Tras las lluvias del Huracán Willa, el bordo que contenía miles de toneladas de “jales” (sustancias para la extracción de minerales) de la Minera Cinco Reales, se vino abajo, derramando los residuos potencialmente tóxicos por el arroyo de Plomosas hacia el Río Baluarte.
“Ese jal ya llegó hasta el mar”, denunció en rueda de prensa Víctor Ávila Osuna, líder del Movimiento 11 de Septiembre de los Pueblos Unidos del Municipio de Rosario, quien advirtió que dichos residuos se encontraban en los límites de donde se construye la presa Santa María.
Entre las comunidades afectadas están Santa María, La Rastra, Ojo de Agua, Ojo de Agua del Venado, El Tecomate, El Tepehuaje, Chametla, El Apoderado y todas las ubicadas al margen del Río Baluarte.
Mostrando la publicación de un diario local del 12 de agosto de 2018, aseguró que el entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Sinaloa, Jorge Abel López Sánchez, tuvo conocimiento de la alerta, pero no hizo caso. Tampoco la Comisión Nacional del Agua se acercó a realizar los estudios correspondientes.
En esa ocasión, detectaron focos de contaminación en el arroyo de Plomosas por la parte baja donde se denomina El Apachurrado, entre El Magistral y Charco Verde, donde los pobladores han advertido la ausencia de cauques, camarones, mojarras y otras especies.
Hoy, aseguró Ávila Osuna, con las lluvias de “Willa” ya se encuentran derramados esos materiales, que contienen sustancias como silicato de sodio, aeropromotor 31, espumante, sulfato de cobre y cal.
“En Santa María hay bastantes quejas de que a los niños les salen ronchas, sí hay contaminación, aparte de que se acabó el cauque, camarones y todo eso, yo aseguro que está contaminado el arroyo de Plomosas, afluente del Río Baluarte”, resaltó el líder rural.
De manera urgente, llamó a la doctora Diana Rojas Tirado, directora del Centro de Salud Rosario, para que actúe de inmediato para prevenir problemas de salud a los rosarenses. Y el mismo exhorto hizo al coordinador de Protección Civil municipal, Omar Copado.
“Les doy un plazo de un minuto para que actúen ya”.
Según el denunciante, no son los únicos jales mineros que han encontrado. Más arriba, dijo, en un sitio conocido como Corta Pico, donde hay 4 millones de toneladas de desechos con cianuro.
Relató que en la sierra, a lo largo de los años numerosas compañías han operado y se han retirado dejando sus residuos. Así lo explicó en un documento que hizo llegar a Andrés Manuel López Obrador el 5 de septiembre pasado, todavía como >Presidente electo.
“[…]Y siguiendo por el mismo cauce del arroyo de Plomosas hasta llegar al Corta Pico, hay desechos de Grupo México, y se cree que haya alrededor de 4 millones de toneladas de jal contaminado con cianuro, en la presa de jales, como se le llama actualmente al lugar, y el responsable que autorizó depositar estos desechos fue el ingeniero Nicolás López Portillo, desde los años de 1987 (sic).”
Aunque no mostró más evidencia de sus acusaciones, demandó que la Conagua realice los estudios al arroyo Plomosas y el río Baluarte para evitar daños a la salud pública, así como para implementar acciones que puedan mitigar los impactos de la polución causada por las actividades mineras.
De acuerdo con expertos, el material rocoso que queda de los jales mineros es riesgoso para la salud, porque libera minerales pesados como arsénico, cadmio, plomo y zinc.
Sierra Metals, se enfrenta a un retraso en su proyecto de expansión de relaves Yauricocha, luego del rechazo del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de deposición.
Se requiere un EIA aprobado para un permiso de construcción para las siguientes tres fases de la extensión de la presa de relaves, que permitirá una expansión del 20% de la producción de la mina de Yauricocha a 3 600 t / d.
Sin embargo, la compañía sostiene que ha presentado toda la documentación requerida y que es optimista que la decisión será revisada.
“Si bien estamos decepcionados, no creemos que esta decisión se haya tomado con todos los hechos. Esta decisión fue preliminar y no se basó ni incluyó toda la información presentada. Los miembros clave del equipo de administración se reunirán con las autoridades para proporcionar y demostrar cumplimiento total de los requisitos. La gerencia cree que una vez que se revise toda la información correcta, recibiremos una respuesta positiva de las autoridades “, dijo el CEO Igor Gonzales .
Sierra Metals dijo que el retraso en la EIA podría resultar en un déficit temporal del 7% en su producción diaria de mineral, en comparación con los proyectos que no incluyeron una demora en el permiso EIA.
Gonzales señaló que los planes de expansión en México a 3 600 t / d en Bolívar y a 1 200 t / d en Cusi aún estaban en marcha y se completarían en el primer trimestre de 2019.
Nos acabamos de enterar de que el Presidente Evo se ha puesto de acuerdo con las cooperativas mineras en modificar la Ley 845 para que dichas cooperativas puedan explotar áreas protegidas, reservas forestales, cabeceras de cuencas fluviales y Tierras Comunitarios de Origen (TCO). ¿Se puede entender que el mismo Presidente que sorprendió al mundo con su afirmación de que “los derechos de la Madre Tierra son más importantes que los derechos humanos” ahora se dedique sistemáticamente a liquidar a la Madre Tierra y a ignorar sus derechos?
Ya la Ley de Minería que promulgó el actual gobierno era la peor ley minera de nuestra historia (Simón Patiño habría estado chocho con ella), ya que no sólo abre excesivos espacios para la exploración y explotación de minerales, sino que además les reconoce derecho prioritario al uso del agua (de ahí el desecamiento del lago Poopó, por mencionar sólo un ejemplo) y les cobra impuestos ridículos (7% a las empresas formales, incluidas las transnacionales, y el 1,5% a esas empresas de capitalismo salvaje que utilizan el nombre de “cooperativas”). ¡O sea que el país se desangra y apenas recibe a cambio una suerte de limosna!
