Costa Rica

Daño ambiental en Crucitas sería mucho más grave de lo que el Gobierno ha informado

El daño ambiental en la zona de Crucitas, en Cutris de San Carlos, sería mucho más grave de lo que el Gobierno ha informado y supondría un riesgo para la salud de los habitantes de aquella región.

Contaminación con Mercurio (mayor a la estimada) debido a la minería ilegal; presencia de drenaje ácido y dispersión de metales tóxicos a otras áreas es lo halló un grupo interdisciplinario ajeno al  gobierno y compuesto por expertos de la Universidad Nacional de costa Rica y la U.de Cornell en Ithaca(new York)que financió el estudio.

Parra ellos la situación está poniendo en riesgo » el equilibrio ecológico de la región a un grado mayor al estimado anteriormente», según un documento al que tubo acceso La Nación.

 

Fuente:https://www.nacion.com/el-pais/nuevo-informe-advierte-de-grave-contaminacion-con/KH2JXXXBIJFEVFVEOISW2AHS3A/story/

Internacional

“Las multinacionales financian el conflicto del Congo para conseguir los minerales”

Alcatel, Ericsson, Siemens o Nokia son empresas punteras en telefonía móvil. Todas se encuentran cada año en el Mobile World Congress de Barcelona, la convención más importante del sector. Pero, detrás de nuestros móviles, ¿qué se esconde? La periodista congolesa y defensora de los derechos humanos Caddy Adzuba, denuncia entre amenazas las consecuencias de la explotación ilegal del coltán.

Si trazamos el camino inverso de la producción, inevitablemente, llegamos a la República Democrática del Congo, que concentra el 80% de las reservas mundiales de coltán, un mineral fundamental para la elaboración de productos electrónicos. Los recursos minerales juegan un papel clave en la prolongación del conflicto más mortífero del mundo. Una periodista congolesa y defensora de los derechos humanos, Caddy Adzuba, lo ha denunciado, bajo amenazas pero incansablemente, a través de la frecuencia de Radio Okapi y en todo el mundo. En 2014, cuando recogió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, como siempre, habló claro: “Permitidme pedir cuentas a ciertas empresas multinacionales, que, en la búsqueda de sus intereses, han contribuido a asolar a sangre y fuego este grande y bonito país arrebatando la vida a más de seis millones de personas y la dignidad y el honor a más de 500.000 mujeres violadas”.

A menudo, los medios de comunicación olvidamos los conflictos de larga duración, como el de la República Democrática del Congo. Tú convives con él desde el año 1996, ¿qué recuerdas?

Más de seis millones de muertos, mujeres violadas, niños soldado, desplazados… Todos los congoleses que nos quedamos en el este del país, en Kivu, hemos vivido horrores. La guerra es algo que nadie puede desear ni a su peor enemigo, porque deja unas huellas imborrables: todo lo que vivimos y vimos, los familiares y amigos que perdimos… Conocí la primera guerra en 1996, cuando era muy pequeña. La llamaban de liberación, para derrocar al dictador, pero entonces no sabía ni qué significaba. Me levanté un día con el ruido de las balas y las bombas, en medio de una historia confusa que no entendía. Le pregunté a mi padre qué pasaba y me respondió: “Esto es la guerra”. Mi casa fue destruida y mi padre decidió que teníamos que marcharnos porque la ciudad era cada vez más insegura. Comenzamos una marcha a pie y, a veinte kilómetros de mi ciudad, caímos en una emboscada. No entendíamos nada, ni quién luchaba contra quién. Empezaron a disparar contra nosotros y me separé de mi familia. Me fui con un grupo de gente desconocida a través del bosque. Fueron más de 1.000 kilómetros a pie y hasta un año después no pude reencontrarme con mi familia, cuando ya pensaban que yo había muerto.

¿Las circunstancias te empujaron a estudiar derecho y a dedicarte al periodismo?

Cuando volví, muchas compañeras habían sido víctimas de la violencia sexual y otros chicos habían sido enrolados en grupos armados. Volvimos a la escuela y la mitad de la clase ya no estaba. Vivíamos con miedo, nos encerrábamos en casa a partir de las seis de la tarde. No podía soportar vivir así. En esa época, tenía dieciséis años y comencé a pensar qué hacer. Me concentré en mis estudios y me propuse ser jueza para juzgar a los criminales, todos aquellos que se habían llevado a mis amigos. Durante un tiempo, esa fue mi motivación. Después de la huida del dictador, comenzamos un ciclo durísimo de violaciones de los derechos humanos. Cuando ya tenía el bachillerato, pensé que era el momento de movilizarse. Para ser jueza, me faltaban cinco años en la universidad; así pues, pensé en la radio como un medio para denunciar la situación. Empecé a negociar una plaza en la radio nacional y, finalmente, después de insistir durante meses, me cogieron de prácticas. Conseguí algunos espacios para cubrir la violencia sexual contra las mujeres y la utilización de niños soldado.

Finalmente, has conjugado el periodismo y la justicia a través de la Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Este del Congo.

He tenido que enfrentarme al machismo y hemos tenido que organizarnos para combatirlo y denunciarlo. La asociación ha presentado casos de violación de los derechos humanos y, específicamente, de violencia sexual ante la Corte Penal Internacional y el Senado de los Estados Unidos.

Aunque para la resolución de conflictos es imprescindible abordar las causas, del conflicto en la República Democrática del Congo ¿conocemos más las consecuencias?

Podemos comparar una guerra a una situación de enfermedad. Cuando estamos enfermos, no podemos curar solo el síntoma, no podemos siquiera controlar la fiebre, sino que tenemos que buscar el origen, la causa de la enfermedad, para combatirla. Cuando sepamos de dónde viene la fiebre, podremos curar. Asimismo, si queremos cortar la hemorragia, tenemos que ir a buscar las causas. Podemos trasladar esta ecuación a mi país, donde la guerra no acaba, sino que ya hace veinte años que dura, dos décadas de sufrimiento.

“En todos los países donde hoy en día hay conflictos, se esconden intereses económicos sobre recursos escasos: Siria, Iraq, Colombia, el Congo…”

Las causas de conflicto en mi país son multidimensionales. Hay causas vinculadas a la codicia internacional por los recursos mineros, hay causas relacionadas con el conflicto étnico interno, las hay en relación con la fragilidad política interna y la inestabilidad regional. Cada estructura o actor implicado debe reconocer su responsabilidad en el conflicto. Cuando todos los actores implicados se planteen la pregunta, podremos sentarnos alrededor de una mesa para establecer un diálogo franco y coherente. Mientras esto no pase, solo podemos bajar la fiebre. Vivir un año de paz y cinco de guerra y algunos periodos de calma aparente. Hay niños que han nacido y crecido en la guerra. ¿Qué pueden aportar a su país? Nada. Solo conocen la violencia.

¿El Congreso Mundial del Móvil tendría que ser una oportunidad para ir a las causas?

Vivimos en un capitalismo global, donde todos estamos por detrás del interés económico, también los medios de comunicación. Olvidan que son el cuarto poder y que deberían supervisar a los demás. Para comprender qué pasa, para entender el periodismo que se hace y el que no se hace, tenemos que saber quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. Veremos que hay pocos medios independientes. En África, nos hace cierta gracia cuando se enfatiza la independencia de los medios europeos. Si el poder ejecutivo tiene el gobierno, la policía y el ejército, el poder legislativo puede hacer y modificar leyes y el poder judicial tiene jueces y el soporte policial… ¿qué herramientas tienen los medios? No tienen ninguna protección. Nuestro poder es la palabra, la información. Creo que los periodistas no son conscientes de que pueden contribuir a poner fin a una guerra. Y se requiere un cambio de perspectiva para sensibilizarnos ante los conflictos y ser transmisores de paz. Los medios no pueden continuar sirviendo a los intereses de determinados capitalistas de las multinacionales: deben tomar conciencia de lo que pueden hacer y poner a cada uno en su sitio.

¿Qué lugar corresponde a las multinacionales de la telefonía móvil?

