Al Presidente de la República Mexicana, C. Andrés Manuel López Obrador

Al Gobernador del Estado de Veracruz, C. Cuitláhuac García Jiménez

A la Secretaria de Economía, C. Graciela Márquez Colín

A la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, C. Josefa González Blanco

A la opinión pública,

Una de las consecuencias más terribles del modelo económico neoliberal, a lo largo de los últimos 30 años, es la proliferación de proyectos mineros a gran escala que destruyen ecosistemas y violan los derechos de comunidades rurales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Como lo mencionó el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador en su discurso inaugural, es necesario que el gobierno de este país deje de estar al servicio del saqueo.

Desafortunadamente, el Estado de Veracruz también es víctima de esta tendencia de saqueo en sus pueblos, ríos y ecosistemas. Desde 2005, particularmente los municipios de Alto Lucero y Actopan se vieron afectados por la imposición de múltiples polígonos de concesión para la realización de actividades de exploración, explotación y beneficio minero. En la actualidad, estas concesiones se concentran en dos proyectos de explotación: La Paila, antes Caballo Blanco –a cargo de la empresa canadiense Candelaria Mining Corp.—, y El Cobre –a cargo de Azúcar Minerals Ltd., empresa canadiense sucesora de Almadex Minerals Ltd., del mismo país de origen—.

Estos proyectos mineros ponen en riesgo la viabilidad de ecosistemas únicos en el mundo, producto del contacto entre el Eje Neovolcánico Transversal y el Golfo de México. Asimismo, generan una situación de violación potencial y actual de derechos humanos de los habitantes de los municipios de Alto Lucero y Actopan, quienes enfrentan ya invasiones a sus predios para la realización de barrenos exploratorios y que, de desarrollarse las explotaciones mineras, podrían enfrentar desplazamiento forzado, graves daños al abasto de agua, a la salud y a la viabilidad de las actividades económicas de las cuáles dependen para su subsistencia.

Ante este panorama, solicitamos al gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, en el ámbito de sus competencias, revoquen todos los permisos otorgados para la realización de actividades mineras; que impidan el otorgamiento de permisos adicionales; y que declaren a la entidad veracruzana libre de proyectos de minería tóxica.

Asimismo, al Presidente López Obrador y a los legisladores del Congreso de la Unión se les solicita que se haga una revisión pública del marco normativo que permite el saqueo minero que ha dado lugar a más de 120 conflictos sociales a lo largo y ancho del país. Exigimos que, en la revisión de este marco normativo, participen activamente las comunidades afectadas por estos proyectos, así como la academia y la sociedad civil que han puesto en tela de juicio el modelo extractivo de saqueo y acumulación mineros. Es urgente que los gobiernos que recién inauguran sus mandatos se comprometan a promover el desarrollo local y sostenible de sus poblaciones. Como dijo el López Obrador: “Por el bien de México, primero los pobres”.

¡Queremos frijoles, queremos pescado!

¡Fuera mineras de nuestro estado!

#VIDAoMINA

Atte.

Pueblos de Veracruz Unidos por la Dignidad y la Vida

Unión Veracruzana de Pueblos Libres de Minería Tóxica

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental

Fuente:https://plumaslibres.com.mx/2018/12/02/colectivos-piden-a-amlo-que-veracruz-sea-libre-de-mineria-y-despliegan-manta-en-catedral-de-xalapa/

El diputado federal de Morena, David Bautista Rivera busca poner fin a la “explotación descarada” de recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla, por lo que desde el Palacio Legislativo de San Lázaro impulsa un punto de acuerdo en el que exhorta al Gobierno Federal suspenda todas las concesiones en esta región.

El representante por Puebla denunció que las concesiones a las empresas como grupo Ferrominero. SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha, SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas SA de C, así como Víctor Manuel Animas Arellano, “al llevar a cabo sus actividades, violan los derechos a la propiedad, la salud, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos a la paz, derecho de los pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales y derecho de los pueblos a la autodeterminación”.

Deploró que Puebla sea uno de los principales destinos para empresas transnacionales que “llegan, expropian, explotan y deterioran las condiciones de vida y el ecosistema poblano”.

Señaló que estas acciones afectan directamente a los habitantes de la Sierra Norte de Puebla, en concreto a quienes se encuentran en municipios comoHueyapan, Tlatauquitepec, Teziutlán, Zaragoza, Cuetzalan del Progreso, mismos que se reconocen como municipios con población mayoritariamente indígena.

Lamentó que el actual sistema económico, aunado a la reforma energética implementada en 2014, permita la implementación de “Proyectos de muerte”, tales como minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos, parques geotérmicos, y los pozos de explotación de fracking.

Recordó que, en 2012, la minera Autlán SA de CV, requirió ante la Secretaría de Medio Ambiente y de Economía el uso de suelo en la Sierra Norte, para realizar exploraciones en terrenos ubicados en la zona limítrofe de Cuetzalan y Zautla.

Refirió que, aunque en un principio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso para la instalación del proyecto “El Aretón”, a fines de 2013 este proyecto de exploración fue aprobado.

