Chile

Prohíben a Corfo celebrar contratos con el litio


Conflicto Relacionado: Litio Salar Atacama

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Si se puede. Ahí donde la dictadura, la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha impusieron la servidumbre y el pillaje, un puñado de patriotas logra ganar una batalla en defensa de los intereses de todos los chilenos. Para ello no fue necesario recurrir a las fuerzas armadas que -se supone- están ahí para defender los intereses del país, sino a la legalidad impuesta por los propios vendepatrias. Los abogados Julián Alcayaga e Inti Salamanca, las diputadas Claudia Mix, Gael Yeomans y Camila Rojas, y el partido Poder Ciudadano logran una victoria histórica: la sumisión no es una fatalidad. Sí se puede luchar por los derechos de las amplias mayorías.
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Ayer Corfo fue notificada de la “prohibición de celebrar actos y contratos respecto del litio”, resolución fue dictada por el Ministro Alejandro Madrid, como medida cautelar solicitada en la Acción Constitucional de Nulidad de Derecho, del contrato entre Corfo y SQM, suscrito 17 de enero 2018, que entrega la mayor parte de las reservas de litio del Salar de Atacama, a la cuestionada empresa SQM.

La acción fue presentada por las diputadas, Claudia Mix (Poder), Gael Yeomans (Izquierda Libertaria), Camila Rojas (Izquierda Autónoma) y el Partido Poder Ciudadano, representado por su presidenta Karina Oliva, y patrocinada por los abogados Julián Alcayaga e Inti Salamanca.

Esta acción de nulidad de derecho público, del contrato Corfo-SQM, se fundamenta en el hecho que dicho contrato infringe el inciso décimo del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, los artículos 5° y 6° del DL 2.886 de 1979; el artículo N° 3 de la Ley 18.097 Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras; y los artículos 7 y 8 del Código de Minería, normas que establecen que el litio no es concesible, y que solo puede ser explotada por el Estado, o mediante concesiones administrativas o contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo.
Importantes consecuencias

En aplicación de la medida cautelar, Corfo no podrá licitar este año, como lo tenía programado, la adjudicación de la cuota de litio para su industrialización, ni podrá crear el Centro de Transición Energética para el desarrollo del litio, ni ningún otro acto que tenga relación con el litio.

Adicionalmente, el ingreso de Tianqi a SQM queda en la cuerda floja, porque si el recurso es finalmente aceptado por la justicia, SQM ya no podrá explotar el litio del Salar de Atacama, lo que reduce considerablemente el valor de SQM, cuyo valor actual, sin el litio, se reduce a una mínima expresión.
Contexto

Como es sabido y pese al escándalo provocado al conocerse que SQM había pagado coimas a un amplio espectro de la clase política, la CORFO otorgó –el 17 de enero de 2018– la mayor parte de las reservas de litio chileno del Salar de Atacama, a la cuestionada empresa SQM, a la que Corfo le otorga un aumento de la cuota de extracción de 349.553 toneladas de litio metálico equivalente (LME) hasta fines del año 2030, triplicándose la cantidad permitida por contratos previos.

Además, en casi todo el Salar, le otorga derechos de aprovechamiento de aguas; se obliga a no permitir la exploración y explotación minera a otras empresas, y no permite que el Presidente de la República pueda licitar la explotación del litio. Todo lo cual es inconstitucional e ilegal.

En 1940, el artículo 6° de la Ley 6.482, reservó al Estado los yacimientos que contuvieran fosfatos y sales potásicas, y no permitía que algún particular pudiera constituir pertenencias mineras de ningún tipo en dichos yacimientos. El Salar de Atacama era el principal de esos yacimientos, por esta razón, cuando Anaconda quiso constituir 75.000 pertenencias de cobre, hierro y “otras substancias”, en dicho salar, no se le otorgaron las concesiones porque el yacimiento estaba reservado al Estado. Sin embargo, Corfo si pudo constituir 59.820 pertenencias OMA en el Salar de Atacama, en 1977, solo en razón que no es un particular, sino un ente del Estado.

En 1979, se dictó el DL 2.886, que reservó al Estado la explotación del litio, con la única excepción de las pertenencias que estuvieran constituidas por “particulares”, con anterioridad al año 1979. Las pertenencias OMA de Corfo, constituidas en 1977, no podían quedar exceptuadas de la reserva al Estado, porque la excepción solo concernía a los “particulares”.

Desde el término de la Guerra del Pacífico, el Salar de Atacama pasó a ser propiedad del Estado de Chile, y por un decreto de 1884, en terrenos del Estado, que incluye el Salar de Atacama, los nitratos y sales análogas quedaban reservados al Estado, lo que fue refrendado por los Código de Minería de 1888, 1930 y 1932. En 1940, la Ley 6.482 reservó al Estado todo el yacimiento del Salar de Atacama por contener fosfatos y potasio, y prohibía que los particulares pudieran constituir pertenencias de ningún tipo. En 1979, el DL 2.886 reservó al Estado el litio, con la sola excepción de los particulares que tuvieran constituidas pertenencias con anterioridad.

En suma, por disposiciones legales, desde que el Salar de Atacama pasó a pertenecer al Estado chileno, nunca un particular pudo constituir pertenencia minera hasta que en 1979, el DL 2.886 reservó al Estado la explotación del litio.