En todos los países donde hoy en día hay conflictos, se esconden intereses económicos: Siria, Iraq, Colombia, el Congo… Para fabricar smartphones, se necesitan unos minerales escasos y hay países que los tienen, como el Congo, que es un país inmensamente rico con una población empobrecida. Para hacer los móviles, el coltán es imprescindible. Por eso se espolea la guerra, para extraer este y otros recursos. El mapa de las violaciones de derechos humanos coincide con el de las minas de coltán. Es verdad que las empresas de telefonía pueden decir que nadie las ha visto haciendo la guerra en el Congo, pero está lo que llamamos la mano invisible, existen los inversores de la guerra. Quien financia los conflictos bélicos también es criminal, aunque no dispare con el fusil. Las multinacionales financian el conflicto, los grupos rebeldes, para conseguir los minerales. La ONU impuso un embargo de armas al Congo en el 2003 y, aun así, el país está lleno. Sabemos quién trafica en nombre de quién y, por lo tanto, quien financia la guerra. Lo denuncian informes de organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o las Naciones Unidas. Un informe de la ONU revela el nombre de multinacionales relacionadas con la compra ilegal de minerales, pero, actualmente, el documento está embargado por la presión de las empresas. La gente quiere vivir, pero no puede porque hay alguien que, desde su despacho climatizado, ha decidido que para hacer los teléfonos tienen que haber muertos en el Congo.

¿Qué camino sigue el coltán hasta que llega aquí?

La ruta está trazada y controlada. Hay alguien que financia a los grupos rebeldes, les da las armas y les pide ocupar un pueblo donde están los yacimientos. Los rebeldes tienen las armas y el dinero, ejecutan la orden de su financiador: matan y violan para intentar tomar el control del pueblo. Después, usan a los niños en las minas, convierten los hombres en esclavos y explotan la minería. Venden el producto a un país vecino, que lo envía al mercado mundial.

¿Entonces, países como Ruanda son clave?

Desde hace muchos años, es un país colaborador. Incluso se cita como el primer productor de coltán, aunque nunca ha tenido yacimientos. Por lo tanto, ¿de dónde viene? Efectivamente, del Congo, a través del tráfico ilegal. Y la comunidad internacional se mantiene en silencio.

Para romper el silencio, desde Barcelona, ya hace años que diversas organizaciones y colectivos piden un espacio de debate sobre los impactos de la telefonía móvil. ¿Cómo debe diseñarse la estrategia de sensibilización?

“A menudo, se habla del Congo en Europa, pero se piensa en tácticas típicamente europeas que no funcionarán en África”

Hay un proverbio que dice: si haces algo para mí sin mí, lo haces en mi contra. Porque, si lo haces para mí, tienes que saber cuáles son mis necesidades. Es necesario conocerlas para trazar una buena estrategia que me ayude. Las empresas, de un modo u otro, están conectadas con los minerales de sangre y eso debe conocerse. Hay que sensibilizar y comenzar a trabajar en una trazabilidad eficiente. Como ya hacen muchas organizaciones que trabajan en este tema, tienen que juntarse con las que están en el terreno y conocer lo que pasa. Así, conjuntamente, se puede diseñar la estrategia. A menudo, se habla del Congo en Europa, pero se piensa en tácticas típicamente europeas que no funcionarán en África: no tenemos la misma cultura ni el mismo modo de vivir. Tenemos que reunirnos en una mesa, profundizar en el contexto y encontrar maneras eficaces de abordar el problema.

Los medios de comunicación son clave para visibilizar lo que sucede sobre el terreno, pero a menudo no están. ¿El periodismo congolés hace un buen seguimiento de la guerra?

En el Congo, hemos conseguido desarrollar un periodismo sensible al conflicto. Desafortunadamente, los medios no están subvencionados, pero hemos creado radios comunitarias de la sociedad civil, de proximidad, donde la población se puede expresar. Radio Okapi, donde trabajo, es una frecuencia creada precisamente con el objetivo de acompañar el proceso de paz. El poder político y los intereses capitalistas están detrás de otros medios que se han vendido.

¿Qué rol juega la radio en un país en guerra?

Es el medio más importante. Donde hay un conflicto, a menudo, no hay electricidad y, por lo tanto, no se puede ver la televisión ni imprimir prensa ni consultar Internet. Lo que nos queda es la radio porque podemos comprar pilas. En muchos momentos, la gente dependía de la radio para saber qué estaba pasando. Yo lo experimenté: la radio nos permite vivir durante la guerra.

Precisamente, su capacidad de difusión también puede avivar el odio, como el caso de la radio Mille Collines en Ruanda.

Cabe subrayar el gran rol de la radio en las guerras. La radio puede salvar o matar. Una emisora puede alentarte a matar a tu vecino, como hizo Mille Collines, que transmitía una llamada al genocidio a través del miedo. Nosotros nos salvamos, en 2004, gracias a Okapi y a la RFI. La ciudad de Bukavu estaba asediada y la población llamaba a las emisoras para dar coordenadas exactas y relatar lo que estaba sucediendo. Los testimonios facilitaban información sobre las acciones de rebeldes y alertaban al resto. La comunidad internacional se movilizó. Finalmente, gracias a toda esa circulación de la información, los rebeldes se marcharon una semana después.

En 2010, los Estados Unidos aprobaron la ley Dodd-Frank, conocida como la ley Obama, para evitar que las empresas de los EUA compraran materiales manchados con sangre. ¿Se ha conseguido?

Era necesaria. Ahora contamos con una ley que prohíbe claramente que las multinacionales americanas compren minerales del Congo que no han estado trazados, es decir, que no provengan de un ciclo de extracción controlado. Es un gran paso. Por un lado, esta ley da poder a los defensores de los derechos humanos, a las organizaciones que trabajan contra la explotación minera ilegal. Les facilita una grieta para recurrir a la justicia. Además, soy consciente de que en Estados Unidos hubo una lucha fuerte para conseguirla. Nuestra Asociación de Mujeres de Medios de Comunicación del Sur de Kivu participó en el Senado norteamericano para defender la ley. En cambio, en Europa, no hay una ley y las multinacionales nos preguntan: ¿en qué norma os basáis para acusarnos? [en mayo de 2015 se aprobó una enmienda para obligar a las empresas a contar con un certificado comunitario que garantice que no incentivan conflictos y abusos de derechos humanos en zonas de conflicto. Todavía no es vinculante porque tiene que pasar por los órganos legisladores de la UE y la Comisión Europea].

También hay minas legales, que son el medio de supervivencia de parte de la población congolesa. ¿En qué proporción?

“A través de un programa de trazabilidad de los minerales, sabemos que, en mi provincia, únicamente es legal un 1% de las 130 minas que hay. El resto son lo que llamamos puntos calientes, donde todavía hay grupos armados.”

Las empresas que necesitan el mineral del Congo deberían estar obligadas a ir sobre el terreno y asegurarse de que consiguen los minerales legalmente. A través de un programa de trazabilidad de los minerales, sabemos que, en mi provincia, únicamente es legal un 1% de las 130 minas que hay. El resto son lo que llamamos puntos calientes, donde todavía hay grupos armados. Por lo tanto, las empresas solo pueden comprar minerales de este 1%, donde no hay niños obligados a trabajar ni mujeres violadas. Este proceso de trazabilidad es lento, pero tiene efectos sobre algunos lugares. El pueblo congolés tiene derecho a hacer extracciones, es su país. Los llamamos explotadores de minerales artesanos, pero tienen que tener permiso del gobierno. Hay un catastro minero que define las zonas donde se pueden extraer los materiales y venderlos de forma legal. Obviamente, también hay congoleses que trafican, financian a los rebeldes y son criminales.

Igualmente, en el Congo, la gente también tiene smartphones.

En el Congo, la telefonía es la herramienta más importante después de la radio. Cada familia tiene, como mínimo, una radio y un teléfono. No deseamos que desaparezcan las empresas fabricantes, pero pedimos que respeten la legalidad y los derechos humanos. El teléfono es una herramienta esencial. Pero no puede pasar por encima de las personas. Las personas primero y los smartphones después.

“En el Congo, violan a las mujeres para destruir la comunidad”. Recientemente, en Guatemala, se ha iniciado un proceso judicial histórico contra la violencia sexual como arma de guerra. En el Congo, lo has denunciado reiteradamente. ¿Con qué objetivo se utiliza?

Para responder, me remonto a la planificación de una guerra. Quien hace la guerra dibuja una estrategia, pero, previamente, estudia a la población, la estructura social. Cuando ha estudiado el entorno, define el ataque. En el Congo, estudiaron cómo hacer la guerra y se dijeron: en lugar de gastar nuestras municiones para matar a las mujeres, las violaremos porque, así, destruiremos la comunidad y, entonces, la podremos someter. En el este del Congo, antes de la guerra, bajo una dictadura, comenzó una crisis económica muy fuerte. No había trabajo y solo los hombres trabajaban fuera de casa. Con la evolución de la crisis, ellos perdieron el trabajo y, por lo tanto, capacidad adquisitiva. Para mantener a la familia, las mujeres tuvieron que ir al campo, hacer intercambios y comerciar. Se hicieron cargo del comercio informal que, afortunada o desafortunadamente, se empezó a desarrollar. La economía del país estaba dirigida por las mujeres: eran las agricultoras, cultivaban y vendían. Ellas alimentaban a la familia y hacían funcionar la economía del país. Los señores de la guerra conocían la situación y planificaron la destrucción de la fuente de ingresos: destruimos a la mujer, sin matarla, y así no podrá mantener a la familia. No nos violan como un acto sexual, nos destruyen para que nos convirtamos en incapaces, enfermas, discapacitadas. Físicamente, después de las violaciones atroces, te tienes que someter a muchas operaciones y poca gente tiene la oportunidad. Además, si una mujer es violada, el marido no lo soportará, es un deshonor. Cuando la familia ya no se puede mantener, cogen a los hombres y a los niños para que trabajen en la mina.

