En anteriores columnas llamé la atención sobre el tema de la representación ciudadana en los procesos de desarrollo. Señalé que, en las regiones y sus contextos locales, donde todos tienen la expectativa que la minería resuelva diversos problemas, era una tarea pendiente lograr una gestión transparente sin caer en la prebenda y el soborno; y que los actores reflejen sus propias demandas, experiencias y saberes. También plantee que era necesario medir los límites y posibilidades de los recursos mineros y potenciar los recursos productivos agropecuarios para restablecer las capacidades políticas, teniendo como norte la construcción de una visión de desarrollo integral y sostenible.

En medio del terremoto de noticias del caso Odebrecht y la movilización de la población contra la corrupción y la permanencia del juez Chávarry en el Ministerio Público, no vemos con detenimiento lo que sucede con las políticas de desarrollo. Es importante recordar que desde el gobierno de Ollanta Humala y el de Kuczysnski con sus paquetazos de decretos y la denominada “captura del Estado[1] a través de las puertas giratorias del sector empresarial, el principal eje de desarrollo es la promoción de las inversiones. En esto hay una continuidad en la política económica del gobierno de Vizcarra. El informe de descentralización de la PCM 2018, plantea que el desarrollo económico regional debe partir de las prioridades de inversión y que se deben planificar las inversiones en el plan de desarrollo concertado regional. Sin embargo, la concertación perdió sentido, porque son casi inexistentes los espacios de diálogo en el nuevo sistema de planificación del desarrollo económico o territorial.

La semana pasada llamó la atención la difusión -a manera de campaña pública- de las conclusiones de un estudio sobre Apurímac hecho por el Centro de la Competitividad y el Desarrollo CCD. Afirmó que “El proyecto Las Bambas permitiría que la región apunte a ser un motor para la economía nacional”. El CCD señaló que existen más de 1,000 proyectos priorizados en salud e infraestructura. La argumentación sobre la mejora de varios indicadores como reducción de la pobreza, desnutrición, incremento de la comprensión lectora y el razonamiento matemático, busca demostrar la caída de la pobreza hasta en 38% en la región, el aumento de 9% de las exportaciones, y 7% del empleo total en el sector minero entre los años 2014 y 2017. Pero estas milagrosas cifras contrastan con la realidad al constatar que la minería sólo incorpora hasta el 2% de la mano de obra local (en la etapa de construcción), que el sector minero ha decrecido -8.1% en el último año y el sector agropecuario, en un -9.5%, especialmente en el subsector agrícola, por la caída de la producción de maíz y de papa por menores áreas sembradas y la disminución de fuentes de agua[2], entre otros.

El Plan de Competitividad 2017-2040 realizado por el CCD por encargo del gobierno regional de Apurímac muestra alrededor de mil proyectos para la región en temas como salud e infraestructura y presenta a la minería como el motor de desarrollo. En este momento los ingresos de la renta y regalía minera no llegan directamente a las poblaciones, aunque se cuente con proyectos financiados en el SNIP, surge la pregunta de si ahora lo asumirá el gobierno regional como parte del 97% de la asignación por renta o regalías, que como se afirma, se invierte en las provincias. Ello para entender si es que la minería es el motor del desarrollo o ha operado como una actividad productiva con fuerte presencia en la región, pero separada de las expectativas de desarrollo de la población.

En el 2015 luego del conflicto en Las Bambas el entonces vicepresidente Martin Vizcarra elaboró y presentó un Plan de Desarrollo para la provincia de Cotabambas. Ante el énfasis puesto en las infraestructuras, educación y salud, las organizaciones locales que no fueron consultadas declararon que un plan de desarrollo no podía ser un listado de obras y que debía tener ejes como derechos humanos, medioambiente, responsabilidad social, y no sólo un único eje como el desarrollo sostenible.

En el Plan de Competitividad de Apurímac 2017-2040[3] entre los 1,000 proyectos financiados para la región, en Cotabambas se incluyen sistemas de riego, represamiento, infraestructura vial y sistema de saneamiento de agua potable, instalación de oficinas de gestión y sistemas de comunicaciones, todos ellos presupuestados en el SNIP para fomentar las inversiones. Se señala que la mayoría de estos proyectos fueron solicitados en el proceso de las desaparecidas Mesas de Diálogo. En el tema de productividad sólo se ha identificado una cadena productiva que es la de la papa nativa o amarga, la piscicultura de trucha y algunos emprendimientos. La pregunta es si en estas mesas de trabajo para la definición de ejes[4] se convocaron a las organizaciones y las comunidades o únicamente a los alcaldes.

El ex gobernador regional Wilber Venegas afirmó que: “Apurímac, no tiene un discurso antiminero; nosotros creemos que el agua y el cobre son compatibles, y todas las empresas mineras pueden venir a invertir siempre y cuando lo hagan con mucha responsabilidad”. La pregunta es cómo asegurar la responsabilidad si aún no se evalúa con la ciudadanía los errores y aciertos que han generado la desconfianza de la población así como los impactos por resolver de las inversiones mineras en el territorio. La recuperación de la confianza y de los espacios de diálogo o concertación son claves para poder afirmar la minería como principal motor del desarrollo en la región.

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[1]                    Durand, Francisco Cuando el poder extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en el Perú. Lima: OXFAM. Junio de 2016.

[2]                    Fuente: www.ipe.org.pe Crecimiento económico en Apurímac 4 de Octubre de 2018. Chaski/ Apurímac.

[3]                    Plan Estratégico de Competitividad Apurímac 2017-2040. Gobierno Regional de Apurímac; Centro de la Competitividad y el Desarrollo.

[4]                    Estas fueron: Competitividad económica e infraestructura; Ambiente para facilitar la creación de negocios; Desarrollo de cadenas productivas con mayor potencial y clústers; Desarrollo social sostenible (educación y salud); Estructura organizaciones para la sostenibilidad del Plan de Competitividad, respectivamente.