Perú

El MINSA inicia atención a personas contaminadas con metales pesados en Hualgayoc-Bambamarca

13 marzo, 2019 Autor: Ronald Ordoñez, Noticias ser pe.

Una delegación de 17 médicos especialistas del Ministerio de Salud (MINSA) arribó a la ciudad de Bambamarca para realizar atenciones a las personas que tienen presencia de metales en su organismo y a otro grupo que se ha sometido a pruebas de tamizaje. Esta acción se da en el marco de los compromisos asumidos por los diferentes sectores a partir de la demanda de las autoridades y organizaciones sociales en lo que va del año.

Según el acta de la reunión del grupo de trabajo sobre la problemática ambiental de Hualgayoc llevada a cabo el 19 de febrero, el MINSA mantendrá el personal médico en Bambamarca desde el 5 al 8 de marzo y se realizarán atenciones de preferencia a las 372 personas que se conoce que tienen presencia de metales en su organismo y asimismo, se brindará atención médica a aproximadamente 60 personas más que fueron analizadas el año pasado, aunque se espera que se atienda a un mayor número de personas.

No obstante, una de las mayores preocupaciones es que la atención que reciba la población afectada no se limite a una revisión médica, sino que también se otorgue e inicie el tratamiento respectivo y de manera gratuita, tal como lo indicó el consejero regional Gilberto Regalado: “Esperemos que no solamente se haga el chequeo médico, sino los medicamentos. Darle lo que necesitan. Estos metales están en el cuerpo y necesitan un largo tratamiento”, señaló.

En el mismo sentido se pronunció el gerente de Saneamiento y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, Eloy Sánchez, quien además solicitó que la población afectada reciba la medicina adecuada, puesto que se encuentran en situación de pobreza. Igualmente, dijo que es necesario que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS), continúe con su trabajo para que se tengan datos exactos respecto a la contaminación por metales mineros: “Gracias al pedido que ha hecho la población y las organizaciones hemos quedado que estas participaciones (del MINSA) sean de manera itinerante a lo largo de 2 años. Esperamos que luego de esto hagamos una evaluación de todo y que la población se sienta satisfecha, porque no tenemos buenos recuerdos por lo que ha pasado anteriormente”, manifestó.

Al respecto, el representante del cuerpo de especialistas, Andrés Polo, explicó que las especialidades médicas más frecuentes son las que se mantendrán en Bambamarca hasta el día 8, sin embargo, aseguró que en caso la población afectada requiera otras especialidades se coordinará con la Dirección Regional de Salud para programar otras citas posteriores: “Se entiende que la atención médica no debería culminar ahora, que debería continuar. El hecho es que la población garantice su atención. Es una atención gratuita. Los medicamentos van a ser entregados gratuitamente y análisis de laboratorio”, dijo.

Fuente:http://noticiasser.pe/cajamarca/el-minsa-inicia-atencion-personas-contaminadas-con-metales-pesados-en-hualgayoc?fbclid=IwAR2I5nvtI9wSUfOLrTVia1n8HLiB31BUXApez1_zCGpgA1b2VUWt-Wlb6p8

Chile

Ward reconoce que cambios en Parque Patagonia fue en favor de proyecto minero

13 marzo, 2019 Autor: Isabel Reyes , Interferencia.cl

Hasta la Comisión de Medio Ambiente, frente a los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes, David Sandoval y Álvaro Elizalde, fue citado el ministro Felipe Ward para referirse a la modificación de límites del Parque Nacional Patagonia.

En representación de la administración anterior fue la ex ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, quien defendió su postura y el proyecto que bajo el gobierno de Michelle Bachelet fue propuesto para este parque.

Ambos con presentaciones de power point y sin nuevos argumentos, confrontaron sus posturas. Tal como lo publicó INTERFERENCIA la discusión se basa principalmente en la diferencia de hectáreas aludida por el ministro Ward y aquella defendida por Palma y presentada en el decreto que ingresaron a Contraloría.

“Si uno compara en lo que se aprobó a través del Consejo de Ministros en esa fecha versus la que aprobó el Consejo de Ministros del año pasado, en nuestra administración, nosotros aumentamos la superficie del Parque Patagonia”, dijo el ministro en la cita.

Su presentación se basó en tres puntos a los que hizo alusión: las hectáreas incorporadas de propiedades privados, las veranadas, además de la actividad económica de la región. «Nos encontramos con la preocupación planteada por el alcalde de Chile Chico (Ricardo Ibarra) y se nos expresó en dos reuniones con parte de la comunidad dado de que esta es una comuna que en parte e históricamente ha vivido en torno de la minería entonces, sin previo aviso, se les estaba dejando sin una de sus principales sino su principal sustento sin consultarle a nadie», dijo Ward.

«Entonces nos pareció razonable, se lo dijimos a las personas de allá, que estábamos llegando en el minuto 90 de este partido pero aún existía una posibilidad de realizar modificaciones de forma de poder garantizar que aquel territorio que tuviera vocación minera, pudiera seguir el día de mañana desarrollando esa actividad.

Considerando estos tres factores y, según expuso, se excluyeron las 905 hectáreas de propiedad privada, 3.815 por el tema de las veranadas y 2.237 hectáreas por minería, por lo que incorporaron 2.200 de otros sectores. Así, en total, tal como dijo, «habría una diferencia neta del territorio con aptitud minera excluido de 37 hectáreas».

Ante esto, la ex ministra de la cartera respondió: “Yo recibí varias veces al alcalde de Chile Chico que no venía a hablar por la comuna, venía a hablar por la empresa minera… en una representación que era francamente impresionante, le faltaba sólo el mandato por escritura pública para representar los intereses de la minera”.

Y agregó: “No puede el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad convertirse en un órgano superior al Presidente de la República. Esto es un tema de derecho administrativo básico y yo y usted ministro somos abogados ambos (…) En el fondo aquí hubo una decisión política de excluir propiedad fiscal que no estaba en discusión su propiedad por parte del Estado y que pone de alguna manera el piso para que las demás autoridades autoricen a esta empresa para que lleve adelante un proyecto minero al lado de un parque. El impacto que va a tener un proyecto minero ahí, es francamente una barbaridad”.

En la instancia, también se refirieron al caso los senadores Ximena Órdenes, Álvaro Elizalde, David Sandoval y Guido Girardi.

“Yo no voy a discutir si el porcentaje que se redujo es significativo o no, porque en estadística vamos a ser bien objetivos, pero el punto es la localización. Estamos hablando de un área que inicialmente estaba contemplada en el parque, entonces la pregunta es ¿Por qué después no se contempla?”, dijo la senadora Órdenes.

