Criminalización de la protesta, Perú

11 DIRIGENTES DE COTABAMBAS Y GRAU SOLICITAN LA NULIDAD DEL JUICIO QUE CRIMINALIZÓ SU DERECHO A LA PROTESTA

19/09/2024
Foto: Aprodeh
El día jueves 12 del presente mes, la defensa legal de 11 dirigentes campesinos condenados de las comunidades campesinas de Cotabambas y Grau en Apurímac, mediante adelanto de sentencia por el Juzgado Unipersonal de Cotabambas en Apurímac, interpuso un recurso legal solicitando el quiebre (nulidad) del juicio oral en el que fueron juzgados en primera instancia y, al mismo tiempo, solicitó la realización de un nuevo juicio oral, conforme lo establece el Código Procesal Penal cuando entre sesiones de la Audiencia se superan 8 días en procesos no complejos o 16 días en caso de procesos declarados complejos

En efecto, con fecha 25 de julio de 2024, al considerar el juez del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, que no iba a terminar la redacción íntegra de la Sentencia, sólo adelantó unos argumentos y señaló el sentido de su fallo, con cargo a leerse en la siguiente sesión de Audiencia el íntegro de la Sentencia y notificarla a las partes procesales (Expediente No. 41-2016).

Sin embargo, dicho magistrado no ha cumplido con leer el íntegro de la Sentencia y notificarla dentro del plazo de ley, por lo que la defensa legal de dichos dirigentes campesinos condenados, argumentando el respeto al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, a que se conozca la verdad y a que se respete el debido proceso judicial recogidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú y el código procesal penal, ha solicitado se anule el juicio oral y se lleve a cabo uno nuevo en el que sí se respeten estos derechos. El proceso actual lleva ya casi 9 años desde que ocurrieron los hechos y 2 años de juicio sin sentencia.

En efecto, como se recordará, a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron una serie de protestas públicas. Esto se dio ante el desinterés del Estado peruano de atender sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de la empresa MMG Las Bambas (propietaria del mencionado proyecto minero) que, entre otras cosas, venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una brutal e indiscriminada represión contra los integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social. Este proceso judicial se volvió emblemático porque fueron denunciados y luego acusados 17 dirigentes de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero antes referido, en el intento del gobierno y la empresa de desmovilizar a los campesinos que protestaban encarcelando a sus dirigentes.

En relación a ello, la FUNDACIÓN ECUMÉNICA PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – FEDEPAZ y COOPERACCIÓN, instituciones que vienen asumiendo el patrocinio legal de los dirigentes campesinos, reiteran su protesta y rechazo a esta grave vulneración del debido proceso judicial, expresado en la violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y exigen, al Juzgado Penal Unipersonal de Cotabambas, que declare el quiebre del juicio oral y ordene la realización de uno nuevo por otro juzgado. Finalmente, reiteran la condena a la estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos fundamentales colectivos e individuales, se oponen a las, también, arbitrarias decisiones criminalizadoras con el único propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

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Chile, Litio

Gobierno reveló las primeras seis áreas priorizadas para desarrollar nuevos proyectos de litio

El salar Coipasa, en la región de Tarapacá; Ollagüe y Ascotán, en la de Antofagasta; Piedra Parada, Agua Amarga y Laguna Verde, en Atacama, son los sistemas salinos en que inicialmente se asignarán contratos especiales de operación. En octubre comenzarán las consultas indígenas.
26/09/2024.- El salar Coipasa, en la Región de Tarapacá; Ollagüe y Ascotán, en la de Antofagasta; Piedra Parada, Agua Amarga y Laguna Verde, en Atacama. Esos son los seis sistemas salinos priorizados por el Consejo Estratégico del Comité de Litio y Salares -considerando criterios de viabilidad económica, geológicos y ambientales- para desarrollar nuevos proyectos de exploración y explotación de este mineral en Chile, según lo indicó hoy el Gobierno, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio.

«Hemos priorizado seis sistemas salinos que representan el 38% de las manifestaciones de interés que realizaron los privados en el procedimiento RFI (solicitud de información) que llevamos a cabo hace unos meses. Dado que los cinco salares y laguna priorizadas presentan susceptibilidad de afectación, durante octubre iniciaremos las correspondientes consultas indígenas en estos sistemas tal como es nuestro compromiso y como lo ha señalado el presidente Gabriel Boric. Durante el último trimestre de este año, se dará a conocer un segundo listado de sistemas salinos y yacimientos que vamos a priorizar conforme también, a criterios de viabilidad y consideraciones geológicas así como también aspectos ambientales», explicó la ministra de Minería, Aurora Williams.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó: «En la actualidad tenemos 12 proyectos potenciales: dos de Codelco, cuatro de Enami y seis que estamos presentando para desarrollo íntegro por parte de inversionistas privados. Mirando ese conjunto y los datos que tenemos más precisos respecto de cada uno de ellos, va a permitir que Chile aumente en más de 70% su producción de litio de aquí al 2030, y más que la duplique dentro de la próxima década. Entonces, en términos del desarrollo de esta industria se están dando todos los pasos necesarios para cumplir con esas metas que se fijaron dentro del Pacto Fiscal y en el caso del litio, en particular, como parte de la Estrategia Nacional del Litio que anunció el Presidente hace ya más de un año».

