Perú

Tía María: Fiscalía formaliza denuncia a dirigentes sociales y defensores ambientales en Arequipa

Grave precedente. Se formalizó por primera vez el delito de asociación ilícita para delinquir a quienes participan de una protesta social, en defensa de sus legítimos derechos, aseguró Javier Jahncke, director ejecutivo de Red Muqui. El 21 de setiembre se realizó la audiencia donde la Fiscalía de Arequipa dio lectura a las imputaciones a los dirigentes y autoridades que participaron de las movilizaciones durante el conflicto por el proyecto Tía María.

Se denunció a los dirigentes por Delito de extorsión, Asociación ilícita para delinquir, Delitos de disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos; Delito de Motín. Aunque ellos señalan que no existen pruebas que los impliquen.

Los dirigentes: Justo Paredes, Miguel Meza, Esteban Pareja y César Juárez declararon en enero a Red Muqui que se está criminalizando el derecho a la protesta. “Nos están tomando como una organización criminal cuando nosotros somos vecinos del valle del Tambo que queremos trabajar por la agricultura, y por ello, rechazamos el proyecto minero Tía María”, afirmó Miguel Meza.

Ministerio público está forzando y vinculando la acusación de Asociación ilícita para delinquir para acusar al Frente Amplio del Medio Ambiente del Valle del Tambo. Esto es #Criminalización de la protesta, señaló Javier Jahncke.

El abogado y director FEDEPAZ, David Velazco afirmó en una entrevista anterior que no hay pruebas contundentes para acusar a los 4 dirigentes de formar parte de una organización criminal. “La Fiscalía no tiene ningún elemento de prueba en esta denuncia. Se han basado en una fotografía con un megáfono, en cosas así”, aseveró.

Velazco agregó que es legítima la protesta y la defensa por el ambiente que emprendieron los comuneros de Islay. Agregó que incluso, una de las implicadas Catalina Torocahua fue absuelta del proceso porque se demostró que no cometió ningún delito. Mencionó, también, que de forma arbitraria se ha agregado cargos a los dirigentes por daños y disturbios cuando al iniciar el proceso, estos no habían sido formulados.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/790-tia-maria-fiscalia-formaliza-denuncia-a-dirigentes-sociales-y-defensores-ambientales-en-arequipa

Mexico

Morena propone prohibir minería en áreas naturales protegidas

A casi un mes de haber iniciado labores en el Senado de la República, los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han presentado distintas iniciativas de ley que deben atenderse a la brevedad.

Lucía Trasviña, senadora de Morena, presentó una iniciativa para prohibir la minería en las áreas naturales protegidas y el lecho marino que existe en todo el territorio nacional.

La legisladora de Morena ha propuesto que se hagan modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y al artículo 20 de la Ley Minera que están en la Constitución.

Esta iniciativa pretende que en las zonas marinas que estén protegidas no se puedan realizar obras y actividades de exploración, explotación o extracción de minerales submarinos.

La senadora Trasviña explicó desde la tribuna que su propuesta de reformas y adiciones a esta legislación se debe a la existencia de un proyecto minero en Baja California Sur, que podría ocasionar daños irreversibles al fondo submarino y afectaría a especies en peligro de extinción, en específico a la tortuga caguama.

Lucía detalló que esas prácticas resultan inadmisibles, ya que atentan contra los intereses y el bienestar del país y la protección del medio ambiente que demanda la sociedad.

De aprobarse el decreto que promueven los senadores de Morena, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se anularían todas aquellas disposiciones que contravengan a esa regulación.

Fuente:https://www.lanetanoticias.com/grilla/311613/morena-propone-prohibir-mineria-en-areas-naturales-protegidas

 

Perú

Defensoría del Pueblo demanda la aprobación de política nacional de atención para personas expuestas a metales

Según información del Ministerio de Salud (MINSA), se tienen registrados, a nivel nacional, 8,954 casos de personas expuestas a metales pesados durante el periodo comprendido entre el año 2016 y marzo del 2018. Las principales fuentes de contaminación serían las actividades extractivas y la presencia de estos metales pesados en el agua de consumo humano.

En el mes de marzo del presente año, el MINSA dispuso conformar la Comisión Sectorial encargada de elaborar y proponer la “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas” en el plazo de sesenta (60) días hábiles, lamentablemente han pasado seis meses y todavía no se cuenta con una política integral.

