Noticias

Chile

Gobierno detecta 37 relaves mineros abandonados que presentan peligro para la población y el ambiente

08 de agosto de 2012, Minera Valle Central, ubicada en Requinoa, VI Region, dedicada a la extracción de relaves y recuperacion de cobre y molibdeno. Foto: Juan Carlos Recabal Diaz / MCH

A fin de año la autoridad espera fijar la obligación de monitorear los 101 tranques que están activos y generar alertas tempranas, para evitar una tragedia como la de hace unos días en Brasil. Inicialmente se estima que a la industria esto podría llegar a costarle hasta US$ 900 millones.

Chile, Negocios e industria
Publicado el 4 de febrero del 2019
Enviar por email Imprimir Suscribirse a newsletter Notas al editor
(El Mercurio) Con el ritmo actual de producción minera en Chile, cada 36 horas se depositan relaves equivalentes a un cerro Santa Lucía. Un volumen anual de 600 millones de toneladas -estimado con datos a 2014- ubica al país como el tercer mayor acumulador de estos desechos tras China y Estados Unidos. La proyección de incremento de la producción podría implicar que a 2035 la cantidad de relaves se duplique.

Este aumento que es inevitable preocupa a mineras y autoridades porque además se da en un ambiente de rechazo creciente por parte de las comunidades a este tipo de depósitos. El daño que podría provocar el colapso de una de estas estructuras alimenta los temores y la suspicacia. Tragedias recientes, como la de la mina de cobre Mount Polley en Canadá el 2014 -donde el vertimiento afectó severamente a dos lagos- o la de un año después en Brasil, donde la liberación de material residual de hierro de una operación de la minera Samarco (BHP y Vale) en el distrito de Mariana cobró 19 víctimas, en nada ayudan a mejorar la percepción social, pese a que la minería a nivel global resintió el impacto de estos sucesos. Las compañías revisaron sus tranques y contrataron asesorías para mejorar sus estándares de manejo y monitoreo de seguridad, comenta el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández.

De más está decir que el colapso hace unos días de otra instalación ligada a la brasileña Vale, el tranque Brumadinho, en Belo Horizonte, pone una nueva cuota de incertidumbre.

Como principal productor de cobre, Chile no se quedó al margen. Empresas de la gran minería en forma individual y en conjunto con entidades como la Fundación Chile, el programa Alta Ley o Corfo tienen planes para elevar y en alguna medida estandarizar sus sistemas de seguridad y alerta ante este tipo de emergencias. Lo complejo es que estas iniciativas apuntan a los 101 tranques que están activos, lo que representa solo el 14% de un total de 740.

Pese a que entre los 639 depósitos restantes que están inactivos (469) y abandonados (170) están los que potencialmente podrían ser más riesgosos, hasta ahora es poco lo que se ha hecho. Con esto en mente, el año pasado el Ministerio de Minería lanzó una iniciativa para agrupar en una política nacional todas las acciones en materia de relaves que están en ejecución para, eventualmente, en el mediano y largo plazo tratar de aplicarlas a todos los depósitos, sin importar su estado.

El ministerio sacará al mercado los relaves abandonados
Un primer paso fue identificar que entre los relaves abandonados, es decir, los que no tienen propietario identificado, hay 37 -distribuidos entre las regiones de Tarapacá y Valparaíso- que según explica el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, revisten “a lo menos un riesgo significativo” para la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente y actividades económicas, ya sea porque están muy cerca de zonas pobladas, son muy antiguos o evidencian inestabilidad (ver mapa).

El Gobierno está caracterizando estos depósitos, lo que implica establecer su nivel de riesgo, ubicar a sus dueños, aclarar su estatus de permisos y determinar el volumen y los minerales que contienen. En paralelo, dice Terrazas, preparan cambios normativos para elevar las atribuciones de la autoridad para exigir a los propietarios que se hagan cargo de sus desechos y los contengan. Para esto se considera, incluso, la vía judicial a través del Consejo de Defensa del Estado.

El ajuste en evaluación permitiría también que el Estado pueda “poner en el mercado” los relaves que definitivamente no tienen dueño identificado. Esto implica, por ejemplo, simplificar los permisos para el traspaso o el traslado de estos materiales.

Esta última es la parte más novedosa del plan, añade el subsecretario, porque todas las ideas que se han planteado para remediar estos pasivos ambientales han chocado con la falta de recursos públicos. Esto será diferente ahora, dice Terrazas, porque el plan es que sean los privados quienes financien esta limpieza, reprocesando los relaves para sacar los metales que contienen y trasladando lo que quede a depósitos que cuenten con permisos.

