Argentina, Chile

Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios

Con la realización del I Seminario Internacional: “Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios” el día 15 de febrero en San Pedro de Atacama, se realizó el lanzamiento oficial del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSA).

Este observatorio, de carácter ciudadano y plurinacional, reúne y canaliza los aportes de diversos actores del mundo comunitario indígena, campesino, académico y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente y los derechos humanos en Chile y Argentina.

El seminario contó con las presentaciones de la Dra. Ingrid Garcés Millas. Académica del Departamento de Ingeniería Química y Procesos Mineros, Miembro del Centro Regional para el Estudio y la Educación Ambiental (CREA) de la Universidad de Antofgasta, y parte del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, quien se refirió al mercado del litio y la demanda desde la creciente industria de la electromovilidad, señalando que la extracción de litio debe cambiar en forma urgente a través de nuevos procesos y políticas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los territorios afectados, o de otra forma se repetirá la historia del salitre, cuyo costo humano y ambiental conocemos.

Néstor Ruiz, Antropólogo y Perito Ambiental, Miembro de la Asamblea Juntos Podemos en un Ambiente Sano y del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos hizo un relato del litio en Argentina, y, en la misma sintonía, señaló «la lluvia de dólares no llegó ni llegará, quizás sólo a pocos pícaros funcionarios locales, y a nosotros nos quedará un desierto deshabitado y REFUGIADOS AMBIENTALES hacinados en las grandes ciudades.», dejando claro que a pesar de las diferencias legislativas y administrativas de ambos países, las dinámicas del extractivismo se repiten a ambos lados de la cordillera y a lo largo y ancho de toda la Puna de Atacama.

Sergio Cubillos Verasay, Presidente de la Comunidad de Peine y recientemente elegido Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños de San Pedro de Atacama, organización que reúne a 18 comunidades indígenas del Área de Desarrollo Indígena Atacama la Grande, se refirió al desbalance hídrico del Salar de Atacama provocado por la sobreexplotación de empresas como SQM, Albemarle, BHP Billiton-Minera Escondida y Zaldívar (Antofagasta Minerals – BArrick Gold). Asimismo, dio a conocer el trabajo que el Consejo de Pueblos ha realizado durante el último período, destacando diversas intervenciones en comisiones del Congreso y el Recurso de Protección por el Convenio CORFO-SQM, que se encuentra actualmente en la Corte Suprema.

Este evento es el primero de una serie de seminarios que se realizarán en diversas ciudades de Chile y Argentina durante el 2019, y que contarán con el apoyo y participación de diversas organizaciones comunitarias, académicas y ambientales de ambos países, con el fin de visibilizar el verdadero costo del litio y ser un aporte a la toma de decisiones en pos de la protección de la riqueza cultural y natural de los salares andinos.

Los registros de este seminario están disponibles en SPA TV (Facebook).

Agradecemos difusión.

OPSA 2019

Argentina

Comunidades indígenas de Jujuy: “Si intenta entrar otra empresa, la vamos a sacar”

18.02.2019 – Mar del Plata, Argentina – Alicia Blanco

El pasado viernes 15 por la tarde, las comunidades indígenas que cortaban la intersección de las rutas 52 y 79 en Jujuy, resolvieron levantar temporalmente el corte que realizaban, a la espera de una reunión con el gobernador de la provincia la semana próxima.

Las protagonistas de la medida son más de 30 comunidades kolla y atacama de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, donde el gobierno provincial pretende autorizar nuevos proyectos de exploración y explotación de litio en territorio indígena.

Desde hace años las comunidades vienen denunciando los perjuicios que les acarrea la actividad minera y muy particularmente la del litio, que contamina los suelos y las priva del vital recurso del agua:

reclamaron en los tribunales provinciales;
sin respuestas efectivas, presentaron un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia, que lo rechazó;
pidieron intervención a la CIDH (todavía sin respuesta);
ante la falta de mecanismos para la consulta y el consentimiento que les garantiza la legislación vigente, redactaron un protocolo completo (Kachi Yupi) “para que el Estado entienda cómo consultarnos”;
hicieron marchas, cortes de ruta y campañas de difusión.

Finalmente, desde el 4 de febrero se declararon “en asamblea permanente” y el día 8, en un hecho sin precedentes, expulsaron a las empresas Ekekos SA y AIS Resources Limited, “que estaban destruyendo la Laguna de Guayatayoc, afectando gravemente el suelo, la flora, la fauna y las napas de agua dulce en el centro de la laguna, con un proyecto de litio”, explicaron.

“Días antes se había ya notificado a la empresa y al gobierno para que suspendan las actividades y se retire la empresa”, añadieron. “Al ver que se continuaba trabajando las 24 horas del día, y que la única acción del gobierno provincial fue enviar a la policia y la infantería, más de 300 personas de la asamblea se vieron obligadas a frenar a la empresa y hacer que retire sus maquinarias y operarios del territorio.”

“Ahora estamos viendo el impacto ambiental que nos dejaron y quién se hace cargo de la remediación de todo eso,” dice Clemente Flores, de la comunidad El Angosto, distrito El moreno. “El secretario de minería dice que eso lo tiene que hacer la empresa, pero la supervisión tendrían que hacerla ellos y todavía no estamos viendo resultados”, agrega.

“El corte que hicimos hasta hoy fue por eso, pero también porque queremos la anulación de la licitación de JEMSE¹, que se hizo sin nuestro consentimiento,” dice Clemente Flores. El comunicado que difundió la asamblea expresa ese último punto, diciendo: “Exigimos la anulación del concurso de oferentes de Jemse Exp. 660-538/2018 para la ‘Prospección geológica, exploración y factibilidad de los proyectos mineros en Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama’. Y de cualquier otro proyecto de Litio porque las comunidades decidimos en forma definitiva NO a la exploración y extracción de litio en nuestro territorio.”

También dejaron claro que no aceptarán más “ninguna consulta previa e informada, ya que el gobierno utiliza este mecanismo de manera aparente para lograr el ‘consentimiento’ de proyectos extractivos en el territorio.” Y manifestaron “que el gobierno sepa de una vez por todas que no vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minería de litio y que no hay vuelta atrás, que no esté llamando a mesas chicas ni reuniones para convencer a dirigentes. Y que si intenta ingresar otra empresa vamos a tomar posición y vamos a sacarlos.”

