Internacional

Bolsonaro y Maduro, un peligro para la Amazonía y el planeta

Autor: Julio Á Fariñas, La voz de Galicia.es

Ese enorme trecho de tierra y selva que se extiende a lo largo de 7.4 millones de kilómetros cuadrados por Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam, concentra el 60% de la biodiversidad del mundo, incluyendo especies animales y vegetales que aún no han sido catalogadas y estudiadas por la ciencia, es el hogar de 34 millones de personas, incluidas 385 comunidades indígenas. Una buena parte de ese territorio, en los últimos años viene soportando un crecimiento alarmante de la minería ilegal, estimulada por el precio del oro y otros minerales preciosos que alberga e sus entrañas. Ahora se cierne sobre él la plaga Bolsonaro, auspiciada por los intereses de la agroindustria que lo catapultaron al poder del país que controla la mayor parte de la tarta amazónica.

Un reciente informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), con datos de seis países de la región -Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela-,  recogidos por ocho grupos de ambientalistas apartidistas que elaboraron un mapa a partir de imágenes de satélite, evidencia que Venezuela tiene más minas ilegales que cualquier otro de los países estudiados, seguido por Brasil y Ecuador. Un informe de The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, titulado «El crimen organizado y la minería ilegal del oro en América Latina» publicado en 2016, ya revelaba que entre 80 y el 90 % del mineral producido en Venezuela es ilegal.

El mapa publicado por RAISG muestra que hay minería ilegal en 37 territorios indígenas, dieciocho de ellos en Brasil, y que hay sitios cerca o alrededor de otros 78 territorios. Según Alicia Rolla, una de las coordinadoras de la RAISG, «la situación actual es peor que nunca».

Pero el efecto Bolsonaro sobre la Amazonía brasileña no se limita a la minería ilegal. Con su llegada a la presidencia de Brasil empieza una época dorada para los agronegocios. Según el Observatorio del Clima, los datos del Deter B, un sistema del Instituto Nacional de Estudios Espaciales que controla la Amazonia en tiempo casi real, muestran que la tasa de deforestación ha subido un 36% entre junio y septiembre, período de la precampaña y campaña electoral.

Brasil es el principal exportador de soja en el mundo. El ex ministro de agricultura, Blairo Maggi, ha anunciado que duplicará su producción durante los siguientes 10 años. Con la tasa actual, Brasil ya utiliza dos millones de kilómetros cuadrados (24% del territorio), pero para alcanzar el nivel de producción proyectado se necesitan entre 70 y 75 hectáreas más. La poderosa bancada parlamentaria que representa los intereses del sector de la agroindustria fue la gran impulsora de la candidatura de Bolsonaro.

Con la fusión  de los ministerios de agricultura y medioambiente, una de las primeras promesas de campaña el nuevo presidente dejó claro que la política ambiental quedará relegada a la agresiva explotación de la tierra. En una entrevista el pasado abril en The Guardian, Bolsonaro afirmó que la causa de la deforestación en la Amazonia no es la tala excesiva, sino el aumento de la población. En sus palabras: «no vas a cultivar soja en la terraza de tu edificio o criar ganado en el jardín. Así que debemos tener una política de planificación familiar. Así comenzarás a reducir la presión sobre esos problemas que llevan, sí, en mi opinión, al calentamiento global, que podría ser el fin de la especie humana».

Cuando aún era precandidato a la presidencia, ya anunció que no demarcaría las tierras indígenas, una exigencia histórica que garantizaría la conservación de sus modos de vida.  En tono despectivo dijo que «el indio es nuestro hermano, quiere ser reintegrado a la sociedad. El indio ya tiene demasiada tierra, vamos a tratarlos como seres humanos».

Su promesa de campaña se convirtió en su primer decreto presidencial según el cual la demarcación de las tierras indígenas deja de ser responsabilidad de la Fundación Nacional del Indio (Funai), para pasar al control del Ministerio de Agricultura.

«Más del 15 % del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombola (poblados por exesclavos fugitivos). Menos de un millón de personas viven en esos lugares aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por las ONG. Juntos vamos a integrar a esos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños», tuiteó Bolsonaro, tras firmar el decreto.

De acuerdo con la disposición, el Ministerio de Agricultura tendrá a cargo todo lo relacionado con «la reforma agraria, la regularización de la propiedad en áreas rurales en la Amazonia legal (no sólo el estado Amazonas), las tierras indígenas y los quilombola».

Agricultura abraza en la nueva administración los intereses de la agroindustria, que entran en frecuentes conflictos con organizaciones de trabajadores rurales, con los grupos indígenas y de protección al medio ambiente. Al frente de este ministerio colocó a Tereza Cristina da Costa, una partidaria de los agrotoxicos y la producción de alimentos a gran escala.

Según numerosos científicos, la función de la Amazonía es vital para mantener la temperatura del planeta y evitar el calentamiento. Sin embargo, de acuerdo con el reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund por sus siglas en inglés) publicado en octubre del año pasado, una quinta parte de la selva ha desaparecido en los últimos 50 años como parte de la explotación de los recursos, y solamente el año 2017 se perdieron 4.921 kilómetros cuadrados. Bajo el mando de Bolsonaro, esta situación solamente va a empeorar, si lleva a cabo su ambicioso proyecto de abrir una carretera a través del Amazonas y concesionar nuevos proyectos de explotación. La ganadería y la agricultura fueron responsables de una cuarta parte de la deforestación en el mundo y entre 2015 y 2016, la deforestación en Brasil alcanzó la escalofriante cifra récord de 7,800 kilómetros cuadrados. Según Greenpeace, la deforestación de la Amazonia en los años 70 alcanzaba un 1% del territorio, mientras hoy llega al 18%.

 

Fuente:https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2019/01/06/bolsonaro-maduro-peligro-amazonia-planeta/00031546795084785808768.htm

Mexico

Mineras contaminan zona norte del estado

Autor: Luis Ramos Rocha , El Sol del Centro.

Las minas que operan en el municipio de Asientos, tanto bajo tierra como a cielo abierto, han causado fuerte contaminación en esa zona del estado, misma que ha comenzado a reflejar afectaciones en la salud de quienes ahí habitan.

El diputado representante del distrito 02 local, José Manuel González Mota, exigió se lleve a cabo una profunda investigación sobre el particular, con objeto de buscar soluciones inmediatas, antes de que sea demasiado tarde.

Nadie puede negar que la minería en Asientos se ha convertido en una importante fuente de empleos, de trabajo para mucha gente. Aunque la enorme mayoría de los trabajadores vienen de otros estados, algo dejan

Calificó como impostergable que se realice un análisis científico y metodológico, mediante el cual se conozcan el grado real del daño provocado al medio ambiente, al equilibrio ecológico y, sobre todo, las enfermedades derivadas, a efecto que se impongan las sanciones correspondientes y se creen los mecanismos de solución correspondientes.

González Mota recordó que las dos minas que operan actualmente en el municipio que él representa, son propiedad del grupo Frisco, una de ellas lo hace a cielo abierto, en tanto que en el caso de la conocida como Santa Francisca, extrae del subsuelo los metales sobre los cuales tiene el usufructo.