Cabe señalar que el Ministerio de Minería solo entregará un CEOL para cada salar o laguna priorizados. Para habilitar este proceso de asignación, se iniciarán las respectivas consultas indígenas, tras lo cual se abrirán licitaciones públicas en las cuales se considerará la experiencia en cualquier etapa de la cadena de valor de la industria del litio y capacidad financiera de la empresa o consorcio para llevar adelante su proyecto.

El proceso también contempla un procedimiento simplificado para agilizar la celebración de CEOL en los seis sistemas salinos priorizados, con miras a asegurar la pronta ejecución de los proyectos más viables. Para acceder a este procedimiento las empresas o consorcios deberán sumar a los requisitos mencionados un porcentaje de concesiones mineras equivalente o superior al 80% del polígono en cualquiera de los sistemas salinos priorizados.

Los interesados en participar del procedimiento simplificado tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para ingresar una solicitud de CEOL por sistema salino, debiendo adjuntar los documentos que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados, según lo dispuesto en una resolución que dictará el Ministerio de Minería dentro de las próximas semanas.

El ministro de Economía, Nicolás Grau resaltó que es «una forma de agilizar este proceso y avanzar de manera decidida en este objetivo que ha planteado el Gobierno del presidente Boric, es decir, avanzar en la producción de litio en salares distintos al Salar de Atacama».

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el Ministerio de Minería presentará al solicitante un modelo de CEOL y en el caso de existir acuerdo entre las partes se procederá a la firma del contrato, solo una vez concluida la consulta indígena -recogiendo los eventuales acuerdos que allí se alcancen- y dictado el decreto supremo que fija los requisitos y condiciones del contrato.

Sustentabilidad

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente (s), Maximiliano Proaño, explicó que «la tarea del Ministerio de Medio Ambiente es dar sustentabilidad a la Estrategia Nacional de Litio. Los salares son ecosistemas de alto valor y frágiles. Por ello, hemos trabajado en la inclusión en la Estrategia Nacional del Litio de altos estándares ambientales para la utilización de las mejores técnicas disponibles que disminuyan el impacto ambiental en el proceso de extracción de litio, donde el Instituto Tecnológico y de Investigación Público (ITIP) de Litio y Salares jugará un rol clave. Además, impulsamos la creación la Red Nacional de Salares Protegidos que representa la protección de, al menos, un 30 % de los salares y lagunas que existen en el altiplano chileno».

A su vez, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Aisén Etcheverry, comentó que «cuando se entreguen los CEOLes ya va a existir el Instituto Tecnológico y de Investigación de Litio y Salares y vamos a haber avanzado en varios ámbitos de investigación relevantes para esta estrategia. El ITIP se encuentra en la fase final del proceso administrativo para su constitución, de modo que cuando esté con toma de razón de Contraloría, sesionará por primera vez su directorio y comenzará su trabajo de lleno».
https://www.induambiente.com/gobierno-revelo-las-primeras-seis-areas-priorizadas-para-desarrollar-nuevos-proyectos-de-litio

Perú

Apurímac: comunidades campesinas de Cotabambas exigen amnistía política en encuentro contra la criminalización de la protesta

26/09/2024
El pasado viernes 30 de agosto se desarrolló el Primer Encuentro de Comunidades Campesinas por la Amnistía Política contra la Criminalización de la Protesta en la comunidad de Pumamarca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, en la región Apurímac.

El encuentro contó con la participación de representantes de diversas comunidades adyacentes a la minera Las Bambas, incluyendo comuneros que enfrentan denuncias y procesos judiciales. Además, asistieron familiares de los cuatro jóvenes de la comunidad de Cuyo Grande del distrito de Pisaq, departamento de Cusco, recientemente sentenciados por la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco en segunda instancia, por los delitos de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. También estuvieron presentes en el encuentro Guillermo Bermejo, congresista de la República por Lima, e Isabel Taipe, congresista por Apurímac.

El objetivo principal del encuentro fue solicitar a los congresistas la presentación de un proyecto de ley que otorgue amnistía política a los comuneros que, al ejercer su derecho a la protesta, fueron identificados, denunciados y procesados por disturbios, entorpecimiento de servicios públicos, entre otros cargos.

Rubén Huamaní, presidente de la comunidad de Pumamarca, declaró: “La comunidad de Pumamarca está al lado del tajo de Charcas, el tajo de Fuerabamba, y colindamos con la empresa Las Bambas. Cuando nosotros reclamamos, la empresa nos denuncia”.

En la reunión, que contó con la presencia de congresistas, Guillermo Bermejo expresó su compromiso de presentar un proyecto de ley de amnistía política para comuneros y comuneras que son procesados judicialmente por protestar contra la contaminación de la minera Las Bambas. “Yo los entiendo porque también he sido perseguido. Voy a presentar un proyecto de ley para apoyarles legalmente”, afirmó.

“Compañeros, están escuchando lo que pasa en la provincia de Cotabambas. Estamos presentando nuestra propuesta de ley de amnistía política. La empresa Las Bambas informa al Estado que están trabajando, pero no es así. Ustedes ven que aquí no hay apoyo ni de la empresa ni del Estado. Ni en agricultura, ni en salud, ni en educación. No tenemos locales, infraestructura, ni posta de salud. Nuestra agricultura no ha mejorado nada”, añadió Rubén Huamaní.

