Argentina

Rechazan la posible modificación de la ley que regula la actividad minera

El proyecto del senador provincial Alejandro Abraham (PJ) para modificar la ley 7.722, que delimitó la actividad minera, despertó mucho debate en parte de la sociedad y generó la reacción de quienes están en contra de esta actividad con el uso de determinadas sustancias tóxicas.

En ese sentido, Héctor “Cacho” Correa Gabbi, responsable de la publicación La Voz de la Tierra, argumentó que la 7.722 “no es una ley antiminera, prohíbe utilizar químicos y destruir un enorme volumen de agua, que ya los conocemos todos por lo que han hecho desde La Quiaca a Ushuaia de un lado y otro de la cordillera”.

El ex funcionario se mostró preocupado por los acuerdos que dejó firmados Cristina Kirchner con rusos y chinos, “porque nadie sabe a qué obligan a Argentina”. La 7.722, recordó, “tiene fallos determinando la constitucionalidad, el agua es la vida y cuando se deteriora hay que buscar otros lugares para vivir”.

En respuesta al argumento del autor del proyecto, quien asegura que prevé triple control a la actividad para evitar el daño al medio ambiente, Correa afirmó que “cuando se habla de controles y otras falacias como minería sustentable, el Estado es una vergüenza y está la prueba con Sierra Pintada, donde hace 20 años bregamos para que se remedien los pasivos”.
Entre los malos ejemplos mencionó a Jáchal, Bajo de la Alumbrera y el pueblo Belén (Catamarca).

“Los controles no están en ningún lado porque los intereses son demasiados y corren demasiados premios. ¿A quién beneficia esto? No me digan que esto es la solución económica de la población, es una farsa. Hay que tener cuidado, más cuando hay una inversión turística como la que ha hecho San Rafael y Mendoza. El agua no la podemos poner en riesgo, cada vez se agrava más la crisis hídrica por el cambio climático”.

Para Correa, no es cierto que la minería sea una solución al problema del empleo y aseveró que “la solución económica es la agricultura, no hay nada que genere más puestos de trabajo que las viñas, que los frutales. Esto amerita una discusión seria con toda la sociedad, no con tres o cuatro que impulsan negocios que no son claros”.
Finalmente, y en alusión a cuál será la postura del Gobierno provincial en este tema, dijo que “tengo esperanza que Cornejo es un hombre respetuoso de su palabra, y dijo en la campaña que la prioridad era el agua”.

Fuente:https://diariosanrafael.com.ar/rechazan-la-posible-modificacion-de-la-ley-que-regula-la-actividad-minera-119972/

Brasil

Padre Dário Bossi: «el Sínodo debe provocar que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados por la minería»

Las empresas mineras se han convertido en una de las grandes amenazas para el medio ambiente en el Planeta, una problemática que en la Amazonía afecta de modo decisivo «la riqueza del bosque y de los ríos», como nos dice el Documento Preparatorio de Sínodo de la Amazonía, afectando también a varios pueblos en su modo de vida e inclusive siendo expulsados de sus tierras.

La Red “Justiça nos Trilhos”, que está presente en el denominado Corredor Carajás, es una de las voces en la defensa de los pueblos de la Amazonia y del medio ambiente en la región amazónica. El nombre viene de la línea férrea que une la mina de hierro de Carajás, estado de Pará, con el puerto de São Luis do Maranhão, que afecta directa o indirectamente, 27 municipios de la región. En ese sentido, el Padre Dário Bossi, en esta entrevista, relata situaciones degradantes para la vida del pueblo que vive en la región.

De hecho, la minería es una amenaza cada vez más presente en la Amazonía y, según el Padre Bossi, «tenemos que dejar de pensar en ella como proyectos puntuales que casualmente aparecen en un rincón o otro de la Amazonía». Todo está en función de un beneficio económico, facilitado por la flexibilización de las leyes brasileñas en referencia a la minería.

Para abordar esta problemática, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB, vio la necesidad de crear un grupo de trabajo, llamado Grupo de Trabajo de Minería, «para crear una conciencia común», según Dário Bossi, «una estrategia de presencia, de control, pero también de enfrentamiento y de denuncia de la Iglesia frente a la minería«.

Desde la perspectiva del Sínodo de la Amazonía, es necesario «que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados por minería«, según el Padre Bossi, quien insiste en la necesidad de que «en todos los contextos donde haya alguien que sospeche que se vea amenazado de alguna manera, rápidamente generar cercanía de la Iglesia».

¿Qué es la red «Justiça nos Trilhos»?

Es un intento de articular entre sí a todas las comunidades que se encuentran afectadas por la minería y siderurgia en un territorio enorme, que es el corredor de Carajás, que va desde la mina de Parauapebas, en Pará, hasta el puerto de São Luis, en Maranhão. Atraviesa dos estados, 27 municipios, con cerca de 100 comunidades en estos municipios, la mayor parte que viven de la agricultura familiar, pero también hay comunidades de descendientes de esclavos, de pescadores, indígenas y comunidades de periferias urbanas.

Todas, sin saberlo, tienen en común el hecho de ser víctimas de un mismo sistema. Tiempo atrás, cada una enfrentaba los conflictos de manera aislada, y a veces ni percibía que las violaciones estaban afectando a los derechos que ellos tenían. La red nació para poner en articulación a esas comunidades y buscar resistencias comunes.

¿Cómo este ferrocarril afecta a la vida de la gente?

De muchas maneras. Hay impactos directos, el problema es de toda la infraestructura: mina, ferrocarril, puerto. Por lo tanto, cada una de estas tres infraestructuras tiene impactos diferentes, la mina es un impacto más a las poblaciones indígenas, expulsiones, creó deforestación, problemas serios de contaminación en la región. El puerto, en el otro extremo, expulsó poblaciones, y ahora, con la expansión del proyecto Gran Carajás está amenazando nuevas expulsiones. La gran infraestructura del ferrocarril, dos veces, una en el proceso de construcción y otra ahora, que estamos en proceso de duplicación del sistema entero, crea impactos que se deben a atropellos y accidentes, porque ese tren atraviesa o bordea muchas muchas de las comunidades donde las personas viven sin ningún tipo de protección.

Rara vez existe una infraestructura proporcionada por la empresa para atravesar las vías. Es un elemento extraño que interrumpe o bloquea, porque a veces los trenes se quedan parados, inclusive por mucho tiempo e interrumpe la vida. En el caso de las personas que atraviesan por debajo del tren o por encima de él, lo que es peligroso, pues cuando él arranca, acaba cortando algunos miembros a las personas o los animales. Además de los accidentes de tráfico, muchas personas o animales son atropellados por el tren cuando pasa. También hay problemas relacionados con las trepidaciones, porque cada vagón pesa 80 toneladas, llega a ser el tren más grande del mundo, son 330 vagones. Es una cantidad enorme de mineral que pasa, y las trepidaciones provocan grietas en las casas, sobre todo aquellas que tienen estructura más simple, desmoronamiento de los pozos, entre otros problemas.

