Argentina

La Provincia dice que no está autorizada

“No hay autorización de Minería”. El secretario de Minería de la Provincia, Aldo Bonalumi, aseguró que ninguna cantera de La Playa está autorizada para extraer el granito.

“La Provincia no puede otorgarle certificado de productor minero porque no cumplen con muchas obligaciones; entre ellas, la tenencia del suelo”, afirmó.

“En este momento no tendrían que poder trabajar y la cuestión ambiental está en trámite”, dijo Bonalumi, quien agregó que las canteras fueron clausuradas por Minería y por la Policía Ambiental.

“La Provincia no ha autorizado la explotación de esa área. Es una explotación vieja, pero se tienen que actualizar los permisos, lo estudios de impacto ambiental”, expresó.“Cuando siguen trabajando a pesar de las clausuras, el tema debe seguir en la Justicia”, acotó y enfatizó: “Exigimos que el que explota tiene que demostrar que realmente es el dueño del superficiario”.

Explosiones

A través de la ley 10.308, la Legislatura provincial creó en 2015 la Reserva Arqueológica de Guasapampa junto con la del Quilpo.

La legislación señala claramente que en las áreas comprendidas en las reservas “todo trabajo de excavación, construcción, edificación, actividad agrícola, trabajos de minería en cualquiera de sus fases, industriales, u otros de índole semejante, no podrán iniciarse sin la previa autorización de la Autoridad de Aplicación”, que en este momento es la Agencia Córdoba Cultura.

Este jueves, mientras La Voz recorría la Reserva, se escucharon explosiones y el ir y venir de máquinas fue incesante.

Trabajos de arqueólogos –entre los que se destaca el de Carlos Romero a finales de la década de 1960– dan cuenta del valor patrimonial del arte rupestre de la zona.

Romero relevó de manera exhaustiva las pinturas rupestres y los elementos de extremo valor arqueológico que existían en la región. En un relevamiento más reciente –realizado en 2006 y en 2007 por los antropólogos Alfonso Uribe y Soledad Ochoa– se encontraron 43 aleros (con 450 figuras) en una zona arqueológica de cerca de 21 kilómetros cuadrados.

Fuente:http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/provincia-dice-que-no-esta-autorizada

Colombia

Gobernación demandó los acuerdos que prohíben minería en municipios de Antioquia

Desde la secretaría jurídica de la Gobernación de Antioquia se entabló una demanda ante el Tribunal Administrativo contra los acuerdos de los 15 concejos municipales que prohíben la minería en esos territorios, luego de la sentencia de la Corte Constitucional que asegura que este tipo de decisiones solo las podrá tomar la Nación.

Según la secretaria de minas del departamento, Dora Elena Balvín, esos acuerdos de los municipios tienen invalidez jurídica y Antioquia está dejando de recibir regalías por la suspensión de la minería en esas zonas.

La sentencia se contrasta con el caso del municipio de Urrao, donde el Consejo de Estado aseguró que los concejales sí tienen la competencia para permitir o no el uso del subsuelo para esa actividad.

Fuente:https://www.bluradio.com/medellin/gobernacion-demando-los-acuerdos-que-prohiben-mineria-en-municipios-de-antioquia-195548-ie1994153

Perú

POBLADORES Y DIRIGENTES DE JIMBE CONSTATAN CONTAMINACIÓN DE LAGUNA

• Unas 30 personas llegaron a Laguna Mata Mata y encontraron a operarios de Minera Casapalca colocando tuberías.
• Piden intervención de Fiscalía del Ambiente y Autoridad local del Agua.

Pobladores de Jimbe y dirigentes del Frente de Defensa de este distrito se dirigieron a la laguna Mata Mata a constatar las versiones de presunta contaminación minera en dicha laguna, medida que marcaría el inicio de acciones decididas en defensa de los recursos naturales de la zona.

La visita de más de 30 pobladores a dicha laguna que se ubica a más de 4,800 metros sobre el nivel del mar, la más alta del distrito, se realizó el pasado 29 de Octubre tras un largo y extenuante recorrido.

En el lugar constataron la existencia de instalaciones de una suerte de campamento de la compañía minera Casapalca en el cual encontraron a algunos obreros, maquinarias y conexiones de tuberías hacia la laguna.

