IXTACAMAXTITLAN, Mexico (Fundación Thomson Reuters) – Después de casi 20 años de disputas, un grupo de aldeanos nahuas podría hacer historia este mes en México cuando un tribunal falle en una disputa por tierras en la que está involucrada una minera canadiense.
Un abogado de los pobladores de Tecoltemi en el estado de Puebla, en el centro de México, dijo que era la primera vez que un tribunal decidía si la legislación minera del país, que da prioridad a las actividades mineras sobre otros usos de la tierra, era constitucional.
Los casos anteriores solo habían reconocido el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, dijo Itzel Silva, del Fundar Centro de Análisis e Investigación, una organización sin fines de lucro en México.
“Es por eso que este caso es tan importante”, dijo Silva.
Durante un siglo, México ha otorgado a los indígenas títulos legales sobre tierras ancestrales, pero muchas han visto cómo se les ha otorgado derechos a esas tierras a empresas mineras después de que el gobierno le dio prioridad a la minería en la década de 1990, dijeron los abogados.
El caso, que se escuchará en un tribunal federal de Puebla, se refiere a dos concesiones otorgadas a Minera Gorrion, una subsidiaria local de la canadiense Almaden Minerals, que ha provocado divisiones entre los aldeanos al tiempo que enfrenta a algunos contra la compañía.
La demanda se presentó contra el Ministerio de Economía, que es responsable de la minería, en nombre de algunos aldeanos, quienes dicen que la actividad de exploración en los depósitos de oro y plata ha contaminado las fuentes de agua locales.
El ministerio no respondió a varias solicitudes de comentarios. Un portavoz de Minera Gorrion dijo en un correo electrónico que la compañía cumplió con las normas establecidas por los reguladores ambientales, que no encontraron irregularidades.
Almaden Minerals no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios. Minera Gorrion dijo que la compañía canadiense solo haría comentarios sobre el proyecto a través de su filial mexicana.
Silva dijo que un fallo para los aldeanos, que viven en lo alto de las montañas de la Sierra Norte, podría sentar un precedente para que otros reclamos traten de anular la ley que prioriza la minería sobre el uso de otras tierras.
México es el mayor productor de plata del mundo y uno de los mayores productores de cobre y oro. El sector minero aporta aproximadamente el 4 por ciento del producto interno bruto de México.
UN PUEBLO DIVIDIDO
Silva dijo que muchas concesiones mineras en México son inconstitucionales porque el gobierno no realiza consultas sobre las tierras ancestrales con los indígenas, que representan casi una cuarta parte de la población de 120 millones de habitantes, según datos del Gobierno.
En Ixtacamaxtitlán, en el estado de Puebla, los datos oficiales muestran que aproximadamente una cuarta parte de los 25.000 habitantes son indígenas, pero los activistas dijeron que se han otorgado concesiones mineras en aproximadamente el 90 por ciento de su territorio de 150.000 acres.
El proyecto más controvertido en Ixtacamaxtitlán involucra al pueblo indígena Santa Maria Zotoltepec, a 10 kilómetros de Tecoltemi, donde Minera Gorrion quiere extraer oro y plata.
Algunos aldeanos trabajan para Minera Gorrion, causando divisiones, dijo Francis Zamora Morales, quien vende productos de belleza.
Pero ella “nunca estuvo de acuerdo con eso”, agregó, mientras escribía “No a la mina” en un cartel para mostrarlo en una próxima reunión entre la compañía y la gente local.
Diana Pérez, abogada del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario que actúa en nombre de los aldeanos, reconoció que la comunidad estaba dividida por la minería en el área.
“El empleo … determina quién está a favor o en contra de la mina”, dijo.
Minera Gorrion dijo que es “comprensible que un proyecto como este pueda generar dudas, pero no percibimos un sentimiento de desacuerdo o de estar en contra (de la mina)”.
Un informe de 2016 de PODER, una organización local sin fines de lucro, encontró que la actividad de exploración en Ixtacamaxtitlan había contaminado las fuentes de agua, amenazando el suministro de la comunidad.
“La compañía llevó a cabo el monitoreo del agua sin las debidas autorizaciones y realizó perforaciones más profundas de lo permitido, afectando la capa freática”, dijo Isabel Clavijo, investigadora de PODER.
Minera Gorrion negó eso y dijo que estaba comprometida con la protección del medio ambiente.
Morales dijo que le preocupaba el agua y los otros recursos naturales de la región si no se detenían las actividades mineras.
“Hemos estado aquí durante siglos, desde antes del paso de (el conquistador español) Hernán Cortés en 1519 … Este proyecto es temporal. Una vez que termina, ¿qué viene después?”, concluyó.
Fuente:https://lta.reuters.com/articulo/mexico-derechos-mineria-idLTAKCN1QN20Z
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