Además, hay problemas de contaminación sonora, porque los trenes pasan día y noche, justo al lado de las casas. Hay escenas simbólicas de profesores que tienen que interrumpir sus clases cada vez que pasa un tren. Y tarda cinco minutos y ahora con la duplicación pasara cada 25 minutos. Hay un secuestro del tiempo relativamente significativo para todas las comunidades que viven alrededor del ferrocarril. También, en los últimos cuatro o cinco años, se construyó un segundo ferrocarril de Carajás, porque la empresa Vale consideró rentable la inversión para duplicar el sistema. Creó una nueva mina, que va a extraer la misma cantidad que se estaba extrayendo, y una expansión del puerto.

Esta nueva construcción se está suponiendo la expulsión de familias y la división de las comunidades, porque la empresa tuvo que renegociar con las comunidades un contrato social, entre comillas, de ocupación de sus territorios a partir de toda la infraestructura necesaria para la construcción. Con eso hubo lo que la empresa llama agentes de integración con la comunidad, que sirven para conquistar personas dentro de las comunidades que sean favorables a los grandes proyectos y que poco a poco minen en el interior de la comunidad cualquier tipo de resistencia. Incluso se convierten en denunciantes de quién está organizando protestas.

Junto con esos impactos directos, ¿cuáles son los indirectos?

Eso está en la esfera de la criminalización, de la división de las comunidades, destrucción del proyecto colectivo de una comunidad en función de un proyecto mayor que viene imponiéndose de arriba a abajo y criminalizando a los líderes. Nosotros, en estos últimos años como red, hemos trabajado demasiado, lo que ha chupado demasiado nuestras fuerzas, en defensa de personas que han sido procesadas por la empresa, como mecanismo preventivo. Espanta a los líderes que se exponen más para calmar y subyugar al resto de la población.

Por último, yo diría también el impacto de una economía impuesta, toda una negación de la diversificación económica típica de cualquier territorio a partir de lo que se dirige en función de un proyecto. Un modelo de economía, funcionando exclusivamente la minería, incluso con todo un trabajo de propaganda y de pequeños beneficios para intentar inyectar en las personas, en los políticos, en la opinión pública que ese es el modelo que funciona, algo que en la crisis de 2008 se desmoronó totalmente.

Vemos una región entera, de dos millones de personas, extremadamente volátil, porque depende del valor del mineral en el exterior, que concentra el ingreso en un sólo actor, que es la empresa Vale, que se convierte en el padrino, algo típico de esas regiones, donde la política repitió el mismo sistema. La empresa Vale apadrinó a muchas personas que dependen de ella o de sus tercerizadas, esa es la gran lucha de cómo desmontar ese sistema.

¿Cuáles son los peligros de la minería en la región amazónica?

La minería tenemos que dejar de pensarla como proyectos puntuales que casualmente aparecen en un rincón o en otro de la Amazonía. Es muy importante comprender que la Amazonía está totalmente distribuida, ha sido todo estudiado y ya hay miles de proyectos potenciales a la espera de licencias. El mapeamiento de los recursos de la Amazonía y, por tanto, el control de los bienes comunes, que ya no son bienes comunes, porque están siendo visados para su privatización, ya está establecido.

Es necesario enfrentar la minería como un sistema económico que incluso los propios estados han asumido como un sistema ventajoso y prioritario para sus políticas económicas, lo que llamamos reprimarización de la economía de la Amazonía. Por tanto, volver a considerar la Amazonía como una gran fuente de materias primas para la exportación, excluyendo todo tipo de reflexión sobre la diversificación productiva, la valorización alternativa de los territorios y también la verticalización de la producción industrial.

El tema de la amenaza de la minería en la Amazonía se une mucho al tema de la flexibilización del licenciamiento ambiental, que es una estrategia del gobierno federal que está siendo fuertemente apoyada por los diputados ruralistas y de la minería, que es fuerte en la Amazonía. Muchos parlamentarios de diferentes partidos fueron financiados con el dinero de las empresas mineras. Ellas tienen una estrategia bastante común, que viene de lejos, de distribuir dinero para garantizar apoyo plural a nivel legislativo y en el sistema ejecutivo.

Actualmente Brasil está pasando por un proceso de renovación del marco legal de la minería, que ha sido obstaculizado por la sociedad civil organizada, que de una manera sorprendente logró bloquearlo en varias instancias. Pero para hacer frente a eso el gobierno Temer prefirió retirar el proyecto legislativo del marco legal y dividirlo en sectores temáticos menores e implantarlo a fuerza de decretos. Ya hubo una reforma de la Agencia Nacional de Minería, también todo un debate sobre nuevos royalties, para la distribución de dinero a los municipios, eso también es un elemento bastante delicado. Nosotros de “Justiça nos Trilhos” hemos hecho investigaciones exactamente sobre la distribución del dinero de los royalties y de otros fondos que la empresa beneficia a los municipios, demostrando que hay muchos mecanismos que acaban desviando ese dinero.

El principio en sí de redistribución del dinero que es generado por la renta de la minería no es suficiente para justificar la oportunidad de la minería en la Amazonía, porque fue uno de los fondos donde más se descubrieron desvíos. Hay todo un debate, que incluso los movimientos sociales están haciendo, sobre cómo reapropiarse de los bienes minerales. Hay una reflexión grande que hay que hacer, primero sobre los ritmos de extracción en la Amazonía, y en general en Brasil, en América Latina, porque no son ritmos que responden a las necesidades del mercado, del sistema productivo mundial, son ritmos que responden a las necesidades financieras del mundo.

En el caso de Mariana o Barcarena, es muy explícito, pues se debería llevar a cabo un plan de cierre de la mina y de gestión de desechos, sobre los planes de gestión de los desechos, una nueva legislación que respete los derechos de los trabajadores. La minería es uno de los campos que más mata, mutila y enferma a las personas. Es un campo sobre el cual la Amazonía tiene que estar con los ojos bien abiertos porque es profundamente amenazador.

¿Dentro de las Iglesias existen colectivos y personas que asumen esa lucha contra las mineras como una prioridad?