La otra alternativa, para la que ya habría dos importantes mineras disponibles, es una fórmula al alero del Sistema de Evaluación Ambiental que permitirá a las empresas que tramiten proyectos compensar parte de sus emisiones por la vía de remediar algún relave abandonado que esté en la misma región del proyecto. Tras varias prórrogas, el convenio entre el ministerio y el Servicio de Evaluación Ambiental se firmaría en marzo, y ahí se liberarían las guías que establecerán las equivalencias entre emisiones y volúmenes de relaves.

“Este sistema no implica una carga mayor de recursos para la industria, porque se sustituyen otras compensaciones que se han vuelto más complejas, como la compra de terrenos para hacer reservas naturales, pero tampoco será un costo mayor para el Estado”, asegura Terrazas y añade que no fijarán de antemano lo que las empresas podrán hacer con estos relaves, sino que “dependerá mucho de la creatividad o de las distintas fórmulas que desarrollen las empresas”.

El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dice que la industria rescata el espíritu de estas propuestas con miras a avanzar hacia el mejoramiento continuo en materia de relaves. “Estamos disponibles para trabajar en conjunto”, adelanta, mientras que el titular de la Sonami asegura que la opción de remediar relaves abandonados como forma de compensación para proyectos nuevos “puede ser una iniciativa inteligente”, aunque plantea que no en todos los casos será posible reprocesar o dar otro uso a los desechos, y ahí es importante que entre las alternativas se considere el financiamiento de obras para estabilizar los tranques y habilitar monitoreo para reducir el riesgo asociado.

Programa piloto para futura norma de monitoreo costó casi US$ 10 millones
Otro de los ejes de la Política Nacional de Relaves es hacer obligatorio el monitoreo de la estabilidad física y química de los tranques y el acceso de la población a esos datos, para lo cual se realizará una nueva modificación al decreto que hace cuatro décadas regula la construcción de estos tranques.

La normativa surgió tras el colapso de seis tranques de relaves producto del terremoto de magnitud 7,4 Richter que en 1965 tuvo epicentro en La Ligua. El vertimiento provocó la muerte de 200 personas. Entre ese año y 2010 el país tuvo diez episodios. El último fue en El Maule y dejó cuatro muertos.

La base de este plan de medición e información es el denominado “programa Tranque”, iniciativa diseñada por la Fundación Chile con la colaboración de empresas, organismos públicos y otras entidades especialistas del sector, y funciona a partir de una plataforma centralizada que dependerá del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y recibirá la información, que será procesada para mejorar y agilizar las decisiones de operación y la reacción ante eventuales emergencias, explica Cecilia Vidal, subdirectora del programa.

El piloto de la iniciativa está en el tranque de relaves El Mauro de la mina Los Pelambres, faena propiedad de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic. Se optó por este depósito, porque ya contaba con instalaciones adecuadas para estos fines.

Según datos del Ministerio de Minería, la habilitación de este sistema tuvo un costo cercano a los US$ 10 millones. Si se considera que, según Cecilia Vidal, solo 23 de los tranques de relaves activos tendrían instrumentos de un nivel más desarrollado, porque pertenecen a faenas de la gran minería, en un escenario de obligatoriedad la inversión para instalar este tipo de monitoreo en los 101 depósitos que están activos podría acercarse a los US$ 900 millones, de acuerdo con estimaciones iniciales de la industria.El subsecretario Terrazas agrega que estas pruebas en condiciones y escala real tomarán todo este año e irán a la par del ajuste normativo que preparan.

Entre 1965 y 2010 hubo 10 accidentes de tranques de relaves en el país. Seis fueron consecuencia del terremoto de 1965. Después de eso la construcción de estas estructuras se reguló.

http://www.mch.cl/2019/02/04/gobierno-detecta-37-relaves-mineros-abandonados-presentan-peligro-la-poblacion-ambiente/

Mexico

Un “No” rotundo a las hidroeléctricas y a las mineras

Autor: Sonia Gerth

Rode Asvely Murcia Miranda, originaria del pueblo Maya Ch’orti’ de Copán Ruinas, forma parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (Conaminh) y se dedica a la defensa del territorio, de la naturaleza y de las mujeres en la zona de Copán.

Cimacnoticias habló con la también colaboradora de la Red Nacional de Defensoras Rode durante la “Misión Feminista de Solidaridad El Abrazo”, una gira por Honduras que realizaron 52 defensoras de Derechos Humanos del 20 al 25 de enero para conocer la situación de las defensoras locales

Sonia Gerth (SG): ¿Cómo te iniciaste en la lucha?

