Chile

Minera Ojos del Salado garantiza que caserón Gaby “no volverá a operar”

Rodrigo Bustamante 11/10/2022
La compañía anunció que ya presentó un plan de cierre al Sernageomin.

Luego que la ministra de Minería, Marcela Hernando, anunciara el cierre del caserón Gaby donde se generó el socavón que afectó a la comunidad de Tierra Amarilla, desde la Minera Ojos del Salado acataron la decisión y garantizaron el cese de las operaciones en el sector.

“En línea con lo que dice la ministra, hace un par de semanas presentamos un plan de cierre a Sernageomin para el sector de los caserones Gaby de la Mina Alcaparrosa, el cual no volverá a operar”, manifestó la compañía mediante un comunicado.

La empresa remarca que “ha actuado con responsabilidad y decisión para mitigar los posibles efectos del socavón aparecido en su propiedad”, y que desde julio a la fecha “hemos centrado nuestros esfuerzos en la salud y seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras, y también de la comunidad”.

“Además, otra de las prioridades ha sido el desarrollo de un sofisticado proyecto de ingeniería, llevado a cabo durante el mes de septiembre, para detener la infiltración de agua en Mina Alcaparrosa”, informó.

El anuncio de la ministra se dio luego que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) diera a conocer la formulación de cuatro cargos contra la Minera Ojos del Salado por su responsabilidad en el socavón de más de 60 metros de profundidad que se generó el pasado 30 de julio en Tierra Amarilla.

Minera Ojos del Salado garantiza que caserón Gaby “no volverá a operar”

Chile

¿Qué ha pasado con el socavón en Tierra Amarilla?

Verónica González Encina , 11/10/2022
La ministra de minería, Marcela Hernando, informó recientemente el cierre definitivo de Caserón Gaby en la mina Alcaparrosa, por estar directamente relacionado con el evento.

A 900 metros al noroeste de la zona urbana de Tierra Amarilla apareció un socavón de más de 60 metros de profundidad el pasado 30 de julio de 2022. Ante ello, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Sernageomin, el ministerio de minería y el Congreso han trabajado para esclarecer la situación.

El pasado 7 de octubre, la ministra de minería, Marcela Hernando, informó el cierre definitivo de Caserón Gaby en la mina Alcaparrosa, por estar directamente relacionado con la aparición del socavón.

“Están cerrados definitivamente y nunca más se podrán explotar”, fue la categórica afirmación de la ministra tras la mesa técnica intersectorial que lidera su cartera, como una manera de dar transparencia a los procesos investigativos y reparatorios emanados de este proceso.

Previamente, la SMA ha formuló cuatro cargos contra Minera Ojos del Salado, titular del proyecto “Continuidad Operacional Mina Alcaparrosa”, ubicada en el lugar del socavón.

De las cuatro infracciones levantadas, una fue clasificada como grave, específicamente la inherente a la extracción de mineral en Mina Alcaparrosa, lo cual se constata en el incumplimiento de la tasa de producción durante 2019.

La operación controlada por Ojos del Salado pertenece al “Distrito Candelaria” y produce concentrado de cobre a través de la explotación de las minas subterráneas Santos y Alcaparrosa a razón de 15.400 toneladas de cobre al año en promedio.

Entonces, frente a este escenario se plantea la duda: ¿Cuántas de las mineras que operan en las cercanías de la comuna de Tierra Amarilla se han visto involucradas en situaciones similares?

La capacidad mensual de su planta considera 150.000 toneladas, utilizando un sistema de flotación aplicado a minerales sulfurados. Al igual que Minera Carola, sus instalaciones se encuentran emplazadas en la comuna de Tierra Amarilla. Mientras que, su depósito de relaves se ubica en el sector denominado Quebrada del Gato, Paipote, comuna de Copiapó, a 17 km de la faena.

En 2021, la SMA formuló nueve cargos contra Sociedad Minera Atacama Kozan, titular del proyecto “Faena Minera Atacama Kozan” (AK), por infracciones a las disposiciones establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), en diversas obras del proyecto emplazadas en la comuna de Tierra Amarilla y Copiapó.

De los nueve, uno fue clasificado como gravísimo, cinco graves y tres como leves, por lo que la empresa podría ser objeto de una multa de hasta 38.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTA), Revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o clausura del proyecto.

En 2013 se generó un socavón cerca de la zona poblada de Tierra Amarilla. Ante el hecho, la minera dueña de los terrenos cerró el perímetro para evitar accidentes.