Bautista Rivera advirtió que la actividad minera amenaza a la Reserva de Bosque Mesófilo de Montaña la más grande de la Sierra Nororiental Poblana.

Resaltó que Puebla es conocida en el país por su amplia diversidad cultural, así como por ser un estado con un extenso ecosistema vegetal y natural, que es deseado y anhelado por grandes empresarios nacionales y extranjeros por su alta riqueza natural.

De igual forma, el legislador poblano exhortó al gobierno federal para que asuma las conclusiones del estudio técnico que realizó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que permitió identificar 53 zonas de atención territorial, con los riesgos que representa para la comunidad el hacer un uso indebido de las mismas.

También pidió al alcalde entrante de Tlatlauquitepec, Puebla, defienda a los ciudadanos que han sido afectados en sus derechos humanos por las concesiones a las empresas como Grupo Ferrominero SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas, SA de C, Víctor Manuel Ánimas Arellano, entre otras.

De acuerdo en el artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que estos sean consultados acerca de ese tipo de inversiones en sus localidades.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas, razón suficiente para la procedencia de la aplicación de la consulta en situaciones como: la pérdida de territorios y tierra tradicional; el desalojo de sus tierras; el posible reasentamiento; el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; la desorganización social y comunitaria; y los impactos negativos sanitarios y nutricionales.

Además, el artículo segundo de la Carta Magna establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

Esto implica, determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Fuente:http://www.e-consulta.com/nota/2018-11-28/medio-ambiente/suspender-concesiones-mineras-en-puebla-piden-en-san-lazaro?fbclid=IwAR3hB5FJgarR4tCV5ubhhEKEHqe0d_x41ttI-6vBtMR7V-VwhDvRJA2d9X8

El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder afirmó que México debe seguir los lineamientos establecidos en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas, especialmente en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada con respecto al desarrollo de megaproyectos.

Al ser cuestionado por Apro sobre la consulta llevada a cabo por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre el Tren Maya y el Transísmico, Ryder reconoció no saber los detalles de dicho proyecto, pero fue claro en que México debe apegarse al Convenio 169 del que es parte.

“Es un tratado internacional y como cualquier convenio ratificado por el gobierno es vinculante y tiene efectos legales”, dijo Ryder en breve conversación con Apro.

“No estoy al tanto de la especificidad de este caso, pero el Convenio prevé lo que llamamos consultas previas de los pueblos indígenas en situaciones que pueden afectar sus derechos y sus intereses y es una parte de este Convenio que se desarrollen estas consultas”, remarcó el titular de la OIT.

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales ratificado por México y avalado en la Constitución del país es un tratado internacional, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1989 y fue ratificado por México en 1990.

El Convenio refleja el consenso logrado en la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales dentro de los Estados-nación en los que viven y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos.

El Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, “así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”.

El objetivo del Convenio “es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra angular del Convenio”.

Diálogo previo con los pueblos

En charla con Oelz Martin, especialista de la OIT sobre Igualdad y No Discriminación y experto de la OIT sobre la aplicación del Convenio 169, explicó a Apro que el organismo de momento no puede pronunciarse sobre si la consulta del Tren Maya es válida o no porque hasta ahora no han recibido quejas relacionadas con el caso, sin embargo, subrayó que “el asunto también podría plantearse en un tribunal laboral nacional ya que está contemplado en la Constitución”.

Para el experto de la OIT lo que es claro es que la consulta sobre un proyecto de esta magnitud tiene que ser previa, libre e informada, “debe ser llevada a cabo por el gobierno y debe haber un diálogo con los pueblos indígenas o tribales” que pudieran verse afectados o beneficiados por dicho proyecto.

Estos pueblos se encuentran entre los grupos vulnerables que más importan a la OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia social, los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional y el trabajo decente.

El Convenio, recuerda Martin, se ha convertido en un punto de referencia global, cuyo impacto sobre las políticas de gobernanza y desarrollo va más allá de los países que lo han ratificado. Además, es un instrumento que ayuda a los gobiernos a promover un ambiente favorable a la creación de empresas sostenibles.

Por otra parte, la Comisión de expertos encargados de verificar la aplicación del Convenio subraya “la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo”.

Debido a los grandes retos a los que actualmente tienen que hacer frente los pueblos indígenas y tribales, incluidos la regularización de la propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el aumento de la explotación de los recursos naturales, la participación de los pueblos indígenas y tribales en estos y otros ámbitos que les afectan directamente, es un elemento fundamental para garantizar la equidad y la paz social a través de la inclusión y el diálogo.

“Las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos”, destaca la OIT.

“No realizar dichas consultas y no dejarles participar tiene graves repercusiones para la aplicación y éxito de programas y proyectos específicos de desarrollo, ya que de esta forma resulta poco probable que reflejen las aspiraciones y necesidades de los pueblos indígenas y tribales”, advierte.