Rode Miranda (RM): Soy nueva en la lucha, a raíz de que nuestro municipio era amenazado con cuatro concesiones mineras en la zona norte de Copán Ruinas, de donde emana el agua que consumimos más de 40 mil personas del municipio. Cuando nos dimos cuenta, fui una de las primeras en dar la alerta. Y de ahí comenzamos la lucha y nos metimos a lo que es la defensa del territorio. Apoyo a mujeres que están siendo criminalizadas por defender su parcela de tierra, la alimentación para sus hijos.

SG: Eres una persona con mucho carisma, que transmite mucha fuerza. ¿Dijiste que lo heredaste un poco de tu abuela?

RM: Exactamente. Lo heredé de mi abuela, siempre le gustaba ayudar al más necesitado. Y defender los derechos de los que no tenían voz. Ella era una docente, fue maestra. En 1988 la mandaron para una aldea de Copán ruinas. Y su sorpresa fue que cuando llegó estaban cercadas las calles, no había caminos para llegar a la comunidad. Y ella levantó su voz y dijo que no podía ser de, que esta gente viviera como animales encerrados, y que no tenían unas viviendas dignas. Entonces ella empezó una revolución en contra los terratenientes de esa zona, defendiendo los derechos de las personas indígenas en Copán.

“Fue así que esta comunidad se liberó de terratenientes que los tenían sometidos a trabajar, muchas veces sin pago, no les tenían caminos para llegar a sus casas. Mi abuela botó los cercos, buscó ayuda con la justicia, en ese entonces todavía se tenía una esperanza en la justicia. Mi abuela lo logró. También ella sufrió persecución a raíz de esto, su vida se puso en riesgo. Pero de ahí es donde traigo el arraigo a defender los derechos de los sin voz. Porque muchas veces desde las comunidades la voz que necesitan ellos no se escucha ante las autoridades. Y necesitamos acuerparnos para hacernos valer y que nuestra voz sea escuchada”.

SG: Nos podrías detallar como está la situación en el territorio de las y los Maya Ch’orti’ en ese momento. ¿A qué se enfrentan?

RM: La lucha, en este momento está caliente. La mayoría de las que estamos enfrente de esas organizaciones somos mujeres, algunas estamos sufriendo el patriarcado y el machismo dentro de las mismas organizaciones. Y cuando nosotros decidimos tratar de llevar proyectos a las comunidades, los mismos hombres nos ponen tropiezo, nos quieren difamar. Nos están difamando en la zona, y algunas están siendo judicializadas por defender la tierra, sin ninguna prueba en realidad. Pero como mujeres creemos que, como decimos acá, tenemos los ovarios bien puestos.

“Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos y los derechos de las futuras generaciones, defendiendo el derecho a vivir, el agua, nuestros bosques, para que nuestras futuras generaciones pueden disfrutar de lo que tenemos en las zonas. Sabemos que como mujeres no tenemos una batalla fácil, pero vamos a salir adelante. Tengo tres compas que están siendo judicializadas, una por usurpación del terreno, porque el dizque dueño, las tiene procesadas por usurpación por derecho a nuestras tierras ancestrales. Otra compañera está siendo judicializada por oponerse a la reapertura de una mina en la Unión Copán. Ella en estos días fue citada ante los juzgados, por qué no lo sabemos, porque la mina está demandándola por obstruir el trabajo, según ellos”.

SG: ¿Pero no está abierta?

RM: No, actualmente está cerrada. Está detenido. Por eso están citando a esa gente, por obstrucción al desarrollo, dicen. Cuando (lo que pasa es que) no trae desarrollo, más bien nos trae muerte. Otra compa, juntamente conmigo, somos víctimas de difamación, porque nos han dicho que hemos falsificado algunas cosas para que una consejería, que no es legal y que el pueblo no quiere, (no) sea inscrita. Nosotros sabemos lo que el pueblo quiere, y les dijimos, si tienen pruebas, arránquese, aquí estamos.

SG: Podrías describir cómo son las relaciones, ¡quienes son ustedes y quienes son las personas que enfrentan? ¿Cómo es la ley de minería en Honduras, a quién favorece y a quién desfavorece?

RM: La ley de minería en el país no viene en beneficiar en nada el pueblo. Más sólo el uno por ciento de lo que es la producción de la mina es lo que es distribuido en el municipio y en el país. Esta ley viene a favorecer los grandes poderosos del país. Teníamos una beta de no ceder más concesiones de los que habían sido concedidas. Pero desgraciadamente, desde que entró el señor Juan Orlando Hernández, en ese entonces entró como presidente del Congreso Nacional, él dio como una nueva prórroga para poder dar más concesiones mineras.