El entonces seremi de Minería de Atacama, Mauricio Pino, señaló que la empresa tenía la obligación de cerrar inmediatamente el cráter que se ubicaba a 600 metros de una zona habitada.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2022/10/que-ha-pasado-socavon-tierra-amarilla

Chile, Perú

Inversión en exploración minera crece 40% en Perú

Javiera Pizzoleo , 11/10/2022
En contraste, proyecciones de la Corporación de Bienes de Capital apuntan a un desplome de 39,8% en la inversión minera chilena a 2023.

El Ministerio de Energía y Minas de Perú informó este lunes en el Boletín Estadístico Minero (BEM), que la inversión acumulada en exploración sumó US$267 millones entre enero y agosto de este año, lo que supone un incremento del 40,3% en comparación con el mismo periodo de 2021 (US$ 190 millones).

En esa línea, la inversión en el mes de agosto alcanzó US$40 millones, lo que equivale a un aumento de 8,3% con respecto a lo reportado el mes anterior (US$37 millones).

Asimismo, reflejó un incremento de 45,6% al compararse con agosto de 2020 del año previo (US$28 millones), siendo las compañías líderes en exploración minera Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., Compañía Minera Poderosa S.A. y Jinzhao Mining Perú S.A.

Las autoridades apuntan a que el comportamiento positivo en exploración refleja la confianza que mantienen los inversionistas en el potencial geológico que existe en Perú y ratifica al país como un destino de creciente interés para inversionistas.
¿Qué sucede con Chile?

Al contrario del país vecino, un reporte publicado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC) en agosto, refiere que la inversión minera tendría una caída de 39,8% en 2023. Al cierre de 2022, la caída sería de 7,5% en comparación con 2021.

El catastro de inversiones levantado por la corporación apunta a una inversión de US$15.126 millones a materializar en el quinquenio 2022-2026, con 70 iniciativas con cronogramas definidos, donde el 31,2% corresponde a proyectos estatales y el 68,8% a privados.Estas iniciativas representan el 28% del total de inversión esperada para el país.

Según la CBC, la caída en la inversión responderá a una menor reposición de proyectos ad portas de nueva producción. Además, en el caso de los proyectos Santo Domingo y Mariposa hay una reevaluación de estudios de factibilidad, asimismo, Collahuasi y Fenix Gold realizaron una redefinición de las iniciativas por temas ambientales.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2022/10/inversion-exploracion-minera-peru-registro-aumento-40-agosto

Internacional

Los acusados por cortar la AP-66 durante la crisis minera aceptan un año de prisión

E. Niño | 10/10/2022
El juicio de los seis implicado comenzó este lunes en la Audiencia Provincial de León, España
La Audiencia Provincial de León iniciaba este lunes el juicio en el que se acusaba a seis personas por haber cortado la AP-66 en el año 2019 en el marco de las protestas motivadas por la crisis del sector de la minería y el cierre de explotaciones en la comarca de Laciana. Un proceso legal en el que los acusados han aceptado un año de prisión. El fiscal pedía para ellos penas que superaban los tres años de cárcel.

En concreto, la Fiscalía hacía referencia a dos cortes en la citada en el 2019. ell primero de ellos, señalaba, se produjo sobre la 1:25 horas del 18 de enero de 2019, del que se acusaba a tres personas que formaban parte «de un grupo de unas 15» que hicieron una barricada con neumáticos a la altura del kilómetro 103 de la vía, en el término municipal de Barrios de Luna. El secundo corte, apuntaba, se produjo sobre la 1:15 horas del 9 de febrero de 2019, del que acusaba a cuatro personas (una de ellas participante también en el anterior) que, formando parte también de un grupo de «unas 15», cortaron la carretera a la altura del kilómetro 119,700, en el término municipal de Rioseco de Tapia.

La Fiscalía consideraba que las tres personas participantes en el primero cometieron un delito de desórdenes públicos y de coacciones por el que les pedía una pena de tres años y nueve meses de prisión, mientras que las cuatro involucradas en el segundo (una de ellas participante en los dos), se enfrentaban a una petición de tres años de cárcel por el primero de los delitos, el de desórdenes públicos, y de nueve meses más por dos delitos de coacciones.
https://www.lanuevacronica.com/los-acusados-por-cortar-la-ap-66-durante-la-crisis-minera-aceptan-un-ano-de-prision

Perú

Gobierno peruano envía a Congreso proyecto para prorrogar por 5 años incentivo a exploración minera

Thomson Reuters 2022
10/10/2022
LIMA, 10 oct – El gobierno peruano dijo el lunes que envió al Congreso un proyecto de ley para ampliar por cinco años un incentivo para la exploración minera, en momentos en que el sector clave para la economía del país encara conflictos con comunidades.

