Resumen

El artículo analiza la situación de salud y daño psicosocial de mujeres, niños y niñas de la comunidad Tsuntsuim, afectada por el proyecto de megaminería metálica San Carlos Panantza, considerado como uno de los cinco prioritarios del Gobierno nacional de Ecuador, país cuya Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

Las aproximaciones conceptuales y metodológicas parten de la salud colectiva, la ecología política y el ecofeminismo para estudiar los impactos diferenciales por género con una visión compleja que incorpora tres dimensiones: los contextos históricos territoriales, los modos de vida comunitarios y la situación de salud.

A través de procesos de acompañamiento psicosocial (testimonios, etnografía y dibujos), comprendemos de qué manera la ocupación, el despojo y la militarización del territorio mutan la reproducción material y social, las formas de consumo, la organización comunitaria y las relaciones con la naturaleza hasta devenir todo ello en daño psicosocial y trauma psíquico.

Introducción

Durante las últimas décadas, la conflictividad social y ecológica en torno a la explotación, la apropiación y el control de la naturaleza se ha exacerbado en América Latina, y en este marco la minería metálica a gran escala es una de las actividades más destructivas y violentas. Los impactos de la megaminería son devastadores, afectan las dimensiones materiales y simbólicas del territorio y alteran los metabolismos sociales en sus cinco procesos: apropiación, transformación, distribución, consumo y excreción.

Asimismo, la ocupación y militarización de los territorios indígenas y campesinos por parte de multinacionales extractivas opera como una suerte de terrorismo de Estado. La persecución, la criminalización y el asesinato de líderes indígenas, ecologistas y campesinos es un denominador compartido en el sur geopolítico (Martínez, 2013).

Incluso en países como Ecuador,[1] cuya Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, el once por ciento del territorio nacional fue dado en concesiones para la megaminería con la reapertura del catastro minero en mayo de 2016. Estas concesiones, además, se desarrollaron de forma ilegal e inconstitucional, desatendiendo los importantes procesos de movilización social y resistencia frente al extractivismo y la ocupación de los territorios.

Extractivismo y daño psicosocial

Al someter, dominar, militarizar y controlar los territorios locales, el extractivismo megaminero muta las cinco dimensiones de los modos de vida comunitarios (Breilh, 2004):

1. Los modelos productivos: Los miembros de las comunidades viven una transición desde formas primarias de relación con la naturaleza (cazadores-recolectores) o economías productivas a pequeña escala (agricultura familiar) hacia procesos de proletarización, generalmente como obreros con salarios mínimos y sin derechos laborales, condición a la que hemos denominado encadenamiento laboral (Soliz et al., 2012). Los proyectos extractivos, al tiempo que destruyen la soberanía económica, la salud y el bienestar de las comunidades, son también la fuente central de sustento tanto por el pago salarial como por las medidas de compensación y las regalías que muchas veces reemplazan los derechos sociales.
2. La reproducción social: Las mujeres asumen una sobrecarga social, afectiva y económica; se tornan las únicas cuidadoras de la familia, y viven la presión económica de la dependencia del salario de sus parejas o de la ocupación del territorio que limita su autonomía productiva. Son también las mujeres quienes, cada vez más, lideran la organización comunitaria y la resistencia. Un elemento adicional de la reproducción social que suele ser controlado por las empresas extractivas es la escuela. Su cierre ha sido determinante en el control de los territorios y el desplazamiento de las poblaciones (Soliz et al., 2012).
3. El consumo: Al suplantar al Estado en el territorio, las empresas extractivas controlan el consumo en sus dimensiones cuantitativa y cualitativa: determinan el acceso a las infraestructuras, a los servicios sociales, a la alimentación, a la salud y a la recreación, así como la calidad de todos ellos. Las familias suelen transitar entre el autoconsumo del producto de los huertos familiares y la compra de alimentos procesados. Llama especialmente la atención el alarmante incremento del consumo de alcohol y del uso de agrotóxicos en la agricultura.
4. Las formas de organización social y comunitaria: Las relaciones comunitarias se tornan tensas; se polarizan las posiciones entre la defensa y el rechazo de las empresas extractivas. Quienes tienen empleo o gozan de algún privilegio las respaldan, mientras quienes viven la contaminación, la pérdida de salud, la imposibilidad de cultivar y de continuar con sus prácticas de minería artesanal demandan su salida.
5. La relación con la naturaleza: Las relaciones de las comunidades con la naturaleza pasan a estar mediadas por el Estado y las empresas mineras, que son quienes establecen prohibiciones y posibilidades: no se puede pescar, cazar, usar leña, criar animales ni lavar oro artesanalmente. En nombre de un discurso “ecoeficientista”, que apadrina la megaminería como alternativa limpia y responsable, se trastocan los históricos metabolismos comunitarios.