El día 15, antes de retirarse de la ruta, difundieron el siguiente comunicado dejando clara la decisión de volver si no se atienden sus demandas:

NO a la intervención de la policía, la infantería y la gendarmería nacional en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

Solicitud de adhesión y amplia difusión

Los/as abajo firmantes manifestamos nuestro profundo rechazo a cualquier tipo de injerencia que desconozca la soberanía de las comunidades sobre el territorio. Reclamamos una pronta solución a la demanda de las comunidades expresada en el comunicado que adjuntamos a continuación

Comunicado Asamblea de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

Hoy 15 de febrero 2019, continúa corte en la ruta 52 y 79, Salinas grandes, Jujuy. Nosotros estamos defendiendo el territorio, por eso continuaremos con la movilización de manera indefinida sobre Ruta 52. No puede ser que la única respuesta del gobierno sea mandarnos la policía, la infantería y la gendarmería y mentir diciendo “que los proyectos mineros cumplen las normas y los procedimientos ambientales” .

Las comunidades mantendremos nuestra medida de fuerza hasta que el gobierno anule el concurso de oferentes N°1/2018 de la empresa JEMSE, con el que pretende entregar las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc a las empresas para la explotación de Litio, y que se retiren todos los proyectos de megaminería de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Ademas exigimos que se reconozca a la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc como Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos originarios, y como zona Libre de megamineria, de minería de Litio y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente contra la forma de vida de las comunidades.

Solicitamos a todos los medios de comunicación nacional e internacional, a organizaciones sociales, comunidades indígenas, al pueblo jujeño que difundan y se solidaricen con nuestra lucha en defensa del Agua y de la Vida.

“Este territorio es habitado desde nuestros ancestros y lo vamos a cuidar y defender”.

Comunidades indígenas de Jujuy: «Si intenta entrar otra empresa, la vamos a sacar»

Perú

Bambamarca. Nuevas Protestas frente a la Contaminación Minera

11/02/2019
Marco Arana
En diciembre del año pasado ocurrió una rotura de la tubería de drenaje en la que se filtró relave de la poza de estos, en la unidad minera Cerro Corona de propiedad de Gold Fields (una de las mayores transnacionales mineras del mundo). Esta emergencia ambiental generó que murieran más de 7 mil truchas e impactó en las aguas y suelos, que terminaron contaminados; una vez más fueron afectadas las personas.

Hualgayoc es la provincia con mayor existencia de pasivos ambientales mineros del país. Según informes del Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, cientos de personas de Hualgayoc, Bambamarca y Chugur tienen arsénico y otros metales pesados en su sangre. Cualquier afectación más, sólo puede contribuir a agravar su situación.

Defender derechos: La tarea permanente

En Lima, desde el Congreso, habiendo sido informado por las rondas campesinas, inmediatamente acudimos a las autoridades correspondientes: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM), contamos también con la participación del alcalde provincial recientemente electo que se hallaba en Lima. Tuvimos una larga reunión con las altas autoridades de los organismos mencionados. Del OEFA nos informaron que obtener los resultados de los análisis definitivos de la contaminación ocurrida, demoraría aproximadamente tres meses y, si es que la empresa interponía (como efectivamente lo hizo) el procedimiento de contra muestras, el proceso podría tardar “unos meses más”. Buena voluntad y disponibilidad había en los funcionarios del OEFA, pero son parte del Estado débil, centralista, que por tres décadas ha abdicado a sus funciones de fiscalización y control y, permitido casi la cancha libre a las autorregulaciones de las empresas que actúan “responsablemente”.

Bajo este concepto, por ejemplo, las grandes mineras no pagan por uso de agua en base a medidores que permiten saber cuánta agua extraen y usan, ellas pagan por agua solo en base a una declaración jurada, pues la Autoridad Nacional del Agua “presume la buena fe de las empresas”.

El Estado Centralista. “Con la Salud: Sí, se Juega”

Los plazos demorados, la indolencia, los derechos ignorados parecen valer menos cuando se trata de campesinos y campesinas que además están lejos de Lima y las autoridades saben que, si acaso sale alguna noticia sobre lo acontecido no habrá escándalo mediático. La burocracia parece dar la respuesta de siempre: “pueden aguantar”, “ya lo resolveremos”.

En el país que algunos llaman “Perú: país minero”, el OEFA, el organismo encargado de supervisar y fiscalizar las operaciones mineras (y otras), no tiene laboratorio especializado propio para hacer los exámenes de contaminación minera. ¡Recién lo tendría en algunos años más!

Por cierto, los famosos Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) no exigen el establecimiento de una línea de base de salud ambiental. Así que, si como fruto de los daños ambientales, las poblaciones aledañas a operaciones mineras contraen metales pesados y extrañas enfermedades asociadas a ellos. Bien se puede decir que estaban contaminadas desde siempre “por contaminación natural”. No es broma, hay “expertos” que sostienen hasta públicamente este argumento. En realidad, los EIAs debieran contener una línea de base de salud ambiental y el Minsterio de Salud (MINSA) el suyo, de manera que se puedan contrastar los impactos ambientales en la salud y salir de toda duda. Dice el refrán tan conocido por todos que “con la salud no se juega”, pero la realidad muestra que en Perú sí se juega con la salud de las poblaciones de las áreas de impacto donde se realizan estas operaciones.

Envenenan la Vida de la Gente

El Perú tiene 20 años de bonanza agroindustrial con utilización de miles de toneladas de agro químicos y pesticidas, 30 años de enorme expansión minera contaminando aguas, suelos, aire y también miles de personas, tales como los casos de La Oroya, Choropampa, Espinar, Ilo, Callao, Pasco, Azángaro, Huancané, Moquegua, Huancavelica, Ayacucho con Catalina Huanca, entre otros. Dieciséis ríos de la costa, incluido el RÍmac que abastece a la mayor población del Perú, tienen metales pesados.