Todo eso ya era incompatible con el “proceso de cambio” y con la Constitución vigente, pero ahora el golpe a la Constitución será mucho más duro, ya que la modificación de la Ley 845 entregará a las supuestas cooperativas nada menos que las áreas protegidas, las reservas forestales y las cabeceras de cuencas (chau Madre Tierra), y les entregará incluso las TCO (chau pueblos indígenas, y, por tanto, chau Estado Plurinacional).
Con todo esto además se pretende legalizar los abusos ya cometidos, como la presencia de empresas mineras nada menos que en todo el Illimani, o la concesión de Mallku Khota a la Canadian Silver (a la que ahora tenemos que indemnizar con más de 18 millones de dólares).
¿Qué le pasa a nuestro Presidente? Se explica (no se justifica pero se explica) que no pueda sustraerse a las exigencias insostenibles de sus bases cocaleras (como ocurre en el TIPNIS), pero no se explica que no pueda sustraerse a los intereses antinacionales de las cooperativas mineras (que en su momento no vacilaron en asesinar a un viceministro). ¿Es tan grande, compañero Presidente, la angustia por conseguir más electores para el 2019?
Es cierto que el tema no es nuevo. Ya hubo denuncias (de los propios cooperativistas mineros) contra la presencia de 20 empresas (chinas y colombianas) que operaban con maquinaria pesada en Apolo, Teoponte, Palos Blancos y Rurrenabaque para extraer oro ilegal, que por lo visto sale de contra bando al Perú.
Y el propio Vicepresidente exigió en su momento a esos aventureros delincuentes que regularicen su situación y paguen impuestos; pero ahí el Vicepresidente estaba apoyando a los cooperativistas denunciantes, mientras que con este proyecto de modificación de la ley los beneficiados serán los propios cooperativistas.
Por lo demás, se sabe que el Servicio de Migración ha registrado a más de 28.000 ciudadanos chinos, de los que sólo 150 tienen visa de trabajo, mientras los demás la tienen de “turistas”… Por tanto, cabe sospechar que no sólo se trata de contentar a los cooperativistas (futuros electores), sino también a las empresas chinas (lo que inevitablemente nos recuerda a la famosa CAMC y a la no menos famosa Gabriela Zapata).
No es serio que nuestro Presidente tenga un discurso para el nivel internacional –Evo sigue proclamando la superioridad de los derechos de la Madre Tierra– y una práctica interna totalmente opuesta a ese discurso: destrucción de parques nacionales, y áreas protegidas, megarrepresas hidroeléctricas a costa de zonas selváticas y de sus habitantes, deforestación creciente para la producción de transgénicos, agotamiento de acuíferos, y una explotación cada vez más salvaje de nuestros recursos minerales para beneficio de empresas extranjeras y de empresarios salvajes disfrazados de cooperativistas…
Este viernes ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero BioLantánidos que pretende instalarse en la comuna de Penco, justo en los cerros detrás de la ciudad y desde donde fluyen los esteros hacia la zona poblada. La faena de extracción de minerales denominados “tierras raras” son ampliamente cotizadas por las potencias del primer mundo y que pese a propagar discurso innovador y propagandístico, podrían dejar graves consecuencias en nuestra zona al alimentar crecientes y vertiginosos nuevos rubros tecnológicos
Según indicó el EIA la faena minera tendría “una capacidad para procesar hasta 240 toneladas/hora de mineral, para producir de 1.700 toneladas anuales de Concentrado de Tierras Raras”
Este proyecto de extracción minera tendría 6 zonas de extracción. Estas zonas de extracción fueron denominadas como: “ZE Luna, ZE Renata, ZE Victoria Sur, ZE Victoria Norte, ZE Maite y ZE Alexandra, y 3 zonas de disposición (ZD), correspondientes a ZD Júpiter, ZD Urano y ZD Neptuno”
Además se dispondrían de 3 zonas de disposición de material estéril y maicillo granítico lavado, además una planta de procesamiento, y 2 zonas de acopio temporal para capas de suelo vegetal, entre otras faenas como habilitación de caminos y obras temporales de construcción.
Para el procesamiento de los minerales, el EIA indica que la empresa realizaría: “un proceso cerrado de desorción continua y contempla las siguientes etapas: extracción del mineral del yacimiento, transporte mina-planta, recepción de materia prima, mezclado y desorción, separación de sólidos finos, espesamiento y desaguado de fondos de sedimentadores de finos, precipitación, espesamiento y filtrado, extracción, filtrado, secado y calcinación de carbonatos de tierras raras, para lograr el producto final, Concentrado de Tierras Raras”. Junto a esto indicaron que considerarían “la recirculación de agua para la reutilización en el proceso tanto del agua como de los reactivos empleados, para lo cual se contará con una planta de acondicionamiento”
La empresa reitera que el agua que utilizará “será abastecida mediante captación de agua en los esteros Penco y El Cabrito – de los cuales se cuenta con los respectivos Derechos de utilización de agua-, la cual será enviada a la Planta de procesamiento mediante tubería para su almacenamiento en estanques”
Ahora la empresa también especificó que el proyecto modificaría parte del oleoducto San Fernando – Talcahuano “en una extensión de aproximadamente 1.300 metros, debido a que una de las zonas de extracción (ZE Maite) requiere del uso de la superficie en donde actualmente se emplaza parte de esta infraestructura”
El proyecto actual considera una mano de obra máxima de 90 personas durante su construcción de 140 durante su operación. Este estudio de impacto ambiental fue desarrollado por la empresa de ingeniería, tecnología y consultorías INERCO.
El proyecto es propiedad del grupo financiero Larraín Vial a través de la empresa Minería Activa. Su representante legal Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO o (REE UNO por sus siglas en inglés).
Este proyecto recibió financiación por el Programa Fénix, unos fondos que buscaban potenciar la exploración minera y que fueron creados en 2011 por CORFO. El fondo de inversión Lantánidos (Inversiones Mineras S.A.) benefició a la empresa REE Uno Spa, con un monto de inversión de 4.828.401 dólares.
Inicialmente la empresa había presentado un proyecto que fue desistido por la propia minera en mayo de 2016. En enero de ese mismo año, el primer proyecto de planta de extracción de Tierras Raras – El Cabrito también fue desistido en febrero.
