El doctor en geografía, glaciólogo y consejero del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, precisó que «en el sector donde está el rajo abierto de la mina Los Bronces, existían varios glaciares, de tipo rocosos, que tienen desde su masa un 40 y 60% de hielo, y esos glaciares fueron destruidos por la actividad minera, se fueron y ya no existen».
Los conocidos glaciares de los cerros La Paloma y El Plomo- que se alzan hasta los 5.000 mts de altura y que nutren los caudales de los ríos de capital- se encuentran en peligro.
Seguir leyendo esta noticia aquí , http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/16/glaciologo-apunta-a-anglo-american-por-derretimiento-de-glaciares-se-estan-acelerando-por-culpa-de-la-actividad-minera/
Empresarios argumentan que convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo no contempla la suspensión de actividades por falta de consulta, ni discrimina por tipo de proyecto.
En un comunicado difundido en medios impresos este jueves, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó su “enérgico rechazo a una resolución que únicamente viene a destruir la ya debilitada certeza jurídica del país debido que a ninguna empresa que esté operando legalmente se le pueden suspender sus operaciones de manera arbitraria.
Desde julio del 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), con el cual dejó en suspenso dos licencias de operación de la minera San Rafael.
Entre los argumentos de los demandantes estaba que la minera no había seguido los mecanismo legales para instalarse en el lugar, como el incumplimiento de la consulta a las comunidades aledañas, así como un estudio de impacto ambiental más profundo.
“Lamentable y decepcionante”
La CIG también indicó en su comunicado que “el actuar de los magistrados de la CC en este caso genera muchas dudas y más que despejar cualquier incertidumbre la resolución, se suma a la cantidad de irregularidades y anomalías que se han podido documentar desde que dio inicio el proceso”.
Añaden que “es inexplicable que esta misma corte, que hace un año emitió una resolución que supuestamente sentaba un precedente para futuras sentencias relacionadas a consultas del convenio 169 de la OIT, en esta haya decidido revertir su propio fallo”.
“Ante esta lamentable y decepcionante resolución, la Cámara de Industria de Guatemala se solidariza con todos los colaboradores y proveedores de Minera San Rafael, así como con los vecinos del lugar donde opera la empresa, ya que seguirán viéndose afectados por despidos, falta de empleo y ausencia de actividad económica, lo que generará mayor pobreza incrementará la migración” continúa el escrito.
El comunicado exige además a los magistrados de la CC “eliminar más atrasos y dejar en firme la sentencia, evitando retardos innecesarios a través del uso de medidas dilatorias, como lo son las solicitudes de aclaración interpuestas por algunos partes que únicamente buscan demorar el inicio del proceso de consulta”.
Los industriales hicieron también un llamado al Gobierno de la República para que, “de manera inmediata, inicie el proceso de consulta con el objeto de que minera San Rafael pueda continuar operando” y que “dicha consulta tiene que hacerse apegado al texto del convenio 169 de la OIT de forma independiente y sin influencia de terceros que desde ya están buscando atrasar el proceso”.
Esperan sentencia en firme
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) fijó el pasado viernes 7 de septiembre su postura respecto la resolución de la CC por el caso de la Minera San Rafael, indicando que ya inició los preparativos para hacer la preconsulta y consulta, pero aún no pueden convocar porque no está firme el fallo
Martín Guzmán, secretario de la CC, aseguró el pasado 3 de septiembre que el fallo responde a que se determinó la existencia de población xinca en el área de influencia de la mina, por medio de requerimientos de información a órganos técnicos especializados de las universidades San Carlos y Del Valle.
Refirió que el área de influencia se determina según la zona de explotación que opera el proyecto El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. “Se hace ver que, aun cuando no hubiera —población xinca—, de llegar a determinar que hay comunidades indígenas de otra etnia, de igual manera se debe llevar a cabo la consulta”, aseguró el secretario.
Máximo Tribunal estimó que la reclamante debió apelar al fallo y no recurrir de casación.