Lejos de ponerse a disposición de la ciudadanía la propuesta de Política, el mes pasado el MINSA dispuso la publicación del Documento Técnico: “Lineamientos de Política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas” el cual no se enmarca en lo dispuesto en las normas vinculadas a las políticas nacionales, anotó la Adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.

La Defensoría del Pueblo ha advertido serias deficiencias en el diagnóstico publicado, por lo que recomendó que se incorpore nuevas áreas de trabajo sobre la materia en Loreto, Amazonas, Huancavelica, entre otros. Así también, que se comprenda dentro de las fuentes contaminantes a las actividades de hidrocarburos, por estar vinculadas a afectaciones al derecho a la salud de las comunidades nativas de Loreto y Amazonas.

“Nuestra institución observa que el documento técnico publicado no corresponde a la propuesta de política. Tampoco cumple con el procedimiento para la elaboración, estructura y contenido previstos en el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado por el Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, emitido también el pasado mes de marzo, anotó la funcionaria.

Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo recomendó al MINSA que se dispongan las acciones necesarias a fin de priorizar la culminación de la elaboración y publicación de la propuesta de “Política Nacional para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados, metaloides y sustancias químicas” y que la misma cumpla con el procedimiento estructura y contenido previsto en el marco jurídico vigente.

Abanto anotó que una debida atención a esta problemática demanda un carácter multisectorial con responsabilidades compartidas, que involucre a todas las autoridades competentes en la materia; por lo cual recomendó que la Política contemple la participación de otros ministerios con competencias en la materia, tales como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, entre otros.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/788-defensoria-del-pueblo-demanda-la-aprobacion-de-politica-nacional-de-atencion-para-personas-expuestas-a-metales
Perú

Arequipa: Río Palca estaría siendo contaminado por proyecto minero de Buenaventura

Proyecto minero Mayra de Buenaventura estaría incumpliendo licencia social y ambiental, así lo aseguró el alcalde del distrito de Madrigal, Tomás Cerna en una entrevista con radio Victoria. el Presidente del Frente local, el Sr. Fructuoso, informó que los pobladores fueron a la zona donde se realiza el proyecto, y han notado la presencia de agua amarillenta que baja desde de la zona alta. Así se estaría contaminando la cabecera de cuenca del río Palca.

El proyecto Mayra se ubica en localidad de Madrigal, Chivay, provincia de Caylloma, y su titular es la empresa Minera Buenaventura. La empresa tiene 3 proyectos mineros adyacentes en la misma zona. Hace poco, fue aprobado su Estudio de Impacto ambiental semidetallado para la etapa de exploración.

Sin embargo, la población que vive cerca de la zona de influencia no está de acuerdo con la forma en que se realizaron los mecanismos de participación ciudadana, información y audiencia pública sobre el proyecto minera. Así lo ha comentado el alcalde Cerna, quien declaró que están evaluando presentar recursos administrativos en contra del proyecto.

El alcalde informó que la Presidencia del Consejo de Ministros ha planteado la conformación de una Mesa de diálogo en Chivay, sin embargo, aunque el día de hoy viernes 21 debieron llegar las autoridades de Lima y no lo han hecho. También, cuestionó, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) dio la autorización del uso de recursos hídricos en la de cabecera de cuenca a la empresa minera, afirma que ello pone en riesgo su localidad, y por ello han presentado un recurso de reconsideración.

El mes pasado, el diario La República reportó que los pobladores y alcaldes de los distritos realizaron una movilización en el Cercado de Arequipa reclamando que los trabajos de Buenaventura cesen porque estarían contaminando la cabecera de cuenca del río Palca, además de estar cerca del nevado Surihuiri.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/789-arequipa-rio-palca-estaria-siendo-contaminado-por-proyecto-minero-de-buenaventura

Mexico

México: Otra Guerra Más

La guerra contra los pueblos originarios encabezada por la voracidad de las empresas es grande. Los territorios que ocupamos y que hemos cuidado por siglos se concesionan en nombre del desarrollo, de la prosperidad, del empleo. A eso le hemos llamado la administración de la pobreza y de la violencia.

Ahora le guerra arremete una parte más de Zanatepec, Tapanatepec, Chahuites, Reforma de Pineda e Ixhuatán. La página se la Secretaría de Economía, nos muestra otra concesión más que afecta directamente a estos pueblos en el portal.