“Actualmente, nuestro país está concesionado aproximadamente en un 80 por ciento. Sólo hay dos departamentos que no están dentro del mapeo que se hizo para la explotación. La ley favorece nada más que el dueño del terreno, al Estado y a la misma minera, que muchas veces son personas extranjeras. Es tan contradictorio que muchas veces vienen a hacer estudio de impacto ambiental a la zona, y traen su propia gente del extranjero a que vengan a hacer estudios. Ni nos consultan a nosotros para poder entrar y hacer esos estudios.

“Están violentando lo que dice el Convenio 169 (de la OIT) a la consulta libre, previa e informada. En primera porque somos comunidades indígenas donde están las riquezas del país, y se nos han pisoteado nuestros derechos. Creemos y hemos exigido que sean respetados nuestros derechos. Que sean respetados los convenios que existen internacionalmente y que se nos sean consultados. No importa si sólo sea por una concesión, si sólo sea por un estudio que van a la zona. Pero como nacidos y provenientes de esas comunidades indígenas, tenemos derechos a saber qué es lo que andan haciendo en nuestro territorio. Tenemos derecho a decir sí o no. Y en este caso es un No rotundo a las hidroeléctricas y las mineras en nuestro país”.

SG: También nos comentaban que se están enfrentando a uno de los narcotraficantes más grandes de la región. ¿Qué medios tienen ellos para hacerles daño, y qué medios tienen ustedes para luchar por su tierra?

RM: Si, estamos ahorita por la cuestión tierra con una de las comunidades del occidente, luchando para que se dieran estas tierras a esta comunidad indígena. Desgraciadamente nos topamos, el que había hecho el convenio era uno de los terratenientes más poderosos de la zona. Este señor, sabiendo que a él sí se la podíamos haber ganado fácil porque no tenía poder para manipular el Estado, hizo un convenio de compra y venta con uno de los narcos más poderosos de la zona de occidente. Estando así la cuestión cuando llegamos donde este señor, le dijimos que queríamos llegar a un acuerdo, y dijo ‘Miren, yo no les voy a vender nada, ya les dije que les puedo dar unas parcelas’. Pero las parcelas que él dio estaban en unas laderas, y la gente ahí no puede construir sus casas, no pueden cultivar, no pueden vivir dignamente.

“Entonces, nos acorralaron a la gente. No tenemos en esta comunidad ni donde cultivar una plantita de maíz, una plantita de frijol, para que esa gente se pueda alimentar. Nosotros no contamos con más que nuestras fuerzas y nuestras creencias, nuestra espiritualidad. Para ganar la justicia en Honduras, nunca la hemos visto a favor del pueblo. Pero tenemos fe de que por otro lado pueda haber justicia. Porque nos llevamos una gran sorpresa al saber de que Estados Unidos está pidiendo extradición a este señor, que por años ha venido obstaculizando la alimentación de nuestra gente.

SG: Sabiendo a qué se enfrentan ustedes, las defensoras, poniendo su vida en esta lucha, a ti lo que te alimenta, ¿es la espiritualidad?

RM: Me alimenta, sí, en parte, confiar en que las abuelas y abuelos, nuestros ancestros nos ayudan a salir adelante, a sacar adelante su pueblo, pero también nos alimenta mucho nuestra alma y nuestra satisfacción de ver que los niños son felices cuando se gana una lucha. De ver de que ellos ya van a tener seguridad, un hogar seguro y digno, con alimentación, y que los recursos naturales de sus comunidades están siendo protegidos realmente. Es lo que nos alimenta a seguir adelante.

Fuente: http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/un-no-rotundo-las-hidroel-ctricas-y-las-mineras

Perú

En el 2019, Vizcarra continúa con política inconstitucional de declarar Estado de Emergencia en las comunidades del Corredor Minero Sur del Perú

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El viernes 25 de enero, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió el Decreto Supremo N° 008-2019-PCM que vuelve pa rorrogar el Estado de Emergencia en las comunidades que son atravesadas por el Corredor Vial Minero Sur de Apurímac- Cusco- Arequipa. Como sabemos, desde el año pasado, el Ejecutivo viene declarando y prorrogando este estado de emergencia y, desde el 2017, ha estado declarando estados de emergencias en los distritos de Chalhuahuacho, Haquira y Mara, de la provincia de Cotabambas del departamento de Apurimac, y en el distrito de Capacmarca de la provincia de Chumbivilcas del departamento de Cusco.