Así mismo, Julián Castro, comunero denunciado de la comunidad de Huancuire, provincia de Cotabambas dijo: “Cuando reclamamos, nos denuncian. Hay contaminación en nuestros ríos, el agua parece gelatina. Por eso protestamos y ahora nos encontramos denunciados. ¿Ya no podemos hablar? ¿Ya no tenemos derechos? Estamos denunciados injustamente. Nos sentimos abandonados por el Estado. Antes comíamos bien nuestro queso y papa, ¿dónde está el desarrollo que nos prometieron? Solo hay contaminación”.

Por otro lado, los familiares de Richars Camala, Ferdinan Huaccanqui, Redy Huamán y Joel David Hivallanca asistieron al encuentro para unir esfuerzos en la solicitud de amnistía política para estos jóvenes, quienes enfrentan sentencias ratificadas de entre 6 y 7 años de prisión efectiva. Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando los jóvenes participaron en las marchas convocadas contra el gobierno de Dina Boluarte. Desde entonces, están detenidos en el penal de Quenqoro, en Cusco.

Finalmente, la congresista Isabel Taipe presentó el proyecto de ley N° 8742/2024-CR, que busca conceder amnistía general a los miembros de las comunidades campesinas y organizaciones sociales que participaron en las protestas en el ámbito del proyecto minero Las Bambas entre 2011 y 2019. Este proyecto, presentado al Congreso de la República el 29 de agosto, “busca restablecer la paz social y evitar la criminalización de la protesta, beneficiando a quienes fueron denunciados, procesados o sentenciados por delitos como coacción, extorsión y entorpecimiento de servicios públicos durante las manifestaciones en la zona”, según el texto del proyecto presentado. (Con información del OCM)
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Honduras

Luto y repudio por el asesinato de Juan López, líder ambientalista

Javier Suazo 26/09/2024
Fuentes: Rebelión [Imagen: COPINH, Honduras]
“Hermana Bertha cómo hago para hablar con el rio, simplemente sígueme rio arriba” (Juan López)
Con el Ajuste Estructural Agrícola en 1990 se profundizaron los negocios y actividades extractivas en Honduras, al permitirse la privatización del recurso forestal y agro negocios tóxicos como la palma africana y explotación camaronera sin control que destruye el bosque de mangle. A ello se suman la ganadería extensiva y contaminación del agua, por el uso de contaminantes en cultivos como el café.

Después del huracán y tormenta tropical Mitch (1998), en el gobierno de Carlos Flores Facusse (1998-2001), se aprobó la Ley General de Minería, mediante Decreto N. 292-98 del 6 de febrero de 1999, que otorga concesiones mineras y permite la explotación de cielo abierto y uso de cianuro. El gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio 2009), prohibió este tipo de minería, declarándose inconstitucional la legislación después de protestas de pobladores afectados por dichas concesiones. Su Plan de Gobierno enfatizaba en la aprobación de una nueva Ley de Minería benigna con el ambiente y salud de la población, además de la elaboración del mapa mineralógico nacional que no se concluyó.

Aunque se aprobó también una nueva Ley Forestal, donde se eleva a la categoría de sector al subsector forestal, se cuestionó la aprobaciónde la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto N. 70-2007 de octubre de 2007), que permite el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica con recursos naturales, otorgándose incentivos a la inversión nacional y extranjera, caso de la exoneración del pago de impuestos, como aquellos cobrados a la importación de equipos y maquinarias, tasas, aranceles, derechos de importación, impuesto sobre la renta y activo neto, entre otros.[1]

El golpe de Estado a Manuel Zelaya trajo consigo, entre otras “reivindicaciones” al capital, una Nueva Ley de Minería que, curiosamente, deja el espacio libre para la explotación a cielo abierto y uso del cianuro, aunque en teoría se fortalece la institucionalidad en la materia. Esta Ley fue aprobada en el gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013), acusado de tener vínculos con el narcotráfico, el 2 de abril de 2013, mediante decreto 238-2012. El argumento de fondo, además de los esfuerzos por consensuar el anteproyecto de Ley con varios actores desde el Congreso de la Republica, fue la adhesión de Honduras a la Iniciativa para las Trasparencia de las Industrias Extractivas (IEITI, por sus siglas en ingles), lo que supone una garantía de trasparencia, rendición de cuentas y responsabilidad aplicable a las actividades extractivas.

Para el movimiento ambientalista, las violaciones a esta legislación han sido evidentes: El ARTÍCULO 19 reza que la “Autoridad Minera, en ningún caso otorgará la Concesión de Explotación o de beneficio, en tanto el concesionario no acredite la correspondiente licencia ambiental, la que será emitida por la autoridad correspondiente en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles. Y el ARTÍCULO 20 dice que en “la construcción de las obras y en la ejecución de los trabajos de Explotación, deben adoptarse y mantenerse las medidas sobre Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, Comunitaria y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a la empresa y de terceros, de conformidad con las normas vigentes. El Estado adoptará estrictas medidas de supervisión, para garantizar la conservación y manejo adecuado de los recursos”.[2]

A ello se suma la evidencia que parte de las explotaciones mineras penetran las áreas protegidas declaradas como Patrimonio Público Forestal, zonas productoras de agua y aquellas donde se reclaman derechos ancestrales sobre las tierras y bienes comunales por las comunidades étnicas y pueblos originarios. Estas concesiones se otorgan por decreto, sin consulta a las comunidades o en cabildos abiertos controlados por los alcaldes municipales, muchos de ellos acusados de corruptos y estar ligados al Narcotráfico.