“Justiça nos Trilhos” nació con una inspiración eclesial y desde el principio insistió en mantener a la Iglesia involucrada. Las diócesis no se involucraron institucionalmente pero fueron interpeladas y siempre hacen referencia a “Justiça nos Trilhos” como el actor que les representa en el territorio de Pará y de Maranhão. Ellos nos reconocen como una instancia eclesial. Además, el Comité Nacional de Defensa de los Territorios frente a la Minería fue lanzado y agrega a más de cien entidades que se juntan para debatir la cuestión del marco legal y también la postura del gobierno frente a la minería con el fuerte protagonismo de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB.

Desde el principio buscamos el apoyo de la CNBB, de la Orden de los Abogados de Brasil – OAB, tuvimos un apoyo significativo, tanto que aún hoy la sede de ese comité está en la CNBB. A partir de eso la CNBB sintió la necesidad de crear un grupo de trabajo, llamado GT de Minería, que se compone de una serie de asesores, yo hago parte también. Son tres obispos y cuatro laicos que estamos planeando un encuentro, que será en el primer semestre del próximo año, llamando a todos los obispos de Brasil que tengan actividades de minería, para comprometerse, para crear una conciencia común, quien tiene visiones más profundas y quien no sabe qué hacer, crear una estrategia de presencia, de control, pero también de enfrentamiento y de denuncia de la Iglesia frente a la minería.

Por último, eso ahí a nivel continental, pero en Brasil está bastante enraizado, la red ecuménica Iglesias y Minería que es una red que intenta articular las comunidades de base con inspiración cristiana o que buscan por la mística y espiritualidad plural una referencia en el enfrentamiento. Es una red que ofrece instrumentos a nivel de comunicación, de formación, de denuncia y también de articulación de red.

Una de las temáticas del Sínodo de la Pan-Amazonia es nuevos caminos para la ecología integral, que hace referencia a esa articulación. ¿Cómo el Sínodo puede ayudar a la Amazonía a tomar conciencia de los impactos de la minería?

Estamos muy contentos porque se ha publicado la Carta Pastoral de los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana – CELAM, sobre el cuidado de la Casa Común, que sería una contextualización de Laudato Si en el contexto latinoamericano y del Caribe. En este texto, para el cual también contribuimos y eso fue sorprendente, sentimos una buena apertura con respecto a la participación en la redacción, en la reflexión sobre ese texto. Hay mucha referencia a la minería y extractivismo, yo diría que es quizás el punto más fuerte de la carta. La contextualización de la Laudato Si en América Latina no puede evitar afrontar desde el punto de vista eclesial, cristiano, el extractivismo, la minería, y los obispos de América Latina lo confirman con contundencia.

La primera cosa es que el Sínodo dé voz y rescate esa reflexión que viene de los propios obispos y de otro lado la gran insistencia que estamos teniendo y hemos tenido en los últimos años, incluso con el Vaticano, para que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados porque hay un movimiento estratégico de las mayores empresas y corporaciones mineras en el mundo de acercarse a la Iglesia institucional, tanto en el Vaticano como en la Iglesia anglicana, en Canterbury, como en las Iglesias locales hay acercamientos a los episcopados locales.

Las empresas necesitan mucho a la Iglesia como una mediadora, como árbitro neutral que se ponga en el medio campo entre los afectados y los que afectan, que intente estipular acuerdos, pacificar los territorios. Ellos usan esa expresión, la Iglesia como agente de pacificación. Esto nos deja indignados, porque la Iglesia históricamente siempre tuvo su campo, su posición, que fue el campo de los pobres, de las víctimas y de los afectados por ese tipo de modelo. aún más después de Laudato Si.

Hace años que la Iglesia y la Minería está buscando motivar, sea el Vaticano, que ha acogido en varias ocasiones a los grandes jefes de las empresas mineras, en momentos de retiro, al menos dos o tres veces. Motivarla a bajar al campo y escuchar a las víctimas. Por una vez, las víctimas fueron escuchadas en Roma, pero se necesita un movimiento de descenso. Creo que el Sínodo es ese movimiento, una Iglesia que se pone a la escucha de las víctimas para entenderlas, porque ese modelo es insostenible. Hay mucho dinero que está siendo invertido para demostrar que la minería es sostenible, es virtuosa, preserva. Pero cada vez que se necesita invertir dinero para demostrar algo es porque ese algo no es tan evidente. Creo que tenemos que todos los días tenemos que ser testigos de la Iglesia.

También existe el tema de las víctimas. Varias personas de la Amazonía están siendo perseguidas, incluso asesinadas por defender todo lo hace referencia a la preservación ambiental. ¿Cómo ayudar con estrategias que ayuden a proteger a esas personas?

Uno de los motivos que hizo nacer la Red Iglesias y Minería, cuando en el 2012 comenzamos a reunirnos a nivel latinoamericano, el motivo era ese, están matando o están criminalizando y retirando de la resistencia activa a muchos líderes, sacerdotes, monjas, pero también catequistas, líderes de comunidades, que están menos protegidos por no tener la institución de la Iglesia detrás de ellos. El protocolo que la gente identificó fue el protocolo de la proximidad, insistir en que en todos los contextos donde haya alguien que sospeche que se ve amenazado de alguna manera, rápidamente generar proximidad de la Iglesia y de la Iglesia institucional, motivar cada vez más a los sacerdotes, obispos a no dejar de hablar, a no dejar de visitar, de manifestar esa vecindad.

Esto es una enorme diferencia porque devuelve seguridad a la propia persona, a la comunidad, pero también inhibe varias formas de agresión que podrían darse. Después otro canal que la Iglesia domina muy bien es el canal de la comunicación, tenemos un espacio enorme en ello y una capacidad que en algunos casos es esencial para salvación y recuperación de algunas situaciones de emergencia, para denunciar y hacer llegar en varios niveles esa denuncia, a nivel local, regional, estatal, nacional, internacional.

Otro protocolo que ya pusimos en marcha en algunos casos es la activación de las instituciones. Tanto la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, como Iglesias y Minería tienen buenas relaciones con instituciones locales dirigidas a la defensa de los derechos y también a instituciones en defensa de derechos a nivel internacional. En varios casos fue necesario activar estos canales y esto ha demostrado que hemos visto sensibilidad. Los organismos internacionales consideran a la Iglesia un actor extremadamente relevante y serio, porque es uno de los pocos actores que está en los territorios de base y que permanecerá. Uno de los límites de las denuncias de violaciones o de criminalizaciones es el hecho de que después de la denuncia, cuando el caso aparentemente se ha resuelto, todo el mundo se retira, mientras la Iglesia, potencialmente, continúa en el territorio. Nosotros tenemos esa característica de ser un interlocutor de confianza con esos organismos internacionales, lo que puede venir a establecer nuevas formas más continuas de acompañamiento de los conflictos y de las denuncias.

