Mexico

Minera contaminante: Derraman 200 litros de cianuro en Río Piaxtla, Durango

8 octubre, 2018 Autor: La Crónica de Chihuahua

**First Majestic, con sede en Vancouver, Canadá, cuenta con 18 concesiones en México, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Ha sido acusada de evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

La minera que derramó cianuro, puso en alerta a Sinaloa debido al riesgo de que la contaminación repercuta en actividades económicas en la región.

El derrame de cianuro al río Piaxtla en San Dimas, Durango, a causa de un supuesto descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba el remanente, mantuvo en alerta a activistas por defensa del agua en Sinaloa, durante los meses de marzo, abril y mayo.

La minera que derramó cianuro, puso en alerta a Sinaloa debido al riesgo de que la contaminación repercuta en actividades económicas en la región.

Debido al inminente riesgo de que la contaminación provocada por la minería en esta zona repercutiera en las actividades económicas en territorio sinaloense, Conselva y Voces Unidas por el Agua, organizaciones que defienden el mecio ambiente, exigieron una valoración real de los impactos ambientales.

Luego de que el pasado 11 de marzo, Primero Empresa Minera S.A. de C.V. vertió 200 litros de solución cianurada a este cuerpo de agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se limitó a informar de la muerte de un número indeterminado de peces.

First Majestic, con sede en Vancouver, cuenta con 18 concesiones en México, lo que cubre 2 mil 237 hectáreas. Sin embargo, ha sido acusada en el pasado evadir impuestos una vez obtenidos los derechos de explotación.

En octubre pasado, cuatro trabajadores de la empresa murieron intoxicados con dióxido de carbono, de acuerdo con la información que la minera proporcionó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Al quedarse sin combustible en una pendiente, la solución fue vertida hacia el río según el boletín 298-18, de la Profepa. Hasta el momento no se ha informado de ninguna sanción.

Fuente:http://www.cronicadechihuahua.com/Minera-contaminante-Derraman-200,55679.html

Internacional

Ecologistas denuncia un proyecto de mina a diez kilómetros del Parque de Cabañeros

8 octubre, 2018 Autor: CLM 24.es

La organización conservacionista ha señalado que la «minería especulativa apoyada por la Diputación de Ciudad Real amenaza de nuevo a la conservación de la biodiversidad de la provincia de Ciudad Real»

Ecologistas en Acción Ciudad Real ha denunciado públicamente la intención de la empresa Alcudia Mining de desarrollar una mina de fosfatos a cielo abierto, con explosivos, en el municipio ciudadrealeño de Fontanarejo, situada a tan sólo diez kilómetros al sur del Parque Nacional de Cabañeros.

En un comunicado de prensa, la organización conservacionista ha señalado que la «minería especulativa apoyada por la Diputación de Ciudad Real amenaza de nuevo a la conservación de la biodiversidad de la provincia de Ciudad Real».

Esta vez, según Ecologistas, «la amenaza se cierne sobre el Parque Nacional de Cabañeros» y uno de los corredores ecológicos más importantes de la Península Ibérica, el que une los Montes de Toledo con Sierra Morena, actualmente utilizado por el lince ibérico, ha informado en un comunicado de prensa.

Alcudia Mining, empresa vinculada al socialista y profesor de la Escuela de Minas de Almadén Pedro Aranguez, quiere abrir una mina a cielo abierto a menos de 3 kilómetros al este del pueblo de Fontanarejo y a 10 kilómetros al sur del Cabañeros, ocupando una superficie de 60 hectáreas.

La mina, que se abrirá mediante maquinaria y explosivos, tendrá una profundidad de 150 metros y se compondrá de una zona de extracción o corta al aire libre, una escombrera de 40 metros de altura y 30 hectáreas de superficie, además de una planta de tratamiento para concentrar los fosfatos que generará aguas ácidas como las que afectaron a Doñana tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar.

La mina esta previsto que dure 35 años, tiempo en el que se pretende remover un total de 7,7 millones de metros cúbicos de rocas de los que se esperan obtener unos 8 millones de toneladas de reservas mineras de fosfatos con una ley media del 23 %.

Para que el proyecto sea viable económicamente los promotores no piensan rellenar por completo el hueco minero, por lo que se creará una escombrera aledaña a la corta minera de 30 hectáreas de superficie y 40 metros de altura que acumulará unos 5 millones de metros de materiales estériles.

Según los promotores la mina creará tan solo 25 puestos de trabajo que intentarán sean en su mayoría de los pueblos de la comarca, aunque matizan que los puestos técnicos y los que requieran experiencia previa deberán ser contratados fuera de la misma.

La mina se localiza en la cabecera del río San Marcos, afectaría a los arroyos de Valdehornillos y del Puerto, y vertiría sus aguas contaminadas a este último.

Los ecologistas han advertido que se «está en un espacio de gran valor ambiental, que recientemente ha sido recolonizado por el lince ibérico gracias al programa de reintroducción Iberlince, que cuenta con un proyecto Life de la Unión Europea».

Además, en el entorno inmediato a la mina se reproducen o tienen sus áreas de campeo y alimentación especies amenazadas como el águila imperial, la cigüeña negra, el alimoche común, el águila perdicera o el águila real, según reconoce el propio estudio de impacto ambiental presentado por los promotores.

Para Ecologistas en Acción Ciudad Real, las voladuras con explosivos son claramente incompatibles con la conservación de todas estas especies y con la tranquilidad de los habitantes de Fontanarejo, a lo que se suma el impacto sobre el sistema fluvial, los riesgos de vertidos de aguas altamente contaminadas a los arroyos de la zona, los impactos sobre el paisaje y en la hidrogeología.