Así, la situación de la salud en las comunidades desplazadas por el extractivismo minero es un reflejo de los saldos de la ocupación y superposición de territorialidades (formas de ser, hacer y estar) en espacios históricamente habitados por población indígena o colona. Es a su vez el resultado de la mutación de los modos de vida comunitarios, del deterioro de sus ecosistemas, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y la permanente presencia de maquinaria pesada, tóxicos y explosiones.

De la misma manera, el daño psicosocial, entendido como afectación a las dimensiones social, cultural, psicoafectiva (sentimientos), psicosomática (manifestaciones físicas de daño) y cognitiva (en los mecanismos de comunicación y afrontamiento), es un proceso dotado de historicidad y territorialidad, enmarcado en la conflictividad social estructural y que se expresa a nivel de los individuos, sus familias y sus comunidades. Como muchas veces es poco visible, este artículo pretende develar la magnitud de las afectaciones psicosociales como resultado de la imposición de proyectos megamineros.

El proyecto megaminero San Carlos Panantza

El proyecto megaminero de cobre San Carlos Panantza, en la provincia de Morona Santiago (Ecuador), comprende un área de 41.760 hectáreas. Su concesión beneficia a la empresa china Explorcobres S. A. (EXSA) y tendrá una vigencia aproximada de veinticinco años. Se la considera la segunda mina de cobre más grande del mundo (Environmental Justice Atlas, 2017). Al menos quince comunidades shuares sufren impactos directos de este proyecto minero y cuatro de ellas (Tsuntsuim, San Pedro, Kutukus y Nankints) han sido afectadas con desplazamientos forzados.

Mediante un violento operativo militar, el 11 de agosto de 2016 la comunidad de Nankints fue desalojada y en su lugar se instaló el campamento minero La Esperanza. El 14 de diciembre del mismo año, con fuerte presencia militar en tierra y aire, se produjo un grave enfrentamiento que dejó entre los heridos a dos jóvenes shuares, uno por bala de alto calibre y otro con quemaduras graves producto de explosivos plantados por el ejército en la comunidad Tsuntsuim. Además falleció un policía (Acción Ecológica et al., 2017).

Ese mismo día el estado de excepción decretado en la provincia de Morona Santiago permitió una incursión militar nunca antes vista en Ecuador: tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados y cientos de militares y policías allanaron varias comunidades en busca de los defensores shuares con causas judiciales abiertas. Los exhibieron públicamente como asesinos,[2] omitiendo el derecho humano de presunción de inocencia (Acción Ecológica et al., 2017).

Tsuntsuim fue una de las comunidades que vivió el desplazamiento. Durante semanas los militares invadieron, ocuparon y saquearon las viviendas; tomaron los alimentos y animales; quemaron cuatro casas; rompieron las conexiones eléctricas, y enterraron los cultivos. Las familias desplazadas de Nankints y Tsuntsuim se refugiaron en la comunidad de Tiink hasta inicios del mes de marzo de 2017, cuando retornaron. A partir de entonces, un equipo de organizaciones sociales, académicos y activistas iniciamos un proceso de acompañamiento y recuperación de la salud de las mujeres y sus familias, y lo hemos documentado con testimonios y relatos, así como con los dibujos de los niños y las niñas.

