Perú

La situación de las mujeres campesinas en Las Bambas

(Foto: Marco Garro. Ojo Público)

“…Ni la comunidad, ni la empresa consulta la opinión de las mujeres”

(Julia Cuadros/ Cooperación)

 

Cotabambas actualmente cuenta con 50, 656 habitantes, 53% son hombres y 47% son mujeres, mientras que la población rural asciende al 69%.  Tradicionalmente ha desplegado una economía basada en la agricultura y ganadería para asegurar la alimentación y el trueque con comunidades y comerciantes de Arequipa y Cusco.

Esta economía es sostenida por hombres y mujeres con roles diferenciados. Las mujeres despliegan a los largo del día un

promedio de 15 horas de trabajo que implica la crianza de hijos/as, la preparación de alimentos, la provisión de alimentos a quienes trabajan la chacra, la participación en tareas puntuales de agricultura (echar semilla, cosecha), la crianza de animales, el tejido de prendas, la elaboración de queso y el intercambio/ venta en la ferias dominicales de Challhuahuacho. Los hombres ejecutan labores de producción familiar destinando para ello un promedio de 12 horas de trabajo que dedican a la organización y desarrollo de la agricultura en la chacra, el arreglo de cercos, la elaboración de adobes, el pastoreo, el hilado y tejido de prendas.

El quehacer político en la comunidad también está determinado por roles de género; el hombre es el comunero calificado, jefe de hogar, propietario colectivo que representa a la familia  y por ende toma decisiones -con otros hombres- sobre la vida comunal y la disposición de los bienes comunes. Este poder contribuyó en su momento, a la instalación de la gran minería, que se hizo sin consulta previa.

En el 2004 comenzó el proceso de instalación de la actividad minero extractiva a través de la empresa Xstrata para el desarrollo del proyecto las Bambas, con la creación y transferencia de un Fondo de Fideicomiso (cuestionado luego por no cubrir las expectativas de la población).  En el 2012 las Bambas es transferida a la empresa Glencore y en el 2014 a MMG Limited. En el 2015 y 2016, explotan los conflictos por la modificación inconsulta del proyecto. En el 2017 Las Bambas superó la producción de 450 mil toneladas de cobre en concentrado, que se trasladan por más de 300 camiones de carga pesada.

Desde agosto del 2018 la comunidad de Fuerabamba exige el pago por el uso de su territorio para la carretera de traslado de minerales; y otras comunidades también reclaman por el polvo, el ruido, la contaminación del agua, los derrames de insumos químicos; y además surgen disputas por límites que se mantienen como conflictos latentes. La respuesta estatal ha sido enfriar las protestas y reclamos con más de 9 meses de declaratoria de estados de emergencia en el llamado “corredor minero del Sur”, en lugar de establecer un dialogo profundo con las múltiples demandas.

Tomamos en cuenta este contexto, sin perder de vista que se enmarcan en estructuras patriarcales y coloniales, para analizar los impactos de las Bambas en la vida de las mujeres campesinas e identificar el contenido de sus voces en este escenario complejo para las comunidades, y más aún para las mujeres.

Impactos políticos y tejido social

El desarrollo de la actividad minera en las comunidades de Cotabambas y Grau, ha sido favorecido por la correlación de poder masculino (económico y político) entre los representantes de las empresas mineras, el estado, el gobierno regional y gobiernos locales y los presidentes comunales; las mujeres estuvieron ausentes en las negociaciones y firma de acuerdos. Sin embargo, las transformaciones que se ocasionan en las dinámicas eco-territoriales son directamente vividas por ellas.

En el 2000, las federaciones de comunidades campesinas y de mujeres se posicionaron como la fuerzas principales de interlocución frente al estado y las empresas; más tarde estos últimos, desplegaron estrategias de negociación paralelas con cada una de las comunidades de influencia directa, abriendo fisuras de legitimidad social y dirigencial, al 2010 estas organizaciones quedaron debilitadas. Surgieron entonces los frentes de defensa, sin embargo la lógica de demandas específicas se ha mantenido vigente; hay que mencionar además, que la criminalización desatada contra los/as dirigentes que participaron de protestas sociales, profundizan esta fragmentación. Esta situación, se replica en las organizaciones de mujeres, los esfuerzos de articulación se ven disminuidos por sospechas de colusión de dirigentas con las empresas.