Por todo ello, exige a la Junta de Comunidades que emita una Declaración de Impacto Ambiental negativa.

Ecologistas en Acción tiene previsto en los próximos días poner en marcha una importante campaña informativa en los municipios afectados por esta iniciativa, entre las que se encuentran charlas informativas y una marcha que concluirá en los terrenos donde se prevé abrir la mina.

Fuente:https://www.clm24.es/articulo/ciudad-real/ecologistas-denuncia-proyecto-mina-10-kilometros-parque-cabaneros/20181008120314222203.html

Internacional

El emblemático bosque Hambach gana una batalla judicial a la minería de carbón

8 octubre, 2018 Autor: Redacción La Vanguardia

La defensa del bosque de Hambach, cerca de Colonia (Alemania) se ha convertido en los últimos años no solo en una acción ecologista regional sino también en un símbolo internacional de la resistencia ante fuentes de energía tan contaminantes como el carbón.

El pasado verano se vivieron en Hambach escenas de gran violenciacontra los centenares de personas que ocupaban pacíficamente algunos de los mayores árboles de este bosque antiguo para evitar su tala y posterior entrada de las máquinas de mineria de carbón a cielo abierto. La contundente y desproporcionada acción de la policia estaba alentada por las demandas presentadas contra los conservacionistas por el consorcio energético RWE.

El pasado sábado 6 de octubre la situación cambió radicalmente cuando miles de personas se concentraron en Hambach para celebrar la paralización, por decisión judicial, de la tala de parte de este bosque milenario donde RWE pretende ampliar una mina de carbón a cielo abierto. La paralización ordenada por el juez es temporal, a la espera de la sentencia definitiva, pero supone una victoria importante en un país que vive dividido entre las acciones que proponen impulsar las energías renovables y la realidad cotidiana de explotaciones mineras de carbón.

“Es con diferencia la mayor manifestación que ha visto la cuenta minera renana”, aseguró Dirk Jansen, gerente del colectivo ecologista Liga de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (BUND) en el estado Renania del Norte-Westfalia, donde se encuentra este bosque.

Los organizadores hablaron de unos 50.000 manifestantes, mientras que la policía evitó dar una estimación de participación, según la información recopilada por Efe.

La concentración -mitad manifestación de protesta, mitad acto festivo- discurrió de forma absolutamente pacífica entre última hora de la mañana y primera de la tarde.

Michael Müller, presidente de la ONG NuturFreunde, aseguró por su parte que la manifestación persigue mucho más que la preservación del bosque de Hambach: “Se trata de si podemos evitar o no la autodestrucción ecológica de la humanidad. No sólo queremos el fin del carbón, sino también el del petróleo y el gas”.

La manifestación estuvo temporalmente prohibida, después de que la policía decidiese no permitirla, al considerar que no podía garantizar la seguridad de una concentración así, pero el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Aquisgrán dio la razón a los ecologistas.

De forma paralela el Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Münster decidió este viernes paralizar la tala del bosque hasta conocer el resultado de la denuncia interpuesta por la Liga de Protección de la Naturaleza y el Medio Ambiente (BUND en sus siglas en alemán) contra el plan de RWE, al que se han opuesto de forma frontal los movimientos ambientalistas.

La batalla contra la tala del bosque de Hambach, de unos 12.000 años de antigüedad, lleva más de seis años en marcha, desde que en 2012 grupos de activistas ocuparon el área forestal para evitar su destrucción.

RWE logró recientemente el apoyo de las autoridades locales para extender su cercana mina de carbón a cielo abierto en cien hectáreas y la policía empezó hace unas semanas a desalojar a los activistas que se habían instalado en el bosque en decenas de casas colgantes en las copas de los árboles.

El desalojo se topó con una gran resistencia por parte de los activistas y de los vecinos de la zona, que comenzaron a manifestarse en los alrededores.

Los bosques de Hambach cubrían hasta los años 80 del siglo pasado unos 85 kilómetros cuadrados, pero la mitad han sido ya talados por RWE, que estima hay aún 2.500 millones de toneladas de lignito por extraer. JEC – Efe

Fuente:https://www.lavanguardia.com/natural/20181008/452233588178/el-emblematico-bosque-hambach-gana-una-batalla-judicial-a-la-mineria-de-carbon.html

Argentina

Taller frustrado de Asijemin sobre procesos mineros

5 octubre, 2018 Autor: No a la mina.org

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), había programado un taller informativo sobre “Procesos productivos mineros potenciales de la Provincia de Chubut” para el día de hoy, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A dicho taller, invitó a los legisladores provinciales y sus asesores, cubriéndoles los gastos de traslado correspondientes. Sin embargo, los diputados no asistieron pero sí lo hicieron los jóvenes pertenecientes a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Chubut en CABA para expresar su oposición a la actividad minera.

El sindicato ASIJEMIN, había programado un taller informativo sobre “Procesos productivos mineros potenciales de la Provincia de Chubut” para el día 4 de octubre del corriente año, a las 10 hs. en el Círculo Italiano de Buenos Aires (CABA). El interés superior del mismo, era seducir a los diputados provinciales para habilitar la actividad minera, ya que deben lograr los votos necesarios para la aprobación del proyecto de zonificación que está en estado parlamentario en la Legislatura.