La iniciativa, ya anunciada en septiembre por el ministro de Economía Kurt Burneo, solicita al Legislativo prorrogar hasta fines del 2027 la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a la actividad, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado.

El proyecto de prórroga del incentivo también incluye a la exploración de hidrocarburos, añadió el ministerio.

Estos beneficios, creados en 2002 para promover las inversiones en el sector, vienen ampliándose consecutivamente y el Congreso dominado por la oposición discutirá su aprobación o no de la norma, que actualmente vence el 12 de diciembre.

“El país tiene que ser hoy atractivo y promover inversión en la actividad exploratoria, generando mecanismos para esta actividad que es muy riesgosa”, dijo Burneo en el comunicado.

El sector minero enfrenta constantes protestas de comunidades indígenas pobres cerca de los yacimientos, en demanda de mayores beneficios de la industria. Los conflictos han frenado temporalmente algunas operaciones.

A agosto de este año, las inversiones en exploración minera sumaron 266,5 millones de dólares, un 40% más frente al mismo periodo del año pasado, según el Ministerio de Energía y Minas.

Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
https://es.euronews.com/next/2022/10/10/mineria-peru-exploracion

Perú

En un mes se definirá si se le retira permisos de agua a Quellaveco

11/10/2022
Molino de bolas del proyecto Quellaveco. | Crédito: Anglo American
Quellaveco, ubicado en Moquegua (Perú), saltó a la palestra en las últimas semanas, no solo porque recibió la autorización de operación comercial, sino también porque se ha generado una discusión alrededor de los derechos de agua de la mina de cobre de Anglo American.

Después de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitiera en agosto la Resolución Directoral N° 0624-2022 por la que se le permite a Anglo American el uso de 22 millones de metros cúbicos de agua de los ríos Titire y Vizcachas, afluentes del río Tambo, para la operación de la mina Quellaveco; representantes del Valle El Tambo se mostraron en desacuerdo con esta resolución y apelaron. Dicha apelación se encuentra en el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la ANA.

En un mes se dará a conocer la decisión sobre la apelación, estimó la ANA. Con esto, se conocerá si finalmente se le quitará o no agua a la mina de cobre. El plazo de un mes culminaría en la primera semana de noviembre.

Cabe destacar que en cualquier caso, el fallo podría ser llevado al Poder Judicial si las partes no están conformes.
¿Qué pasa con los derechos de agua?

A mediados de setiembre pasado, un grupo de residentes del Valle de Tambo en Arequipa bloqueó caminos para protestar por la autorización de derechos de agua porque temían que la agricultura se afecte por una supuesta contaminación por Quellaveco.

Además, la semana pasada, las autoridades de la provincia de Islay en Moquegua dieron al Gobierno una semana para decidir sobre los derechos de agua de la mina, según información de Bloomberg. Esto, después que autoridades de la región Arequipa se reunieran con la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Patricia Ocampo, y el jefe de gabinete de asesores de Pedro Castillo, Alberto Mendieta, para abordar este tema a raíz de la resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que otorgó la licencia de agua superficial.

En este contexto, el último viernes, el Midagri señaló en un comunicado que “existe el compromiso de la conformación de una mesa técnica que evaluará, en un plazo prudencial y de acuerdo a ley, la Resolución Directoral 0624-2022 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)”. Sin embargo, la ministra de Energía y Minas, Alessandra Herrera, aclaró que Quellaveco cuenta con todas las autorizaciones que están previstas en el marco jurisdiccional vigente para su desarrollo. Ello luego que desde del Midagri se insista en evaluar las autorizaciones otorgadas sobre los derechos de agua dadas a la mina de cobre Quellaveco de Anglo American.

Es más, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, al ser consultado sobre Quellaveco, señaló que es claro que tiene que haber una base jurídica sólida para que haya confianza. “(…) las reglas de juego, la parte normativa, no está sujeta a discusión ni a cambio, esto ha significado que hayan continuado las operaciones de Quellaveco. Me informan que ya estarían en un segundo embarque de concentrado de mineral”, indicó en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Agregó que si hubiera una disposición para no seguir con el proceso del proyecto, eso hubiera significado -además de una denuncia en tribunales internacionales- que todo el sector minero estuviera preocupado. “Reiteramos el respeto irrestricto a la normatividad jurídica en el país. Además, por definición, un informe técnico no se puede retraer. Es un elemento fundamental para demostrar que en el Perú sí se respeta la estabilidad jurídica. No hay problemas con los procesos”, remarcó.