Impactos en la economía y los roles

La generación de puestos laborales para la mano de obra no calificada local, así como la estrategia de captación de dirigentes para proyectos productivos ha trastocado los roles tradicionales de hombres y mujeres en las comunidades, y ha afianzado el poder económico y político patriarcal. El acceso a puestos laborales remunerados en las operaciones mineras ha sido aprovechado principalmente por los hombres debido a la modalidad de contratación, rotación por 15 días consecutivos o trabajos permanentes con algunos días de descanso; a los cuales las mujeres, sin experiencia de trabajo fuera de sus comunidades, tiene menores posibilidades de acceso.

El desplazamiento de la fuerza productiva masculina hacia la minería, ha obligado a las mujeres a reemplazar esa fuerza y hacerse cargo de las actividades agrícolas, ganaderas y domésticas viéndose sobrecargadas en su rol de sostener la economía familiar, sin remuneración. A esto se agrega que los ingresos económicos captados por los jefes de hogar, son utilizados para sus propios intereses. Por otro lado, se ha debilitado el intercambio de productos mediante el trueque, siendo remplazado por una actividad comercial monetaria intensa, con la elevación del costo de vida, impactando de manera directa en la escasa economía monetaria de las mujeres.

Impactos por la conflictividad social y criminalización de defensoras

En todos los episodios de conflictividad hombres y mujeres se han movilizado, las mujeres como frente de protección de dirigentes y manifestantes para evitar el choque frontal con las fuerzas armadas, como es el caso de las últimas protestas en Challhuahuacho. En 2015 y 2016 la conflictividad escaló a niveles de violencia y enfrentamiento en el que perdieron la vida cuatro dirigentes (Exaltación Huamaní, Beto Chahuayllo, Alberto Cárdenas y Quintino Cereceda) y hubo heridos. Tras los conflictos, fueron criminalizados/as más de 90 dirigentes de las cuales 3 son mujeres, que hoy afrontan largos viajes por los juicios que se les sigue.

La conflictividad afecta de manera diferente a las mujeres; la muerte de las cuatro personas mencionadas, ha dejado viudas, más pobres y solas a cargo de sus hijos, entre estas mencionamos a: Antonia Huillca, quechuhablante, madre de 3 hijos/as y viuda de Quintino Cereceda. Agustina Llusca, madre de cinco hijos y viuda de Beto Chahuayllo Huilca. El Estado no ha generado medidas de contingencia para estas familias, siendo para ellas más complicado aún enfrentar la vida misma. Una situación parecida ocurre con las madres, esposas e hijas de los heridos que deben hacerse cargo de sus cuidados y manutención.

La militarización de la zona, ha significado una vivencia con mayores temores para las mujeres y niñas frente al incremento de posibilidades de ser violentadas, engañadas o embarazadas por parte de integrantes del ejército, existen testimonios en quechua de mujeres, que señalan haber sido hostigadas en zonas de pastoreo o incluso coaccionadas violentamente para mantener el silencio frente a la actividad minera. Sin embargo hace falta aquí, involucrar mayores esfuerzos para indagar o investigar situaciones de violencia y silenciamiento hacia las mujeres.

“ … Los policías nos violentan, nos toman fotos, nos persiguen y asustan” Maria Rosa Ochoa

Impactos de violencia y prostitución mujeres

Cotabambas es la cuarta provincia con mayor número de casos por violencia contra la mujer según el MIMP 2018, la problemática se enmarca en el afianzamiento del poder económico y político de los hombres sobre las mujeres, de la relaciones de poder desiguales y violentas y la ausencia de planes estatales y privados para dirigir los ingentes recursos hacia el abordaje integral de la violencia de género.

Por otro lado, como ya es conocida las zonas de crecimiento económico, comercial y poblacional condicionan el surgimiento de negocios en torno a la prostitución de mujeres, las sociedades en pos de desarrollo fundan como muestra la cosificación y comercialización del cuerpo de las mujeres como se señala en SERVINDI, “Las fiestas costumbristas han sido transformadas en eventos comerciales por la empresa minera, cuyos gerentes contratan orquestas de moda, regalan cientos de cajas de cerveza y traen prostitutas para los solteros”

Impactos en la relación de las mujeres con el territorio y ambiente

Es un hecho que la actividad minera transforma el territorio, en la medida en que se transforma la orografía del mismo, al operar tajos a cielo abierto y realizar represamientos o secados de fuentes de agua superficiales, cambiando el curso de las aguas, destruyendo los sistemas de aguas subterráneas. A lo que hay que agregar la construcción de carreteras, el incremento del tránsito de camiones y maquinaria pesada, que levanta grandes polvaredas contaminando sus aguas, pastizales y laymes