Ante ello, lanzó un exhorto al Poder Ejecutivo del estado para que, sin tardanza ni dilación, genere una estrategia efectiva de acción, mediante la cual tanto el Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes (ISSEA), como la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del estado, así como a la Procuraduría del Protección al Ambiente, verifiquen el impacto a la salud, social y ambientan que dejan las actividades industriales de dichas minas.

Es urgente que se regulen los niveles de contaminación y el fuerte impacto al medio ambiente que se produce en el municipio de Asientos y especialmente el grado de afectación que ha dejado en la salud de sus habitantes.

Fuente:https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/mineras-contaminan-zona-norte-del-estado-2885127.html

Argentina

Para el Gobernador de Chubut, la minería no representa una «salvación»

Autor: El Patagónico / El diario Nuevo día.

‘Tenemos que potenciar la matriz productiva, el turismo y no pensar en la minería como una salvación’, indicó el gobernador de Chubut en relación a los recursos que tiene la provincia y la industrialización de los mismos.

El gobernador Mariano Arcioni mantuvo este sábado actividad en la comuna rural de Carrenleufú y remarcó que “la gente de la provincia tiene que entender y ver el esfuerzo que estamos haciendo junto a todos los intendentes y jefes comunales, independientemente del partido político que sea, para sacar la provincia adelante”.

“Nosotros estamos codo a codo trabajando, eso es lo que necesitamos y lo estamos haciendo y logrando”, manifestó Arcioni y aclaró que “tenemos que ser cuidadosos cuando nos vienen con las propuestas mágicas porque no existen; las propuestas mágicas de campaña de hace 3 años no se cumplieron ninguna”.

En ese contexto, el gobernador sostuvo que “ellos (Gobierno Nacional) entienden que con la minería la provincia va a tener desarrollo, y Chubut no se va a desarrollar con lo extractivo, ya quedó demostrado que Chubut es de matriz productiva primaria, nosotros tenemos que industrializar los recursos para después poder hablar de otra cuestión”. A su vez, Arcioni señaló que “hay recursos maravillosos, vamos a seguir potenciando el turismo, las fiestas populares hermosas que tiene la provincia con sus vecinos, y eso tenemos que potenciar antes de la minería”.

Y añadió: “el Gobierno Nacional viene con sus políticas a querer avallar la soberanía de nuestra provincia, entonces primero acá en nuestra provincia se habla con la verdad, vamos a decir las cosas dónde se tienen que decir y cómo se deben decir, con el respeto que se merece la institucionalidad, pero nosotros nos tenemos que hacernos valer como lo hicimos a lo largo de todo el año pasado; cuando nos han querido quitar las asignaciones familiares, nos han querido quitar las zona de jubilaciones y pensiones, cuando nos han querido quitar la tarifa de gas, y fuimos los primeros en presentar el amparo legal, los impuestos a la ganancias, y todo eso lo hemos revertido, porque fuimos a discutirlo en donde lo teníamos que hacer”.

“Nuevos aumentos”

Al respecto, el mandatario provincial detalló que “este año habrá nuevos aumentos, para que tengan un parámetro en la tarifa eléctrica se aumentó 1500%, a eso súmale la tarifa de gas, la quita del subsidio del transporte, es decir que es muy grave cuando tenemos una devaluación de los salarios del 40%, entonces que sigan recargando al ciudadano y al trabajador la verdad que no es un Gobierno sensible, y no es lo que la provincia del Chubut quiere y necesita”.

“Nosotros queremos un Gobierno que trabaje para la gente, que sea sensible, que diga la verdad, y entienda a todos los Intendentes por igual, independientemente de las fuerzas políticas, y de esa forma reactivar y buscar el desarrollo de nuestra querida provincia”.

Por último, el gobernador recordó que “cuando vienen los funcionarios de Nación a querer decirnos soluciones mágicas, sabemos que no lo van hacer, porque cuando uno analiza y observa estos 3 años de gestión la pobreza infantil es casi del 50%, tenemos una inflación que a lo largo de estos años ya acumuló más del 170%, tenemos el 30% de desocupación, cuando las pymes cierran día a día, todas esas cuestiones están a la vista, entonces no me vengan a decir que con soluciones mágicas van hacer algo”.

“Nosotros a pesar de la crisis seguimos trabajando, hemos dejado la precarización laboral, con 587 trabajadores en educación, casi 200 en familia, y muchos más trabajadores que nos dejamos afuera, entonces esas cosas tenemos que buscar y apostar al desarrollo productivo de la provincia”, cerró Arcioni.

Fuente: El Patagónico (Comodoro Rivadavia)

Fuente:https://www.eldiarionuevodia.com.ar/regional/politica/2019/1/6/para-el-gobernador-de-chubut-la-mineria-no-representa-una-salvacion-75688.html

Mexico

En 6 años de Peña 161 defensores fueron asesinados por oponerse al despojo de empresas y Estado

Autor: Karen Castillo, Sinembargo.mx
Al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra. Esa cifra convirtió a México en uno de los países más peligrosos para los protectores del medio ambiente. En 2018, en medio de a coyuntura del cambio de Gobierno federal, la situación para los activistas se agravó y esto, de acuerdo con ambientalistas, también contribuyó en los resultados electorales del 1 de julio.
A pesar de las pérdidas humanas llegaron algunos triunfos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre el medio ambiente. De acuerdo con especialistas en el tema, la perspectiva para el próximo sexenio resulta alentadora; sin embargo, insisten en la necesidad de crear mecanismos transparentes y en la garantía de los derechos humanos de las poblaciones afectadas.

La sentencia fue producto de la resistencia de los 23 mil habitantes afectados por las obras extensivas sobre la zona del municipio de Cananea, Sonora; de las organizaciones civiles y de los académicos que aportaron lo necesario para construir la certeza del daño ambiental provocado por las actividades mineras.

Maribel Bustamente, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora, declaró: “Con este fallo quizá nos aseguramos de que no halla otro desastre como el del 2014. No queremos que nuestro hijos y nuestros nietos sigan sufriendo. Queremos justicia para las familias, las comunidades y las personas que hemos sido tratados como animales por la minera”.

Los representantes legales también aplaudieron la decisión de la Suprema Corte y afirmaron entonces que este podría ser aplicable para casos como el del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Durante años, los habitantes del Lago de Texcoco, territorio aledaño a la megaobra –ahora ya cancelada– habían estado al frente de la oposición. Los científicos y la sociedad civil se les unieron al certificar la destrucción de cerros de tezontle en el Estado de México y de la reserva del Lago Nabor Carrillo.

El medio ambiente logró imponerse a todas la demás causas. Semanas después, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenaría la cancelación de la construcción del NAIM, una vez que la ciudadanía había forzado a las autoridades a escuchar sobre todas las afectaciones ambientales y sociales que tenía un proyecto que tampoco les había sido consultado.

En opinión de Omar Arellano, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en Riesgo Ecológico y Toxicología, además de activista en favor del medio ambiente, la organización social jugó un rol clave en este 2018 en la defensa del territorio frente a los megaproyectos.