Daños psicosociales e impactos sobre las mujeres y los niños

Durante el proceso de acompañamiento, encontramos que esta comunidad, habitada sobre todo por mujeres con sus hijos, había perdido sus ajas (chacras), sus animales y sus herramientas de trabajo. Era una comunidad que enfrentaba una guerra legitimada y consentida por el Estado, una guerra que venía de la mano del hambre y el miedo. Las alternativas alimentarias se reducían a algo de verde y yuca, cocinados en agua no potable. Las familias vivieron el hambre; durmieron con hambre y despertaron con hambre durante semanas. En este contexto, identificamos cuatro condiciones psicosociales determinantes en el ejercicio del control y el amedrentamiento de la población (Beristain, 2009):

1. La siembra del miedo: El proceso de investigación de los setenta indígenas shuares determinó que los hombres de la comunidad debieran permanecer clandestinos en la selva para evitar su captura. Esta situación es recurrente en Ecuador y se la conoce como criminalización de la protesta social. Al tiempo, sin comida, sin machetes para desbrozar la selva y con los niños y las niñas enfermos, las mujeres debieron encargarse de todo. Estaban sobrepasadas y tristes, hablaban bajo, dejaron de cantar y tenían miedo. Miedo de los drones y helicópteros que sobrevolaban, de los militares, de nuevos desplazamientos, de la situación de sus hombres, enfermos y aislados. A pesar de toda la dureza, fueron las mujeres quienes retornaron a su comunidad, le devolvieron la vida e intensificaron la resistencia.
2. Los privilegios: El Ministerio del Interior ofreció una recompensa de cincuenta mil dólares por denunciar a quienes estaban en la lista; prometió compensaciones y empleo con el fin de dividir, romper los lazos sociales y la unión comunitaria.
3. Los estigmas sociales y políticos: Se generó una embestida mediática que presentaba a las comunidades en resistencia como un grupo de salvajes, primitivos, terroristas, violentos y células armadas. La construcción de estos estigmas bloquea la solidaridad y aísla a las víctimas, que son señaladas como responsables. Al mismo tiempo, fortalece y legitima la criminalización de la protesta.
4. La impunidad: El desplazamiento forzado, los saqueos, la destrucción y quema de viviendas y cultivos, el trauma psíquico, las heridas y la muerte de una niña shuar (Dallana, de once meses de edad) que en medio de las condiciones de desplazamiento enfermó de gripe[3] y falleció, todo ha quedado en la impunidad, lo que ha generado una pérdida de confianza en el Estado como garante de los derechos de sus pueblos.

En los siguientes meses, Tsuntsuim atravesó una situación de emergencia alimentaria. En agosto de 2017, la mitad de los niños aún presentaban algún nivel de desnutrición. Dos de cada tres niños y niñas sufrían infecciones respiratorias moderadas o leves, así como manifestaciones de escabiosis y pediculosis. La mitad de las mujeres mayores a diez años mostraban signos y síntomas de afectación psicoafectiva.

Según Soliz y Valverde (2012), el análisis del dibujo debe partir de la comprensión del uso que se hace del espacio. Para ello, se divide la página en cuatro cuadrantes: los superiores simbolizan la fantasía; los inferiores, la realidad. Los cuadrantes izquierdos, el pasado, y los derechos, el futuro. Con base en este lente interpretativo, los dibujos realizados por los niños y niñas durante nuestra evaluación (véanse imágenes 1, 2 y 3) se caracterizan por la pobreza en los detalles, los rostros tristes, la ausencia de extremidades y el pequeño tamaño de los miembros de la familia, que en general ocupan poco espacio en el papel. Los dibujos no tienen suelo y se ubican en el lado izquierdo de la hoja, en el pasado. Reflejan nostalgia por la unidad familiar, temor, dolor por la ausencia de familiares, rechazo al medio exterior, aislamiento e incertidumbre. La mayoría dibujaba a su comunidad sin personas y sin animales, como un pueblo fantasma donde la vida no existía. Los dibujos que incorporan personas lo hacen en el lado izquierdo de la hoja. El derecho, el espacio que representa el futuro, está vacío. Las casas se dibujaron sin puertas ni ventanas o con estas cerradas. El trazo débil evidencia percepción de hostilidad en el medio exterior y temor al mundo.

