Emiliano Teran Mantovani, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, ha seguido de cerca el surgimiento del Arco Minero del Orinoco. Teran concibe esta nueva serie de megaproyectos como la aceleración desastrosa de una lógica extractivista aceptada sin críticas. En esta entrevista, sostiene que hay alternativas a una economía basada en la extracción que, aparte del daño ambiental y social que produce, no ha logrado resultados en términos de acumulación de capital y desarrollo.
CPM: Existe una trágica falta de conocimiento sobre el Arco Minero en Venezuela. ¿Puede, muy brevemente, decirnos algo sobre cuándo comenzó el proyecto, su escala, alcance e impacto ambiental?
ETM: El Arco Minero fue propuesto no hace mucho, en 2011, por Hugo Chávez. Pero me gustaría agregar lo siguiente: en realidad, lo que sería posteriormente el Arco Minero surgió durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, en el cual hubo un conflicto ambiental que resonaría en la opinión pública a finales de los 90. Fue entonces cuando Caldera presentó un decreto que desregulaba la Reserva Forestal Imataca para introducir la minería allí. Es donde están hoy las minas de oro que son el foco principal de la minería en el Arco Minero. La movilización en contra fue tal que ese decreto se mantuvo de alguna manera neutralizado. No fue derribado, pero si neutralizado. No pudieron completarlo. Es con Chávez que este decreto finalmente se formaliza, lo que permitiría llevar a cabo la minería en esa reserva forestal.
Es importante contar esa historia, porque proviene de toda una lógica de (re)colonización del Sur, una lógica que ha sido parte de los proyectos de desarrollo contemporáneos en Venezuela durante mucho tiempo. De hecho, todos los proyectos desarrollistas y progresistas recientes (como el proceso bolivariano) siguieron esa lógica.
En 2011, en el gobierno de Chávez, se anunció el Arco Minero de Guayana o el Arco Minero del Orinoco. Luego se habló de incluso un proyecto conjunto, el Plan Estratégico conjunto con la Faja Petrolífera del Orinoco, que ahora añadía una serie de proyectos mineros en toda la extensión del territorio al norte del estado Bolívar. Estamos hablando de una extensión de 111.800 kms cuadrados, 12 por ciento del territorio nacional, que es aproximadamente del tamaño de Cuba, para tener una idea de la escala. Los proyectos propuestos son la extracción de oro y diamantes, coltan, bauxita y hierro.
Esto implica reabrir y dar un nuevo impulso a minas ya existentes. No es que todas las minas serían nuevas. Minas ya existentes recibirán un nuevo impulso (como las dos grandes minas de oro), pero todo esto también va implicar el abrir nuevas minas. Por ejemplo, la extracción de coltán es totalmente nueva en Venezuela y significa penetrar el bosque de Parguaza y abrir grandes minas de coltán allí. También se abrirían nuevas minas en Imataca para la extracción de oro, formalizar minas de diamantes en el oeste del estado Bolívar y expandir la extracción de bauxita y hierro, que es antigua en Venezuela.
CPM: El Arco Minero del Orinoco implica una nueva legislación que, en efecto, coloca a la zona fuera del estado de derecho y la Constitución. Incluso se podría hablar de un régimen de excepcionalidad, desterritorialización y pérdida de soberanía. ¿Puede decir algo sobre el conflicto entre la soberanía popular y las necesidades de la acumulación capitalista global?
ETM: Eso es muy importante. Al principio, para el gobierno de Chávez, la Faja Petrolífera del Orinoco y lo que hoy conocemos como Arco Minero del Orinoco fueron iniciativas dirigidas a superar el agotamiento del modelo tradicional de acumulación rentista petrolera. Antes de Chávez, el enfoque era fundamentalmente la extracción de crudos livianos y medianos en el estado Zulia (frontera occidental) y en oriente del país, pero esos pozos están en franco declive. Entonces, dentro del modelo extractivista, con Chávez hay un cambio que le da mayor presencia a la extracción de petróleo no convencional en la Faja Petrolífera [también en el oriente del país]. Esto, por supuesto, tiene un impacto ambiental mucho mayor y un mayor costo. Por lo tanto, el Arco Minero sigue la misma lógica, dando nueva vida y oxigenando a un modelo en crisis.