Las mujeres históricamente han desarrollado una relación más estrecha con la naturaleza, su semejanza a ella en la creación de vida, desde la cosmovisión andina, es trascendental. Su rol de cuidadora de la vida -humana, animal y natural- la conecta directamente con esta y por ello percibe más los desequilibrios ocasionados por la actividad minera como: la enfermedad de ovejas, la disminución del caudal del agua y especies del río, la irrupción de vibraciones y sonidos de explosión, el polvo sobre los cultivos etc.  Todo esto es motivo de un enorme malestar y preocupación en torno a la situación de la agricultura y el ambiente para el futuro, “cuando se vaya la mina; sin embargo sus preocupaciones y planteamientos no son escuchados ni tienen un lugar privilegiado en los acuerdos, mesas de diálogo y respuestas del Estado.

“ … Nos están contaminando el agua, los animales, ya no nos respetan, como vamos a vivir después. Que haya Justicia” Felicitas Ochoa

Desde esta perspectiva de análisis, es importante tomar en cuenta los impactos de la minería  y la urgencia de dar medidas favorables para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, principalmente campesinas y niñas. Por ello, en el escenario actual de conflictividad y búsqueda de salidas, es imprescindible incorporar en el diálogo la voz y las demandas de las mujeres.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/informe/la-situacion-de-las-mujeres-campesinas-en-las-bambas?fbclid=IwAR0dPgUoO4KNENZRmgNFDAo2JYg_1EZnwBumI5NcxMNQ0PKf57tFKfrkzyg

Ecuador

Gironenses piden que se respete su decisión en las urnas

“A la voz de nuestra agüita, todo el mundo se levanta, a defender Kimsakocha.
Agua quiero, agua quiero, oro no. Vida quiero, vida quiero, muerte no”.

Con este canto, las comunidades defensoras del agua celebraron la victoria del no en la consulta popular sobre la minería de Kimsakocha, en el cantón Girón.

El no ganó y de largo en el cantón Girón, con 7 135 votos que representan el 86,79% del total. La situación es similar en dos parroquias más. En Asunción, con 2 343 empadronados, el 86,43% dijo no a la minería. Girón, la zona con mayor población, también votó por el No y obtuvo el 88,63% de los votos. En San Gerardo, la diferencia es menor. En este territorio, fragmentado por las regalías mineras, el No se impuso con el 55,27%.

Para Lauro Arariwa Sigcha, presidente de la FOA y activista por 16 años, la victoria ha permitido posicionar varios mensajes como el derecho de los pueblos y comunidades a ser consultados, fortalecer la resistencia de los territorios con conflictos mineros y pensar en otro mundo más sustentable y justo.

Sin embargo, la celebración por el triunfo del No apenas duró la noche de ese 24 de marzo. Al día siguiente, las declaraciones de la empresa minera Inv Metals y de los voceros del gobierno de Lenín Moreno mataron la alegría de los defensores del agua. La compañía, en un comunicado, informó que reubicará las instalaciones de procesamiento y relaves fuera del cantón Girón, y que seguirá con las actividades mineras y agotará todas las instancias legales jurídicas en el Ecuador, y si fuera necesario, acudirá a los organismos internacionales.

Bolívar Quezada, de 33 años, presidente de los sistemas de agua de la comunidad de Cauquil, exige que se respete la decisión de los gironenses en las urnas.

El martes 26, Carlos Pérez, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dijo que la situación es “preocupante”, que los resultados son “un golpe” para la industria minera. Habló de la probabilidad de demandas contra el Estado ecuatoriano y hasta vaticinó que perderían recursos económicos y en el ámbito jurídico. El viernes 29, 9 empresas mineras y la Cámara Nacional de Minería se agruparon en la denominada Alianza para la Minería Responsable y solicitaron a la Corte Constitucional que se pronunciara sobre estos resultados.

Yaku Pérez Guartambel, prefecto electo del Azuay y abogado de las comunidades defensoras del agua, sostiene que la consulta es vinculante, es decir, que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Además, así lo establece la actual Constitución del Ecuador, en su Artículo 106. En caso de que las actividades mineras continúen en Girón, pese a la notificación de los resultados del CNE, la empresa minera podría enfrentar un juicio penal por desacato, dijo Yaku Pérez.