El 19 de diciembre de 2017 la secretaria de minería otorgó la concesión para exploración minera a RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V. con el título: 246002 Nombre del Lote: AMPLIACION CERRO GRANDE II F1. Con una vigencia de 50 años.

Dicha solicitud fue realizada desde viernes, 07 de junio, de 2013 con el expediente 033/10849 con una superficie de 29.5431 hectáreas de tierras. La superficie va desde la zona poniente de Chahuites, parte de Tapanatepec casi hasta llegar a Rincón Juárez, parte de Yerba Santa, Coyotera Carlos Ramos, todo Reforma de pineda, Parte de los terrenos de Zopilote y la parte norte de Ixhuatán.

Los sitios de Internet dicen de RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V que tiene como Actividad económica 433220 – Comercio Al Por Mayor De Artículos De Joyería Y Relojes. Estrato Personal 6 A 10 Personas. Número de Teléfono 7771020064 con dirección en Magnolias 3C Mza. 6B – Lázaro Cárdenas, Cuernavaca – Morelos.

Con las concesiones ya denunciadas con anterioridad y otras nuevas concesiones en el mismo territorio suman ya 90 mil hectáreas de terrenos concesionadas para minería en la Zona Oriente del Istmo de Tehuantepec.

La actividad minera, como se ha denunciado en distintas partes del mundo tiene como consecuencia la destrucción de selvas y la contaminación de agua, aire, suelos y cultivos provocando en las personas y animales enfermedades mortales.

Los 10 títulos de concesiones en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca cuya principal búsqueda es oro, plata y cobre están asentadas sobre el río Ostuta, río Zanatepec y río Novillero que alimentan la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el Mar Muerto.

La experiencia compartida por la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec por la Defensa del Territorio y por Procesos Integrales para la Autogestión de os Pueblos (PIAP A. C.) nos alientan a continuar con la lucha por la difusión de la información para la unión de pueblos y comunidades. Estas organizaciones nos orientan a que los ejidos y bienes comunales platiquen este tema y, de acuerdo a los protocolos establecidos, integren en sus actas constitutivas la cláusula de negación a toda actividad minera. También nos invitan a realizar sesiones de Cabildo Abierto para detener los trabajos de estas empresas.

Sin duda alguna, mientras intentábamos superar el miedo al terremoto y la lenta reconstrucción de nuestras casas y espacios de vida dañados en septiembre del 2017, el gobierno federal concedió nuestro territorio sin preguntarnos.

A 1 año del terremoto, ha sido hasta el día de hoy 18 de septiembre que la Preparatoria hemos logrado remover el total de los escombros de nuestras instalaciones, fecha en que nos hemos enterado de esta nueva concesión.

Los jóvenes tienen una larga batalla por librar, una batalla que no la pueden aprender en los salones de clases y con las materias tradicionales. Aprender a valorar, cuidar y defender la vida y el territorio es una actividad que se realiza en la vida diaria y que por muchos años habrán de encontrar el camino.

La violencia que aumentó en la región no es una casualidad o un castigo, es un plan para meter miedo. Es un plan de despojo de la tierra y el territorio.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/mexico-otra-guerra-mas/

Argentina

Derrame de cianuro y encubrimiento en Santa Cruz

Hace casi un año se produjo un derrame de solución cianurada en el proyecto CAP OESTE-El Tranquilo, a cargo de Patagonia Gold. La información fue silenciada por el gobierno de Santa Cruz. La población, víctima involuntaria de las fallas empresariales y la corrupción del modelo megaminero hegemónico de la provincia, vive bajo los efectos de un cóctel más que tóxico. Crónica de un encubrimiento que aún continúa.

 

Un derrame de cianuro de proporciones inciertas se produjo hace casi un año en un yacimiento de la empresa Patagonia Gold.La empresa ocultó el incidente mientras le fue posible. Días o semanas después -no hay precisiones oficiales sobre la fecha de la falla-, personal de la Secretaría de Estado de Minería incluyendo a su titular Guillermo Bilardo y a varios funcionarios subalternos (ver acta), efectuó una inspección en base a un informe previo de la empresa, pero luego el gobierno no difundió la información sobre el derrame.