Esta es la razón principal por la que Corfo no puede otorgar derechos de explotación en el litio, porque la Constitución solo faculta para ello, al Presidente de la República.

https://madmimi.com/p/b7e6ec?fe=1&pact=18201660-147337130-7449218253-e0ba7af30e02c41994022f4855dc130aafe8b412

Chile

“TODAS LAS EXPERIENCIAS MINERAS DEL MUNDO MUESTRAN DEVASTACIÓN AMBIENTAL JUNTO CON DEVASTACIÓN SOCIAL Y CULTURAL”

Autor: Patricio Segura, Crónica Digital

Los impactos de la minería a nivel global y los pasivos ambientales y en la salud de las personas que dejaron las explotaciones Las Chivas de Puerto Sánchez, Silva de Puerto Cristal y Escondida de Puerto Guadal fueron el centro de la exposición de Sara Larraín en el seminario “Agua, minería y agricultura: ¿Una relación virtuosa?” realizado este sábado en Puerto Ingeniero Ibáñez. La directora del programa Chile Sustentable sería una de las panelistas del encuentro, junto con la empresa Laguna Gold que impulsa el proyecto “Terrazas” en el área y el Servicio de Evaluación Ambiental, instituciones que formalmente se restaron de participar.

La especialista apuntó a la necesidad de la comunidad de informarse sobre las iniciativas que se pretenden materializar en su territorio, rol que debiera asumir el Estado pero que en la práctica no ocurre. “El Estado debiera asumir una incorporación de las comunidades locales en la definición de su propio desarrollo.  No es el establishment de funcionarios, sino en cada uno de los territorios debieran ser las personas el ente primordial que decide sobre su propio desarrollo” explicó.  En este sentido, puntualizó que “en la medida que asume las consecuencias asume la responsabilidad sobre la decisión de lo que va a ser este territorio durante su vida y durante la vida de sus hijos y nietos”.

En este sentido, recordó el proceso de ratificaciones nacionales del Acuerdo de Escazú (suscrito en el marco de la Asamblea General de la ONU) que se inicia el 27 de septiembre y que apunta al acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.  Algo que en el caso de Aysén con los proyectos mineros que se proyectan no ha ocurrido.

Esto es más grave aún cuando “en el caso del extractivismo, como la minería de minerales sólidos o de líquidos como el petróleo, todas las experiencias del mundo muestran una devastación ambiental que va junto con una devastación social y cultural” concluyó Sara Larraín

El encuentro, en el cual participaron unas 80 personas, fue organizado por la agrupación local “Puro Ibáñez”.  Su vicepresidenta Mirza Hernández expresó su satisfacción por el interés generado.  “No esperábamos que llegara tanta gente como la que vino y ojalá que para la próxima actividad haya muchos más participantes.  Fue algo bonito, con harta participación. Fue bueno, muy bueno” indicó.

Para la vecina Rayén Cayún, la actividad fue interesante. “Primera vez que tenemos un debate de esta índole, porque finalmente se convirtió en un debate, lo cual es importante porque es bueno que todos expongamos de alguna manera nuestros puntos de vista, con respeto” indicó.  La relevancia está dada, en su opinión, en que “hay muy poca información. Somos generalmente un pueblo, o un ciudadano mejor dicho, desinformado y se agradece el interés de haber llegado hoy acá a nuestra convocatoria de seminario.  Estamos muy contentos de que nos hayamos unido hoy día”.

Presente estuvo también el consejero regional y médico Rodrigo Araya, quien lamentó la ausencia tanto de representantes del Estado como de la minera Laguna Gold, controladora de El Toqui, que está tramitando una declaración de impacto ambiental para instalar 101 plataformas de prospección minera a 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez. Sin embargo aquello, “la exposición fue clara. Sara Larraín hizo un catastro completo de la realidad e impacto ambiental de las mineras en el país y a nivel mundial.  Nos vamos con una imagen muy clara sobre los riesgos o lo difícil que es, o imposible diría yo, que la minera funcione en un lugar sin afectar la ecología, el agua, el medioambiente, sin afectar la actividad agrícola de esa localidad”.

Agregó Araya que “eso hay que seguir investigándolo, porque hay más áreas que es necesario investigar” sobre la compatibilidad entre minería, agua y agricultura.

La avanzada del oro en la cuenca del Chelenko

Uno de los aspectos que más llamó la atención a los asistentes, además de la información sobre los pasivos ambientales producto de los relaves abandonados alrededor del lago General Carrera y los inactivos en la zona de Alto Mañihuales, fue ver el contexto general de iniciativas mineras que se proyectan en el área.

Actualmente existen las operaciones de Cerro Bayo (de la canadiense Mandalay Resources), paralizada luego de la muerte en 2017 de dos trabajadores en las faenas Delia 2. Sin embargo, desde fines de agosto tiene aprobada una declaración de impacto ambiental para rehabilitar la mina Javiera, a pocos kilómetros de Bahía Jara.

Por su parte la australiana Equus Mining, a través de Southern Gold, pretende desarrollar el proyecto “Los Domos”, adyacente a la actual reserva nacional Jeinimeni, en terrenos fiscales que serían parte del Parque Patagonia y a escasos kilómetros del circuito turístico Cueva de las Manos/Piedra Clavada/Valle Lunar y en una zona de alto interés paleontológico y arqueológico.  La compañía también tiene intereses en el sector Cerro Diablo, cerca de Puerto Ingeniero Ibáñez.