 

Fuente:https://foazuay.org/2019/04/04/gironenses-piden-que-se-respete-su-decision-en-las-urnas/?fbclid=IwAR3emHaQjVhQAvpCKlcxp4u84p2qWgwVvqdoKiksb4rVHmf62u62nVqRPQY

Honduras

Aura Minerals/MINOSA (minera Canadiense-Estadounidense) y policía hondureña atacan a la comunidad de Azacualpa

Boletín de prensa: Aura Minerals/MINOSA (minera Canadiense-Estadounidense) y policía hondureña atacan con bala viva y gas lacrimógeno a la población, cortando y quemando ilegalmente al bosque a la par del cementerio y comunidad de Azacualpa

Esta tarde (30 marzo 2019), agentes policiales hondureñas reprimieron con bala viva y gas lacrimógeno a los pobladores de Azacualpa, quienes ejercían su derecho y deber de defender a su territorio, incluyendo a su cementerio. Rights Action reenvía este resumen en base a informaciones y pobladores de Azacualpa, defensores de territorio, la madre tierra y de los derechos humanos.

Aura Minerals/MINOSA, minera Canadiense-Estadounidense, ha estado operando ilegalmente a su mina de oro – incluyendo exhumiendo ilegalmente a cadáveres del cementerio y cortando ilegalmente a árboles alrededor de la aldea de Azacualpa.

Aproximadamente 50 personas, entre ellos miembros del comité ambiental, patronato y demás vecinos llegaron al lugar cerca de las nueve de la mañana exigiendo que se les mostrara los permisos para las operaciones que realizaban en la zona. Ante la renuencia de los agentes y empleados a cooperar, los pobladores comenzaron a discutir y grabar el conflicto con sus celulares. Los pobladores saben que hay un amparo impidiendo la operacion minera y que no se puede talar árboles “a placer”. Los policías se dedicaron también a intimidar a varios comunitarios por grabar el suceso.

Entre las discusiones se apersonaron dos agentes de la policía rural y el comisionado de la policía de Santa Rosa de Copán. Los agentes aseguraban que Aura Minerals/MINOSA tenia el permiso, pero no lo mostraban.

Les aseguraron a los agentes y al comisionado que en una asamblea se había determinado que no era permitido tirar arboles ni levantar cercos en esa zona. Rodrigo (no dieron apellido) de la empresa de seguridad SESSER, comenzó a cuestionar e intimidar a los pobladores, mientras el comisionado amenazaba con arrestar a los pobladores que violaban sus “medidas”.

Se agendó una reunión entre Aura Minerals/MINOSA, el comisionado y el patronato para el siguiente lunes, acuerdo tras el que los pobladores se retiraron a sus casas.

A pesar de esto, un tractor entró cerca de las tres de la tarde (30 marzo) a devastar el bosque lo que produjo la reacción de los defensores del territorio, quienes pretendían detener la maquinaria.

A raíz de esto llegaron cerca de 16 agentes policiales quienes agredieron con disparos y gas lacrimógeno incluso a mujeres y niños. “Éramos como 70 y después llegaron como 50 mas,” relata un miembro de la comunidad.

La policía disparó a todas las personas y las bombas lacrimógenas provocaron un incendio en una loma que se le nombre Los Botaderos. Luego de provocar el incendio, los agentes policiales se retiraron.  Varios comunitarios quedaron apagando el fuego en el bosque de la loma. No se reportaron heridos graves, pero si daños por el gas lacrimógeno y heridas superficiales. Lograron sacar la maquinaria.

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COPAN, AZACUALPA: DIGNIDAD VERSUS SERVILISMO Y CORRUPCIÓN OFICIAL

Hoy, la gente de Azacualpa, Copán, a pesar de todos los atropellos y la imposición histórica de MINOSA [subsidiaria de la minera Aura Minerals] y todos los funcionarios de gobierno, hartos salieron a defender sus derechos, su territorio, su cementerio. Hasta allá llegó la Policía Nacional a lucirse como aparato de seguridad y represión de MINOSA. Sus bombas no solo afectaron la salud de la gente, también provocaron incendio de la zona.

Cuánta corrupción y servilismo. Ojalá un día no muy lejano, logremos un levantamiento en todos los territorios y nos libremos de tanto saqueo y normalizada corrupción e impunidad.