Si bien se cuestionó el hecho de que existieran exploraciones mineras en terrenos aledaños a las tierras protegidas, la Comisión terminó sin acuerdos ni solicitudes.

Perú

Preocupante designación de Salvador del Solar como Premier por su postura frente a la consulta previa y las empresas mineras

13 marzo, 2019 Autor: Red Muqui.org

En un contexto en el que estamos viviendo una ofensiva extractivista minera por parte del Gobierno del Presidente Vizcarra y del empresariado minero, nos preocupa desde RED MUQUI la designación como premier del señor Salvador del Solar; ex ministro de Cultura (MINCUL), quién, durante su gestión en dicho Ministerio, respondió una carta que le dirigimos RED MUQUI, DHUMA de Puno, la CNDDHH e IDL, de manera conjunta, en base a una serie de preguntas que le hicimos llegar, y que nos dejaron honda preocupación; preocupación que hoy con su presencia en la PCM vuelve a presentarse.

En el informe de respuesta de agosto del 2017 a nuestra carta, el MINCUL indicaba que “la consulta podría generar falsas expectativas en la población consultada”, dejando de lado el rol garante de derechos que debe jugar el estado peruano, en particular con nuestros pueblos indígenas u originarios. Ver Informe completo aquí ➥ bit.ly/2Ciygkb

En la misma carta, en las respuestas a las preguntas dirigidas a Salvador del Solar, si bien se le consultó sobre su posible intervención ante los magistrados del Tribunal Constitucional en contra de una demanda de amparo presentada por la comunidad campesina de Arboleda (Puno), para que el Estado reconozca e implemente el derecho a la consulta previa que había sido omitido para la realización de un proyecto minero; no tuvimos respuesta sobre dicha pregunta.

Justamente cerca de dos años después, cuando asume la cartera de la PCM, coincidentemente la citada demanda de amparo, en la que habría incidido Del Solar cuando asumía funciones en el MINCUL; volvió a foja cero tras la resolución del Tribunal Constitucional, que declaró nulo todo lo actuado y envió al Poder Judicial de Puno la demanda presentada por la Comunidad Campesina de Arboleda ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) que hasta ahora vienen desconociendo y negando el derecho a la consulta previa a las comunidades al entregar concesiones mineras a las empresas; concesiones que se superponen con su territorio ancestral, y dónde se encuentran, además, zonas arqueológicas.

Reiteramos nuestra preocupación ante la reciente designación del Sr. Del Solar, porque el Ministerio de Cultura debió promover la implementación de la consulta previa, tal como lo establece su Reglamento de Organización y de Funciones; y no actuar en contra de su aplicación, y más aún, por la intervención que habría tenido en su momento cuando fuera ministro del MINCUL ante los magistrados del TC para favorecer a una empresa minera, debido a que ésta función corresponde a los procuradores públicos no a los/as ministros. Reiteramos al respecto que el MINCUL nunca negó dicha situación en su carta de respuesta.

Todo se agrava porque estamos en un contexto de ofensiva extractivista minera expresado en el Decreto Supremo N° 345-2018-EF, llamado Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), que señala que se necesita más minería en el país para ser más “competitivos” en América Latina; léase, exportar más materias primas para que la economía del país “no decrezca». Junto a ello, la PNCP señala como objetivo estratégico hacia el 2030: “continuar y afinar las reformas estructurales emprendidas en la década de 1990 (gobierno Fujimorista), las mismas que son imprescindibles para un crecimiento y desarrollo económico a largo plazo”; lo que va de la mano con la “Visión Minería al 2030”, parte de la PNCP, que busca “la aceptación social” de la actividad minera. “Visión” que Red Muqui no ha suscrito y espacio del cual se retiró a inicios de año.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/858-preocupante-designacion-de-salvador-del-solar-como-premier-por-su-postura-frente-a-la-consulta-previa-y-las-empresas-mineras

Latinoamerica

Eduardo Gudynas: Teologías extractivistas y espiritualidades herejes

13 marzo, 2019 Autor: Eduardo Gudynas, Iglesias y Minería.org

La catástrofe de Brumadinho es posiblemente un ejemplo extremo de los extractivismos en el siglo XXI. Entendidos como la explotación masiva o intensiva de recursos naturales para exportarlos como materias primas, por un lado son claros los enormes impactos sociales y ambientales que acarrean.

La evidencia es abrumadora, y no solo por los accidentes mineros en Brasil, sino por otras situaciones, como los derrames petroleros en Ecuador, las enormes amputaciones ecológicas de la minería colombiana, o el avance de la soja en Argentina. Nadie puede sostener que los extractivismos sean seguros, dado que los accidentes se repiten en todo el continente. Tampoco puede insistirse en que automáticamente generarán bienestar económico, porque siguen enclavados entre los sitios más pobres en cada país.

Pero a pesar de todas estas evidencias y de las resistencias ciudadanas, de todos modos los extractivismos siguen avanzando. Son defendidos por empresas como todos sabemos, pero también hacen lo mismo, y con toda intensidad, casi todos los políticos, la mayorías de las academias universitarias, y una buena parte de la opinión pública. El respaldo es mayoritario, especialmente en las ciudades, justamente porque esas personas viven alejadas de los sitios donde verdaderamente ocurren los impactos.

Esto obliga a reconocer que los extractivismos descansan en creencias profundamente arraigadas y que se comparten tanto por las posturas políticas y partidarias de conservadores a progresistas, de derecha o izquierda. Son actos de fe que los hace inmunes a todas las evidencias de impactos o accidentes.

Teología extractivistas

Por todo esto es justificable abordar a los extractivismos como una teología. Con ello no apunto tanto a considerar que estamos en algo así como un cristianismo extractivista, aunque no han faltado intentos en ese sentido. Por ejemplo, en 2013 en Colombia se celebró un muy comentado encuentro sobre “Cristianismo y Minería”, donde el CEO de una empresa afirmaba que esos emprendimientos son un mandato de Dios. Aunque, en sentido contrario, la encíclica Laudato Si’ está repleta de elementos para desmontar a los extractivismos.

En cambio, me refiero a una teología política, entendida la producción de políticas que al contrario de lo que proclaman, no son neutras ni racionales, sino que están inmersas en creencias y espiritualidades. En ellas se genera una cierta sacralidad es usada para legitimar y fundamentar ordenamientos y prácticas políticas entre los humanos y en la relación con la Naturaleza.

En efecto, aquella idea de la Modernidad de una secularización que la desprendería de toda trascendencia para volverse objetiva y neutra, en realidad terminó generando otras creencias. Con ello han sido exitosos en anular la organicidad y encantamiento de la Naturaleza, pero que a la vez hemos entronizado a la utilidad y la mercantilización. Allí están las raíces de teologías políticas extractivistas que posee sus narrativas, su sacralidad y hasta sus liturgias.