Normalmente, en los conflictos, las mujeres se presentan como víctimas. ¿Qué papel debería jugar el periodismo?

“Los señores de la guerra conocían la situación y planificaron la destrucción de la fuente de ingresos: destruimos a la mujer, sin matarla, y así no podrá mantener a la familia.”

Los periodistas, en la mayoría de casos se focalizan en los hechos y no hacen seguimiento. Se dan cifras de violaciones aterradoras, pero ¿cuál es la situación de estas mujeres, que no son cifras? Nosotros, desde Radio Okapi, hacemos un seguimiento. Cuando sabemos que alguna de estas mujeres ha ido al hospital, vamos para saber qué trato está recibiendo. Acompañamos a la mujer en el ámbito médico. Después de dos meses, nos acercamos para saber cómo se sienten, cómo están superando el trauma. Nos preguntamos qué quieren. Si quieren justicia, interrogamos a los responsables para saber qué medidas se toman. Y hacemos seguimiento de la vida cotidiana de las mujeres, para saber en qué se convierten. Podemos llegar a hacer seguimiento durante dos años. A parte de la denuncia, entendemos que es necesario un programa de autonomización, de ayuda para que pasen a ser mujeres empoderadas. Trabajo con 150 mujeres para eliminar la etiqueta de víctima. Desde el periodismo, hay que hacer un seguimiento de todas las etapas. Las mujeres víctimas de ayer se convierten en activistas.

 

Fuente:https://www.pikaramagazine.com/2016/03/caddy-adzuba-multinacionales-congo/?fbclid=IwAR1iZL7-1iGyfVIsybK0mDrzGjTe8JV5WUnwC8NV5hH5H_OpswWo-ifb5tk

 

Panamá

La minería destruye los bosques del Corredor Biológico Mesoamericano

Imágenes satelitales registradas entre setiembre y noviembre de 2018 muestran el avance de la deforestación en el área de influencia de un proyecto operado por la empresa Minera Panamá. El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) de Panamá, organización no gubernamental ambientalista, alega que la empresa opera bajo un contrato ilegal y existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido ese año que les da la razón.

Petaquilla Gold y Minera Panamá son dos empresas distintas, pero con un mismo norte: la explotación de minerales en cerro Petaquilla bajo un solo contrato avalado por la Asamblea Nacional (Congreso)  y la destrucción de bosques en un área con una alta biodiversidad regional: el Corredor Biológico Mesoamericano, que conecta a los siete países de Centroamérica y el sur de México.

Desde el aire se observa la devastación y en la superficie se escuchan las voces sobre la consecuencias ambientales del desarrollo de un proyecto de minería a cielo abierto en cerro Petaquilla. Una garita de seguridad y un letrero te advierten que has llegado a una de las entradas del proyecto por el área de Molejón, Coclesito, al norte del país, a 180 kilómetros de la ciudad Capital.

La deforestación empezó con la explotación de oro por la empresa de capital panameño Petaquilla Gold y ha continuado con la explotación de cobre por parte de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals.

En Panamá, esta joya natural se ha visto gravemente afectada y su destrucción empezó hace 10 años. En este reportaje se presentan imágenes satelitales que muestran el avance acelerado de la deforestación, como consecuencia de las actividades mineras que devastan uno de los pulmones de Panamá, y la historia detrás con un equipo de Mongabay Latam recorriendo la zona.

La deforestación en cifras

La concesión, otorgada mediante contrato ley No. 9 del 25 de febrero de 1997, abarca un área de 13 000 hectáreas que equivale más o menos a 60 veces el tamaño del distrito Capital. De esta cifra no se tiene claro qué porcentaje ha sido destinado al proyecto de cobre que desarrolla Minera Panamá, pero en el estudio de impacto ambiental de la obra se especifica la cantidad exacta de afectación: 5900 hectáreas, de las cuales alrededor de 5500 son bosques tropicales de tierras bajas, 320 hectáreas que ya han sido devastadas por “actividades antropogénicas” y 25 hectáreas que corresponden a cuerpos de agua y ríos de agua dulce. Tres importantes cuencas hidrográficas están dentro del área de influencia de la minería: río Petaquilla, río Caimito y río San Juan, estos dos últimos, a su vez, cuentan con ocho afluentes.

“Se ha demostrado que las actividades de desbroce del bosque tropical podrían provocar cambios en las condiciones climáticas y biológicas locales en los bosques adyacentes a las áreas devastadas”, reconoce el estudio de impacto ambiental que realizó Minera Panamá, que a diferencia de Petaquilla Gold esperó la aprobación del documento por la Autoridad Nacional de Ambiente, ahora, Ministerio de Ambiente para iniciar los trabajos de construcción.

Minera Panamá tiene planificada una inversión de más de 6300 millones de dólares y espera exportar alrededor de 320 000 toneladas métricas de cobre al año.

El impacto de esta actividad minera se puede observar en las imágenes satelitales que muestran la progresión de la pérdida de bosque primario en el área de influencia del proyecto, un espacio que permanecía intacto hasta el año 2000. La mina está ubicada en un área de bosque primario que permanecía intacto hasta el 2000. Los datos satelitales de la Universidad de Maryland registraron casi 4500 alertas de deforestación.

Los datos proporcionados por la Universidad de Maryland muestran evidencia reveladora: 4500 alertas de deforestación en el área en el que opera la empresa. Solo basta observar el mapa para confirmar cómo se sigue despejando el bosque con estas imágenes que han sido registradas entre el 8 de setiembre y el 24 de noviembre de este año.

Para corroborar lo que las imágenes mostraban un equipo de Mongabay Latam viajó a la zona.

El sábado 10 de noviembre de este año, el calor era incesante en Coclesito, la humedad agobiaba y de vez en cuando caía una llovizna. La presencia de la empresa Minera Panamá es notoria en la comunidad: camiones y autos con el logo de la empresa que circulan en ambas direcciones por las dos únicas calles del pueblo, y personas que caminan vestidas con la ropa de trabajo de la minera.

La empresa reparó y construyó la carretera hasta Coclesito, y siguió hasta llegar al proyecto al que nadie, excepto los empleados, pueden entrar. La entrada a la planta minera es custodiada por un guardia de seguridad privado que vigila quién entra y quién sale.

Si bien la seguridad de la empresa impidió el ingreso a la nueva zona deforestada, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), una organización no gubernamental dedicada a la conservación, que sigue el caso desde hace nueve años y que ha realizado por lo menos tres sobrevuelos en la zona para documentar fotográficamente la destrucción del bosque, confirmó que existe un impacto en el área. El último sobrevuelo se realizó hace ocho meses.

En las fotografías del Ciam se observa una inmensa mancha gris rodeada del verde bosque. Las imágenes, además de visualizar la devastación, demuestran toda la erosión que se produce.

Donde antes había árboles, vida y un Corredor Biológico funcionando, ahora, hay tierra pelada, maquinarias y destrucción. Este daño tiene el aval del Estado con la aprobación, primero de la concesión, y segundo del estudio de impacto ambiental.

Ciam demandó en el 2009 el contrato ley ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, al considerar que no cumplió con normas vigentes que obligaba al Estado a realizar una licitación pública para otorgar una concesión minera y por los daños ambientales que ocasiona la minería a cielo abierto. Después de nueve años, el 24 de setiembre último, la Corte falló a favor de la organización ambiental. Los ambientalistas celebraron la decisión, pero desde las estructuras gubernamentales la reacción frente al fallo fue la de mantener la operación de Minera Panamá.

Para este reportaje se intentó contar con la versión del Ministerio de Ambiente y de la empresa, pero al cierre del artículo no hubo respuesta a las preguntas enviadas.

De acuerdo a la página web de la empresa, la fase de construcción tiene un avance del 73% y se tiene previsto que la fase de operación inicie en los primeros meses de 2019. También señala que ha reforestado 1500 hectáreas. Las normas ambientales del país permiten que la reforestación se realice en cualquier parte del territorio nacional.