También en las cercanías de la localidad está la zona del proyecto Estero, del gigante minero canadiense Goldcorp.

Y, por último, se encuentra la australiana Laguna Gold, propietaria de El Toqui, que bajo el proyecto Pirámide, pretende incursionar con las operaciones de “Terrazas” y otras en Península Levicán y en dos sectores de los alrededores de Puerto Ingeniero Ibáñez.

Fuente:http://www.cronicadigital.cl/2018/09/25/todas-las-experiencias-mineras-del-mundo-muestran-devastacion-ambiental-junto-con-devastacion-social-y-cultural-sara-larrain/

Colombia

Las tres modificaciones de la Corte Constitucional a la sentencia contra Cerro Matoso

Autor: contagio Radio.com
Conflicto Relacionado: Cerro Matoso-Pijao

Son tres grandes modificaciones que hace la Corte Constitucional a la sentencia sobre la actividad de Cerro Matoso, en Córdoba: anula la indemnización que la empresa tendría que hacer a las víctimas por más de 400 millones de dólares, tumba la creación del fondo especial de etnodesarrollo y ordena que se inicie un tramite nuevo de licenciamiento ambiental.

Las víctimas de Cerro Matoso

Las comunidades que denuncian haber sido afectadas por Cerro Matoso son Torno Rojo, Bocas de Uré, Puerto Colombia, Unión Matoso en Puerto Flecha, Guacarí en la Odisea, Centro América y Puente Uré y el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de San José de Uré; además se ha calculado que podrían haber más de 3.000 personas afectadas, en el departamento de Córdoba.

En esa medida, la sentencia T-733 del año pasado obligaba a la empresa a dar una  indemnización por 400 millones de dólares a las víctimas. Sin embargo en un nuevo fallo, la Corte considera que su jurisprudencia no es generar indemnizaciones a partir del mecanismo de la tutela.

Álvaro Pardo, economista y ambientalista quien ha denunciado los abusos de Cerro Matoso sobre el territorio y la comunidad, afirma que el hecho de que no se pague la multa atenta contra una acción mínima de reparación «esto es apenas lo razonable para restablecer años de sufrimiento».

Referente a la creación de Fondo de Etnodesarrollo, que buscaba una reparación desde una perspectiva colectiva y étnica, la Corte Constitucional argumenta que en el anterior fallo esta medida fue genérica por tal razón la elimina. (Le puede interesar: «Cerro Matoso tendrá que reparar a comunidades por vulneración a derechos humanos y ambientales»)

La reparación Ambiental

Otra de las modificaciones que ordena el nuevo fallo, tiene que ver con una solicitud de licenciamiento ambiental por parte de Cerro Matoso, ya que la empresa venía ejecutando labores en el territorio con un contrato de aporte antiguo, razón por la cual sus permisos ambientales no cumplen con los nuevos requerimientos ante la ley para obtener la licencia ambiental.

Asimismo, la Corte indica que Cerro Matoso deberá realizar procesos de consulta previa para saber si las comunidades quieren o no que este proyecto de explotación de níquel continúe con esa labor en el territorio.

Para Pardo, esta nueva orden de la Corte Constitucional hace parte de una serie de medidas que evidencian que no es garante de los derechos de los ciudadanos y mucho menos de las personas más débiles y que podría echar para atrás lo alcanzado en materia de derechos fundamentales.

«Hoy una compañía sigue operando, puede causar los problemas que cause y la Corte Constitucional le puede eliminar cualquier obligación que tenga de reparar a las víctimas. Pueden hacer lo que quieran estas compañías y este es un muy mal precedente para el tema de salud, ambiental de las comunidades que viven en las áreas de influencia de las compañías mineras y de hidrocarburos» asevera Pardo.

Fuente:http://www.contagioradio.com/las-tres-modificaciones-de-la-corte-constitucional-a-la-sentencia-contra-cerro-matoso-articulo-57019/

Honduras

No podemos hablar de calidad educativa si callamos a la actividad minera extractiva

Autor: Hector Flores, Radio Progreso

La última parada oficial para poner combustible en el carro es una gasolinera en la carretera a la altura del municipio de Morazán, Yoro. Y también ahí inicia, en la oficialidad moderna, lo que queda del contacto con el pueblo Tolupán y sus territorios. Después de ahí emerge la riqueza natural en su mayor expresión y la pobreza en su mayor dimensión. Dos contrastes. Dos formas de ver y entender la vida y una sola forma de explicar el porqué de esa realidad. El abandono intencional y ausencia desmedida del Estado y el saqueo inmisericorde de los bienes comunes.

Unos kilómetros adelante, sobre el rio Chancaya, desviamos a la derecha enfilando a los territorios de la tribu indígena tolupana Las Vegas del Tepemechín, que se ubica montaña arriba de Subirana y sobre bastos cafetales de altura. Ahí donde todo huele a vida hay mucha muerte, impunidad y criminalización contra los indígenas, por sus territorios, los bosques, el agua, los recursos mineros… en fin por sus bienes comunes.

Somos un pequeño grupo de compañeros  y compañeros de Fe y Alegría en Honduras, de aventura algunos, pero con las ganas de entrarnos entre los pueblos indígenas, hablar con ellos, contarles lo que sabemos, sin pensar en los riesgos que asumimos. Nos mueve la fe – aunque no necesariamente los dogmas – por la humanidad y el compromiso por el cuido de la casa común. También la alegría, la alegría de los pueblos indígenas que – pese al abandono – siguen siendo vida.