Recién los primeros días de enero de 2018, en medio de las fiestas, el gobierno liberó a la prensa una mención de simples “irregularidades” en algunos proyectos mineros, que fueron calificadas como “menores” sin dar más precisiones. Por ejemplo, precisiones sobre la fecha del derrame, la cantidad de líquido liberado o la extensión de suelo y napas o cursos de agua afectados.

Meses más tarde, por medio de mensajes entre vecinos santacruceños, algunos detalles del incidente llegaron hasta una diputada provincial de la oposición, Gabriela Mestelán, quien presentó así a principios de este mes de Septiembre un proyecto en la legislatura de pedido de informes a la Gobernación. El proyecto no logró los votos necesarios para ser tratado sobre tablas y pasó entonces a ser tratado en comisión.

Por otra parte, al tomar conocimiento simultáneo del derrame, el ocultamiento y el pedido de informes en la Legislatura, el Concejo Deliberante de la localidad de Perito Moreno aprobó por unanimidad una declaración de adhesión “en todos los términos” al proyecto de la diputada Mestelán.

El acta de inspección donde se comenta el derrame de cianuro “informado por la empresa” fue labrada el 31 de Octubre de 2017 (ver texto e imágenes más abajo), y en ella se citan numerosas fotografías que documentan las irregularidades.
En particular, en dicha acta se consigna expresamente:

“El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).”

Además de ésa y las otras irregularidades señaladas en el acta, se ha sumado, en el caso de autoridades de gobierno, el silenciamiento de la información, constituyendo el hecho un caso claro de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tanto en relación al necesario aviso o advertencia a las poblaciones aguas abajo sobre la posible alteración de la calidad de las aguas -sean para consumo humano o agrícola-, así como en cuanto a las acciones de medición de los impactos en el ambiente, con especial foco en los cursos de agua y napas afectados. Todas ellas actividades a cargo de funcionarios y técnicos de las carteras de Salud, de Medio Ambiente e incluso de Minería, en tanto autoridad de aplicación de la actividad misma. A esas acciones todavía pendientes, se deberían sumar ahora investigaciones judiciales sobre sus incumplimientos.

Queda así en evidencia la falta de veracidad de expresiones tales como “minería responsable”, “minería con controles” y otras falsedades pronunciadas insistentemente por empresarios y políticos que apoyan la actividad.

El cianuro disuelto en agua es el compuesto utilizado en el proceso minero para separar el oro (u otros metales) del resto de minerales, luego de que la roca madre es pulverizada.

De estos metales desprendidos por acción del cianuro los más peligrosos son los llamados metales pesados, que junto con el drenaje, se constituyen en la contaminación más seria para los seres vivos. Aumenta así para la población el riesgo de contraer enfermedades de distinta clase, dependiedo del metal o los metales pesados presentes. Entre las afecciones que suelen citarse se destacan las vinculadas a aspectos neurológicos, malformaciones, dinfunciones de diversas clases (gastrointestinales, respiratorias, dermatológicas, entre otras) y algunas formas de cáncer.

A continuación, reproducimos el texto del acta de fines del año pasado, de la cual recién ahora trasciende su contenido:

Secretaría de Estado de Minería
Ministerio de Producción, Comercio e Industria
Provincia de Santa Cruz.

Acta de Inspección

En el Departamento Lago Buenos Aires en cercanías de la localidad de Perito Moreno en la provincia de Santa Cruz, a los 31 días del mes de Octubre del año 2017 se procede a labrar la siguiente Acta de Inspección, de acuerdo al marco legal vigente: Código de Minería de la Nación, Leyes Provinciales N° 1992 y su Decreto Reglamentario 2040/92. N°2554, N° 2792, N° 2949 y N° 3006, se procede a realizar la Inspección en:

EL EMPRENDIMIENTO MINERO CAP OESTE (PROYECTO EL TRANQUILO) DE PROPIEDAD DE PATAGONIA GOLD S.A.

La misma se realizó con la participación de Guillermo Bilardo, Secretario de Estado de Minería; Leopoldo Klein, Subsecretario de Geología; Pedro E. Tiberi, Director Provincial de Minería y Gestión Ambiental; Jorge Muriete, Director Delegación Zona Norte; Juan M. Ceprnic, Inspector; pertenecientes rodos a la Decretaría de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz.

Participaron en representación de la empresa: Martín Moreno, Gerente de Operaciones; Santiago Sosa, Asistente de Medio Ambiente.