Las afecciones en la salud y el daño psicosocial en las mujeres y sus hijos aparecieron como mecanismos adaptativos para afrontar una realidad profundamente violenta. Los cambios en el sistema de creencias y en la comunicación; los sentimientos de tristeza, desesperanza, angustia y culpa; el estado de alerta exagerado; los miedos irracionales; las expresiones físicas de daño, y la imposibilidad de pensar y construir el futuro fueron algunos de los procesos psicosociales derivados de la pérdida del territorio, la ocupación y la guerra.

Las mujeres sufrieron especialmente los impactos de la apropiación social, material y cultural del territorio; vivieron y aún viven la sobrecarga social, afectiva y económica determinante de las graves condiciones psicoemocionales expresadas, incluso, en manifestaciones psicosomáticas. A pesar de todo esto, fueron ellas quienes, con una fortaleza admirable, retornaron a sus comunidades para reconstruirlas y reencontrar modos de subsistencia y resistencia (Acción Ecológica et al., 2017). Han sido ellas quienes, con sus relatos de denuncia, han tejido estas historias, han recuperado sus ajas, han abrazado a sus hijos e hijas y han defendido sus territorios. Gracias a ellas, la vida en Tsuntsuim ha seguido renaciendo. El día mismo del desplazamiento nació una hermosa niña, Paula, y en estos nueve meses han nacido tres más.

Bibliografía

Beristain, C., 2009. Diálogos sobre reparación. Quito, IIDH.

Borde, E., 2017. El territorio en la salud pública. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (ensayo inédito).

Breilh, J., 2004. Epidemiología crítica. Buenos Aires, Lugar.

Environmental Justice Atlas. Panantza – San Carlos, Ecuador, 2017. Disponible en: https://ejatlas.org/conflict/panantza-san-carlos-ecuador, consultado el 3 de junio de 2017.

Leff, E., 2000. La complejidad ambiental. México D. F., Siglo XXI.

Martínez, J., 2013. “Ecologistas de panza llena de plomo”. La Jornada en Línea, Ciudad de México, UNAM. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/05/opinion/020a1po, consultado el 15 de septiembre de 2017.

Soliz, M. F. (coord.), 2017. Salud colectiva y daño psicosocial en las familias de la comunidad de Tsuntsuim. Quito, Acción Ecológica, Alames Ecuador, Conaie-Confeniae, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Luna Creciente.

Soliz, M. F, A. Maldonado, C. Valladarez y D. Murcia, 2012. Infancia de oro en la cordillera del cóndor. Quito, Clínica Ambiental.

Soliz M. F., y S. Valverde, 2012. Guía n.º 2 de diagnóstico rápido (6-11 años). Quito, Clínica Ambiental.

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[1] Ecuador fue pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en su carta constitucional de 2008, conquista histórica que pretendía marcar un punto de quiebre con las lógicas antropocéntricas determinantes de la primacía de las leyes ciegas del mercado sobre las de la naturaleza y los sentidos de la cultura (Leff, 2000).

[2] Setenta indígenas shuares enfrentan procesos de investigación por asesinato y por ataque o resistencia en las protestas que tuvieron lugar tras la desaparición de la comunidad de Nankints, en las que un policía falleció (Acción Ecológica et al., 2017).

[3] Fue gripe el término en español que la familia utilizó para describir la causa de la muerte de Dallana. Nos alarma que todavía en el año 2017 una bebé pueda morir de gripe. Se trata de una muerte más de las que se conocen como muertes por desplazamiento.

Fuente: Revista Ecología Política. También se puede descargar el artículo desde aquí.