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Comunicarse con
Aura Minerals
Rodrigo Barbosa, President and CEO
Monty Reed, General Manager, San Andres Mine, Honduras
rgoodman@auraminerals.com
info@auraminerals.com
www.auraminerals.com

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/04/aura-minerals-minosa-minera-canadiense-estadounidense-y-policia-hondurena-atacan-a-la-comunidad-de-azacualpa/

Perú

Otro poblado afectado por actividad de Las Bambas pide mesa de diálogo con minera y gobierno

Pobladores de Chumille, ubicado a minutos del distrito de Challhuahuacho señalan que los camiones que trasladan el mineral de Las Bambas han causado estragos en sus propiedades.

Chumille es un poblado ubicado a 15 minutos del distrito de Challhuahuacho, cuyos pobladores señalan ser afectados por la actividad de la mina Las Bambas.

La mayor afectación se produciría por el paso de los camiones de minerales. Señalan que la actividad minera tiene un impacto en 17 comunidades de Apurímac, no solo en Fuerabamba. Piden se instale una mesa de diálogo para dar solución a su problemática.

Eloiza Enriquez, presidenta comunal indicó a La República que la empresa minera MMG, operaria de Las Bambas les prometió que serían compensados. En medio del pueblo pasan camiones que trasladan mineral. Señala que nunca se dio tal reparación.

Entre los efectos nocivos que señalaron los comuneros se encuentra el deslizamiento de terrenos aledaños a la carretera que usa la mina. El polvo también ha cubierto sus sembradíos.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1440644-pobladores-chumille-piden-mesa-dialogo-bambas

Perú

La piel de un indio (en Las Bambas) no cuesta caro

Con un cierto tono de ironía, Rosa María Palacios ha señalado, en su programa Sin guion,  que los comuneros de Fuerabamba no son pobrecitos, en los comentarios de Youtube de este y otros programas de noticias, diversas personas los han catalogado de extorsionadores y convenidos. Entre la ironía y el desprecio, lo que los comuneros de Fuerabamba vienen desafiando es esa representación de sujetos subalternos a la que han sido relegados por el estado peruano. Como un modo de confrontar explotaciones y el desinterés de las autoridades nacionales durante años, los fuerabambinos han producido sus propias estrategias de negociación, de acuerdo a sus propias reglas. Conocedores del valor de los recursos en sus territorios, han decidido exigir mayores beneficios económicos. Se han declarado “no antimineros” y están gestando la construcción de una relación simétrica con la minera que, bajo una aparente filantropía humanista, ha perpetrado numerosas injusticias sociales y ambientales en la zona.

Se trata de un tipo de empoderamiento, de recobrar el derecho a la protesta y una auto-representación más allá de la ventriloquia letrada o nacionalista. La toma de carreteras, cerrar el diálogo hasta lograr la liberación de sus dirigentes, rechazar las propuestas del gobierno, atentan contra esa tradición colonial del sujeto indígena pasivo, carente de agencia, que tiene que aceptar lo que se le ofrece y punto. Ahora, los comuneros buscan sus propios medios para recuperar su dignidad, para demostrar que el diálogo ya no tiene que seguir la lógica de la dádiva, según lo que el Estado o la minera dispongan. Bien ha señalado Humberto Campodónico que el caso Las Bambas demuestra que el modelo minero se encuentra desfasado. Sin embargo, no es que las políticas mineras hayan caído en un desgaste, sino que comuneros como los de Fuerabamba se han cansado de seguir aceptando acuerdos que solo benefician al gobierno y a las transnacionales.

El reclamo es justo. Para iniciar el proyecto Las Bambas, la empresa Xstrata compró los terrenos a un costo mínimo. La construcción de casas, la reubicación, el otorgamiento de predios, todo ello no significó un real gasto para Xstrata si consideramos todo lo que iba a ganar con la explotación del cobre en la región. En otras palabras, no les costó caro. Ciertamente, ellos advirtieron que dar dinero resultaba un medio eficaz para contener posibles protestas. Los comuneros reconocieron en esta transacción un medio que les permitía solucionar problemas concretos de acuerdos a intereses específicos dentro de la propia comunidad. Se trató sin duda, como ha indicado Javier Torres, de un mecanismo perverso. Asimismo, este tipo de negociaciones buscaba, por parte de Xstrata Cooper, desarticular la solidaridad comunal, ofreciendo más o menos dinero a tal o cual autoridad local. Posteriormente, las políticas de MMG, actual dueña de Las Bambas, restringieron las sumas de dinero, dando pie a nuevos conflictos como el que se vive en estos días por la “carretera” que atraviesa el fundo Yavi Yavi.