La paralización de la RENCA (Reserva Extractivista Nacional de Cobre y Asociados), el año pasado, a partir de las luchas sociales. ¿Es un ejemplo que vale la pena la confrontación contra políticas injustas del gobierno?

Sin duda. Tenemos necesidad de identificar casos de éxito, que no siempre son evidentes como esa de RENCA. Incluso ni la RENCA es tan evidente porque ahora de forma silenciosa, más a pedazos o más de una forma subterránea, el proceso puede continuar. Por otro lado, sin embargo, así como nuestro adversario necesita símbolos, nosotros también necesitamos, poder decir que la sociedad civil de Brasil fue capaz de deshacer un decreto presidencial eso es muy importante, porque muestra que todavía somos fuertes.

Fue un caso que nos enseñó el camino de las piedras. En primer lugar no aislar fuerzas, fue importante que la Iglesia se puso en diálogo con los movimientos sociales, buscaron alianzas de los actores de la opinión pública, hubo un fuerte llamamiento internacional con una buena solidaridad. Aprendimos que esas victorias se dan cuando hay esa capacidad de juntar fuerzas. El problema es que no siempre vamos a tener la fuerza de dar una visibilidad tan grande como se dio al caso de la RENCA.

Esto recomienda un trabajo de hormiguita para conseguir mantener en los territorios a la población movilizada, porque esa es la otra gran fuerza. Si por un lado la RENCA gano relevancia por la visibilidad mediática, por otro lado, otras resistencias, que tal vez quedaron menos conocidas, vencieron y consiguieron mantener la defensa de sus territorios porque la comunidad permaneció unida e indignada, no se dejó seducir, comprar, dividir. Estos son los dos campos que me parece que tenemos que saber actuar contemporáneamente. A veces, en la mediatización del modelo de comunicación de hoy, la tentación es la de migrar al campo de la denuncia más formal o más virtual, pero cómo es importante ese enraizamiento de la Iglesia en los territorios, exactamente para mantener al pueblo movilizado, porque allí es donde se da la escucha y la resistencia más eficaz.

Fuente:http://blogs.periodistadigital.com/luis-miguel-modino.php/2018/10/03/padre-dario-bossi-el-sinodo-debe-provoca

Colombia

“La contaminación de la minería es un genocidio”

Francia Márquez, premio Goldman a la defensa del medio ambiente, lidera la movilización de las comunidades afrodescendientes de Colombia que rechazan el extractivismo minero

Habla Francia Márquez (36 años), la mujer que ha puesto en jaque laminería ilegal de Colombia, y es como si lo hiciera un personaje deLas venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Esta joven afrocolombiana, descendiente de personas esclavizadas, es la ganadora del premio Goldman 2018, prestigioso galardón que reconoce a los defensores de la Naturaleza. En un encuentro con periodistas, denuncia el asedio a las comunidades del suroeste de Colombia que se resisten a la presión minera. Resumimos sus palabras.

¿Qué está pasando con la minería de oro en Colombia?

Desde el 2008, ha irrumpido la minería a gran escala. Se han otorgado títulos de explotación minera en nuestro territorio, lo que ha hecho que comunidades como La Toma, que es la mía, haya estado en riesgo de desplazamientos forzados por la concesión de estos títulos mineros.

¿Y qué han hecho?

Pedimos amparo administrativo para evitar ese desalojo en el 2009. Nos hemos organizado para evitar ser desplazados, pero hemos tenido una presencia exagerada de actores armados en el departamento de Cauca, habitada por indígenas y afrodescendientes. El conflicto armado nos ha afectado de manera enorme. Ocurre no sólo en Cauca, sino en toda la región del Pacífico.

¿Cómo empezó el conflicto?

se ha promovido la idea de que Colombia es un país para la minería; eso ha generado un conflicto socioambiental. La minería ilegal se ha disparado. En el 2014, hicimos una marcha hasta Bogotá para denunciar que la minería ilegal que la minería había llegado a nuestro territorio; pero nadie había parado las retroexcavadoras. En ese momento, en nuestro departamento había 2.000 excavadoras trabajando en la minería.

¿Qué consecuencias ambientales se han ocasionado?

El mercurio contamina el agua que bebe la gente. La población está consumiendo agua que tiene entre 50 y 1.000 partículas de mercurio por millón, y esto es un genocidio. Este es el departamento donde nacen la mayoría de ríos del país. En nuestro país 80 ríos están envenenados con altos niveles de mercurio. Se ha desarrollado un movimiento muy fuerte en favor de la defensa del territorio y del medio ambiente y para reivindicar los derechos básicos en una región muy olvidada.

¿Cómo ha influido este conflicto en su comunidad?

La comunidad se ve amenazada por la contaminación del agua y por el desplazamiento forzado debido a los conflictos armados por las disputas territoriales de recursos y de recursos en el hábitat propio de ecosistemas que compartimos quienes vivimos en esas zonas. En ellas, la presencia del Estado no llega con suficiente contundencia para los pobladores de las regiones más apartadas, donde el desplazamiento forzado se produce por esa contienda.

Usted fue la dirigente de esa movilización…

Las mujeres del norte del Cauca hicimos la movilización para evidenciar los conflictos sociales y ambientales de la minería. Mucha gente estaba muriendo en la mina, sepultados por los aludes de tierra que se caían. Además, alrededor de las minas se estaba promoviendo prostitución, a veces con menores de edad. Por eso, decidimos salir a defensa de la vida y del territorio. Tras un mes llegamos a Bogotá. Entramos en el Ministerio de Interior, nos dijeron que éramos una amenaza para la seguridad nacional. Les dijimos que pagamos impuestos y que veníamos a que nos cuidaran.

¿Qué está pasando ahora?

Hay una gran resistencia en las comunidades. Pero los conflictos han acabado con el asesinato masivo de líderes y lideresas los últimos años. Se estigmatiza a las comunidades vinculándolas a la guerrilla, con lo que hay gente que acaba siendo asesinada; se justifican así el asesinato.

¿La ley reconoce los derechos de su comunidad?

Nuestros ancestros fueron traídos en condiciones de esclavitud en 1636. Pero sufrimos un racismo estructural. La Constitución reconoce que este es un país con una diversidad étnica y cultural; pero la ley de 1993 (que reconoce la comunidad afrocolombiana) no ha sido plenamente implementada. No obstante, la Corte ha reconocido el derecho a ser consultados de manera previa; por eso, ordenó suspender varios títulos mineros que se habían entregado a empresas multinacionales

¿Y qué dice el Gobierno?

Hay convenios internacionales de comercio y, al ser suspendidos los títulos mineros, las empresas demandan al país. Pero son convenios hechos sin consultar a los pueblos. Eso para nosotros es un amenaza. Quieren suspender el derecho fundamental a la consulta previa.