Perú: En un mes se definirá si se le retira permisos de agua a Quellaveco

Chile

Ministra Marcela Hernando anuncia cierre de caserón Gaby en Mina Alcaparrosa

Se definirán planes de control y de reparación del daño ocasionado al medio ambiente y su impacto en la calidad de vida de las personas.
09/10/2022
MINERÍA CHILENA
“El sector de los caserones Gaby, que están directamente relacionados con la subsidencia, están cerrados definitivamente y nunca más se podrán explotar”, fue la categórica afirmación de la ministra de Minería, Marcela Hernando, tras la mesa técnica intersectorial que lidera su cartera, como una manera de dar transparencia a los procesos investigativos y reparatorios emanados de este proceso.

Reuniones con sindicatos, trabajadores de la entidad minera responsable y los organismos de la mesa técnica asociados a la subsidencia o socavón en Tierra Amarilla, fueron parte de las actividades desarrolladas por la secretaria de Estado, quien explicó que desde el ministerio están trabajando en avanzar en transformaciones que la actividad minera requiere en todas sus escalas, para responder a los desafíos propios de una minería sostenible y responsable con el entorno donde se emplazan sus faenas.

“Acabamos de terminar la mesa intersectorial y para tranquilidad de la ciudadanía, los acuerdos son importantes. Durante el mes de octubre esperamos que sean ingresadas todas las solicitudes de financiamiento de estudios de los diferentes servicios de la mesa técnica al Gobierno Regional, para ser revisados y que esperamos inicien en diciembre próximo. Eso nos va a permitir descartar absolutamente si se efectúa actividad minera debajo de la población, a una profundidad suficiente”.

Ocurrido el evento, Sernageomin resolvió el cierre parcial de la faena y, desde el Ejecutivo, esperan retomar las actividades en los sitios de dicha faena donde existan condiciones para hacerlo, “nuestra idea es que nadie pierda su fuente de trabajo y que no haya ninguna necesidad de hacer eso. Y para eso estamos haciendo todos los esfuerzos de coordinación necesario”, sostuvo.

Respecto al acuífero dañado, la ministra Hernando manifestó que “nos interesa recuperar 1.300.000 metros cúbicos de agua que están en este minuto estancados en la profundidad. Nuestra intención es devolverlos al acuífero, para lo cual estamos estudiando diferentes alternativas, las consecuencias medioambientales son graves y somos enfáticos en señalar que esta situación no es aceptable”.

Fomento a la educación técnica y la pequeña minería
El itinerario en la región del Desierto Florido, también contempló la asistencia de la autoridad ministerial al lanzamiento del Curso de Seguridad Minera, que impartirá Sernageomin junto a la Seremi de Educación, aportando a la empleabilidad de más de mil estudiantes en empresas mineras de la zona, para luego ser parte de la entrega de recursos del programa FNDR Apoyo Productivo a la Pequeña Minería Región de Atacama, que incluye asistencias técnicas y geológicas, muestreo de leyes y financiamiento para el avance en labores mineras, en una iniciativa de la seremi de Minería junto al Gobierno Regional, que beneficia a 77 productores mineros, con una inversión de $385.000.000 millones.
https://www.mch.cl/2022/10/09/ministra-marcela-hernando-anuncia-cierre-de-caseron-gaby-en-mina-alcaparrosa/

Argentina, Litio

Argentina va camino a convertirse en el segundo productor mundial de litio

Hay diez proyectos en desarrollo que llevarían al país en esta mismo lustro a producir más de 260 mil toneladas al año.
Ignacio Ortiz 09/10/2022
Télam
La minería de litio en la Argentina tiene en desarrollo 10 proyectos, en distintas etapas de avance, que permitirán incrementar progresivamente la producción hasta las 262.000 toneladas anuales, y convertir al país en 2025 en el segundo proveedor global de este mineral.

Con dos proyectos en operación comercial, Salar de Olaroz, en Jujuy de la empresa australiana Allkem (fusión de Galaxy Resources y Orocobre); y Fénix en Catamarca, de la estadounidense Livent, la Argentina es en la actualidad el cuarto productor mundial de litio (LCE), detrás de Australia, Chile y China; y por encima de Brasil y Zimbabue.

Con una proyección para fines de 2022 de 60 mil toneladas de carbonato de litio destinadas al mercado externo, el país podría incrementar progresivamente su producción hasta las 262.000 toneladas anuales en 2025, período en el cual se espera ingresen en operación las ampliaciones de los dos emprendimientos que ya se encuentran en funcionamiento y los otros ocho en etapa de construcción.