Para garantizar la presencia de los legisladores en el mencionado taller, en el cual se abordarían temáticas técnicas y específicas de la actividad, los organizadores hicieron llegar a cada uno de los 27 diputados del Chubut invitaciones especiales para ellos y sus asesores con todos los gastos de traslado incluidos. Esta situación, fue denunciada por el Diputado Albaini en la última sesión del 27 de septiembre.

No sabemos cuales fueron los motivos por los que cada diputado decidió no asistir, si fue el conocimiento responsable de las implicancias de la actividad minera que los ubica en una posición contraria a su desarrollo, si es que aprueban habilitarla sin necesidad de más argumentos, si es que se consideran ya en campaña y su presencia podría perjudicar sus intereses políticos; lo cierto, es que no se contó con la presencia de ningún legislador provincial y el taller informativo quedó frustrado.

Sin embargo, los que asistieron al lugar donde iba a desarrollarse la actividad fueron los jóvenes pertenecientes a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Chubut en CABA con el objetivo de expresar de una manera creativa e ingeniosa su oposición a la megaminería y visualizar la lucha provincial de las asambleas.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42044-taller-frustrado-de-asijemin-sobre-procesos-mineros

Latinoamerica

El Consejo de DDHH de la ONU evaluará si el gobierno chino ha exigido a sus empresas el respeto a los derechos humanos en los países que operan

5 octubre, 2018 Autor: Cooperacción.org.pe

Organizaciones de cinco países latinoamericanos presentan el informe alternativo “Evaluación de las Obligaciones Extraterritoriales de la República Popular de China desde Sociedad Civil: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú”, que demuestra que China incumple, de manera sistemática, la obligación de “respetar, proteger y cumplir los derechos humanos” en 18 proyectos financiados y construidos por instituciones chinas. El informe alternativo es una contribución para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China, que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra. Esta suscrito por 21 organizaciones sociales y fue presentado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para evaluar si la República Popular China cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

El financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos. Entre el 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron U$145 mil millones, sobrepasando los del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Al 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de US$ 113.6 mil millones. Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles. “Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, China ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Después de casi 10 años de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido este financiamiento en la vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos? Para María Marta Di Paola de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en Argentina, “los resultados encontrados son devastadores tanto por los daños a las comunidades locales como a la naturaleza”.

El informe estudia 18 proyectos, de ellos siete pertenecen al sector minero, seis al petrolero y cinco son hidroeléctricos. “El hecho de que 12 de estos proyectos se encuentren en la región amazónica, 15 en territorios indígenas, 11 en áreas protegidas naturales, y cinco en áreas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, sostiene Di Paola.

“Las empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas de muchas formas. La presencia china sólo ha traído más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la protección de los bosques que todavía están en pie”, señala Karla Sessin del Colectivo Proteja Amazônia en Brasil. En el caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil operada por China Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador tres pueblos indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China National Petroleum Corporation.

En tanto, las represas Santa Cruz en Argentina con una inversión de U$ 4.7 mil millones (la más grande inversión china fuera de China en el sector hidroeléctrico) se construirá en la Patagonia, lugar donde se encuentra la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur. En Perú, donde las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación, libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por la defensa de sus derechos.

Para Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador “la cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se pretende servir con los proyectos.” Jarrín explica que según los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos “China está obligada a respetar los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por sus inversiones en donde quiera que se encuentren”.

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

Finalmente, el informe sostiene que China debe: (i) incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación; (ii) ratificar el Convenio 169 de la OIT; (iii) realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; (iv) establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas; y (v) abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente-CICDHA- la “relación ganar-ganar y la cooperación Sur-Sur entre China y América Latina, por el momento, están sólo en los discursos de los políticos”.

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN

Para más información: http://chinaambienteyderechos.lat/

El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), Centro de Documentación e Información de (Bolivia), CooperAcción (Perú), y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) y el Colectivo Proteja Amazônia (Brasil).

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-consejo-de-ddhh-de-la-onu-evaluara-si-el-gobierno-chino-ha-exigido-a-sus-empresas-el-respeto-a-los-derechos-humanos-en-los-paises-que-operan/

Colombia

Comunidades de todo el país protestan por su derecho a la consulta popular

5 octubre, 2018 Autor: María Paula Rubiano Periodista El Espectador y Blog El Río

Llegaron desde todos los rincones de Colombia. A eso de las 12:30 del mediodía del 2 de octubre, 47 campesinos, vestidos con cascos amarillos y camisetas que decían “Anglo Gold Ashanti”, rodearon con una cinta amarilla la cara del Palacio de Justicia que da a la Plaza Bolívar.

Antes, Renzo Alexander García, el vocero del Movimiento Nacional Ambiental, y otros integrantes de esa organización, les daban instrucciones a los delegados de más de 100 organizaciones ambientales, sociales y campesinas que organizaron el acto simbólico.

-Tienen que mostrarse serios, rígidos, dar la señal de que nadie puede pasar-, les decían.

Estaban nerviosos. Para muchos era la primera vez que abandonaban la protesta tradicional, con arengas y pitos y palmas y otros cuerpos cercanos marchando, para pararse solos en el centro de Bogotá y denunciar lo que para ellos es la captura del poder legislativo por parte de las empresas mineras y petroleras.

“Hoy hemos hecho un encerramiento simbólico del Palacio de Justicia y de la Corte Constitucional, demostrando que esa Corte se encuentra capturada por el poder corporativo y los intereses tras nacionales. Vinimos a denunciar que el sector extractivo es quien le están diciendo a la corte que reviertan los derechos fundamentales de los colombianos para favorecer a los intereses particulares”, dijo Renzo García.