Los comuneros dedujeron que de las gruesas mangueras usadas como tuberías conectadas con la laguna se estaría extrayendo agua para los trabajos de minería lo que hace temer que en un tiempo determinado podría quedar seca.

El temor de los pobladores también es que además de una presunta contaminación y después que quede seca la laguna, la empresa Casapalca estaría extrayendo los minerales que aparentemente existen en el fondo de ella, especialmente el referido al oro.

Tras este hallazgo los pobladores Jimbe piden la intervención de autoridades como la Fiscalía del Ambiente, de la Autoridad Local del Agua, a la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Nepeña, entre otros para para evitar que se prive de tan importante recurso a la población del distrito y por el contrario lo utilicen para trabajos de minería informal.

Fuente:http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/103748-2018-11-03-06-35-40

 

Internacional

Nace «Sierra de Gata viva», la cuarta plataforma anti—minería a cielo abierto de Extremadura

«Sierra de Gata viva» es ya la cuarta plataforma ciudadana anti-minería a cielo abierto que se constituye en Extremadura, luego de la «Raya sin mina» en Valencia de Alcántara, «Tamuja» en Plasenzuela y «Salvemos la Montaña» en Cáceres. Precisamente con ésta última contactaron los vecinos de los municipios afectados por el proyecto de investigación “El Rodeo” recientemente publicado en el BOP.

La compañía OSTROM ASC 21 ha pedido un permiso de investigación en un zona de gran valor medioambiental, contempla hasta 77 cuadrículas y su objeto final es abrir una mina a cielo abierto para extraer oro, estaño y wolframio.

El proyecto abarca más de 2.100 hectáreas y entre los términos municipales afectados se encuentran Villasbuenas de Gata, Hoyos, Robledillo de Gata, Perales del Puerto y Gata.

Los vecinos han presentado cerca de 70 alegaciones ante la Consejería de Economía e Infraestructuras. La principal de ellas se refiere a la “falta información pública”, según detalla en la SER su portavoz Manuel Pérez, y también, a la ausencia de una nueva declaración de impacto ambiental tras una modificación del proyecto inicial.

En la zona hay además otros tres proyectos que preocupan a la plataforma: el de la mina ‘Frontera’, en los términos municipales de Cilleros y Zarza La Mayor; y ‘Calzadilla’, en Calzadilla, Guijo de Coria, Santibáñez el Alto y Villa del Campo.

Desde la plataforma señalan que sólo la realización de las catas para investigar si existe suficiente mineral que haga rentable la explotación, supone un perjuicio a la zona. Recuerdan además que una mina a “infierno a abierto” supone “la puesta en marcha de procesos altamente contaminantes que filtran sustancias tóxicas a acuíferos y aguas subterráneas”, con el consiguiente perjuicio a la agricultura, la ganadería, al turismo y a la salud de las personas.

Fuente:http://cadenaser.com/emisora/2018/11/03/ser_caceres/1541255211_161282.html

Internacional

Ecologistas en Acción alerta del peligro de este «boom» de la minería

La asociación Ecologistas en Acción alerta del peligro este «boom» de la minería a cielo abierto, de esta «avalancha» de proyectos mineros en todo el territorio español y no solo en Extremadura por parte de multinacionales que actúan como verdaderas «depredadoras» del territorio.

En declaraciones a Efe, la portavoz de Ecologistas en Acción de Extremadura, Carmen Sánchez, ha explicado que esta «epidemia» de minería ha llevado incluso a crear un grupo especializado dentro de la propia organización para poder seguir la tramitación de este tipo de proyectos y presentar las alegaciones que sean necesarias, algo que reconoce que no es fácil.

A su juicio, este «boom» de proyectos mineros responde a los criterios meramente especulativos y bursátiles de determinadas multinacionales, que «quieren arañar los restos de minas que ya han estado abiertas».

Este sería el caso, por ejemplo, del proyecto para la extracción de oro en La Codosera, para lo que sería necesario emplear cianuro, con el peligro de contaminación que conlleva, según ha explicado.