Un ejemplo es la reforma al Decreto Legislativo 127-2012 que reduce el área núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras[3], mediante la aprobación de un nuevo decreto N. 252-2013, con el propósito que la empresa Inversiones Los Pinares amplié sus operaciones con mayores áreas de extracción minera, siendo la reducción mayor a 217 has. de tierra.

El conflicto se agravó por la judicialización de la defensa de derechos sobre la tierra y demás recursos naturales, penalizando las acciones reivindicativas de los pobladores como delitos comunes, lo cual abarca a miembros de la Comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

“Varios habitantes de Guapinol dicen que, en lugar de ayudar, el Gobierno los ha afectado al aprobar concesiones mineras que han puesto en peligro sus fuentes naturales como el agua y la tierra. Es el caso del proyecto en construcción de Inversiones los Pinares, de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé, ubicado en el Parque Nacional Carlos Escaleras —al que también llaman Montaña Botaderos—. Es por eso que, desde que inició este proyecto, la comunidad de Guapinol y otras aldeas vecinas se mantienen en una resistencia que les ha costado la vida y el encarcelamiento de varios compañeros”. [4]

En octubre de 2021, la Organización de las Naciones Unidas exigió la liberalización de ocho (8) defensores del ambiente pertenecientes al Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), de la comunidad de Guapinol, los que fueron liberados hasta febrero de 2022, con el gobierno de Xiomara Castro, y después de ser privados de su libertad desde 2019. Con el asesinato de Juan López, hay evidencia que el expediente por delitos ambientales sigue abierto al presentarse requerimientos fiscales en contra dedefensores ambientales e implicados “supuestamente” en delitos contra el ambiente de la montaña “Botaderos”.

Las protestas por el asesinato de Juan López no se han hecho esperar, desde organizaciones de sociedad civil que trabajan en la protección de los recursos naturales y fuentes de agua, iglesia, derechos humanos y agencias de cooperación internacional, que exigen la captura de los responsables, sean ejecutores directos o miembros de grupos de poder en contra de las acciones que ejecutan organizaciones ambientales. Bajo el liderazgo del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se han generalizado las protestas y exigencias para que el gobierno capture a los responsables de su asesinato.

Recién el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Lenir Pérez y demás socios y participantes, acusándolos de explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales y violaciones a la normativa ambiental vigente. Las organizaciones y grupos ambientalistas esperan que se paren las actividades de las empresas que conforman el complejo empresarial creado, ya que, además de los daños al ambiente, los costos futuros para las comunidades, pobladores y país resultarán prohibitivos.

Una crítica de los defensores de derechos humanos al gobierno, es que no se garantizó la protección debida al ambientalista y su familia, tal como lo demandada la Corte Internacional de Derechos Humanos, por lo que Honduras puede enfrentar una demanda internacional que implique altos costos para las finanzas públicas y el país e institucionalidad, en tanto han habido varios asesinatos de dirigentes ambientales, como es el caso de Bertha Cáceres.

En temas ambientales y agrarios, el tiempo se acabó. Las acciones a ejecutarse incluyen:a) La revisión y/o derogación de Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA); b) Revisión de toda la legislación ambiental y forestal vigente, por falta de aplicación y violaciones a su normativa y reglamentos técnicos; c) Cierre total de la carretera denominada el “corredor” narco en la Mosquita y Patuca Hondureño; d) Programa de descentralización de competencias, recursos y poder del Estado a favor de gobiernos locales y comunidades; e) Consulta Previa, Libre e Informada a los pobladores para ejecutar proyectos como práctica en todos los municipios de Honduras, f) Derogación de Ley de Minería ( hay que aprender de Costa Rica), g) Política Nacional de Derechos Humanos; h) Protección efectiva de los defensores ambientales y sus familias; i) Integración de los dirigentes ambientalistas a las instancias de decisión y coordinación del gobierno como los consejos ambientales, coordinación forestal y agroalimentarios; j) Deforestación “Cero” y hoja de “Coca” Cero, tal como lo han propuesto las FFAA y la presidenta Xiomara Castro.

Notas:

[1]Un problema de fondo lo fue la falta de regulación de las concesiones otorgadas y la ejecución de los proyectos sin consenso con los pobladores, muchos de ellos en tierras de reserva forestales y áreas pertenecientes a las comunidades. Fue evidente también la prestación de nombres para desarrollar los proyectos, pero que eran promovidos y propiedad de empresarios no muy visibles.

[2] Ver Ley General de Minería, Decreto 238-2012.

[3]Carlos Escaleras Mejía, dirigente ambientalista y de derechos humanos, del municipio de Tocoa, Departamento de Colón, asesinado la noche del 18 de octubre de 1997 por oponerse a la instalación de una planta extractora de aceite de palma en el margen del rio Tocoa, por lo cual el gobierno de Honduras fue condenado internacionalmente.

