El 30 por ciento del territorio de Sinaloa se encuentra concesionado a la minería, una de las industrias más intensivas en el uso de agua.
Si bien la vigencia de una concesión no siempre es igual a una mina activa, la mayoría cuenta con permiso para operar hasta por medio siglo y explotar los mantos acuíferos con regulaciones muy laxas, que no protegen a las poblaciones de posibles derrames contaminantes, advierte Conselva, Costas y Comunidades en voz de su directora ejecutiva, Sandra Guido.
Esto es especialmente riesgoso en una geografía como la sinaloense, caracterizada por sus once ríos, y su riqueza en afluentes y grandes represas, de los que depende la economía y la salud humana.
Es algo en lo que ha enfatizado esta asociación civil de la mano del colectivo Voces Unidas por el Agua, que amalgama a una serie de organizaciones, empresarios y activistas en el sur de Sinaloa en favor de la conservación de los recursos hídricos.
«Extraen agua de los mantos freáticos y la devuelven contaminada; las concesiones son enormes, pero cuando tú vas a las minas activas se encuentran ubicadas junto a arroyos o ríos, y esto se debe a los grandes volúmenes de agua que requiere la operación minera», explicó la activista.
De acuerdo con el Panorama Minero del Estado de Sinaloa, publicado por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en agosto, en Sinaloa se han cedido a la minería 1 millón 750 mil hectáreas de las 5 millones 809 mil 200 que conforman la totalidad del territorio, es decir, casi una tercera parte (30.13%).
Al ubicar en el mapa los puntos para la explotación de oro, plata, cobre, plomo y zinc, se puede ver copada la franja de la Sierra Madre Occidental colindante con Chihuahua y Durango, donde nacen la mayoría de los ríos que atraviesan la entidad antes de desembocar en el Oceáno Pacífico.
En total, son mil 951 concesiones otorgadas a empresas nacionales y extranjeras hasta 2015 en trece regiones: Choix, El Fuerte, San Blas, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, El Salado, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario.
Aun cuando el documento no aporta información más reciente, la política del Gobierno del Estado ha sido de puertas abiertas a la industria extractiva, a la cual se ha incluido en las actividades económicas estratégicas. Incluso goza de estímulos y facilidades para la inversión.
En marzo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel instaló el Comité para la Competitividad del Sector Minero por el cual, se informó, había llegado a Sinaloa una inversión de 2 mil millones de pesos a través de distintos proyectos.
Un mes después en el IV Seminario de Inversión y Promoción Minera, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, expuso que la minería tiene amplio potencial en el estado por aportar desarrollo en zonas marginadas y atraer inversión extranjera directa. Sin embargo, hasta el último año este sector no rebasaba el 1% del PIB.
Se ‘tragaron’ mineras más de 437 millones de m3
Según un estudio de la iniciativa Cartocrítica, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua durante 2014.
«Esto es agua suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo», ejemplifica el informe.
Los grupos mineros más voraces fueron Grupo México, Goldcorp Inc, Arcelor Mitlal México, Primero Mining Corporation y Pondercel, de acuerdo con la revisión realizada al Registro Público de Derechos de Agua (Redpa).
En Sinaloa se expidieron ocho títulos de concesión de aguas nacionales a compañías mineras. Y en ese año extrajeron 1 millón 483 mil 613.70 metros cúbicos, en un estado donde las actividades económicas compiten fuertemente por el agua, recurso que en mayor proporción es acaparado por el sector agrícola.
Los títulos se hallaban a nombre de: Minerales y Minas Mexicanas SA de CV, First Majestic Silver Corporation, Minera Río Tinto SA de CV, Cementos Sinaloa SA de CV, Minas San Luis SA de CV, Minera Humaya SA de CV y Grupo Calidra SA de CV, que operan en el centro, norte y sur del estado.
En una consulta de Noroeste a las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se hallaron autorizaciones adicionales, expedidas de 2015 a la fecha.
Entre ellas aparecen Met Sin Industriales SA de CV (547,500 m3); Oro Gold México SA de CV con dos concesiones donde no se especifica el volumen autorizado para su captación. También se encontró una de 2010 que no había sido contemplada en el primer estudio, otorgado a Minera La Rastra (209,920 m3).
Para Conselva, es preocupante debido a que ya hay mantos freáticos sobreexplotados, mientras el Servicio Geológico Mexicano no considera variables como la localización de cuerpos de agua o poblaciones para seguir autorizando permisos a la minería.
No todo lo que brilla es oro
Si bien la minería se ha desarrollado en Sinaloa desde la Colonia, la apertura de las autoridades locales se ha visto reflejada en un nuevo auge. Desde 2002, se ha mantenido la tendencia creciente tanto en el número de permisos como en el territorio concesionado. Ese año, se habían expedido 894 permisos sumando los de explotación y exploración en un total de 385 mil hectáreas.
Tres años después, por cambios en la Ley Minera, se expide la concesión única, lo que ha facilitado la tramitología a los consorcios mineros, a tal grado que para 2006 ya iban más de 676 mil hectáreas, distribuidas en mil 138 permisos.