Y ante la desdicha indígena, y la ya presenté amenaza de las minas en el territorio indígena de la Tribu Tolupán Las Vegas del Tepemechín, decidimos ir y denunciar su práctica de muerte y construir la esperanza entre el pueblo. Fuimos a estas comunidades para hablar del cuido de la casa común, de los daños enormes que causa la actividad extractivista minera y del despojo del territorio, que esto supone, pese a que les digan lo contrario. Fuimos para contarles los planes que las empresas mineras, y los que se han aliado con ellas, tienen para estas comunidades. Lo que les espera si aceptan que lleguen y lo que pueden hacer si quieren evitarlo.

Fuimos y nos sorprendimos que muchos no saben que hay interés minero en sus territorios, que hay gente trabajando por ellos y que se han hecho exploraciones in situ para determinar el mineral y las condiciones para la explotación en la zona. Lo que es peor es que ignoran – una gran mayoría que hay una carta de intenciones que condena a la tribu y sus territorios a someterse a una empresa minera que, con el pretexto de la extracción de Barita, está buscando explotar los minerales en el territorio indígena.

Y también nos encontramos gente con ganas de abrazar la vida desde varios enfoques y con el mismo propósito de conservar la casa común para otros y otras. Hablamos con el Sacerdote, párroco y sus delegados, todos y todas comprometidos con la causa haciendo y haciéndose conciencia. Tolupanes y Tolupanas convencidos de la riqueza de su suelo y de la importancia de cuidar el territorio por el bien de los que vienen en esas nuevas generaciones de la tribu de la tribu.

Al cierre de la visita contra la minería tuvimos la oportunidad de sacar los dones que nos han sido permitido: cantamos y declamamos poesía por la vida. lo hicimos en cada espacio donde hablamos sobre la minería y en la comunidad 4 de marzo – cooperativa Unidos Venceremos – donde muchas nostalgias nos son comunes y muchas utopías aún siguen germinando.

Fuente:http://wp.radioprogresohn.net/no-podemos-hablar-de-calidad-educativa-si-callamos-a-la-actividad-minera-extractiva/

Internacional

Varapalo del TSJA a la política minera de la Junta de Andalucía al tumbar un permiso de Riotinto

Autor: N. Acedo, La Razón.es

Anula la autorización ambiental de la mina onubense al admitir un recurso de Ecologistas en Acción.

La participación y la información constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental y la emisión del informe de verificación de compatibilidad ambiental así como la documentación indispensable del expediente aportada a posteriori, constituyen una fase relevante», de forma que «si no se somete» a aquéllas, «se desatienden ambos principios». Este párrafo forma parte de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha enturbiado la actividad en la mina de Riotinto, en Huelva. La historia de ese fallo se remonta a julio de 2014 cuando la federación andaluza de Ecologistas en Acción interpuso un recurso contra la Resolución de 27 de marzo de 2014 de una dirección de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta que otorgó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto de explotación del complejo minero, cuya reapertura impulsó entonces Emed Tartessus S L U, reconvertida ahora en Atalaya Riotinto Minera.

Los ecologistas pedían su nulidad apoyados en un rosario de motivos y el Alto Tribunal autonómico ha desechado algunos y hecho suyos otros. Sostiene el TSJA en su fallo, consultado por LA RAZÓN, que, en efecto y como aseveraban los conservacionistas, «se incumplió la normativa que regula el procedimiento» de otorgamiento del mencionado permiso, ya que «el Decreto 356/2010 en su artículo 19 exige la previa verificación de la compatibilidad ambiental para someter el expediente a información pública a fin de cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación». Ese informe se emitió el 13 de enero de 2014 y fue «con posterioridad al mismo y por tanto a la información pública, entre enero y febrero de 2014», cuando, según ha constatado el tribunal, «la empresa Emed Tartessus S L U presentó numerosa documentación que se consideraba indispensable para la tramitación del expediente». Entre ella constaban datos relativos a suelos contaminados, a la ampliación del estudio acústico, a escombreras activas y pasivas, al estudio específico de afecciones a la Red Natura 2000 o a la aplicación de mejoras técnicas disponibles en el proceso de deposición de estériles y al análisis de alternativas a éste, entre otras cuestiones. Todas ellas «no han sido objeto de información pública» y, aunque «efectivamente el dictamen ambiental posterior fue notificado a los interesados personados en el expediente», anota el TSJA, «se ha impedido la participación pública en una de las fases del procedimiento tal como exige el artículo 19 del Decreto», recalca.

En la sentencia se matiza que, si bien es cierto que «existe información pública en el expediente» y por tanto no se puede «hablar de nulidad de pleno derecho», sí se sostiene la «anulabilidad por acordarse en un momento previo al informe de compatibilidad como exige la norma y, lo que es más importante, sin posibilidad en esa fase de examinar toda la documentación aportada después de la información pública e informe de compatibilidad ambiental» y que suponía «una modificación del Proyecto de Explotación elaborado por la Nueva Dirección General de la Compañía resultando ser un ‘brownfeld’ y no un ‘greenfield’ y que se referían entre otras cosas al tema más sensible desde un punto de vista ambiental como eran los depósitos de estériles mineros». En definitiva, el Alto Tribunal regional estima el recurso de Ecologistas en Acción e invalida, «por no ser ajustada a derecho», la Resolución de la Junta ligada al yacimiento de Riotinto.