Todas comparten una narrativa de lo inevitable y esencial que es el aprovechamiento intensivo de la Naturaleza. Un ejemplo conocido es la sentencia, repetida desde hace casi 200 años, que Perú es un país minero. Parecería que la condición de la minería fuera una ontología de todo un país, de cada individuo, y de cada sitio en su geografía.

El crecimiento económico se sacraliza como sostén del desarrollo, y éste debe ser alimentado por las exportaciones de minerales, hidrocarburos o granos. De este modo se genera la condición de imperiosa necesidad de explotar la Naturaleza para evitar un apocalipsis económico.

Se despliegan pastorales extractivistas que insisten no solamente en legitimar a los extractivismos, sino en desearlo. Desde la economía se editan reportes que enfatizan los éxitos económicos, pero que en cambio no calculan los costos económicos de los impactos sociales y ambientales; desde los ministerios se imprimen folletos anunciando a los proyectos extractivos como trampolines para el desarrollo; y desde los medios de comunicación se celebra las explotaciones mineras o petroleras.

La oposición es imposible, pero además es casi impensable. Los que critican a los extractivismos estarían locos decía el presidente de Ecuador Rafael Correa, y alertaba que en un país desarrollado todo ellos estarían encerrados en el manicomio.

Estamos rodeados de liturgias extractivistas. Son las celebraciones de presidentes, ministros o empresarios que festejan una nueva mina o torre petrolera, o un incremento en las exportaciones. Tal vez uno de los ejemplos más dramáticos lo dio el presidente de Bolivia, Evo Morales, en 2015 en el acto de inauguración de la explotación de un nuevo yacimiento que triplicaba las reservas de hidrocarburos del país. El presidente se encontraba rodeado de ministros y otras altas autoridades, y a su frente se encontraba el público y la prensa. Parado al pie de una enorme válvula, la giró para empapar su mano en crudo, y luego, como si fuera el párroco oficiando la misa dominical en la iglesia del barrio, pasó a untar crudo en los casos que tenían cada una de esas autoridades. La bendición política gubernamental se hacía con crudo.

También existe una institucionalidad extractivista que alimenta estas teologías. En ellas se encuentran las grandes asociaciones empresariales de mineros, petroleros y de agronegocios. Todo este entramado legitima y defiende a los extractivismos, pero además incide en las políticas públicas, genera campañas de publicidad y hasta puede decidir el nombramiento de un ministro).

Espiritualidades herejes

Es necesario entender estas teologías extractivistas para poder plantear alternativas que sean capaces de llegar a ese profundo núcleo de conceptos, sensibilidades y espiritualidades. La solución a los extractivismos no pasa por un mero cambio entre elencos de gobiernos, entre quienes de dicen de derecha o de izquierda, y los países del sur ya lo saben muy bien porque han vivido todo tipo de experiencias extractivas.

Este esfuerzo no es solo necesario sino urgente. La acumulación de impactos sociales y ambientales es intolerable en América del Sur, y ha alcanzado niveles tan altos que la integridad ecológica de todo el planeta está en cuestión. El cambio climático global es un claro ejemplo de esto.

El primer paso en romper con las teologías extractivistas es recuperar la capacidad de pensar alternativas y en poder decidir otros caminos, ensayar o incluso desear otro modo de relación con la Naturaleza y con las personas. Dicho de otro modo, necesitamos herejes que puedan poner en entredicho a esas teologías. Recordemos que más allá de sus usos corrientes, herejía en su significado original quiere decir elección. El concepto hoy está revestido de sentidos negativos, y por ejemplo se denuncia como herejía plantear, pongamos por caso, una moratoria a la explotación de petróleo en la selva amazónica ya que ello violaría las necesidades de los mercados. Pero si se apela a su sentido original es la elección la que nos permitiría construir espiritualidades herejes para pensar y sentir otro tipo de vínculos entre nosotros humanos y con la Naturaleza (1).

Estamos rodeados de esos intentos y ensayos, aunque las teologías extractivistas los invisibilizan y ocultan. Pero hay múltiples experiencias en toda América Latina de relaciones con la Naturaleza que no descansan en los extractivismos, y que aseguran la calidad de vida. También hay organizaciones que ofrecen espacios para hacer evidentes los impactos de los extractivismos y explorar respuestas desde la fe, como es el caso de la red Iglesias y Minería (2).

Es posible compartir algunos elementos de esas espiritualidades herejes a modo de una primera reflexión. Es claro que se deben abordar tanto el pensar como el sentir –es por lo tanto un cambio en los sentipensares. No bastan las transformaciones en tecnologías o planes de desarrollo, sino que también las afectividades deben cambiar.

Sin duda se debe asegurar la calidad de vida de las personas y que eliminar la pobreza, pero también hay que admitir que los actuales niveles de consumismo son intolerables. Entonces estamos frente a espiritualidades que incorporan la austeridad.

Se debe romper con la dominación y en todas sus formas. Esto incluye tanto la dominación por ejemplo de veteranos sobre jóvenes, como las de los varones sobre las mujeres. Es por lo tanto un esfuerzo que apuesta a la vez a la convivialidad y a la despatriarcalización.

Las nuevas espiritualidades deben ser ecuménicas e interculturales. Distintos aspectos de los sentipensares de los pueblos indígenas nos enseñan otros tipos de vínculos con el ambiente y los territorios.

A partir de esto se pueden derivador otros elementos. Comenzaré por señalar la importancia de escuchar a las rocas. En las teologías de los extractivismos los empresarios y los economistas “escuchan” al mercado, y nadie parece sorprenderse por ello. Por lo tanto, la alternativa es comenzar a escuchar a las rocas, al suelo, a los árboles. Esto no quiere decir que se les enseñará a hablar, pero es nuestra responsabilidad y tenemos la capacidad de descifrar lo que ellos nos dicen sobre la salud del ambiente. Y allí hay todo tipo de señales y mensajes sobre el drama ecológico.

El ritmo del tiempo es de los alerces. Las teologías de los extractivismos siempre trabajan en el muy corto plazo, e incluso es raro que vayan más allá de unos pocos años propios de una presidencia. Para ellas no existen las generaciones futuras. Ante esto, los el ritmo de los alerces nos ilustran cómo debe entender el tiempo estas espiritualidades herejes. Esos majestuosos árboles andinos que pueden vivir mil años, y por ello con cada incendio que destruye bosques nativos en el sur de Chile y Argentina, queda claro que las medidas de restauración ecológica debe ponerse pensarse en el tiempo que necesitan los alerces para recuperarse. O sea, mil años. Esto mismo se repite en los demás ambientes sudamericanos. Todo esto nos lleva a repensar nuestras responsabilidades en el largo plazo, y comenzar a abordar una cuestión que cada vez será más necesaria ¿cómo podemos ser mejores ancestros para asegurar que las generaciones futuras puedan vivir?