En julio de 2016 la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que fue rechazada en agosto del mismo año por el Servicio de Evaluación Ambiental
El proyecto inicial consideraba que el material agotado en el proceso industrial pretende ser depositado en las propias quebradas de la zona, sin realizar ningún tipo de impermeabilización, con lo cual las lluvias podrían llevar este material hacia la ciudad de Penco o las zonas habitadas en el borde periurbano
En el presente EIA, la empresa asegura que “las zonas de disposición se ubican en pequeñas cuencas de quebradas para ser rellenas en lo posible hasta su parte alta, de tal modo que no se interfiera con cursos de aguas provenientes de una cuenca superior” y reafirma que “No se requiere de un sello impermeable en la superficie de la cuenca ya que los suelos o maicillos del relleno no tienen ni tendrán ninguna lixiviación, además de la impermeabilidad del suelo natural”
Cabe recordar que la escasa fiscalización y el frecuentemente raquítico cumplimiento de los permisos otorgados por la institucionalidad ambiental a las empresas extractivas podría poner en alto riesgo a la población local. Por lo tanto sería una apuesta demasiado peligrosa confiar en el nuevo discurso de la “sostenibilidad” empresarial que por definición esta hecha para impulsarse a si misma económicamente, con el menor costo posible y en detrimiento de la población que podría sufrir los impactos socioambientales y la ilusión de puestos de trabajo de dudosa calidad y escasa continuidad en el tiempo.
En la última década, 82 de 125 defensores de la tierra y el agua víctimas de homicidio o desaparición han sido de pueblos originarios, principalmente nahuas, purépechas, rarámuris, triquis y wixárikas.
El retrato de Antonio Esteban Cruz está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil, Cuetzalan, en el gran bosque de niebla de la Sierra Nororiental de Puebla. Un copal encendido en un sahumerio se consume ante la imagen del ambientalista nahua más emblemático en la región.
Su nieta Soledad se recarga en el marco de la puerta de la pequeña habitación donde está la foto de su abuelo sonriente, con su sombrero. Voltea a verlo.
—¿Qué recuerdas de tu abuelo? —le pregunto a la niña de 10 años.
—Cuando lo mataron —su respuesta es instantánea.
Antonio Esteban fue acribillado cuatro años atrás, de cuatro balazos, a orillas del río Apulco, el que defendió cuando regresaba de hacer su labor en la parcela. Él fue el dirigente estatal de una organización que frenó el proyecto de la hidroeléctrica Cuamono, participó en la fundación del Frente Indígena Campesino de México (FICAM), y explicó en náhuatl a comunidades monolingües la devastación que provocan los proyectos extractivos.
Su asesinato es parte del listado de 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México en la última década: 108 asesinatos, entre éstos de seis mujeres, y 17 desapariciones, entre ellas la de una mujer.
La lista posee una cifra reveladora: 82 de las 125 víctimas eran indígenas, 66 por ciento del total; es decir, dos de cada tres casos, de acuerdo con la base de datos procesada por mexico.com.
Esta base surgió al cruzar un documento de Global Witness, con otro del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), y con la tesis de la investigadora Lucía Velázquez Hernández titulada Defensores ambientales en México y derechos humanos (1995-2015), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras fuentes.
Pero ninguna de estas investigaciones se enfoca en la condición indígena de las víctimas.
“¡Es altísimo!”, dice. “Y es muy probable que esos crímenes lleven en sí mismos una carga racial”.
La población indígena en México es de 12 millones y representa 10 por ciento de la población nacional.
Antonio Esteban lideraba el Movimiento Independiente Obrero Campesino y Popular-Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN). Tras su asesinato en 2014 fue reemplazado por el abogado nahua Manuel Gaspar Rodríguez, quien recibió amenazas desde que asumió la dirigencia ese mismo año y también fue ultimado.
El retrato de Antonio Esteban Cruz está en la mesa del altar de la casa de Xiloxochil.
Manuel Gaspar lideró la lucha contra proyectos de minería a cielo abierto, fracking, hidroeléctricas, la construcción de la subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, y logró la clausura de un basurero municipal a cielo abierto. Lo mataron con un arma punzocortante el 14 de mayo de 2018.
Sandino Rivera, representante legal del MIOCUP, detalla: “semanas antes de que lo mataran recibió amenazas de muerte y, dos días antes, ambos estuvimos en un foro hablando contra megaproyectos”.
Erwin Slim, integrante del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan —que tiene un reglamento municipal único en el país que prohíbe el desarrollo de megaproyectos y protege los ecosistemas de sus 168 comunidades—, expone sobre los dos asesinatos: “si Cuetzalan es el municipio más protegido de México (contra esos megaproyectos), y pasa lo que pasa, cómo estarán de vulnerables los otros municipios del país que no tienen esta cobertura”.
De acuerdo con la base de datos de mexico.com, el pueblo nahua registra el mayor número de casos a nivel nacional (45), seguido por el purépecha (19), rarámuri (8), triqui (4), wixárika (3), y con un caso, los pueblos yaqui, ayuuki, tsotsil y mixteco.
El saldo de dos sexenios
Albino Limón Hernández es militante del MIOCUP y vive en Xiloxochil. La localidad nahua está enclavada en la exuberante sierra poblana, de clima cálido y húmedo, vecina de Veracruz, en la que abundan los árboles de lima, naranjo, guanábana, plátano, guayaba, piña, pimienta y mamey. Un paraíso montañoso.
Albino muestra la lona que se mandó a hacer con las fotografías de Antonio Esteban y Manuel Gaspar en exigencia de justicia por sus asesinatos cometidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Los conoció a los dos. A Antonio Esteban, un hombre que rozaba los 65 años, de actitud tranquila y cuerpo forjado por el trabajo agrícola. Y a Manuel Gaspar, un treintañero moreno, de carácter alegre e impetuoso.
“Fueron compañeros que llevaban años luchando, anduvimos juntos, son nuestro ejemplo”, Albino expresa dolido.
Del total de 125 crímenes contra defensores, 49 ocurrieron en el gobierno de Peña Nieto y 76 en el de Felipe Calderón. En el 2011, durante el sexenio del panista, se registró el mayor número: 30. Le siguió 2017, bajo el gobierno del priista, con 19. En el último año han ocurrido 14.