“La mayoría de los megaproyectos del sexenio de Peña Nieto fueron frenados por la movilización social, fortalecida por el acompañamiento de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y la academia que, con base en argumentos científicos sólidos, permitió llevar muchos de esos proyectos a los tribunales. No se vio más resistencia hacia los megaproyectos sino que la organización social visibilizó a muchos de los que se han venido gestando en los últimos 12 años”, afirmó Arellano en entrevista con SinEmbargo.

Las cancelaciones fueron percibidas como éxitos para la resistencia.

En opinión de Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, esta coyuntura también fue percibida por el total de la ciudadanía, lo que también coadyuvó con los resultados electorales de este año.

“A pesar de las represiones hubo un fortalecimiento muy importante, sobre todo de pueblos indígenas que han resistido la imposición de los megaproyectos. Fue un año marcado por un proceso electoral, en términos federales, evidentemente, y la atención en este proceso ayudó a reducir los riesgos a los que se enfrentan las personas defensoras. Sin embargo, fueron también los pueblos en resistencia –desde sus propios espacios lucha– los que generaron un ambiente favorable para que la sociedad mexicana diera un giro el primero de julio”, aseguró Lara.

LA MUERTE ACOMPAÑÓ AL TRIUNFO

Las cifras de 2017 demostraron que México no era un sitio seguro para quienes defendían la tierra: se pasó de tres muertes en 2016 a 15 en 2017. Para octubre de 2018, sin embargo, la cifra ya alcanzaba los 16 asesinatos. Junto con los éxitos también llegaron los asesinatos y los encarcelamientos.

Los comuneros de Sierra Tarahumara padecieron la muerte de Julián Carrillo, opositor de la tala, la minería y la siembra de droga en su territorio. El pueblo de Zoquitlán, Puebla se enteró de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, quién sostenía una resistencia pacífica al proyecto hidroeléctrico de Coyolapa-Azatlán. La cárcel de Mexicali albergó por algunos meses a León Fierro, activista y denunciante de la construcción de la planta cervecera Contellations Brands.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo un saldo de 161 defensores de derechos humanos asesinados. La corrupción, la impunidad y la insistencia de los proyectos neoliberales se impusieron frente a la vida en muchos ocasiones, denunciaron los especialistas

“El 2018 marcó el cierre de un ciclo en donde el Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto intentó imponer megaproyectos con dos acciones: la represión y la agresión a las personas defensoras de los derechos humanos en diferentes partes del país. La gran mayoría de esos megaproyectos hoy se encuentran suspendidos o cancelados, lo que significó una agresión bastante delicada a todas  y todos los defensores y defensores”, agrega Lara.

De acuerdo con datos de la Red Nacional de Organizaciones civiles de DHHH “Todos los Derechos para Todos y todas” (Red TDT), durante el sexenio peñista en promedio murieron 20 defensores al año, lo que significó dos defensores al mes. También el informe “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente 2017”, realizado por Global Witness, denunció el aumento en los asesinatos por la imposición de los intereses económicos sobre los derechos de las comunidades, cuyos pobladores se ven orillados a defender sus territorios y recursos naturales.

El informe revela que la situación ha ido en detrimento en toda América Latina, donde ocurrieron cerca del 60 por ciento de los 207 asesinatos perpetuados en 2017: Brasil ocupó el primer lugar con 57 casos de defensores de la Amazonia; Colombia, el segundo con 24, y México, el tercero con 15 homicidios de defensores de la tierra.

Otro informe, el denominado “184 Personas Defensoras de DH Ejecutadas Extrajudicialmente en el Sexenio de Enrique Peña Nieto”, presentado por el Comité Cerezo en diciembre de este año, estima que una cuarta parte del total de víctimas [53 personas en esta condición] se relaciona con la defensa de la autodeterminación de los pueblos indígenas, territorio y derecho al medio ambiente. Estos tres rubros son los principales motivos por los que los indígenas continúan siendo asesinados y representan un 20 por ciento del total de todas las muertes.

 

DECISIONES EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

En octubre pasado, Andrés Manuel López Obrador anunció que no se utilizaría la fractura hídrica para la obtención de hidrocarburos en el país. El anunció contraviene a una disposición del anterior gobierno federal, que en marzo pasado anunció la licitación de nueve áreas para al exploración y extracción de los recursos no convencionales como gas shale y shalie oil, que requieren de la técnica de fracking para su obtención.

La decisión ha sido celebrada por organizaciones de la sociedad civil que han alertado de la inyección de químicos al agua utilizada en el método, lo que representa un daño para la salud, el clima y riesgos en el aumento de sismos.

El pasado 7 de diciembre la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) canceló de manera definitiva las rondas 3.2 y 3.3 pendientes en el país. Asimismo, la secretaría de Energía solicito al organismo la exclusión de las 37 y nueva áreas contractuales de las licitaciones. El total de las áreas licitadas cubre un total de 9 mil 513 kilómetros y se ubican principalmente en las cuencas de Burgos, los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Al respecto la Alianza Mexicana contra el Fracking celebró la congruencia del discurso con las acciones del nuevo Gobierno. Claudia Campero integrante de la organización y de la Food & Water Watch, asevera que la decisión ha sido un gran acierto, sin embargo se debe continuar con un campaña que prohiba esta práctica de manera legal.

“La Ronda 3.3 era la primera en licitar hidrocarburos no convencionales en tierra, es decir, que para extraerse requieren de fracking. Es excelente noticia que se haya cancelado. Sin embargo, se requiere que también las asignaciones, lo que está en manos de Pemex, tampoco sea susceptible a usar fracking. Por eso, seguiremos trabajando porque se prohíba el fracking”, dijo Campero.

Los especialistas recalcan que aún es necesario continuar con la vigilancia de esta práctica en el país, ya que en los últimos años, por influencia de su uso de Estados Unidos, se ha presentado como una de las principales alternativas para la obtención de combustible.

LA CONTROVERSIA DE ZAPOTILLO

Desde hace 13 años habitantes de diversas comunidades de los altos de Jalisco han sostenido una lucha frente a la imposición de la construcción de la presa “El Zapotillo”. Bajo la justificación del abasto de agua de potable de la ciudad de León, Guanajuato, el área metropolitana de Guadalajara y 14 municipios del estado de Jalisco se ha querido levantar su pared de concreto a una altura de 105 metros; lo que podría causar la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

En el 2013 los pobladores de Tamacapulín lograron obtener un amparo de la Suprema Corte de Justicia en el que se ordena mantener una altura máxima de 80 metros. Como resultado la obra quedo cancelada. No obstante, en el año 2017, durante la gubernatura de Aristóteles Sandoval, se afirmó que se retomaría la construcción del proyecto en Río Verde con una cortina que superaría los 100 metros.

El destino de la presa volvió a generar controversia durante este año. A mediados de este año se anunció la cancelación del proyecto. Sin embargo, en octubre, el presidente López Obrador anunció que se continuaría con su construcción sin violentar los derechos humanos de los pueblos.