La justicia por cierto que es imperativa, pero debe ser una justicia social y ecológica. De un lado, los extractivismos actuales están repletos de injusticias, con el caso extremo de violencias contra personas y la Naturaleza, y las teologías dominantes las han naturalizado. Es necesario rebelarse hasta hacer intolerable que, por ejemplo, se asesina impunemente a líderes ambientales o se destruyen miles de hectáreas de ambientes naturales. La erradicación de la pobreza debe ir de la mano con la preservación ambiental.

Finalmente, es fundamental un cambio radical en cómo se entienden los valores. La visión tradicional, compartida por muy distintas corrientes propias de la Modernidad, insiste en que únicamente los humanos son sujetos de valor y por ello la Naturaleza termina siendo una colección de objetos que pueden ser aprovechados.

Eso permite el reduccionismo de concebir a la Naturaleza pero también a las personas como recursos, algunos con valor económico y otros que pueden ser desechables. Las categorías de capital social o naturales se aceptaron y un utilitarismo mercantilista se convirtió en la forma generalizada de sentir y entender el entorno ecológico y social. Posiblemente la herejía mayor se encuentra en romper con esas ataduras y reconocer que otras formas de vida también tienen valores que les son propios y que éstos son independientes de la utilidad para los humanos.

El antecedente más claro de ese esfuerzo es el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza en Ecuador, a los que han seguido, por ejemplo un reconocimiento análogo a la Amazonia de Colombia –otra vez queda en claro que estamos rodeados de ensayos de alternativas. Este es un cambio ético, pero no sobre su dimensión moral, sino sobre cómo se entiende el valor y cómo se lo adjudica.

Todos estos puntos, que no dejan de ser preliminares, tienen en común intentar romper con los blindajes que las creencias otorgan a los extractivismos. Esa es una dimensión que es por muchos rechazada o menospreciada, asumiendo que las transformaciones no son cosas de los sentimientos sino de la razón. Pero las teologías extractivitas existen y nos dejan en claro que es indispensable abordarlas para promover cambios reales. Y, tal como se indicó arriba, es indispensable hacer esto antes de que sea demasiado tarde.

Fuente:http://iglesiasymineria.org/2019/03/01/eduardo-gudynas-teologias-extractivistas-y-espiritualidades-herejes/?fbclid=IwAR0uYXuhAo8-TlDhr8GStRnMj97RaKCKMCpRrBijb_Rmkbvh0oynfig2i9Q

Latinoamerica

Mito que minería genere progreso: Red de afectados ambientales

13 marzo, 2019 Autor: Gabriel Ramirez Cuevas, Regeneración.mx

La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) –de la que forman parte poblanos del Consejo Tiyat Tlali- desmintió el supuesto “progreso minero” promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y aseguró que, por el contrario, la actividad extractiva es sinónimo de contaminación y degradación ambiental, fragmentación comunitaria, represión, despojo, saqueo, injusticia e impunidad.

Indicó que el pasado 5 de Marzo en un panel de discusión organizado por el Consejo Canadiense para las Américas (CCA), el BID hizo un llamado a “la responsabilidad social de las mineras en Latinoamérica” en el que tergiversando la realidad presentó a la minería como una actividad sustentable.

En los hechos hay ”cientos de comunidades fragmentadas y severamente afectadas en el país, en toda América Latina y el mundo, así como una cantidad cada vez mayor de pasivos ambientales irreversibles, de los cuales estas empresas no se hacen responsables. Es una incongruencia terrible, que se siga vendiendo a la minería como generadora de progreso y desarrollo, cuando saquean a manos llenas los bienes comunes hasta dejar pueblos y comunidades fantasmas, en unos casos, o desolación y muerte en otros”.

El BID, denunció, apuesta a la explotación minera como solución para el desarrollo al financiar proyectos privados “de despojo, con graves consecuencias sociales y ambientales, inversiones que muchas veces sirvieron para mejorar la imagen de las empresas mineras y permitir la aceptación de sus proyectos”.

Y en el caso de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del BID, se dedica al financiamiento directo e indirecto de pequeñas y medianas empresas, como “el préstamo de 5.7 millones de dólares que hicieron a la empresa Somin Compañía Minera de Sonora S.A.P.I. de C.V.” para la extracción y el procesamiento de sulfato de sodio en Sonora.

Además ha dado dinero para proyectos de producción de energía “muy controvertidos y rechazados como los parques eólicos Eólica del Sur o Eurus en el Istmo de Tehuantepec”, precisó.

“Para los pueblos la minería es, y siempre será así, un agente de despojo, destrucción y muerte” que se han enfrentado con la resistencia de las comunidades y pusieron como ejemplo al municipio de Fresnillo en Zacatecas, donde opera la mina Fresnillo de Grupo Peñoles, la tercera extractora de plata más grande del país, que en el año 2015 obtuvo ganancias por 318 millones de dólares, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la consideró la demarcación “con la mayor proporción de personas en situación de pobreza (107 mil 088) y el segundo con mayor pobreza extrema (11 mil 685)”.

“Si analizamos los datos que propone CONEVAL sobre la evolución de la pobreza, de 2010 a 2015 para los municipios zacatecanos de Fresnillo y Mazapil (donde está ubicada desde 2008 la mina Peñasquito, la mina de oro más grande del país a cargo de la canadiense Goldcorp), nos damos cuenta que, durante este periodo, la proporción de la población vulnerable por carencia social

(educación, salud y vivienda), aumentó más del 6 % (6.1 para Fresnillo y 6.3 para Mazapil), cuando el promedio de aumento estatal fue sólo de 4 por ciento”, detalló la REMA.

En la Sierra Norte de Puebla, de acuerdo con FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación A.C., la Secretaría de Economía del gobierno federal ha otorgado 440 concesiones mineras y, aunque algunas han sido canceladas, representan el 66 por ciento de su territorio, además se han dado permisos para la instalación de más de 10 hidroeléctricas y se han entregado diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usa y se usará la fractura hidráulica o fracking.

Fuente:https://regeneracion.mx/mito-que-mineria-genere-progreso-red-de-afectados-ambientales/?fbclid=IwAR2_CQh7-ah4kpLmbkjstkbGUrzYztG7TYeBegpQkxS6bOa1KYp0tbNkpjk

Perú

Estado vs. Estado: Calidad de agua y salud en Espinar

13 marzo, 2019 Autor: Helio Cruz, Derecho sin Fronteras.pe
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

Espinar, es una provincia con un nivel de conflicto socioambiental permanente y en ascenso, debido a la presencia de la Empresa Minera Glencore Antapaccay, quien ha demostrado una ineficiente capacidad de negociación colectiva en los temas ambientales y sus impactos. También es resaltante la fragilidad del Estado para atender a la población afectada como parte de su obligación de garantizar el bienestar de las personas en la Provincia de Espinar y con mayor razón de las Comunidades Campesinas quienes denuncian desde hace años que viven con metales tóxicos en su sangre.