Digo esto porque, si durante el gobierno de Chávez el Arco Minero tuvo un carácter de desarrollismo expansivo, una especie de reformulación del modelo extractivista, bajo el gobierno de Maduro este proyecto asume la naturaleza de una política de ajuste. Es un ajuste radical, aunque no es el típico ajuste macroeconómico, que trataría de redistribuir los excedentes monetarios de abajo hacia arriba.
Este ajuste tiene que ver directamente con la territorialización –es decir, con la apropiación, intervención, modelamiento y administración de los territorios del país– y la penetración radical de la soberanía nacional basada en varios mecanismos. Primero, desde 2016, Venezuela ha estado bajo un estado de excepción formal y declarado, de hecho y de derecho. Este estado de excepción se encuentra en el contexto de una ‘emergencia económica’.
Luego, hay otro instrumento: las Zonas Económicas Especiales. Siguen el formato del neoliberalismo chino, una forma de desregulación radical de los territorios, en la que se elimina cualquier obstáculo para el rápido desarrollo del capital: impuestos, aduanas, permisos, leyes laborales, restricciones ambientales, lo que sea. Este estado de excepción incluso significa asignar un tipo de gobernador ad hoc al territorio en cuestión.
El Arco Minero del Orinoco fue finalmente formalizado, en su encarnación actual, en febrero de 2016 con el Decreto Presidencial 2.248. Fue declarado Zona Económica Especial (o llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional). Como tal, se constituye como un territorio de desregulación total, de modo que el capital pueda desarrollarse libremente a cualquier precio. Eso presupone la eliminación de derechos de todo tipo: consulta democrática, derecho al trabajo, derecho a la vida, derecho a un medio ambiente limpio y sano, etc.
El régimen de excepción se implementó de la mano de una zona militar especial. Entonces, el Arco Minero es tanto una zona minera especial como una zona militar especial. Tiene un régimen militar especial. El Decreto 2.248 establece que los grupos que se oponen a él se oponen a los “intereses nacionales”, y al oponerse a los intereses nacionales ejercerían en una especie de crimen contra el propio Estado. Eso se dice muy claramente en el Decreto 2.248.
Ahora, cuando se observa esto desde el punto de vista de las consultas populares y consultas previas, lo cual, en un proyecto de esta magnitud, debe hacerse no sólo porque está establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, sino también (en el caso de las consultas a los pueblos indígenas) por el derecho internacional, el proceso se ha llevado a cabo de forma muy irregular, con mucha manipulación y cooptación. Para dar un ejemplo, indígenas se han quejado de las apariciones en televisión de capitanes cooptados que no los representan, y estos jefes cooptados estaban respaldando el proyecto minero.
Adicionalmente, los estudios de impacto ambiental están notablemente ausentes. Han sido anunciados, pero nadie sabe dónde están. Nadie sabe nada de ellos. Agrega a esto que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre el carácter y el alcance de los acuerdos que se han hecho, pero siguen siendo un misterio total. Toda la información que tenemos se basa en las promesas gubernamentales del ecosocialismo y la supuesta “minería ecológica”, pero sabemos, basado en estudios académicos y la experiencia acumulada en América Latina, que la mega-minería es una de las actividades industriales más devastadoras de todas. Así que, claramente el Arco Minero representa un régimen de excepción siguiendo una política de ajustes del tipo más radical, un camino neoliberal muy radical.
CPM: Una posición radicalmente anti-extractivista parece injusta. ¿Cómo avanzarán las naciones del Sur Global cuando, a corto y mediano plazo, sus únicas posibilidades de desarrollo parecen ser la extracción de materias primas? Muchos países del Norte Global pasaron de las economías extractivas a las industriales en los tiempos modernos. Entonces, ¿no sería injusto negar esa posibilidad a las naciones del Sur Global? ¿No es injusto hacer que las naciones del Sur Global soporten la carga de la crisis ambiental del planeta?