Su protesta tenía tres destinatarios específicos: los magistrados Alejandro Linares, María Cristina Pardo y Diana Fajardo. Para los líderes ambientales, los tres deberían declararse impedidos, pues tienen vínculos con el gremio minero y petrolero, o ya se han manifestado en contra de las consultas, dice García.

Y es que la Corte hoy estudia una tutela que podría frenar de un tajo la ola de consultas populares que se oponen a proyectos mineros y petroleros en el país, y que inició con Cajamarca. La tutela, interpuesta por Mansarovar Energy, le exige al estado que le cumpla el contrato para explotar petróleo en Cumaral, que el año pasado, a través de una consulta, le dijo NO al petróleo. Todo el gremio minero -incluido el Ministerio de Minas- respaldan a la empresa.

El actual presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, fue vicepresidente jurídico de Ecopetrol hasta 2015, cuando la llamada “puerta giratoria” lo llevó hasta la Corte.

Apenas en junio del año pasado, en una intervención en el Congreso Nacional de Minería, Linares dijo que, en temas de conflictos entre derechos ambientales versus la explotación minera, “ con la nueva corte este va a ser un tema que vuelva a su cauce natural, en la medida en que la mayoría de los nuevos elegidos son copartidarios de Luis Emilio Sierra (ex senador conservador, promotor de un nuevo código de Minas). Son gente más sensata y menos progresista”.

Con los nuevos elegidos, Linares se refiere a las otras dos magistradas que los campesinos y líderes ambientales piden se declaren impedidas: Diana Fajardo y Cristina Pardo. “Diana Fajardo, desde la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se manifestó una y otra vez contra la capacidad vinculante de las consultas”, expresó García.

Por su parte, el vocero recuerda que cuando Pardo era secretaria jurídica de la Presidencia, desde el Palacio de Nariño se emitieron dos decretos que eventualmente el Consejo de Estado tumbó por violar derechos fundamentales: el 2691 de 2014, en el que los municipios debían demostrar, en el lapso de tres meses, por qué no querían minería, y, de no hacerlo, se asumía como una aceptación de ese tipo de actividades en el territorio.

El segundo, emitido un año antes (934 de 2013) prohibía a las autoridades locales y regionales de establecer zonas excluidas de la explotación minera de manera permanente o transitoria. Ambos decretos, como cualquier otro, pasaron por la lupa y la aprobación de Pardo antes de que el expresidente Santos estampara su firma en ellos.

Pardo fue la encargada de redactar el fallo que, de ser aceptado, limitaría seriamente la capacidad de las tutelas de frenar la minería en los territorios. Tal como reveló El Espectador, su propuesta de fallo dice que las consultas populares deben tener en cuenta que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Mejor dicho: que lo que se decida en los municipios no puede interferir en los planes del gobierno central.

La propuesta de fallo, si bien reconoce que no hay otras vías legales para que las comunidades se opongan a estos proyectos, resuelve esa controversia dando dos años para que el Congreso expida esa regulación “de vital importancia ambiental y social para el país”. Así, si se aprueba, la consulta popular de Cumaral quedaría sin efecto y, de paso, todas las demás.

“Ellos insisten en una visión en la que plantean que el subsuelo es el estado. Pero es que el estado no solamente es el presidente y el ministro, ni las agencias ambientales y de minería, el estado implica esos sectores, pero también los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los diputados y la ciudadanía. Nosotros también somos dueños del subsuelo, somos copropietarios del subsuelo, luego tenemos una voz y poder de decisión frente a estos proyectos mineros y petroleros”, dice Renzo García.

Hoy, reunidos en el Palacio de Justicia, los magistrados siguen estudiando la tutela, y decidirán sobre los posibles impedimentos de los tres magistrados. ¿Habrán escuchado los cánticos del lunes que les exigían “Consultas para tener voz”?

Fuente:http://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/comunidades-pais-protestan-derecho-la-consulta-popular

Panamá

Minería a cielo abierto y el efecto de un fallo

5 octubre, 2018 Autor: La Estrella de Panamá
Conflicto Relacionado: Petaquilla

‘EL FALLO ES UNA VICTORIA AMBIENTAL TRASCENDENTAL PORQUE RECONOCE QUE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NO REPRESENTABA LOS MEJORES INTERESES PARA EL ESTADO’.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA LEY 9 DE 1997, QUE APRUEBA EL CONTRATO LEY DE MINERA PETAQUILLA, ¿CÓMO ANALIZA ESTE FALLO?

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997, entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A., es una victoria ambiental trascendental porque reconoce que la suscripción del contrato no representaba los mejores intereses para el Estado, y señala que la Asamblea Nacional debió rechazar la aprobación del contrato porque claramente contravenía preceptos constitucionales y que no cumplía con las exigencias legales contenidas en el Decreto de Gabinete No. 267 de 21 de agosto de 1969, vigente al momento que se otorgó la concesión, que establecía como requisito para otorgar una concesión minera la convocatoria a una licitación pública con la participación de empresas estatales o mixtas. Es decir, logramos demostrar —en total apego a la ley— que se trata de un contrato leonino y abusivo, contrario a los convenios internacionales que Panamá ha suscrito en la materia.

A SU JUICIO, ¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DE ESTE FALLO?