Por cuatro votos contra uno, la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema rechazó el recurso de casación interpuesto por la Sra. Ana Stipicic en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia, que rechazó la reclamación presentada contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que aprobó un Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por Minera Invierno S.A. y Portuaria Otway Ltda.
El fallo de la Excma. Corte concluyó que no correspondía, en este caso, el recurso de casación, sino que se debió recurrir ante la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, la cual es competente para conocer las acciones tendientes a revisar las decisiones del Tribunal que impiden la continuación del proceso. El Máximo Tribunal consideró, además, que la resolución que aprobó el PdC no era reclamable ante el Tribunal Ambiental, porque constituía un acto trámite, y no un acto administrativo que pusiera término al procedimiento administrativo sancionatorio.
En esta causa, la reclamante pretendía dejar sin efecto la decisión de la SMA de aprobar el PdC de Mina Invierno, mediante el cual la empresa busca regularizar incumplimientos a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero que se emplaza en Isla Riesco, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
La sentencia de la Excma. Corte Suprema fue pronunciada con el voto a favor de los Ministros Sra. María Eugenia Sandoval, Sr. Arturo Prado y los abogados integrantes Sr. Pedro Pierry y Sr. Julio Pallavicini; y el voto en contra del Ministro Sr. Sergio Muñoz, quien estuvo por acoger el recurso de casación -pues a su juicio era irrelevante que el acto reclamado fuere de trámite-, y dejar sin efecto la aprobación del PdC resuelta por la SMA.
La comunidad de Fuerabamba pretende desconocer todo el acuerdo con la minera, volver a sus terrenos y cobrar S/ 1,500 millones por indemnización.
Las Bambas , la inversión más grande de la minería en la historia del Perú, representó una oportunidad única para impulsar la economía nacional.
Sin embargo, recientemente, la comunidad de Fuerabamba (Apurímac), la primera que aceptó dejar su tierra en favor de esta mina, bloqueo la carretera por dónde la Minera MMG Las Bambas transporta el cobre y el oro que extrae.
¿Por qué? A cuatro años de la mudanza, ningún poblador tiene título de propiedad. Además, sus vecinos, la comunidad Choaquere, amenaza con desalojarlos, alegando que los terrenos donde se edificó Nueva Fuerabamba aún son suyos por un supuesto incumplimiento de la minera, según informó el presidente de Choaquere, Herbert Alarcon, en Día D.
En este contexto, la comunidad de Fuerabamba pretende desconocer todo el acuerdo con la minera, volver a sus terrenos y cobrar S/ 1,500 millones por indemnización, acusando a la minera de manipular y falsificar firmas de campesinos iletrados para quedarse con sus tierras.
MMG descartó esta acusación y negó que la ciudad pueda ser desalojada porque los títulos se encuentran en trámites. Para ellos, la presión de la comunidad no vendría de los comuneros, sino de sus nuevos abogados, demandantes en varios conflictos mineros donde cobran un 3% de la indemnización.
Hay que recordar que el Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 30 días en el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa, ante las protestas registradas desde el 22 de agosto en algunas zonas adyacentes a Las Bambas.
Denuncian a la minera Concepción SAC. antes Azul Cocha en Junín
La región Junín es importante porque provee alimentos para las grandes urbes del centro de Perú como Huancayo y Lima, el valle se ve amenazado por la contaminación de sus aguas a causa de la minería. La minera Concepción SAC. antes Azul cocha es productora de zing y está ubicada en la cabecera de la cuenca del rio Cunas que riega el valle en Concepción y Chupaca. Los pobladores aseguran que el río, que es de vital importancia para más de 100 comunidades que viven alrededor, está siendo afectado por esta empresa.
Red Muqui viajó hasta Junín y recibió una serie de denuncias de contaminación del rio y muerte de truchas en marzo de este año. Efectivamente, los dirigentes de las comunidades de Virgilio Lazo López, comité de vigilancia de la comunidad de Usibamba afirmó que teme por su salud y la de sus familias. En la zona, se realiza agricultura y ganadería, la contaminación de aguas pone en peligro estas actividades de las que dependen las familias.