En el sur del Perú, específicamente en Apurímac, se viene desarrollando el proyecto minero cuprífero “Las Bambas” del consorcio chino Minerals Metals Group (MMG), que es el más grande del país. Desde el 2016 despacha el concentrado de cobre hacia China por el puerto de Matarani en Arequipa; y la población de Cotabambas (Apurímac), viene protestando porque la calidad y cantidad de agua sigue siendo perjudicial para sus comunidades y los impactos generados por los camiones de transporte de minerales que van por la carretera del corredor minero sur (Apurímac-Cusco-Arequipa), sigue afectando a la población.La “Mesa de Diálogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas” con Resolución Ministerial N° 263-2015-PCM fue suspendida a fines del 2016 y eliminada hace unos meses a través una resolución del Gobierno de Vizcarra; negando así la posibilidad de diálogo entre la población, el Estado y la empresa minera.

Asímismo, en los últimos meses se han registrado enfrentamiento entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) y la policía porque el corredor vial minero sur (la carretera), atraviesa sus territorios y recién el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha asumido el diálogo con estas comunidades para establecer responsables en la construcción de esa parte de la carretera.

Como ya se ha señalado anteriormente, desde Red Muqui y otras organizaciones: las declaratorias de estados de emergencia permanente, sin que se configuren los supuestos constitucionales para esta medida; son violatorios a los derechos humanos y violatorios a las obligaciones de protección que tiene el Estado peruano en contextos donde se desarrollan actividades económicas.

Esta medida se da días antes de que empresas mineras, entidades del Estado y algunas organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo de Alto Nivel (GAN); presenten la Visión de la Minería al 2030, donde supuestamente se presentará una “minería sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. Pero que, sin embargo; no renuncia o deslinda con el uso de estrategias como la criminalización de la protesta, los convenios entre empresas mineras y la policía para seguridad y la declaración de estados de emergencia “preventivos”; que, como vemos, el Ejecutivo sigue dictando para controlar el territorio y garantizar la extracción minera sin importar el respeto a los derechos fundamentales de comunidades y poblaciones que viven en zonas mineras.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/837-en-el-2019-vizcarra-continua-con-politica-inconstitucional-de-declarar-estado-de-emergencia-en-las-comunidades-del-corredor-minero-sur-del-peru

Perú

Gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón; autoridades; y familias de Morococha, exigen cese de hostilidades a la minera Chinalco

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Toromocho-Morococha-Peru Copper

El martes 29 de enero, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha (FADDIM), la Asociación Civil de los Hijos Nacidos en Morococha (ASOC HNM) y la Asociación de Propietarios de Morococha se movilizaron e hicieron público un memorial suscrito por distintas autoridades de la región Junín, entre ellos, el gobernador regional Vladimir Cerrón. Este memorial apoya y respalda a los pobladores de la antigua ciudad de Morococha; quiénes denuncian que la Minera[RM1] Chinalco está realizando acciones de hostilización, amedrentamiento y abuso contra los pobladores de la zona con la finalidad de desocuparlos de la antigua ciudad; sin indemnizar a los pobladores quiénes viven en el territorio.

Los pobladores de la comunidad temen que la empresa minera destruya sus casas para expulsarlos de su propiedad; quiénes hace más de cinco años conviven con el polvo de la extracción del cobre, las vibraciones y el ruido de las detonaciones del proyecto minero Toromocho de la empresa minera Chinalco.

DATO: Las reservas de la mina se estiman en 1 526 millones de toneladas. El 61% de los envíos de este metal tiene como destino China.

Debido a esta situación, el FADDIM, la ASOC HNM y la Asociación de Propietarios han interpuesto una medida cautelar de no innovar; para que se suspenda alguna acción de desalojo que quiera realizar la empresa minera, amparándose en el procedimiento de transferencia expropiatoria amparada por el Estado peruano.

Cabe recordar que en el contexto de la reconstrucción nacional luego del fenómeno de “El Niño Costero”, el Congreso aprobó el artículo 49 de la ley de agilización de expropiaciones expropiaciones (Ley 30680), que convirtió en ilegal la posesión de predios en zonas de riesgo como medida de prevención de desastres. Asímismo, esta Ley regula la “declaración de intangibilidad” para fines de vivienda en áreas riesgosas («zonas de riesgo no mitigable»), de manera que los lugares catalogados así se vuelven inhabitables. De esta manera la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) pasó a custodiar las tierras de Morococha antigua.

 

PUERTAS GIRATORIAS

Tras los cambios legales operados en el Congreso; el viceministerio de Minas, que presidía Ricardo Labó en febrero del 2017, que anteriormente trabajó hasta el 2014 en Río Tinto, un grupo minero con capitales chinos de Chinalco; pidió transferir a la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el terreno de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a la empresa estatal Activos Mineros, de la cual Ricardo Labó también era presidente, para ser destinado al proyecto minero de ampliación de Toromocho, operado por Chinalco.