Fuente:https://movimientom4.org/2018/12/megamineria-en-el-pais-de-los-derechos-de-la-naturaleza-conflictividad-salud-colectiva-y-dano-psicosocial-en-las-mujeres/

Las comunidades autóctonas alertan sobre los estragos de la minería y el tráfico de madera en bosques de América del Sur, poniendo a la orden de la comunidad internacional sus iniciativas basadas no solo en conocimientos ancestrales, sino en tecnologías de geolocalización y monitoreo con drones.

Tala ilegal, monocultivos, minería y concesiones petroleras ganan cada vez más terreno en el conocido como el pulmón vegetal del mundo, la Amazonía, en el corazón de América del Sur. Allí las comunidades indígenas, las primeras en enfrentar las presiones de estas actividades económicas, están viendo alteradas sus formas ancestrales de vida. La dinámica externa las ha obligado a actuar desde sus conocimientos heredados para frenar la destrucción y con ello evitar contribuir al calentamiento global, pero necesitan refuerzos.

La minería avanza “con una magnitud bastante sorprendente, destruyendo la cosmovisión de los pueblos indígenas, los bosques y los servicios ecosistémicos, alterando de manera drástica la forma de vida de las comunidades indígenas”, dijo Oswaldo Juep Danducho, miembro del equipo técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), durante una conferencia de prensa en la cumbre climática de Katowice, Polonia (COP24), que culminó el sábado 15 de diciembre, con compromisos que algunas organizaciones han tildado de “mínimos” y “decepcionantes” vista la urgencia de frenar el aumento de las temperaturas en el mundo.

Las comunidades indígenas de la Amazonía, representadas por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), levantaron su voz en el encuentro mundial para solicitar reconocimiento y participación en el manejo de fondos para mitigar el cambio climático. Su bandera es habitar en la concentración de bosques húmedos más grande del planeta que comparten nueve naciones de América del Sur.

Casi la tercera parte de este inmenso bosque de 8,4 millones de kilómetros cuadrados es el hábitat de territorios indígenas, de acuerdo con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg). Una proporción similar y, en algunos casos superpuesta con territorios indígenas, la integran áreas naturales protegidas en las que organizaciones ambientales de la región han alertado un aumento de la minería.

“Para los pueblos indígenas de la cuenca amazónica llegar a una COP no es fácil”, expresó Juan Carlos Jintiach, miembro de la Coica, quien llamó a la comunidad internacional a reconocer y mirar a los territorios indígenas. “En todas estas reuniones que tienen acá, están hablando de negociaciones, tienen que trabajar con nosotros y articular con las organizaciones”, añadió.

El dirigente indígena instó a que los fondos climáticos no se queden en la burocracia, sino que lleguen y apoyen las iniciativas de las comunidades indígenas. “Allí está la solución, sin pueblos indígenas no vamos a tener un claro desarrollo contra el cambio climático. Con los pueblos indígenas y la sabiduría ancestral hemos mantenido por milenios los bosques, pero tienen que reconocernos (…) Tenemos una urgencia ahora y ese es el llamado que se hace a la comunidad internacional”, enfatizó.

Minería en crecimiento

El aumento de la minería es uno de los principales gritos de auxilio de las comunidades nativas. José Dumas, miembro de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad – Perú), aseguró que la minería -que antes era catalogada como artesanal porque los principales utensilios eran las bateas para lavar el oro- ha migrado a métodos más industriales. “En los últimos años esto se ha ido motorizando, cada vez más la actividad es más fuerte, se viene trabajando en las orillas de los ríos, volteando las grandes playas y dejando montones de piedras”, explicó.

De 649 áreas naturales protegidas en seis países amazónicos, 55 tienen puntos de minería ilegal activos o dragas dentro de sus límites, indica un estudio de Raisg e Infoamazonía, publicado recientemente, en el que identifican 78 territorios indígenas con actividades mineras en su interior de un total de 6.207 territorios. “Los ancianos, sabios y muchos líderes de los pueblos indígenas ven a la influencia de la actividad minera en sus territorios como fuente de peligro para la integridad cultural, el manejo tradicional, la gobernabilidad local sobre sus territorios y la salud de sus pueblos”, alertan.