En medio de este contexto, amerita detenernos en cómo los propios comuneros han entendido las negociaciones con la minera y hasta qué punto son realmente las víctimas o, más bien, es la esfera pública la que quiere victimizarlos. Si nos mantenemos únicamente en el plano de una empresa que compra a una comunidad, lo que hacemos es negar la capacidad política de los propios comuneros. Es semejante al discurso de la extorsión de los hermanos Chávez Sotelo. Queda por investigar el rol de estos abogados, pero quedarnos con la imagen de unos comuneros engañados no hace sino infantilizarlos, al considerarlos incapaces de protestar o acaso buscar sus propios beneficios. Debemos dejar de romantizar a las comunidades indígenas.

Si por un lado se ha cuestionado que los comuneros quieran enriquecerse -como si no tuvieran ellos el derecho a tener una camioneta o una casa-, al mismo tiempo se les ha considerado una amenaza para la seguridad y el progreso nacional. En una conversación con Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial, la periodista Josefina Townsend (hoy desaforada de RPP-, pregunta por la gobernanza nacional. Con esta expresión los comuneros son convertidos en una amenaza, en un obstáculo. José María Arguedas escribió estos versos en 1966, las cuales resuenan en los comentarios de periodistas como Palacios o analistas  como Rospigliosi: “Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso”. Aquí resuenan los vituperios acéfalos a los que nos tiene acostumbrados Aldo Mariátegui, quien ha sentenciado que no conviene espantar a los dueños de MMG “por abogados pendejos y comuneros ignorantes”. Y es que para muchos limeños eso son los comuneros de Fuerabamba ahora (y siempre): ignorantes, primitivos, salvajes, indios, en otras palabras.

Las mineras se han convertido en la excusa perfecta para que el Estado abandone sus responsabilidades con las comunidades indígenas, dejándolo todo en manos de empresas privadas. Siendo así, los comuneros se han visto en la necesidad práctica de negociar con las transnacionales. Pero cuando tales negociaciones se salen de las manos de las mineras, estas llaman desesperadas al Estado, y este acude presto, apelando a nociones de soberanía y desarrollo nacional. Entre ambos se cuidan las espaldas. La carretera que pasa por Yavi Yavi fue hecha por la minera, pero el Estado la convirtió en vía nacional. ¿A quién reclamar entonces si todo quedaba bajo la soberanía estatal? Esta ambivalencia la señala muy bien José de Echave, cuando señala en entrevista con Noticias SER, que el Estado “cometió el error de no hacer el proceso de manera adecuada”. Y no lo hizo porque todo quedaba en un gesto entre cómplices, quienes una vez más buscaban armar sus alianzas a costa de los derechos de los comuneros.

Para camuflar su complicidad con las transnacionales, el Estado peruano ha optado por criminalizar las protestas de Fuerabamba, como bien ha indicado Rocío Silva Santisteban. La detención de Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, hasta ahora no ha sido debidamente explicada y parece más una medida para amedrentar a los comuneros. Éstos son ahora enemigos del país, criminalizados y representados como salvajes. Como muestra, valga citar una portada del Perú21 (20/03/2018): “Los recibieron a pedradas. A punta de huaracas, comuneros rompen diálogo con el gobierno”, en alusión al modo en que los fuerabambinos rechazaron recibir a la comitiva de ministros enviada el 27 de marzo. Si un lector se queda solo con esa representación, imaginará que los comuneros son una horda que solo busca pleito y, además, atacan con huaracas, ¡atentos! No son palabras gratuitas las de este titular; son reflejos de un pensamiento colonial que busca deslegitimar el derecho a la protesta indígena. Pero si las palabras no funcionan, siempre están los policías -que en convenio con MMG – cuidan no los intereses de la gobernanza territorial, sino los intereses económicos de las mineras. Esto es lo que se llama servir a la patria. Y cuando se trata de amenazar, torturar, matar, para la policía la piel de un indio, de un comunero de Fuerabamba, no cuesta caro.