Al declararse la inconstitucionalidad de la ley, el contrato es nulo, ya que esas operaciones se hicieron en violación a la Constitución y en perjuicio del patrimonio ambiental del país. Evidentemente, las empresas mineras que han operado en el país lo han hecho con contratos leoninos y en perjuicio de los intereses del Estado, por lo que se hace urgente implementar una moratoria minera que nos permita reflexionar y tomar acciones acerca del modelo minero actual que nos ha expuesto al saqueo y la depredacción extranjera. Es importantísimo modernizar el marco legal, ya que el Código Minero, que data de 1963, está obsoleto y representa una grave y peligrosa debilidad institucional. Además, este fallo ha dado lugar a que se tome más conciencia sobre el tema de la minería y sus implicaciones ambientales, sociales y económicas. Asimismo, es una pieza jurisprudencial importante que nos va a permitir influir en los administradores de justicia para que en futuros casos se tomen las decisiones correctas.

¿CÓMO ANALIZA EL HECHO DE QUE LA CORTE HAYA TARDADO DIEZ AÑOS PARA RESOLVER ESTA DEMANDA?

El hecho que la Corte tardó diez años para resolver esta demanda nos lleva a reflexionar que, como país, nos hace falta mejorar el acceso a la justicia ambiental para obtener una solución judicial completa, pertinente, ambientalmente eficiente y expedita. La experiencia panameña en la materia es muy incipiente aún, a pesar de que hay una creciente demanda relativa a la protección de los derechos ambientales. En mi experiencia como abogada litigante en temas ambientales, me preocupa muchísimo la demora de los tribunales en la solución de los conflictos de naturaleza jurídico ambiental pues, en muchos casos, cuando finalmente el juez dicta sentencia, el daño está consumado. Recordemos que el derecho ambiental tiene un carácter preventivo.

EL GOBIERNO HA DICHO QUE EL CONTRATO SIGUE VIGENTE. ¿CÓMO ANALIZA ESTA REPUESTA?

Esta respuesta está totalmente al margen de la ley y desconoce el Estado de derecho. El principio de supremacía constitucional señala claramente que ni los contratos ni la ley están por encima de la Constitución Política. Por lo tanto, si la ley fue declarada inconstitucional, por defecto el contrato se cae. La Constitución es la ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico por los valores y principios que contiene. Tan sencillo como eso.

¿CUÁL ES SU ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO EN PANAMÁ?

La actividad minera a cielo abierto es la que más problemas ambientales, sociales y destrucción causa. Panamá es un país que debido a su ubicación en una zona tropical —y por registrar el doble o triple de precipitaciones— no es conveniente la actividad minera a cielo abierto, pues los químicos tóxicos como el cianuro se mezclan con la lluvia y generan drenajes ácidos, ocasionando daños irreversibles al ambiente. Además, el Código Minero es obsoleto; contiene sanciones por faltas o incumplimientos muy débiles y con controles mínimos, y no es explícito en el tema de los planes de cierre de la mina, ni tampoco hace referencia a las zonas que deben ser cerradas a la minería, como lo son las áreas protegidas. Es una actividad en la cual las empresas internalizan las ganancias y externalizan los costos sociales y ambientales a las comunidades. Los daños ambientales que causa son graves e incluso irreversibles, y los cánones que pagan las empresas al Estado son irrisorios comparados a las ganancias que perciben. Es lamentable que en Panamá han sido sacrificadas áreas protegidas, zonas de rica biodiversidad y ríos, que han sido contaminados por el derrame de químicos a causa de esta industria que perjudica igualmente la salud humana, debido a la exposición a largo plazo al polvo y a los productos químicos industriales, generando conflictos socioambientales, particularmente entre grupos indígenas.

PARTE DE LOS CUESTIONAMIENTOS CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO SE DAN POR LOS DAÑOS AMBIENTALES, ¿CUÁL ES SU CONSIDERACIÓN?

La minería a cielo abierto tiene consecuencias ambientales devastadoras e irreparables: es una actividad extremamente venenosa y contaminante, que destruye la tierra, el agua, el paisaje, el aire, la flora, la fauna, los ecosistemas; causante de la tala de bosques, contribuyendo al cambio climático y arruinando las actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo. Además, produce ruido por las vibraciones y detonaciones de las maquinarias que contaminan acústicamente. Al iniciarse la explotación minera a cielo abierto, los daños son duraderos, profundos e inmediatos. Muchas veces los lugareños no están lo suficientemente informados sobre los riesgos que corren y toman agua envenenada, respiran aire contaminado y consumen alimentos contaminados, lo que genera una situación de grave amenaza para su salud. La minería a cielo abierto es absolutamente insostenible y afecta los recursos naturales de los que disponen las comunidades para sustentar su futuro.

‘SI ANALIZAMOS ALGUNAS DE LAS RAZONES FUNDAMENTALES EN LAS QUE SE BASA EL FALLO, NOS DAMOS CUENTA DE QUE NO HAN SIDO CONSIDERADOS DIVERSOS ASPECTOS MUY IMPORTANTES’.

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA LEY 9 DE 1997, QUE APRUEBA EL CONTRATO LEY DE MINERA PETAQUILLA, ¿CÓMO ANALIZA ESTE FALLO?