Sobre los opositores de Zapotillo, Antonio Lara argumenta que estos representan “13 años de resistencia comunitaria en los que han demostrado la capacidad de los pueblos de la región de organizarse y mantener el control de su territorio, esto en defensa de su vivienda y su cultura, sin dejar tampoco de proponer un manejo del agua que garantice el derecho a todos de acceder a ella”. Por lo que se espera que la resolución del conflicto contemple las garantías de los afectados.

El 19 de diciembre, el Comité Salvemos Tecamapulin, Acasingo y Palmarejo publicó un comunicado con el que externó su preocupación por la asignación en el Presupuesto de Egresos 2019 (PEF2019) de 500 millones de pesos más para la construcción de la obra, lo que se sumaría a los 40 mil millones de pesos que hasta el momento se han gastado en ese megaproyecto.

En el mismo documento se exige a diputados y diputadas que destinen esos recursos a la reparación integral del daño y a la atención de salud a los pobladores afectados en la cuenca de Río Santiago y la ribera de Chapala en el estado de Jalisco.

LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO

“Seguiremos enfrentándonos a megaproyectos pero ahora se complica aún más porque estos al parecer estarán orientados a reactivar las economías locales y regionales. El reto del nuevo gobierno, por lo que se ve hasta ahora, es entender que para concretar los proyectos deberá llegar a consensos y acuerdos con las comunidades, priorizando el medio ambiente no porque lo obligan las leyes, sino porque en ello va el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Sin embargo, la urgencia de reactivar la economía parece que pasará por sobre la protección del medio ambiente, pero aún tenemos la esperanza de que eso no ocurra.”, reflexiona Omar Arellano.

La cancelación del NAIM despertó las expectativas de la ciudadanía que, sin dejar de cuestionar las consultas públicas, se sintió participe de la toma de decisiones con relación a los megaproyectos.

Lara insististe en que no se puede soslayar todas las pérdidas humanas ocurridas este año. Sin embargo, insiste en que la destacada capacidad organizativa que los pueblos indígenas y campesinos mostraron nos han colocado en un nuevo escenario en el que se confía que “no se harán las cosas como lo hacía la política de Enrique Peña Nieto y sus antecesores”.

“Esperamos que haya un cambio de política pública hacia los movimientos sociales y hacia las resistencias con este nuevo gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Esa es la expectativa de buena parte de los movimientos del país, lo cuál no significa entregarse a manos abiertas al nuevo gobierno. Es importante para el fortalecimiento de la democracia que los movimientos sociales mantengan un planeamiento crítico e independiente al gobierno. Siempre son importantes los contrapesos desde la sociedad organizada. Estos siempre serán muchos más sólidos que los contrapesos institucionales”, afirmó Lara.

Sin duda otra de las discusiones que continuarán en la antesala del nuevo Gobierno será la del Tren Maya, votada en consulta popular, sin considerar los cuestionamientos previos de las comunidades indígenas.

Omar Arellano, hace una reflexión sobre este y los nuevos proyectos que lleguen a plantearse: “Todo megaproyecto representa un impacto negativo tanto ambiental como social, aún cuando éste conlleve beneficios significativos a la sociedad, pone ello es indispensable estimar los impactos negativos y externalidades que se generan en su ejecución y operación. Por lo anterior, los proyectos de esta envergadura deben planearse detalladamente y valorar las medidas de mitigación o compensación socioambientales. Se debe poner a disposición con la mayor transparencia los proyectos que empiezan a echarse a andar en nuestro país con el nuevo gobierno. Que se permita la discusión y la apertura para hacer las recomendaciones y acciones necesarias para apuntalar los proyectos de la mejor manera.”

 

Fuente:https://www.sinembargo.mx/05-01-2019/3516464?fbclid=IwAR1QE_0m8Kwk8EDO1LSRATZxYOWuwyE1vG5-hwVyUcLO-csfrTtWCCc5i6U

Argentina

Detrás de los despidos en Agroindustria, el extractivismo minero

Autor: No a la Mina.org

Los más de 900 despidos en Agricultura Familiar dejan al descubierto el abandono a pequeños productores y productoras del campo; qué significa este ajuste de Nación y por qué, al menos en la Patagonia, aparece como un guiño a la explotación minera.

Un muy interesante análisis realizado por Julieta Lucero y Fabricio Cardelli para Revista Cítrica.

 

“A cualquier sujeto empresario que ve números es difícil hacerle entender el sector de la agricultura familiar. Es un sector que hay que apoyar, acompañar y, en algunos casos, subsidiar porque la gente en el territorio es un bastión de soberanía”, afirma Ruth Guerrero, esquelense, patagónica, parte de los 900 despedidos de la ahora Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación.

¿Por qué habla de soberanía? Tiene 55 años, es maestra mayor de obra y hasta abril de este año fue técnica del Ministerio de Agroindustria en Chubut. Con 25 años en el Estado, trabajó con productores rurales de la cordillera, de la meseta, del valle del Río Chubut y de las costas del Golfo Nuevo. Sabe de economías regionales y de territorios en disputa. Y conoce la meseta central norte, zona codiciada hace 15 años por mineras transnacionales.

Con un año de crisis, altas tasas de desempleo y una gran conflictividad social en las calles, en la provincia de Chubut docentes y asambleístas ambientales hablan de una “crisis diseñada” para habilitar el Proyecto Navidad, de Panamerican Silver, emplazado precisamente en la meseta central. La ley provincial XVII-Nº 68 (ex 5001), que se ganó en 2003 con la lucha histórica del No a la Mina, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Pero el lobby minero, con el abierto apoyo del Ejecutivo nacional, quiere modificarla. La mayoría de los legisladores y legisladoras, encargados de la eventual modificación, hacen silencio. Es en este marco de constante tensión en que se insertan los despidos de Agricultura Familiar.

Trabajo en disputa

“A pesar de todos los años en el Ministerio de Agroindustria, tengo que demostrar que fui trabajadora”, cuenta con bronca Ruth. Como le pasó a tantas otras personas precarizadas de contrato anual, haber tenido en la práctica una relación de dependencia con el Estado nacional no le garantizó derechos laborales a la hora del despido. Hasta abril cobraba por mes, tenía vacaciones y recibía aguinaldo, pero cuando la echaron no le reconocieron los 25 años de antigüedad. “Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí”, se descarga. 

Para desmarcar prejuicios y estigmas, el trabajo de Ruth nunca fue de oficina ni su trayectoria acotada a una sola gestión. Empezó en Esquel, donde nació, y recorrió distintos proyectos, programas del Estado y regiones hasta llegar a Gaiman, donde actualmente vive. En Agricultura Familiar su tarea consistía en asistir de forma técnica a productores agropecuarios, pescadores o artesanos cuyas relaciones productivas estaban organizadas en unidades familiares. Verduras, frutas, miel, langostino, lana, carne de oveja, artesanías: a cada unidad productiva una familia, a cada territorio un tipo de producción.

Uno de los objetivos que debía cumplir Ruth era anotarlos en el Registro Nacional de Agricultores Familiares (RENAF), en el Monotributo Social Agropecuario, hasta ese momento gratuito. Se trata de un sistema que le permite al Estado saber dónde están, qué hacen y qué políticas públicas podrían necesitar, mientras que a los productores y productoras les permite acceder, entre otras cosas, a subsidios, créditos y circuitos de comercio formal.