La Minería es para el “Estado” la principal fuente de ingresos para resolver demandas sociales a través del Canon y Sobre Canon distribuidas en todos los niveles de gobierno. El Gobierno refuerza el discurso que las actividades extractivas son la ‘columna vertebral’ de nuestra economía, y no realiza un verdadero sistema de fiscalización por temor de ahuyentar a las ‘grandes inversiones’.

La Red de Salud Canas Canchis Espinar, en noviembre 2018, ha emitido un informe sobre la situación del agua potable indicando que los parámetros de aluminio, arsénico, hierro y manganeso, exceden los límites máximos permisibles, y como es sabido, su ingesta podría ocasionar algún daño a la salud e incrementar la anemia y desnutrición crónica en niños menores a 5 años. Esta información ha sido proporcionada por el sector de Salud, quien ha creado preocupación sobre la calidad del agua. Sin embargo, en el mes de febrero en una reunión cerrada y sin convocatoria pública, la Dirección Regional de Salud (DIRESA – Cusco) ha emitido un comunicado indicando que el agua es apta para el consumo humano, desmereciendo el informe de la Red de Salud.

Frente a este panorama, las Comunidades Campesinas de la Provincia de Espinar emitieron un “MEMORIAL POR LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR” dirigido a diversas entidades del Estado, entre ellas al Presidente de la República, Congreso de la Republica, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional Cusco, Municipalidad de Espinar, mostrando su indignación colectiva por el discurso institucional Estatal desde el Ministerio de Salud respecto al tratamiento y atención de la Salud y el Agua en Espinar.

Ese doble discurso del sector de Salud causa preocupación, porque hasta la fecha no se ha socializado en Espinar ante sus Autoridades y Sociedad civil sobre la situación de Agua en Espinar, por ello Las Comunidades Campesinas exigen que se esclarezca la verdad, y que el Estado asuma el rol protector de la persona humana.

En el memorial se destaca principalmente: i El Ministerio de Salud y la DIRESA actué con transparencia y sin faltar a la verdad. ii La Defensoría del Pueblo participe como ente veedor en la visita programada para el mes de marzo por parte del sector de Salud en Espinar. iii Establecer mecanismos de comunicación idónea con la Plataforma Nacional de Personas Afectadas con Metales Pesados y permitir la participación de entes veedores independientes.

Frente a este panorama es necesario instalar una MESA DE TRABAJO SOBRE LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR compuesta por el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, la Plataforma de personas afectadas y la Sociedad Civil debidamente representada en la que se pueda administrar mejor las políticas emprendidas desde el sector de Salud y con fiscalización permanente para su cumplimiento. Retomar el trabajo de Declaratoria de Emergencia Sanitaria en la Provincia de Espinar como parte de las políticas de un Estado que garantiza los derechos humanos fundamentales abonando presupuesto público para el tratamiento en la salud de las personas afectadas con metales pesados y evitar la contaminación del agua potable en la Provincia de Espinar.

VER Y DESCARGAR MEMORIAL POR LA SALUD Y AGUA EN ESPINAR:

Fuente:http://derechosinfronteras.pe/estado-vs-estado-calidad-de-agua-y-salud-en-espinar/?fbclid=IwAR33enKSJ_a_UjVHI0nQaHAIJpzNwon3ayWrnCLG4cY-CT1WJNtHbSIXcyo

Perú

Por riesgos inminentes, Ley de remediación de Pasivos Ambientales debe ser discutido y aprobado

13 marzo, 2019 Autor: Red Muqui.org

El día de ayer, martes 5 de marzo, en la mañana, se suspendió la sesión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología que tenía que discutir el pre dictamen sobre Pasivos Ambientales, para posteriormente aprobarse y ser discutido por todo el Pleno del Congreso. La sesión se suspendió por falta de quórum porque solo estaban presentes 4 congresistas: Wilbert Rozas, presidente de la Comisión y María Elena Foronda del Frente Amplio; Juan Carlos Del Águila de Fuerza Popular y Marisa Glave del Nuevo Perú.

Sin embargo, el día de hoy, miércoles 6 de marzo, se discutió el pre dictamen en la Comisión de Energía y Minas, pero no se aprobó, por lo que es importante que el próximo martes la Comisión de Pueblos sí logue el quórum, discuta y aprueba el pre dictamen para que pueda pasar a ser discutido al pleno del Congreso.

Recientemente, el lunes 4 de marzo, se realizó el Foro: “Peligros en la cuenca del río Rímac y alternativas de solución”, en el Congreso de la República. Foro organizado por la Comisión de Pueblos, la Red Muqui y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS); con el apoyo de la Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente en la Cuenca Alta del Río Rímac y la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Rímac.

Pasivos Ambientales en la Cuenca del río Rímac

Red Muqui, a través del especialista Edwin Alejandro Berrospi, señaló que en la cuenca alta del rio Rímac se han identificado 220 pasivos ambientales mineros (183 pasivos en el distrito de San Mateo y 37 en el distrito de Chicla) que representa más del 2% a nivel nacional, de los cuales 140 pasivos se encuentran clasificados como de muy alto riesgo.

Agregó que la alarmante cifra de los pasivos ambientales constituye un grave riesgo para la salud de la población de Lima. “Un movimiento sísmico o un aumento de caudal del rio Rímac provocarían un desastre ambiental porque la gran cantidad de desmontes de mina y relaves mineros que se encuentran depositados en los cauces del río Rímac afectaría a la ciudad de Lima. El caso más conocido es el depósito de relaves de Tamboraque que tiene más de medio millón de toneladas de desechos tóxicos ubicado al borde del Rímac y sumados a los otros 19 depósitos de relaves de Millotingo, Chinchan, Casapalca, Yauliyacu, Tablacah, superan más de 3 millones de toneladas de desechos tóxicos que son una bomba de tiempo”, finalizó.

El fiscal de la comunidad campesina de San Mateo de Huanchor, Asencio Montes, parte de la Plataforma de la Cuenca Alta del Río Rímac, señaló que “en el barrio de San Antonio se toma agua con arsénico, que ha sido contaminada por el vertimiento de aguas de mineras de la parte alta. Además, la relavera ubicada en Ticlio está expuesta a 300 metros, y contamina los pastizales que comen nuestros ganados”.