Finalmente, durante la movilización y en el contenido del memorial, los pobladores anuncia que “realizarán marchas, vigilias y visitas para pedir a las autoridades que no se desentiendan de la situación por la que están atravesando”. El pronunciamiento señala que la población reafirma su compromiso para luchar por un reasentamiento en términos dignos y frenar cualquier acción abusiva por parte de la empresa minera Chinalco.

 

OJO

Cuando Chinalco anunció el inicio de las obras en la ampliación del proyecto minero Toromocho, lo hizo junto al propio Vizcarra en junio del 2018. Quién señaló: “Cuando la inversión va a generar progreso y desarrollo, encuentran en el Estado un aliado en esa inversión”, dijo públicamente el acual presidente

Memorial para exigir cese de hostilidades a la minera Chinalco

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/839-gobernador-regional-de-junin-vladimir-cerron-autoridades-y-familias-de-morococha-exigen-cese-de-hostilidades-a-la-minera-chinalco
Ecuador

El 24 de marzo de 2019 será la consulta popular sobre la minería en Kimsakocha

Autor: foazuay.org

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que el día de las elecciones, el próximo 24 de marzo de 2019, también se realizará el proceso de consulta popular sobre la minería en los páramos de Kimsakocha.

Según el CNE, el día de las elecciones 15.363 electores de las tres parroquias del cantón Girón acudirán a las urnas y recibirán una papeleta más, con la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha?

El proceso de consulta se inició en agosto del 2015, cuando el CNE calificó 1 571 firmas presentadas por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, con el apoyo de la Ecuarunari y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). Posteriormente, el proceso pasó a la Corte Constitucional (CC), entidad que no se pronunció durante 3 años.

El 19 de noviembre del 2018, el entonces CNE transitorio, liderado por Gustavo Vega, aprobó un informe de recomendación, para que se realice el plebiscito. Sin embargo, la fecha de la consulta estaba pendiente, después de varios pedidos de los defensores del agua, la Ecuarunari y la FOA, el CNE finalmente se pronunció.

Fuente: https://foazuay.org/2019/01/23/el-24-de-marzo-de-2019-sera-la-consulta-popular-sobre-la-mineria-en-kimsakocha/
Ecuador

Cuenca marcha contra la minería, la crisis lechera y las medidas económicas

Autor: foazuay.org
Conflicto Relacionado: Rio Blanco-Molleturo

“Agua quiero, agua quiero, oro no”

“Leche quiero, leche quiero, suero no”.

Con estas consignas defensores del agua de Kimsakocha y Río Blanco, pequeños y medianos ganaderos, agricultores, mujeres y estudiantes, se movilizaron en rechazo a las medidas económicas y las privatizaciones de los sectores estratégicos.

Esta acción es parte de las Jornadas de Resistencia y Movilización Nacional convocada por la CONAIE y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Otras organizaciones de distintas provincias se sumarán desde sus territorios en horas de la tarde.

Miriam Chuchuca, defensora del agua de Kimsakocha, señaló que otro de los pedidos es exigir al Consejo Nacional Electoral la fecha de la consulta popular para evitar la explotación minera en la zona de Girón. “Si el agua se termina, se termina todo”.

Elizabeth Durazo, moradora de Molleturo, denunció esta mañana el ingreso de la policía en Río Blanco pese a que el juez Paúl Serrano dispuso la suspensión de las actividades mineras y el retiro de la fuerza pública.

Raymundo Hernández, representante de los pequeños y medianos ganaderos del cantón Girón, informó que enfrentan una crisis por el acuerdo comercial con la Unión Europea y la poca demanda de los productos lácteos, por lo que demandaron la no industrialización del suero, así como el respeto del precio de la leche a 42 centavos.

La protesta avanzó por las calles del centro Histórico desde la Plaza de San Blas, la Gobernación del Azuay y Parque Calderón. Además, los manifestantes informaron que este es el inicio para la radicalización de la protesta contra el gobierno de Lenín Moreno.

 

Fuente:https://foazuay.org/2019/01/30/cuenca-marcha-contra-la-mineria-la-crisis-lechera-y-las-medidas-economicas/?fbclid=IwAR1mRE5Q0krdUECuvnlnz8fc2yacKhsewnLNyb8ZPR53gXD9_1xq8bO8Xac

Ecuador

Contraloría ecuatoriana cuestiona proyecto de Codelco en ese país y arriesga suspensión

Autor: MCH.cl
Conflicto Relacionado: Llurimagua-intag

Una nueva dificultad tendrá que enfrentar Codelco para poder concretar el proyecto Llurimagua, iniciativa que la minera impulsa en Ecuador de la mano de la estatal de ese país Enami EP. Esto, luego de un negativo informe previo presentado por la Contraloría de esa nación.