[4]Ver Contracorriente (medio digital), “Entre el conflicto y el abandono estatal, Guapinol resiste con alternativas económicas y sociales”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Luto y repudio por el asesinato de Juan López, líder ambientalista

Argentina

Ecologistas en alerta: convocan a una protesta frente a la Legislatura

Rechazan que la provincia adhiera al RIGI, dado que el proyecto impulsa también la derogación de la la ley prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto.
23/09/2024
Ecologistas se encuentran en alerta y convocan a una protesta el jueves a las 9, en las puertas de la Legislatura, en rechazo de que Tucumán adhiera lisa y llanamente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Ocurre que en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo -el cual tiene dictamen y será debatido en la sesión del jueves- impulsa también la derogación de la Ley 7.879, la cual prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto en la provincia.

Representantes de las organizaciones que integran la Red de Acción por el Buen Vivir de Tucumán alertaron que la adhesión de la Provincia al RIGI y la derogación de la ley se da ante un panorama poco prometedor de la provincia, entre informes oficiales sobre el aire irrespirable, basurales clandestinos y la constante quema de caña, entre otros. “Surge la preocupación de miles de personas. Hoy, más que nunca, sentimos el propósito e identidad de conservar, preservar y regenerar el ambiente para los seres vivos del presente y del futuro”, señalaron en un comunicado ante la posible derogación de la norma.

La semana pasada y ante la preocupación de los ambientalistas, la legisladora Silvia Elías de Pérez convocó a dirigentes de la Red de Acción por el Buen Vivir para debatir sobre el régimen y la norma que prohíbe el uso de cianuro y mercurio en los procesos de producción minera. Luego de la charla, adelantó que votará en contra de la desregulación minera, luego de reunirse con organizaciones ambientalistas.

“Un caballo de Troya”
“Claro que queremos que vengan grandes inversiones a Tucumán, pero no a costa de lo más preciado que tenemos: nuestra agua y nuestro ecosistema. Con el pretexto de adherir la provincia al RIGI, meten un caballo de Troya, que deroga de manera encubierta una ley de protección ambiental excelente que desde hace años tiene la Provincia”, dijo la radical.

La parlamentaria destacó que este artículo del proyecto de ley “representa una involución en materia legislativa, sin fines claros y poniendo en riesgo amplias zonas naturales, ya que está probado que la minería a cielo abierto afecta sensiblemente flora y fauna, deja suelos destruidos, inservibles para la agricultura por muchos años y tierras expuestas a la erosión de los amontonamientos de residuos estériles. Además, el cianuro y el drenaje ácido pueden contaminar los mantos de agua subterráneos por décadas”.

El régimen se crea con el objetivo de atraer desembolsos y dar estabilidad a compañías que inviertan más de U$S200 millones en el país durante al menos 30 años. Podrán acceder a los beneficios impositivos y fiscales firmas con proyectos en los sectores de forestoindustria, turismo, minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos. Ecologistas rechazaron que con el RIGI se pretenda pasar por encima de normativas provinciales. “Es un subestado. Las leyes locales no van a tener vigencia. Van a caer las leyes de protección y vamos a tener que ir a litigar en el extranjero. Tanto las autoridades y los legisladores que adhieran al régimen van a ser declarados ecogenocidas”, sentenció Alfredo “Freddy” Carbonel, miembro de la Asociación Civil Pro Eco.
https://www.lagaceta.com.ar/nota/1052773/politica/ecologistas-alerta-convocan-protesta-frente-legislatura.html

Perú

Agricultores marcharán este 25 de setiembre en protesta por la contaminación del río Santa

23/09/2024
Río Santa contaminado con metales pesados
Frente de Organizaciones Agrarias y juntas de usuarios exigirán acciones urgentes a las autoridades para enfrentar la contaminación por metales pesados

Los agricultores de la provincia del Santa anunciaron una movilización de protesta para este miércoles 25 de setiembre con el propósito de visibilizar su rechazo a la contaminación del río Santa con metales pesados provenientes de actividades mineras.

La marcha se llevará a cabo desde el cruce de Santa (punto de concentración a las 7 de la mañana) hasta la plaza de Armas de Chimbote.

La movilización, impulsada por el Frente de Organizaciones Agrarias de la Provincia del Santa (FOAPS) y las juntas de usuarios de Irchim y Santa, contará con la participación de la sociedad civil organizada.

Los agricultores exigen acciones inmediatas por parte de las autoridades competentes para abordar este problema que afecta tanto sus fuentes de agua como la salud de la población.

Entre los principales puntos de su plataforma de reclamos se encuentran la exigencia de un plan de remediación y control de la minería que afecta el río, así como la construcción de la bocatoma para el proyecto Chinecas en Chuquicara y la creación de un reservorio. Además, los agricultores piden la conformación del Consejo de Cuenca Regional y la demolición del dique de la bocatoma de Chavimochic.

Los organizadores también se oponen a la privatización del agua y solicitan inversiones en infraestructura básica, tales como carreteras, proyectos de agua potable y electrificación.