En ese mismo sentido, Carmen Sánchez advierte de que el impacto ambiental de este tipo de proyectos a cielo abierto iría mucho más allá de lo que a simple vista puede observarse, pues «no es solo que se llevan el suelo y la diversidad que hay en ellos, el problema es que se cargan los acuíferos».

Esto, en su opinión, es «clamoroso» en el proyecto de la mina de litio de Valdeflores en Cáceres, pues además de las voladuras, el polvo y el cráter que dejaría, la extracción de este mineral necesita «una cantidad ingente» de agua en una ciudad en la que ésta no sobra.

Ecologistas en Acción tiene presentada alegaciones a las minas de oro y litio en La Codosera y Cáceres, así como a la del «Gato Montés» para la extracción de cobre, hierro y oro en Alconchel por los graves daños ecológicos y por el impacto ambiental y social que tendrán estos proyectos.

Carmen Sánchez advierte también del peligro de la proliferación de proyectos mineros en la comarca cacereña de Gata, de gran riqueza medioambiental.

Por ello, se ha constituido recientemente una plataforma, «Sierra de Gata viva», que, asesorada por el colectivo «Salvemos la montaña» de Cáceres, quiere hacer frente a los permisos de investigación minera otorgados en la zona, al igual que ha ocurrido en la comarca de Alburquerque, donde se ha constituido el colectivo «La Raya sin mina».

Para la portavoz de Ecologistas en Acción, las multinacionales mineras han encontrado en España «la gallina de los huevos de oro» con la Ley de Minas de 1973, «predemocrática» y «totalmente obsoleta», pues prima el desarrollismo y el interés empresarial por encima de la defensa del medio ambiente.

Además, señala que la sociedad no debe dejar engañarse por las promesas de puestos de trabajo que estas empresas dicen crear, pues, en su opinión, «serán muchos más los que se destruirán».

Carmen Sánchez considera también un «sinsentido» que Europa alimente este tipo de iniciativas al mismo tiempo que propugna la defensa del medio ambiente, cuando detrás de estos proyectos están empresas que no son europeas, sino canadienses o australianas y que «lo que lo que vienen es a llevarse el mineral y a dejar el daño ecológico y punto».

Insiste en que no se le puede poner «la alfombra roja» a estos proyectos y se pregunta cómo encaja este modelo industrial con la economía verde y circular que propugna la Junta de Extremadura.

Por otra parte, la portavoz de Ecologistas en Acción denuncia que «no es fácil seguirles la pista» a todas estos procesos de permisos de investigación o explotación minera, y denuncia que «hay ocultismo» y falta de transparencia, así como de difusión de la documentación sometida a información pública. EFE.

Fuente:http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20181104/ecologistas-accion-alerta-peligro-3938999_age.html

Honduras

DENUNCIA URGENTE: Cese la brutal campaña de represión contra defensores ambientales en la región del Bajo Aguan, Honduras.

La Alianza Centro Americana Frente a la Minería -ACAFREMIN-, denuncia la brutal campaña de represión desatada por la policía militar hondureña en coordinación con equipos de seguridad privada de la empresa Inversiones los Pinares contra lideresas y líderes comunitarios y defensores ambientales miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, Colon.

Desde los primeros días del mes de agosto ciudadanos de Tocoa establecieron el «Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida» en protesta por permisos de explotación de óxido de hierro extendidos en el año 2014 a la empresa Inversiones los Pinares, antes llamada Emco Mining Company, de manera irregular.

La empresa es propiedad de Lenir Pérez, empresario vinculado a contratos otorgados de forma ilícita por el gobierno de Juan Orlando Hernández y quien ha sido previamente vinculado a crímenes ambientales por el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA). Un reporte de SERNA en el 2012, encontró que el proyecto minero Buena Vista I, de la propiedad de Pérez, causo deforestación desmedida, contaminación de suministros de agua y la desaparición de peces de los ríos debido a residuos mineros que no fueron debidamente desechados.