Se habla muchísimo de las bondades de la minería y a veces de los niños y niñas con plomo, con arsénico y mercurio en la sangre, que llegan con sus padres y madres también envenenados, los cuales, de vez en cuando llegan a encadenarse en las rejas del Ministerio de Salud. Ministerio que tiene una dirección de salud ambiental (DIGESA) que parece inexistente o maniatada y van al Ministerio de Energía y Minas, donde muchas veces ni siquiera los reciben o si lo hacen les ofrecen alguna vaga promesa que casi nunca se cumple.

Las personas intoxicadas con metales pesados no es la gente que tiene el poder del billete, son más bien las víctimas empobrecidas y envenenadas que quedan en el camino y que a muchos economistas, opinólogos y grandes medios de comunicación, poco les importa pues están más preocupados por promover el crecimiento, las ganancias y los beneficios de las inversiones mineras.

“Protesto: Luego Existo” [1]

Cuando una vez más surgen las protestas, esta vez de los campesinos y campesinas de Hualgayoc y Bambamarca, todo indica que mientras no haya incendios, violencia o daños económicos a las importantes actividades económicas simplemente se les ignora. “Son cuatro gatos” diría Aldo Mariátegui, Jaime De Althaus y muchos otros. Total, en el Perú, fue Alan García –siendo Presidente– el que dijo que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría.

De allí que si hay miles de ciudadanos que se ven afectados por la pérdida de sus fuentes de abastecimiento de agua o la contaminación de las mismas, es casi una cuestión de “mala suerte” que así sea. Mala suerte que no estés en Lima en donde, si te quedas unas horas o unos días sin agua, es noticia y hasta podría ser un escándalo nacional. Después, quienes tienen el poder o viven de espaldas a la realidad se molestan por qué los “cholos y cholas” migran. En sus medios suelen decir “ustedes, los que viven en las provincias alejadas”.

Así, por ejemplo, no es ni será noticia si miles de peruanos y peruanas viven al lado de una gran minera o una explotación petrolera que destruye sus fuentes naturales de agua, las contamina o en compensación les da agua contaminada engañándoles que es agua potable. No es un invento, ni un argumento anti minero o anti inversión. Esto está ocurriendo con las personas afectadas por la minera canadiense Tahoe-Shauindo, que está sacando oro en el valle de Condebamba en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Allí los campesinos y campesinas, reciben agua en cisternas que almacenan en tanques de rotoplast, regalados por la minera luego que dañará la calidad de las aguas de sus sistemas de captación. La Defensoría del Pueblo lo sabe. La comisión de Energía y Minas del Congreso, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) lo saben. Lo saben, también, la Dirección Regional de Salud Ambiental, la fiscalía y la policía ambiental y el OEFA, con cuyo personal hemos estado en la misma zona donde han ocurrido los graves daños.

Es el Perú que duele, que subleva. ¡Es el Perú cuyas injusticias ambientales y sociales seculares deberemos cambiar!

No de Ahora, Sino de Siempre

Yo era estudiante del colegio cuando en tiempos de la dictadura militar de Morales Bermúdez, los campesinos de Bambamarca, hicieron una gran protesta contra la contaminación de los ríos Tingo, Maygasbamba y Arascorgue. Entonces eran las minas del Banco Minero (de propiedad del Estado), de la familia Santolalla y en los 80 también de los Benavides que permitían que los niños y niñas se metieran a los socavones, pues sus padres se habían muerto con los pulmones reventados por la silicosis y tenían que ganarse el pan de cada día y, en el mes de marzo, tener que trabajar para que los hermanitos menores pudieran comprar los cuadernos y el uniforme. No me lo han contado, yo mismo hice un video artesanal sobre estas injusticias a inicios de los años 80.

No solo con Plomo en la Sangre, sino también con Plomo de Fusiles

En las protestas de fines de los 70, en la plaza de armas de Bambamarca, la policía disparó a quemarropa y asesinó a un campesino. Las protestas se agudizaron y fue enviado el ejército y se impuso el estado de sitio. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Las autoridades del MEM y el MINAM (que hoy, aunque débil y arrimado por poderosos intereses económicos, al menos, existe) han establecido que Hualgayoc es la provincia del país que tiene el mayor número de pasivos ambientales mineros, es decir, más lugares de vómitos de aguas tóxicas, de minas abandonadas que fluyen desde las cabeceras de cuencas hacia la parte baja de los valles y ciudades. En la actualidad, esta provincia tiene los impactos ya no solo de la vieja minería sino también de la moderna minería: Gold Fields en Cerro Corona; el Grupo Buenaventura en el cerro Tantahuatay y de Yanacocha en la cabecera de cuenca del Río Llaucano.

¿Qué ha cambiado? La contaminación minera es ahora mayor. La contaminación actual se acumula a los daños de la anterior y el peligro es mayor aún porque las operaciones mineras modernas pueden devorar montañas en pocos meses o años y sacar los minerales valiosos utilizando miles de kilogramos de cianuro para extraer oro o millones de litros de ácido sulfúrico para extraer cobre.

¿Más cambios?

Después de casi 40 años, en el año 2012, Ollanta Humala y el carnicero Óscar Valdés ordenaron a la policía y Al ejército que dispararan a los campesinos movilizados en las plazas de Armas de Celendín y Bambamarca. En esta última, le quitaron la vida a Joselito Vásquez Jambo, quien tenía solo 27 años, esta vez no fue con plomo diseminado en las fuentes de agua, sino con plomo de fusil y a otro joven como Elmer Campos, le cercenaron la médula con balas de AKM y lo dejaron parapléjico, con su discapacidad y dolor, para siempre.

De Alberto Fujimori a Martín Vizcarra: Continuismo Neoliberal Extractivista

Mientras en el Congreso de la República, la mayoría de bancadas parlamentarias: FP, APRA, AP, PPK, APP (también los llamados liberales y republicanos) aprobaron más leyes para seguir con las exoneraciones tributarias de las grandes empresas mineras y petroleras, las mismas que no pagan sus multas ambientales, al igual como ocurre con las AFPs que ganan miles de millones de soles mientras los trabajadores que aportan los pierden. En el sector minero, la SUNAT, les devuelve más dinero del que aportan en impuestos.

Es la política neoliberal extractivista, es decir, la extracción masiva de recursos naturales, sin mayor valor agregado, destinado a voraces mercados extranjeros en los que se obtienen fabulosas ganancias sin hacerse cargo de los inmensos daños ambientales. Todo eso con la ayuda de un Estado sometido y corrupto que desprotege y vulnera los derechos sociales y ambientales de las poblaciones aledañas a esas operaciones.