La empresa llegó y movió la economía local en una comunidad que apenas alcanza los 2819 habitantes, de acuerdo a las estimaciones de la Contraloría a julio de 2018. La empresa duplicó esa cifra en empleo y en su página web señala que cuenta con 8500 “colaboradores panameños”. Aunque para algunos es lo que deseaban, para otros no es más que “pan para hoy, hambre para mañana”.

Digno Herrera es delgado, de tez morena y de acento fuerte, su voz se eleva cuando habla de los daños de la minería a cielo abierto y de los problemas que ha enfrentado por oponerse al proyecto. Sentado en el centro del portal de su casa en Coclesito sentencia: “la minería es incompatible con la agricultura y en estas comunidades rurales solo hay dos formas de ganarse la vida: produciendo la tierra o trabajando para una empresa”. Después de la minería, no hay mayores inversiones en la zona que generen empleo y los  proyectos mineros tienen fecha de caducidad.

“Las personas, especialmente los jóvenes, hoy tienen un ingreso por el empleo que ofrece la empresa, pero mañana ¿qué tendrán?”, se pregunta Herrera. El daño de la minería a cielo abierto es socioambiental, reflexiona.

Digno Herrera es uno de los fundadores de la Cooperativa de Servicios Múltiples que se creó en el 2011, con la finalidad de desarrollar un proyecto de siembra de cañas verdes (bambú) para su aprovechamiento y la protección de las cuencas de los ríos. Además de la producción de ciertos productos agropecuarios.

La iniciativa se ha visto un poco frustrada. A pesar que la Cooperativa logró sembrar unas 10 hectáreas de la especie, las autoridades locales ordenaron talarlas aduciendo que la zona forma parte de la concesión minera, se queja Herrera. El tema se mantiene en los tribunales por una denuncia que presentó la Cooperativa contra las autoridades.

Para Herrera estos problemas son “gajes del oficio” por la lucha que mantienen contra la minería y no solo en la zona, sino en el resto del país porque se han unido a otros movimientos que se oponen a este tipo de proyectos.

 

Cultivos que desaparecen

Coclesito mantuvo una producción de café y de palma de pixbae. Esta última crecía de manera tal que permitía la comercialización y un uso como alimento de las aves de corral.

Desde que se instaló la minería en la zona, la producción de pixbae disminuyó drásticamente. Lo dice Herrera y una se sus compañeras, Estelina Santana.

Los campesinos han dejado de producir café para irse a trabajar con la minería y las palmas de pixbae florecen, pero no se desarrollan. Las flores se caen.

Santana vive en Nuevo San Juan, una de las comunidades cercanas al proyecto minero. Desde su casa se escucha el ruido de la corriente del río San Juan, que ella ha dejado de usar por temor. “Nos han dicho que el río está contaminado y hemos preferido mejor no usarlo”, dijo.

Antes de que se instalara la minería, las comunidades se abastecían del agua del río. Ahora, las tomas de agua están ubicadas en los puntos altos para evitar cualquier contacto con sustancias  contaminantes.

 “Si bien es cierto la empresa minera ha traído a las comunidades algunos beneficios como las construcción de las calles, en materia ambiental estamos fregados por la contaminación”, argumentó Santana acostada en una hamaca. “El río no lo usamos ni para bañarnos”, indicó.

Santana hizo énfasis en el fenómeno de las palmas de pixbae. Para ella es inexplicable que después de tener una producción masiva de pixbae, ahora, se tenga que conformar con ver las palmas solo florecer. El pixbae jugaba un papel fundamental. Los residentes lo  usaban para el consumo y la venta, y también de alimento para las gallinas y puercos. Nadie, absolutamente nadie le ha dado una explicación de por qué las palmas no producen pixbae.

El Centro de Incidencia Ambiental tiene la explicación científica a la interrogante de Santana. Isaías Ramos es un biólogo que labora para la organización y como buen maestro de la ciencia alega que para llegar a una conclusión exacta de lo que ocurre con las palmas de pixbae hay que realizar estudios de suelo, igual que para determinar la contaminación del río San Juan habría que tomar muestras del agua.

Pero desde la teoría se permite hacer algunas aseveraciones que dan luz para entender la realidad. “Quizás a las palmas no les está pasando nada, pero a causa de las sustancias químicas que se utilizan en todo proyecto minero hayan matado los insectos que polinizaban las palmas y al no haber polinizadores las flores no dan frutos y se caen” argumentó.

A esto, el biólogo lo llama “efecto indirecto” de la minería. “Al no haber polinizadores naturales no se produce y eso pueda estar sucediendo no solo en las palmas de pixbae, sino en varios tipos de especies”, añadió.

El estudio de impacto ambiental establece que se perderá materia orgánica del suelo durante las fases de construcción y operaciones, y la contaminación “puede producirse como consecuencia de derrames y fugas”, sin embargo, no especifica qué sustancias podrían derramarse. Como consecuencia de la pérdida neta en la materia orgánica del suelo y los cambios en los ciclos bioquímicos de la tierra, se producirá un suelo menos fértil y una pérdida de zonas cultivables. El documento recomienda recuperar el equilibrio de la materia orgánica del suelo durante la fase de cierre y poscierre del proyecto.

Ramos analiza otra realidad ambiental que a simple vista no se detecta. Como consecuencia de la destrucción de los bosques se hace un rescate de fauna, sin embargo, este rescate se centra en los animales grandes, pero no en lo pequeños como los insectos que juegan un papel fundamental en la producción de alimentos por la polinización. “A nadie se le ocurre rescatar, por ejemplo, murciélagos y esos animales tienen una importancia biológica significativa para el medio ambiente”, argumentó.

Para Ciam es “evidente el mal manejo” del tema minero en Panamá, donde las autoridades solo dan importancia a las ganancias y se olvidan de garantizar la calidad de vida a la población.

El fraccionamiento del Corredor Biológico Mesoamericano y los daños ambientales al final los paga Panamá y las poblaciones que viven en los alrededores de este ecosistema afectado por la actividad minera.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/01/la-mineria-destruye-los-bosques-del-corredor-biologico-mesoamericano/

Argentina

El gobierno de Jujuy lanzó la licitación de áreas potencialmente productoras de litio

El gobierno de Jujuy abrió una licitación para la prospección geológica, exploración y factibilización de áreas exclusivas ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, con el fin de «incrementar la producción de litio en la provincia», informaron desde Jujuy Energía y Minería S.E. (Jemse).

«Se busca incrementar la producción de litio en la provincia», aseguró hoy a Télam el titular de Jemse, Carlos Oehler, tras lanzar la convocatoria a concurso realizado a través de esa empresa estatal.

«Tener hecha una evaluación sobre los yacimientos permitirá saber efectivamente si pueden transformarse en áreas productoras. De concretarse, posicionaría a esta provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional», afirmó.

Se trata de un proyecto minero que abarca zonas exclusivas de interés de Jemse, ubicadas en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, de «35.000 hectáreas en total», destacó el directivo.

«Necesitamos empresas que estén interesadas en hacer las inversiones», indicó y agregó que «hay indicios de que son yacimientos que tienen una alta potencialidad para la producción, en cambio no hay estudios técnicos que le den sustento a una factibilización».

Añadió que hasta el momento tres empresas han realizado las consultas sobre el proyecto pero «hay otras más también están interesadas».

En los pliegos -que se van a licitar a partir del 14 de enero hasta el 25- Jemse estableció una serie de condicionantes entre los que figura que «Jujuy exige una relación altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el inicio».

Otro es que cumplan «con toda la normativa ambiental exigible para las actividades mineras».

Por otro lado, le pidió a los oferentes que «propongan la participación del gobierno a través de Jemse en el negocio de la explotación de litio que puede ser a través de una participación societaria, mediante regalías móviles».

«Cuando realicen la oferta, las empresas deberán proponer la forma de mejorar la participación del gobierno de Jujuy en un eventual proceso de explotación de carbonato de litio», explicó.

En Jujuy se viene desarrollando el proyecto de Olaróz (con la empresa Sales de Jujuy), donde se plantea la ampliación de la planta para llevar en su última etapa una producción de 80.000 toneladas anuales de carbonato de litio, actualmente se produce allí, alrededor de 15.000 toneladas.

También en el salar Cauchari, EXAR procura instalar una planta de 25.000 toneladas una vez finalizada la inversión en la planta productora de carbonato de litio; y el proyecto de South American Salars S.A. también en Cauchari, donde se estima que la potencialidad de dicho yacimiento, puede producir unas 20.000 toneladas de carbonato de litio, según informó Jemse.