Líderes de organizaciones sociales atribuyen a la empresa el establecer sus operaciones sin consulta previa a las comunidades del municipio de Tocoa y demandan que la municipalidad realice un cabildo abierto, requerido por ley, para determinar si las comunidades afectadas están de acuerdo con dicho proyecto.  La principal preocupación de los pobladores de Tocoa es la destrucción de reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, conocido previamente como Parque Nacional Montaña de Botaderos, donde nacen los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; fuentes hídricas que alimentan de agua potable la región del Bajo Aguan y los departamentos Colon, Olancho y Atlántida.

El día 27 de octubre, a tempranas horas de la mañana, pobladores reportaron el desplazamiento de más de mil efectivos militares y patrullas policiales del gobierno hondureño acompañados con armas y tanquetas.  Las mismas fuerzas de seguridad estatal procedieron a desmantelar por la fuerza el campamento ocupado por unos 200 líderes comunitarios integrantes de la resistencia de Guapinol.  Según testimonios, cientos de bombas lacrimógenas y el uso desmedido de la fuerza fueron utilizadas en esta acción contra la población civil que resulto en decenas de heridos, intoxicados por gas lacrimógeno, tres personas detenidas por las autoridades y la muerte del defensor Levin Alexander Bonilla de 32 años, residente de la comunidad de Ceibita.

Esta acción militar se le suma a la campaña de criminalización liderada por políticos locales, medios de comunicación y empresarios contra defensoras y defensores ambientales y la campaña de represión liderada por miembros de la seguridad privada de la empresa, que desde inicios de la resistencia pacífica, ha sido responsables de amenazas, acciones de intimidación y ataques con armas de fuego contra miembros de la resistencia. El 15 de agosto de 2018, un defensor ambiental resulto herido de bala por miembros de la seguridad de la empresa. Hasta la fecha la policía local se ha rehusado a investigar el crimen.

Un día después del desmantelamiento del campamento, organizaciones de la sociedad civil denuncian el incremento de la represión y represalias por parte de la seguridad de la empresa. La lideresa Irma Serrano fue secuestrada por mas de veinte horas, junto a sus dos hijas, después que su casa fuera incendiada por individuos encapuchados.

Por lo establecido anteriormente, las organizaciones de la Alianza Centroamericana frente a la Minería expresamos nuestra profunda solidaridad a los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, ademas:

-Demandamos el cese inmediato de la campaña de criminalización y violencia contra defensoras y defensores ambientales de Tocoa.

-Hacemos responsables al empresario Lenir Pérez, al presidente Juan Orlando Hernández y al alcalde de Tocoa Adán Funes Martínez, por la seguridad física y daños materiales contra lideres y lideresas de Tocoa y denunciamos los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra dicha población.

-Nos unimos a las organizaciones sociales y comunidades de Tocoa y de la región del Bajo Aguan en demandar que se cancelen los 6 proyectos de explotación y  69 concesiones de exploración vigentes en el departamento de Colon.

-Hacemos un llamado a la comunidad internacional, principalmente a las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, a monitorear la situación en Tocoa y tomar las medidas necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas en este conflicto socio ambiental.

Fuente:http://www.acafremin.org/es/noticias-regionales/honduras

Perú

Cambio climático: La problemática de la gestión de recursos hídricos

Doménica Villena, especialista ambiental en cambio climático y bosques de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), y Pavel Aquino, especialista ambiental en minería y recursos hídricos, hablaron sobre la importancia histórica de la gestión del agua.

En diálogo con el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS), los especialistas abordaron cuál es la tendencia, los paradigmas que van surgiendo y hacia donde estos se dirigen en materia de gestión hídrica.

Según señaló Aquino, la historia hídrica tiene momentos determinantes —como los actuales— que lograron mejoras, aunque esto demandó gran trabajo por parte de la población. Luego, hizo referencia a la legislación hídrica en época de la colonia para consecuentemente darse la Ley de Aguas.

Por otro lado, resaltó que existía propiedad privada del agua y propiedad privada del suelo en los años de los grandes latifundios. Este tipo de gestión predominó hasta 1969, año en que ocurre cambios sustanciales con la Reforma Agraria.