Con el Presidente Vizcarra, nada de esto ha cambiado

En todo esto, el gobierno del presidente Martín Vizcarra sigue siendo la continuidad de las políticas y de las prioridades que instauró el régimen corrupto de Alberto Fujimori y Montesinos y la que continuaron los demás presidentes corruptos. El prófugo Alejandro Toledo, el que impedimos que fugue: Alan García, el que algunas izquierdas apoyaron: Ollanta Humala y también el que logramos que fuera renunciado: PPK.

No vemos que esto vaya a cambiar, no con la ley de presupuesto aprobada para este año, ni menos con la ley de competitividad que viene impulsando el gobierno. Menos cuando vemos que acaban de apartar del proceso al juez Carhuancho que estaba viendo los delitos que habría cometido Keiko Fujimori y cuando abren investigación al fiscal Vela por investigar al “cuello blanco” Pedro Chávarry.

Mantenerse Firmes y Consecuentes para Defender la Justicia

Ciertamente, desde la sociedad civil y desde los sectores políticos que buscamos un cambio del modelo económico habrá que seguir exigiendo y luchando para que estos cambios se produzcan. La legitimidad del Presidente no proviene del respaldo de los grupos de poder económico que nos han sumido en el enorme tajo abierto de la corrupción, sino del respaldo popular que le permite gobernar y que demanda respeto y justicia, que demanda firme compromiso con la defensa del bien común y lucha sin tregua contra la corrupción.

No espere el gobierno, no esperen las empresas que las poblaciones se queden calladas frente a tanto atropello. En el sur, han impuesto el estado de emergencia para que la minera china Las Bambas siga operando a sabiendas que violó los compromisos del estudio de impacto ambiental que implicaba construir un mineroducto cuya construcción abandonaron para construir una megavía de transporte que, al no estar asfaltada, todos los días llena de polvo las pasturas de los campesinos, agricultores y ganaderos, que viven en la zona. Sí es la misma minera que consiguió una ley especial del Congreso (en tiempos de Humala), ley con nombre propio que le permitió a la empresa suiza Glencore vender en el extranjero la mina a la empresa china MinMetals sin que pagaran los impuestos, que sí debían pagar al fisco nacional.

Otra vez, Hualgayoc y Bambamarca, vuelven a decir: “Cajamarca, te quiero, por eso te defiendo”

No dejemos de oír estas voces que claman por respeto y por derechos. Sus reclamos son justos y atendibles. Incluso, dentro del actual marco legal existen atribuciones que la ANA y el OEFA tienen para impedir más daños irremediables sobre las aguas y sobre las poblaciones que dependemos de ellas.

Históricamente, Cajamarca ha sacrificado bastantes vidas desde que se impuso la extracción comercial de los minerales. No somos hace 500 años. Con Yanacocha y esta vez con muchísimas más toneladas de oro, se ha pagado un segundo rescate que no ha llegado y que, por el contrario, se ha traducido en mayor contaminación y el abandono de otras formas de desarrollo que, si bien podrían no amasar fortunas en manos de pocos, podría permitir buen estado de bienestar y satisfacción de necesidades de las mayorías y, sin envenenar los ríos que son las venas de las tierras que hasta hoy generosamente producen pastos y alimentos.

Las cifras sí importan. No son uno, no son dos.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo[2], sólo en Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, son alrededor de 300 personas afectadas por metales pesados. Ello, sin considerar que, en realidad, la afectación ambiental abarca no sólo a la población en Hualgayoc, sino también a las poblaciones aledañas; las cuales, hacen uso de las aguas contaminadas que, a través de sus efluentes, llegan a otras localidades. Esto, arroja una cifra de alrededor de 20,000 personas.

Sin embargo, en el 2017, el presupuesto regional para la atención de la problemática de salud ambiental, se redujo en un 70%, pese a que Hualgayoc cuenta con más de 1200 pasivos ambientales mineros.

La remediación de los pasivos ambientales mineros en Hualgayoc, que las empresas mineras no quisieron asumir, bordea los 25 millones de dólares; cifra que debe ser repartida en trabajos de taponeo, manejo de aguas y revegetación. Esto es menos de lo que las mineras se llevaron tras la depredación del ambiente y, en algunos casos, dejando sin fuentes de agua a poblaciones íntegras.

El Ejecutivo ha anunciado que invertirá, alrededor de 10 millones de soles, a través de Activos Mineros- Sin embargo, esta cifra no es suficiente para remediar suelos y aguas con sedimentos que sólo perpetúan la contaminación ambiental de la población cajamarquina.

El oro y cobre bajo el suelo de Cajamarca significó ganancias de más de 250 millones de soles, por empresa minera, que dejó en abandono sus componentes; los cuales al no cumplir con planes de cierre adecuados, van dejando huellas hídricas y climáticas, en una de las regiones más pobres del país.

Sí, Cajamarca, la región con oro bajo sus tierras, no cuenta con agua potable en diferentes localidades, infraestructura hospitalaria adecuada, ni un verdadero desarrollo educativo. Por el contrario, sus hombres y mujeres, deben vivir a la espera de un Estado que los olvida y de una minería que avanza, dejando rastros ambientales difícil de borrar.

¡Por ello, basta de minería sin planificación ni controles!

Implementación urgente de la ley de protección de cabeceras de cuencas, para lo cual se requiere el Marco Metodológico, con eficiente gestión y transparencia en la ANA, el OEFA, las fiscalías ambientales y sin corrupción de alto vuelo en el gobierno central o, el gobierno regional que tiene un nuevo Presidente y en los gobiernos locales que tienen nuevos Alcaldes.

Solidaridad plena con la lucha de las rondas campesinas y el Frente de Defensa Ambiental de Hualgayoc-Bambamarca y Chugur.

Marco Arana Zegarra – Congresista de la República.

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[1] Titular de La República. Conflicto de Combayo, Agosto 2006.