El agua o la vida
En una habitación de la casa de Antonio Esteban, en la localidad serrana de Cuauhtapanaloyan, Cuetzalan, un mural plasmó al luchador cargando unas flores de tallo largo. La franja azul pintada en la base de la pared representó el caudaloso y ancho río Apulco que el nahua defendió con su vida.
—¿Por qué lo mataron? —pregunto a su hija Antonia Gabriela.
—Por defender el territorio, el agua —responde sin duda.
La base de mexico.com revela que en 65 de los 125 crímenes, es decir en la mitad, está involucrada la defensa del agua. Sea porque las víctimas se oponían a proyectos mineros, hidroeléctricos, de contaminación industrial o despojo de líquido. La defensa forestal está en 74. La tenencia de la tierra en 56.
Cuetzalan está en el corredor que va de la sierra boscosa poblana a la veracruzana y es uno de los que reciben más precipitación pluvial en el país.
En 2013, un año antes del asesinato de Antonio Esteban, la CFE comenzó a comprar permisos de operación en terrenos de Cuamono y Cuauhtapanaloyan para echar a andar su proyecto de la hidroeléctrica Cuamono en Cuetzalan, sin que hubiera la información o la consulta que por derecho constitucional tienen los pueblos indígenas.
Lo relata Violeta Valdés, del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, creado en honor del luchador.
Las comunidades se organizaron y se opusieron al considerar que el proyecto era la avanzada de la megaminería que consume millones de metros cúbicos de agua. También que anticipaba la extracción de energéticos a través de la fractura hidráulica o fracking. Este es un método agresivo de perforación que demanda entre 9 y 29 millones de litros de agua por pozo, según la Alianza Mexicana contra el Fracking.
En el mural que recuerda a Antonio Esteban está su hija Antonia Gabriela.
La inconformidad en la zona confluyó en la fundación del citado FICAM el 8 de marzo de 2014, que reunió a luchadores indígenas de 16 estados con diversas causas, entre ellos a Antonio Esteban, pequeño productor de pimienta, ya consolidado como un reconocido líder regional.
Violeta Rodríguez recuerda: “Su papel fue muy importante para la organización y la cohesión de las comunidades porque él tenía la capacidad de transmitir en nahua los términos muy técnicos que venían en las manifestaciones de impacto ambiental de los megaproyectos”.
Narra que como respuesta a la creación del FICAM vino la criminalización y detención de líderes, como Enedina Rosas, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, y el intento de acribillamiento a Rodrigo Esteban Mora, hijo del dirigente, cuando cruzaba el río Apulco.
Antonio Esteban tomó posesión de una franja de terreno colindante al río Apulco con el fin de crear un asentamiento humano que resguardara el ancho afluente. Tres meses después recibió los cuatro balazos que le quitaron la vida.
Ausencias que duelen
La foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa familiar en la comunidad de Ayotoxco, municipio de Cuetzalan. Es la última que le tomaron durante su intervención en el “Foro en defensa del agua y nuestra madre tierra”, realizado en Chignautla el 12 de mayo de 2018. Lo asesinaron día y medio después, en la madrugada del 14.
“¡¡Si no hay justicia para el pueblo que no haiga paz para el gobierno!!”, reza una frase escrita en el retrato. Al lado de las veladoras hay un plato con una rebanada de pastel por motivo de un cumpleaños familiar. Su hermana Rosario lo puso aunque no es el Día de los Muertos. Sufren su ausencia ocurrida cuatro meses antes.
“Lamentablemente fue una pérdida fatal”, expresa Rosario con aflicción antes de mostrar las fotos de su hermano en la adolescencia, quien ganó varios trofeos de atletismo en competencias locales.
Puebla registra cuatro casos de crímenes contra luchadores ecologistas, pero es Michoacán el estado con el mayor número de casos: 54 de origen nahua y purépecha. Le sigue Oaxaca con 16, de los cuales 7 son de pueblos triquis, mixtecos.
En Puebla hay 310 concesiones mineras que abarcan una superficie de 182 mil 185 hectáreas. Esta área equivale al 5.3% de la superficie del estado, según un cálculo basado en datos de la Secretaría de Economía sobre Concesiones Mineras. Y el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban estima que el gobierno de Peña Nieto planeó la perforación de 10 mil 92 pozos a través del fracking en la Sierra Norte poblana.
La foto de Manuel Gaspar Rodríguez está en la mesa del altar de la casa familiar en la comunidad de Ayotoxco.
Manuel Gaspar lideró un movimiento comunitario que frenó el proyecto El Aretón de la Minera Autlán, del grupo Ferrominero, en los municipios de Tlatlauquitepec, Hueyapan y Teziutlán. Participó en caravanas de protesta que llegaron a la capital del país, o a la capital poblana, en exigencia del derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios y contra la privatización del agua.
Y también participó en el plantón de las oficinas de la CFE en Cuetzalan, que duró 10 meses, en protesta por el proyecto de la subestación eléctrica de Cuetzalan-Entronque Teziutlán, al considerar que, como en el caso de la hidroeléctrica, es parte de la infraestructura a desarrollarse en beneficio de la industria extractiva.
En enero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) inició un proceso de investigación penal por el delito de oposición a la obra pública contra siete activistas de distintas organizaciones sociales, entre ellos Manuel Gaspar.
El sábado 12 de mayo de 2018, Manuel Gaspar participó en el Foro en Defensa del Agua y Nuestra Madre Tierra en Chignautla. Lo asesinaron brutalmente la madrugada del domingo con un cuchillo largo de doble filo en un hotel de Cuetzalan, a unos metros de donde iniciarían las obras de la línea de alta tensión y la subestación eléctrica de la CFE, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/PUE//HUA/0000172/2017.
Enrique López Hernández del MIOCUP, manifiesta sobre las dos pérdidas de sus dirigentes: “este camino que hemos tomado no tiene regreso, nuestra organización está construyéndose a base del esfuerzo, el sudor, las lágrimas y sobre todo la sangre de nuestros compañeros y no podemos retroceder”.