 

Fuente:https://www.grupolaprovincia.com/economia/el-gobierno-de-jujuy-lanzo-la-licitacion-de-areas-potencialmente-productoras-de-litio-206563

Costa Rica

PLN difunde estudio que propone revivir la minería a cielo abierto

La diputada María José Corrales señaló que es un asunto en estudio a lo interno de la bancada; sin embargo, el jefe Carlos Ricardo Benavides se apartó de la materia y afirmó que no existe una posición oficial al respecto.

a fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) difundió la tarde de este lunes —a través de su equipo de asesores— un estudio realizado por seis profesores, consultores y estudiantes en el que se propone como una recomendación “urgente” que se derogue la Ley 8.904 “para declarar a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”, y reemplazarla por “una nueva ley con una estructura altamente técnica que permita desarrollar una industria mineral responsable”.

El estudio —titulado Contaminación con mercurio y drenaje ácido causada por la minería ilegal en Crucitas— es firmado por varios especialistas y recoge varios hallazgos del reciente estudio realizado por el Minae sobre la dispersión de mercurio que amenaza los ecosistemas de la zona; sin embargo, añade la polémica recomendación en su última página.

Consultada sobre este tema, la diputada sancarleña del PLN, María José Corrales, una de las más interesadas en el tema de la minería ilegal en su cantón, comentó que se trata de un estudio que van a revisar “con más claridad y más pausadamente”; sin embargo, sí aceptó que una idea que analizan posible es abrir las puertas para “explotar” los recursos naturales que tiene el país, si es “ambientalmente viable”.

“Somos conscientes de que nuestro país tiene recursos naturales que se pueden explotar siempre y cuando sea de una manera ambientalmente viable. Tenemos que buscar ese equilibrio y justamente eso es lo que estamos empezando a investigar y redactar, buscando la manera más confiable para que nuestro medio ambiente no se vea socavado de una manera ambiental como se está viendo actualmente por la actividad minera”, apuntó, no sin antes añadir que podrían potenciarse concesiones, dominios estatales y actividades cooperativas en la materia.

Además, Corrales agregó que —desde su punto de vista— “es latente y evidente, según la información que hemos estado recabando, que existe la necesidad de realizar una modificación al Código de Minería, que es sumamente importante para garantizar que sea el Estado costarricense quien dé un control oportuno a nuestros recursos naturales, ya que la ley 8.904 lo que hizo fue inhabilitar el artículo 1 de esa ley”.

Sobre la conveniencia de revivir la minería —en lugar de presentar otra ley para regular el uso de sustancias como el mercurio, que es una de las preocupaciones esbozadas por la congresista—, Corrales aseguró que ciertamente ese “es un panorama que habría que analizar”, pues “apenas están iniciando a recabar toda la información” necesaria.

De cualquier manera, según la diputada, el tema de los minerales debe analizarse en el país, pues “incluso se habla de gas natural o petróleo” y podría ser conveniente reglamentarlo, tomando en cuenta que existen diferentes sitios nacionales donde ya se desarrollan actividades similares o existe el potencial para hacerlo, como Abangares o Corcovado.

No hay posición oficial

Consultado sobre este estudio, el jefe de fracción liberacionista, Carlos Ricardo Benavides, comentó que es un texto que le pasaron de último momento, pero afirmó “no conocerlo”. “Como vi que era un tema atractivo, creí que era importante compartirlo, pero no lo conozco”, señaló.

No obstante, sobre la recomendación en cuestión, aseguró que “una propuesta como esa no es un tema que se haya debatido a lo interno de la fracción, pues es un tema muy álgido y muy complejo que requiere de tiempo”, aunque aceptó que “hay compañeros que han venido trabajando en alguna propuesta para mejorar las condiciones en las que el país desarrolló las actividades mineras”.

“Desconozco si irían por el lado ese que usted me está contando que concluye el estudio (…) no es una posición de fracción, para nada, lo que nos importa del estudio es corroborar lo que hemos venido denunciando en cuanto a los gravísimos efectos de la minería ilegal, que dejan en evidencia que el país ha asumido un cuido irresponsable de sus recursos naturales en esa zona del país”, subrayó.

Sin embargo, según Benavides, no existe una iniciativa formal en la fracción al respecto, sino que el estudio simplemente “era un documento que, para los efectos de lo que ha venido investigando la fracción liberacionista, era importante en el sentido de seguir ahondando en el conocimiento del daño inmenso que se le ha hecho a la Zona Norte, particularmente en Crucitas”.

El estudio lo firmaron seis personas: el profesor de Ciencias de la Tierra de Cornell, Esteban Gazel; el estudiante de Postgrado en Ciencias Geológicas de Cornell, Aristides Alfaro; el consultor de ALARCA Geoquímica EIRL, Alejandro Arauz; el profesor de Hidrología Química de la UNA, Ricardo Sánchez; el consultor asociado de ALARCA Geoquímica EIRL, Aristides Alfaro; y la profesora de Geología de la UCR, Stephanie Murillo.

Fuente:https://semanariouniversidad.com/pais/pln-difunde-estudio-que-propone-revivir-la-mineria-a-cielo-abiertol

Perú

En el 2019, Red Muqui plantea lucha contra la corrupción a fondo, pero también exige garantizar los derechos de todas y todos los peruanos, no sólo de las empresas

RED MUQUI, en su pronunciamiento de balance al final del año 2018, planteó su apoyo a la lucha frontal contra la corrupción, ratificando nuestra adhesión a la voluntad de miles de peruanos y peruanas que, indignados por presenciar la corrupción al más alto nivel que implican a ex presidentes, grandes empresarios y funcionarios públicos, se han movilizado para exigir una reforma total en el país, respaldando a fiscales probos como José Domingo Pérez y Rafael Vela, y exigiendo la renuncia de Chavarry como Fiscal de la Nación, en el inicio de una larga lucha por cambiar nuestro país en crisis, visibilizando las responsabilidades de los corruptos y el sistema que lo genera.

 

En ese sentido, queremos hacer énfasis en lo señalado en nuestro pronunciamiento (ver aquí: https://goo.gl/wh2kge ), en que la corrupción también se reproduce en “el mantenimiento de las puertas giratorias que permiten que funcionarios de empresas mineras ingresen como funcionarios del Estado para facilitar autorizaciones y normativas para dichas empresas”,  fundamentalmente en el campo del sector minero, donde se ha visibilizado un claro conflicto de ntereses y negociaciones ocultas para que puedan darse estas facilidades (ver aquí:  http://puertagiratoria.convoca.pe/).

Asimismo, señalamos en el Pronunciamiento, que para una reforma total que haga justicia también en las personas y en las comunidades campesinas e indígenas que han sido afectadas por la minería, debe cambiarse la política económica que es la misma impulsada por el gobierno de Kuczynski, que sigue aplicando el actual gobierno en su segunda etapa con el presidente Martín Vizcarra; quién sigue “impulsando las inversiones orientadas a la extracción compulsiva de recursos naturales facilitando especialmente nuevos proyectos de exploración y explotación minera. Estos proyectos mineros se impulsan en base a los marcos normativos y políticas que dictó el gobierno de Kuczynski, que eliminan garantías para las tierras de comunidades en favor de los proyectos de inversión prioritarios (como el D. Leg 1333 que sigue vigente), el acaparamiento de tierras con intereses económicos, la flexibilización de estándares ambientales (como el D.S 003-2017/MINAM y D. Leg. 1285) y, ahora, planteando incluso, flexibilizar los derechos laborales; medidas con las que no estamos de acuerdo, pues con ello el Estado sigue dejando de lado su rol garante de derechos, y sigue priorizando un rol promotor de la actividad minera, poniendo a las personas al servicio de la economía”.

También señalamos que debe erradicarse la criminalización de la protesta social, los Estados de Emergencia preventivos y la privatización del rol de nuestras fuerzas policiales como estrategia para “proteger” la actividad minera mediante convenios.

Queremos incidir en que el diálogo es vital para el logro de la paz social, por ello invocamos a que el gobierno impulse procesos de diálogo y no los elimine, como acaba de ocurrir hace unas semanas a través de un Decreto Supremo. Es vital que para la discusión de agendas sobre el desarrollo del país en minería participen las y los afectados por la actividad minera. Por ello, “nos oponemos a cambiar la lógica del diálogo por la negociación o la fuerza; las personas no pueden renunciar a sus derechos fundamentales por privilegiar una actividad económica”, como señalamos en el pronunciamiento.

 

En esa perspectiva, exigimos desde Red Muqui que se abra un diálogo nacional público para abordar los temas de los impactos sociales y ambientales que genera la minería y los límites de su crecimiento a nivel nacional; la reforma laboral que afecta los derechos fundamentales de las personas; la reforma del sistema de justicia y la eliminación de “puertas giratorias” en el sector minero para evitar se afiance la corrupción; y la necesaria diversificación económica que nos es tan necesaria para la seguridad alimentaria y no depender sólo de una actividad económica.