Fuentes de la organización «verde» destacan que lo que sí se entiende en el fallo «ajustado a derecho» es que, «en junio de 2014, el viceconsejero de Medio Ambiente denegara la suspensión de la autorización ambiental, ‘ya que la AAU por sí misma no autoriza la actividad minera, corresponde a una fase anterior al otorgamiento de los derechos mineros y al de aprobación del proyecto de explotación y del plan de restauración por las autoridades competentes en la materia’». Al hilo de esa afirmación, el miembro del área de Minería de Ecologistas Antonio Ramos subraya a LA RAZÓN que «en estos momentos» la empresa «está trabajando ilegalmente», tras tumbar el TSJA la AAU, y «la Administración es también responsable de ello». En ese sentido, los ecologistas recuerdan que «los permisos se le concedieron a la mina justo antes de las elecciones andaluzas que Susana Díaz –la presidenta del Gobierno regional– adelantó a marzo de 2015». «Primaron los intereses electoralistas sobre la legalidad ambiental, los derechos de información y la participación ciudadana», lamentan. Y suma Ramos: «Si hubiese un accidente en las balsas que contienen lodos en una cantidad 10 veces superior a la de Boliden que se rompió en Aznalcóllar en abril de 1988 en estas circunstancias, ¿qué pasaría?». Su entidad lleva años advirtiendo de que «las consecuencias podrían ser catastróficas» y en concreto desde 2015 poniendo en duda que «el proyecto Riotinto pueda garantizar la seguridad de sus grandes presas mineras, Gossan, Cobre y Aguzadera», durante la década de «vida útil» autorizados. La Junta ya ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Supremo y lanzado un mensaje de tranquilidad a la Cuenca Minera ¿a las puertas de otros comicios? Atalaya Riotinto Minera, de su lado, ha apuntado que el fallo no «pone en tela de juicio la gestión y seguridad de las instalaciones mineras» y que «no tienen ningún efecto sobre las operaciones actuales ni futuras de la compañía». Habrá próximo capítulo.

Polémicas reaperturas de varios yacimientos

Desde el Gobierno andaluz se ha impulsado la reapertura de minas como la de Riotinto, Cobre Las Cruces o Aznalcóllar, pero sobre ellas pesan algunas sombras, como demuestra el hecho de que hayan acabado en los tribunales. Distintos juzgados investigan ya en la comunidad causas con ellas como protagonistas.

Fuente:https://www.larazon.es/local/andalucia/varapalo-del-tsja-a-la-politica-minera-de-la-junta-de-andalucia-al-tumbar-un-permiso-de-riotinto-BE19957798

Internacional

Partidarios y detractores de la minería de tierras raras han debatido en la UCLM

Autor: Redacción El digital Castilla.es

La explotación de la minería de tierras raras que se dedica a la extracción de elementos químicos como el escandio, el itrio y los pertenecientes al grupo de los lantánidos, ha reunido en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a defensores y detractores de esta actividad industrial.

 

El encuentro, que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real, ha pretendido «clarificar» la realidad de la minería de tierras raras desde una perspectiva científica «y lo más plural posible», según ha explicado el coordinador del encuentro, el profesor de la UCLM José Ángel Toro.

Esa pluralidad se ha manifestado en la defensa de este tipo de explotaciones por parte de quienes señalan que este tipo de materiales son imprescindibles en la fabricación de multitud de objetos, desde teléfonos móviles hasta aerogeneradores; y en su rechazo por aquellos que priman los impactos ambiental y social derivados de estas industrias.

Entre los primeros se encuentra el consultor senior del Instituto Europeo de Tecnología de Materias Primas, Tony Hand, quien, tras admitir que los conceptos «minería» y «sostenible» son incompatibles por la propia naturaleza de los recursos mineros, ha explicado que es posible diseñar un procedimiento minero que minimice su impacto, «aplicando garantías al tratamiento del agua, de los residuos o de la energía empleada».

Tanto Hand como su compañera en EIT España, Lorena Jurado, han recordado que las tierras raras se consideran recursos críticos para la Unión Europea en función de la dependencia exterior (y casi siempre de países inestables) para su abastecimiento y su relevancia para la industria.

A pesar de este carácter crítico, aún no hay ninguna mina de tierras raras en la Unión Europea y la mayor parte de los minerales se importan de China.

En la misma línea que Hand se ha manifestado el director del Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León (ICAMCYL), Santiago Cuesta-López, quien aboga por lo que denomina «nueva minería sostenible del siglo XXI» que incluye desde una regulación armonizada para la Unión Europea, a la aceptación social de los proyectos mineros allí donde se vayan a implantar, el análisis detallado del impacto ambiental, una explotación inteligente.

Sobre el taller ha planeado el proyecto de la empresa Quantum deabrir una mina de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real), una iniciativa descartada tras la denegación de las concesiones de explotación como consecuencia de la declaración de impacto ambiental negativa por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El Grupo de Investigación Geomorfología, Territorio y Pesaje en Regiones Volcánicas (GEOVOL) de la UCLM fue una de las organizaciones que presentó alegaciones contra el proyecto atendiendo a las consecuencias ambientales de la explotación.