Agambem en Homo Sacer ha hablado extensamente de los estados de excepción, lo cual resuena con los llamados toques de queda en nuestro contexto. Sin embargo, en la obra de Agamben esta condición es pasajera o extraordinaria. En Perú, para las comunidades indígenas, se trata de su día a día. Si consideramos los casi cinco estados de emergencia declarados en Las Bambas por el Estado, veremos que esto se ha vuelto una medida cotidiana, que legitima muertes, violencias y ultrajes, en nombre de eso que Townsend exigía: la gobernanza nacional. Pero no se trata solo de un amor por la patria lo que expresa declarar un estado de emergencia, sino que se reduce a cuidar los bolsillos de las mineras y el estado. Basta con revisar diversos programas de noticias, dígase Exitosa o RPP, para concluir que lo único que les interesa a los medios de comunicación es que este problema se resuelva porque ya está costando mucho dinero y nos impide ser como Chile. Ha dicho Luis Loayza que en Latinoamérica hay un fervor por siempre compararnos con Europa. En el caso peruano, no hay nada que nos encante más que compararnos con los chilenos. Así de colonizados estamos. Se dice que debemos alcanzar esos niveles de desarrollo en Chile, que debemos explotar el cobre como ellos y ser un país “casi” del primer mundo. No importan las muertes, las injusticias, la contaminación, las rabias debido a siglos de colonización, las voces que buscan, a rajatabla, ser oídas y respetadas. Nada de eso. Lo que importa es seguir siendo un país minero, quizá llegar a ser como Chile, algún día, pues finalmente, la piel de un indio nunca ha costado caro en el Perú. Ese es el guion: subalternizar, exterminar, cuidar el bienestar de un país colonizado que se llama Perú. Qué importa el costo.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/la-piel-de-un-indio-en-las-bambas-no-cuesta-caro?fbclid=IwAR1EueA-EE1o-9VTJtnRSimclo-SVlBpg564zAoJdWVVeERKkLBC5Fs2yn8

Brasil

Brasil, otra represa minera revienta a dos meses del desastre de Brumadinho y afecta a 100 familias

Río de Janeiro.- Una presa minera se reventó en el norte de Brasil, afectando al menos a 100 familias, un incidente que se registra poco más de dos meses del colapso de una presa con residuos mineros que dejó 217 muertos y 84 desaparecidos.

El accidente se produjo el viernes por la tarde en Oriente Novo, distrito localizado a 350 kilómetros de la capital del estado de Rondonia, tras fuertes lluvias en la región.

De acuerdo con reportes de la prensa local, no se registraron víctimas fatales ni personas desaparecidas.

La Secretaría del Estado de Desarrollo Ambiental local informó que la presa habría sido alcanzada por una tromba marina, lo que generó serios daños a la estructura.

El material derramado está compuesto por agua, arena y arcilla. Según las autoridades, no existe riesgo de contaminación.

La presa pertenece a la empresa minera Metalmig y estaba inactiva al momento del accidente.

El 25 de enero pasado, una presa con desechos mineros de la empresa Vale se reventó en Brumadinho, estado de Minas Gerais, y dejó 217 muertos y 84 desaparecidos, según cifras de la Defensa Civil de Minas Gerais.

Esta miércoles, habitantes de tres ciudades del estado de Minas Gerais que cuentan con presas mineras en estado de alerta por posibles rupturas participaron en simulacros de evacuación.

Brumadinho fue la segunda presa de Vale en reventarse en los últimos años con un saldo mortal.

En noviembre de 2015, una represa de Vale y la minera australiana BHP Billiton también reventó, dejando 19 muertos y contaminando el río y aguas marinas.

 

Fuente:https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Brasil-otra-represa-minera-revienta-a-dos-meses-del-desastre-de-Brumadinho-y-afecta-a-100-familias-20190330-0027.html

Chile

Suspensión de sesión donde se votaría proyecto minero Vizcachitas terminó con toma de la Gobernación de San Felipe

Mientras una gran cantidad de putaendinos se movilizaba a la ciudad de Valparaíso donde se realizaría la sesión del Servicio de Evaluación Ambiental que votaría el proyecto Vizcachitas, el intendente regional Jorge Martínez suspendió la sesión “por motivos de agenda”.

El 1 de abril fue definida como una fecha crucial para el futuro de Putaendo. Y es que este lunes estaba programada la sesión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) donde se votaría el proyecto minero Vizcachitas, ampliamente rechazado por la comunidad.

Eran decenas de putaendinos los que acudirían hasta la Intendencia Regional en Valparaíso para acudir a la votación y manifestarse pacíficamente exigiendo el rechazo al proyecto de Andes Copper al interior de Los Patos. Sin embargo, antes de partir y cuando incluso un grupo se encontraba en la capital regional, un correo electrónico anunciaba que el intendente regional Jorge Martínez había suspendido la sesión, argumentando que dicha reunión no estaba en su agenda.