Lazo declaró que en marzo de este año » a unos kilómetros estaban haciendo una relavera y la población informó que las aguas estaban turbias, que las truchas estaban muriendo y que algunos animales también estaban enfermando”. Afirmó que a medida que la minería ha tenido presencia en la zona, la biodiversidad ha disminuido, han desaparecido especies endémicas como la rana de Junín.
Aseguró que se hizo la notificación al Organismo de Evaluación y Fiscalización ambiental (OEFA) tomó muestras de agua en marzo del 2018 y que no han dado una respuesta hasta la fecha por lo que piden a la autoridad que entregue los estudios.
Red Muqui se comunicó con la OEFA en Junín para consultar por los análisis y los funcionarios indicaron que los resultados aún no habían llegado de los laboratorios en Lima. Los especialistas aseveraron que desconocen el plazo de tiempo en que se entregará el informe del caso, mientras tanto, la población de Alto Cunas sigue a la espera.
¿Qué ha respondido la empresa? Lazo, también, comentó que el gerente de la compañía minera se acercó a la población para convencerlos de que no había contaminación, pero ante la evidencia tuvo que admitirlo. “Se ha comprometido con reponer las truchas, pero nos preocupa que sigan ocurriendo estas descargas al río, que se siga contaminando”.
En el Valle se cultivan más de 200 variedades de papa nativa, además de otros productos agrícolas y ganaderos. Los niños que viven en la zona baja, del distrito de Copca van al río a bañarse y jugar. Es una zona que produce queso, leche y helado, productos que llegan al mercado central de Huancayo y Lima.
Ante la nula respuesta de las autoridades, los dirigentes han anunciado que realizarán una pronta movilización para exigir que se atienda el tema.
(OEM-Informex).- María Guadalupe Saldaña Cisneros, senadora del estado, presentó hoy en tribuna el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a la Ley de Aguas Nacionales, a la Ley Federal del Mar y a la Ley Minera
Durante el uso de la voz, expresó que el país está atravesando problema social trascendente, que requiere ser solucionado de raíz, refiriéndose a las industrias minero- metalúrgicas y su impacto ambiental en Áreas Naturales Protegidas y en los ecosistemas acuáticos subterráneos y marítimos del territorio nacional.
Por ello, dijo presentar una iniciativa de reformas a cinco leyes: la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la Ley Minera; la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;la Ley Federal del Mar y la Ley de Aguas Nacionales, para que se prohíba la minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas, en la que se utilice cianuro o mercurio, así como toda forma de minería submarina, una de las formas más devastadoras de la biodiversidad marina.
El impacto, puede tener consecuencia en la contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados, afectando a la flora y fauna, aire y agua, además de emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, reiteró.
Nos sentimos amenazados
“Los sudcalifornianos nos sentimos más amenazados que nunca porque hay en proceso autorizaciones de proyectos mineros cuyo plazo legal para otorgarse o negarse en su operación es a más tardar en el mes de noviembre, justo unos días antes de que concluya este Gobierno federal”, dijo .
“La historia de nuestro país nos recuerda que al final de una administración se deciden actos ilegales por parte del Poder Ejecutivo Federal, que afectan los intereses de la población, de valuaciones, concesiones,nacionalizaciones, permisos o condonaciones, cobijados bajo el manto de la impunidad que han gozado algunos ex presidentes de México”, agregó.
Así mismo recalcó que en BCS está latente una autorización de proyecto de minería submarina, mientras un proyecto similar no ha sido aprobado en ninguna parte del mundo.
Osinergmin cuestionó la medida cautelar que le impide emitir nuevas sanciones contra la minera Great Panther.
El Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima emitió una medida cautelar a favor de la empresa minera Great Panther Coricancha S.A que dispone la paralización del retiro de 145,000 metros cúbicos de relaves mineros ubicados al pie de la ladera del cerro Tamboraque, en la provincia de Huarochirí, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Osinergmin recordó que venía exigiendo a la mencionada compañía minera el traslado del relave del depósito 1 y 2 de Tamboraque, ubicado cerca del cauce del río Rímac, tal como lo ordena el Plan de Cierre de Minas aprobado la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Osinergmin advirtió también que se le ha prohibido exigir a esta empresa el traslado del relave de Tamboraque, lo cual constituye un incumplimiento al plan aprobado por la autoridad. De la misma manera, la medida impide al organismo supervisor emitir nuevos procesos de sanción.