Se nos acusa de oponernos al desarrollo.Queremos vivir donde siempre hemos vivido. Pensamos en el buen vivir, en preservar el medio ambiente para las futuras generaciones del país.

¿Puede moverse con seguridad, teme por su vida?

Tengo un esquema de seguridad de dos personas. Soy madre cabeza de familia, tengo dos hijos, y no ha sido fácil para mi familia asumir parte de esta lucha. Me tocó irme a la ciudad hace tres años y, aunque he vuelto alguna vez, no me puedo quedar a vivir allí. Soy una mujer afrocolombiana y eso implica que nos ha tocado luchar. Pero todo esto empezó desde que mis ancestros fueron esclavizados. Quisiera que a la próxima generación no le toque luchar, sino disfrutar de la vida.

Fuente:https://www.lavanguardia.com/vida/natural/20181002/452133996802/francia-marquez-premio-goldman-2018-contaminacion-mineria-colombia.html

Argentina

Pan American Silver quedó expuesta en la Legislatura de Chubut

La empresa Pan American Silver fue señalada por los proveedores de mineras de la provincia de Santa Cruz como una empresa que se lleva todos los recursos y no deja nada.

Aquí en Chubut muchos vecinos y vecinas pudimos saberlo a partir de la exposición del diputado Alejandro Albaini la semana pasada en la legislatura provincial. Pero en especial, son los diputados provinciales quienes ya no pueden pretender desconocer los antecedentes de la empresa que pretende invadir la Meseta y secar sus recursos hídricos.

Se trata de la empresa que distintos funcionarios y los diarios El Chubut, Jornada y El Diario de Madryn, entre otros medios de desinformación, vienen presentando como “la solución a los problemas de la provincia”. Es la compañía que pretende iniciar la megaminería en Chubut a través del proyecto Navidad, en plena meseta chubutense, donde el agua es un recurso escasísimo.

Durante la sesión de la semana pasada en la Legislatura Provincial, el diputado Albaini citó las apreciaciones altamente negativas realizadas por la propia Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) hace varios meses.

En Chubut, la compañía minera viene realizando una intensa campaña de promoción y presiones de distinta clase en todos los ámbitos, incluida la Legislatura Provincial, según lo denuncia el propio legislador.

El diputado brindó información sobre el desempeño de la empresa en la vecina provincia de Santa Cruz, donde la misma opera desde 2009 el proyecto Manantial Espejo, con el nombre de “Minera Tritón”.

Indicó que la cámara de proveedores santacruceños señalaba (en declaraciones a la prensa hechas en Diciembre pasado) el nulo desarrollo generado por Pan American Silver en las comunidades cercanas al proyecto, así como también la inexistencia de contrataciones a empresas locales o provinciales proveedoras de servicios e insumos.

En su alocución, el diputado señaló también otra de las grandes mentiras en relación al presunto “progreso” que traerían las mineras: en tiempos de la inauguración del proyecto Manantial Espejo en 2009, se anunció a la población la construcción de una línea de alta tensión entre Gobernador Gregores y Puerto San Julián, pasando por Manantial Espejo.

Sin embargo, nueve años después, la obra aún no se ha siquiera iniciado, la población continúa con generación térmica de electricidad, es decir generación a base de gasoil, y se estima probable que el ciclo de la mina esté próximo a terminar.

Fuente: https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42017-pan-american-silver-quedo-expuesta-en-la-legislatura-de-chubut

Mexico

Pueblos organizados de Chiapas y Puebla frenan, Ley en mano, 4 minas; nunca los consultaron

Comunidades de Chiapas y Puebla lograron frenar cuatro importantes proyectos mineros a los que venían oponiéndose desde el año 2015 por considerar que violaron sus derechos al no ser consultados cuando se otorgaron las concesiones.

Este domingo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió de manera total las actividades del proyecto denominado: “Aprovechamiento Integral de Recursos Minerales ubicado en el Ejido Nueva Francia” del municipio de Escuintla, Chiapas. La Profepa decidió sancionar a la empresa minera Obras y proyectos Mazapa SA de CV, extractora de titanio, por carecer de autorización en materia de cambio de uso de suelo de terrenos forestales que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de la apertura de brechas y caminos de acceso con una afectación aproximada de 5 mil 629 metros cuadrados, donde se removió suelo y vegetación forestal.

Desde 2015, habitantes de Nueva Francia se unieron al Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), que se mantiene en resistencia de 21 concesiones mineras promovidas por el Gobierno estatal y federal en los municipios de Acacoyagua y Escuintla.

El Frente conformado por habitantes de los dos municipios afectados se comprometieron a defender la tierra y proteger ecosistemas importantes para la biodiversidad chiapaneca como lo son: los ríos Cacaluta y Jalapa, el Bosque de Niebla de la Reserva de la Biósfera del Triunfo y de los manglares de la Encrucijada.

Los habitantes desde hace tres años han demandado la presencia de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que verificar el impacto ambiental que ocasionan cada una de estas empresas en su territorio.

A tres años de protesta, la Profepa realizó una inspección el 14 de febrero del 2018 a Nueva Francia, en la que constató que el Proyecto no cuenta con autorización en materia de cambio de uso de suelo expedida. Además, observó la afectación de aproximadamente 5 mil 629 metros cuadrados.“Se considera hubo remoción de suelo y vegetación hubo remoción de suelo y vegetación de las especies Tepenahuaste, Laurel (Hormiguillo), Capulín (Prunus salicifolia), Chile Blanco, Castaño (Castanea sativa), Hormiguillo (Cordia alliodora) y Zacate insurgente”, indicó el comunicado.

El Proyecto consta de una superficie de 3.3 hectáreas, dentro de las cuales se llevó a cabo la apertura de brechas o caminos de acceso, con una longitud aproximada de 804 metros y un ancho promedio de 7 metros.

EN PUEBLA AMPARAN A COMUNIDADES

Integrantes del pueblo Maseual (nahua) de la Sierra Nororiental de Puebla obtuvieron un amparo y protección de la justicia en contra de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, que afectan principalmente sobre los municipios de Tlatlauquietepec, Yahonoahua y Cuetzalan.

La sentencia, otorgada el pasado 26 de septiembre por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, sienta un precedente importante respecto de la minería en territorios indígenas.De acuerdo con un comunicado difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos), en marzo del 2015 el pueblo Maseual interpuso una demanda de amparo después de varios procesos de reflexión colectiva y por mandato de la Asamblea, que determinó defender el territorio ancestral y por lo mismo reclamar los actos de autoridad.