Además existen 35 proyectos en etapas de factibilidad, pre factibilidad, evaluación económica preliminar y exploración avanzada, cuyo ingreso en construcción y producción, aunque sea parcial, generaría un impacto económico exponencial en producción, exportaciones y empleo

El relevamiento de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y de la Secretaría de Minería, también contempla una escalada del precio empujado por políticas que incentivan la movilidad eléctrica, acrecentando la demanda de baterías.

El litio no es un commodity, sino que su precio se define en contratos privados donde factores como la pureza determinan su precio de venta. Hace dos años era de US$ 7.000 y en la actualidad se ubica en torno a US$ 70.000, una suba exponencial que también incluye el encarecimiento de la logística.

En la Argentina, por el tipo de recurso disponible, luego de un importante período de exploración y estudio de factibilidad, un proyecto demanda 2 a 3 años en ser construido, y una vez en producción, otros 3 años en alcanzar la plena capacidad, lo que permite proyectar la entrada en operación de cada emprendimiento.

En ese cronograma, la primera novedad se espera para diciembre de este año en Caucharí-Olaroz, en Jujuy, donde avanza la construcción del proyecto que llevan adelante la firma china Ganfeng Lithium y la estadounidense Lithium Americas, con un capex estimado en US$ 741 millones para la producción de 40.000 toneladas de LCE.

Ya para 2023 y 2024, se espera la entrada en funciones de las ampliaciones de los dos proyectos actualmente en producción.

Se trata de el Salar de Olaroz, que con la entrada en funcionamiento de su segunda etapa en desarrollo, permitirán alcanzar una inversión total de US$ 330 millones para incrementar la producción de 20.000 a 50.000 toneladas de LCE.

La segunda ampliación en marcha es la Fénix que en etapas sucesivas avanzará de las 20.000 toneladas actuales a un rango de entre 40.000 y 60.000 toneladas anuales en 2025, con una inversión de US$ 640 millones.

A esta última iniciativa se suma la posibilidad de concretar una planta de hidróxido de litio que elevaría la inversión por encima de los US$ 1.000 millones.

El cuarto proyecto destacado es el de Centenario Ratones, en la provincia de Salta, cuya reactivación a cargo de la empresa francesa Eramet se concretó este año con la construcción de la planta, con una inversión de US$ 600 millones y una proyección de producción de 24.000 toneladas de LCE.

En Catamarca, el proyecto Sal de Vida de la minera Allkem, ya avanzó en la adjudicación de contratos a empresas locales para movimiento de suelo y construcción de piletas de nueva planta para extracción y refinamiento de litio, con una inversión inicial de US$170 millones y 25.000 toneladas de litio disponibles tras su puesta en marcha.

También en Catamarca, se destaca el proyecto Tres Quebradas de la minera china Zijin Mining Group que en conjunto con la argentina Saxum Engineered Solutions, prevé el desarrollo del salar homónimo con una inversión de US$ 370 millones y estimaciones progresivas de producción de 20.000 a 40.000 toneladas anuales.

Luego Salta se posiciona con cuatro proyectos en inicio de construcción, dentro de los 10 más avanzados del denominado triángulo del litio.

El primero de ellos es el proyecto Mariana de la minera Ganfeng Lithium, compañía que prevé desarrollar a la par de producción de 20.000 toneladas de litio iniciales, un parque solar fuera de la red de 120 Mw y 288 Mw de almacenamiento en baterías, y ampliaciones a 150Mw y 360 Mw, con una inversión anunciada de US$ 600 millones.

También en Salta, la minera coreana Posco inició la construcción de planta a lo que sumará próximas fases de energías renovables con inversiones por US$ 800 millones y una producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio por año, con la posibilidad de elevarla en una segunda y tercera fase a 100.000 toneladas.

En Salta, asimismo, en el Salar de Rincón, la minera estadounidense Rio Tinto, avanza con el desarrollo de una inversión de US$ 190 millones para desarrollar una planta piloto y posterior planta comercial para una producción proyectada de carbonato de litio 25.000 toneladas.

Por último, también en Salta, la australiana Argosy Minerals avanza con el proyecto Rincón Litio que avanza con su planta piloto pensando en producir a futuro 10.000 toneladas iniciales de carbonato.

Todos estos proyectos buscarán satisfacer una demanda creciente del mineral, en particular de Asia (China, Japón, Corea del Sur) como principal centro de consumo, que actualmente explica casi el 70% del litio a nivel agregado, y más del 90% si se considera solo lo usado para la fabricación de baterías.