A pesar de que las organizaciones de pueblos indígenas no forman parte de los mandantes tripartitos de la OIT como es el caso de los gobiernos y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, la OIT alienta a las personas indígenas o a sus organizaciones a que se hagan miembros de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de tal forma que puedan someter sus quejas al organismo laboral de la ONU.

La consulta, responsabilidad del gobierno

La OIT enfatiza que “la consulta de los pueblos indígenas se erige por lo tanto en obligación general en virtud del Convenio, cada vez que haya medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a dichos pueblos.

“Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, a la elaboración de legislación nacional relativa a consultas o a la construcción de infraestructura vial en las tierras de una comunidad indígena específica.

“Además, el Convenio subraya particularmente la necesidad de consultar en ciertas circunstancias que incluyen la consulta previa a la prospección o la explotación de los recursos del subsuelo y a la reubicación y la enajenación de tierras”.

Asimismo, la OIT remarca que “la obligación de garantizar consultas adecuadas recae clara y explícitamente en los gobiernos y no en personas o empresas privadas. En algunos casos, los gobiernos pueden delegar la aplicación práctica del proceso de consulta a otras entidades. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar que las consultas se realicen de acuerdo con lo estipulado por el Convenio recae en los gobiernos inclusive en los casos en que no estén directamente a cargo del proceso”.

Más de un millón de personas pertenecientes a pueblos indígenas en 42 municipios de los estados de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche podrían verse afectados por la construcción del Tren Maya y, hasta ahora, no se les han ofrecido oportunidades de diálogo, ni se les han dado a conocer de manera concreta los detalles del megaproyecto.

Cuestión que va en contra de los lineamientos de la OIT pues “las consultas pro forma o la simple información no cumplirán con los requisitos del Convenio”.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/561506/convenio-de-la-oit-obliga-a-mexico-a-consultar-megaproyectos-a-pueblos-indigenas?fbclid=IwAR33wAMMKnYbP12WH7Ry_aAj4FQcJQzw6Rm2whOIfL7BRFweK6gSDsnHF-w

Cabo San Lucas.-Al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 42 títulos de asignación minera en el país, entre ellos uno para la zona de Todos Santos con una superficie de 2 mil hectáreas, a sólo 2 km de Pescadero.

Cabe mencionar que en Baja California Sur los tres niveles de gobierno se han pronunciado contra la instalación de proyectos mineros en la zona de amortiguamiento de la Sierra la Laguna, como el que anuncia la presente asignación.

El senador con licencia Víctor Castro Cosío, quien a partir de hoy cumple funciones como delegado único del Gobierno Federal en Baja California Sur se ha pronunciado contra la instalación de empresas mineras en la zona sur del estado; al igual que el hoy delegado regional del Gobierno Federal en Los Cabos, Daniel Torres, quien en su etapa de dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, llegó a encabezar marchas de protesta contra la misma intención.

En el caso del gobernador Carlos Mendoza Davis, en su toma de protesta y en sus tres informes de gobierno ha expresado su rechazo y compromiso para no permitir la instalación de proyectos de minería tóxica en Los Cabos y en ese mismo sentido lo han hecho los alcaldes de Los Cabos y La Paz, Rubén Muñoz y Armida Castro, respectivamente, incluso ésta última participó activamente en una manifestación ciudadana en San José del Cabo a unos días de tomar protesta de su encargo; pronunciándose todos ellos a favor del medio ambiente, la sustentabilidad, la salud y el derecho al agua de los habitantes de la zona sur de la entidad.
Sin embargo, los sudcalifornianos amanecimos con la noticia de que en la versión matutina del DOF se publicaba el:

“TITULO DE ASIGNACION MINERA NUMERO 374.- NOMBRE DEL LOTE.- TODOS SANTOS.- AGENCIA.- LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR”.

De acuerdo al documento el titular de la asignación es el Servicio Geológico Mexicano, en un lote denominado “Todos Santos”, una superficie de 2 mil hectáreas ubicado en el municipio de La Paz, más precisamente “La mojonera o señal reglamentaria se localiza en: el lado derecho de la carretera no.19, carril Los Cabos-La Paz, a la altura del kilómetro 66+200 a 2 km de el poblado de El Pescadero.
Destaca que la asignación minera a que se refiere este título deberá respetar a los lotes mineros con mejores derechos que se ubiquen en el interior de su perímetro.

La vigencia de esta Asignación Minera será de seis años improrrogables, contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme lo dispuesto por el artículo 16, primer párrafo, de la Ley Minera, que a la letra dice:

“…Las obras y trabajos mineros que al amparo del presente título se desarrollen, únicamente podrán realizarse con autorización, permiso o concesión según el caso de las autoridades que tengan a su cargo los bienes que resulten afectados, atento a las disposiciones aplicables. Asimismo, su titular deberá sujetarse a las normas oficiales relativas a la industria minero-metalúrgica en materia de seguridad, de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Este título únicamente otorga derechos sobre los minerales, mas no sobre el terreno superficial”.

Fuente:https://www.tribunadeloscabos.com.mx/sorpresa-de-fin-de-sexenio-en-bcs-asignacion-minera-de-2-mil-has-en-todos-santos/