Por su parte, Villena comentó sobre la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad que bajo su perspectiva debería pasar a la rectoría del Ministerio del Ambiente (MINAM). Además, abordó un tema de actualidad relacionado a la reglamentación de la Ley Marco del Cambio Climático.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-entrevistas/20/10/2018/la-problematica-de-la-gestion-de-recursos-hidricos-y-la-adaptacion?fbclid=IwAR3eh9HiYh8RyJjTBc_yd57ivXGZhheDKyuBjfoxrKt7t6XiAqEDzuOaXz8

Perú

Informe Alternativo OIT: La criminalización de la protesta afecta a los pueblos indígenas

Un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de la que forma parte la Red Muqui fue presentado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. a las organizaciones indígenas que reúne el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ante la obligación del Estado peruano de entregar, en el 2018, la memoria regular sobre la implementación del Convenio 169.

Estos son solo algunos de los temas abordados en el Informe Alternativo de seguimiento al Convenio 169:

·        Salud. Existen nuevas causas de enfermedad y muerte vinculadas a la contaminación de ríos y fuentes de agua en la Amazonía. Muchas personas indígenas afectadas en su salud por metales tóxicos no cuentan con establecimientos médicos cercanos, especializados o abastecidos de medicamentos, insumos y equipamiento para una atención adecuada. Los pasivos ambientales de antiguas y actuales operaciones mineras e hidrocarburíferas son fuente central de contaminación para la salud.

·        Debilitamiento de derechos territoriales. Desde el 2013 se han aprobado normas para promover las inversiones que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM, la Ley 30327, los decretos legislativos 1192, 1210 y 1333, Ley 30723 entre otras que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas.

·        Consulta previa. Después de siete años de vigencia de la Ley 29785 (Ley de Consulta Previa) han quedado fuera del ámbito de consulta decisiones relevantes como las regulaciones sobre normas que afectan derechos de pueblos indígenas: propiedad y posesión de la tierra, programas de saneamiento físico legal. También han quedado fuera programas sociales que, desde una lógica asistencialista, se brindan a comunidades campesinas y nativas. Persiste la asimetría de información y conocimiento entre pueblos indígenas y el Estado. Además, es casi nula la implementación de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.

·        Criminalización de la protesta social. Bajo el supuesto de lucha contra la criminalidad organizada, se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión. Entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos. En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social.

Se asume el tema actual de la criminalización de la protesta y defensa de derechos humanos, sobre todo la legislación que favorece se problema y los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas. Aparte de informar sobre la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento, el informe comparte hechos importantes sobre la salud ambiental e intercultural.

·        Pueblos en aislamiento. El cambio de reservas territoriales a reservas indígenas debilita la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) al perder su intangibilidad, favoreciendo la colonización, el ingreso de agentes extraños a los pueblos y la actividad económica (legal e ilegal).

·        Registro y reconocimiento. No existe una adecuada coordinación para actualizar el registro de pueblos indígenas y comunidades y existe información deficiente. El Decreto Legislativo 1360 atribuye competencia exclusiva al Viceministerio de Interculturalidad para reconocer a los pueblos indígenas lo que resulta restrictivo considerando, que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho a que se reconozca su personería jurídica como una de las formas de organización de los pueblos originarios.

·        Participación política. El régimen electoral propicia el abandono de las formas tradicionales de organización porque exige a los pueblos incorporarse a los partidos. Esta asimilación es controversial, debido a que los partidos políticos no son una forma de organización propia de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que la estructura de los partidos políticos peruanos se encuentra en una crisis de credibilidad.

·        Censo indígena. El diseño e implementación del Censo poblacional realizado el 2017 tuvo serias deficiencias. Por ello, el Estado debe ser cuidadoso en el uso de la información generada y consultar otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas y orientar mejor las políticas públicas.

·        Educación. Una de las principales afectaciones al derecho a la educación bilingüe e intercultural (EIB) es la drástica reducción del presupuesto destinado al Programa de Educación Intercultural Bilingüe en más del 50% para el 2018. Como señaló la Defensoría del Pueblo, esta situación inicia un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas, cuyos avances fueron significativos en años anteriores.

Otro punto importante trata de las mujeres indígenas y sus derechos a la participación política, a la educación, a la salud y al trabajo, igual que la violencia de genero. La comisión pide al gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o contempladas para fomentar el acceso de la mujer indígena a la educación, al mercado de trabajo y a la propiedad de la tierra, así como, su participación en los procesos de consulta.