Uno de sus firmantes, el profesor del Departamento de Geografía Rafael Gosálvez Rey, está convencido de que la mina habría tenido repercusiones nefastas para la zona y ha señalado que el Campo de Montiel es «una de las mejores zonas de reproducción de águila imperial y de águila perdicera; y es precisamente aquí donde se está produciendo la reintroducción del lince ibérico».

Gosálvez ha señalado que la minería de tierras raras o cualquier otra actividad minera en esta zona es manifiestamente incompatible con la conservación del medio ambiente.

El profesor descarta, también, el traslado del proyecto a ubicaciones alternativas, como El Tesorillo, en Navas de Estena, junto al Parque Nacional de Cabañeros, por las mismas razones.

Fuente:http://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/411007407/Partidarios-y-detractores-de-la-mineria-de-tierras-raras-han-debatido-en-la-UCLM.html

Chile

Servicio de Evaluación Ambiental autoriza uso de tronaduras en mina Invierno de Isla Riesco

Autor: El Dínamo.cl
Conflicto Relacionado: Isla Riesco- Mina Invierno

En abril pasado, el Gobierno de Sebastián Piñera le dio un espaldarazo a la implementación de tronaduras, las que se desarrollarán cuatro veces a la semana, lo que generó polémica entre los opositores del proyecto.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) autorizó el uso de tronaduras en la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes, a pesar del rechazo de organizaciones medioambientales.

Con la decisión del SEA, se revierte lo expresado en enero pasado por la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, quien con el voto del ex intendente Jorge Flies, rechazó las tronaduras en la zona.

Nelly Núñez, directora regional subrogante del organismo, explicó a radio Cooperativa que se permite “la incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”.

Sin embargo, quienes estén en contra de lo resuelto por el SEA, tienen un plazo de 30 días para apelar ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

Ya en abril pasado, el gobierno se había mostrado a favor de las tronaduras en la zona, lo que generó el rechazo de los contrarios al proyecto minero.

En abril pasado, el Gobierno de Sebastián Piñera le dio un espaldarazo a la implementación de tronaduras, las que se desarrollarán cuatro veces a la semana, lo que generó polémica entre los opositores del proyecto.

La mina Invierno es propiedad del grupo Copec y Ultramar, está ubicada en la Isla Riesco y ocupa una superficie de 1.508 hectáreas.

Fuente:https://www.eldinamo.cl/ambiente/2018/09/24/servicio-de-evaluacion-ambiental-autoriza-uso-de-tronaduras-en-mina-invierno-de-isla-riesco/

 

Honduras

Crean fuerza de tarea para resolver conflictos mineros

Autor: Movimientom4.org

Hasta octubre del 2017, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), registra 274 concesiones para actividad minera metálica y no metálica en el país. De ellas 196 son para la fase de exploración y 78 para explotación. Olancho es el departamento que más concesiones para minería metálica registra y Cortés ocupa el primer lugar en minería no metálica.

El otorgamiento de permisos para dar paso a la industria minera ha generado conflictos en varias comunidades del país, siendo las zonas de mayor problemas Colón y Copán. Pero el Gobierno da paso a una fuerza de tarea que busca resolverlos.

“El objetivo de esta fuerza de tarea es identificar las posibles fuentes de conflicto, las características de la comunidad, entablar vínculos estrechos con los habitantes y servir de apoyo a la gestión social. Queremos fortalecer las relaciones de confianza en un clima de paz y equidad en el sector minero”, dijo Agapito Alexander Rodríguez, director ejecutivo de Inhgeomin.

Este instituto asegura que es importante identificar la percepción que tiene la población sobre su propia situación y sobre el acceso a recursos necesarios para su subsistencia, relación que se establezca con la empresa minera. “Se busca mantener la armonía con todos los sectores de la economía nacional, porque el sector minero es un generador importante de divisas”, dijo Rodríguez.

La minería en cifras. Para el tercer trimestre de 2018 se han registrado 137 millones de dólares en exportaciones de minerales, siendo el oro el principal mineral exportado seguido de la plata y concentrados de zinc y plomo. En comparación con el año anterior, las exportaciones para esta misma fecha registraban un total de 106 millones de dólares, una diferencia aproximada de 31 millones de dólares, lo que indica que el sector minero ha ido creciendo de manera gradual, dependiente siempre del valor internacional de los minerales, reveló un informe del Banco Central de Honduras (BCH).

“Solo el envío de oro hacia los Estados Unidos sumó los 41 millones dólares debido a la mejora del 7.7% en el precio. De zinc se exportó un valor de 22.1 millones de dólares, mostrando un alza de 13.5 millones sobre lo observado a abril de 2017. El plomo se exportó con un monto de 12 millones de dólares, siendo Corea del Sur el mayor receptor de este producto”, revela el informe. Pero pese a esas cifras, la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamimh) asegura que las exportaciones de metales no han mejorado mucho. “Antes se generaban 750 hasta mil millones de dólares en exportaciones y ahora solo alcanzamos de 196 a 204 millones, no es un período muy bueno”, dijo Santos Gabino Carbajal, presidente honorario de Anamimh.

 

La ley de minería

La comisión de minería en el Congreso Nacional trabaja en las reformas a la ley y en la revisión de los artículos que han generado polémica.