El Foro también contó la participación de los representantes de las instituciones mencionadas y el Frente de Defensa de los Intereses de Chicla (FREDICH); el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Walter Obando Licera y Carmen Yupanqui de la Dirección de Calidad de la ANA; y Fánel Guevara, presidenta del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (IPROGA).

La presidenta de IPROGA señaló que las principales actividades contaminantes en la zona provienen de la minería; actividades industriales; manejo de residuos sólidos; y el vertimiento de aguas de actividades domésticas. En ese orden.

Agregó que “el drenaje ácido de minas que se produce por las empresas mineras atraviesan las aguas subterráneas y a través del contacto con los cuerpos de agua, o desmontes directo de las mineras; también por el vertimiento de agua que se usa para procesar el mineral; por la desertificación que se produce por la eliminación de vegetación y suelo orgánico en las operaciones a tajo abierto y por el uso intensivo de agua que genera contaminación del agua subterránea, superficial y del aire”.

Propuestas

El jefe de la ANA, Walter Obando, y la ingeniera Carmen Yupanqui, Directora de la Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos de la ANA, explicaron que frente a los problemas señalados vienen implementando el programa integral de control de avenidas, acciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, sistemas de información geográfica y la implementación del Plan Maestro para la restauración del río.

Asimismo, el jefe de la ANA, a solicitud de la Comisión de Pueblos, señaló que su institución remitirá al Ministerio de Agricultura el proyecto de Marco Metodológico para la identificación, delimitación y zonificación de cabeceras de cuenca; un instrumento importante para avanzar en el proceso de reglamentación y proteger las cabeceras de cuenca frente a las amenazas de los relaves mineros existentes y frente a los nuevos proyectos mineros que buscan instalarse en zonas donde no debería desarrollarse la minería.

Fánel Guevara de IPROGA, indicó que es necesario garantizar mecanismos que promuevan el ordenamiento territorial en la cuenca, estableciendo un organismo de gestión para el Rímac que responda a su realidad, adecuando e implementando instrumentos de gestión ambiental que permitan el cumplimiento de estándares nacionales de calidad ambiental, advirtiendo la instalación de actividades mineras cerca de las fuentes de agua.

En el turno de la Comisión de Pueblos, el presidente de la Comisión, Wilbert Rozas, recogiendo también lo expuesto por los dirigentes sociales, concluyó que es importante discutir y aprobar el pre dictamen para la remediación de pasivos ambientales por la actividad minera; el cual reúne 8 proyectos de ley y propone hacer más eficiente la gestión y manejo de los más de 8 mil pasivos mineros en el país.

Finalmente, desde Red Muqui señalamos que es fundamental discutir y aprobar el pre dictamen sobre pasivos ambientales, debido a que los relaves mineros que se encuentran sobre las cuencas y ríos en el país en un contexto de intensas lluvias y huaycos, son un grave riesgo para las poblaciones aledañas y para el agua que toman las personas en general.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/856-por-riesgos-inminentes-ley-de-remediacion-de-pasivos-ambientales-debe-ser-discutido-y-aprobado

Honduras

Guapinol: ¡Se ganó una batalla, pero la lucha sigue!

12 marzo, 2019 Autor: Alessandra Bueso , Cespad.org.hn
Conflicto Relacionado: Guapinol- Los Pinares- Colon

Hasta mediados del año 2018, Guapinol era una aldea completamente desconocida. La concesión de los ríos San Pedro y Guapinol (mismo nombre que la aldea) puso a la comunidad en el escenario público tras iniciar una lucha para detener a la Minera Inversiones Pinares.

Sin embargo, Guapinol cobró vigencia internacional luego que el Ministerio Público llevara a los tribunales a 12 de los líderes de la lucha ambiental, en medio de un proceso judicial lleno de vicios y arbitrariedades, que ha dejado una serie de lecciones y evidencias históricas sobre cómo opera el sistema de justicia de Honduras, cuando se colude con el poder.

Un baño con lodo en Guapinol

Para entender lo que viven la población de Guapinol, quizás sea necesario cerrar los ojos e imaginarse esto: “desde que abrieron la calle el sedimento cayó al río. Estuvimos tres meses bañándonos con lodo; no se podía lavar ni un plato porque era el vivo lodillo que llegaba a las llaves y las pilas”. Esa expresión no es una invención, es parte de la narración que nos hizo Juana Zúñiga, uno de tantos días en los que estuvo en las afueras del Juzgado en materia de Extorsión, en Tegucigalpa, espera de la resolución sobre las acusaciones que se presentaron en contra de 12 de sus compañeros de lucha.

Agregó, “para bañar a los niños teníamos que comprar botellones de agua y por eso nos levantamos, por eso nos oponemos a la minera y por hacerlo, nos criminalizan. El delito que cometemos es defender la vida, el agua y por eso acusaron a los compañeros”, dijo Ana, de forma sencilla pero tan profunda para ejemplificar el por qué un pueblo se levantó en Honduras en contra de una empresa minera.

La voz de Juana no es la única que se alzó contra la minera Inversiones Los Pinares. Hoy, 20 comunidades resisten y exigen que la minera salga de la zona. Pero, por emprender la lucha, 12 pobladores (11 hombres y 1 mujer) fueron llevados a los tribunales hondureños. Sin embargo, estas 12 personas son parte de los 31 líderes y lideresas que fueron procesados. Su delito: defender el agua, los recursos, su territorio y la vida. Pero por defender esos bienes, el Ministerio Público los acusó de usurpación y daños, robo, privación injusta de la libertad, asociación ilícita e incendio agravado.

¿Cómo surge el conflicto?

Guapinol es una zona donde habitan 4, 500 pobladores. El lugar se transformó con el ruido de la maquinaria que llegó irrumpiendo la tranquilidad del poblado. La apertura de calles fue el primer movimiento que despertó las sospechas en los habitantes. Mientras, en la montaña, la empresa comenzaba a trabajar y tras hacer las consultas, la alerta movilizó a las comunidades.

Ese pueblo está convencido que la minería debe salir y que el Gobierno debe cancelar esas dos concesiones que les están destruyendo la montaña. Por eso se organizaron, buscaron apoyo de organizaciones.

“Estamos en lucha no sólo para defender el río Guapinol, sino el río Tocoa, Zamora, Taujica que son nuestros afluentes de agua en Colón”, dice Orbelina Flores Hernández, Miembro del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguán, mientras agrega, “el agua es vida y por defenderla nos están criminalizando a los compañeros. Están en juego intereses millonarios y nos están condenando a estar sin agua y eso, no lo vamos a permitir, hasta la muerte vamos a seguir luchando”.