El informe, también señala que es necesario abordar el derecho a la educación, establecido en el artículo 26 del Convenio 169 de la OIT que contiene la obligación de adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles. Otro tema es el de la administración de justicia e interculturalidad, como los derechos lingüísticos y culturales en el Poder Judicial y enfoque intercultural en la labor jurisdiccional.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/806-informe-alternativo-oit-la-criminalizacion-de-la-protesta-afecta-a-los-pueblos-indigenas

Chile

COMUNIDADES ORGANIZADAS EXIGEN: Patagonia sin + Mineras

La minería en Chile parece entenderse en dos visiones, por una parte está el cuento del progreso, que dice que sin minería Chile no funciona, no hay dinero y la crisis se expande como epidemia. Por otro lado está la historia de las comunidades, el daño socio ambiental y a la salud de las personas, que están obligadas a compartir su territorio con mega proyectos industriales.

En el extremo sur de Chile el panorama no es diferente, la llegada de dos grupos internacionales amenaza a la tranquilidad de la región. Las mismas comunidades que en 2011 se levantaron para decir Patagonia Sin Represas hoy vuelven a ponerse de pie exigiendo Patagonia sin + Mineras.

Algunos sectores de las comunidades trabajan de forma organizada, a través de la red Anitmineria de la Patagonia, cuya labor se enfoca en detener los dos proyectos más controversiales:

La minera Canadiense Gold Corp y  la Australiana Equus Mining, esta última a través de la sociedad Southern Gold, habría obtenido derechos para desarrollar su proyecto “Los Domos”, el cual desafectaría cerca de 2 mil hectáreas a la reserva nacional Jeinimeni, que se encuentra dentro del futuro Parque Patagonia y también afectaría al desarrollo de una de las actividades productivas más importantes del sector, la ganadería. Además perjudicaría hitos de alto interés turístico, cercanos a Chile Chico.

Esta paradoja discursiva del Estado chileno, que por un lado ostenta la red de parques nacionales más grandes del mundo y por otro sigue sumando zonas de sacrificio de norte a sur, es comentada por el ex vocero de Patagonia Sin Represas, Bernardo Reyes.

“No solamente resulta paradójico, resulta preocupante que los ejes de la corrupción penetren tan profundamente en la política en Chile, de tal modo que no se pueda percibir el futuro de los territorios sin la industria del pasado, la industria del siglo XVIII, XIX y XX , de cara al siglo XXI. La minería al lado de la red de parque más grande del mundo es una tremenda contradicción, sino es un retorno al pasado. Ese que ha dejado vacíos ambientales en todo el territorio”, indicó.

 

La Red Antiminería está trabajando para detener el avance de la las mineras en su sector. Desde esta organización la vocera Pamela Díaz explica cómo el desarrollo del proyecto Domos, perteneciente a la empresa Australiana Equus Mining, afectaría a distintas áreas insignes para la región.

“Allí hay terrenos fiscales y dos mil hectáreas que se desafectarían del parque. En esta red de parques, este espacio es lo único que no quedó bajo su tutela, entonces eso nos hace sentir que hay una prioridad para la minería más que para el ganado, y también se ve perjudicado el tema del turismo. Ahí tenemos reservas que están muy cerca, tenemos un patrimonio, en la área específica en donde se quiere instalar el proyecto Domos, está muy cerca de áreas arqueológicas”, señaló.

 

La minería en la Patagonia ha existido desde hace décadas y esto ha generado impactos ambientales y sociales evidentes, la contaminación del lago General Carrera por el relave de mina Silva de Puerto Cristal o la desaparición y posterior muerte de dos trabajadores en Cerro Bayo en 2017, son claros ejemplos de esto. El desarrollo minero en la Patagonia tiene directa relación con los beneficios que obtienen los países que reciben nuestras materias primas, este proceso es cuestionado por el presidente de la ONG Ética de los Bosques, Bernardo Reyes.