En primera instancia, la empresa nos informa de lo acontecido en la pila de lixiviado, las posibles causas de pérdida de solución cianurada del pad y las medidas a implementar en búsqueda de la infiltración. Seguidamente nos dirigimos a la pila de lixiviado a efectos de observar la misma y la zona de conflicto. Nos indican en campo los pozos de monitoreo realizados a efectos de verificar posible afectación del agua subterránea debido a dicho incidente.

Al día siguiente se recorrió el sector de depósito de combustible, taller de mantenimiento de flota pesada, pañol de herramientas, depósito de chatarra, depósito de residuos peligrosos, mirador open pit, planta de aglomeración, planta y fundición Gold Room.

 

De esta inspección surge lo siguiente:
– No se han cumplido los requerimientos realizados en el informe del acta de inspección de fecha 21 de febrero del presente año.

– Sobre el camino de acceso al yacimiento, (F1) se ha abierto una cantera de árido de gran dimensión sin tener el correspondiente permiso ambiental de esta Secretaría.

– El área afectada por el derrame de cianuro (tres puntos de afloramiento de solución) es superior a lo informado por la empresa, ya que se observa movimiento de suelo cubriendo gran parte del derrame (F2, F3).

– El personal involucrado en las soldaduras de las membranas de la pila, no poseen certificación de aptitud para la realización de estas tareas.

– En la mayoría de las áreas recorridas se observa un gran desorden, en especial en talles de flota pesada. No hay una segregación de residuos y chatarra en general. Existen contenedores Bing sin identificación conteniendo residuos peligrosos al aire libre sin contención o protección. (F4, F13, F 14. F 16).

– En este sitio, la pileta de contención esta en mal estado, presentando fisuras que permiten la salida de aceite e hidrocarburos hacia el subsuelo (F 12). La misma posee residuos plásticos flotando y otros. No tiene pintura epoxi de contención. Restos de residuos varios en los alrededores de esta. La pileta de contención del tanque de residuos peligrosos con rajaduras y sin cobertura epoxi (F12, F 15).

– El container que es empleado como depósito de herramientas (F 14, F 16), se encuentra ocupado con restos varios (basura) sin cumplir la función por la cual fue construido. El sistema eléctrico e Iluminación se encuentra en mal estado. Existe un alto riesgo de seguridad en el trabajo, falta orden y limpieza en su entorno (F 13).

– Tambor con absorbente en planta de combustible empleado para depositar basura de todo tipo (F 11). Bolsas rojas conteniendo residuos peligrosos sin retirar en planta de combustible y recipiente plástico (F 8) abierto en su parte superior con combustible ubicado en contacto con fuente eléctrica.

– Planta de combustible (F7, F 8) en sector talleres con container plástico alojando aceite en estado no apto y filtros desechados en su interior en lugar de estar depositados en el patio de residuos y cubiertos con una caja de madera en mal estado. Las piletas de contención saturadas de hidrocarburos y con residuos metálicos en su interior (F 9, F 10). Falta de mantenimiento y conservación, piso contaminado con hidrocarburos y cables del generador eléctrico hacia los tanques, sueltos y puesta a tierra mal diseñada (F 7, F 10).

– Patio de residuos peligrosos (F 17) con piso fracturado, sin cobertura de pintura epoxi, pendiente de drenaje hacia pileta de contención en sentido equivocado, cartelería caída. Se había requerido, en el acta antes mencionada, su cercado perimetral con cartelería adecuada. La misma no de cumplió y de observa acumulación excesiva de residuos peligrosos sin tratar.

– Sector trailers dormitorios (campamento) con falta de mantenimiento, conservación y orden. No se respeta el horario de silencio y orden.

– Se deja constancia, la falta de personal auxiliar en el área de medio ambiente que de apoyo a las áreas diarias necesarias en el proyecto.

Forman parte de la presente acta las fotografías (17) tomadas durante la inspección. Se labran tres ejemplares de un mismo tenor a un sólo efecto en la fecha arriba indicada.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/santa-cruz/item/41969-derrame-de-cianuro-y-encubrimiento-en-santa-cruz

Colombia

Agua o minería, una ‘cruda’ controversia

Por tercera vez, un juez de Neiva invalidó un acuerdo que restringía la minería de gran impacto en sus territorios, abriendo una polémica entre el poder ciudadano y las competencias territoriales para determinar los usos del suelo.