 

Finalmente, invitamos al gobierno y a la sociedad civil en general, a revisar nuestra Agenda Muqui: https://es.scribd.com/document/396106674/Agenda-Muqui-2018-2021, que en sus 8 ejes sintetiza los temas que ponemos en agenda para la discusión pública en el año que inicia, que visibiliza los temas que no fueron parte del referéndum, pero que son fundamentales para discutir y poner la economía al servicio de las personas, recuperando el respeto por sus derechos; ese es el rol que esperamos del gobierno y la sociedad civil.

Para ver nuestro pronunciamiento completo, hacer click aquí: https://goo.gl/wh2kge

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/826-en-el-2019-red-muqui-plantea-lucha-contra-la-corrupcion-a-fondo-pero-tambien-exige-garantizar-los-derechos-de-todas-y-todos-los-peruanos-no-solo-de-las-empresas

Argentina

Litio en San Luís: peligrosa lógica extractivista en nombre de la transición energética

Si bien en la actualidad la minería del litio ha tomado visibilidad mediática por la gran cantidad de litio en salmueras debajo de los salares en la puna argentina, y los aproximadamente 56 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de exploración o explotación, actualmente una empresa australiana pretende extraer el mineral a partir de rocas en la Provincia San Luís (como se hace en Australia). Este tipo de explotación es a cielo abierto, causando explosiones y afectando cursos de agua, por lo cual lógicamente crece la oposición al proyecto en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, ubicada a 8 Km de la mina Géminis.

Algunas generalidades poco discutidas sobre la forma en la que se extrae litio en Argentina

El hecho de que casi la totalidad de productos vinculados con la industria microelectrónica (como las notebooks), la telefonía celular y crecientemente automóviles eléctricos o híbridos-eléctricos empleen baterías de Ion-Litio para el almacenamiento de energía viene generando hace alrededor de una década en la Argentina un discurso mágico en el cual el país estaría “condenado al éxito”, por su gran cantidad de reservas de este mineral.

Si bien el litio es abundante en la naturaleza (hay litio en el mar, e incluso pequeñas cantidades en la sangre de los seres humanos), el mismo está desigualmente distribuido. Hasta los años 90’, el litio se extraía mayoritariamente de rocas pegmatíticas como el espodumeno, cuyos principales yacimientos se encuentran en Australia. En esa década comienza a emplearse una técnica de extracción del litio de las salmueras de los salares. Esta última resultaba más económica para la faena extractiva que aquella realizada a partir de rocas. Esto último pone en el centro de atención de las compañías extractivas globales al área comprendida entre el Norte de Chile, el Noroeste Argentino y Bolivia, que empresarialmente aparece nominada como “el triángulo del litio”, o incluso una “Arabia Saudita del litio”, y al elemento químico como “oro blanco” o “petróleo del siglo XXI”.

El hecho de que los precios de la tonelada de carbonato se hayan casi triplicado entre 2015 y 2018 (evolucionando de unos USD 6000 a USD 16500 por tonelada), ha despertado los más disparatados imaginarios sobre un sendero a un éxito inequívoco hacia el desarrollo económico y social a partir de la explotación primaria del mineral. Existe una importante cantidad de expresiones legitimadoras o mitos sobre las bondades de la actividad extractiva en el Noroeste Argentino que van desde el “desarrollo local”, la necesidad de recaudación fiscal y generación de empleos y el supuesto “derrame” que generan los proyectos de “Responsabilidad Social” o “Valor Compartido” que despliegan las transnacionales.

Lo cierto es que además de que gran parte de estas retóricas pueden ser fácilmente desmentidas verificando que la generación de empleos directos generados por los dos proyectos de extracción litífera que se encuentran en operación a gran escala en estos momentos en las Provincias de Jujuy y Catamarca resultan exiguos, e incluso cuentan con una cantidad exagerada de subsidios y exenciones impositivas de mucha mayor cuantía que las flacas regalías que pagan como tributo provincial. Al mismo tiempo esta actividad rivaliza y actúa en detrimento de otras actividades económicas.

La problemática fundamental igualmente no resulta el rédito económico que deja o no dejan estas actividades, sino más bien el impacto socio-ambiental de la forma en que se extrae. Básicamente la técnica de extracción empleada consiste en perforar la costra salina de los salares y bombear la salmuera que se encuentra a diferentes profundidades y trasladarla sucesivamente a inmensos piletones ubicados a la vera de los salares, en los cuales entre la evaporación del agua, varios procesos químicos y el uso de importantes volúmenes de agua dulce para la lixivia se logra separar el carbonato de litio de otros componentes que contiene la salmuera.

El bombeo de la salmuera que se encuentra debajo de los salares implica una ruptura del equilibrio hídrico, y por tratarse de volúmenes mayores a los que reponen las escasas lluvias, produce sequias en las napas y vegas de las cercanías. Esta región es habitada por comunidades originarias o indígenas, y esta forma de avance de los proyectos (inconsulta a pesar de la generación de artilugios jurídicos para llevar los proyectos extractivos adelante), atenta contra su forma de vida y viola sus derechos más elementales, consagrados incluso por la Constitución Nacional, que supuestamente le otorga este carácter al Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades.

Con tan solo dos proyectos en operación las denuncias de las comunidades son invisibilizadas por la mayoría de la prensa y la academia. Si los estragos ambientales para el modo de vida de las comunidades ya son relevantes para dos proyectos extractivos, la concreción de los 56 que se encuentran en diferentes grados de avance y estudio podrían ser catastróficos.

Ahora San Luís

En este contexto en el cual se desarrollan estos imaginarios alrededor del litio, en septiembre de 2017 la empresa canadiense Latin Resources, con concesiones mineras de rocas pegmatíticas en San Luís, difundió en los resultados de un mapeo geológico y muestreo de la Mina Géminis, haber encontrado altas concentraciones de litio en roca.

Sobre la localización del yacimiento que la empresa pretende explotar es importante mencionar que esta mina (Géminis) de 12 Ha, se encuentra dentro del área de Concesiones Don Gregorio que posee Latin Resources en la Sierra Grande de San Luís, a tan solo 8 Km de la localidad de San Francisco del Monte de Oro, en dónde números/as vecinos/as ya han expresado su oposición al proyecto. De hecho, es importante visibilizar que el propio Consejo deliberante de San Francisco ya expresó su rechazo a este tipo de explotación minera. Sin embargo bajo el artilugio legal de que la Mina Géminis (a tan solo a 8 Km de distancia de la localidad) se encuentra fuera del ejido, la explotación podría llevarse adelante a pesar de que la voluntad popular expresa lo contrario.

Como decíamos con anterioridad, la minería de litio a partir de rocas se practica fundamentalmente en Australia. Esta técnica de extracción podría catalogarse como “a cielo abierto”, ya que implica la realización de excavaciones de gran profundidad. La obtención de litio a partir de pegmatitas requiere del chancad, la molienda y la flotación. En el proceso se emplea agua y además diferentes reactivos químicos. Siguiendo a Tochi Moreno (véanse los artículos recomendados consignados en las fuentes), lo preocupante del modo de explotación en el caso de la mina Géminis, serían las mencionadas explosiones causadas por la explotación a cielo abierto, y la afectación de cursos de agua que abastecen a varias localidades.

En relación a la empresa, en su página de Internet, la canadiense Latin Resources, informa que además de la Mina Géminis, tan solo en la Provincia de San Luís posee unas 120.000 hectáreas de concesiones para la explotación minera de rocas pegmatíticas, y que también reclama nuevas solicitudes de este tipo para 98.086 Ha. Resulta relevante remarcar que el muestreo que presentó en septiembre de 2017 se realizó sin permiso del propio gobierno de San Luís. Recientemente se observan nuevos movimientos de camiones, a partir de que la firma habría recibido la aprobación del informe de impacto ambiental, que según la legislación provincial la propia empresa elabora. Latin Resources también opera en Perú y acusa tener concesiones de 70.000 Ha. en la Provincia de Catamarca, también para este tipo de explotaciones de litio a partir de rocas.

Lo curiosamente llamativo es que la mayor parte de los medios de comunicación titulan esperanzados sobre esta situación que “San Luís se suma al boom del litio”, pero no difunden la resistencia que existe entre vecinos y vecinas y que las autoridades provinciales no dan respuesta a sus numerosos reclamos sobre la exigencia de mayor información (al momento de escritura de esta nota, un grupo de vecinos/as autoconvocados/as realizaba una reunión en la Plaza Pringles para informarse sobre la situación).