Ni los enfrentamientos entre grupos armados en la zona serrana, durante la guerra contra el narcotráfico del ex presidente Felipe Calderón, detuvieron la liberación de permisos para la explotación de minerales, ya que el crecimiento se potenció a partir de 2009. Ese año el valor de la producción minera subió de 976.19 millones de pesos, a mil 944.46 millones, con la explotación de oro, plata, cobre, plomo, zinc y fierro.
Y así continuó hasta llegar a un pico, en 2014, de 7 mil 248 millones de pesos. A partir de ahí vino un descenso motivado, en parte, por la baja de los metales en el mercado internacional.
Sin embargo, son varios factores por los cuales la minería no genera los beneficios esperados para los municipios donde se establece ni para sus habitantes. Así lo explica Juan Manuel Mendoza Guerrero, líder del Cuerpo Académico Movimiento Migratorio y Desarrollo Regional de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS.
En primer lugar señala los costos ambientales, sobre todo la contaminación de mantos freáticos, a las que describió como externalidades que no se valoran en el corto plazo por los promotores del desarrollo económico, pero luego resultan costosos para las comunidades locales.
Y en segunda, que los impuestos no se quedan en los municipios debido a que los domicilios fiscales de las empresas se ubican en otras regiones o países.
«El debate de fondo está entre quienes le apuestan al progreso a corto plazo y quienes ven las consecuencias para el medio ambiente, donde muchos de los impactos no los vemos, como el de la contaminación de los mantos freáticos, hasta que se empiezan a ver daños en la salud de animales o de personas», reflexionó.
Autor de un estudio del Producto Interno Bruto en los municipios de Sinaloa, auspiciado por el Codesin, el académico comentó que los municipios mineros fueron los que arrojaron menores aportaciones al PIB, por lo menos de 2006 a 2012 en que se hizo la investigación.
Si bien se creó el Fondo Minero con la Reforma Fiscal de 2014 para impulsar obras de impacto social en zonas de extracción minera, con la recaudación del 3 por ciento del valor promedio de producción, en Sinaloa no se han evaluado aún los impactos de esta política pública.
De otro lado, Mendoza apuntó que gran parte de las compañías son extranjeras que evaden una normativa más estricta en sus países, y al trabajar en condiciones relajadas les permiten ampliar operaciones y su margen de utilidad.
Y el agua, ¿quién la protege?
La propuesta de Conselva es revisar la legislación estatal y regular la ubicación de plantas mineras para impedir contaminación en ríos y embalses.
Además de crear un padrón real de quienes se dedican la minería y evitar derrames de jales mineros, como el ocurrido en Pánuco en 2014, y el de este año en Urique, Chihuahua, cuyos residuos habrían llegado al río Fuerte en Sinaloa.
Y es que a pesar de que el marco legal que regula la extracción de minerales es del ámbito federal, los gobiernos estatales pueden recurrir a instrumentos jurídicos para proteger al agua y a sus ciudadanos, señaló Sandra Guido.
Aclaró que el tema no compete sólo a las leyes en materia ambiental, sino a otras que tienen que ver con el desarrollo económico y urbano.
«Aunque hay una legislación federal, es importante que el estado regule la ubicación de la minas, porque es el que a final de cuentas se queda con los residuos y los impactos», resaltó.
Algo que agrava los riesgos, dijo, es que hay un número indeterminado de gambusinos que trabajan con mercurio, una sustancia altamente tóxica, que no entran en el marco de las leyes federales.
«Son irregulares pero tampoco se les puede llamar ilegales».
Aunque por otro lado, también se desarrolla la minería ilegal con empresas que no presentan manifestaciones de impacto ambiental, acusó la investigadora, quien es bióloga y maestra en ecología marina.
La problemática es extensa y compleja en todo el estado, pero en el sur de Sinaloa, Conselva ve puntos críticos en los embalses del río Baluarte, donde opera una gran cantidad de minas, y en el ya señalado río Pánuco del municipio de Concordia.
El llamado es a actuar a tiempo.
SUPERFICIE DEL ESTADO DE SINALOA:
5,809,200 has.
LA SUPERFICIE CONCESIONADA A LA MINERÍA:
*1,750,497.6214 = 30.13% del territorio
*HASTA 31 DE ENERO DE 2015
Fuente: Servicio Geológico Mexicano
Fuente:https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/el-30-por-ciento-del-territorio-de-sinaloa-se-encuentra-concesionado-a-la-mineria-1141960
Mientras el foco de atención se centra en la creciente tensión entre el Gobierno y el Congreso fujimorista por las reformas política y judicial que plantea el Ejecutivo, en el país también siguen latentes otros problemas, como el de los conflictos sociales que pueden desencadenar violencia en el futuro, alertó la Defensoría del Pueblo en su último reportes que enumera, detalla y clasifica estos sucesos.
El 8 se septiembre llegaron personas armadas al domicilio de Margarito Díaz González, representante del Consejo de Seguridad de Wirikuta, en Aguamilpa, municipio del Nayar, estado de Nayarit, y lo asesinaron con disparos en su rostro.
“Conozco de viva voz el sentir de los sudcalifornianos, me lo han expresado los ciudadanos, no debemos permitir que en Baja California Sur se realicen actividades que afecten a las familias y que dañen nuestra entidad; reitero mi compromiso con la población de continuar alzando la voz por el bienestar de nuestro estado”, señaló el diputado federal Rigoberto Mares Aguilar.
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