En Chubut, los despidos en agricultura familiar afectan a 2.500 familias rurales

Para cumplir con ese objetivo, en los últimos años le tocó recorrer el Valle Inferior del Río Chubut y el departamento Biedma, al noreste de la provincia. Tenía que visitar cada campo, hablar con cada familia y registrar lo que producían mediante el uso de georeferenciación. Para eso necesitaba vehículo, nafta, celular e internet. No siempre los tenía: “Mucho tiempo no hubo vehículo. Mi auto, así como lo ves, es de laburar en el campo, de salir a trabajar. La Partner que pusieron a cargo mío vino mucho después. La impresora, la máquina de fotos, el GPS, todo es del técnico”. Los viáticos también eran un problema. “Me deben todos los viáticos de 2015, todos los pasajes que pagué y que fueron rendidos, no me los pagaron nunca”, dice Ruth. Calcula una deuda de, “en ese momento, 90 mil pesos”.

El trabajo de Ruth era tan especial como el perfil del productor o productora con quien trabajaba. Al tener una organización familiar y no separar la producción de la reproducción de la vida, lo que se considera cotidiano, sin valor de mercado, -como las tareas de cuidado- emergía constantemente. Por eso, según cuenta, se trataba de un abordaje integral: “Agricultura Familiar es multidisciplinario. Hay trabajadores sociales, sociólogos, ingenieros zootecnistas, veterinarios, agrónomos”. Además, en muchos casos se trata de personas que viven en zonas de difícil acceso y con poca presencia del Estado en términos de salud, educación e infraestructura.

Aunque precarizado, Ruth tenía un trabajo clave para el desarrollo de agricultura familiar y las economías regionales. Su despido y el de tantos otros y otras no sólo impacta en su vida, en su familia, en su desarrollo personal. En el caso de Chubut, se estima que impacta en 2500 unidades productivas, 2500 familias rurales.

Despidos estratégicos

Son muchas las personas que están en la misma situación que Ruth. Según cifras de ATE, Agricultura Familiar tenía 1450 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Entre febrero de 2016 y agosto de 2018 echaron a más de 910 personas, o sea, a más del 62 por ciento. El impacto del recorte es aún más duro en la Patagonia: entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, echaron a casi el 80 por ciento.

En Chubut, con Fernando Martín Ferrera como coordinador de área, despidieron a 23 de los 29 trabajadores y trabajadoras. Se conservó el puesto de los cuatro delegados gremiales (ATE y UPCN) y de dos administrativas, una de ellas la esposa de Ferrara, Dalila Griffiths. El coordinador, aún en su cargo, fue precandidato a intendente de Gaiman por Cambiemos y sigue con aspiraciones electorales para 2019. 

Con los despidos en agricultura familiar, el Gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que tomó más de 20 años construir.

Si no hay trabajo en el territorio, ¿qué administran?”, se pregunta Ruth. No es la única que se hace esa pregunta. Belén Cussirat, una de las delegadas de ATE aún en funciones, contó hechos de persecución. Al parecer, una de las administrativas habría elaborado un informe en el que detallaba la falta de elementos inventariados. Con ese documento, los denunció penalmente por robo. En respuesta, despedidos y despedidas ocuparon pacíficamente la delegación de Esquel y, para demostrar que el informe era falso, tuvieron que hacer una presentación con fotos en la Secretaría de Trabajo.

A nivel nacional se pudo revertir el despido del 10 por ciento, en su mayoría echados en 2016. Algunos fueron reincorporados por vía judicial, otros por temas de salud y dos por cuestiones de tutela gremial. En el caso de Chubut, sin embargo, no hay optimismo. Los delegados de ATE creen que pronto serán despedidos.

Territorio en disputa

Con los despidos en Agricultura Familiar, el gobierno de Cambiemos rompió con una estructura que, según explica Ruth, tomó más de 20 años construir. El argumento que dio Nación fue la tan escuchada necesidad de cumplir con las metas fiscales impuestas por los organismos financieros internacionales. El cambio de gobierno implicó que se hable de una política de lo eficiente. En esos términos, el apoyo estatal para el desarrollo de cierto tipo de productores rurales parece ser vista como un gasto.

¿Quiénes representan más claramente ese “gasto” en Chubut? Para las personas despedidas de Agricultura Familiar, no son sólo ellas y los productores y productoras, sino especialmente los trabajadores y trabajadoras rurales de la meseta central, territorio ancestral mapuche tehuelche, de horizontes amplios y secos, donde se encuentra emplazado el Proyecto Navidad de Panamerican Silver. Uno de los ejes de las capacitaciones que recibieron en 2015, cuenta Ruth, fue el asistencialismo. “Ahí ya te das una idea de cuál es su perspectiva. La meseta está ‘asistencializada’. Ellos serían felices si sacaran a toda la gente de la meseta y la trajeran para acá, a un cinturón de pobreza de sirvientas y cortadores de pasto”, dice con ironía.

Cinco años más y me jubilaba. Me cortaron toda la posibilidad, todos los años que yo trabajé quedan ahí

Como sucede en otras aglomeraciones urbanas, en la periferia de Trelew, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia vive una gran cantidad de personas que ha sido expulsada del campo, incluso despojada de su tierra. Son hombres y mujeres, muchos y muchas de origen mapuche tehuelche, que migran en busca de mejor trabajo, educación y salud, que pasan de ser trabajadores rurales a ser trabajadores urbanos. Teniendo en cuenta esa migración y las políticas públicas necesarias para acompañarla, el ajuste de Nación parece imitar procesos menemistas. No sólo se trata de un “gasto”, sino de quién lo hace. Se podría pensar que para cumplir con metas financieras del FMI, se cambia el recorrido del dinero: rompe Nación, paga provincia. En este caso, una provincia endeudada en dólares, con tasas de desempleo de las más altas del país y la necesidad periódica de refinanciar su deuda con el Estado nacional.

Así, volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué dice Ruth que “la gente en el territorio es un bastión de soberanía”? Lo que caracteriza a la agricultura familiar es una estrecha relación entre el trabajo y la tierra, con límites difusos entre la producción y la reproducción de la vida, cosa que rara vez produce regalías. En 2018, ya no se rompen esas relaciones con la llegada de Roca y el capitalismo, ya no se despeja el territorio con genocidio modelo siglo XIX. O menos. La sutilidad posmoderna parece recortar presupuesto sobre el territorio en disputa y, en el caso de Chubut, fomentar la minería metalífera, en favor de empresas transnacionales, aún cuando está prohibida por ley gracias al No a la Mina de 2003.

“La meseta, si no fuera por la minería, no sé si les interesa. ¿Qué hace la gente ahí, criando 60 chivos, 20 ovejas?”, pregunta Ruth. Y también responde: “La gente vive ahí porque es su identidad ese territorio, son pueblos de ese territorio. No hay nada que construya más dignidad y que construya nacionalidad -no desde la mirada del ciudadano y la ciudadana, sino desde el concepto de Nación-, que la gente ocupando el territorio. No hay otra”.