Al cierre del primer semestre del corriente año, el destino de la producción argentina de litio se orientó en un 33% a China, 24% a Japón, 14% a Corea y 7% a Estados Unidos.
https://infonews.com/argentina-produccion-de-litio-mineria.html

Perú, Sin categoría

QUELLAVECO, EL AGUA Y EL VALLE DEL TAMBO

10/10/2022
Los pobladores del valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, han expresado su preocupación sobre los derechos de agua otorgados a la mina de Quellaveco (Moquegua). Como se recuerda, a mediados de septiembre, agricultores de este valle protestaron por la autorización otorgada por la Autoridad Nacional del Agua a Quellaveco.

Además, el pasado 25 de septiembre el Ministerio de Energía y Minas formalizó la autorización de inicio de la operación comercial de Quellaveco. Esto motivó que, el martes 4 de octubre, autoridades de la provincia de Islay y legisladores de Arequipa se reunieran en Palacio de Gobierno con la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, y asesores del presidente Castillo. Lo que ha trascendido es que se ha acordado un plazo de una semana para evaluar la situación y que el Gobierno pueda tomar una decisión.

Como se sabe, Quellaveco ha sido ha sido el proyecto en construcción más importante en estos últimos años, con una inversión de US$ 5300 millones. Se estima que producirá 300 mil toneladas métricas de cobre en promedio por año (en los primeros 10 años de operación). El proyecto es propiedad de la empresa anglo-sudafricana, Anglo American (60%) y de la japonesa Mitsubichi (40%) y una vez en operación será una de las cinco minas de cobre más grandes en el mundo.

Cabe señalar que el tema del agua es muy sensible en toda la zona de influencia de Quellaveco, incluido el valle de Tambo en la vecina región de Arequipa. Toda esta zona presenta una situación recurrente de estrés hídrico en el país. La empresa ha anunciado que, para operar la mina, requiere un volumen de agua de 22 millones de metros cúbicos, que será cubierto por el río Titire y será transportado a través de una tubería de 88 kilómetros hasta el proyecto. Además, la operación minera tomará agua de la presa Vizcachas, que tiene una capacidad de 60 millones de metros cúbicos para captar agua en la época de lluvias y que, según información de la empresa, también estará a disposición de la actividad agrícola para Moquegua y el vecino valle de Tambo.

Precisamente, agricultores del valle de Tambo han expresado su temor que su actividad se vea afectada por los impactos ambientales de la operación de Quellaveco, ya que los ríos Titire y Vizcachas son afluentes del río Tambo que llega al valle. Por los antecedentes de la zona, un monitoreo verdaderamente independiente del sistema hídrico de la operación de la mina es necesario, sobre todo si la empresa quiere establecer una relación con las comunidades vecinas, donde la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas sea lo que predomine en el trato cotidiano.

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Mexico

Cuatro años de impunidad por derrame de jales tóxicos en valles centrales de Oaxaca

07/10/2022.
Fue una madrugada de hace 4 años una lluvia muy fuerte de esas lluvias de fin de
temporada en los valles centrales.

Comenzó solo unos minutos después de la media noche y duró casi al amanecer, los
primeros campesinos de Magdalena Ocotlán, pueblo vecino de San José del Progreso
y aguas abajo de la mina propiedad de la canadiense Fortuna Silver Mines conocida en
el valle como minera Cuzcatlán, se encontraron con que el Río Coyote, que atraviesa el
pueblo de oriente a poniente, estaba lleno de un lodo color blanquizco que cubría toda
la maleza a las orillas. El olor era penetrante e impregnante, unos campesinos decían
que el olor parecía azufre, en los pueblos del valle ese olor azufrado es relacionado con
demonios que hacen mal en las comunidades, no se equivocaron.

La empresa minera inmediatamente lanzó una campaña en medios locales y en varios
medios estatales, negando cualquier derrame o hecho similar.
Una semana tardó en reconocer a través de un escueto comunicado desde Vancouver,
sede de la minera, dónde reconocía el derrame justo antes que la PROFEPA tomará la
primera acción administrativa.

El comité del agua potable fue el primero y la única autoridad en Magdalena Ocotlán en
tomar acciones, suspender el servicio de agua entubada hasta que alguna autoridad
hiciera presencia en la comunidad y diera una respuesta y explicación a lo ocurrido, pero
en la comunidad de hasta el momento ninguna instancia a dado información de manera
oficial de lo acontecido ese 8 de octubre, se ha ocultado la información.