La demanda que llevó a este fallo fue interpuesta hace nueve años y el contrato de concesión fue aprobado hace veinte años. Si analizamos algunas de las razones fundamentales en las que se basa el fallo, nos damos cuenta de que no han sido considerados diversos aspectos muy importantes… la ley establece que en el requisito de licitación para otorgar el contrato de concesión sobre la zona no se tuvo en cuenta el Decreto 267 de 21 de agosto de 1969, sobre el que se basa el fallo para establecer que debió llevarse a licitación el objeto del Contrato Ley 9 de 1997… Para ello basta leer lo que establece el Código de Recursos Minerales vigente desde 1963, y enterarse de que en 1973 fue licitada y otorgada a un consorcio japonés que luego desistió de ella. Posteriormente, como lo establece el Código de Recursos Minerales, el área podía ser restaurada para usos mineros, tal como en efecto sucedió en 1991. Por otro lado, no se entra a valorar la situación y la verdadera incidencia actual del proyecto, sino que se consideran válidos los supuestos sobre futuras afectaciones argumentados en la demanda de hace nueve años. Actualmente en la zona hay una radical mejora en todos los índices de desarrollo sostenible, de una región que era la segunda más pobre del país.

A SU JUICIO, ¿CUÁLES SON LAS IMPLICACIONES DE ESTE FALLO?

Tal como lo han expresado los gremios y conocidos personajes de la vida pública nacional, el fallo creó una enorme incertidumbre en el inversionista directo extranjero más grande que ha existido en la historia del país, generando interrogantes muy serias sobre la seguridad jurídica para las inversiones futuras en Panamá, ya que con esta acción dicha institución del Estado actúa en contravía al objetivo de ser garante de esta seguridad. Estamos seguros de que las implicaciones generadas no pasarán más allá del susto que se ha suscitado en la opinión pública nacional…

¿CÓMO ANALIZA EL HECHO DE QUE LA CORTE HAYA TARDADO DIEZ AÑOS PARA RESOLVER ESTA DEMANDA?

Es sumamente preocupante, ya que como de hecho ha sucedido en este caso, en diez años cambian muchas cosas en materia ambiental, económica, social e, incluso, en el marco legal del país. Por ejemplo, cabe recordar que cuando se firmó el contrato en 1997 no existía la Ley Ambiental que entró a regir años después.

EL GOBIERNO HA DICHO QUE EL CONTRATO SIGUE VIGENTE. ¿CÓMO ANALIZA ESTA REPUESTA?

Una cosa es el contrato de concesión minera, que es un acto administrativo, y otra el Contrato Ley. Este último se hizo con el objeto de garantizar la seguridad jurídica de tan significativa inversión; paradójicamente ha tenido el efecto contrario con este fallo.

¿CUÁL ES SU ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD MINERA A CIELO ABIERTO EN PANAMÁ?

La naturaleza dispuso el mineral y el hombre busca la forma más eficiente y segura de extraerlo. Hacerlo a cielo abierto no es decisión de unos gerentes malos, es una opción técnica, que depende de las condiciones geográficas, distribución del mineral, de los costos, y hasta del clima. Incluso un mismo yacimiento puede ser puesto en producción, en parte a cielo abierto y en parte subterráneo, a lo largo de su vida, en forma consecutiva e incluso simultánea. El mineral extraído, tanto de una mina subterránea como a cielo abierto, puede ser procesado a la intemperie, o en instalaciones industriales bajo techo, y eso también es una decisión técnica. A cielo abierto sólo se hace la extracción de las rocas; el mismo procedimiento que se usa para obtener materiales de construcción, minerales industriales, calizas para cemento y la mayoría de los productos mineros con que se construye todo lo que nos rodea… Los países desarrollados han aprovechado el sector minero, y aquí se incluye de hecho la minería a cielo abierto, partiendo de su evidente potencial económico, que le permite constituirse en plataforma de desarrollo a nivel… Luego han construido sobre una visión compartida del rol que a ésta le cabe en el desarrollo nacional, así como un acuerdo respecto de las acciones prioritarias para lograr metas nacionales.

PARTE DE LOS CUESTIONAMIENTOS CONTRA LA MINERÍA A CIELO ABIERTO SE DAN POR LOS DAÑOS AMBIENTALES. ¿CUÁL ES SU CONSIDERACIÓN?

Existe una lista de ejemplos que muestran que la minería tardó más de la cuenta en asumir la importancia de minimizar sus impactos ambientales. Esta es, al final, una de las principales causas de la desconfianza y conflictividad instalada en torno al sector. Sin embargo, esto ha tenido un efecto muy positivo y hoy en día se reconoce el progreso que ha habido en materia de regulación, y que todo el sector minero formal es actualmente regulado y supervisado por la autoridad pública y también por la ciudadanía. Esto significa que todos sus impactos son previamente evaluados, posteriormente reportados en sus fases de construcción y operación, y fiscalizados por la autoridad ambiental. En cierta medida, los problemas ambientales persisten por la incapacidad de la institucionalidad para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente, la persistencia de algunos vacíos en regulación y la necesidad de introducir nuevos incentivos para que las empresas asuman los desafíos ambientales, particularmente los asociados al cambio climático. Hoy en día las compañías tienen total disposición en utilizar tecnologías que reduzcan o eviten el daño ambiental y así cumplir con estándares internacionales, lo que ha servido de referencia a otras industrias.

Fuente:http://laestrella.com.pa/panama/politica/mineria-cielo-abierto-efecto-fallo/24086247

Chile

Seremi y Asociación Minera cuestionan posición de alcalde de Paihuano:

5 octubre, 2018 Autor: Diario La región de Coquimbo

Hace dos meses la empresa Pan Pacific Copper, de capitales japoneses, envió a la comunidad de Estero Derecho, una solicitud para poder ingresar a la propiedad de la comunidad para realizar exploraciones, situación que provocó un rechazo de la comunidad y también del municipio de Paihuano.