La nulidad del Acuerdo 036 de 2016 que prohibía expresamente la construcción de represas y la megaminería a gran escala en Pitalito puso en vilo la vigencia de medidas similares adoptadas en la mayoría de los municipios del centro y sur del Huila.

La decisión adoptada el jueves pasado por el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, revive la controversia y deja en suspenso la legalidad de los acuerdos aprobados desde el 2016 en los municipios de Oporapa, Elías, El Agrado, El Pital,  Timaná, Íquira, Acevedo, Isnos, Altamira y San Agustín, entre otros.

Además, se reabre el debate sobre la viabilidad de las consultas populares autorizadas por el Tribunal Administrativo en Iquira y Oporapa con el mismo propósito. Sólo falta la financiación para su realización.

Y desde luego la legitimidad del movimiento ‘No más represas” que lidera el gobernador Carlos Julio González, los alcaldes de esas localidades y varias organizaciones sociales.

Tesis central

Según el juez Tito Alejandro Rubiano, los recursos naturales y el medio ambiente no se protegen con un acuerdo. “Por eso para el juzgado resulta nulo por falta de competencia, porque violó normas de superior rango”, anotó.

“Prohibir el montaje de una represa no se puede hacer a través de un acuerdo. En este caso lo debe hacer el legislador, quien ya distribuyó las competencias y en ese sentido debe haber la concurrencia”, explicó el funcionario al fallar el primero de los tres procesos que le correspondieron por idénticos hechos.

El funcionario tendrá que resolver en las mismas condiciones la legalidad de los acuerdos expedidos por los concejos de Altamira, Isnos y San Agustín. En principio, estos acuerdos correrán la misma suerte.

Según el juez administrativo, “cuando se trata de explotación de recursos naturales los concejos no cuentan con una atribución expresamente asignada”.

“Aunque los concejos tienen la competencia para reglamentar los usos del suelo, no pueden prohibir de manera absoluta las actividades minero-energéticas en todo el territorio. Esas actividades por expresa disposición legal, están sometidas a reserva de ley”, aseguró el togado.

“Mantener los efectos de dichos acuerdos permitiría que las autoridades locales limiten una actividad de utilidad pública e interés estatal”, reforzó Carlos Alberto Álvarez Pérez, abogado del Ministerio de Minas.

Otros casos

Con similares argumentos, el Tribunal Administrativo del Huila ahogó el 15 de marzo el Acuerdo 007 de 2017 aprobado por el Concejo de Íquira, para frenar el proyecto de exploración petrolera impulsado por la multinacional Telpico.
Sin embargo, por iniciativa de la propia ciudadanía fue avalada y autorizada la primera consulta popular sobre la restricción de la exploración petrolera en una zona altamente sensible por su biodiversidad.

Luego la misma corporación hundió con la misma artillería jurídica el Acuerdo 009 aprobado por el Concejo de El Pital, aprobado en las sesiones del 24 y 31 de mayo de 2017.

“Los acuerdos municipales deben expedirse para atender justamente las funciones que en dichas disposiciones se indican, dentro de las cuales no está la de restringir ciertas actividades relacionadas con proyectos hidroeléctricos, explotación de hidrocarburos y mineros a gran escala”, explicó el magistrado Gerardo Iván Muñoz Hermida.

“Esa prohibición y restricción implica una modificación de los usos del suelo y conlleva a su vez la modificación del estatuto de ordenamiento territorial pasándose por alto los procedimientos  previos que se requiere como la concertación,  consulta y aprobación ciudadana”, anotó.

“En todo caso- precisó-, antes de la presentación del proyecto de plan de ordenamiento territorial a consideración del concejo se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana”. Esa debe ser en su opinión, la regla de oro. La decisión con seguridad originará movilizaciones ciudadanas.

Apuntes claves para el debate

El nuevo fallo, sin duda, abre un gran debate sobre las competencias territoriales para determinar los usos del suelo, basados en pronunciamientos que han hecho los altos tribunales.

La Corte Constitucional ha reiterado que los entes territoriales tienen la competencia para regular los usos del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, “incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

En su criterio, los alcaldes y gobernadores tienen la competencia para intervenir en estos asuntos, amparados en los principios de autonomía y descentralización. Esta facultad había sido despojada, incluso a las propias corporaciones autónomas regionales y el trámite y aprobación estaba en cabeza exclusiva de las autoridades nacionales.