“Esta idea de que la globalización es el mejor futuro para Chile, hay que volver a repensar esto porque lo que estamos mirando es cómo nosotros somos parte de un gran orden económico internacional en el cual, en el mejor de los casos podemos seguir produciendo más celulosa, más salmones y más concentrados de minerales, llenando al país de zonas de sacrificio”, sentenció.

 

Actualmente el mensaje de las comunidades es claro “Patagonia sin + Mineras”. No se está exigiendo terminar de un día para otro con este sector productivo, solo se pide que no sigan avanzando hacia otros territorios. Sin duda el principal problema de esta actividad es que no puede ser sustentable, ya que los recursos que extraen no se renuevan. El daño de las mineras afecta directamente a uno de los ejes económicos de la región, el turismo, así también lo entiende vocera de la Red Antimineria de la patagonia, Pamela Díaz.

“Nosotros estamos completamente seguros que el camino al desarrollo pasa por el turismo, que tiene muchos matices, acá hay muchas cosas que se pueden hacer, eso si hay un turismo estacional, pero apostamos por el turismo, que es una actividad que tiene una connotación de sustentabilidad, que podemos trabajar”, comentó.

 

La minería llena los bolsillos de algunos y destruye los territorios de todos. La promesa eterna de mejorar la calidad de vida gracias al dinero que genera las mineras, es repetido como mantra por los gerentes de estas empresas, pero ¿Cómo puede mejorar la vida de las personas una actividad que destruye los ecosistemas y los espacios en los que se desarrolla la vida?

Fuente:https://radiojgm.uchile.cl/comunidades-organizadas-exigen-patagonia-sin-mineras/?fbclid=IwAR3q3glk_0GJ-ffLmhhT8DiJdde897pR_zVuPiW3vB7MSo7jTp2Ga6wnKmE

Mexico

Denuncian invasión de tierras ejidales para construcción de presa en Zacatecas

El Gobierno del estado de Zacatecas intenta imponer la construcción de la Presa Milpillas en terrenos del ejido de Atotonilco, en el municipio de Jiménez del Teúl, sin contar con la autorización de la asamblea agraria, denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

En un comunicado, la organización informó que pobladores del ejido impidieron el acceso de trabajadores con maquinaria pesada que intentaban comenzar con la construcción de la presa el pasado 20 de octubre.

“La población (…) decidió no permitir que personas ajenas a su territorio de propiedad comunal intenten destruir su patrimonio”, afirma Rema.

Recordó que los ejidatarios de Atotonilco han realizado dos asambleas agrarias en las que rechazaron otorgar 44 hectáreas de su territorio comunal para la construcción de la cortina de la presa, que tendría una dimensión de 88 metros de altura y seis de ancho.

La Red informó que, pese a la negativa de los ejidatarios, el titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA) de Zacatecas “ha sido capaz no sólo de mentirle a la ciudadanía, sino a los diputados” del Congreso del Estado, al asegurar que ya disponen de todos los permisos necesarios para la construcción, incluyendo los del ejido de Atotonilco.

En su comunicado, Rema también informó que, en el ejido vecino de El Potrero, funcionarios municipales, estatales y federales apoyados por unos 100 policías vulneraron y violaron el procedimiento de la asamblea hasta imponer el proyecto de la Presa Milpillas.

De acuerdo con el sitio en internet del Gobierno de Zacatecas, el Sistema Milpilla es el proyecto hídrico más importante de la gestión del gobernador Alejandro Tello Cristerna.

“Dicha obra beneficiará a más de 515 mil habitantes del corredor integrado por los municipios Fresnillo-Zacatecas-Guadalupe, que corresponde a un 35 por ciento de la población total del estado”, asegura un comunicado emitido el 13 de agosto.

El mismo documento asegura que ya existe un título de concesión otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al Gobierno de Zacatecas para un volumen de 42 millones de litros cúbicos, para aprovechamiento del agua almacenada con fines de uso público-urbano, por lo que se rechaza la versión de que el líquido sería vendida para uso industrial.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/557399/denuncian-invasion-de-tierras-ejidales-para-construccion-de-presa-en-zacatecas?fbclid=IwAR0DCN-tYkdkSoSx-mu-Xpld29yC4-pagzjl57XXYevtAeUiG4Mz8CgsFmQ