En Madre de Dios en Perú, estimó Dumas, 10 comunidades indígenas están seriamente afectadas por la extracción indiscriminada de minerales, mientras que cuatro comunidades tienen concesiones mineras -otorgadas por el Estado- superpuestas en sus tierras. “Estos grandes concesionarios no respetan los territorios indígenas, meten maquinarias y lo que dejan son tierras y suelos degradados”, dijo.

El impacto, resaltó, incluye invasiones de territorios indígenas, delincuencia, trata de personas, prostitución y enfermedades. “Las mismas autoridades están corruptas, los grandes mineros trabajan para ellos. A los grandes destructores de las tierras no se les toca y es una triste realidad”, planteó, al solicitar la suspensión de concesiones mineras y vigilancia en las comunidades.

“Si no se contribuye al equilibrio climático, se romperán los servicios ambientales”, expresó Jintiach.

Los aportes del bosque

Distintas organizaciones indígenas mostraron iniciativas de mitigación del cambio climático y monitoreo de daños ambientales, como aporte a las soluciones, pero reclaman mayor soporte en aras de que las estrategias se repliquen.

Fermín Chimatani, directivo de Coica, presentó el caso de la Reserva Comunal Amarakaeri en Perú, un área natural protegida gestionada por la Red Indígena Amazónico y construida a solicitud de las comunidades nativas, que pasaron “de la protesta a la propuesta y de la propuesta a la acción” y han hecho un plan de capacitación en seguridad, economía indígena y valores ancestrales.

Turismo vivencial, piscigranjas y agroforestería son algunas de las iniciativas económicas, en las que también ha tenido cabida el cultivo de castañas, un producto que había desaparecido de la siembra local pero que volvió con una rentabilidad significativa. La comunidad cuenta también con un sistema de seguridad con drones para monitorear los bosques. “Tenemos el reto y la ambición climática de que esta propuesta pueda seguir escalando en otras zonas de la Amazonía”, dijo, durante la COP24.

Delfina Catip Tawan, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), resaltó que en los bosques de la Amazonía la mujer indígena realiza un trabajo de mitigación del cambio climático, aun sin estar consciente del rol que ejerce. El aporte, agregó, se centra en la clasificación de las semillas de los productos nativos tanto frutales como no frutales, maderables y hortalizas, así como semillas para artesanías, cortezas para generar telas, hilos y algodones. “La mujer ve que están disminuyendo los productos y las semillas y tiene que seleccionar qué semillas son más resistentes para no aminorar nuestra alimentación”, explicó.

“Como cambio climático es un tema nuevo, pero veníamos practicándolo desde nuestros conocimientos ancestrales”, sostuvo Tabea Casique Coronado, miembro de Coica, quien insistió en la necesidad de que las comunidades indígenas sean escuchadas. “A veces el Estado no nos escucha, planteamos qué queremos hacer con nuestro territorio, pero el Estado impone. La ley de consulta previa no se cumple”, dijo.

Aidesep ha propuesto el proyecto de Vigilancia de Acción Indígena Integral, que contempla el diseño de un geoportal en el que se podrán ubicar las alertas tempranas de deforestación con las coordenadas precisas de ubicación. “Tenemos más de 13 millones de hectáreas de bosques en pie que están contribuyendo de manera significativa a mitigar la temperatura en el planeta”, afirmó uno de sus directivos.

Con Chile como anfitrión de la próxima cumbre climática, que se realizará entre finales de 2019 y principios de 2020, las organizaciones de la Amazonía podrán ver cuánto alcance tuvo su voz y podrán mostrar desde muy cerca la importancia de los bosques del sur del continente americano en cuanto a potencial hídrico, provisión alimentaria, captura de carbono, generación de oxígeno y hábitat de especies únicas en el mundo.

Fuente:http://www.correodelcaroni.com/index.php/mas/ambiente/897-indigenas-de-la-amazonia-exigen-reconocimiento-en-lucha-mundial-contra-el-cambio-climatico