“Como comisión estamos trabajando en la ley. Además se trabaja en la elaboración de un reglamento para la pequeña minería y pasa por dos rutas: que se normatice la pequeña minería para que se vuelva rentable y la otra es trabajar en la reforma de los artículos que fueron declarados inconstitucionales”, explicó a LA PRENSA el diputado Juan Carlos Elvir de la Comisión de Minería.

“Pero eso no va a calmar el panorama que existe en Colón ni en Copán, porque son conceptos diferentes que va a ser difícil revertirlos porque hay concesiones otorgadas y el conflicto va a seguir”.

Varias organizaciones ambientalistas han trabajado en borradores de propuestas, los que han sido presentados a la Comisión del Congreso que analiza cada una de ellas para elaborar un documento final que contemple las necesidades planteadas por los diversos grupos ambientalistas y los mineros.

“El problema tenemos que verlo desde el punto de vista colectivo y no de forma individual porque está afectando los derechos de las poblaciones”, indicó Clarisa Vega, directora del Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho).

(…)

Situación de la minería en Honduras

 Las concesiones mineras Santa bárbara y Olancho:
Eran en 2014 y 2015 los departamentos con más concesiones otorgadas en la minería metálica. En la minería no metálica, Cortés tiene el primer lugar. En esos años se otorgaron en el país 494 y 366 concesiones mineras para exploración y explotación.

 Los conflictos que se generaron comunidades piden ser informadas:
A pesar que ha estado restringida la operación de empresas dedicadas principalmente a la extracción de metales preciosos (oro y plata) y otros minerales metálicos pesados (plomo, cadmio y zinc), se registran conflictos sociales, empresariales, ambientales y fiscales.

 Urge reglamentar la ley de minería regulaciones en la ley:
Sectores piden se revisen 21 de los artículos de Ley de Minería para considerar la petición de las comunidades en el manejo sostenible del ambiente, evitar la contaminación y aumentar la generación de empleo estable en el interior del país.

 No se desarrolla minería industrial altos costos frenan inversión:
La Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (Anamin), considera que los costos operativos para la industria en Honduras son los más altos en el mundo, y eso, aseguran, está limitando que nuevas empresas decidan invertir en la minería.

Piden no paralizar proyectos mineros comunidades deben dialogar:
Fue el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) quien llamó a los operadores de justicia y al Gobierno a atender la paralización de proyectos mineros e hidroeléctricos que se realizan en distintas zonas conflictivas del país porque se obstaculiza el desarrollo.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/09/crean-fuerza-de-tarea-para-resolver-conflictos-mineros/

Mexico

Derrames mineros: un negro historial y escasas sanciones en Sinaloa Aunque Conagua y Profepa han salido a decir que no contienen materiales tóxicos, especialistas advierten lo contrario

Autor: Sibely Cañedo , Remamx.org

En la última década, Sinaloa no ha estado exento de sumarse a la larga lista de accidentes mineros en el país, que han derramado sustancias tóxicas en el medio ambiente.

La empresa que ha sido dos veces sancionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es Minera Real de Cosalá SA de CV: en 2009 y 2011. En ambas ocasiones por exceder los límites del a NOM-001-Semarnat-1996, que se refiere a las descargas de aguas residuales.

En la respuesta de la dependencia federal a una solicitud de acceso a la información pública (folio 1610100190818), no se especifica la sustancia que fue derramada ni la cantidad, por lo que es imposible conocer el impacto ecológico. El hecho no ameritó, para las autoridades, medidas de mitigación.

En 2014, se desbordó la presa de jales mineros en el río Pánuco del municipio de Concordia. Por este hecho, a la Minera Dos Señores se le instruyó a tomar medidas para disminuir los daños, como la suspensión del depósito de jales y la construcción de obras provisionales para desvío de escurrimientos, además de monitoreos constantes.

En 2016, la Comercializadora de Materiales y Minerales de Sinaloa también descargó agua y materiales de presa de jales. Aunque no se especifica en qué cuerpo de agua ocurrió el vertimiento, según el Panorama Minero del Estado de Sinaloa esta empresa ha operado en Mazatlán la extracción de oro y plata, en el proyecto Metates/El Arco.

Derrames acontecidos en otras entidades también afectan al territorio sinaloense. Un ejemplo es el del 4 de junio de este año, en el municipio de Urique en el estado de Chihuahua, donde se derramaron 249 mil metros cúbicos de jales mineros y 190 mil de material de construcción colapsado.

Aunque la Conagua y la Profepa aseguraron que los desechos derramados no contienen metales pesados, Conselva advierte que los desechos de la minería son tóxicos por sí mismos.

“Sale Profepa y sale Conagua diciendo que no nos debemos preocupar porque no utilizan cianuro, quisiera pensar que es falta de información, porque sabemos que independientemente de la manera en que se produjeron esos jales, por flotación, o por amalgamación, el producto que sale se per se contaminante”, indicó Sandra Guido, directora de esa asociación civil.

Y esto, alegó, es porque al estar esos materiales expuestos al oxígeno y al agua generan ácido sulfúrico que libera metales pesados.

Llaman a poner lupa a descargas residuales de plantas mineras

Ante los riesgos por la cercanía de plantas mineras con ríos y arroyos en Sinaloa, investigadores llaman a poner lupa en las descargas residuales en zonas de extracción.

Esto, porque las muestras presentadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no consideran los ecosistemas en su conjunto. Tampoco la contaminación de sedimentos que se traslada a los mantos freáticos, ni los impactos de las sustancias tóxicas asimilados por plantas y animales.