La incertidumbre
En el movimiento ecologista de Cuetzalan hay reservas sobre lo que pasará con los proyectos suspendidos de la hidroeléctrica, la subestación eléctrica de Cuetzalan y los mineros y de hidrocarburos ante el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia.
Erwin Slim considera que el documento del proyecto de nación de López Obrador es de carácter “extractivo”.
Dice que la incertidumbre permea en defensores ambientales aunque una activista local reconocida, María Luisa Albores —ingeniera agrónoma de Chapingo integrante de la Unión de Cooperativas Teosepan Titaniske, que produce café y pimienta y es afamada en el mercado justo internacional—, será la próxima titular de la Secretaría de Bienestar de su gobierno.
Billy Kyte de Global Witness, advierte que el respeto a los derechos humanos y ambientales en México debe ser una prioridad para el presidente entrante.
“López Obrador debe asegurar justicia para los activistas asesinados, fortalecer la implementación del Mecanismo de Protección para personas defensoras, y garantizar que las comunidades puedan dar o no su consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de sus tierras”, sentenció.
Los casos de Antonio Esteban y de Manuel Gaspar, como los otros crímenes contra defensores ambientales, seguirán impunes por tiempo indefinido.
Los sombreros de Antonio Esteban cuelgan de una pared en la casa de su familia.
La autoridad ambiental del Tolima Cortolima, prohibió las labores de minería y extracción de material de construcción en 18 títulos, ubicados en las cuencas de los ríos Coello y Cucuana en el Tolima.
En esas zonas se evidenció una alteración en las fuentes hídricas producto de las acciones que se estaban efectuando, causando deforestación e impactos negativos al medio ambiente.
El director de Cortolima Jorge Enrique Cardoso, expresó que la medida se adoptó mientras los ríos vuelven a estabilizar y cada empresa que desarrolla labores de extracción se compromete a realizar unas buenas prácticas.
Mineros rechazan decisión de Cortolima
Aseguran que subirán precios de material de la construcción.
Luego de conocerse la decisión de la autoridad ambiental del Tolima Cortolima de suspender de manera temporal, las labores de minería y extracción de material de construcción de los ríos Coello y Cucuana, los mineros que laboran en esas fuentes hídricas han rechazado esa decisión.
Los afectados aseguran que fue una mala época del año, para adoptar esa medida por parte de Cortolima, lo que originará que más de 3 mil personas se queden sin empleo, así como subir los precios del material de la construcción, así lo dice uno de los representantes de las empresas mineras Luis Carlos Saavedra.
Parte del material que se extrae es para las obras que se adelantan en la doble calzada hacia Bogotá.
Autor: David Ortiz, Revista Tierra Culta/ El Arrebato Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold
Activista y actual vocera del movimiento socioambiental que tiene en las cuerdas a Pascua Lama, Constanza San Juan conversó con Tierra Culta sobre los últimos acontecimientos de este polémico proyecto que podría ser cerrado y clausurado definitivamente por el Tribunal Ambiental de Antofagasta. ¿Cómo lo espera la comunidad y de qué manera afectó a los lazos de los habitantes de Alto del Carmen? Esto y más, lo conocemos en la siguiente entrevista a la integrante de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto.
¿Cuál es el ambiente que hay después de los últimos alegatos de Pascua Lama para evitar su cierre definitivo?
El ambiente es de expectativa, sin embargo hay que decirlo, que estamos con emociones encontradas. Por un lado con temor, porque sabemos que Barrick está haciendo todo lo posible por dar vuelta este fallo, pero al mismo tiempo estamos muy contentos de que por primera vez la Superintendencia de Medio Ambiente está realizando su trabajo que es justamente defender a las comunidades y el medio ambiente. En los alegatos de reclamación, cuando Barrick presentó sus descargos, la defensa de la Superinendencia fue tan buena y su argumento es tan fuerte, que no entenderíamos cómo es que se pudiera dar vuelta el fallo sino lo es por una presión política.
Hay mucha gente que dice que hay que tener ojo con el Tribunal de Antofagasta, porque sus fallos no son muy beneficiosos para la comunidad, siempre tendiendo a la negociación y a la compensación. Eso nos da un poco de miedo. Pero se ha demostrado que aquí hay una empresa que ha estado afectando al medio ambiente, perjudicando la salud y destruyendo lazos sociales de la comunidad por ya más de 18 años, y quizás más si nos vamos a las prospecciones y los sondajes.
Una vez que se instala Pascua Lama empezaron muchos conflictos entre los propios habitantes, los propios vecinos; con unos a favor y otros en contra. ¿Se pueden sanar esas rupturas una vez que se vaya Pascua Lama?
Yo creo que la herida que deja Barrick es muy grande, sobre todo en las comunidades indígenas diaguitas, también dentro de las propias familias y bueno, en general con las comunidades locales, que tenían una potencia increíble de capacidad de autogestión, con lazos muy fuertes que les permitían sustentarse por sí solas antes de que les entrara la idea de trabajar para las mineras. Entonces, la situación es que por un lado tenemos los efectos graves en cuanto a que se terminó esa tradición de un territorio auto sustentado y la dignidad, a la vez que se rompen muchos vínculos.
Pascua Lama enfrenta hoy un proceso de sanción que consiste en el cierre y clausura de su proyecto. La empresa apeló y hoy la justicia se encuentra deliberando sobre si acepta o no sus alegatos.
Pero no todo es tan malo. Hoy podemos decir que por el lado de las juntas de vecinos en Alto del Carmen se dan experiencias muy interesantes en positivo que dan una luz de esperanza de que se sane el tejido social. ¿En qué sentido? De que el mismo proceso de estar ante una empresa como Barrick y este proyecto contaminante ha permitido pensar el territorio y darse cuenta de que wow! tiene muchas cosas que defender y de las que sentirse con orgullo. Eso ha llevado a la misma gente a tener proyectos propios, sobre todo en rescate patrimonial y salvaguardar actividades tradicionales y sociales antiguas, como las vendimias o las fiestas del verano. Hoy surgen también festivales y veladas comunitarias. Eso justamente va en el sentido de recuperar y defender lo que estábamos perdiendo como tradiciones.