Debido a permanentes incumplimientos de la empresa minera, Osinergmin impuso sanciones por un valor de 412 UIT y multas coercitivas por un monto total de 500 UIT, lo que equivale a multas por aproximadamente S/3.8 millones. Además, se denunció a los representantes de Great Panther Coricancha S.A., ante el Ministerio Público.
Según se detalló, Osinergmin venía monitoreando y exigiendo el traslado de los relaves mineros, de acuerdo al Plan de Cierre de Minas. A la fecha, el retiro se ha cumplido en un 63% quedando pendiente el retiro de 145,000 metros cúbicos de relave.
La comunidad de Peine presentó una denuncia en contra Minera Zaldivar en la Superintendencia de Medioambiente. La idea de sus impulsores es que se fiscalice el cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y exponer el incumplimiento de la cantidad de años de extracción de agua por parte de la empresa.
Sergio Cubillos, presidente de la comunidad de Peine, señaló que “descubrimos en conjunto con nuestros abogados, que la RCA del año 1993 señala que Minera Zaldivar puede realizar extracción de agua por un periodo de 20 años. No existe ningún documento que sea por 30 años, sólo se menciona en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del año 2010 pero no existe ninguna evaluación de extensión de plazo”.
Agregó que “para que se extienda la extracción de agua debería existir una solicitud evaluación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, la cual no se realizó. Por lo que, en estos casos, existe una irregularidad por parte de la autoridad, realizando un incumplimiento a la ley 19.300.
Finalmente apuntó que la minera se encuentra presente en la zona sur de la cuenca del Salar de Atacama desde el año 1995, específicamente en el sector de Negrillar- Tilopozo donde extraen cobre. Para dicho proceso extrae actualmente 213.5 litros de agua por segundo.
.Peine, debido a su ubicación geográfica, es una de las comunidades afectadas directamente por el extractivismo que realiza la gran minería en la cuenca del Salar de Atacama.
Tras las últimas protestas contra la compañía Las Bambas, el gobierno declaró nuevamente por 30 días el estado de excepción en los alrededores de la vía que une Cusco, Apurímac y Arequipa. En la zona se ubican las operaciones extractivas más importantes del sur.
uego de las protestas de las últimas semanas, el corredor minero del sur, que atraviesa los departamentos de Arequipa, Apurímac y Cusco, fue declarado el 30 de agosto nuevamente en estado de emergencia. Los tramos bloqueados, que fueron despejados anoche por la policía, conducían a la mina Las Bambas, propiedad de la empresa china Minerals and Metals Group (MMG). Es la quinta vez que el gobierno suspende los derechos constitucionales en cuanto a la libertad y seguridad personal en la zona.
Miembros de la comunidad de Fuerabamba, en Cotabambas, Apurímac, cavaron zanjas en este sector para interrumpir el paso de los camiones hacia la minera ubicada en la zona conocida como Yavi Yavi, en Chumbivilcas, Cusco.
En comunicación con Ojo-Publico.com, Germán Salcedo, presidente del Frente de Defensa del Distrito de Velille, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco, sostuvo que el paro indefinido ha sido una medida tomada ante la negativa de la compañía Las Bambas de incluirlos en la zona de influencia directa ambiental y social del proyecto.
Según Salcedo, la comunidad autorizó la construcción de un ducto subterráneo (mineroducto) por donde Las Bambas trasladaría el metal de sus operaciones. Hasta ese momento, Velille era considerada zona de influencia del proyecto; sin embargo, luego se modificó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el distrito quedó excluído.
Esos cambios en el Estudio de Impacto Ambiental no fueron consultados a las comunidades. Ahora la compañía usa la vía nacional, que atraviesa Velille, para el tránsito de camiones cargados de cobre que generan una gran polvareda y ruido en la comunidad.