Consultado al respecto al seremi de Minería, Roberto Vega, señaló que «lo primero que hay que aclarar con lo que han denominado el proyecto Perejil, se trata de una solicitud de mensura, es decir los pasos previos a poder hacer cualquier tipo de desarrollo minero y claramente acá existe un cierto sesgo porque la actividad minera es parte de Chile, nuestra región es minera y no podemos sacrificar un proyecto sin haberlo conocido».

«Las declaraciones del alcalde dicen relación con un desconocimiento completo del proyecto, en el cual hay que dejar claro a la ciudadanía que todavía no ha ingresado ningún proyecto ni de planta, ni de tranque, solamente hay una solicitud de mensura respecto a determinadas pertenencias que están dentro de la legalidad y corresponden en un país minero como Chile, que quiere atraer inversiones que se respete» agregó el seremi.

Según Vega hay que respetar la legalidad en los procesos y abrir las puertas para que la inversión llegue a la región, «sobre todo no podemos negar las plazas de trabajo para la gente, hay que ser categórico y hacer un poco de memoria el desarrollo y progreso que tuvo la minera El Indio para la conurbación La Serena y Coquimbo, en la cual se le cambió la cara a nuestra región gracias a minería» acotó.

«Sin escuchar a las partes ni tener un diálogo previo, no podemos como autoridades decir no a un sector, acá somos una región que quiere desarrollar emprendimientos, quiere atraer inversiones y lo primero que hacemos como autoridad política de este sector es garantizar que exista el respeto a la legislación» puntualizó.

Por su parte, Carlos Castillo, presidente de la Asociación Gremial Minera de La Serena, comentó que «me tiene muy preocupado e indignado la actitud de las autoridades alcaldicias de Paihuano, es una actitud negativa contra la minería no una exploración puntual, declara zona libre de minería pero no sé a qué se refiere con eso, porque Paihuano se extiende hasta la cordillera donde está el proyecto El Indio, le cierra las puertas a todas las mineras no solo a una».

«Lo único que desea es hacer una concesión minera, ya no es una exploración, después viene un trámite con la autoridad de dos años para poder construir la propiedad, pero de antemano cerrar las puertas tan tajantemente, la cordillera de esa zona es muy extensa y amplia, Paihuano tiene una gran jurisdicción» añadió Castillo.

De acuerdo al presidente del gremio, «negarse de buenas y primeras, sobre todo un alcalde que es partidario de un gobierno que ha declarado el libre mercado y el fomento a los desarrollos mineros, me parece muy extrema la actitud».

Castillo apunta al diálogo como clave en el proceso, «Chile es un país minero, por lo tanto tenemos que dialogar porque es como que mañana nos opusiéramos a algún tipo de agricultura, nadie puede decir tajantemente yo declaro libre esta zona, no es así, la minería ha sobrevivido por siglos en este país por lo tanto la actividad puede continuar con limitaciones, reglas, pero tiene que sobrevivir porque de una manera u otra somos parte de la sociedad».

Respuesta del alcalde: «Existen temas de voluntades»
Si bien desde el municipio se habían referido al tema a través de un comunicado, Diario LA REGIÓN conversó con el alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada, quien señaló que «cuando esta noticia se hizo pública, los grupos ambientales reaccionaron y nosotros también como comuna».

«El tema es que justamente donde esta empresa quiere hacer su estudio es donde comienza el Río Cochiguaz y eso significa que esa agua posteriormente llega al río Claro y después al Elqui, que es el agua que proporciona el suministro para Paihuano, Vicuña, La Serena, Coquimbo, o sea que toda el agua que toman los vecinos sale de ese afluente» aclaró.

Respecto a los dichos del seremi de Minería, Ahumada fue enfático en señalar que «entiendo y respeto mucho la opinión de Roberto (Vega), aparte que lo conozco hace mucho tiempo, probablemente tiene que ver los intereses de la parte económica… está bien, pero soy el alcalde de una comuna elegido democráticamente, soy nacido y criado acá, conozco cada uno de los lugares de mi tierra, aparte que hace unos meses fuimos declarados zona de interés turístico».

«Independiente de los permisos, sabemos el impacto de las mineras, pero sabemos que estaríamos tapando el sol con un dedo diciendo que las mineras no van a entrar porque tienen una ley que perfectamente pueden hacer caso omiso a todo lo que nosotros hagamos, pero sí existen temas de voluntades» agregó el acalde.
La decisión del edil fue respaldada por el concejo municipal que en sesión extraordinaria, desarrollada el pasado lunes, mostró de forma unánime su rechazo a la posible instalación de empresas mineras en la alta cordillera de la comuna, específicamente en donde se ubica el Estero Derecho.

Fuente:http://www.diariolaregion.cl/seremi-y-asociacion-minera-cuestionan-posicion-de-alcalde-de-paihuano/

Internacional

Denuncia sobre los Comentarios del Primer Ministro Jean Henry Céant sobre la Minería en su Politique Generale (Declaración de Política General)

4 octubre, 2018 Autor: Movimientom4.org

Es con repugnancia e indignación que laKolektif Jistis Min (la Colectiva de Justicia en la Minería, o KJM) escucha a Jean Henry Céant proclamar ante el Parlamento que el proyecto de la ley de la minería posee extenso apoyo en todos los sectores del país. KJM, con toda su fuerza, denuncia los comentarios del Primer Ministro, los cuales se realizaron ante la Cámara de Deputados y el Senado, que “todo el mundo está de acuerdo” con el proyecto de la ley de la minería. La ley es “medicina para caballos,” redactada por el Banco Mundial y el gobierno haitiano.

