Las mujeres decimos NO a los intentos de conquista de las corporaciones mineras

18 diciembre, 2018 Autor: Talleres de Ambiente del Encuentro Plurinacional de Mujeres 2018

La minería a gran escala con uso de sustancias químicas es una actividad extractivista y contaminante que desplaza a las comunidades e impacta en la vida de las Mujeres incrementando la política de control sobre nuestros cuerpos.

La instalación de proyectos megamineros en nuestros territorios conlleva además de terribles impactos ambientales, impactos sociales y políticos en las comunidades, la violación de los derechos humanos, la explotación sexual de niñas y mujeres, incrementa los embarazos no deseados y los abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las Mujeres.

Las mujeres decimos NO a los intentos de conquista

de las corporaciones mineras

Ante los discursos del sector empresarial minero, que se difundieron en los últimos meses, sobre la incorporación de Mujeres en la actividad minera, manifestamos:

Frente a este escenario, nosotras resistimos y luchamos en nuestros territorios, reconociendo además la relación que mantienen los pueblos originarios y las Mujeres rurales con la tierra y la naturaleza.

Citamos a continuación las conclusiones de uno de los talleres de Ambiente del Encuentro Plurinacional de Mujeres 2018:

“Alzamos las voces por todas aquellas mujeres que han sufrido femicidios ambientales y empresariales, que están siendo asesinadas y perseguidas sistemáticamente, todas las mujeres indígenas, campesinas, estudiantes, trabajadoras. Mujeres que proponen una lucha integral, la unión en defensa de la autonomía de pueblos.

Nuestros territorios y pueblos sufren la violencia y represión del entramado y complicidad existente entre las grandes corporaciones colonizantes, gobiernos y clases dirigentes, los medios de comunicación hegemónicos todas funcionales a un modelo de producción extractivista, capitalista, racista y patriarcal que mercantiliza y atenta contra la vida.

Como consecuencia de este vil entramado, denunciamos el paquete tecnológico del agro negocio que incluye el monocultivo, el uso de agrotoxicos, el desmonte; concentración y extranjerización de la tierra, megaminería, fracking, fumigaciones, construcción de represas que destruyen los ríos, lagos lagunas y arroyos, desmonte, negocio inmobiliario, disputa por el territorio, extractivismo, centrales nucleares, la minería tradicional y su pasivo ambiental.

Nosotras siendo conscientes y como protagonistas de las luchas socioambientales defendemos el agua como derecho a la vida, soberanía alimentaria, agroecología, autodeterminación de los pueblos, biodiversidad, equilibrio ecológico, reforma agraria, educación ambiental integral popular, consumo responsable, cambio de paradigma científico y formación con perspectiva ambiental integral y transversal, integración de la perspectiva de género y ambiental.

En función de todo esto nos cuestionamos nuestra lógica de consumo y declaramos que nuestros cuerpos y territorios no son objeto de conquista.

Todo esto lo declaramos desde Chubut como territorio de resistencia, esta Patagonia rebelde que le dijo no al basurero de Gastre, no a la mina en Esquel y en todo la provincia.”

Repudiamos el oportunismo descarado y estafador de las corporaciones megamineras que pretenden utilizar las reivindicaciones de la lucha feminista para ocultar las prácticas de un modelo económico neoliberal extractivista que busca, con respaldo político, instalarse y permanecer con fuerza en el país. Modelo que expone tanto a las comunidades, a las Mujeres y a la naturaleza a una situación de exterminio.

No es casual que la minería pretenda cambiar su imagen en Argentina con políticas de “igualdad de género e inclusión”. Repudiamos esta estrategia de “maquillaje feminista” al extractivismo, publicitada a su vez por los medios hegemónicos, que consideramos una respuesta perversa ante la organización y toma de conciencia que generan las mujeres en sus territorios avasallados. Las consecuencias sociales y ambientales de la megaminería, que atentan contra la integridad y salud de miles de mujeres en el territorio nacional, no serán “ocultadas” bajo la fachada de crecimiento y de participación de mujeres en las empresas mineras.

Ninguna actividad que genere explotación, expoliación, muerte y desigualdad será considerada un espacio de conquista para las mujeres, como titula el Diario Clarín (09/12/2018). Como mujeres unidas, organizadas y en lucha permanente seguiremos defendiendo la autodeterminación de los pueblos, la soberanía alimentaria, el rechazo al extractivismo y la integridad de nuestros cuerpos.

Colectivo de Mujeres del Taller «Mujeres y Medio Ambiente»

del Encuentro Plurinacional de Mujeres – Trelew 2018.

Adhieren:

