Cabos apenas se tienen precipitaciones de poco más de 10 centímetros anualmente: “Lo que quiere decir que en la Sierra de La Laguna se capta el agua que consumimos todo el sur del estado”.

Finalmente, la legisladora dijo que, para obtener oro, el proyecto minero utilizará “químicos peligrosos, como cianuro, arsénico, plomo y otros metales pesados, en tanto que las explosiones y operación diaria de la mina producirán polvo que llegará a impactar un radio de hasta 170 kilómetros, “incrementándose con esto el índice de cáncer y otras enfermedades crónicas o fatales”.

Fuente:nformantebcs.mx/se-pronuncia-la-diputada-maricela-pineda-la-mineria-toxica/