ETM: No estoy seguro de estar de acuerdo con algunas de esas afirmaciones. Primero, los últimos quince años de gobiernos progresistas en América Latina se han caracterizado por una lógica más bien de profundizar el extractivismo. Estas no fueron decisiones tomadas por la gente; la decisión vino desde arriba. Los vimos jugar esa carta, como si no hubiera otras opciones.
Repasemos uno de los argumentos típicos: “Necesitamos abrir esta nueva mina, necesitamos abrir un nuevo pozo de petróleo, necesitamos iniciar nuevos proyectos de monocultivo de soja”. ¿Y por qué necesitamos hacer esto? Porque necesitamos divisas para el desarrollo.
Uno de los problemas aquí es que no hay ninguna discusión sobre cómo distribuir el excedente ya existente. Las razones para abrir nuestro territorio a la minería son las mismas: se necesita captar divisas. Pero si observamos los diez años anteriores a 2014 (ese año bajó el precio de las materias primas), en esos diez años de auge, unos 500 mil millones de dólares ingresaron a las arcas del Estado venezolano. Entonces, antes de abrir una nueva mina, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué pasó con todo ese dinero?
Para entender el capitalismo rentista venezolano, se debe entender la arquitectura de la distribución de la renta del petróleo. Esa arquitectura da forma a toda la economía nacional. La distribución de la renta petrolera determina las estructuras de poder y las diversas formas de consumo doméstico. En otras palabras, si por ejemplo el Estado tiene un subsidio eterno a la gasolina, como es el caso de Venezuela, eso fomentará un tipo específico de consumo. Va a determinar la forma en que las personas van de un lugar a otro y promoverá la práctica generalizada de importar vehículos.
Además, cuando hablamos de distribuir las ganancias del petróleo, también tenemos que hablar de impuestos. Según datos de la CEPAL, Venezuela y Chile son los países del continente donde los ricos pagan menos impuestos. En Venezuela, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto regresivo, que además ha aumentado y cae sobre los hombros de los pobres.
¿Cómo podemos conectar esto con el extractivismo? Te voy a dar un ejemplo. Uno de los mayores debates sobre el extractivismo en América Latina fue sobre el Parque Nacional Yasuní en Ecuador. Si aumentara en un 1,6 por ciento el impuesto sobre las 200 empresas más grandes y las familias más ricas del país, eso traería a las arcas del Estado la misma cantidad de dinero que aportaría 25 años de extracción de petróleo en la reserva de Yasuní.
Este es el caso de cualquier país latinoamericano. En lugar de abrir el debate sobre el tema de la distribución desigual de la riqueza, la única solución que aparece en el discurso es explotar más los ‘recursos naturales’: abrir nuevos campos, nuevas minas, etc. Luego, cuando los precios de las materias primas bajan, entonces este discurso más bien se engrandece: más iniciativas extractivistas deben impulsarse porque hay una crisis y, por supuesto, la única solución es extraer o perforar más pozos, minas, etc. Sin embargo, resulta que nos metimos en la crisis actual entre otras cosas porque la lógica extractivista estuvo inflada durante la última década y media.
Adicionalmente, conviene decir que actividades como la minería tienen un impacto en otros tipos de sectores económicos, ya que afecta por ejemplo la generación eléctrica. En Venezuela la mayor parte de la electricidad proviene de plantas hidroeléctricas. La minería que ocurre en Bolívar afecta los cauces de los ríos, lo que en el caso del río Caroní afecta sensiblemente la potencia de su caudal, siendo el río que alimenta la represa Guri, la principal fuente de electricidad en el país. Así se ha afectado la generación de electricidad. Eso tiene un efecto adverso en la economía, incluso en las refinerías de petróleo existentes y otros sectores de la industria petrolera.