El viernes pasado, la institución local dio a conocer el borrador de un documento sobre el proyecto con el que Codelco busca concretar su tan esperada internacionalización. Este informe, incluso podría poner en duda la iniciativa, pues esta incurriría en una causal de suspensión de la concesión minera, luego de que no se presentaran en los plazos establecidos ni el informe anual de actividades, ni el plan anual de inversiones. A lo anterior se suma que las empresas (Enami EP y Codelco) habrían realizado actividades mineras antes de contar con la licencia ambiental correspondiente.

Además, según medios ecuatorianos, otro de los puntos criticados tiene que ver con la tardanza para constituir el modelo de negocios que consideraba una composición mixta, en la que Enami EP contaría con un 51% y Codelco un 49%. Al cierre de 2017 este aspecto aún no se definía.

En el borrador presentado por la institución ecuatoriana también se hace referencia a que la minera no entregó mayores detalles respecto de las características del yacimiento y de los minerales presentes en él. Esto dificultó al Estado de Ecuador conocer el beneficio de avanzar en la explotación.

Contaminación y tala de árboles

En términos ambientales, se acusa la contaminación de algunas fuentes de agua, además del uso de estas sin la autorización correspondiente, así como la tala ilegal de más de 60 árboles presentes en la zona de Llurimagua.

La importancia para la estatal tiene que ver con que a la fecha, Codelco ha invertido del orden de los US$ 40 millones en tareas tempranas que tienen que ver con las fases de exploración inicial, recursos que tendrían que aumentar en el corto plazo para avanzar en la siguiente fase.

Gracias a estos trabajos, se cuantificaron recursos mineros por 1.500 millones de toneladas de cobre y molibdeno, con una ley de 0,51%, lo que impulsó a Codelco a seguir adelante para precisar la información geológica y acordar los métodos de explotación más eficientes y económicos.

Fuentes al tanto de los avances de la iniciativa comentan que también existe un tema político detrás, que tiene que ver con las diferencias entre el actual Presidente Lenin Moreno y su antecesor, Rafael Correa, quien fue un impulsor de la minería en Ecuador. A lo anterior se suma la fuerte oposición de las comunidades locales.

Contactados por “El Mercurio”, desde la Contraloría de Ecuador señalaron que Codelco tiene un plazo de cinco días para informar que presentará sus descargos, más otros cinco para concretarlos. Con todo, desde Ecuador señalaron que el informe final será publicado en un mes.

Desde Codelco, en tanto, señalaron que hasta el momento no han sido notificados del informe de la Contraloría de Ecuador, por lo que no conocen de su contenido.

 

Fuente:http://www.mch.cl/2019/01/29/contraloria-ecuatoriana-cuestiona-proyecto-codelco-ese-pais-arriesga-suspension/?fbclid=IwAR0SrLxH1Twe1JobcH04t9ZfBOGst8E4HAwSn-yPRAXopSv6kkC12s3of1s

Colombia

Invalidan acuerdo municipal que prohíbe la minería en Tarso, Antioquia

Autor: Medellín , El Tiempo.

La decisión fue dada a conocer mediante un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la invalidez del Acuerdo Municipal 13 de 2017, por medio del cual se prohíbe la minería metálica en Tarso, ubicado en el Suroeste antioqueño, zona que cuenta con una fuerte resistencia a esta actividad económica en diferentes municipios como Jericó, Támesis, Urrao, Caicedo, Titiribí y Betulia.

Según el Tribual en el fallo emitido este 31 de enero, las iniciativa del concejo de Tarso no tiene validez, pues no es competencia de una autoridad de orden municipal tomar determinaciones de este carácter sobre el uso del suelo.

El contencioso indicó que hubo extralimitaciones, ya que en la jerarquía del Sistema Nacional Ambiental los municipios están «en el último orden».

Esta decisión se da luego de que el secretario General de la Gobernación de Antioquia le solicitara al Tribunal revisar el acuerdo municipal, como ha sucedido en otros casos similares como el de Urrao y Támesis, cuyos concejos prohibieron la minería y el Tribunal de Antioquia invalidó en su momento.

«El municipio tiene competencia para declarar las áreas protegidas, pero esta es concurrente con otras autoridades como las CAR, quienes delimitan dichas áreas; por ende, el concejo municipal carece de competencia para establecer la prohibición del desarrollo de actividades mineras al ser este un asunto que debe regular el legislador, como lo hizo en los artículos 31 a 38 del código de minas, al reglamentar las zonas reservadas, excluidas y restringidas para la minería», se lee en el fallo.

