Andrés Gil Domínguez, abogado que fue parte de los procesos judiciales que en su momento frenaron las iniciativas para reabrir la mina Sierra Pintada, afirmó que “la mina de uranio no puede reabrirse por más que cada tanto el discurso político haga una apuesta”. El proceso depende de la remediación de los pasivos ambientales que quedaron en el lugar cuando cerró la mina y el mismo se encuentra judicializado en el Juzgado Federal de San Rafael.
Gil Dominguez manifestó que “oportunamente interpusimos acciones de amparo que fueron obteniendo resultado positivo en términos de que se prohibía la reapertura de la mina Sierra Pintada en la medida que previamente no se remediara la cantidad de pasivos ambientales que quedaron. Y dejando sentado que aunque se remediasen estos pasivos, debía estar sometido a una audiencia pública, no podía ser automática, lo que estaba en juego es el derecho al medio ambiente y la afectación del sistema productivo de esa zona”. Reafirmó luego en entrevista con FM Vos (91.5) que tras esa remediación, la hipotética reapertura tiene que someterse a “una discusión amplia y profunda”. La Suprema Corte ratificó los fallos de las instancias inferiores.
Gil Domínguez dijo que “la remediación ha sido controlada judicialmente por el órgano que preserva el derecho al agua de Mendoza y por nuestros expertos. Todo ha sido autorizado por el juzgado. Quedan pasivos de tratamiento complejo, aún falta para la remediación total”.
En cuanto a los proyectos que buscan modificar la Ley 7.722, que regula la actividad minera en Mendoza, el letrado expresó que “en la medida que la modificación de la ley permita la extracción minera, incorporando alguna de las sustancias prohibidas por la misma, estaría violando el derecho al ambiente. En materia de derechos humanos rige el principio de progresividad y no regresividad. Esto es, alcanzado determinado estadio de tutela de protección de un derecho, no se puede ni normativa ni fácticamente retroceder, por lo cual cualquier modificación que implicase una posibilidad directa o indirecta de usar alguna de esas sustancias, sería inconstitucional, estaría afectando otro derecho humano que es el derecho al agua”.
El proyecto del senador Alejandro Abraham busca cambiar la Ley 7.722, que en su artículo Nro 1 prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y agrega la frase “otras sustancias tóxicas similares”, que deja abierto a la interpretación de la autoridad de aplicación si es o no riesgoso el uso de otros productos químicos. Sin embargo, el cambio más importante que se pretende realizar a la ley, es la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros.
Fuente:https://noalamina.org/argentina/mendoza/item/42208-la-mina-de-uranio-sierra-pintada-no-puede-reabrirse?fbclid=IwAR1MOz5neIy_gY5V7ADcl207YtpYBEaNKjYUtBWKT0mbH17B5YuS7NPgrAg
El alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, insiste en la realización de un plebiscito vía Congreso Nacional con regulación del deslegitimado Tribunal Supremo Electoral TSE, para solucionar el conflicto que ha desatado la instalación de una empresa minera Inversiones Los Pinares.
Apazoyucan en el mapa del despojo y la destrucción del territorio
Un juez rechazó un recurso de acción de protección para impedir la exploración de una concesión minera en una región andina de Ecuador, al considerar que no vulnera la legislación vigente, informó este sábado 10 de noviembre del 2018 la Procuraduría General del Estado.
EL déficit hídrico detectado hace pocos meses en la cuenca del salar de Atacama y la conservación del balance del lugar, mantienen con preocupación a las cuatro mineras que extraen agua subterránea y salmuera en dicha zona, justo en momentos en que dos de ellas gestionan en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), extender sus permisos para la extracción del recurso vital.
Con relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta, el Estado mexicano camina para atrás: primero lo promovió y ahora lo trivializa para evitar sus efectos. Este derecho tiene su fundamento en el derecho internacional, principalmente en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo sexto establece la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acaba de recibir un informe que concluye que cuatro compañías de capital chino con presencia en país, vulneran los derechos humanos de los peruanos.
El 5 de noviembre de 2018 se cumplieron 3 años de la rotura del dique de la mina brasileña Samarco, propiedad de las empresas mineras Vale y australiana BHP Billinton, una de las más grandes catástrofes ambientales de todo nuestro continente en donde una avalancha de 650 kilómetros de barro y residuos tóxicos dejaron a su paso 20 personas muertas y la destrucción de más de 400 familias que 3 años más tarde siguen enfermos y desalojados en la más absoluta impunidad.
En el marco del debate instalado a nivel provincial hubo un cruce de posturas a favor y en contra de la minería en las barras ubicadas a los costados del recinto legislativo. El hecho fue antes de la sesión prevista para este jueves. Mientras que desde un lado reclamaban por “trabajo”, desde el otro llegaban críticas hacia la actividad.
Faltando muy poco para que la discusión por la reforma de la Ley 7.722 llegue al recinto -se estima que será a mediados de este mes- las Asambleas por el Agua Pura de toda la provincia refutaron los proyectos de los senadores Alejandro Abraham y Juan Agulles para habilitar la minería metalífera.