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/item/42307-detras-de-los-despidos-en-agroindustria-el-extractivismo-minero

Colombia

‘A los líderes sociales no los han matado tanto por minería o coca como por tierras’

Autor: Natalia Arbeláez Jaramillo, La Silla Vacía.com

El asesinato de líderes sociales es una constante en los medios de comunicación, pero como dice Juan Fernando Vargas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, la información sobre esas muertes se da sobre todo a partir de la narración de casos aislados, y son pocos los estudios sistemáticos y rigurosos para entender el alcance y las razones de lo que está pasando.

Vargas, con otro grupo de profesores de esa facultad, estudiaron la situación desde enero de 2011 hasta diciembre de 2017. Según los autores, es improbable que sus conclusiones se modifiquen si el estudio se actualiza hasta el 2018. Su artículo “Killing social leaders for territorial control: the unintended consequences of peace”, que revisó los datos de asesinatos de líderes sociales entre 2011 y 2017, permite entender cuándo aumentaron, dónde han ocurrido, por qué razones y quiénes están detrás.

A partir de la lectura del documento y de la conversación con Vargas, que asegura que sus hallazgos siguen vigentes hoy, La Silla Académica presenta siete conclusiones sobre el asesinato de líderes sociales.

 

1

El asesinato de líderes sociales se disparó cuando las Farc dejaron de disparar

Esos asesinatos se dispararon cuando las Farc decretaron el cese al fuego unilateral y permanente el 20 de diciembre de 2014, y no han dejado de crecer desde entonces.

Gráfico elaborado por los investigadores

Que la entonces guerrilla dejara de disparar fue un incentivo suficiente para que esos asesinatos empezaran a crecer, y ni el desarme ni la implementación del Acuerdo de paz cambiaron la velocidad de crecimiento. Por eso, la idea usual de que estos fueron los momentos clave oculta que el problema viene de atrás.

2

Se ha dado en lugares donde estaban las Farc y en la cercanía de otros grupos ilegales

A los líderes sociales los han matado en mayor proporción en los lugares en los que estaban las Farc antes del cese al fuego y, que además son cercanos a lugares con presencia de otros grupos armados. La presencia de las Farc se entiende como los municipios en los que había realizado, al menos, una acción armada entre 2011 y 2014.

La hipótesis para explicarlo es que con el cese al fuego las Farc enviaron la señal de que eventualmente dejarían las armas, lo que otros grupos armados -como las bandas criminales de origen paramilitar y el ELN- vieron como una oportunidad para adueñarse de esos territorios.

Y una estrategia para hacerlo fue asesinar sistemáticamente a civiles, especialmente, líderes.

3

Y bajó donde había otros grupos y no Farc

El asesinato de líderes sociales disminuyó, en cambio, en los lugares donde sólo había presencia de ELN y/o bandas criminales pero no de las Farc. El estudio muestra que en esos municipios cayó la tasa de homicidios de líderes después del cese al fuego en un 0.06 por cada 100 mil habitantes (relativo a la población municipal promedio de estos municipios), sugiriendo que estos grupos sustituyeron su actividad violenta hacia lugares donde estaban las Farc.

Esto es equivalente a poco más de la mitad del aumento observado en lugares con presencia de las FARC, equivalente a 0.11 líderes asesinados por cada 100 mil habitantes después del cese al fuego.

La hipótesis es que esos grupos tienen una capacidad bélica limitada, y privilegiaron adueñarse los territorios que dejaban las Farc, disminuyendo su capacidad de asesinar líderes en otras zonas.

Sin embargo, el estudio no tiene en cuenta lo que hayan hecho las disidencias de las Farc, por ser un actor nuevo del que no había información suficiente y sistemática.

4

Aumentó desproporcionadamente donde la justicia es más cuestionada

Donde más han asesinado líderes son los lugares en los que, proporcionalmente, la justicia es más cuestionada, es decir donde hay más investigaciones disciplinarias contra jueces, comparados con otros funcionarios públicos ante la Procuraduría (en la gráfica, aparece en verde el promedio de homicidios de líderes en los municipios de mayor cuestionamiento judicial en los que había presencia de las Farc y estaban en la cercanía de otros grupos armados).

Gráfico elaborado por los investigadores

La hipótesis de los investigadores, es que en esos lugares las personas tienen menos incentivos para denunciar delitos..

5

No los han matado tanto por minería o coca como por tierras

En los sitios en los que estaba las Farc y son cercanos a la presencia de otros grupos armados, y además hay solicitudes de restitución de tierras, hay en promedio más líderes asesinados que en los que no hay solicitudes.

Gráfico elaborado por los investigadores

En contraste, no hay diferencias importantes en donde hay o puede haber minería (municipios con minería legal o ilegal, o donde hay títulos mineros) o coca (municipios aptos para su cultivo, tuvieran o no coca en esos años).

6

Donde hay solicitudes de restitución de tierras las bandas criminales son los principales asesinos

En los sitios donde hay solicitudes de restitución de tierras los principales asesinos son las bandas criminales de origen paramilitar, y no el ELN.

Vargas explica que en los lugares donde estaba las Farc, en los que hay solicitudes de restitución de tierras, y son vecinos a lugares con presencia de bandas criminales, a partir del cese al fuego la tasa de homicidios de líderes respecto de la población municipal aumentó en 0.32 por 100 mil habitantes. Esto es el triple del aumento promedio encontrado por los autores del trabajo en los municipios que tenían presencia de las Farc y estaban expuestos a otros grupos armados.

Su hipótesis es que en esos lugares dichas bandas están al servicio de élites locales que tienen intereses de concentración de tierra.

7

Los líderes comunales son las principales víctimas

Han asesinado más líderes comunales que otro tipo de líderes, como afros, indígenas o de otras organizaciones, como líderes sindicales o ambientalistas.

 

Gráfico elaborado por los investigadores

La hipótesis del estudio es que tras el vacío de autoridad dejado por las Farc y el abandono histórico del Estado, los líderes comunales adquirieron mayor visibilidad pues son quienes gestionan las demandas de la gente en los territorios, lideran la resistencia civil y posibilitan la acción colectiva.

Eso es, justamente, lo que encontró La Silla Vacía en la investigación sobre el asesinato de líderes publicada en agosto.

Fuente:https://lasillavacia.com/silla-academica/universidad-del-rosario/los-lideres-sociales-no-los-han-matado-tanto-por-mineria-o

Chile

Polémica por reconocimiento parroquial de Andacollo a transnacional minera acusada por contaminación

Autor: El Ciudadano.cl
Conflicto Relacionado: Andacollo-dayton

Para Vecinos por Andacollo no es comprensible que el Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol, haya otorgado un reconocimiento de la Iglesia Católica a la transnacional Minera con la serie de antecedentes públicos que la hacen responsable directo de la contaminación ambiental y daños a la salud, contradiciendo de esta forma la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco.