Así lo advirtió Rigoberto Raygoza Viera, académico del Instituto Tecnológico de Mazatlán, quien cuenta con doctorado en Ciencias con especialidad en química por la UNAM.

“Desde la perspectiva del cuidado al medio ambiente en zona de ríos, impactados por la minería, es importante que además del agua se analice la situación de sedimentos y organismos que son indicadores de la contaminación, particularmente por metales pesados”, argumentó.

Luego de la advertencia de Conselva y otras organizaciones, el académico apuntó que se necesitan estudios más amplios y sistemáticos sobre los impactos de la minería en las regiones vulnerables.

“El aporte al agua contaminada por metales que se infiltra hasta el manto freatico es importante. Un registro continuo sería de mucha utilidad para relacionar el nivel de producción minera respecto a la acumulación en distintos compartimentos ambientales y el aumento de sus efectos en sitios donde ya se sabe que están asociados a zonas de desecho”, externó.

De acuerdo con el portal especializado www.agua.org, la minería es una actividad que se caracteriza por el alto volumen de generación de residuos, algunos de ellos potencialmente tóxicos y peligrosos para la población y los ecosistemas.

“De los residuos mineros (jales) calculados en cerca de 5 000 millones de toneladas al año, se reportan como peligrosos 253.54 toneladas”, agrega el sitio.

Parte de la problemática es la legislación “blanda”. Por ejemplo, según la ley minera actual, la contaminación provocada por estas empresas las hace acreedoras a sanciones administrativas, pero no a la cancelación de sus operaciones.

Además, la vigilancia es escasa, incluso nula en regiones afectadas por la violencia como las zonas serranas de Sinaloa.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/derrames-mineros-un-negro-historial-y-escasas-sanciones-en-sinaloa-aunque-conagua-y-profepa-han-salido-a-decir-que-no-contienen-materiales-toxicos-especialistas-advierten-lo-contrario/

Mexico

Los megaproyectos violan derechos humanos y generan muerte, señala Red de Afectados

Autor: Remamx.org

Los megaproyectos violan gravemente los derechos humanos y generan muerte, sostuvo la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), que lamentó, en un boletín, la declaración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien dijo la semana pasada que no ve violación a los derechos de los pueblos indígenas en la presa La Parota y las concesiones mineras.

“En Guerrero sus gobernantes históricamente han tenido la piel gruesa para dar respuestas sobre los temas relacionados con las terribles violaciones de derechos humanos que ahí ocurren todos los días, y que son visibilizadas por las víctimas y por los medios de comunicación”, opinó Rema en su comunicado.

El miércoles, en el 39 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, resaltó que los megaproyectos de la presa hidroeléctrica La Parota y las concesiones mineras en la comunidad de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, violan los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho a la consulta, consentimiento, libre determinación y territorio de las comunidades indígenas de Guerrero.

Al día siguiente, el gobernador Astudillo Flores declaró que no ve la violación a los derechos de los pueblos indígenas en los megaproyectos como el de La Parota y las concesiones mineras en San Miguel del Progreso.

Rema señaló que las denuncias reportadas y visibilizadas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la relatora especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, “son muestra clara del tamaño de la impunidad que opera en Guerrero”.

“Claro que el gobernador y la clase gobernante en el estado en su conjunto no ve violaciones a los derechos, y no las ve porque forman parte de un sistema que violenta sistemáticamente los derechos de los pueblos no sólo con megaproyectos, sino con la omisión al no atender ni darle seguimiento ni hacer nada por todos los casos de secuestros, asesinatos, crímenes y demás vejaciones en donde las instituciones federales, estatales y municipales, son incapaces de atenderlas”, dijo la agrupación.

La Red Mexicana de Afectados por la Minería indicó que el gobernador no ve las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas con los megaproyectos porque él mismo ha sido partícipe “leguleyo” de las poderosas empresas mineras que operan en el estado.
“El gobernador también fue comparsa del conflicto laboral ocurrido en la minera de la empresa Torex, el cual acabó con siete asesinatos y hasta la fecha nadie sabe nada de los asesinatos de tres de los opositores masacrados por las guardias de seguridad de la empresa, abiertamente relacionados con los Guerreros Unidos”, señala.

Recordó que, además, hace una semana dos trabajadores de la empresa Goldcorp/Leagold y un ejidatario de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, fueron asesinados por por fuerzas especiales en Mezcala, “pero como siempre, pronto salieron a endilgarles vínculos con el crimen organizado porque para las fuerzas del orden eso sí justifica que tengan permiso para asesinar”.

Agregó que el gobernador tampoco ve lo que sucede en más de 110 comunidades de las regiones Tierra Caliente, Centro y Norte del estado, en donde ya operan ocho de las megaempresas mineras “que tanto defiende con orgullo, pero en sumisión plena a ellas a pesar de la gravísima crisis relacionada con el despojo, el desplazamiento forzado, los secuestros, las extorsiones y las desapariciones”.
Critica que en esas regiones el gobernador no es cuidadoso de los derechos humanos, “es copartícipe de la impunidad más rampante”.
Rema agregó que en realidad sería una sorpresa que el gobernador hablara mal de las empresas y sus megaproyectos, “esas que no sólo violan derechos, sino que los desaparecen para siempre”.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/09/los-megaproyectos-violan-derechos-humanos-y-generan-muerte-senala-red-de-afectados/