[2] https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/NP-271-2017.pdf

https://vozdelatierra.lamula.pe/2019/02/08/bambamarca-nuevas-protestas-frente-a-la-contaminacion-minera/vozdelatierra/

Brasil

Brasil arresta a ocho trabajadores del gigante minero Vale por el colapso de la represa

THE NEW YORK TIMES
Por Shasta Darlington, 16 de febrero de 2019 (foto:Reuters)
SÃO PAULO, Brasil — La policía brasileña arrestó a ocho empleados, incluidos dos directores ejecutivos, del gigante minero Vale el 15 de febrero como parte de una investigación criminal por el colapso de una represa que causó la muerte de más de 160 personas.

La represa, llena de desechos mineros y lodo, reventó hace tres semanas y lanzó una ola gigantesca de lodo que se estrelló contra la cafetería de la compañía en un complejo minero en Brumadinho en el sureste de Brasil. El torrente continuó colina abajo, impactó hogares y contaminó los ríos. Hasta el momento 166 personas han muerto y 147 siguen desaparecidas.

Las ocho personas arrestadas estuvieron «directamente involucradas en la seguridad y la estabilidad» de la represa que colapsó, de acuerdo con los fiscales públicos. Permanecerán detenidos hasta por treinta días mientras la investigación continúa.

La policía también llevó a cabo catorce órdenes de revisión e incautación en las oficinas de Vale y en las oficinas de cuatro empleados de la subsidiaria brasileña de TÜV Süd, una compañía alemana de pruebas industriales, la cual inspeccionó la represa de Brumadinho dos veces el año pasado, la más reciente de esas ocasiones fue en septiembre.

Vale dijo en un comunicado emitido el 15 de febrero que estaba cooperando completamente con las autoridades y que «continuaría apoyando las investigaciones para determinar los hechos», así como para ofrecer apoyo incondicional a las familias afectadas.

Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos de las oficinas brasileñas de TÜV Süd no recibieron una respuesta inmediata.

Tan solo unos días después del colapso de la represa, los fiscales ordenaron el arresto de tres empleados de Vale y dos ingenieros de TÜV Süd. Al final, fueron liberados. De acuerdo con reportes noticiosos brasileños, uno de los ingenieros testificó ante los investigadores que había sentido presión de parte de Vale para certificar la estabilidad de la represa.

En Brasil, auditores independientes verifican la seguridad de las represas mediante inspecciones regulares y análisis de registros escritos. Sin embargo, de acuerdo con expertos, el proceso de certificación presenta fallas porque las compañías mineras seleccionan y pagan al auditor —lo que crea un posible conflicto de interés— y brindan toda la documentación en que los inspectores basan sus análisis.

En las semanas posteriores a esta tragedia, una serie de documentos ha salido a la luz que muestran que Vale ignoró señales de alerta en la represa, la cual fue construida mediante el inherentemente riesgoso método de «río arriba» y cabildeó exitosamente para aprobar de manera exprés un plan de expansión en el complejo minero.

Cuando la represa reventó, no sonaron alarmas ni sirenas para advertir a los trabajadores y a las comunidades río abajo. Vale dijo que el colapso ocurrió demasiado rápido y por eso no activó el sistema de alarma.

Desde entonces, Vale ha anunciado que cerrará las diez represas río arriba restantes y suspenderá la producción en los complejos mineros donde se ubican hasta que las represas estén fuera de servicio.

Los fiscales dijeron que los arrestos hechos y los documentos decomisados el 15 de febrero contribuirían a la investigación en curso sobre responsabilidad criminal.

*Copyright: c.2019 New York Times News Service

https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2019/02/16/brasil-arresta-a-ocho-trabajadores-del-gigante-minero-vale-por-el-colapso-de-la-represa/

Brasil, Internacional, Latinoamerica

Minería y desastres van de la mano

Por Darío Aranda.18/02/2019, Página12
El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó el registro de 104 desastres de diques de colas desde 1990 hasta 2016. Entre las responsables figuran la multinacional Vale, que produjo el alud de Brasil, y la BHP Billiton (Inglaterra-Australia)

Más de cien muertos, 200 desaparecidos y un pueblo sepultado bajo miles de toneladas de barro tóxico. Es el desastre de la minera Vale en Brumadinho (Brasil), ocurrido en enero pasado. Pero no es la única tragedia de la megaminería, que acarrea cientos de «accidentes», muertos y gravísimos hechos de contaminación. Datos de Naciones Unidas afirman que desde la década del 90 la megaminería provocó al menos 100 «fallas-accidentes», 27 de ellos «muy graves» (con más de 20 muertos). En Argentina, los derrames de Barrick Gold en San Juan y la contaminación de Minera Alumbrera en Catamarca son las mayores preocupaciones.

El Programa para el Ambiente de Naciones Unidas (Pnuma-ONU) confirmó al menos 104 desastres de diques de colas (gigantescos basureros mineros) desde la década del 90 hasta 2016. El informe, publicado en 2017, se titula «Dique de colas: la seguridad es no accidente», de 70 páginas.

El informe procesó información desde 1915 hasta 2016 y contabilizó en total 289 «fallas» de diques mineros. 43 fueron «muy graves», con más de 20 muertos y/o derrame de más de un millón de metros cúbicos.

El antecedente directo a Brumadinho es el colapso del dique de la mina Samarco en noviembre 2015 (en la localidad de Bento Rodíguez, también en Brasil), con 17 muertos y 200 desaparecidos. Las empresas responsables fueron las multinacionales Vale (Brasil) y BHP-Billiton (Inglaterra-Australia).

En Agosto de 2014, en Canadá, colapsó el dique de colas de la mina Mount Polley (de la empresa Imperial Metals) y provocó el mayor desastre minero de la historia de ese país. Derramó más de 25 millones de metros cúbicos de desechos mineros en el lago Polley.

En 2014 la multinacional Grupo México (del magnate Germán Larrea) provocó el mayor desastre minero del país con su minera Buenavista del Cobre, en la ciudad de Cananea. Derramó 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre, contaminó tres ríos a lo largo de 250 kilómetros y dejó sin agua a más de 22.000 personas.

Marcelo Giraud es integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, geógrafo y estudioso de los efectos de la mgaminería. Afirmó que los desastres de la multinacional Vale en Brasil no son excepciones. «Sabemos que la empresa Vale o el estado brasileño no son particularmente más irresponsables que el resto. Vale actúa como todas las otras empresas transnacionales de su tipo y el gobierno de Minas Gerais y Brasil no son ni más ni menos corruptos o irresponsables que los demás de América Latina», aclaró.