«Con la polvadera pareciera que estamos en guerra todos los días. No se nos ha compensado por los daños ambientales que están ocasionando», señaló Salcedo sobre los resultados a los que llegaron en la mesa de diálogo del pasado 26 de julio, que contó con representantes del Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros.
La compañía “se excusa diciendo que sus vehículos pasan por una vía nacional y que no es su responsabilidad asumir los dañor porque no se está explotando mineral aquí [en Velille]”, dijo Salcedo.
Desde el 22 de agosto los manifestantes de Fuerabamba han cavado zanjas en el corredor vial minero para impedir el paso camiones encapsulados de Las Bambas.
Henry Vásquez, responsable de la oficina de CooperAcción en Cotabambas, indicó a Ojo-Publico.com que las protestas en las que está participando Fuerabamba no se están realizando en dicha comunidad sino que han llegado hasta la zona conocida como Yavi Yavi, en Chumbivilcas, Cusco, lugar donde Las Bambas consiguió tierras para compensarlos a nivel de ganadería y agricultura.
Funcionarios de la ANA reconocieron que la cuenca de Apurímac no tenía estudios hídricos detallados cuando se entregaron los derechos de explotación de agua para la minería.
De acuerdo a la resolución publicada el día 30 de agosto en el diario El Peruano, la declaratoria del estado de emergencia en el corredor minero buscaría “evitar actos contrarios al orden interno que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades”. La formalización de la declaratoria se efectuó a solicitud del Director General de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, señaló a Ojo-Publico.com que el estado de emergencia «es una preocupación porque una zona del país no debería estar en una situación indefinida, la limitación de derechos es una medida excepcional y no es adecuado que sea una situación constante para la población de la zona».
La Defensoría se encuentra a la espera de la respuesta a un oficio que enviaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que esclarezca cómo se implementó la denominación de vía nacional al tramo que atraviesa a la zona de Yavi Yavi y si se respetó el derecho a la propiedad.
Ante la participación de algunos abogados denunciados por estafa y extorsión que están asesorando a la comunidad de Fuerabamba, como informó Perú21, Alicia Abanto manifestó que «hay un vacío en la intervención del Estado y la política pública ante la necesidad de las comunidades de ser asesoradas». Sugirió además explorar la posibilidad de regular mecanismos para fortalecer el derecho a la participación en los procesos de diálogo de las comunidades.
El tema del agua en Las Bambas
Las Bambas lidera el ranking de compañías con licencias de uso de agua en la provincia. Los 24 derechos que poseen les permiten extraer agua para sus diversas operaciones, según información a la que accedió Ojo-Publico.com. Funcionarios de la ANA reconocieron que la cuenca de Apurímac no tenía estudios hídricos detallados cuando se entregaron los derechos de explotación de agua para la minería y cuando se aprobó su Estudio de Impacto Ambiental.
Como parte de la serie investigativa Los Dueños del Agua, Ojo-Público.com analizó casi medio millón de derechos de explotación de agua otorgados en medio siglo revela que el agua dulce del Perú está en manos de empresas y personas que obtuvieron licencias para extraer este recurso de ríos, quebradas y pozos.
Según información obtenida de la ANA, el proyecto Las Bambas cuenta con 26 derechos de uso de agua en Apurímac y 17 en Cusco, mientras que decenas de comunidades indígenas viven sin acceso a agua segura. El 2015, la compañía debió pagar S/ 1’070.000, y según registros analizados solo transfirió S/ 904 mil.
La República del Congo y Chile tienen algo en común, y lamentablemente no es algo positivo , se trata de las dramáticas consecuencias contaminantes de la industria del Litio y del Cobalto.
EL medio Alemán ZDF.investigó el caso comparando la gran promesa de la industria de la electro movilidad con su problemática relación poco sustentable con las materias que utiliza.
La electromovilidad de considera una fuente de salvación: amigable con el medio ambiente , limpia y sostenible.Pero las materias primas necesarias para las baterías son escasas y a menudo provienen de fuentes problemáticas.
Seguir leyendo la noticia en este link http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2018/09/12/periodistas-alemanes-reportan-grave-contaminacion-por-industria-del-litio/