A las comunidades nunca se les informó que la empresa llegaría al lugar. Nunca se les dijo que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), dio los permisos para la explotación de la montaña. Estaban desinformados y el único camino que les quedó fue impedir que las máquinas continuarán destruyendo la zona. Pese a la oposición de la población, ha habido contubernio de las autoridades que han permitido que la empresa opere.

Los afectados

Son unos 100 mil habitantes, los que serán afectados en el departamento de Colón con la explotación. No sólo se trata del municipio de Tocoa, también el impacto alcanza a los municipios de Santa Fe, Trujillo, Balfate, Sabá y Bonito Oriental. Ante la amenaza, como medida, los pobladores han denunciado a sus municipios libres de minería, una declaratoria que los blinda por tres años. Tienen claro, por experiencias registradas en otras zonas de Honduras, que, si la minería continúa, en poco tiempo el paisaje verde, con frondosos árboles, desaparecerá y tendrán una zona desértica. Lo que menos quieren los habitantes es que la mina avance y acabe con lo poco que va quedando en el lugar y por eso siguen en lucha.

“Vivimos en zozobra. Todos los familiares de los que fueron acusados por defender los recursos naturales y pobladores, estamos apoyando la lucha. La familia Facussé llegó a Colón a hacer estragos y han causado mucho sufrimiento a las familias en Colón. Quieren a toda costa trabajar la minería y el gobierno se los permite. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque en el caso de mi hermano, su pecado fue estar al frente de la lucha, ser presidente de los bienes municipales en Colón”, dijo con contundencia Melvin Espino, hermano de Juan López, uno de los que fue detenido y quien, además, es el Coordinador del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Obligados a salir de su propia tierra

En Ceibita, poblado aledaño a Guapinol, varias familias han tenido que huir. Las presiones los han obligado a dejarlo todo. Kevin Esquivel, contó al equipo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), que desde octubre viven un calvario. Denuncia que les han mandado personas “encapuchadas” para advertirlos que si no se van pagarán con su vida.

“La última vez fueron cuatro individuos fuertemente armados con Akas (AK-47). Nos presionaron. No nos quedó más y salimos un 28 de octubre del 2018 de la aldea La Ceibita en Tocoa, Colón. Salimos sólo con la ropa que andábamos puesta. Dejamos nuestra casa. Fueron 49 años de esfuerzo de mi padre, toda una vida. Atrás quedó todo, atrás quedó botada la casa”, dijo en su relato Kevin, hijo de José Eugenio Esquivel, uno de los 12 líderes requeridos por el Ministerio Público.

El proceso en contra de las y los líderes de Guapinol

Marco Tulio Ramos, Reinaldo Domínguez Ramos, Juan Antonio López, José Eugenio Esquivel Villeda, Juventino Cruz Hernández, Ally Magdaleno Domínguez Ramos, Juan Manuel Cruz Hernández, Juan Francisco Cruz García, José Santos Hernández, Carlos Leonel George, José Adalid Cecilio Mendoza, y Lourdes Elizabeth Gómez Rocías, se entregaron de manera voluntaria.

Este problema se origina con un decreto que sometió a consideración ante el Congreso Nacional, un diputado del Partido Nacional del departamento de Colón, para que se concesionara la zona núcleo del parque nacional Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras”, explicó Adilia Castro, del Comité de Defensa de Bienes Comunes de Tocoa.

Lo anterior, pese a que el Congreso Nacional declaró esa montaña como área protegida en el mes de agosto del 2012. En ese entonces, la zona tenía 23 mil 223 hectáreas, pero al año siguiente (2013), el propio Congreso Nacional modificó la cantidad de tierra con un nuevo decreto, emitido el 16 de diciembre del 2013. A la zona núcleo le quitaron 217.34 hectáreas. A los diputados no les importó otorgar el área protegida para que la minera explotara a sus anchas la montaña.

Esa irregularidad fue detectada por la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que pese a las limitantes encontradas para obtener información, fue la que constató en los decretos legislativos la modificación y alertó a las comunidades para evitar la destrucción. “Apoyamos a las comunidades en la búsqueda de información. Ellos no podían acceder a la información completa; cuando se constató la disminución de la zona núcleo se organizaron. Las comunidades se auto-convocaron, hicieron asambleas sectoriales, declararon los municipios libres de minería, hicieron asambleas populares y hasta tomas permanentes frente a la municipalidad en Tocoa. Fue así como se estableció un campamento por la vida y seguimos luchando con el pueblo”, expresó Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez.

El proceso de la ilegalidad fue descubierto. Pero las concesiones ASP 1 y ASP 2 ya se habían emitido, utilizando 100 hectáreas cada una, en la zona núcleo. Es decir, la cantidad que redujeron los diputados es ahora la zona donde la empresa hará la explotación.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se ubican en la zona de Guapinol, San Pedro y La Ceibita. La empresa tiene el permiso para explotar la montaña por 10 años.

Días de detención y de angustia

Desde el mes de octubre del 2018, el Ministerio Público (MP) urdió la acusación en contra de los líderes. Pero se hizo de conocimiento público en el mes de enero del 2019. Fueron Edy Tabora, Omar Menjívar, Efraín Ramírez, Kenia Oliva, Carlo Jiménez, Allan Alvarenga y Mario Rojas, los abogados que conformaron la defensa de los pobladores de Guapinol. El cuerpo de abogados sugirió a los pobladores presentarse voluntariamente y así fue, pero allí comienza la serie de irregularidades.

Fueron 10 días de detención. La angustia y la desesperación arroparon a las familias de los 12 líderes, quienes, desde su captura, enfrentaron con valentía un proceso que se dirimió en Tegucigalpa, pese a que correspondía al caso, la jurisdicción de Tocoa, Colón, norte de Honduras.

Su conciencia estaba tranquila y el equipo de abogados creyó en su inocencia, se blindó de sus conocimientos y luchó para desvirtuar cada delito que les formuló a la “banda criminal de la aldea”, tal como la denominó el Ministerio Público de Honduras. Ese ente estatal hasta presentó un organigrama para sustentar el delito de asociación ilícita, en el que se incluyó la ficha de dos pobladores que fallecieron hace cuatro años.

Las acusaciones

La acusación por usurpación y daños en contra de los 31 líderes de Guapinol, se registró en el expediente 148-2018, mientras que en el expediente 22-2019, se les acusó de asociación ilícita, portación ilegal de armas, incendio agravado y privación injusta de la libertad. Estos son delitos que el Ministerio Público en último momento acreditó para los pobladores.

Al filo de las dos de la madrugada del lunes 4 de marzo, con un resultado a favor de los acusados, en las afueras de los Tribunales en materia de Extorsión (adonde se desarrolló la audiencia en Tegucigalpa desde el jueves 28 de febrero) un “SÍ SE PUDO”, estalló.