“Esperamos que la Fiscalía de Medioambiente abra investigación por el derrame minero», manifestaron los representantes de los agricultores, resaltando la urgencia de que las autoridades tomen medidas.

Los hombres del campo exigen que el Gobierno Regional de Áncash, la Dirección Regional de Energía y Minas, el proyecto Chinecas, la Autoridad Nacional del Agua y los gobiernos locales atiendan de forma efectiva su plataforma de reclamos. (W.C. – RSD Noticias).
https://radiorsd.pe/noticias/agricultores-marcharan-este-25-de-setiembre-en-protesta-por-la-contaminacion-del-rio-santa

Internacional, Latinoamerica, Litio

China busca el litio como un elemento crucial en al menos cuatro países latinoamericanos

De acuerdo con un reporte de La Voz de Chile, empresas de China tienen presencia en Chile, Bolivia, México y Perú por sus vastas reservas de litio.

A medida que las empresas de China buscan litio en Sudamérica, enfrentan una resistencia cada vez mayor debido a preocupaciones ambientales, desafíos políticos y políticas nacionalistas en países como Chile, Bolivia, México y Perú.

Según un reciente reporte de La Voz de Chile, que hizo un recuento de las acciones de las firmas chinas en estos cuatro países, la búsqueda de litio de China en Sudamérica enfrenta grandes obstáculos según los Estados y sus gobiernos.

Demanda mundial

El mercado mundial de vehículos eléctricos (VE) sigue aumentando, impulsado por la creciente demanda de soluciones energéticas más limpias. China, como el mayor productor mundial de VE, depende en gran medida del litio, un componente crucial en la producción de baterías para VE.

En 2023, las exportaciones chinas de VE ascendieron a la asombrosa cifra de $us 34.100 millones, según datos del periódico de referencia de Hong Kong (China) South China Morning Post (SCMP). Las necesidades de litio de China aumentarán para mantener este nivel de producción en los próximos años. América Latina, que alberga más de la mitad de las reservas de litio del mundo, se ha convertido en un foco clave para las empresas chinas ansiosas por asegurar un suministro estable del metal.

Empresas y países

En abril de 2023, Chile anunció planes para nacionalizar su sector de litio, lo que provocó una conmoción en la comunidad minera mundial. El gigante chino de vehículos eléctricos BYD ha estado negociando con el gobierno chileno desde 2022 sobre un proyecto de litio, pero el progreso ha sido lento. El Gobierno chileno y la estatal Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) han estado regateando con BYD sobre cuestiones de precios y protección ambiental.

Según analistas citados por la SCMP, Chile está decidido a ascender en la cadena de valor y aprovechar sus recursos de litio para el desarrollo económico.

“En el caso de Bolivia, que posee algunas de las mayores reservas de litio del mundo, ha impuesto controles igualmente estrictos a la inversión extranjera en su industria del litio. La explotación del litio está estrictamente controlada por el Gobierno, y se requiere la participación estatal en cualquier proyecto nuevo”, se lee en el reporte de La Voz de Chile.

En enero de 2023, la empresa china de baterías Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) firmó un acuerdo con la empresa estatal de litio de Bolivia. Aun así, el progreso ha sido lento, ya que Bolivia sigue levantando barreras legislativas que disuaden la inversión extranjera.

El Gobierno de México adoptó una línea dura con el litio en 2022, nacionalizando sus recursos de litio y cancelando las concesiones mineras en poder de empresas privadas, incluidas las de Ganfeng Lithium, con sede en China.

Según el informe de SCMP, Ganfeng ha presentado desde entonces un caso de arbitraje contra el Gobierno mexicano por los contratos cancelados. El proceso de arbitraje podría prolongarse durante años, dejando en el limbo el acceso de China a las reservas de litio de México, cita el reporte.

En tanto, Perú, un actor relativamente nuevo en el mercado del litio, también se ha convertido en un campo de batalla para las empresas chinas que buscan acceder a sus recursos. En marzo de 2024, la autoridad portuaria de Perú estuvo a punto de revocar los derechos de operación de una subsidiaria estatal china para el puerto de Chancay, que sería vital para exportar litio desde Sudamérica a Asia; la propuesta fue retirada más tarde.

La firma CATL participa en dos convocatorias

La empresa CATL participa en las dos convocatorias internacionales que lanzó el Gobierno boliviano para el desarrollo de proyectos con litio o recursos evaporíticos con tecnología de extracción directa de litio (EDL).

En el marco de la primera convocatoria, lanzada en abril de 2021, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó convenios con el grupo de empresas CBC, conformado por CATL, BRUMP y CMOC. El primer convenio se firmó en enero de 2023, y el más reciente, en enero de 2024. El último acuerdo establece la instalación de una planta piloto de EDL en el salar de Uyuni, con capacidad máxima de 25.000 toneladas por año.

En tanto, en enero de este año YLB lanzó una segunda convocatoria externa, y en septiembre informó que negocia con cuatro empresas proponentes, de un total de 21, las condiciones para la firma de un convenio. Entre las cuatro firmas está la CBC.