Sorpresa causó el pasado 26 de diciembre del 2018 entre los presentes en la liturgia de celebración de la fiesta grande de la Virgen de Andacollo, que dentro de los reconocimientos a laicos e instituciones que a lo largo de los años han destacado por su compromiso con la Iglesia de Andacollo -y que fueron otorgados por el Misionero Claretiano, Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol-, se haya destacado a la Transnacional Minera TECK.

El galvano de reconocimiento fue recibido por Paulo Barraza, Gerente de Gestión Comunitaria de Teck Carmen de Andacollo, hecho que fue difundido por el medio impreso y digital “Andacollo Conectado” de propiedad de la minera y dirigido por el propio Barraza. El “reconocimiento” también incluyó a representantes de otras instituciones públicas, sociales y eclesiásticas, como el alcalde de la comuna y al Arzobispo de La Serena, René Rebolledo.

La polémica se suscita ya que en el marco de esta festividad religiosa, la agrupación “Vecinos por Andacollo”, así como religiosos, laicos e integrantes de organizaciones sociales de la comuna, hicieron un llamado público previo al inicio de la festividad por la Virgen del Rosario (del 23 al 27 de diciembre del 2018), invitando a tomar conciencia frente a las condiciones de contaminación causadas por la mega industria minera y que ha venido afectando severamente la calidad de vida de la población

En efecto, referentes de organizaciones sociales de la comunidad andacollina habían manifestado que las autoridades religiosas no pueden guardar silencio ni complicidad frente a la gravedad que se vive en esta comuna a causa de la contaminación provocada por el extractivismo minero y recordaron la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco, sobre el “Cuidado de la Casa Común”, la que se dirige en primer orden a los fieles católicos, cuya propuesta de la Encíclica es la de una «ecología integral», que incorpora claramente las dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas con la situación ambiental.

Responsabilidad de transnacional minera en contaminación de Andacollo

Recordemos que el Estado chileno declaró como “zona saturada” en 2009 a la comuna de Andacollo, a causa de la grave contaminación por polución, que incluye diversos componentes de metales pesados, y cuyos planes de descontaminación (2015) han sido insuficientes para asegurar vivir en un medio ambiente libre de contaminación y proteger la integridad de los habitantes de manera efectiva, según han denunciado Vecinos por Andacollo.

Desde la organización han argumentado que la principal causa de esta situación es la extracción industrial de minerales en las inmediaciones de zonas pobladas, explotadas por dos empresas transnacionales: Teck y Dayton, todo, bajo la responsabilidad estatal que involucra a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).

Cabe señalar que en el período del 2010 al 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicó a Andacollo entre las 20 ciudades con mayores problemas de Latinoamérica en materia de contaminación, y que durante el año 2018 se registraron varios casos de contaminación por polución a causa de las tronaduras con explosivos efectuadas por la empresa canadiense Teck, ocurridas en agosto y marzo del año pasado, generando varios problemas en las zonas pobladas.

Para Vecinos por Andacollo, existen datos epidemiológicos oficiales, pero insuficientes, discontinuos y precarios, que confirman una descoordinación por parte de instituciones públicas competentes, con datos parciales y algunos acomodados a los intereses de la industria minera.

Sin embargo, en varios aspectos dan cuenta de una realidad alarmante con respecto a la calidad de vida y salud de la población y que se arrastran hasta el presente, dando cuenta a modo de ejemplo, que la mortalidad infantil pasó de 6,1% en 2002 a 26% y 24,8% en 2004 y 2006.Asimismo, ya se lideraba las estadísticas de tasa de muertes por enfermedades respiratorias en Chile, considerando que la tasa de mortalidad anual por enfermedades respiratorias en la región de Coquimbo fue de 48.5 por cada 100,000 habitantes entre 1997 y 2005, mientras que en la comuna de Andacollo esa cifra sube a 95.9 por cada 100,000 habitantes, según datos proporcionados por la Secretaria Regional Ministerial de Salud el año 2014.

Para los vecinos, frente a esta realidad, el plan de descontaminación que partió el año 2015, se hace bajo un marco normativo local insuficiente y permisivo, que no atiende el estándar internacional de derechos para medidas de reparación y que no cumple con las exigencias establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), agregándose además que no se ha regulado eficientemente la explotación minera en este territorio, por el contrario, “se sigue expandiendo con mayor peligro a zonas urbanas, bajo criterios irracionales e insaciables de lucro”.

Reiteran llamado a autoridades religiosas

Para Vecinos por Andacollo no es comprensible que el Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol, haya otorgado un reconocimiento de la Iglesia Católica a la transnacional Minera con la serie de antecedentes públicos que la hacen responsable directo de la contaminación ambiental y daños a la salud, contradiciendo de esta forma la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco.

“Existen numerosas pruebas, documentos, fotografías, testimonios de afectados, filmaciones del avasallamiento y de los accidentes que producen las empresas mineras, aquí mismo, en las inmediaciones donde está la Virgen del Rosario de Andacollo y no es posible que un representante de la Iglesia en esta comuna no haya visto esta situación”, señalaron desde la agrupación, adelantando que están dispuestos a compartirle esos antecedentes de manera personal al sacerdote.

“En caso que aún no tenga conocimiento de lo que ocurre en este territorio, incluyendo los numerosos impactos generados por los incidentes relacionados con la sismicidad inducida por la minería -las tronaduras-, percibidas a kilómetros de distancia y que progresivamente siguen generando deterioros de inmuebles, poluciones y constantes fenómenos de eventos de gran magnitud y estallidos de roca”, indicaron.

“La fe es incompatible con este tipo de negocios”, agregaron desde Vecinos por Andacollo, quienes agregaron que, contrariamente a la posición pasiva o de complicidad de autoridades religiosas en la Región de Coquimbo, varios sectores de la Iglesia Católica han denunciado activamente la explotación irracional y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el extractivismo.

La Iglesia Católica Latinoamericana ya denunció la expansión acelerada de las actividades extractivas, de forma irracional, que afectan negativamente al medio ambiente y a las poblaciones, lo que fue expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período de sesiones y las audiencias públicas.

Asimismo, en esa línea, el arzobispo de San Salvador impulsó un proyecto legislativo de prohibición de explotación minera metálica en su país con el objeto de protegerlo contra la grave contaminación del medio ambiente. En países como Ecuador, Costa Rica y Perú, entre otros, representantes de la Iglesia han manifestado su preocupación por los efectos ambientales de la minería.

El Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), también perteneciente a la Iglesia Católica, en un documento oficial, señala: “Las actividades extractivas mayormente son realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder económico de éstas, se observa un debilitamiento de los estados nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno local”.

“Muchas veces los gobiernos nacionales no cumplen satisfactoriamente su función de generar y exigir el cumplimiento de las normas nacionales de protección del ambiente, permitiendo la flexibilización de los marcos regulatorios y usando los vacíos legales a favor de las empresas, en lugar de defender y proteger los derechos de la población, responsabilidad fundamental de todo Estado”, concluye la declaración de Vecinos por Andacollo.

Fuente:https://www.elciudadano.cl/chile/polemica-por-reconocimiento-parroquial-de-andacollo-a-transnacional-minera-acusada-por-contaminacion/01/05/

Mexico

Exigen cancelar concesiones mineras

Autor: Octavio Vélez, NVI Noticias

La Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) demandó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la cancelación de las concesiones mineras en sus territorios, porque se otorgaron pasando por encima de sus derechos.