En realidad, la historia es la siguiente: el 21 de febrero de 2013, la Comisión de Obras Publicas, Transportación y Comunicación del Senado llamó al ex director de la Oficina de Minas y Energía, Ludner Remarais, a dar testimonio sobre los permisos de explotación que su oficina había aprobado a puerta cerrada. El 22 de febrero del mismo año,el Senado pasó una resolución para detener todas las actividades mineras en las comunidades y pausar el otorgamiento de permisos al respecto. Siguiendo el slogan popular que Haití estaba “abierto para negocios,” el gobierno de Martelly-Lamothe invitó al Banco Mundial a redactar una ley que remplazara el Decreto de las Minerías de 1976. El objetivo principal de la nueva ley era de remover el control de supervisión parlamentario para liquidar los recursos del país.

KJM y muchos otros sectores en el país denunciaron, con toda su fuerza, la explotación minera. La minería presenta un perjuicio grave a la vida del pueblo haitiano. El proyecto de la nueva ley es un engaño, “medicina para caballos” inventado por el gobierno haitiano y el Banco Mundial, quienes concurrentemente redactaron la nueva ley e invirtieron en una compañía de minería con operación en Haití.

El comentario de Jean Henry Céant que la ley de la minería posee extenso apoyo, es falso; en efecto, la ley ha sido rechazada a causa de la falta de transparencia y de los derechos al acceso a la información y a la participación en toma de decisiones de las comunidades afectadas, según el artículo 40 de la constitución haitiana. Como una coalición de organizaciones haitianas que trabaja en el área de la anti-minería, KJM se ha comunicado varias veces con el Senado y con la Oficina de Minas y Energía pidiendo un borrador de la nueva ley.Hasta hoy, no hemos recibido ninguna respuesta. Entretanto, las empresas que mantienen permisos ilegítimos sí han podido acceder un borrador de la nueva ley.

La declaración de Céant demuestra no solamente su deshonestidad, sino también que él no ha considerado la posición de las organizaciones de movimiento social, de las comunidades afectadas ni del resto de la población que ya ha manifestado su posición. Nosotros hemos realizado una serie de actividades que han dejado bastante claro nuestra posición: cartas abiertas, ocupación, conferencias de prensa, comunicados de prensa, demonstraciones denunciando ambas la minería y el proyecto de la ley de la minería, etc.

La declaración del Primer Ministro Céant, la cual incluye falsedades sobre la ley de la minería, no ofrece ningún comentario sobre como nuestro país abordará el problema del cambio climático. Al parecer, Céant es un pion de la comunidad internacional, instalado para continuar el pillaje de los recursos haitianos; para destruir el medio ambiente; para destruir la agricultura a pequeña escala; para envenenar el agua y el aire que respiramos; para deforestar el país todavía más; para saquear la tierra que produce los alimentos para regalarlos a las empresas multinacionales y dejar al pueblo en peores condiciones.

La declaración asimismo nos ha hecho percibir claramente que Céant no proporciona ninguna respuesta a las preocupaciones del pueblo, incluso a cuestiones de la inseguridad, el desempleo, la infraestructura, el apoyo para los agricultores para producir alimentos y la corrupción, particularmente en el caso de PetroCaribe.

KJM le recuerda al pueblo haitiano, incluyendo a las comunidades afectadas por la minería, del proyecto de la ley de la minería que el gobierno haitiano quiere que el Parlamento apruebe – una ley que fue redactada en las sombras, sin transparencia, sin información, sin consulta y sin la participación del pueblo haitiano, particularmente de las comunidades afectadas. La ley que no respeta ni protege al medio ambiente, que falla en combatir la corrupción, que no respeta el derecho de las comunidades a la participación y a la autodeterminación, o los derechos del pueblo haitiano a participar y dar su opinión sobre todas las decisiones acerca de la nación.

En este sentido, KJM de nuevo advierte al Parlamento haitiano a no votar por la ley de la minería, un proyecto de ley que invitaría la muerte al abrir las puertas del país a las empresas extranjeras, las cuales han llegado a pillar, explotar y llevarse los pocos recursos de nuestro país pequeño y destruir el medio ambiente. KJM llama la atención de todo el pueblo, de las comunidades afectadas, de organizaciones de agricultores y campesinos que creen en su derecho al libre acceso a la tierra para la agricultura, para alimentar a los niños de esta nación, quienes representan nuestro futuro. Estas organizaciones progresivas podrían redirigir la trayectoria de nuestra nación, lejos de la crisis de la escasez de alimentos, y acabar con la filosofía colonial y capitalista del extractivismo. Las organizaciones de derechos humanos creen en vivir en armonía con el medio ambiente, en la buena salud, en el acceso a los alimentos, en el agua—todos derechos humanos fundamentales. Estas organizaciones, a la par de grupos de la ecología y de la protección del medio ambiente, deben luchar juntas para responderles a Céant y al Banco Mundial con respecto a este proyecto de muerte que desean implementar en nuestro país.

¡Sí a la vida, NO a la minería!

Organizaciones firmantes:
BATAY OUVRIYE
CE /JILAP
GARR
MODEP
TET KOLE TI PEYIZAN AYISYEN
PAPDA
POHDH

Fuente:http://movimientom4.org/2018/10/denuncia-sobre-los-comentarios-del-primer-ministro-jean-henry-ceant-sobre-la-mineria-en-su-politique-generale-declaracion-de-politica-general/