La Asamblea de Jáchal (San Juan) escribió una carta abierta a las víctimas de Vale en Brasil. Recordó el derrame de Barrick Gold en la mina Veladero en 2015 (más de un millón de litros de solución contaminada que llegaron a ríos) y también resaltó la situación de Samarco en 2015 (Brasil): «Ambos hechos no sólo están impunes, también siguen contaminando, y lo hacen con la complicidad de gobiernos. La primarizacion de la economía es tan brutal e impiadosa que podemos asegurar que Sudamérica enfrenta un nuevo saqueo histórico. Y acá estamos nosotros, resistiendo a la destrucción de nuestras vidas».

En Catamarca funciona desde hace más de 20 años Minera Alumbrera (empresas Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold). Su mineraloducto (un gran caño que lleva el concentrado a lo largo de cientos de kilómetros) tuvo al menos media docena de roturas y derrames. La compañía reconoció la filtración del dique de colas (que contamina napas subterráneas). Y desde hace años los vecinos de Catamarca (muchos de ellos nucleados en la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá) alertan sobre el posible colapso del dique de colas (enorme basurero de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad). El gobierno provincial, que siempre impulsó la actividad minera y defendió el accionar de Alumbrera, dice que no hay riesgos. Pero nunca permitió el ingreso de peritos independientes para examinar el yacimiento. El mismo accionar del gobierno de Brasil ante la minera Vale.

Horacio Machado Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad. Investigador del Conicet, en su tesis doctoral «Naturaleza mineral. Una ecología política del colonialismo moderno», analizó los peligros y riesgos de la minería.

De los casos de América Latina detalla el derrumbe en la mina El Soldado (Chile, 1965), con un saldo de 154 víctimas fatales. El colapso de la presa de la Planta Otapara (Perú, 1996) provocó el derrame de relaves sobre el río Acarí (Arequipa). La rotura del dique de la División Andina de Codelco (Chile, 2000), con un derrame de 5300 metros cúbicos de relaves provocó muerte de ganado y anegamiento de cultivos. La fractura del dique de la mina Cerro Negro (Chile, 2003), con derrame de 50.000 toneladas de lodos tóxicos que contaminaron cursos de agua.

Recordó que el colapso de los diques de colas no son los únicos peligros de la megaminería. Agregó a la lista las filtraciones subterráneas de esos diques, la falla en las tuberías, el derrame de sustancias químicas, el transporte de sustancias tóxicas y la contaminación del aire producto de las explosiones, entre otras.

A pesar de los numerosos desastres con muertos y contaminación, gobiernos y empresas siguen publicitando la actividad como «minería sustentable».

Argentina, Chile

Conforman el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos

Actores diversos, unidos por la sustentabilidad ecológica, social y cultural de los salares, conforman el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. —————

Ramón Morales Balcázar, Director Fundación Tantí / Miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, Máster en Estudios Internacionales Esp. Desarrollo Agrícola Sustentable – Université Paris XI

Con la realización del I Seminario Internacional: “Electromovilidad, Boom del Litio y Sustentabilidad en los Territorios” el día 15 de febrero en San Pedro de Atacama, se realizará el lanzamiento oficial del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Este observatorio, de carácter ciudadano y plurinacional, reúne y canaliza los aportes de diversos actores del mundo comunitario indígena, campesino, académico y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente y los derechos humanos en Chile y Argentina.

Los salares andinos, en tanto que reservas de agua y biodiversidad, constituyen la base para la existencia de una biodiversidad única y la supervivencia de comunidades originarias a lo largo y ancho de toda la Puna Atacameña1. Esta región, dividida hoy por las fronteras nacionales, ha llegado incluso a ser bautizada en diversos medios como el “triángulo del litio”, en una clara señal de que para ciertos sectores lo que importa de los territorios siguen siendo los “recursos” que podemos extraer de ellos. Frente a la expansión del extractivismo2 del litio, impulsado principalmente por el mercado de la electromovilidad y el consumo de aparatos electrónicos desechables3, ha surgido la necesidad de acompañar y vigilar, desde una mirada crítica e independiente de todo interés económico y político, tanto los procesos de otorgamiento de permisos de exploración y explotación de salares, como las prácticas de los estados y empresas operando en estos territorios.
El caso del litio y los impactos socioambientales de su extracción, tanto a partir de salmueras como de rocas, es particularmente complejo. Si bien en países como Chile y Argentina se han logrado ciertos avances en la sensibilización respecto a este fenómeno, éste se ha dado principalmente en los territorios directamente afectados o a través de redes de organizaciones conformadas por personas relativamente sensibilizadas respecto de los impactos de la mega minería. Al mismo tiempo, los gobiernos de las economías del norte global4, están apostando abiertamente por la “transición energética” como un mecanismo para reducir su huella de carbono. Sin embargo, esta forma de lucha contra el cambio climático ignora que la demanda de grandes cantidades de litio, especialmente para consolidar el mercado de los autos eléctricos, conlleva serios impactos en los países del sur.
Son justamente estos factores los que se han convertido en los principales objetivos del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos: ser un puente para el conocimiento y valorización de los ecosistemas de los salares, convirtiéndose en una herramienta tanto para la visibilización de los conflictos en los territorios como para el análisis de la industria misma del litio y sus mitos.
Con la conformación de este Observatorio se consolida una red, y se amplían los horizontes para un mensaje que, sin duda, llegará cada vez lejos, tanto en los territorios y países afectados por este fenómeno como en la comunidad internacional.

Brasil

“Las medidas de seguridad de Vale no han funcionado”, dice el CEO, a medida que crecen las dificultades

(Brumadinho – MG, 26/01/2019) Região atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho – MG.
Foto: Isac Nóbrega/PR

“Vale reconoce humildemente que, sea lo que sea lo que hemos estado haciendo, no ha funcionado”, expresó Fabio Schvartsman, ante los legisladores de la Cámara Baja de Brasil que están investigando la tragedia.
Mundo
14 de febrero del 2019
(Reuters) Los procedimientos de seguridad de la minera brasileña Vale no han funcionado, dijo este jueves el presidente ejecutivo de la compañía, respondiendo a las preguntas de los legisladores luego de que una de las represas de la compañía colapsó el mes pasado con la pérdida de cientos de vidas.