En medio de la alegría de familias y pobladores, surgieron abrazos, lágrimas, oraciones y gritos. La justicia dejaba en libertad a los defensores de Guapinol. “Lo logramos”, gritaban.

“Demostramos que los delitos por los que los acusaban no existieron. Vemos con mucha preocupación las actuaciones arbitrarias del Ministerio Público. El Poder Judicial el día de hoy emitió una resolución apegada a los derechos fundamentales”, dijo Tábora, uno de los abogados defensores.

Y es que, para los abogados defensores, el requerimiento fiscal formulado por el MP en contra los habitantes de Guapinol, se basó en el “derecho penal del enemigo”. La Fiscalía consideró a las comunidades como enemigas y eso es algo que preocupa tanto a los apoderados legales, como a los defensores del ambiente.

“Alrededor de esa concepción del derecho penal la Fiscalía construye pruebas. Afortunadamente hoy demostramos que fue una prueba construida, que Fiscales no tienen las más mínimas intenciones de apegarse a lo que dice el Código Procesal Penal y la Constitución de la República”, cuestionó Tábora.

En indefensión, comunidades que luchan por sus recursos naturales

Lo ocurrido con Guapinol dejó en evidencia muchas situaciones que merecen documentarse. Por un lado, las comunidades que determinan defender sus recursos naturales se enfrentan a: amenazas, hostigamiento, ataques por parte de los cuerpos policiales y militares que asisten a las empresas extractivas; agresiones físicas y en el peor de los casos, asesinatos.

Por otro lado, con Guapinol quedó claro que el sistema de justicia hondureño, lejos de propiciar investigaciones contundentes, profundas, creíbles y a favor de quienes defienden los derechos humanos de la población, decide adoptar el papel de defensor de los grupos de poder que, en este y otros casos, están representados por quienes detentan las concesiones de ríos y territorios para explotar sus recursos de forma inconsulta y arbitraria.

El cuerpo de abogados que defendió a los líderes de Guapinol, afirma que la institucionalidad del Estado se utiliza para criminalizar a las poblaciones que defienden sus territorios, sin tomar en cuenta aspectos claves como la consulta libre, previa e informada.

Guapinol ganó una batalla, no la guerra: la concesión sigue vigente

“La verdad y la justicia reinó. Ganó el pueblo, ganó la vida y ganaron nuestros ríos. La lucha sigue y no se para”, dijo Esly Banegas, lideresa de COPA y defensora del ambiente en Colón. Sin embargo, los pobladores no desconocen que este es el gane de una batalla, no de la guerra.

Con la concesión minera que otorgó el INHGEOMIN, el 28 de enero del 2014, inició un calvario para las comunidades que se prevé va a continuar. La empresa tiene permiso para explotar la zona por 10 años. Es decir, la concesión finaliza en el 2024.

Tabora afirma que la situación se mantiene en alerta, pero dice que, a partir de hoy, “debemos exigir que ese Ministerio Público, que se convierte en instrumento de criminalización para los que defienden sus territorios, cambie, y que actúe con imparcialidad”.

Con el sobreseimiento de los líderes y lideresas apenas se cierra un capítulo. Sin embargo, la sociedad hondureña continuará atenta al final de una trama que comienza a replicarse en otras zonas del país, en donde otras comunidades se levantan para defender sus bosques y ríos.

Fuente:https://cespad.org.hn/2019/03/04/guapinol-se-gano-una-batalla-no-la-guerra/

Argentina

Una vez más, gobierno Argentino de rodillas ante las Mineras.

12 marzo, 2019 Autor: No a la Mina.org

El presidente Macri y otros integrantes del gobierno nacional recibieron en Olivos a varias corporaciones de megaminería transnacional con planes de habilitar la continuidad del saqueo de oro y cobre en Catamarca, ya concluido el ciclo de Bajo La Alumbrera.

El Presidente de la Nación recibió a autoridades de las empresas mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron detalles del proyecto llamado “Agua Rica”.

Mauricio Macri recibió este viernes a autoridades de las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, quienes le presentaron detalles del proyecto “Agua Rica” para la extracción de oro y cobre en los próximos 25 años en la provincia de Catamarca.

El acuerdo de integración permitirá que el proyecto sea desarrollado y operado utilizando la infraestructura e instalaciones de Minera Alumbrera Limited, según se informó.

Macri recibió a los empresarios en la residencia de Olivos junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; y el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Juan Pablo Tripodi. El sector empresario estuvo representado por el fundador y presidente ejecutivo de Yamana Gold, Peter Marrone; el gerente general de Glencore Chile, Andrés Souper Herrera; el vicepresidente ejecutivo de Asuntos Corporativos de la también canadiense Goldcorp, Brent Bergeron, entre otros representantes de las firmas.

La vida útil de la mina se estima en más de 25 años con una producción anual promedio de aproximadamente 236.000 toneladas de metal equivalentes en cobre, incluidas las contribuciones de oro, molibdeno y plata durante los primeros 10 años de operación.

Las empresas que Agua Rica contiene reservas minerales probadas y probables de aproximadamente 4,5 millones de toneladas de cobre y casi 200 toneladas de oro contenidas en aproximadamente 910 millones de toneladas de mineral, según se indicó.

Yamana ya tiene operaciones en Cerro Moro (Santa Cruz), Glencore en Aguilar(Jujuy) y Goldcorp en Cerro Negro(Santa Cruz).

Fuente:https://noalamina.org/argentina/catamarca/item/42544-una-vez-mas-gobierno-argentino-de-rodillas-ante-las-mineras

Perú

Mina Arasi recibió 30 medidas administrativas por violar leyes ambientales en Puno

12 marzo, 2019 Autor: La República.pe

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que emitió 30 medidas administrativas durante 2018 en contra de la unidad minera Arasi, por infringir normas ambientales. Las llamadas de atención se dieron por diversa índole, entre ellas se evidenció la alteración de la calidad de agua de la zona por actividades de Arasi, manifestó el jefe de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Puno, Yuri Coila Choque.

Entre las disposiciones más importantes está el cierre final del tajo Jessica y el botadero Jessica de Arasi, ubicado en el distrito de Ocuviri, de la provincia Lampa, y que pertenece a la empresa Aruntani S.A.C.

El OEFA, en diciembre de 2018, notificó a Aruntani la Resolución Directoral N°68-2018-OEFA/DSEM, que le advierte que le impondrá multas en caso de incumplir las medidas administrativas dictadas a su unidad fiscalizable Arasi. Las sanciones podrían ir desde una (1) hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. Estas acciones se hicieron para evitar dañe el ambiente y la salud de las personas.