Sin embargo, por el lado de las relaciones entre las comunidades indígenas está muy difícil que se una la gente, porque todo este proceso abrió la llave para que una sección diaguita se abriera a negociar no solo con esta empresa, sino con los proyectos nuevos, como por ejemplo la empresa Nueva Unión, así que hoy tenemos esa tensión a no ser que esos indígenas vuelvan a entender que lo verdaderamente diaguita es cuidar y proteger nuestra tierra, no andar buscando dineros, ni negociaciones.
¿Qué pasa con el miedo a la falta de trabajo que mencionan los grupos que favorables a estos proyectos mineros? El Valle del Huasco sigue siendo de las zonas con más desempleo del país.
Bueno, esa es una de las grandes piedras en el zapato que tenemos como movimiento, como asamblea, como personas que estamos en contra de estos proyectos, porque mucha gente se nos tira encima y nos dice “ya pero si no quieren minería, entonces ¿qué? ¿Qué proponen” y es como “¡Chuta! Estamos luchando contra una gigante, una de las transnacionales más poderosas del mundo que es Barrick Gold, con todos sus secuaces detrás, con redes negras y oscuras de poder, y con todo eso encima, hay que sumar que las personas que defienden la tierra somos perseguidas, llamadas ¡terroristas! y además tenemos que armar una solución a la minería”. Pero hemos entendido que tenemos que proponer, y lo que estamos haciendo es asumir nuestra diversidad y emprender cosas nuevas, y esas son primero rescatar las tradiciones; nuestro patrimonio, dándole valor agregado a la agricultura, rescatándola, darle valor al trabajo de los crianceros, del que viven tantas personas. A los productos típicos, ¡En el valle del Huasco tenemos dos denominaciones de origen! El pisco y el pajarete, que es uno de los primeros vinos que se hizo en Sudamérica. Allí hay una serie de productores que están ganando medallas internacionales que salen al exterior.
Tenemos mucha riqueza para decir que esto sí da para vivir y es lo que se viene ahora, ¡y por mucho tiempo! Va a dar para subsistir por mucho tiempo más porque se conserva a largo plazo, no así una empresa extractivista que nos va a dejar el hoyo, se van a ir y nos va va a contaminar. El turismo se abre como una alternativa, pero obviamente el turismo sostenible. Estamos todos de acuerdo con que no queremos ser un “Valle del Elqui II”, o tener un turismo masivo e invasivo, queremos un turismo respetuoso de visitantes que vengan a valorar el territorio, a quererlo y colaborar en su resguardo. También se está trabajando con cooperativas, una forma de organización para emprendimientos que está surgiendo con fuerza en el Valle del Huasco y a la que le que estamos prestando atención. Es otra lógica de producción más solidaria, con respeto a la comunidad y al medio ambiente.
¿Qué pasa con el proyecto minero Nueva Unión? ¿Qué visión tienes considerando que ese proyecto ha hecho un trabajo mucho más fino de acercamiento a la comunidad? Algo muy diferente de Barrick que tomó la política que suele seguir en África o en los demás países latinoamericanos, imponiéndose, sin hablar con nadie.
Con Nueva Unión pasa que ellos mismos han declarado que “no van a cometer los mismos errores que Barrick”. Es decir que Barrick ha colaborado para ser el peor referente en todos los sentidos. Eso pasó porque la empresa canadiense subestimó a las comunidades y a la Región de Atacama entera, porque pensaban que no íbamos a cachar ni una, que éramos ignorantes, pero les demostramos que no era así. Allí hay un contrapunto con Nueva Unión que ha hecho un trabajo de relojería podríamos decir. Son más calladitos, pero han estado juntándose con gente, tienen productoras y hacen eventos, dan cosas; pero lo importante acá es que aunque hagan todo eso, hoy en día que tenemos más fuerza, porque debemos estar monitoreando múltiples proyectos, para decirles no a la que llamamos “la nueva devastación”. Es uno de los proyectos más grandes de Sudamérica. Sabemos que no lo vamos a permitir y pese a todo el trabajo que ellos han hecho, a todos sus supuestos aliados que tienen sabemos que sólo son unos pocos y la comunidad está la mayoría en su contra.
¿Hay algún cambio entre la administraciones de Bachelet y Piñera en el tratamiento a los conflictos socioambientales en el Valle del Huasco?
A grandes rasgos los gobiernos de izquierda, de esa izquierda entre comillas, y de derecha han sido lo mismo. En cada uno de sus periodos o nos han perjudicado o se judicializan las cosas, pero apoyan los proyectos a cómo dé lugar. La diferencia que vemos hoy como territorio en lo local, es la presión de Baldo Prokurica, que no pasa desapercibido, por algo lo eligieron, Nueva Unión es uno de los proyectos más importantes para el Ministerio de Minería.
¿Qué esperanza tienen las comunidades para poder cambiar estos proyectos?
Bueno ahí desde la misma experiencia de Pascua Lama se saca esperanza. Hace dieciocho años fueron agricultores, crianceros y gente que nunca fue a la universidad los que se plantaron a denunciar que iban a destruir los glaciares. No se necesitaban científicos, sino que era sentido común y conocimiento ancestral sobre la tierra. Fueron ellos quienes ven 18 años después en los papeles de los juicios, que tenían razón.
Pensamos que vamos a tener razón ahora con Nueva Unión, Pachuy, Aguas Claras, El Encierro. Hay cambios de dirigentes, de vecinos, pero seguimos siendo una gran familia que no solo está en la parte alta, sino en todo el valle con las cuatro comunas de la provincia en el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco.
Y ya hay mucha gente que antes no nos quería y que ha cambiado de parecer; hay voluntad de hacer turismo sostenible, agricultura y sí, tenemos una gran masa de gente que sigue empecinada en buscar tener mucho empleo a costa de estos proyectos mineros. Pero sabemos que tenemos la razón y se puede dar vuelta esa situación.
Para terminar: ¿Qué consideras que es lo más lindo del Huasco y le recomendarías a la gente a conocer.
Yo creo que todo el valle, pero me cuesta ¡Me cuesta decir una sola cosa! Me la voy a jugar por hablar de la cordillera, de las formas geológicas que tienen las montañas; sus glaciares, los ríos que son maravillosos; ríos prístinos donde todavía puedes tomar agua directa del cauce desde algunos de ellos. Es el agua más rica del mundo y me encantan los atardeceres con los colores que cambian de los cerros, eso parte de la belleza del Huasco Alto.