YLB comunicó que prioriza la negociación con las cuatro empresas debido a que sacaron los mejores puntajes en el proceso.
https://ahoraelpueblo.bo/index.php/nacional/economia/china-busca-el-litio-como-un-elemento-crucial-en-al-menos-cuatro-paises-latinoamericanos

Bolivia, Internacional, Litio

El mundo pone sus ojos en el litio de Bolivia por su fácil extracción y bajo costo

EFE 22/09/ 2024
Fotografía aérea de archivo del 15 de diciembre de 2023 de una planta de litio en un complejo industrial en Colcha K (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
Fotografía aérea de archivo del 15 de diciembre de 2023 de una planta de litio en un complejo industrial en Colcha K (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
Bolivia asegura que en sus grandes salares se alberga el 30 % de las reservas de litio del mundo. Esta declaración ha generado interés en varios países como Rusia, China e India que ya han tenido acercamientos con el Gobierno andino y ponen sus ojos en el mineral boliviano debido a su fácil extracción y bajo costo.

Rusia tomó la delantera, pues hace dos semanas la empresa Uranium One Group firmó un contrato con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para construir una planta de extracción directa y carbonatación de litio, que tiene una inversión de más de 950 millones de dólares con la que se espera obtener 14.000 toneladas anuales del mineral.

Dicha planta será construida en el salar de Uyuni -el más grande del mundo- que tiene una extensión de más de 10.500 kilómetros cuadrados.

A eso se suman los acuerdos firmados el año pasado entre el Gobierno boliviano y las compañías chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio.

Además, se suscribió un convenio con la firma india Altimin para desarrollar tecnología en la fabricación de baterías de ion de litio.

Pero no solo esos tres países están interesados en el litio boliviano. Francia, Alemania, China y Corea del Sur, entre otros, están atraídos por este recurso estratégico, afirmó a EFE Héctor Córdova, el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Fácil extracción y bajo costo
Si bien el litio no es un mineral exclusivo de Bolivia, el hecho de que en el país andino se lo encuentre en estado líquido es un punto a favor, aseguró Córdova.

“El litio que se extrae de las salmueras, como el caso de Bolivia, es más barato y de fácil extracción, entonces en el mundo de alguna manera buscan tener una seguridad de independencia en cuanto al aprovisionamiento de materiales estratégicos, como el litio, entonces tratan de asegurarse la cadena de suministro”, explicó el expresidente de Comibol.

En otros países como Argentina, Chile, Perú o Brasil el litio se lo encuentra en estado sólido, por lo que “resulta más cara su extracción”.

Para Córdova, la cantidad de litio que hay en Bolivia “es una fuerte ventaja” para cualquier país que quiere moverse en los terrenos de la tecnología.

“Alemania vino con esa intención, ya se había firmado un contrato con una empresa alemana, Rusia, China, Corea y Japón están tras lo mismo”, enfatizó el especialista.

A finales de 2023, Bolivia inauguró un complejo industrial de litio con un sistema de piscinas de evaporación que, no obstante, actualmente está en la mira por presuntas irregularidades en su montaje.

El Gobierno boliviano lanzó en enero de este año una segunda convocatoria internacional para el aprovechamiento de los recursos evaporíticos, litio y otros minerales, en siete de sus salares y para captar proyectos mediante la tecnología Extracción Directa de Litio (EDL).

Es así que la firma rusa Uranium One Group ya tiene firmado un contrato para realizar los trabajos mediante la tecnología de EDL.

Bolivia estrecha relaciones con Rusia
Varios analistas califican la relación entre Bolivia y Rusia como «estrecha», después de los acercamientos que han tenidos sus gobernantes Luis Arce y Vladímir Putin en el último tiempo.

El director de la Fundación Milenio, Henry Oporto, manifestó a EFE que tanto Rusia como China proyectan su economía en Latinoamérica. «Es muy evidente el interés de tomar el control del litio de Bolivia», dijo.

«Parecería que Rusia puso sus ojos en Bolivia, claramente hay una alianza política con Rusia», agregó.

El expresidente de la Comibol coincidió con Oporto, pero ve que ese interés no solo es por el litio.

«Habría que ver si Rusia está buscando industrializar o extraer los otros acompañantes del lito, como el potasio, bórax y el magnesio, otros elementos que tienen gran valor y tal vez buscan eso», adelantó Córdova.

Por su parte, Andrea Barrientos, senadora opositora por Comunidad Ciudadana (CC) dijo a EFE que en el Parlamento están en alerta para conocer si el contrato firmado con la firma rusa tiene carácter de exclusividad. «Si es así, nos vamos a oponer y no vamos a aprobar el documento», aseguró.

El contrato firmado con la compañía rusa tiene que ser aprobado por el Órgano Legislativo para que comience la construcción de la planta de extracción de litio, sin embargo hasta la fecha no ha llegado a las instancias correspondientes ni tampoco se conoce el contenido del documento.
Daniela Romero

El mundo pone sus ojos en el litio de Bolivia por su fácil extracción y bajo costo

Internacional, Litio

Papa Francisco: “En mi país, el colonialismo se llama litio” y se “explota a tanta gente”

21-09-2024 Minería & Desarrollo | Bloomberg
El papa Francisco lanzó fuertes críticas contra el Gobierno argentino, entre ellas, por el accionar de la policía durante una manifestación el 11 de septiembre, mientras el Congreso debatía el veto del presidente, Javier Milei, para frenar una nueva fórmula de actualización de los haberes que promovió la oposición. Además, afirmó que el potencial minero de Argentina con el litio representa una manifestación del “colonialismo”.