La compañía, que todavía está lidiando con las consecuencias del colapso en 2015 de una represa cercana de la que es copropietaria, enfrenta varias investigaciones sobre el desastre del 25 de enero en la ciudad de Brumadinho en el estado de Minas Gerais.

“Vale reconoce humildemente que, sea lo que sea lo que hemos estado haciendo, no ha funcionado, ya que la represa se ha derrumbado”, dijo el CEO Fabio Schvartsman a los legisladores de la Cámara Baja de Brasil que están investigando la tragedia.

La ruptura de la presa de Vale contaminó el río Paraopeba y mató al menos a 166 personas, de las cuales casi 200 siguen desaparecidas, según la información más reciente de los rescatistas.

El precio de las acciones de la compañía ha sido golpeado y sus problemas están aumentando.

Vale dio prioridad a las ganancias sobre la seguridad de sus trabajadores en la represa, dijo en una opinión el Fiscal General Adjunto, João Pedro de Saboia Bandeira de Mello Filho, enviado a la corte suprema y visto por Reuters este jueves.

Vale refutó ese argumento, señalando que la represa tenía todos sus permisos y que la compañía invirtió constantemente para mejorar la seguridad allí.
Regulador de valores abre investigación

Mientras tanto, el regulador brasileño de valores, CVM, está investigando a los principales ejecutivos y miembros de la junta de Vale por el colapso de la represa, informó este jueves el diario Valor Econômico.

La CVM está investigando cualquier incumplimiento de las leyes de valores sobre el incidente, y tiene el poder de imponer multas e impedir que los ejecutivos trabajen en compañías que cotizan en bolsa en Brasil.

La investigación es paralela a investigaciones civiles y penales.

El caso de CVM comenzó el 28 de enero, tres días después de que la presa Córrego do Feijão de Vale explotara, dijo el periódico Valor, citando documentos relacionados con la investigación.

El regulador confirmó a Reuters este jueves que inició dos investigaciones administrativas en Vale después del colapso de la represa, pero se negó a dar más detalles.

Vale no tuvo un comentario inmediato sobre las investigaciones de la CVM.

El CEO Schvartsman argumentó que Vale no debería ser condenado por el colapso.

“Es una gema brasileña que no puede ser condenada por un accidente que ocurrió en una de sus represas, por muy grande que fue la tragedia”, dijo.

http://www.mch.cl/2019/02/14/las-medidas-seguridad-vale-no-funcionado-dice-ceo-medida-crecen-las-dificultades/

Chile

Barrick tendrá que devolver US$783 millones en impuestos por suspensión de Pascua-Lama

La minera sinceró sus cifras y reveló que, además, tendrá que compensar parte de un acuerdo de venta adelantada de plata, la que totaliza unos US$253 millones.
Proyecto Pascua Lama. Foto: Rayen Luna-MCH
15 de febrero del 2019
(El Mercurio) La nueva administración de la canadiense Barrick tras la fusión con la sudafricana Randgold tendrá que seguir desembolsando fondos ligados al fallido proyecto minero Pascua Lama, el cual mantiene las obras paralizadas desde 2013 y que posteriormente fue clausurado por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Según informó ayer la compañía, en sus estados financieros, al cierre de 2018, arrastra una deuda con el Estado chileno por unos US$ 443 millones producto de reembolsos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que suman US$ 340 millones en intereses.

Se trata de una operación común en este tipo de casos, en el que -según explican expertos tributaristas- las empresas se acogen al artículo 27 bis con el que se puede pedir al Estado que devuelva el IVA al adquirir productos y servicios que se realizan, en este caso, durante la construcción del proyecto.

Sin embargo, este dinero debe ser devuelto posteriormente por el contribuyente en operaciones en la que se cobre IVA; por ejemplo, en la extracción y venta de cobre. El problema para la minera es que esto no ocurrirá, ya que Pascua Lama se encuentra clausurado, a pesar del interés que hay en reactivarlo.

“En virtud del acuerdo actual, este monto debe reembolsarse si el proyecto no evidencia exportaciones por un monto de US$ 3.538 millones dentro de un plazo que expira el 31 de diciembre de 2026”, se consigna en los estados financieros, en donde se detalla que el acuerdo es aplicable a un diseño de mina a cielo abierto o subterráneo.

Y este no es el único compromiso financiero que mantiene la compañía, ya que en los mismos documentos se detalla un acuerdo de venta adelantada del 25% de la producción de plata del proyecto a la firma Wheaton Precious Metals Corp.

“La fecha de finalización de Pascua Lama fue originalmente el 31 de diciembre de 2015, pero posteriormente se extendió hasta el 30 de junio de 2020”, se explica. Sin embargo, si los requisitos de la garantía no se han cumplido en la fecha establecida, el acuerdo puede ser terminado por Wheaton. Esta tendría derecho a la devolución de la contraprestación en efectivo, por adelantado, pagada, menos el crédito por la plata realmente entregada, monto que al 31 de diciembre de 2018 se calcula en unos US$ 253 millones e incluye compromisos de entrega de otras tres faenas de la canadiense.

Todas estas obligaciones se suman al monto que realmente desembolsó Barrick en un proyecto que en sus inicios, hace casi 20 años, costaba unos US$ 950 millones, pero que terminó con un sobrecosto por sobre los US$ 8.000 millones. Fuentes de la industria señalan que el gasto real de la compañía alcanzó los US$ 5.000 millones a la fecha en que se suspendieron las obras.

Chile sale del mapa

Otro punto que llamó la atención de la presentación de Barrick tiene que ver con la reorganización que está impulsando la compañía, que significó la redistribución de distritos, en el que se definió el de Veladero-Lama para referirse a los proyectos que podrían desarrollarse en Chile.

Todo esto, tras eliminar el puesto de director ejecutivo en el país, lo que implicó la salida de la empresa de René Muga a comienzos de mes.

Y a pesar de que en sus primeras palabras, tras asumir en el cargo, el nuevo CEO mundial de Barrick, Mark Bristow, aseguró que el mensaje para Chile y Argentina es que la minera “estaba de vuelta”; al parecer, esto ocurre solo del otro lado de la cordillera.