La decisión de interponer esta demanda de amparo fue por considerar que estos actos de autoridad constituyen una grave violación al derecho del pueblo maseual a la libre determinación y control de su territorio, derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Mexicana y en varios tratados internacionales ratificados por México.

Después de varios años de litigio, el pueblo maseual obtuvo una sentencia favorable donde se le ordena a la Secretaría de Economía (SE): dejar sin efectos las tres concesiones mineras, así como su inscripción en el Registro Público de Minería; llevar a cabo una consulta previa, informada, culturalmente adecuada, y de buena fe; y emitir un nuevo pronunciamiento respecto la procedencia de las concesiones.En septiembre de 2014, tres mil indígenas maseual reunidos en asamblea en la comunidad de Zacatipan, municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, ejercieron su derecho a la autonomía y encomendaron al Consejo Maseual Altepetajpianij llevar a cabo las acciones necesarias para la defensa del territorio.

Con la asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), se presentó la demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de los derechos del pueblo maseual a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la expedición de las concesiones mineras referidas.

En la sentencia, el Juzgado reconoció tal ejercicio de autodeterminación, junto con los peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura, para corroborar el interés legítimo para acudir al juicio de amparo del pueblo Maseual.Con base en el peritaje en impacto ambiental, la Jueza reconoció que la actividad minera “conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico, (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje”.

Este fallo judicial, destacó Cencos, “deja en claro que el marco jurídico de la minería en México debe ser revisado y modificado, pues es imprescindible que se garantice la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades equiparables y no se interfiera con con el control cultural de los recursos naturales tradicionalmente manejados”.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera, en México operan un total de 345 mineras, de las cuales 21 son mexicanas.

Un documento de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, cita cifras de la SE: hasta julio de 2016, existían en toda la República Mexicana 25 mil 178 títulos de concesiones mineras vigentes en 22 millones de hectáreas.

Fuente: http://www.sinembargo.mx/01-10-2018/3478868
Latinoamerica, Minería en general

El Consejo de DDHH de la ONU evaluará si el gobierno chino ha exigido a sus empresas el respeto a los derechos humanos en los países que operan

Organizaciones de cinco países latinoamericanos presentan el informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, que  demuestra que China incumple, de manera sistemática, la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas. El informe alternativo es una contribución para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra. Esta suscrito por 21 organizaciones sociales y fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para evaluar si la República Popular China cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

 

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones. Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte  y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

 

Después de casi 10 años de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido este financiamiento en la vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos? Para María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, “los resultados encontrados son devastadores tanto por los daños a las comunidades locales como a la naturaleza”.

 

El informe estudia 18 proyectos, de ellos siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos. “El hecho de que 12 de estos proyectos se encuentren en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales, y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, sostiene Di Paola.

 

“Las empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas de muchas formas. La presencia china sólo ha traído más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la protección de los bosques que todavía están en pie”, señala Karla  Sessin del Colectivo Proteja Amazônia en Brasil. En el caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil operada por China Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador tres pueblos indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China National Petroleum Corporation.

 

En tanto, las represas Santa Cruz en Argentina con una inversión de U$ 4.7 mil millones (la más grande inversión china fuera de China en el sector hidroeléctrico) se construirá en la Patagonia, lugar donde se encuentra la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur. En Perú, donde las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación, libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por la defensa de sus derechos.

 

Para Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador “la cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se pretende servir con los proyectos.” Jarrín explica que según los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos “China está obligada a respetar  los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por sus inversiones en donde quiera que se encuentren”.

 

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

 

Finalmente,  el informe sostiene que China debe: (i) incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; (ii) ratificar el Convenio 169 de la OIT; (iii) realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; (iv) establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; y (v) abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

 

Para el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA- la “relación ganar-ganar y la cooperación Sur-Sur entre China y América Latina, por el momento, están sólo en los discursos de los políticos”.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-evaluara-si-el-gobierno-chino-ha-exigido-a-sus-empresas-el-respeto-a-los-derechos-humanos-en-los-paises-que-operan/

Perú

Trabajadores mineros enfermos a causa de exposición de metales declararon ante la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió el día de ayer, 1 de octubre, denuncias de mineros de Perú, que sufren enfermedades porque su organismo tiene una concentración de metales pesados por encima de los estándares normales debido a su trabajo. A la fecha no han recibido respuestas de parte de las empresas: Antamina y Yanacocha donde trabajaron.

Dos mineros, Saúl Alejandro Juárez Flores y Alán Richard Herrera, testificaron hoy durante el 169 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra en la Universidad de Colorado, en Boulder.

Juárez Flores aseguró que sufre cáncer debido al arsénico que absorbió involuntariamente por la boca y la piel mientras trabajaba para la Minera Antamina en una zona del Callejón de Conchucos. que se encuentra a una altitud de unos 4.000 kilómetros por encima del nivel del mar.

Ante la altitud y la falta de oxígeno, los mineros usaban para protegerse solo una máscara de papel, en vez de una mascarilla de plástico con filtros destinados a impedir la absorción de metales.

«Me rebela, me indigna que empresas tan grandes, tan poderosas, vengan al Perú a ser cada vez más ricas y que nos agredan de esta forma, que nos hagan daño no solamente a mí, sino a mi familia y a toda la familia minera del Perú. Y, encima de eso, que nos traten de ignorantes», expresó Juárez Flores.

El hombre, de 53 años, comenzó a trabajar para la Minera Antamina en 1999 y fue despedido en 2011 después de que le diagnosticaran el cáncer.

Junto a él, se sentó Alán Richard Herrera, de 44 años y que trabajó para la Minera Yanacocha entre 1998 y 2012.

En declaraciones a Efe, Richard Herrera dijo sentirse en una «ruleta rusa», porque su cuerpo tiene concentraciones de mercurio, arsénico y talio por encima de los niveles normales y no sabe qué consecuencias tendrá para su salud o la de sus hijos.

El minero tiene tres hijosy uno de ellos, de 12 años, tuvo problemas de caída de cabello cuando era más pequeño.

Durante la audiencia, los representantes del Estado peruano aseguraron que el Gobierno y en concreto el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tienen en marcha mecanismos y regulaciones para atender los problemas que puedan derivarse de la inversión minera, que ocupa un importante lugar en la economía peruana.