Igualmente la Corte considera que ninguna autoridad del orden nacional puede decidir en el ámbito local excluyendo a quienes reciben directamente los impactos de una actividad minera y que el principio de autonomía territorial se manifiesta en la competencia que tienen las entidades territoriales para reglamentar los usos del suelo en sus regiones y la a garantía de la protección del medio ambiente.

Por su parte el Consejo de Estado señaló recientemente que los municipios, en el marco de sus competencias, están facultados constitucional y legalmente para regular el ordenamiento territorial y el uso del suelo y, por lo tanto pueden acudir a la ciudadanía para solicitar su consentimiento o no para el desarrollo de las actividades minero-energéticas en sus regiones.

Pero además, están obligados por ley a realizar las consultas populares cuando estas actividades como la explotación minero energética afecten de manera significativa las actividades tradicionales de su territorio.

Fuente:https://www.lanacion.com.co/2018/09/23/agua-o-mineria-una-cruda-controversia/

Bolivia

Importación de mercurio creció 20 veces

En cinco años, la importación boliviana de mercurio con fines mineros creció 20 veces, según el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB). No obstante, el país se comprometió -con la firma de la Convenio de Minamata- a reducir el uso del metal pesado.

La Convención de Minamata es un tratado global adoptado en 2013 con el objetivo de proteger la salud humana y del medio ambiente de las emisiones y liberaciones del mercurio y sus compuestos. Fue firmado por más de 130 países y ratificado por 70, entre ellos Bolivia.

Una de las metas del tratado es que los países adscritos logren reducir al mínimo el uso del mercurio hasta 2020. En Bolivia, sin embargo, datos del CEDIB evidencian que en 2015 la importación total del químico llegó a 35.793 kilos, 20 veces más de los 1.710 kilos registrados en 2010.

El libro Mercurio en Bolivia: Línea de base de usos, emisiones y contaminación -presentado por los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente en 2016- sostiene que con 133 toneladas de mercurio liberadas al año, Bolivia es el tercer país emisor a nivel de América Latina. El 47% proviene de la explotación de oro, rubro que carece de información actualizada.

“Los mapas e información sobre las cooperativas auríferas que hay son antiguos. Se han vuelto privados”, dijo Georgina Jiménez, investigadora del CEDIB.

Explicó que entre 2005 y 2017 el número de cooperativas mineras se incrementó de 800 a 1.816. El 65% son auríferas y en total aglutinan a 122 mil trabajadores . “El 11% de todo el mineral que se extrae en el país corresponde a las cooperativas, el Estado apenas saca el 7%. Es un retroceso estatal a favor de las cooperativas”.

Según la investigadora del CEDIB, en 2014 en el río Madre de Dios entre 600 y 800 balsas de mineros explotaban oro. Cada una usaba entre 500 a 1.000 gramos de mercurio al día.

El libro Mercurio en Bolivia es uno de los pocos documentos públicos realizados en el marco de Minamata, pese a que uno de los mandatos de la Convención es la difusión de los riesgos del mercurio.

Página Siete pidió a la Cancillería información sobre los avances en el Convenio. Hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.

Parque Madidi, en la mira de auríferos

Cooperativas mineras de Apolo y la Federación Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari piden la abrogación del Decreto Supremo que declara al Madidi área protegida y territorio indígena. El pasado 11 de agosto, una asamblea de esos sectores resolvió exigir que se autorice la explotación de oro, siembra de coca y apertura de vías en la zona.

“No estamos de acuerdo con esa resolución”, dijo Lino Illimuri representante de la comunidad San José de Uchupiamona. “Estamos preocupados, porque el río Beni desde hace unos años todo el tiempo está turbio por el trabajo minero. Vamos a hacer resistencia en nuestro territorio, no vamos a permitir que avasallen nuestra área protegida”, advirtió.

El 13 de junio el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Víctor Flores, anunció la prospección y exploración aurífera en el río Madre de Dios. Lanzó el proyecto sin el consentimiento de las comunidades indígenas que viven en el lugar.

Dijo que ese río de la cuenca del Amazonas cuenta con un potencial estimado de más de 5,4 millones de onzas troy de oro anuales. Aclaro que su anuncio no era una invitación a las cooperativas auríferas.