La minería de litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la clase política, el rol de académicos y la violación de derechos indígenas.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos originarios.
Veinte años
El litio se encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca), está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre (Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos indígenas.
Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca, afirmó que la provincia será “líder” en la producción de litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo nacional?
“YPF del litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de carácter estratégico” y establecía de “interés público” la exploración, explotación, concesión de explotación e industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’, dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”, afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un gran protagonismo del Estado”.
Heller es también presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que habrá un representante de “las comunidades originarias” en el directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30, explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar con la participación de las comunidades indígenas “a fin de considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la actividad de explotación del litio”.
Según la propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación vigente).
El proyecto de ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero, la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación indígena vigente.
Académicos
El “especialista en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito: nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en formación (incluye a economistas, cientistas políticos e historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo: desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior derrame de beneficios.
“Geopolítica del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores. Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del petróleo y la soja.
Pero también señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la consulta a las comunidades.
Cuestionó los aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró, no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para que se lleven el litio”, denunció.
“Desde políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250 personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta por parte del Estado es “muy importante” en comparación con Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde -remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la cadena de valor”.
Afirmó que existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos perjudicial al ambiente.
“Se puede contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio, desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el “principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente (25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33 comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional (entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos originarios.
Recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores, kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que, de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización territorial.
Flores también cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio: “Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”. Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y presiones
La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de 2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ) solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde semanas atrás se había realizado una prospección minera. “Consideraciones ambientales en relación con la construcción de pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos profundos de baja salinidad”.
Una de las referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González, del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”, denunció González.
Precisó tres puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional) que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre el territorio indígenas.
EEUU y represión
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia. “El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en materia de litio y la generación de energía renovables. Estos rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno jujeño.
El 21 de noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy, con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y golpes.
“El gobierno provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante la grave situación que están sufriendo nuestros territorios, rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo nuestra vida y de las generaciones futuras”.
«Se debe respetar la posición de las comunidades» Entrevista a Ariel Slipak.
-¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?
-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.
-¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?
-Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.
-Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, «menos contaminante». Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.
-Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.
Al menos unas 13 empresas mineras han sido denunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(Profepa), por irregularidades y ocasionar problemas ambientales en el estado de Chiapas, información que fue denunciada por el activista chiapeneco Mariano Abarca Robledo, asesinado en 2009, notificó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la REMA, indicó que la Profepa anunció el cierre de 13 mineras que afectan el 14 por ciento del territorio de Chiapas en la zona y hasta la fecha no hay resultados informó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
A nueve años del asesinato del activista chiapaneco, Mariano Abarca Robledo, puntualizó que las empresas mineras originarias de China y Canadá siguen extrayendo barita y diversos minerales afectando el ecosistema y la salud de los pobladores cercanos a estas minas.
El salar de Uyuni representa una gran oportunidad económica para Bolivia, siempre que se encuentre una forma de explotarlo comercialmente. Varias empresas han desistido, pero hay un nuevo interesado: la alemana ACI Systems.
Un pequeño ejército de trabajadores de ciudades y pueblos de Bolivia aborda los autobuses para el último tramo de un viaje que puede durar días. Los caminos de tierra serpenteantes y llenos de baches, el aire delgado a gran altura y la difícil tarea de llevar mano de obra a la cegadora blanca llanura del salar más grande del mundo, se interponen entre quienes sueñan con extraer las riquezas de litio de Bolivia y convertirlas en baterías para automóviles eléctricos.
Estos trabajadores pasarán dos semanas en el salar de Uyuni, en el extremo sur de Bolivia, antes de regresar a casa para un descanso de siete días. Están intentando construir una mina de litio de clase mundial en la cima de las montañas de los Andes, a unos 12.000 pies (3.600 metros) sobre el nivel del mar en el corazón de Bolivia. El puerto más cercano está a al menos 500 kilómetros y al otro lado de la frontera.
Desde arriba, esta vasta área parece tan blanca que se confunde con una gigantesca llanura nevada. La sal se cristaliza en la estación seca, formando millones de hexágonos con apariencia de baldosa que abarcan un área tan grande como el estado de Connecticut. Durante la estación húmeda, está cubierta por una delgada capa de agua que forma un espejo gigante, que refleja el cielo con tanta claridad que la línea del horizonte desaparece. El efecto visual atrae a miles de visitantes y al Rally Dakar cada año, lo que lo convierte en el principal destino turístico de Bolivia.
Sacar el litio será mucho más difícil que llevar a los turistas. La mayoría de los observadores tienen dudas respecto de si el litio de Bolivia soportará alguna vez a una operación minera comercial. Sin embargo, el gobierno está ansioso por aprovechar el hambre global de un mineral esencial para alimentar automóviles eléctricos y producir baterías de almacenamiento. La ambición es transformar finalmente a Bolivia en un fabricante de baterías recargables dentro de los autos totalmente eléctricos de Tesla Inc. y los casi 300 modelos de vehículos eléctricos que se espera que lleguen al mercado para el año 2022, según Bloomberg NEF.
«Bolivia será un actor relevante en el mercado global de litio dentro de cuatro o cinco años», dijo Juan Carlos Montenegro, gerente general de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, o YLB. «Y no planeamos detenernos allí».
El gobierno boliviano, el régimen populista más antiguo de América del Sur, prometió convertirse en un actor el en mercado de los minerales y las baterías utilizando a sus propios ingenieros. Su planta piloto en Uyuni ha producido cerca de 250 toneladas de carbonato de litio este año, e YLB dijo que puede llevar la producción a 150.000 toneladas dentro de cinco años. Esto convertiría a Bolivia en una de las naciones con mayor producción y la fuente de aproximadamente el 20% del litio del mundo para 2022, según las proyecciones de Bloomberg NEF.
Pero el país también necesita la ayuda de las pocas empresas extranjeras que no se desaniman ante la posibilidad de extraer litio de uno de los lugares más remotos del planeta. Y parece que hay al menos uno dispuesto a correr ese riesgo.