Tanto la PROFEPA cómo la CONAGUA sólo tuvieron interlocución con la minera y con
las autoridades de San José del Progreso, autoridad totalmente al servicio de la
transnacional, a pesar de que el tramo que recorrieron los lodos tóxicos en San José del
Progreso fue poco menos de un kilómetro, en Magdalena Ocotlán los lodos
contaminantes recorrieron más de 5 kilómetros hasta llegar a una ciénega donde se
encuentra el pozo de agua que abastece la comunidad, ahí se estancaron.
Fueron meses de denuncias y exigencias, principalmente del comité del agua potable
de Magdalena Ocotlán, incluyendo visitas de organizaciones que prometieron apoyo
jurídico y hasta estudios de calidad del agua.

Empero, nada de eso se hizo de manera de correcta, no hubo respuestas a esas
denuncias y todo terminó en un proceso de administración de conflicto donde
dependencias de gobierno federal y estatal terminaron en negociaciones en lo oscurito
con autoridades municipales, ahí sí puntuales las de Magdalena Ocotlán, y
organizaciones que jamás dieron información de lo ocurrido.

Tras largos meses de investigación se obtuvo información oficial, con apoyo de
personas solidarias, donde se demuestra la contaminación, pero además el proceso de
corrupción de las instancias federales, PROFEPA y CONAGUA que se ha ido
constatando a largo de todo este tiempo.

En el expediente EXP. ADMVO. No. PFPA/26.2/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL
de PROFEPA se puede encontrar lo siguiente:

Un proceso de corrupción de parte de funcionarios de PROFEPA que no hicieron
investigación y que avalaron todos los dichos de la minera terminando por exonerar a la
minera Cuzcatlán de toda responsabilidad incluyendo la no remediación, o sea, dejando
en el Río Coyote 1 millón 516 mil litros de lodos contaminantes en el cauce del Río
Coyote y que va contaminando y afectando al medio ambiente y a la salud de todos los
ciudadanos y ciudadanas por donde pasa.

PROFEPA avaló estudios manipulados de suelo que la minera canadiense pagó al
laboratorio ABC Intertek Testing Services S.A. de C.V. donde éste, incluso, se llegó a
retractar de sus propios resultados, resultados que demostraban presencia de un metal
altamente peligroso como el talio en niveles cuatrocientos y cuatrocientos cincuenta por
ciento arriba de la norma oficial mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 presente
en la ciénega donde está el pozo de agua de la comunidad.

Con respecto a la CONAGUA el problema es aún peor, está instancia incluso despreció
sus propios estudios de calidad del agua. Estos estudios arrojan resultados terribles,
cinco metales en todo el cauce del Río Coyote que sobrepasan de manera tremenda las
normas oficiales mexicanas para consumo de agua, NOM-001-ECOL-1996 y Criterios
Ecológicos de Calidad del Agua CE-CCA-001/89.

Los elementos son: níquel, aluminio, manganeso, hierro y plomo.
Níquel: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-001/89 /
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 6,030% y en el punto más bajo
que es en las orillas del pozo de agua potable es de 200%
Aluminio: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-001/89
/ ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 1 ́993,490% casi 2 millones por
ciento y en el punto más bajo que es en las orillas del pozo de agua potable es
de 131,690%
Hierro: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-001/89 /

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 344,999% y en el punto más
bajo que es en las orillas del pozo de agua potable es de 12,719%
Manganeso: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-
001/89 / ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 221,900% y en el punto
más bajo que es en las orillas del pozo de agua potable es de 2,018%
Plomo: El porcentaje en el punto más alto arriba de la norma CE-CCA-001/89 /

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE es de 9,394% y en el punto más bajo
que es en las orillas del pozo de agua potable es de 168%
Las denuncias llegaron directamente a las manos del presidente López Obrador un año
después en una de las tantas visitas de AMLO a Oaxaca.

Ahí, ciudadanos y ciudadanas junto con el comité del agua potable de Magdalena
Ocotlán y vecinos y vecinas de pueblo aledaños interrumpieron el recorrido del
presidente y le exigieron su intervención, las promesas del presidente se quedaron en
eso, promesas incumplidas, el presidente sigue ignorando el problema que afecta a la
región y con ello se sigue violentando el derecho a la salud y el derecho a vivir en un
ambiente sano.

Un año después la contaminación continuó avanzando y una mortandad de aves de
corral, peces, gatos y perros se presentó en el municipio de San Pedro Apóstol, la
segunda comunidad en el cauce del Río Coyote. La contaminación avanza en
complicidad con la impunidad.