Asamblea Centenario lIbre de fracking ( Neuquén)
Asamblea comarcal contra el saqueo (Chubut-Río Negro)
Asamblea de Godoy Cruz (Mendoza)
Asamblea de Luján de Cuyo (Mendoza)
Asamblea de Tunuyán (Mendoza)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (A.V.A.L. de Neuquén)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA de Esquel (Chubut)
Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el NO A LA MINA de Trevelin (Chubut)
Asamblea de Vecinos de Jáchal (San Juan)
Asamblea de Vecinos por el agua de Chos Malal (Neuquén)
Asamblea en defensa del territorio (Puerto Madryn, Chubut)
Asamblea en solidaridad con los pueblos en lucha (ASPUEL de Neuquén)
Asamblea Interhospitalaria del Noroeste de Chubut en defensa de la Salud Pública.
Asamblea permanente del Comahue por el agua (APCA) de Allen (Río Negro)
Asamblea permanente por los Derechos Humanos, sede Esquel (Chubut)
Asamblea por el agua de Las Heras (Mendoza)
Asamblea por el árbol
Asamblea Tupungato por Agua Pura (Mendoza)
Asamblea vecinal de Puerto Pirámides (Chubut)
Asociación amigos del Río Chubut
Asociación Civil Nace un Derecho.
Cátedra de Filosofía, Profesorado en Ciencia Política, IFD 6011 “Gral. M. Belgrano” de Salta
Cátedra de Introducción a la Filosofía, Sede Regional Tartagal de la Univ. Nacional de Salta
Cátedras de Ética y de Filosofía de la Religión, Carrera de Filosofía, Univ. Católica de Salta
Claudia Álvarez Ferreyra, periodista (Salta)
Colectiva de Mujeres de Lago Puelo (Chubut)
Departamento de Géneros e Igualdad de Oportunidades de ATE Provincia del Chubut
Equipo Multidisciplinario de Interrupción Legal del Embarazo (EMILE) de Esquel-Trevelin
Escuela Internacional de Filosofía Intercultural, Barcelona, España
Huerquen Comunicación en Colectivo
Instituto “Orco Huasi. Investigaciones Interculturales”, de Salta
Intercambio Cultural Latinoamericano- Alemán (ICALA), Consejo Salta-NOA
Mirta Antonelli (Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba)
Multisectorial de Mujeres de Esquel
Dr. phil. Carlos María Pagano Fernández, Salta, UCASAL y UNSa
Programa “RadioSalú” de Radio Kalewche (Esquel, Chubut)
Red de trabajadoras de la Salud Pública de Esquel (Chubut)
Secretaría de Género de CTA Autónoma de Chubut.
UPVA Unidos por la vida y el ambiente de Ramallo, Pcia de Buenos Aires

Quienes quieran sumar más adhesiones pueden dejarnos su mensaje en el Facebook Noalamina Esquel y se irán agregando.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42287-las-mujeres-decimos-no-a-los-intentos-de-conquista-de-las-corporaciones-mineras

Internacional

Temor científico a una ‘fiebre del oro’ minera en los fondos marinos

18 diciembre, 2018 Autor: Europa Press

Una incipiente ‘fiebre del oro’ de la minería en los fondos marinos podría provocar daños sin precedentes a los frágiles ecosistemas de aguas profundas.

Importantes decisiones internacionales sobre el futuro de la minería de los fondos marinos se esperan para 2019-20, y científicos y expertos en políticas de la Universidad de Exeter y Greenpeace han recomendado una serie de medidas para prevenir daños ambientales. Dicen que los ecosistemas de aguas profundas actualmente necesitan más protección, en lugar de nuevas amenazas.

También argumentan que la minería en las profundidades marinas (por debajo de los 200 metros) podría evitarse por completo si la humanidad se moviera hacia una «economía circular» que se centra en la reutilización y el reciclaje de metales, reduce el consumo excesivo y limita la obsolescencia de la tecnología. «Esta ‘fiebre del oro’ está siendo impulsada por nuestra demanda cada vez mayor de minerales», opina David Santillo, un biólogo marino y científico senior de Greenpeace han recomendado una serie de medidas para prevenir daños ambientales.

Dicen que los ecosistemas de aguas profundas actualmente necesitan más protección, en lugar de nuevas amenazas. También argumentan que la minería en las profundidades marinas (por debajo de los 200 metros) podría evitarse por completo si la humanidad se moviera hacia una «economía circular» que se centra en la reutilización y el reciclaje de metales, reduce el consumo excesivo y limita la obsolescencia de la tecnología.

«Esta ‘fiebre del oro’ está siendo impulsada por nuestra demanda cada vez mayor de minerales», opina David Santillo, un biólogo marino y científico senior de Greenpeace con sede en la Universidad de Exeter. .

«¿Deberíamos permitir la minería de los fondos marinos, con el riesgo que representa para los ecosistemas de aguas profundas, o deberíamos centrarnos en reducir esta demanda de minerales vírgenes?», se pregunta en un comunicado. Los científicos también solicitan una red mejorada de Áreas Marinas Protegidas, regulaciones estrictas y monitoreo de todas las actividades humanas en el fondo marino, y una transparencia mucho mayor en los costos y beneficios de cualquier minería propuesta …

Temor científico a una ‘fiebre del oro’ minera en los fondos marinos

«Las aguas profundas están fuera de la jurisdicción de cualquier estado y necesitamos una gobernanza mundial más unida para evitar la pérdida de biodiversidad de las actividades humanas», dijo Kirsten Thompson, bióloga marina de la Universidad de Exeter y coautora del estudio. . «Se sabe que algunas áreas seleccionadas para la minería de los fondos marinos son puntos calientes para la biodiversidad, incluido el hábitat para los corales endémicos y los viveros para tiburones».

Temor científico a una ‘fiebre del oro’ minera en los fondos marinos

El documento, publicado en la revista Frontiers in Marine Science, ofrece una descripción general del estado actual de las regulaciones y su posible efectividad, con el objetivo de estimular un debate más amplio antes de que la International Seabed Authority tome una decisión para permitir la minería comercial del fondo marino. «Muchos científicos marinos están preocupados de que, una vez que se emita el primer contrato comercial para este tipo de minería, no habrá vuelta atrás».

«Antes de que eso suceda, debemos estar absolutamente seguros de que hemos examinado cuidadosamente todas las otras opciones para un futuro más sostenible»

Fuente:https://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-temor-cientifico-fiebre-oro-minera-fondos-marinos-20181218105510.html

Mexico

Pobladores nahuas acusan al subsecretario de Minería de respaldar concesiones que violan la ley

18 diciembre, 2018 Autor: Andrea Vega, Animal Político

Luis Francisco Quiroga, nuevo subsecretario de Minería, apoyó un proyecto minero por el que la Secretaría de Economía, de la que él es representante, está demandada. El amparo, promovido por una comunidad de Puebla, es por el otorgamiento de dos concesiones mineras para las que no se consultó a los pobladores.