De hecho, de enero a mayo del 2018, las inversiones mineras ascendieron a 1.569 millones de dólares, lo que supone un incremento del 34,3 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: http://muqui.org/comunicaciones/noticias/item/795-trabajadores-mineros-enfermos-a-causa-de-exposicion-de-metales-declararon-ante-comision-interamericana-de-derechos-humanos

Colombia

Gobierno quiere hacerle mico a consultas populares con el presupuesto general de la Nación

La Misión de Observación Electoral (MOE), denunció un posible ‘mico’ que se habría metido a última hora en el presupuesto general de la Nación. Se trata de un artículo que dictaminaría que las consultas populares serán financiadas por los municipios y departamentos y no por el Gobierno y la Registraduría, hecho que para la MOE, podría acabar con este mecanismo democrático.

Felipe Jiménez, integrante de la MOE, aseguró que el Gobierno junto con algunos congresistas, se pusieron de acuerdo para meter un artículo que afirma que, «de ahora en adelante, las consultas populares departamentales y municipales, deberán ser costeadas y financiadas por los municipios y departamentos», provocando que la gran mayoría de consultas no se puedan realizar, porque los entes territoriales no tendrían ni los recursos, ni los incentivos para costear estos mecanismos.

Además, Jimenéz expresó que este artículo, derrumbaría un proceso democrático, debido a que la puesta en marcha de las consultas populares se vería supeditada a los intereses de las alcaldías y si estas no quisieran hacerlas, podrían excusarse en la falta de recursos para no llevarlas acabo.

El conejo a la participación social

Para Jimenéz, que este artículo se haya metido a última hora en el Presupuesto General de la Nación (PGN) genera «mala espina» y puede interpretarse como una oportunidad para hacerle «conejo a la participación ciudadana».

En esa medida, aseveró que la democracia tiene un costo y hay que asumirlo, «porque de lo contrario se estaría limitando la participación y haciendo caso omiso a los deberes y derechos que están consagrados en la Constitución». (Le puede interesar: «¿Por qué las Consultas Populares están en riesgo?»)

Asimismo, recordó que el PGN será prontamente votado en plenaria de Senado y Cámara, razón por la cual organizaciones sociales deberán hacer un gran trabajo de incidencia para que se retire este artículo que sería perjudicial para la democracia del país.

¿Cómo financiar consultas populares, economizando costos?

La MOE manifestó que el principal argumento de los congresistas y del gobierno para colocar este artículo es que no se sabe cuánto presupuesto se necesita en Colombia para financiar las consultas, porque no se puede establecer cuántas se realizarán.

Sin embargo, Jiménez sostuvo que si se generaran fechas específicas para realizar las consultas, es decir, un día semestralmente en que se convoquen las consultas aprobadas, se podría ahorrar costos y establecer un presupuesto mucho más concreto para este mecanismo. (Le puede interesar: «¿Qué pasará con las consultas populares en Colombia?»).

Brasil

La tala ilegal y la minería amenazan a una comunidad del río Amazonas

En Brasil, las comunidades indígenas están luchando por sus tierras frente a la amenaza de las grandes empresas, la minería y la destrucción del medio ambiente. En algunos casos, su propia supervivencia está en juego.

A principios de 2018, Ageu Lobo Perreira se encontraba huyendo. Había recibido la noticia de que su vida y la de otros dos miembros de la comunidad tradicional de la ribera del Amazonas que dirige, estaban en peligro.

La advertencia se produjo después de que  Lobo Perreira y otras personas del asentamiento de Montanha y Mangabal, que se encuentra disperso a lo largo del río Tapajos, cerca de la ciudad de Itaituba, al norte de Brasil, se dispusieran a marcar los límites reconocidos por el gobierno de su comunidad.

Fue entonces cuando encontraron evidencia de minería ilegal en sus tierras, incluyendo la contaminación del agua por residuos producidos por la extracción de oro. Según Lobo Perreira, los mineros vieron el proceso de demarcación como una amenaza para su sustento y enviaron un mensaje diciendo que matarían a los líderes comunitarios que se interpusieran en el camino de sus actividades.

«En la primera etapa del proceso, nos vimos enfrentados a leñadores ilegales”, cuenta el líder de la comunidad. «En la segunda, nos enfrentamos a los mineros artesanales. Vieron que sus actividades ya no eran viables, así que empezaron a amenazarnos”.

Lobo Perreira pasó un mes escondido, durante el cual la policía federal comenzó a interrogar a los mineros artesanales. Esto aumentó las tensiones. Tras su regreso, la comunidad presentó un informe sobre la situación ante las autoridades brasileñas en un intento de obtener ayuda.

«Les hemos pedido controles e investigaciones y esperamos que tomen cartas en el asunto”, dice Lobo Perreira, añadiendo que la agencia gubernamental responsable de la titulación de tierras, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) de Brasil, no ha cumplido con su «obligación de marcar el territorio”. Eso hace que la ya aislada comunidad sea aún más vulnerable.

Caza y recolección de tradiciones

La minería ha sido parte integral del estado de Pará, donde se encuentra la comunidad de Montanha y Mangabal, desde que la fiebre del oro de los años 80 hiciera estragos en el paisaje.

Aunque la época en la que cientos de hombres entraban en tropel en las minas a cielo abierto saqueando la tierra, capturada en sorprendentes imágenes por el fotógrafo Sebastiao Salgado, ha pasado a la historia, los investigadores y lugareños todavía observan contaminación en los ríos causada por las actividades mineras de hoy en día.

«La minería con máquinas tiene consecuencias trágicas”, dice Lobo Perreira sobre el impacto de la maquinaria, como las excavadoras y dragas utilizadas en la minería a gran escala, en el bosque, que alberga animales como tapires y jaguares.

Incluso la minería artesanal a pequeña escala tiene un impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.

«Hoy en día, el oro fino que está apareciendo se obtiene mejor usando mercurio”, explica José Pacheco Peleja, que coordina el laboratorio de biología ambiental de la Universidad Federal del Oeste de Pará.

Cuando se emplea mercurio para ayudar a separar el oro de otros materiales, éste puede filtrarse al suelo y al agua, contaminando así el suministro de alimentos. Una exposición prolongada al mercurio puede causar deterioro cognitivo.

Aumentan los asesinatos

En 2013, Incra declaró a la comunidad de Montanha y Mangabal como un asentamiento de actividad agraria y de extracción. Los residentes habían luchado durante mucho tiempo por ese reconocimiento, que les permite tener derechos sobre sus tierras ancestrales, así como continuar con sus actividades tradicionales de caza, pesca y recolección. Los miembros de la comunidad afirman que no se dedican a la minería.

Sin embargo, critican que tienen poca protección y que se han visto obligados a defenderse de las amenazas violentas de la industria agraria, minera y maderera. Especialmente desde que en 2017 se recortaran los fondos para la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano del Gobierno brasileño que establece y desarrolla políticas relacionadas con los pueblos indígenas, así como para la oficina de protección del medio ambiente.