“Pienso en algunas experiencias de mi país, donde el colonialismo se llama litio, y se explota a tanta gente”, argumentó.

No es la primera vez que el Papa argentino carga en contra de la minería, aunque esta vez dejo en claro su pensamiento respecto al Litio que -muchas veces aparece disfrazado de un falso ambientalismo- ya que para el prelado, sin lugar a dudas, la minería casi es una forma de pecado.

En ese contexto es que viene publicando varias encíclicas respecto al cuidado del medio ambiente en especial Laudato Si

Gas pimienta

Durante su intervención en una conferencia por el aniversario del “Primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares”, donde estuvo acompañado por dirigentes sociales opositores como Juan Grabois y Alejandro Gramajo, el Pontífice cuestionó el empleo de gas pimienta contra manifestantes que exigían la implementación de la nueva ley de movilidad, que buscaba compensar a los jubilados y pensionados por la inflación mensual de enero.

En su discurso, Francisco se mostró alarmado por el uso de la represión policial en su país de nacimiento, y subrayó que el Estado argentino, en lugar de garantizar justicia social, optó por “pagar con gas pimienta”.

“En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta”, afirmó el Papa, en referencia a los incidentes de la semana pasada. Francisco también destacó la importancia de la justicia social, un concepto fuertemente vinculado a la corriente política peronista, y que ha sido criticada por el actual gobierno libertario.

Como en su discurso en la Cop28 de Dubai en diciembre de 2023, el Papa Francisco reiteró que «la destrucción del medio ambiente es una ofensa a Dios, un pecado no sólo personal sino también estructural, que pone en grave peligro a todos los seres humanos, especialmente a los más vulnerables, y amenaza con desencadenar”.

Una crítica al capitalismo y la acumulación de riquezas
El discurso del Papa no se limitó a denunciar la represión policial en Argentina, sino que también incluyó críticas al sistema capitalista global. Desde una perspectiva católica, Francisco cuestionó la acumulación desmedida de riquezas y la falta de políticas redistributivas que aseguren una mayor equidad. “Acumular no es virtuoso, distribuir sí lo es”, sentenció el Pontífice.

“¿Ustedes creen que los ricos van a compartir con los demás, o van a seguir acumulando insaciablemente? Pregunto”. “Avanza una forma perversa de ver la realidad”, agregó.

Y sumó: “Esto no es comunismo, es el Evangelio puro. No es el Papa, es Jesús”, afirmó, refiriéndose a las enseñanzas cristianas sobre la centralidad de los pobres y la equidad, y sosteniendo que el más duro con los ricos fue el propio Jesús.

Francisco subrayó que los empresarios tienen un papel importante en la creación de empleo y el desarrollo económico, pero insistió en que los frutos de dicho crecimiento no están siendo distribuidos de manera equitativa. “Los frutos del desarrollo económico no se distribuyen bien”, afirmó.

El Papa instó a los movimientos populares a seguir luchando por un mundo justo y equitativo, donde la riqueza se distribuya de manera más justa y donde todos tengan acceso a los recursos necesarios. “No se achiquen”, les dijo a los presentes, en un claro llamado a no bajar los brazos en la lucha por la justicia social.

Papa Francisco: “En mi país, el colonialismo se llama litio” y se “explota a tanta gente”

Argentina, Litio

Litio en Jujuy: Campaña de desprestigio contra abogada ambientalista


Conflicto Relacionado: Salinas Grandes Litio

19/09/2024
Por Ruido
Difundieron un comunicado brindando apoyo a su defensora legal Alicia Chalabe.
Las Comunidades Indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc difundieron un comunicado brindando apoyo a su defensora legal Alicia Chalabe. En una campaña de desprestigio la acusan de tener intereses sobre proyectos de explotación de Litio.
La abogada Alicia Chalabe desmintió las versiones que la vinculan con intereses personales en la explotación de litio en la Puna. Aclaró que su participación en la reunión de la Unidad de Gestión Ambiental Minera Provincia (Ugamp) fue exclusivamente como asesora legal de la cooperativa minera Salinas Grandes y negó cualquier implicación en proyectos extractivos de litio, según se informó en El Tribuno.

Chalabe explicó en ese mismo medio que la cooperativa a la que representa explora y explota únicamente sal de cosecha. No obstante y debido al auge del litio y las disposiciones de la Ley Minera que permite a terceros solicitar concesiones si no se explota activamente un recurso, la cooperativa decidió hacer pedimentos de litio hace aproximadamente cinco años. Este trámite se realizó para preservar los derechos de la cooperativa sobre las salinas y evitar que otros actores accedieran a esos recursos.

Las comunidades Indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc difundieron un comunicado donde desmintieron las publicaciones que la involucran en proyectos de litio. En el comunicado expresan que la abogada fue una figura clave en la protección de sus derechos durante más de 15 años y reafirmaron su rechazo a la explotación de litio en la cuenca. «La Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc no está en venta», concluyeron.
https://elruido.org/litio-en-jujuy-campana-de-desprestigio-contra-abogada-ambientalista/