Habitantes de diversas comunidades del municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, llegaron a Palacio Nacional para manifestar su inconformidad por lo que ellos consideran un espaldarazo del nuevo subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, a un proyecto de la empresa Minera Gorrión, filial de la canadiense Almaden Minerals, por el que la comunidad nahua de Tecoltemi tiene demandada a la Secretaria de Economía, dependencia de la que esté funcionario es representante.

La demanda que los pobladores interpusieron, con el acompañamiento del Centro de Análisis e Investigación (Fundar), es un amparo contra la Secretaría de Economía por haber otorgado las dos concesiones mineras sobre las tierras de las comunidades sin que hubiera una consulta previa, libre e informada a los habitantes.

tzel Silva abogada e investigadora de Fundar, explica que al otorgar las dos concesiones mineras sin consulta previa, el Estado mexicano está violando regulaciones internacionales como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el que se establece que antes de otorgar cualquier permiso para un proyecto que afecte a las comunidades debe desarrollarse con ellas una consulta previa, libre e informada.

La demanda de amparo contra la SE se interpuso desde 2015 y está en curso. La comunidad indígena alega que el Estado violó su derecho al territorio, puesto que al entregar las concesiones a un particular le entregó la posibilidad de disponer de sus tierras y de sus recursos, sin haberlos consultado antes.

El 9 de diciembre, el recién nombrado Subsecretario de Minería, Luis Francisco Quiroga, se presentó en la comunidad de Santa María Sotoltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Los pobladores señalan que el subsecretario asistió a la novena junta informativa del proyecto minero Ixtaca, organizada por la empresa.

En esa reunión, denuncian los pobladores, “el representante de la Secretaría de Economía, acompañado por integrantes de su equipo, expresó su respaldo al proyecto, afirmado que “los ojos de la minería mexicana están puestos en Ixtaca, aquí está pasando algo que será el ejemplo de cómo se hace la minería en el resto del país”.

De acuerdo con los pobladores, el subsecretario de Minería llamó “voces disidentes” a quienes se oponen al proyecto.

Por estos hechos, representantes de las comunidades, acompañados de Fundar, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el consejo Tiyat Tlali “en defensa de nuestro territorio” (una red de organizaciones sociales de la Sierra Norte de Puebla), acudieron a Palacio Nacional a entregar una carta dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colin, en la que manifiestan su rechazo por la presencia y declaraciones del Subsecretario en el evento de la empresa.

En la carta, los pobladores preguntan a ambos funcionarios si acaso el proceder del Subsecretario es la muestra de la política con que el nuevo gobierno federal se conducirá en materia de minería, a pesar de la innegable conflictividad social que existe en el país por la imposición de concesiones y proyectos mineros.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2018/12/pobladores-nahuas-acusan-subsecretario-mineria-concesiones-violan-ley/

Mexico

Habitantes de Ixtacamaxtitlán exigen a AMLO frenar proyectos mineros

18 diciembre, 2018 Autor: Mario Reyna, El Popular.mx
Conflicto Relacionado: Ixtacamaxitlán-Almaden Minerals

Indígenas de Ixtacamaxtitlán se manifestaron frente del Palacio Nacional para reclamar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el respaldo que dio el gobierno federal a la minera canadiense Almaden Minerals, a través de su subsecretario de minería, Luis Francisco Quiroga Fernández, el pasado 9 de diciembre.

Con pancartas alusivas a la defensa de su territorio y frases como “Por el derecho de decidir sobre nuestro territorio”, las telas blancas hacen hincapié en que este apoyo se hizo abiertamente a través de Quiroga Fernández, durante aquella asamblea informativa; no obstante, el amparo que desde 2015 pesa sobre la Secretaría de Economía, por los permisos otorgados para exploración sin haber considerado la consulta a la comunidad con población indígena, en los términos del convenio 169 de la organización internacional del trabajo.

Cuestionaron que, si la postura dada por el subsecretario fue anticipada a la visión de la nueva administración federal, con respecto los trabajos mineros y los llamados “proyectos de muerte” en el país, se estaría comprometiendo al medio ambiente, el acceso al agua y la protección de los pueblos indígenas.

Activistas manifestantes argumentaron que los estudios para evaluar la extracción de oro y plata en Ixtacamaxtitlán han dejado como saldo que haya químicos de desperdicio, los cuales han generado muertes de animales de traspatio. Además, acusaron que algunos habitantes han sido engañados para comprarle sus tierras o, en su caso, víctimas de presiones para que cedan a las peticiones de las trasnacional.

Las cifras vertidas por los inconformes señalan que afectarían a más de 4 mil los pobladores de manera directa, sin contar los daños que puedan generarse al cauce del río Apulco. Por lo que recuerdan al presidente de la República sobre la Cuarta Transformación de la que habla y si cumplirá la promesa hecha en estas tierras cuando estuvo en campaña: no a la mina.

Fuente:https://www.elpopular.mx/2018/12/18/local/habitantes-de-ixtacamaxtitlan-exigen-a-amlo-frenar-proyectos-mineros-195593

Colombia

Tribunal de Cundinamarca suspende la concesión de títulos mineros

17 diciembre, 2018 Autor: Redacción El Tiempo.com

Al fallar a favor de una demanda presentada por el senador Iván Cepeda junto con representantes de diferentes organizaciones sociales, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender los efectos de la resolución 484 del 2012, que había reabierto la ventanilla minera y permitido la concesión de títulos mineros en el país.

El fallo, con ponencia del magistrado Fredy Ibarra Martínez, protegió los derechos de los demandantes a un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros.
Según los demandantes, en el 2012 se reabrió la ventanilla minera que se había suspendido un año atrás, sin que estuviera claro el Catastro Minero Colombiano, ni una delimitación efectiva de las zonas protegidas, lo que pone en riesgo el medioambiente y los derechos de las poblaciones que habitan cerca de esos proyectos extactivos.