El debate sobre la transición energética

El hecho de que en el denominado “triángulo del litio” abunde el mineral, ha traído aparejado otros dos debates que a nuestro juicio, como grupo de estudios, no resultaría responsable dejar de lado.

En primer lugar, las baterías y grandes acumuladores de Ion-Litio, podrían permitir una transición energética basada en una matriz post-fósil. Prescindiendo de hidrocarburos en la industria automotriz (para lo cual es relevante tener en cuenta el origen de la energía con la cual se cargarán eventuales autos eléctricos), y por otra parte permitiendo un mayor peso de la energía eólica y solar en el consumo eléctrico, ya que su energía podría ser más fácilmente almacenada.

El segundo debate es sobre la posibilidad para países sudamericanos de producir baterías de Ion-Litio con tecnología y saberes propios, generando empleos altamente remunerados en la región.

Sin entrar en detalles sobre estos últimos dos puntos, es importante remarcar que en realidad, el dominio de las tecnologías vinculadas con la transición energética o con la producción de baterías, bajo ningún punto de vista se asocia a la posesión del recurso. Precisando, encontramos en ciertos sectores de la prensa, empresariales, académicos y gubernamentales la asociación de estas discusiones (la producción de baterías y una matriz energética post-fósil), a la expansión de proyectos extractivos. Es decir, las firmas y gobiernos favorables al extractivismo se enmascaran detrás de un supuesto “discurso verde” para justificar los graves efectos de las formas en las que hoy se explota (por bombeo de las salmueras en los salares) y se explotaría el litio en la Argentina, escondiendo el saqueo de los recursos, pero fundamentalmente los efectos nocivos sobre el agua y las formas de vida de pobladores locales y comunidades originares, tanto puntanos/as como del Noroeste Argentino. Lo paradójico es que todo esto se hace “en nombre de la transición energética”.

¿Qué hacer? Algunas reflexiones desde el ámbito académico

En primer lugar, una de las principales conclusiones a las que llegamos luego de años de estudio sobre la cuestión del litio es la relevancia de dar visibilidad a los conflictos eco-territoriales que suceden en las áreas de extracción del mineral, qué sucede con el agua, qué sucede con los suelos y fundamentalmente qué sucede con los estilos de vida de quienes habitan los territorios.

En segundo lugar, más allá de la denuncia de estas situaciones, resulta necesario que los sectores populares nos apropiemos de la discusión sobre la transición energética. Esto es desde lo más básico, el pensar cómo se pueden (des)fosilizar las matrices energéticas, a algo mucho más complejo e interesante, que es reflexionar sobre el acceso a la energía como un derecho humano y la democratización de las decisiones sobre estos tópicos. La agenda popular requiere no solo la denuncia de la expansión de las actividades extractivas, sino la elaboración, construcción y difusión de un conocimiento alternativo al tecnocrático, que se pueda contraponer a este último a la hora del debate político.

En concreto, sobre el litio, esta agenda podría ser el explorar técnicas de extracción que no implique su recuperación a partir del bombeo de las salmueras de los salares y construcción de monstruosos parques de piletones con geo-membranas en la puna, o la forma en que se explota actualmente el litio del espodumeno. Para ejemplificar a qué nos referimos, existen estudios sobre la explotación del litio a partir del agua del mar, o su recuperación a partir del “reciclado” de viejas baterías, o técnicas que no implican el bombeo de las salmueras. Ahora bien, en la medida en la cual estos estudios y técnicas se hagan en el marco de laboratorios privados, o un sector de ciencia y técnica de reducido presupuesto, cooptado por el sector privado y sin acceso al mismo por parte de las comunidades afectadas, difícilmente las empresas privadas abocadas a la extracción empleen otras técnicas. Se requiere, entonces, a nuestro juicio, no solo resistir los proyectos como los del Noroeste Argentino, o el del San Luís, sino también que los propios sectores populares nos apropiemos del debate sobre la transición energética y elaboremos una postura sobre ello, para incluso así mejor resistir en el territorio.

*Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Naturales del IEALC-UBA

Integrantes: Bruno Fornillo, Melisa Argento, Martina Gamba, Martín Kazimierski, Florencia Puente, Gustavo Romeo, Elaine Santos, Ariel Slipak, Santiago Urrutia Reveco y Julián Zicari

 

Fuente:http://www.marcha.org.ar/litio-en-san-luis-peligrosa-logica-extractivista-en-nombre-de-la-transicion-energetica/?fbclid=IwAR280fJGTkTiMP7a6VzLVddZnnsdpDwOojyJvrm4tSFkBqxeeQ2i6A99-Lg

Mexico

Fondo Minero en Zacatecas; cientos de millones de pesos para obras liliputienses

La industria minera del país ha aportado más de 12 mil millones de pesos a obras de infraestructura social en los 25 estados del país en los que existe industria extractiva, recursos que fueron entregados al sector público vía el impuesto minero, constituido a partir del año 2014.

Lo anterior fue dado a conocer antes de que concluyera el 2018 por la Cámara Minera de México (Camimex), organismo que informó además que sólo en el año previo, la industria minera pagó además 28 mil millones de pesos en impuestos.

En un recuento general, la Camimex recuerda que derivado de la aplicación de los Impuestos Especial, Adicional y Extraordinario, constituidos por el Congreso de la Unión en el denominado Fondo Minero para el Desarrollo Sustentable, a partir del año 2014, en el primer año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recaudó 2 mil 589 millones de pesos, que se distribuyeron entre 199 municipios de 25 estados donde hay operaciones mineras.

Para el año 2015 el monto para el Fondo Minero ascendió a 2 mil 662 millones pesos; en 2016 la contribución del sector minero fue de 2 mil 700 millones de pesos y el año 2017, las mineras aportaron 4 mil 206 millones de pesos para obras sociales e infraestructura productiva para los estados y municipios mineros. Aún no se publica el monto total correspondiente al 2018.

La administración de los recursos del Fondo Minero “así como la selección y seguimiento a los proyectos y obras de beneficio social”, advierte la Camimex “son responsabilidad de las autoridades”. Aclaración muy oportuna, por cierto, a propósito de las múltiples obras y proyectos inconclusos por parte de gobiernos estatales y municipales, incluidos los de Zacatecas.

Al respecto, es oportuno recordar que aquel lejano 24 de Septiembre del año 2015, se instaló en Zacatecas el primer Comité Regional que decidiría qué proyectos públicos se construirán con los recursos el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros del país (Fondo Minero).

Dicho comité quedó integrado, entre otros, por representantes de los consorcios mineros que operan en México, quienes exigieron desde entonces a los gobiernos local y federal, garantías para que sus impuestos sean aplicados con transparencia, en obras realizadas a costos razonables, que se fiscalicen y además, se reconozca públicamente a las empresas mineras que aportaron el dinero, vía impuestos.

Visitó en aquella fecha la entidad, la nada célebre Rosario Robles Berlanga, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), -instancia que por ley administra el Fondo Minero en coordinación con la Secretaría de Economía y el BANCEFI-, quien atestiguó junto con –el tampoco nada célebre-, Miguel Alonso Reyes, en su carácter de gobernador de Zacatecas, la instalación de ese primer Comité Regional del programa.

El Fondo Minero se constituye económicamente con los recursos que provienen del impuesto especial a la minería, aprobado en octubre de 2013 por la cámara de diputados (vigente a partir del año 2014), que equivale al 7.5 por ciento de las ganancias que obtengan las empresas mineras del país en general, y un 0.5 por ciento adicional para las compañías del sector que extraigan oro, plata y platino.

Durante aquel acto protocolario de instalación del primer Comité Regional del país, Octavio Alvidrez Ortega, director ejecutivo de la compañía “Fresnillo PLC” (propiedad al igual que Peñoles del magnate Alberto Bailleres)  -la primer productora de plata primaria del mundo, que cotiza en la Bolsa de Londres-, encabezó la exigencia de las empresas mineras del país, para que los gobiernos local y federal hicieran un uso transparente y eficiente de los recursos del Fondo Minero.

Solicitó además la aplicación prudente de los recursos del Fondo Minero en la inversión física, “para lograr el mayor impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, solicitando que se eviten obras que conlleven un gasto operativo para su mantenimiento, o contratación de deuda”.