Asimismo, se indica que entre las razones expuestas por el Departamento de Antioquia para invalidar el acuerdo municipal también están la necesidad de concurrencia de otras autoridades en la decisión y la obligación de realizar un proceso de participación y concertación para delimitar los usos del suelo.

En el fallo también se ordena comunicar la decisión al alcalde y al presidente del concejo de Tarso, quienes una vez sean notificados se pronunciarán al respecto.

Fuente:https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/tribunal-administrativo-de-antioquia-anula-acuerdo-que-prohibia-mineria-en-tarso-321516

Perú

El distrito de Suyo en Piura y las disputas alrededor de la minería

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

El asesinato del presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina de San Sebastián, Wilbelder Angel Vegas Torres, ocurrido en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca en Piura, es una clara muestra del clima de violencia e impunidad que se vive en las zonas donde se implanta esta actividad.

Suyo es el principal asentamiento de minería informal/ilegal en Piura y un porcentaje altísimo de su territorio se encuentra concesionado. Como se puede apreciar en el siguiente mapa, el 90.9% de Suyo o ya se encuentra concesionado o está en proceso de trámite.

Usualmente, en zonas de minería informal/ilegal son personas naturales las que tienen la titularidad del mayor número de concesiones. Sin embargo, en el caso de Suyo es importante subrayar que apenas dos empresas (que en realidad responden a un solo propietario) ocupan el 27.67% de todo el territorio de Suyo. Las empresas son San Miguelito SAC. y Minera Ate SAC., ambas de propiedad de la minera canadiense Plexmar Resources

Vegas Torres, había pedido garantías para su vida y según algunas informaciones no solo encabezaba el frente de defensa de su comunidad, sino que también estaba registrado como minero artesanal y había conformado una cooperativa para la explotación minera de forma artesanal.

Lo que se espera es que se investigue este crimen y se sancione a los culpables. Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este distrito de Ayabaca: como lo ha recordado Radio Cutivalú de Piura, en los últimos años el conflicto con los mineros ilegales instalados en Suyo ha cobrado la vida de más de diez personas. Por ejemplo, en el año 2010, el fiscal de la comunidad campesina de Santa Rosa de Suyo también fue asesinado por sicarios y hasta el momento este hecho ha quedado impune.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-distrito-de-suyo-en-piura-y-las-disputas-alrededor-de-la-mineria/?fbclid=IwAR29sA5EcbrOZws9c8bgO2J525GeCRmdLZX_5YdfVqoN6W2wmORWoaWrkoI

Chile

Gobierno apunta a administración Bachelet por Parque Nacional Patagonia

Autor: Cooperativa.cl

El Ministerio de Bienes Nacionales explicó la redefinición de límites del Parque Nacional Patagonia, en la Región de Aysén, luego que se denunciara la reducción en casi 5.000 hectáreas de su territorio, a favor de la empresa australiana Equus Mining, que sondea yacimiento de oro y plata en la zona.

De acuerdo a un comunicado, antes de dejar su cargo como Presidenta, Michelle Bacheletfirmó el decreto que creaba el parque de 302.335 hectáreas, pero dejó en su interior terrenos particulares que se habían considerado como fiscales.

Además, la cartera aclaró que la superficie del parque, tras la decisión del Consejo de Ministros realizado en octubre de 2018, creció en 2.192 hectáreas si se compara con lo aprobado en el gobierno anterior en 2017, llegando a 304.527,75 hectáreas.

El Ministerio de Bienes Nacionales detalló que «se trabajó también en responder a las necesidades productivas de la zona y la incorporación de terrenos fiscales que no habían sido considerados en la propuesta anterior».

Al respecto, el jefe de la cartera, Felipe Ward, afirmó que «heredamos un problema y por ello tuvimos que sentarnos a redefinir los límites del parque. Tuvimos que excluir propiedad privada que había sido incluida erróneamente y aun así logramos que la cantidad de hectáreas protegidas sea mayor».

El citado proyecto de exploración estaría a cargo de la división sudamericana de Equus Mining, Southern Gold, compañía que no se ha referido a la supuesta entrega de terrenos, publicada por el medio digital Interferencia.

Aunque el propio Ward, a través de Twitter, calificó como «fake news» el reportaje, la nota de prensa del ministerio no hace mención alguna a estas cerca de 5.000 hectáreas cuestionadas.

 

Fuente:https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-de-aysen/gobierno-apunta-a-administracion-bachelet-por-parque-nacional-patagonia/2019-01-29/125829.html