La demanda fue radicada en el 2013, y en ese recurso el senador Cepeda le solicitó al tribunal prorrogar indefinidamente la medida que había suspendido la radicación de solicitudes de concesión minera, excepto en los casos de legalización de minería tradicional.

El tribunal les da la razón a los demandantes, e indica que se debe suspender la ventanilla minera, por lo que la Agencia Nacional de Minería “no podrá recibir ni tramitar más solicitudes de títulos mineros hasta tanto se adopten las medidas necesarias y pertinentes”.

Aunque el fallo dice que la ventanilla minera queda suspendida de manera inmediata, el Ministerio de Minas y Energía asegura que la decisión no está en firme y que presentará un recurso de apelación que deberá ser resuelto por el Consejo de Estado.

Juristas consultados por EL TIEMPO aseguran que si el fallo es apelado, la decisión del Tribunal surtirá efectos solo cuando el Consejo de Estado la deje en firme.
El tribunal asegura que para poder reactivar la ventanilla minera, el Ministerio de Ambiente tendrá que culminar el proceso de zonificación y delimitación de todas las zonas y áreas de protección de recursos naturales en donde no habrá minería.
En ese sentido, el tribunal dice que no se podrán conceder más títulos mineros hasta que el Minambiente le remita a la Agencia Nacional de Minería la información sobre los polígonos de las áreas excluidas de minería, “información con la que dentro del término no superior a un mes contado desde su recibo deberá actualizar la información del Catastro Minero”.

El tribunal le da tres años al Gobierno para que, con estudios científicos y técnicos, delimite las zonas de reserva como humedales, páramos, parques naturales, aguas subterráneas y otras áreas de importancia geológica con base en la cartografía a escala 1:25.000.

También les da dos años al Ministerio de Minas y al de Ambiente para que verifiquen si los títulos existentes cumplen con la protección ambiental, con el fin de que “adopten medidas correctivas con la precisión de que en materia ambiental no hay derechos absolutos”.

Según el tribunal, aunque la explotación de recursos naturales cumple una función importante, pues permite sufragar el gasto social, también es cierto que la Corte Constitucional ha dicho que el ambiente constituye un interés superior que debe ser protegido.

En un comunicado de cuatro puntos, el Ministerio de Minas y Energía aseguró que la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca es un fallo de primera instancia.

En ese sentido, el Gobierno afirma que tanto el Ministerio de Minas como la Agencia Nacional de Minería “presentarán recursos de apelación que deben ser resueltos por el Consejo de Estado”.

En consecuencia, esta cartera asegura que el fallo del tribunal no tiene efectos por ahora, ya que falta una decisión final que deberá ser tomada por el Consejo de Estado.
“La ventanilla minera, a través de la cual se presentan las propuestas de contrato de concesión, seguirá en funcionamiento hasta que se conozca una nueva decisión en instancia judicial”, afirmó el Ministerio de Minas.

Fuente:https://www.eltiempo.com/economia/la-suspension-titulos-mineros-en-colombia-305522

Mexico

No a la minería en 60 centros indígenas de Oaxaca

17 diciembre, 2018 Autor: Octavio Vélez, NVI Noticias

Para 60 de los 90 comunidades indígenas de Oaxaca, donde el gobierno federal asignó concesiones mineras, la actividad extractiva no representa una vía de desarrollo, afirmó el coordinador del Área de Derechos Territoriales de la organización Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Neftalí Reyes Méndez.

“Han dicho si a la vida, no a la minería”, asentó.

“Es que el gobierno federal concesionó el cinco por ciento del territorio estatal, sin consultar a los dueños legítimos de esas tierras y territorios”, asentó.

De esta manera, destacó que la decisión de las 60 comunidades indígenas, para rechazar a la minería, está respaldada por acuerdos alcanzados en sus asambleas comunitarias.

Reyes Méndez resaltó que esta determinación constituye un mensaje para el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no se pueden seguir impulsando estos proyectos “del mal llamado desarrollo” en las comunidades.

“Es necesario que se tome en cuenta la voz y la decisión de los pueblos y comunidades”, apuntó.

Fuente:https://www.nvinoticias.com/nota/107118/no-la-mineria-en-60-centros-indigenas-de-oaxaca

Brasil

VII Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL

17 diciembre, 2018 Autor: Radio Temblor

Brazil fue sede del VII Encuentro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL. Durante los días 7 y 8 de noviembre de 2018 en Minas Gerais, organizaciones socioambientales, comunidades afectadas por concesiones mineras y defensores de DDHH. Se concentraron para intercambiar experiencias, analizar y programar estrategias conjuntas ante el modelo extractivo minero. La cual, por urgencia notoria de la región en resistencia, se concluyó en el compromiso de impulsar y fortalecer las iniciativas populares de articulación y complementación de actividades entre los países presentes en defensa de la naturaleza y los pueblos.

Pueden ver el Video en el sgte link:http://www.radiotemblor.org/?p=13435

Internacional

Presentan más de 100.000 firmas contra mina de fosfatos en Ciudad Real

17 diciembre, 2018 Autor: Redacción CMMedia.es

Ecologistas en Acción ha registrado hoy en Toledo, en la sede del Gobierno regional, las más de 100.000 firmas recogidas en solo dos meses contra la mina de fosfatos proyectada en Fontanarejo (Ciudad Real), que tendría unas dimensiones de 30 hectáreas y sería la única de estas características en Europa.