“Para nosotros la minería no ha sido sinónimo de eso que llaman desarrollo”, afirmó el presidente de ese organismo, Juan Pérez Luna.

El dirigente dijo que las comunidades zapotecas de la Sierra Juárez, como en otras regiones indígenas del estado, han rechazado la actividad minera porque las concesiones fueron otorgadas sin consulta y consentimiento, pero también por la experiencia dejada de explotación y contaminación en los últimos 200 años.

“Los serranos amamos nuestros montes y no permitiremos que en aras del interés transnacional, se siga pasando por encima de nuestros derechos”, asentó.

Por eso, exigió que se retiren esas concesiones mineras y no se vuelva a otorgar ni una más en territorios indígenas.

De igual manera, rechazó la construcción de la carretera de cuota Tuxtepec-Oaxaca y la construcción de presas en los ríos de la región.

“Los ríos están vivos y son las venas que alimentan nuestra madre tierra”, señaló.

Además, requirió al presidente López Obrador retirar el Ejército Mexicano en la región, porque no debe tener funciones de policía,  pues su función es resguardar la seguridad nacional, no la seguridad  interior.

“Lo invitamos a que rectifique su política de seguridad y retire inmediatamente al ejército de una de las regiones más seguras de este país, gracias a nuestra forma de organización comunitaria”, apuntó.

Aparte de esto, subrayó que si bien la iniciativa de López Obrador para pavimentar las carreteras a las cabeceras municipales tiene puntos destacables, muchas comunidades siguen sin carreteras y aisladas, principalmente en el Rincón Alto de la Sierra Juárez, debido a los derrumbes ocurridos

Chile

Organizaciones sociales emplazan a ministra de medio ambiente por Parque Andino Juncal

Autor: Cristóbal , Misanfelipe.com

El Valle del Juncal se encuentra hoy en peligro, pues un proyecto de introspección minera de la empresa Nutrex SPA que se está realizando colindante al Parque Andino Juncal, en terrenos de la Ganadera Tongoy; el cual hasta ahora ha destruido gran cantidad de flora y modificado e invadido el hábitat de toda la fauna del lugar.

El Parque Andino Juncal, declarado Sitio Ramsar para la conservación en el año 2010, es un área protegida gracias a la intervención del Estado; por lo que cualquier proyecto al interior de este o que genere afectación a las formas de vida que se cobijan al interior del Parque, requiere una evaluación de impacto ambiental (EIA).

Es por esto es que organizaciones sociales agrupadas como “Raíces de Aconcagua” exigen a la ministra de medio ambiente Carolina Schmidt un EIA, ya que ella debe dar las garantías de protección a los glaciares debido a que son patrimonio ambiental protegido por mandato constitucional; además de garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales con la comunidad internacional, referidas a la convención Ramsar, siendo en ella en quien recae dicho mandato en la ley.

La comunidad del valle de Aconcagua y amigos del Valle del Juncal manifiestan su profundo rechazo a todo proyecto que amenace y ponga en peligro el patrimonio natural del sector, que posibilita la primera y última afluente de agua limpia que alimenta al río Aconcagua.

El valle el Juncal da vida a cinco humedales, hábitat indispensables para la diversidad biológica que se deben proteger: Vega La Roca, Vega de la Paz, Vegas de Nacimiento, Vega Mardones y Vega Las Canchitas. Entre estos humedales y al interior del Parque Andino Juncal, de acuerdo a un catastro realizado entre el año 2002 y 2003, se albergan 68 especies vegetales; entre ellas dos tipos de astromelias, añañucas, lirios del campo, chuquiragas y soldaditos de cordillera. Además se desarrolla la vida de 42 tipos de pájaros; como el chorlito cordillerano, el chirihue cordillerano y el pato cortacorriente, junto a la de 10 mamíferos y 5 especies de reptiles. Un total de más de 100 tipos de formas de vida, entre flora y fauna, cuya existencia está en peligro hoy.

 

Fuente:https://misanfelipe.com/2019/01/04/organizaciones-sociales-emplazan-a-ministra-de-medio-ambiente-por-parque-andino-juncal/

Mexico

Exigen comuneros de Chimalapas detener exploración minera en la Cristalina

Autor: Diana Manzo Agencia Istmopress.com

Comuneros  y autoridades de los bienes comunales de San Miguel Chimalapa hicieron un llamado urgente a las autoridades mexicanas y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  intervenir y detener la exploración minera del proyecto Santa Martha que impulsa la empresa  “Minaurum Gold” que se  esta realizando en el punto denominado como “Jakita mar de cobre el horizonte” en el poblado de la Cristalina.

Precisaron que para tal exploración minera no se ha cumplido con los lineamientos de los tratados internacionales de realizar una consulta libre, previa e informada conforme a los tratados internacionales y al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo .

El proyecto Santa Marta,  abarcaría los territorios “La Cristalina, San Antonio, Sol y Luna” en San Miguel Chimalapa y también en territorio del municipio de Zanatepec que en total suman 30 mil hectáreas con 5  títulos mineros , en donde también las  autoridades  de este segundo municipio tanto agrarias y municipales han rechazado la  explotación minera.

Los minerales que pretenden extraer en esta zona  van desde  Cobre, Oro y Plata  y será a cielo abierto,  por lo cual las autoridades comunales  señalan que será un daño al medio ambiente irreversible.

En un comunicado publico, el presidente de los bienes comunales, Antonio Gutiérrez Juan y todas las autoridades agrarias de San Miguel Chimalapas señalaron que con base a su reglamento interno del estatuto comunal y el convenio 169 de la OIT.

“Rechazamos rotundamente la explotación, industrialización  y contaminación minera en nuestro municipio de San Miguel Chimalapa, a nosotros nadie nos ha consultado, aquí no hubo consulta sino una imposición y exigimos se detenga, están por contaminar nuestros afluentes naturales y el territorio, no lo vamos a permitir”, expresaron.

Los otros municipios que resultarían afectados en su flora y fauna serían  Ixhuatán, Unión Hidalgo, Zanatepec, Tapanatepec, Reforma de Pineda, Niltepec, San Francisco del Mar,  San Miguel Chimalapa  y Zanatepec.

Las autoridades comunales  de San Miguel Chimalapa reiteraron que no permitirán que explore nada mucho menos que explote su tierra y territorio.

“Vamos a pelear por la defensa de nuestra tierra, por eso estamos pidiendo al gobierno federal y a la ONU su intervención, la minería a cielo abierto es la muerte, no vamos a permitir que nuestro territorio muera o desaparezca por unas cuantas personas que han recibido dinero y que han dicho sí a nombre de todo el pueblo”, recalcaron.

 

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/exigen-comuneros-de-chimalapas-detener-exploracion-minera-en-la-cristalina/?fbclid=IwAR3ZoHpN9myhh7Izd6wtor1GxEYQjGe9Zebpzz8PzPZo5T5TMyk1wfXCRSE