Desafortunadamente, los debates sobre minería y extractivismo son silenciados. Entonces, resulta que el Arco Minero va a terminar afectando adversamente la productividad y la vida en Venezuela, y eso incluye la propia producción de petróleo, que es la que genera los principales ingresos para la nación.
CPM: ¿Qué pueden hacer las personas que quieren monitorear, protestar o simplemente mantenerse informados sobre el Arco Minero?
ETM: Es necesario volver a movilizar a las personas, y esa movilización debe ser autónoma e independiente. Estamos ante un gobierno que se ha desviado de su camino y tiene poco que ver con el proyecto inicial de las bases populares del chavismo, que tenía una orientación emancipadora y propuso una transición alternativa. Ese bloque debe recuperar su agenda social involucrando demandas relacionadas con el trabajo y el salario, junto con reclamos relacionados con el género, los derechos indígenas y la tierra.
Hay una crisis ambiental muy grave en Venezuela y la agenda ambiental debe ser asumida por todos, centrándose particularmente en la lucha contra esta nueva forma de extractivismo de ajuste que se ha vuelto dominante. Hay alternativas, y el movimiento popular tiene que forjar un proyecto: un camino diferente al de la actual devastación que estamos presenciando en Venezuela. Eso, a su vez, requiere un proceso de construcción y debate autónomos, que nos permita superar la lógica actual de devastación social y ambiental.
Fuente:http://www.ecopoliticavenezuela.org/2018/10/15/arco-minero-hoy-una-politica-ajuste-entrevista-venezuelanalysis-emiliano-teran-mantovani/
La periodista manifestó que lo alarmante es que esa explotación está ocurriendo dentro del Parque Nacional Canaima y que prácticamente lo que falta es que se extienda hasta dentro de la laguna.
En Gran China, San Juan, los productores denuncian que la cosecha se muere por el agua contaminada. En el pueblo viven 848 personas, en su mayoría campesinos. Dependen de la cría de animales y de la agricultura y denuncian que en los últimos años disminuyó la cosecha producto de la contaminación del agua.
Poco a poco, el fondo marino de la Ensenada de Chapaco comenzó a cubrirse con un manto arenoso. Héctor Zuleta ya no podía mariscar entre las cuevas, los cerros y los bosques, que “al igual como existen en la tierra, existen en el mar” porque “todo eso quedó tapado” y los pescadores y mariscadores tuvieron que ir a buscar otros lugares donde trabajar. Cuando Héctor Zuleta escuchó decir a la autoridad ambiental que “tal disminución de recursos puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”, él solo confirmo algo que ya sospechaba.
Cifras de la Contraloría General de la República indican que en Colombia existen 9.594 títulos vigentes para la explotación minera, que representan más de 5 millones de hectáreas utilizadas para esta actividad. Al menos el 59 % del territorio colombiano está otorgado en concesión o tiene solicitudes mineras pendientes y solo cerca de 3 millones de hectáreas se usan para la agricultura.
El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, viajó hasta Chile Chico, en la región de Aysén, para anunciar a la comunidad que el conflicto de los límites de la futura Red de Parques Nacionales de la Patagonia, ya está solucionado.
El Congreso del Estado dio para atrás por unanimidad al proyecto de Ley de Fomento de Minería Responsable de Baja California Sur.
La Comisión de Minería de la Cámara de Diputado aprobó un proyecto de ley para declarar de interés nacional a las empresas privadas que explotan litio.
La empresa que funcionarios, empresarios y medios chubutenses impulsan para explotar el Proyecto Navidad en nuestra Meseta fue señalada por los proveedores mineros de Santa Cruz como una empresa que “se lleva todo y no deja nada”. Lo señalaban así en Diciembre del año pasado, a través de la Cámara que los agrupa. Es parte de lo denunciado recientemente en la Legislatura de Chubut por el diputado Albaini, ante el fuerte lobby que la empresa y el gobierno nacional vienen ejerciendo sobre la sociedad y las instituciones chubutenses para forzar el inicio de la megaminería en nuestra provincia, en abierta y necia oposición a la manifiesta voluntad de la población.