Así lo ha subrayado hoy ante los medios, momentos antes de registrar las firmas, Rafael Gosalvez, de Ecologistas en Acción de Ciudad Real, quien ha explicado que, con esta acción, piden a la Junta que archive el expediente de concesión de apertura de dicha mina, la cual ha obtenido ya una Declaración de Impacto Ambiental positiva condicionada a un estudio hidrogeológico aún pendiente.

En este punto, el miembro de Ecologistas ha considerado la citada declaración ambiental positiva, aprobada el pasado 15 de noviembre, “un fraude y un posible delito de prevaricación administrativa”, al ocultar el Gobierno regional información relevante sobre la importancia ambiental de la zona afectada por la mina, sobre las especies amenazadas y el uso que hacen de este espacio.

En este sentido ha subrayado que, en esta zona, se encuentra uno de los pocos lugares de reproducción de aves protegidas como el águila imperial ibérica, cigüeña negra, milano real, buitre negro, buitre leonado y lince ibérico.

Y se ha referido también a las graves afecciones a las aguas subterráneas y superficiales, dado que la mina de extracción de fosfatos va en la cabecera del río de San Marcos, un río que drena sus aguas hacia los embalses del Cíjara y que desemboca en el río Guadiana.

En opinión de Gosalvez, se ha ocultado también información en relación con el impacto de ruido y vibraciones que va a tener sobre la población, al tratarse de una mina a cielo abierto con voladuras con explosivos situada a un kilómetro y medio del pueblo, cuando, en el caso de las granjas porcinas, la distancia requerida es de más de dos kilómetros, ha remarcado.

“Es mucha información que se ha ocultado”

El miembro de Ecologistas en Acción ha asegurado que “es mucha la información que se ha ocultado” y se ha mostrado convencido de que, de no haber sido así, esta mina hubiese contado con una declaración de impacto medioambiental negativa.

En este contexto ha aludido a los otros dos proyectos mineros contra los que Ecologistas en Acción tiene “un frente abierto” en la provincia de Ciudad Real, que son la mina de wolframio de Abenojar, también con una declaración ambiental positiva y a falta del estudio hidrogeológico, y la mina de titanio de Arroba de los Montes, actualmente en fase de información pública.

El diputado regional de Podemos, David Llorente, que ha acompañado a los ecologistas en la entrega de las firmas, ha indicado que éstas demuestran que “la gente se está organizando contra los proyectos de minería especulativa en la provincia ciudadrealeña”, como ya sucedió en el Campo de Montiel contra la minería de tierras raras, ya desestimada.

“Las más de 100.000 firmas reflejan un amplio rechazo social”

Y ha valorado que estas más de 100.000 firmas reflejan “un amplio rechazo social” a esta minería “que no genera nada bueno para Ciudad Real ni para la región, ya que arrasa con el territorio y supone una grave amenaza para el abastecimiento y la calidad del agua, para la salud pública, para las actividades productivas de la zona y para la fauna y, en definitiva, para la vida en el medio rural”, ha dicho.

En este contexto, el diputado regional de Podemos ha remarcado que el Gobierno regional “tiene la obligación de actuar con transparencia y garantizar el rigor de los procedimientos de evaluación ambiental, cosa que no está haciendo como se está denunciando por parte de Ecologistas en Acción”.

Y se ha puesto a disposición de este colectivo para trasladar a las Cortes Regionales las iniciativas que sean oportunas para seguir defendiendo la tierra, el agua y la vida en nuestros pueblos y “Page tiene que darse cuenta de que la gente no quiere minería especulativa en Castilla-La Mancha”, ha aseverado.

Por su parte, el vecino de Arroba de los Montes Pepe Martín ha destacado la gran afectación que esta mina de fosfatos tendría sobre el río San Marcos y la zona ZEPA de las Hoces del río Guadiana, por donde “campean”, ha dicho, aves protegidas que tienen un plan de protección y de recuperación a nivel nacional, regional y europeo.

Y ha resaltado las “prisas” que, a su juicio tiene el Gobierno regional, para que salgan adelante, “antes de las elecciones”, tanto la mina de Fontanarejo como la mina de titanio de Arroba de los Montes, cuando ambos municipios pertenecen a la zona de influencia socio-económica del Parque Nacional de Cabañeros.

Por otro lado, Jaime Patiño, que es quien ha impulsado la recogida de firmas en change.org, ha indicado que la mina de Fontanarejo, “lejos de ser un incentivo para la economía local, es todo lo contrario” pues generaría pocos puestos de trabajo y a corto plazo y cuando se agotara la mina “sólo quedará un espacio destruido”, con lo que descendería aún más la ya menguada población.

Fuente:http://www.cmmedia.es/noticias/castilla-la-mancha/presentan-mas-de-100-000-firmas-contra-mina-de-fosfatos-en-ciudad-real/

Mexico

Indígenas vs mineras extranjeras

17 diciembre, 2018 Autor: Mariana Recamier, Indigo.com

Comunidades indígenas de Oaxaca exigen al nuevo gobierno la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas mineras extranjeras. Las poblaciones denuncian que las compañías provocan afectaciones irreversibles a los ecosistemas, criminalización de autoridades y defensores comunitarios e inseguridad.

Como resultado del procedimiento conocido como Juicio popular contra el Estado y las mineras, integrantes de organizaciones y comunidades indígenas de Oaxaca piden la cancelación de 322 concesiones otorgadas a empresas mineras en el estado, así como la revocación de las 41 vigentes.

La mayoría de las empresas son extranjeras y la exigencia que parte de la violación de derechos humanos de comunidades oaxaqueñas sólo es un ejemplo de lo que sucede en todo el país.

Más de 52 comunidades de Oaxaca denuncian que durante los gobiernos de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se entregaron muchas concesiones para la realización de proyectos de exploración y explotación de minerales en territorio de pueblos y comunidades indígenas.