En aquella sesión de constitución del Comité Regional del Fondo Minero, intervino además en representación de las Comunidades Agrarias donde existe actividad minera en Zacatecas, el campesino José Pérez Martínez, quien recordó que “las necesidades de los pueblos mineros, nunca se han cubierto en su totalidad, y cada día, a pesar de la generación de empleos y minas, estas necesidades crecen”

Leyendo con problemas el discurso que -fue evidente él no elaboró-, el campesino José Pérez Martínez, pidió a la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, “que además del beneficio del impuesto minero creado con la reforma hacendaria, los ejidatarios contemos con la orientación y apoyo de la SEDU (sic), en la negociación de terrenos que puedan ser de utilidad para la extracción de gas, petróleo, o para la generación de energías limpias, como la solar y la elótica (sic)”.

En aquella reunión Alfonso Cantú, entonces coordinador general de minería en la Secretaría de Economía, dijo que se buscaría que los recursos del Fondo Minero “beneficien a las localidades y regiones donde se desarrolla la minería”, esto es particularmente en los 600 municipios de todo el país que tienen actividad minera.

“Este Fondo evidentemente va a ayudar de una manera importante, a la reducción de los conflictos (sociales) que hemos estado viviendo en el país en estos últimos años, que alcanzó a llegar a 60 conflictos en el territorio nacional. Y ello ¿por qué? Porque no todas las empresas eran responsables socialmente. Algunas sí compartían parte del beneficio a las comunidades, pero otras no. Con esta nueva regalía, eso cambiará, pues solo México y China eran los dos países que no cobraban este impuesto en el mundo”.

Han  transcurrido desde aquella fecha más de tres años, y miles de millones de pesos que han sido recaudados por el impuesto del Fondo Minero, fueron distribuidos y “ejercidos”, por los gobiernos estatal y federal del PRI, en los estados del país con actividad minera.

Entre mayor actividad minera y riqueza se genere con esa actividad económica, mayores serán los recursos que se le asignen a esa demarcación. Y Zacatecas, hay que recordar, está entre los primeros tres estados de la república mexicana con más producción minera.

Pero al finalizar el año 2018, las obras que se debieron realizar con bolsas multimillonarias al final del sexenio de Miguel Alonso Reyes y en los dos primeros años de gobierno de Alejandro Tello Cristerna, son obras realmente miserables, pequeñas en comparación con los cientos de millones de pesos asignados a Zacatecas. En algún lugar se están quedando los recursos que aporta la industria minera, y no llegan a las comunidades.

Antes de que concluyera el año 2018, en una gira de trabajo por Mazapil, Alejandro Tello Cristerna inauguró obras por un monto de apenas 13.4 millones de pesos, “de los cuales una parte corresponde al Fondo Minero”, aclaró.

Ente las obras se informó, están la inauguración del entronque carretero Mazapil-Estación Camacho; un aula construida en el kínder Frida Kahlo en la comunidad Palmas Grandes, así como un domo de 20 por 40 metros de superficie, para la cancha deportiva de la escuela primaria de la misma comunidad. ¿Cómo está trabajando el Comité Regional del Fondo Minero en Zacatecas? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Saldría limpio de una auditoría al Fondo Minero, el delegado federal de SEDATU, Arnoldo Rodríguez Reyes, quien coordinó y operó dicho programa?… La respuesta, quizá, nunca la sabremos.

 

Fuente:http://periometro.mx/2019/01/03/fondo-minero-en-zacatecas-cientos-de-millones-de-pesos-para-obras-liliputienses/

Internacional

Congo: preocupa a las mineras el resultado electoral

Es claro que las empresas mineras no están dispuestas a resignar ni un centavo de sus abultadas ganancias. Las leyes de un país pueden responder a esta desmedida ambición o limitarla. Esto último preocupa a las empresas mineras. Un ejemplo de ello es lo que sucede en la República de Congo donde, a cinco días de las elecciones presidenciales,  se desconocen los resultados.  La Iglesia afirma que ya se sabe cuál es el resultado y  pide que  se haga público. Reclama además a la Comisión Electoral que proclame los resultados de “verdad y justicia”. Mientras, el sector minero manifiesta su preocupación…

La República Democrática del Congo, que celebró elecciones presidenciales el 30 de diciembre, es una de las jurisdicciones mineras más importantes pero difíciles del mundo. Empresas como Glencore Plc, Barrick Gold Corp. y China Molybdenum Co. tienen operaciones importantes en ese país, que es el mayor productor de cobalto –un material clave para las baterías–, y una importante fuente de minerales como tungsteno y estaño.

Una de las mayores preocupaciones del sector minero es un nuevo código minero introducido por el gobierno del presidente saliente, Joseph Kabila, que aumentó las regalías, agregó impuestos y canceló una cláusula que la protegía contra cambios fiscales durante 10 años.

El concurso presidencial es una carrera a tres bandas entre el protegido de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary y los dos principales candidatos de la oposición: Martin Fayulu y Felix Tshisekedi. Si bien se espera que Shadary se adhiera al nuevo código de minería, el tema no ha sobresalido durante la campaña, por lo que los inversionistas no tienen claro su posible impacto. Ejercicio inútil “Ninguno ha hecho una aseveración específica sobre lo que va a hacer con la industria minera después de las elecciones”, explica Ben Davis, analista en Liberum Capital Markets. “Hay demasiadas incógnitas. Implorar por cualquier candidato es un ejercicio inútil”.

Congo, hogar de depósitos de oro, diamantes, estaño y coltán, es famoso por su industria de cobre y cobalto, con más de la mitad de la producción mundial de este último. Glencore, el mayor operador de productos básicos, tiene minas de cobalto y cobre en el país y extrajo casi 300.000 toneladas métricas de cobre y 26.000 toneladas de cobalto en los primeros nueve meses de 2018. Planea producir significativamente más este año, con el aumento de la producción en su mina de Katanga. Barrick Gold, que completó la adquisición de Randgold Resources Ltd. por US$5.400 millones esta semana, heredó un interés en el país como parte del acuerdo. La compañía ahora opera la mina de oro Kibali en el noreste del Congo, una de las mejores del mundo. La operación producirá más de 700.000 onzas de oro este año. AngloGold Ashanti Ltd. también posee el 45 por ciento de la mina.

“Creemos que es un paso importante para el país. Esperamos el resultado final y sus consecuencias”, dijo el nuevo director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, a principios de esta semana. “Continuaremos trabajando con la nueva autoridad en la República Democrática del Congo para asegurarnos de poder cumplir con nuestra visión de que existe una gran oportunidad, especialmente en la región nororiental, para descubrir depósitos de oro de clase mundial”.

 

Fuente:https://noalamina.org/mundo/africa/item/42315-congo-preocupa-a-las-mineras-el-resultado-electoral

Internacional

Ciudad Real: Alegaciones contra un proyecto minero “muy pernicioso” para Arroba y Puebla de Don Rodrigo

Miembros de Ecologistas en Acción y de la Plataforma No a la Mina han presentado esta mañana, en la Delegación de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, un escrito con una veintena de alegaciones contra el proyecto de la mina de titanio en Arroba de los Montes y Puebla de Don Rodrigo.

Al igual que en los casos de Fontanajero y Abenójar, estos colectivos se oponen a proyectos “muy perniciosos” para unas de las zonas mejor conservadas de monte mediterráneo de la Península Ibérica. Además, apuntaba Rafael Gosálvez, portavoz de Ecologistas en Acción, las afecciones a la salud serán “bastante importantes”, perjudicando especialmente a la localidad de Arroba de los Montes.

Este proyecto de minería, recalcaba Gosálvez, pasa por su tercer proceso de impacto ambiental. “Por dos veces se ha dicho ya que no por parte de la Junta de Comunidades a la mina, y con dos gobiernos distintos: el de Barreda (PSOE) y el de Cospedal (PP)”. No entienden, por tanto, por qué se afronta una nueva DIA, máxime cuando la legislación contempla que “cuando un proyecto ha tenido declaraciones de impacto ambiental negativas, ni siquiera se debería haber dado acceso a un nuevo procedimiento”. Con los antecedentes, la presión social en los municipios afectados y a las puertas de unas elecciones municipales autonómicas, confían en que el Gobierno regional no desee “asumir el coste político de una mina que tiene a los pueblos de la zona en contra”.

Por parte de la Plataforma No a la Mina, Francisco José Sarrión, abogaba por “otro tipo” de desarrollo para la zona. “Venden” el proyecto minero como una alternativa para la despoblación, explicaba, “pero creemos que tenemos recursos, valores y riqueza suficiente para que la comarca se desarrolle de forma sostenible, tenga un futuro sin contaminación y conserve su patrimonio natural y cultural; que es lo que vamos a perder a cambio de diez o quince años de minería”.

 

Fuente:https://www.miciudadreal.es/2019/01/04/ciudad-real-alegaciones-contra-un-proyecto-minero-muy-pernicioso-para-arroba-y-puebla-de-don-rodrigo/