El lunes pasado, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras se reunió con el presidente Evo Morales para analizar -entre otros temas- el acceso a más concesiones y áreas de trabajo para al sector. El Mandatario se comprometió a revisar estos temas.

“Hay varios temas como la modificación a la ley y un nuevo decreto supremo, pero como siempre la preocupación de los compañeros son las nuevas áreas de trabajo”, sostuvo el Presidente.

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Fuente:https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/9/23/importacion-de-mercurio-crecio-20-veces-194729.html#!

Mexico

La minería no es asunto de consulta

La postura del Presidente Electo de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a los proyectos mineros, en la que propuso someter a consulta pública el tema, no era la esperada por el presidente de la Asociación SOS, Armando Sánchez.

“De manera personal, no es lo que yo esperaba oír, yo esperaba que fuera un poco más subido de tono, pero ya en el transcurso de la conversaciones, hemos estado dialogando diferentes organizaciones, que estamos comprometidos en este proceso de frenar la minería, pues hemos estado viendo cuáles son los alcances que puede tener la propuesta que hace López Obrador en términos de que se ponga a consideración de la ciudadanía la viabilidad de este proyecto, tiene muchos matices, porque de entrada, si nos ponen a decidir entre Los Cardones (…) es difícil, porque de origen es un proyecto que está viciado, que nace producto de la corrupción que tiene una gran cantidad de inconsistencias y es algo que me parece que los ciudadanos no lo deberíamos ni siquiera estar discutiendo”.

Dijo además, falta más claridad respecto a la forma en que se realizará la consulta: “Tenemos muchas dudas, tenemos muchas preocupaciones, sobre cómo sería la mecánica de esta consulta: quién la evalúa, quién la rige, quién la califica, etc”.

Fuente:http://peninsulardigital.com/extra/la-mineria-no-es-asunto-de-consulta/250553

Colombia

Corte Constitucional tumbó millonaria indemnización de Cerro Matoso a víctimas

El Alto Tribunal acogió los argumentos de la Minera que pedía tumbar el fallo que la condenó en el 2017.

a Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la sentencia del 2017 que condenó a la minera Cerro Matoso a reparar a ocho comunidades aledañas a la mina de Niquel en el departamento de Córdoba con una indemnización de perjuicios por 400 millones de dólares.

 

La Sala acogió los argumentos de la minera que pidió anular dicho fallo al argumentar que no existían exámenes científicos que comprobaran la relación entre la extracción del mineral con las enfermedades que padecen las comunidades.

En ese sentido también se negó la creación de un Fondo Especial de Etnodesarrollo para reparar a las supuestas víctimas de extracción de níquel. 

Sin embargo, la Corte mantuvo la obligación a la minera para otorgar salud integral y permanente a los habitantes de los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, aledaños a la mina en Córdoba.

Es decir, los integrantes de las comunidades Bocas de Uré, Centro América, Guacarí-La Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré (del municipio de San José de Uré), Puerto Colombia, del municipio de Montelíbano; Torno Rojo del municipio de Puerto Libertador, así como del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré.

La condena que se cayó fue emitida en el 2017 y advertía que las comunidades venían padeciendo una serie de enfermedades a causa de la extracción de níquel; incluso esa providencia tuvo en cuenta estudios y exámenes que daban cuenta de niveles elevados de níquel en la sangre y orina de los residentes aledaños a la mina.

Según lo establecido en esa sentencia, dichos niveles de níquel estaban asociados a enfermedades como cáncer de pulmón, neumoconiosis reumatoide, nódulos calcificados en el pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dermatitis, bandas parenquimatosas, síndrome de Caplan, sarcoma pulmonar y fibrosis, entre otras.

La decisión la tomaron siete de los nueve magistrados de la Sala, debido al impedimento de dos de sus integrantes.

El primer impedimento fue presentado por la magistrada Gloria Ortiz, quién se declaró impedida por tener intereses personales con la minera; el segundo lo presentó el presidente de la Corte, Alejandro Linares, quién fue recusado por el abogado de las víctimas, Abelardo de la Espriella.

Fuente:https://www.rcnradio.com/judicial/corte-constitucional-tumbo-millonaria-indemnizacion-de-cerro-matoso-victimas