Alrededor de 10 millones de hectáreas del país fueron concesionadas principalmente para empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México desde enero de 2002 hasta abril de 2016, de acuerdo con solicitudes de información citadas en los resultados del Juicio popular contra el Estado y las mineras

Además, según la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, en el país se encuentran registrados 988 proyectos mineros operados por empresas con capital extranjero, de los cuales 662 se encuentran en etapa de exploración, 45 en etapa de desarrollo, 107 en etapa de producción y 174 en etapa de postergación.

La información proviene del procedimiento judicial realizado el 11 y 12 de octubre en la ciudad de Oaxaca con la participación de 52 comunidades, quienes presentaron 22 casos de afectaciones ocasionadas por la minería en cinco regiones de la entidad: Valles Centrales, Sierra Sur-Costa, Sierra Norte, Mixteca-Cañada e Istmo.

El pasado 10 de diciembre, los pueblos indígenas compartieron el dictamen final del juicio emitido por el jurado integrado por expertos internacionales.

Los resultados de la investigación y el juicio incluyen afectaciones irreversibles a los ecosistemas, contaminación de ríos, criminalización de autoridades y defensores comunitarios, fractura del tejido social e inseguridad donde operan empresas mineras, principalmente extranjeras.

El representante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Neftalí Reyes aseguró en la presentación de los resultados del juicio que el gobierno otorgó parte del territorio oaxaqueño a empresas mineras de otros países.

“La minería violenta sistemáticamente los derechos de los pueblos y comunidades de Oaxaca, puesto que el gobierno concedió el cinco por ciento del territorio estatal a estas compañías extranjeras”

– Neftalí Reyes

Integrante del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

Además, las denuncias presentadas por las comunidades ante el tribunal dan cuenta de la presencia de un gran número de empresas mineras canadienses con proyectos de exploración y explotación en el estado de Oaxaca.

Hay más de 10 compañías canadienses en la lista de empresas que cita el documento y algunas de las mexicanas mencionadas ejecutan proyectos que son propiedad de firmas registradas en este país norteamericano.

Según información oficial de la Subsecretaría de Minería, en Oaxaca existían 41 proyectos mineros con participación de capital extranjero en 2017, 33 eran operados por empresas canadienses y 6 eran operados por consorcios de empresas canadienses con las de otros países.

Este fenómeno es internacional. En la actualidad, en más del 65 por ciento de todas las actividades mineras en América Latina tienen participación sociedades que cotizan en la bolsa de valores de Toronto, aunque no todas son de capitales canadienses, de acuerdo con datos de la página oficial del mercado de valores.

Denuncia en Oaxaca

Sin embargo, la denuncia se acota a Oaxaca. Hasta 2017, en este estado se encontraban registrados ante la Secretaría de Economía 41 proyectos mineros impulsados por 38 empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, 36 se encuentran en etapa exploración, 2 en etapa de desarrollo, 1 postergado y 2 en etapa de explotación comercial.

Las últimas fueron señaladas por el gobierno de Oaxaca como dos de los proyectos mineros más importantes de la historia porque generaron una inversión privada por 6 mil 382 millones de pesos durante el periodo 2011 – 2015, lo cual colocó al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera.

Las comunidades indígenas denuncian que dicha inversión no se traduce en mejores condiciones de vida para las comunidades y pueblos oaxaqueños, por el contrario generan un clima de incertidumbre sobre la integridad de sus territorios.

Un caso como ejemplo

El informe del Juicio popular contra el Estado y las mineras presenta los detalles de 22 casos en los que las mineras afectan comunidades indígenas. Uno fue presentado por las autoridades municipales de Magdalena Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, comunidad integrada por zapotecos.

En esta región funciona la concesión denominada “Tlacolula”. Este permiso fue vendido por la empresa minera Radius Gold a Fortuna Silver Mines, una compañía minera de plata canadiense con sede en Vancouver.

Esta firma extranjera tiene dos minas en operación, una en Perú y una en México, así como otra en construcción en Argentina.

La operación implicó 150 mil dólares y 239 mil 835 acciones de Fortuna al cierre de la transacción. Esta es la misma empresa que opera en San José del Progreso y que generó una serie de conflictos y asesinatos.

Las actividades previas de exploración de la minera en la región entre 2009 y 2011 consistieron en barrenaciones, instalación de maquinaria y apertura de caminos con lo que afectaron algunos terrenos de cultivo.

En 2011, murió ganado por tomar agua de un pozo aledaño al río Dulce que está contaminado por la actividad minera, de acuerdo con la denuncia de la comunidad que se recoge en el informe.

Esta situación alertó a la población porque las personas consideran que al agua que llega a su municipio es tóxica.

Además, con el agua del río se preparan las tortillas que son una fuente importante de ingresos para las mujeres y las familias que comercializan en Tlacolula y la ciudad de Oaxaca.

Por otra parte, el informe revela que se abrieron diversos caminos en la región que provocaron daño ambiental a la flora y fauna.

Los otros 21 casos son similares. El informe enuncia que con estas acciones las empresas mineras violan los derechos de los habitantes indígenas de la región, tales como su garantía fundamental a la autonomía, al territorio, a la consulta previa, libre e informada, a un medio ambiente sano, a la salud, entre otros.

Ante este panorama, las comunidades y organizaciones que colaboraron en el juicio piden al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador que cancele las concesiones a las mineras.

“Exigimos que se suspenda de forma inmediata la entrega títulos mineros hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico que respete de manera plena y efectiva de los derechos de los pueblos indígenas”, dicen las comunidades en comunidades

Asimismo, solicitan que se ratifique por parte del Senado el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú.

Entre otras peticiones, también demandan la creación de un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a información oportuna para los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos que pudieran afectar sus territorios y bienes comunes.