Según informan en la propia página web de la minera, a 15 días de asumir en el cargo, la plana mayor de Barrick realizó un recorrido por el continente, en el que solamente incluyó visitas a Perú y Argentina, donde se reunieron con autoridades locales.

http://www.mch.cl/2019/02/15/barrick-tendra-devolver-us783-millones-impuestos-suspension-pascua-lama/

Perú

Organizaciones sociales de Hualgayoc radicalizan protesta contra minera Gold Fields

«Siempre hemos tenido la disponibilidad de dialogar, pero desgraciadamente minera Gold Fields aprovecha la tranquilidad de la población y hace lo que se les da la gana», dijo un dirigente de la zona.
(Foto: Wayka)
REDACCIÓN GESTIÓN / 13.02.2019
Organizaciones sociales de Hualgayoc, Cajamarca, han acordado radicalizar el paro indefinido que emprendieron desde hace una semana en contra de la minera Gold Fields a raíz del derrame de sustancias químicas que afectaron una piscigranja, áreas de cultivo y las aguas del río Tingo Maygasbamba en el caserío El Tingo.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta que para el martes 12, el Comando de Lucha de la provincia de Hualgayoc había convocado a una reunión a la empresa minera Gold Fields y autoridades nacionales y regionales.

Sin embargo, un par de días antes, desde la empresa se emitió un comunicado señalando que la reunión no fue oficialmente coordinada ni formalizada y que no podría desarrollarse un espacio de diálogo si se mantiene el paro y el bloqueo de vías “que pretenden presionar y chantajear a la empresa para participar en espacios paralelos que duplicarían los esfuerzos anunciado por el Poder ejecutivo”, informó el portal NoticiasSer.pe.

En este contexto, desde el martes por la mañana, los locales comerciales de la ciudad de Bambamarca permanecieron cerrados. Igualmente, los dirigentes coordinaron para que las cajas de ahorro e incluso locales privados y públicos no brinden atención.

Asimismo, se organizaron grupos establecidos en la vía que conecta a la ciudad de Bambamarca con la provincia de Chota y en el caserío de la Trucha del Oro (distrito de Hualgayoc) para restringir el pase de vehículos desde y hacia Cajamarca y principalmente del transporte de la empresa Gold Fields.

El vicepresidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas, Nilton Cruzado, manifestó que se mantendrán ejecutado el paro pues a pesar de que se han mostrado dispuestos al diálogo, no han recibido atención: «Siempre hemos tenido la disponibilidad de dialogar, pero desgraciadamente minera Gold Fields aprovecha la tranquilidad de la población y hace lo que se les da la gana».

«Seguiremos luchando y si es que hay que perder la vida gustosamente lo haremos por la defensa del agua. Tenemos toda la disponibilidad de querer dialogar pero que se comprometan a solucionar los problemas y a indemnizar a la provincia”, señaló el dirigente.

El lunes, trabajadores de la Autoridad Nacional del Agua fueron trasladados por un grupo de integrantes de organizaciones sociales hasta la plaza de Armas para que den cuenta públicamente del trabajo que venían realizando ese mismo día en el río Tingo Maygasbamba.

Asimismo, el presidente de la Junta de Usuarios del río Tingo Maygasbamba, Presentación Uriarte, fue sancionado por las rondas campesinas y obligado a dejar el cargo debido a que habría facilitado la presencia de los trabajadores de la institución estatal pese a la ejecución del paro, además de que habría coordinado con la empresa Gold Fields la realización de actividades de limpieza de canales.

https://gestion.pe/economia/empresas/organizaciones-sociales-hualgayoc-radicalizan-protesta-minera-gold-fields-258606

Chile

Dirección General de Aguas de Atacama impone su mayor sanción histórica a una minera

Entidad dispuso la multa por extracción irregular de agua en el sector cordillerano de la comuna de Tierra Amarilla.

Fotografía: Caserones
Publicado el 14 de febrero del 2019

(El Mercurio) La multa más alta de su historia, y una de la más grandes a nivel nacional, cursó la Dirección General de Aguas (DGA) de Atacama -organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP)- a la minera SCM Lumina Copper Chile, vinculada al proyecto Caserones. La entidad sancionó con un pago de $325 millones (6.748 UTM) a la empresa por extracción irregular de agua.

El seremi de Obras Públicas de Atacama, Alfredo Campbell, indicó que la principal razón de la multa es la extracción de agua natural en pozos (puntos de captación) no autorizados por la DGA. “Se pudo establecer la extracción irregular de aguas subterráneas en 7 pozos al interior de la denominada Quebrada La Brea, comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó. La empresa tiene derechos suficientes para explotar el agua, pero lo hizo desde puntos distintos a los autorizados”, detalló.

Según los antecedentes del MOP, esta sería la multa más alta que la DGA ha cursado a nivel regional en su historia, luego de que el año pasado se le entregaran mayores poderes sancionatorios.

La autoridad enfatizó que la multa “marca un hito” en el correcto ejercicio de un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, “estableciendo fuertes multas a quienes utilicen pozos ilegales”.

Por su parte, desde Caserones indicaron que “la sanción recae sobre pozos que fueron construidos por una necesidad técnica ambiental y que son parte de una barrera hidráulica (línea de pozos). La necesidad de su construcción y operación fue informada por la empresa a las autoridades de manera proactiva, y con anterioridad a que se iniciara el proceso sancionatorio que oficia la DGA”.

Puntualizó que la extracción de agua natural de Caserones es -en el área de la infracción- de 13 l/s, “caudal que se encuentra significativamente por debajo de los derechos con que cuenta la empresa para similar propósito, ascendente a 28 l/s, a metros de los pozos objeto de la infracción”.

La DGA explicó que se deben remitir los antecedentes a la Tesorería General de la República para dar curso al cobro de la multa, pero ello dependerá de las acciones que la empresa decida llevar a cabo en materia de reclamación ante los tribunales competentes.

Precisamente, Caserones informó que “está estudiando las acciones a seguir conforme al marco normativo vigente”.

http://www.mch.cl/2019/02/14/direccion-general-aguas-atacama-impone-mayor-sancion-historica-una-minera/