La historia se repite en todo el país. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, dirigida por la Iglesia Católica, y que hace un seguimiento de los asesinatos asociados a los conflictos por la tierra, 2017 fue uno de los año más violentos, con un aumento del 15 por ciento en los asesinatos comparado con 2016. El estado de Pará fue el más violento, con 21 personas asesinadas como resultado de las tensiones relacionadas con la propiedad de la tierra.

La policía federal, que se encarga de los reclamos del uso ilegal de la tierra y del allanamiento de morada, se niega a comentar esta historia. No obstante, Incra afirma haber estado trabajando en la demarcación de la tierra. Todavía quedan 30 kilómetros de frontera por establecer. Estos esfuerzos deberían reanudarse en octubre, según la agencia.

También está estudiando la comunidad de Montanha y Mangabal para catalogar sus estructuras existentes, como casas y bienes, así como a sus habitantes. Hasta ahora, ha identificado cinco mineros que no formaban parte de la comunidad.

Conflicto profundamente arraigado

Establecer los límites no resolverá todos los problemas de la comunidad, particularmente cuando los nuevos proyectos de infraestructura importantes chocan con los derechos de la tierra de la comunidad y tienen un impacto sobre el medio ambiente, según Marco Antonio Silva Lima, director de ciencia y tecnología del Departamento de Educación de Pará.

«Estos conflictos son históricos”, aclara Silva Lima a DW. «Lo que está sucediendo ahora es que hay una gran inversión en sistemas logísticos para mandar soja por barco y construir represas hidroeléctricas. Esto está empeorando los conflictos que ya existían. Es realmente preocupante”, explica.

Brasil planea construir varias represas más en la cuenca del río Tapajos, a pesar de la resistencia de grupos conservacionistas e indígenas a los proyectos que, según ellos, inundarían un ecosistema rico en vida vegetal y animal.

Mientras tanto, Silva Lima cree que una manera de proteger a los grupos indígenas sería establecer un plan de desarrollo estratégico para la región de Tapajos, creando empleos alternativos para los mineros artesanales y los leñadores.

«En mi opinión, esto tendría que involucrar a las entidades estatales, locales y federales, así como a las comunidades tradicionales, a fin de establecer mecanismos de diálogo”, afirma Silva Lima, quien añade que es primordial para la supervivencia de estas comunidades, que sus voces sean escuchadas por las empresas y el gobierno.

Fuente:https://www.dw.com/es/la-tala-ilegal-y-la-miner%C3%ADa-amenazan-a-una-comunidad-del-r%C3%ADo-amazonas/a-45729661

Internacional

Presentan alegaciones a la explotación minera Gato Montés de Alconchel.

El proyecto minero afecta a la Z.E.C. Sierras de Alor y Monte Longo, a la que fracturará en dos zonas aisladas, arruinando su equilibrio ecológico y convirtiendo un paisaje extraordinario en una zona devastada.

La tramitación de la solicitud de explotación adolece de múltiples y graves irregularidades en lo relativo a información y participación pública, así como  incompatibilidades con la ordenación urbanística, el desarrollo social sostenible y la economía local.

 Este proyecto es uno más de los muchos que la administración extremeña está tramitando actualmente y se enmarca dentro de un boom de la minería en España que ha llevado a Ecologistas en Acción a crear un Grupo de Minería a nivel estatal para hacer frente a la creciente amenaza de las multinacionales mineras en su intento de abrir explotaciones a cielo abierto en todo el territorio nacional.

El proyecto de explotación minera “Gato Montés” tiene una superficie de  2987,31 has. y en él se contempla, además de la propia corta a cielo abierto, la instalación de una planta de tratamiento, escombreras, balsas de decantación, desvío del cauce de dos arroyos y de caminos públicos.

Todas estas actuaciones tan agresivas se localizan en la parte central de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierras de Alor y Monte Longo y la fragmenta en dos zonas separadas, lo que supondrá una grave alteración del equilibrio ecológico de un espacio de gran valor en lo referente a biodiversidad, pues en él se pueden encontrar seis tipos de hábitat diferentes que albergan 42 especies animales y 7 vegetales con algún tipo de protección.

En este aspecto, el proyecto presenta múltiples incumplimientos e insuficiencias en la valoración de las afecciones que tendrá en el medio natural (Red Natura 200) y el patrimonio cultural, además de incompatibilidades con la ordenación urbanística, el desarrollo social sostenible y la economía local.

También se han apreciado numerosas irregularidades en la tramitación que la Junta de Extremadura ha hecho de la solicitud de explotación de la mina. Las más graves de ellas se refieren al proceso de información pública, ya que se omite que la concesión afecta a tres términos municipales (Olivenza, Táliga y Alconchel) y no sólo a este último, por lo que se ha producido una ausencia de notificación a gran parte de las personas vecinas afectadas por ser colindantes o muy próximas a la explotación, además de haber una falta de difusión de la documentación sometida a información pública.

En este sentido Ecologistas en Acción de Extremadura advierte de las graves consecuencias que de ella se derivarían para el futuro económico de las localidades de la zona. Los esfuerzos que tanto el Gobierno regional como los Ayuntamientos están realizando por fomentar el turismo de naturaleza y paisaje en el entorno de Alqueva, quedarían arruinados con la transformación de un paisaje natural a uno industrial y la consecuente pérdida de atractivo para potenciales visitantes. Baste recordar que la zona de explotación minera se localiza a menos de 500 metros del Castillo de Miraflores de Alconchel, lugar que se intenta posicionar como referente del astroturismo en Extremadura y que perdería gran parte de su interés para el turismo de observación de estrellas al igual que para el propio turismo cultural.

Con esto, si la Junta de Extremadura aprobara este proyecto, entraría en contradicción con su propia Estrategia 2030 de Economía Verde y Circular que tanto se esfuerza en promocionar.

Ecologistas en Acción alerta que estamos ante un ‘boom’ de la minería en España, diseñada en despachos de la Bolsa, sustentada por gobiernos de todo tipo e ideada para la continua especulación. El proyecto de Alconchel es uno de los muchos proyectos de minería a cielo abierto que han sido solicitados en el territorio español por multinacionales mineras.

Y denuncia que la causa de esta concesión sistémica de licencias mineras es la confluencia de una ley de minas pre-democrática que incentiva la compra-venta de derechos, proyectos y autorizaciones con el servilismo administrativo de los gobiernos autonómicos y el activismo especulador de especialistas  internacionales mientras que, al final, son las comunidades locales, la economía rural y el entorno natural los grandes damnificados de esta nueva minería.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Fuente:https://digitalextremadura.com/presentan-alegaciones-a-la-explotacion-minera-gato-montes-de-alconchel/