“En menos de treinta años, se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro del tejido social comunitario y ha habido una fuerte represión de quienes nos oponemos a este modelo económico. Todo esto al servicio de grandes corporaciones y caciques locales”, concluye el de los denunciantes.

Hasta ahora el único pronunciamiento del nuevo gobierno sobre este tema fue después de la toma de protesta. El nuevo presidente dijo que se pretende transferir a las comunidades mineras el impuesto que se cobre a las empresas que sustraen minerales.

“Se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral”, sostuvo el mandatario el 1 de diciembre en el Zócalo de Ciudad de México.

Fuente:https://www.reporteindigo.com/latitud/indigenas-vs-mineras-extranjeras-piden-juicio-popular-para-cancelacion-concesiones/

Mexico

DEFENDER LA TIERRA

17 diciembre, 2018 Autor: Laura Islas

La crisis de violencia y de impunidad por la que atraviesa México ha convertido la labor de proteger el medio ambiente en una de las más letales y peligrosas, especialmente para las mujeres activistas, quienes no sólo son víctimas de los agresores, sino también de las autoridades que las revictimizan, problemática que aún no se sabe cómo enfrentará el nuevo gobierno

Dic 14, 2018

Los últimos días han traído buenas noticias para las y los defensores ambientales. La técnica de fractura hidráulica, mejor conocida como ‘fracking’, quedó fuera de la licitación al cancelarse la ronda 3.3 de hidrocarburos no convencionales.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió el 1 de diciembre, tras su toma de protesta, que no permitirá esta forma de extracción de gas y petróleo, práctica acusada de violar derechos humanos y ambientales.

Aunado a esto, por primera vez, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) realizó el pasado 3 de octubre una audiencia informativa para conocer la situación del ‘fracking’, luego de haber recibido la solicitud de 126 organizaciones de América Latina.

Sin embargo, las celebraciones por estos logros se ven atenuadas por una deuda sin resolver por parte de las autoridades y que cada día crece más: las agresiones y los asesinatos de las y los defensores del medio ambiente.

Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, explica que en el último sexenio escaló la violencia contra las personas activistas a favor del medio ambiente, aunque también contra las y los defensores de los derechos humanos y los periodistas.

“En el caso de los defensores ambientales incrementó muchísimo la cantidad de ataques, esto tiene mucho que ver con que en la anterior administración se dio todo el escenario para la modificación de leyes que permitían la instalación de proyectos extractivos como las hidroeléctricas, las minas o, incluso, las que sirven para generar energías renovables, como las eólicas en Oaxaca”, menciona

Muchas veces las agresiones a los ambientalistas ocurren por parte de las empresas privadas que tienen el interés de extraer algún recurso y ellas son las que provocan los ataques contra los defensores, dice.

Además, no hay que olvidar que las personas más vulnerables son las mujeres, quienes reciben primeras advertencias como amenazas o allanamientos en sus casas o lugares de trabajo, situaciones que provocan que lleguen a abandonar el movimiento, señala Alejandra.

“Es muy difícil poder defender los derechos ambientales y los territorios ante tanta violencia, es un escenario muy difícil y muchas compañeras terminan desistiendo de la lucha y yéndose de los territorios buscando su seguridad”

– Alejandra Jiménez

Integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking

Por otra parte, los ataques también son provocados por los caciques y el crimen organizado.

Una de las zonas más afectadas por esta situación ha sido la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, al norte del país.

Isela González, de la Alianza Sierra Madre A.C, la cual trabaja con los pueblos indígenas ódami y rarámuri en la Sierra Tarahumara, explica que en los últimos dos años han asesinado a tres defensores de la tierra en el estado chihuahuense, uno de ellos en este 2018; mientras que cinco más (entre los que está incluida ella) han recibido amenazas graves y están bajo protección de las autoridades.

El caso más reciente en esa región ocurrió el pasado 24 de octubre, cuando el activista y líder de la comunidad indígena rarámuri, Julián Carrillo Martínez, fue asesinado a balazos en el poblado Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara.

Julián era defensor de la tala de árboles y un crítico de la minería y la siembra ilegal de droga, situación por la que durante los últimos años recibió amenazas. De hecho, su hijo y cuatro de sus familiares fueron asesinados entre el 14 de agosto del 2015 y el 1 de julio de 2018, presuntamente como represalias a su activismo.

“Lo grave aquí es que a Julián lo asesinaron siendo beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación”, acusa Alejandra.

Los activistas asesinados en el 2017 en la Sierra Tarahumara fueron Juan Ontiveros, cuyo crimen permanece impune; y el líder indígena Isidro Baldenegro, quien recibió el Premio Godman en 2005 por su activismo, caso en el que sólo hay un detenido que no ha sido juzgado.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que las investigaciones no se queden nada más en autores materiales, sino que profundicen y vayan a los autores intelectuales, porque no debemos perder de vista que a los compañeros los asesinaron siendo defensores ambientales y realizando una fuerte actividad de liderazgo al interior de las comunidades”, explica González.

El Informe “¿A qué precio?”, de la organización Global Witness, presentado este año y el cual posiciona a México como el cuarto lugar más peligroso para ejercer esta labor, revela que el país pasó en 2016 de registrar tres defensores del medio ambiente asesinados, a 15 en el 2017. En el 2018 van al menos 9 activistas a los que les han quitado la vida

La nueva administración federal abre la esperanza de que finalmente hayan acciones concretas que velen por la seguridad de los ambientalistas, aunque también existe incertidumbre, ya que no hay ningún manifiesto claro al respecto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalan los defensores de la tierra.

LAS MÁS VULNERABLES

Ser mujer y ser defensora del medio ambiente es un doble riesgo en México. Aunque activistas coinciden que vivir en el país es peligroso para cualquier mujer por la ola de violencia que se vive, esta población lo es aún más si defiende los derechos del medio ambiente por los grandes intereses involucrados.