ACI Systems Alemania GmbH no tiene experiencia previa en extracción. Con sede en Zimmern ob Rottweil, un pueblo rural en el corazón de la Selva Negra de Alemania, la compañía es una subsidiaria de ACI Group, que brinda apoyo de gestión de proyectos a las industrias fotovoltaica, de baterías y automotriz. ACI Systems Alemania emplea sólo a 20 personas y fue creada únicamente para enfocarse en la construcción de una mina de litio en Bolivia. Su máximo ejecutivo, Wolfgang Schmutz, está apostando a que tendrá éxito en una nación empobrecida que ha frustrado a una larga lista de empresas de litio de élite.
“Conozco Bolivia. Yo y otros en la compañía tenemos relaciones personales con el país», dijo Schmutz en una entrevista telefónica. “Hasta ahora hemos hecho todo lo que hemos prometido. Hay una relación de confianza que queremos seguir desarrollando”.
ACI recientemente firmó un acuerdo con el presidente de Bolivia, Evo Morales, para construir una operación de litio de US$ 250 millones, el primer paso hacia la fabricación de cátodos y baterías en Bolivia. Se espera que el acuerdo se formalice este mes en una empresa conjunta 49-51 con YLB. La empresa alemana aún no ha obtenido financiación para el proyecto.
La razón para intentarlo es clara: se espera que la demanda de litio aumente más del doble para 2025. El mineral suave y ligero se extrae principalmente en Australia, Chile y Argentina. Bolivia tiene mucho –9 millones de toneladas que nunca se han explotado comercialmente, la segunda mayor cantidad en el mundo– pero hasta ahora no ha habido una forma práctica de extraerlo y venderlo.
Llevar la oferta de Bolivia al mercado ayudaría a las mineras de litio que hasta ahora han tenido dificultad para satisfacer la demanda mundial. Los principales productores –FMC Corp. y Albemarle Corp. en Estados Unidos, SQM en Chile y Tianqi Lithium Corp. en China– están invirtiendo miles de millones para expandir sus operaciones existentes. Incluso los más experimentados están sufriendo contratiempos: SQM ha reportado retrasos y dificultades inesperadas para expandirse en Chile y Albemarle informó paralizaciones en sus operaciones en Chile, China y Australia por diferentes motivos durante el tercer trimestre.
ACI no tiene antecedentes en relación con salares o la fabricación de piezas de batería. Pero tiene metas muy optimistas en Bolivia. El acuerdo de la compañía alemana con YLB requiere una inversión inicial de US$ 250 millones para construir una planta de procesamiento de litio en Uyuni, con una producción que comenzará en 2021 y alcanzará una capacidad total de hasta 40.000 toneladas de hidróxido de litio por año para fines de 2022, aproximadamente el doble de la capacidad que tiene FMC, el cuarto productor mundial, en sus operaciones en Argentina.
Los precios del litio alcanzaron niveles históricos a principios de este año, ya que el carbonato de litio de Sudamérica se vendió a un promedio de US$ 15.700 por tonelada en mayo y junio antes de que los precios cayeran a alrededor de US$ 14.375 por tonelada en octubre, según Benchmark Mineral Intelligence.
Chris Berry, analista y fundador de la firma de investigación House Mountain Partners LLC., espera que los precios del litio se estabilicen en alrededor de US$ 12.000 por tonelada, lo que dejaría a casi un tercio de los proyectos actualmente en tramitación fuera de la curva de costos. La gran apuesta de Bolivia sería, en el mejor de los casos, marginal.
La dinámica del mercado podría no ser tan importante para el gobierno boliviano, que considera la industrialización del litio como el próximo paso después de la nacionalización de la minería y los hidrocarburos.
Tras las lluvias del Huracán Willa, el bordo que contenía miles de toneladas de “jales” (sustancias para la extracción de minerales) de la Minera Cinco Reales, se vino abajo, derramando los residuos potencialmente tóxicos por el arroyo de Plomosas hacia el Río Baluarte.
Sierra Metals, se enfrenta a un retraso en su proyecto de expansión de relaves Yauricocha, luego del rechazo del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de deposición.
Nos acabamos de enterar de que el Presidente Evo se ha puesto de acuerdo con las cooperativas mineras en modificar la Ley 845 para que dichas cooperativas puedan explotar áreas protegidas, reservas forestales, cabeceras de cuencas fluviales y Tierras Comunitarios de Origen (TCO). ¿Se puede entender que el mismo Presidente que sorprendió al mundo con su afirmación de que “los derechos de la Madre Tierra son más importantes que los derechos humanos” ahora se dedique sistemáticamente a liquidar a la Madre Tierra y a ignorar sus derechos?
En la última década, 82 de 125 defensores de la tierra y el agua víctimas de homicidio o desaparición han sido de pueblos originarios, principalmente nahuas, purépechas, rarámuris, triquis y wixárikas.
La autoridad ambiental del Tolima Cortolima, prohibió las labores de minería y extracción de material de construcción en 18 títulos, ubicados en las cuencas de los ríos Coello y Cucuana en el Tolima.
Activista y actual vocera del movimiento socioambiental que tiene en las cuerdas a Pascua Lama, Constanza San Juan conversó con Tierra Culta sobre los últimos acontecimientos de este polémico proyecto que podría ser cerrado y clausurado definitivamente por el Tribunal Ambiental de Antofagasta. ¿Cómo lo espera la comunidad y de qué manera afectó a los lazos de los habitantes de Alto del Carmen? Esto y más, lo conocemos en la siguiente entrevista a la integrante de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto.
“Oro blanco”, es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que se volvió preciado para el poder económico y político: las salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Al menos unas 13 empresas mineras han sido denunciadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(Profepa), por irregularidades y ocasionar problemas ambientales en el estado de Chiapas, información que fue denunciada por el activista chiapeneco Mariano Abarca Robledo, asesinado en 2009, notificó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
El salar de Uyuni representa una gran oportunidad económica para Bolivia, siempre que se encuentre una forma de explotarlo comercialmente. Varias empresas han desistido, pero hay un nuevo interesado: la alemana ACI Systems.