Por las denuncias de la comunidad de San Pedro Apóstol y el respaldo de la REMA el
asunto fue tratado directamente por la Secretaría del Medio Ambiente, María Luisa
Albores, otra vez, la promesa de atención resultó una burla, reuniones sin sentido por
funcionarios insensibles que después de que SEMARNAT entregó el permiso ambiental
para la ampliación por 10 años más a la minera Cuzcatlán cortó la comunicación con la
comunidad de San Pedro Apóstol, y las demás comunidades afectadas. Esto solo
demuestra la claudicación de esta dependencia a la minera canadiense y su complicidad
ante los pueblos del valle.

Han pasado 4 años y en el último han desfilado funcionarios federales de gobernación,
funcionarios estatales de secretaria de gobierno, diputados federales y por supuesto,
los empresarios mineros, no en pocas ocasiones todos juntos hostigando a las
autoridades de San Pedro Apóstol, la principal autoridad que sigue denunciando este
hecho.

El gobierno federal y estatal no les importa la contaminación documentada por una
decena de estudios de calidad del agua, estudios independientes y de instancias
oficiales, todos coinciden con la contaminación por metales pesados relacionados con
la actividad minera.

Los daños ambientales, los daños a la salud, el daño social y cultural en algunas
comunidades parece irreversible. A pesar de este escenario catastrófico, no sé ha
dejado de alzar la voz y seguir buscando justicia.

Por todo lo anterior denunciamos y exigimos a las instancias del gobierno federal y al
gobierno estatal lo siguiente.
Qué hacemos responsables directos a la PROFEPA y la CONAGUA de los daños al
medio ambiente, la contaminación del agua y el suelo por su inacción y colusión con la
empresa minera Cuzcatlán.

Denunciamos a funcionarios y funcionarias de la SEMARNAT por su indolencia y por su
omisión principalmente a la secretaria María Luisa Albores y a su ex titular de la Unidad
Coordinadora de Participación Social y Transparencia, Daniel Quezada.
Denunciamos el clima de hostigamiento y de amenazas contra las autoridades de San
Pedro Apóstol, a las redes de activistas, defensores y defensoras de la tierra y el
territorio de los pueblos afectados, por parte de funcionarios federales y estatales de
gobernación y secretaría de gobierno de Oaxaca respectivamente.
También denunciamos el hostigamiento de empresarios canadienses de Fortuna Silver
Mines contra las autoridades de San Pedro Apóstol.

Sobre todo, no dejaremos de señalar que, aunque las instancias federales de protección
al ambiente son totalmente inoperantes y corruptas eso no exime a la minera Cuzcatlán-
Fortuna Silver Mines de su responsabilidad y por consecuencia de ser responsable de
cada uno de los daños ambientales y a la salud, así como a los asesinatos y agresiones
a las y los defensores de la tierra y el territorio del valle de Ocotlán.
Por todo lo anterior exigimos a la SEMARNAT que atienda de manera inmediata esta
catástrofe ambiental y cumpla con los acuerdos a los que se comprometió durante el
proceso de diálogo con las comunidades de San Pedro Apóstol y la Articulación por la
vida contra la minería del valle de Ocotlán.

Que se investigue a fondo a los funcionarios de PROFEPA y CONAGUA que han
ocultado y manipulado información para beneficiar a la canadiense, Fortuna Silver
Mines.

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Comunidades afectadas
Municipio y núcleo agrario de San Pedro Apóstol, Ocotlán.
Comunidad de Tejas de Morelos, Ocotlán.
Comunidad de San Felipe Apóstol, Ocotlán.
Red de afectados y afectadas por la minería de Magdalena, Ocotlán.
Articulación por la Vida Contra la Minería del Valle de Ocotlán.
Comunidades solidarias
Ejido de Santa Catarina Quiane
Comunidad de Santa Cruz Papalutla
Organizaciones y defensore,as de la tierra
Eugenia Pizarro, defensora indígena de la tierra, el territorio y la lengua Ayuuk.
Profr. Heriberto Magariño López ex-preso político de la sección 22.
Profra. Blanca Canseco Méndez ex-presa política de la sección 22
Profra. Irene Ortiz Pacheco
Porfr. Román López Reyes
Profra. Lorena Zayas Cruz
Mtra. Daniela M. García G. activista y defensora feminista
Mtra. Noemí Domínguez Gaspar, activista y defensora feminista
Mtra. Edna T. Guzmán García, activista y defensora feminista
Pbro. Martín Octavio García Ortiz, Parroquia de la Sagrada Familia.
Cooperativa CACAO.
Colectivo RECIOS-Oax. Mex.
La Marx México.
Centro de Estudios de la Región Cuicateca
Binigulazáa AIPIN
Otros Mundos Chiapas
GEOCOMUNES