“Siempre vas a estar sujeta a una mayor vulnerabilidad por tu condición de mujer, recordemos que en todos los conflictos y en todas las disputas, los cuerpos de las mujeres se convierten en trofeos”

– Isela González

Directora de la Alianza Sierra Madre A.C.

La activista, quien se ha dedicado a apoyar a las comunidades indígenas contra el despojo de tierras y de daños ambientales, ha sido amenazada por los caciques de la comunidad Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, y por esa situación actualmente se encuentra en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

“He recibido amenazas graves y por eso estoy en el mecanismo de protección junto con todo el equipo de Alianza Sierra Madre, estamos en protección cinco personas, de las cuales tres somos mujeres”, cuenta.

Su caso es sólo un ejemplo de las situaciones que viven las mujeres activistas del medio ambiente. Las primeras amenazas suelen ser a través de mensajes o allanamientos que buscan intimidarlas, las cuales pueden escalar hasta situaciones más graves como violaciones o incluso asesinatos.

Las mujeres no sólo son víctimas de los agresores, también lo son de las autoridades, las cuales las revictimizan cuando acuden a buscar justicia

“Es una primera advertencia que dice ‘te estamos vigilando o sabemos dónde vives y podemos perturbar tu vida’, lo que generalmente provoca que muchas compañeras terminen dejando la lucha; desafortunadamente hay casos donde escala la violencia y se presentan también violaciones”, explica Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

No obstante, además de ser víctimas de las agresiones, también lo son de la justicia, pues al acudir ante las autoridades éstas no les creen o, incluso, muchas veces los mismos colectivos a los que pertenecen suelen poner en duda si las agresiones son reales, dice Jiménez.

Otra forma de ataques es la fabricación de delitos para encarcelarlas. Además la situación es más difícil si se es madre, pues suelen amenazarlas con dañar a sus hijos o a sus familias y muchas prefieren dejar de participar, lo que provoca que los movimientos se vayan desarticulando poco a poco

Por ello, algunas han optado por tomar sus propias medidas de protección, aunque eso no impide que se deje de vivir con miedo y temor a ser víctima de una agresión.

Sin embargo, el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador trae un poco de esperanza de que la situación mejore de forma gradual para algunas activistas, sobre todo para las comunidades indígenas luego de que éstas le entregaron el Bastón de Mando el 1 de diciembre, después de que rindió protesta en la Cámara de Diputados.

“Vemos con optimismo la llegada del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, la primera reunión que tengamos con él le preguntaremos qué piensan hacer(…)estamos planteando que el Estado mexicano debe resolver las causas estructurales”, dice Isela González.

De acuerdo con ella, se debe atender lo que origina el conflicto en las comunidades, lo cual en los caso que ellas acompañan es el intento de despojo del territorio y la falta de titulación a nombre de las comunidades de los territorios indígenas, así como el acceso preferente a los recursos naturales.

Si pertenecer al género femenino en México es un peligro por sí solo, para quienes también se dedican a defender el medio ambiente el riesgo aumenta exponencialmente, pues tanto las amenazas como las agresiones directas son un común denominador entre las activistas

EL GRAN DESAFÍO

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se incrementaron los ataques y las agresiones a los defensores del medio ambiente por el alto número de concesiones y proyectos entregados al sector privado, señalan activistas.

Tan sólo en el 2017 hubo 15 activistas defensores de la tierra asesinados, según el informe de la Organización Global Witness titulado ¿A qué precio? Mientras que registros de notas periodísticas indican que este año han sido cometidos al menos 9 homicidios más, una situación alarmante si se considera que en el 2016 ocurrieron tres.

El gran reto para el próximo gobierno es frenar los ataques y resolver el problema de raíz, sin embargo aún no existe una postura contundente por parte de la nueva administración al respecto, acusan ambientalistas

“Actualmente con el nuevo gobierno no hay claridad, no se ha pronunciado respecto a esta grave situación que es un pendiente, finalmente todo el tema de los derechos humanos es uno de los grandes retos que creo que le toca enfrentar a esta nueva administración y no es muy clara cuál es la propuesta de acción”, dice Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Para la activista, muchas veces los megaproyectos son posibles gracias a una cadena de corrupción e impunidad, lo que al final convierte a los defensores del medio ambiente en blanco de ataques, el cual es un tema del que tampoco se sabe cómo se va a atender.

“Creo que ese es uno de los temas que es súper vital para la próxima administración, acabar con la corrupción y la impunidad”, agrega.

Jiménez señala que se tendría que armonizar la Ley General de Víctimas para que se hable de los defensores ambientales, ya que el tema se aborda de manera muy superficial.

Otro de los desafíos será resolver los casos de los activistas que han quedado impunes o en los que no hay avances en las investigaciones y, sobre todo, lograr la protección de las comunidades indígenas, las cuales han sido las más afectadas por tratar de defender su territorio

“Lo menos que esperamos es justicia para nuestros compañeros asesinados y que las comunidades obtengan la paz que se merecen para seguir desarrollando su vida cotidiana y su vida cultural en sus territorios”, dice Isela González, de la Alianza Sierra Madre A.C, organización en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, al norte del país.

En el caso de Alianza Sierra Madre tres activistas fueron asesinados entre el 2017 y el 2018, todos ellos indígenas.

Organizaciones nacionales e internacionales como la ONU y Amnistía Internacional se han pronunciado al respecto y exigido a las autoridades mexicanas la investigación de todos los delitos cometidos contra los defensores ambientales.

https://www.reporteindigo.com/reporte/defender-la-tierra-agresiones-asesinatos-activistas-indigenas-mujeres-retos-gobierno/