“Es una bofetada a toda la comunidad. Tenemos un intendente servil, rastrero y cobarde al que no le interesa que aquí se está jugando el futuro de un pueblo” reclamó Gastón Arancibia, integrante de la Coordinadora Putaendo Resiste.

Arancibia agregó que esta es una muestra más de la postura de la máxima autoridad regional frente al proyecto Vizcachitas. “Primero removió a los seremis que iban a votar en contra del proyecto (Obras Públicas y Transporte) t ahora sin mas ni menos suspende la sesión, según él, porque no lo tenía en su agenda. No estamos hablando de un partido de fútbol, es el futuro de toda una comuna” fustigó.

Las organizaciones se manifestaron pasadas las 11:00 horas en la Plaza de Putaendo y luego se dirigieron a la Gobernación de San Felipe, donde luego de una fallida reunión optaron por tomarse el edificio de gobierno.

Hasta ahora no hay una nueva fecha para la esperada reunión del SEA, mientras la comunidad espera con desconfianza las gestiones a futuro.

 

Fuente:http://www.putaendoinforma.com/suspension-de-sesion-donde-se-votaria-proyecto-minero-vizcachitas-termino-con-toma-de-la-gobernacion-de-san-felipe/

Latinoamerica

COMUNICADO. LAS CONSULTAS “BUENAS” NO EXISTEN “BASTA DE ENGAÑAR A LOS PUEBLOS”

Se ha creado un falso debate sobre las consultas alrededor de aquellas que se consideran “bien hechas” o las otras hechas “a modo”. Frente a esto, en REMA decimos NO A LAS CONSULTAS REGLAMENTADAS Y TAMBIÉN A AQUELLAS “HECHAS A MODO”, porque ambas parten de no reconocer, menos respetar el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza. Ambas consultas “bien hechas o a modo”, son utilizadas claramente como una “nueva” herramienta política pintada como democrática, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones relacionadas al despojo y al desplazamiento forzado, las cuales son consecuencias por la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo.

En afirmaciones cargadas de eufemismo, se presume que las consultas son un ejercicio que busca la “inclusión de los pueblos indígenas y de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones”. Para lograrlo, hace años que el Banco Mundial, a través de la ONU y con la legitimación de organismos relacionados a los derechos humanos, apuestan por crear consultas buenas, por lo tanto, según ellos, deben estar sujetas a los más altos estándares internacionales y, en consecuencia, ello debe y puede ser reglamentado. Sin embargo, ningún caso refrenda medianamente siquiera los principios y criterios que han sido establecidos en la declaratoria de las Naciones Unidas o de acuerdo con lo especificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se trata de pueblos originarios o tribales. Todos abonan a ensalzar la consulta o el consentimiento previo, libre e informado e incluso, no pocas veces se incorpora “lo culturalmente adecuado”. Sin embargo, en el fondo cada uno de ellos se aplica con la ambigüedad y displicencia de quien ostenta el poder.

En ese contexto, no hay espacio ni para la supuesta participación, ni para la democracia, menos aún para la incorporación de los derechos humanos y colectivos incluyendo el derecho de la naturaleza. Las consultas actuales “buenas y malas”, son un ejercicio que violenta de facto por lo menos esos cuatro preceptos.

La experiencia en América Latina nos dice que las consultas buenas y malas, con estándares altos o bajos, en aquellas en donde los reglamentos han sido elaborados con participación social o no, aquellas realizadas a partir de mandatos judiciales o las chabacanas que implementa actualmente el gobierno federal en México, no han servido para frenar el modelo neoliberal y sus megaproyectos y, en cambio, sí funcionan como un instrumento para legitimación del estado y los poderes económicos, y en consecuencia, legitiman también la violación de los derechos de los pueblos amenazados o aquellos confrontados contra la visión de progreso y desarrollo que, desde afuera, siempre imponen sobre el pueblo, el territorio y los bienes naturales.

En Latinoamérica y en México, las consultas se caracterizan por llevarse a cabo en un contexto definido bajo una gran asimetría de poder y, en consecuencia, persiste desigualdad y desequilibrio entre las partes(comunidades y el Estado y las empresas promoventes), estandariza y regula desde una visión ajena a las propias definiciones que por usos y costumbres le corresponde a los pueblos respecto a su toma de decisiones, y se aplican sin considerar que en esa visión comunitaria, intrínsecamente se encuentran los bienes comunes, el territorio y la cosmovisión, por mencionar algunos de sus componentes más importantes, los cuales simple y llanamente refieren en sí mismos la integralidad de la diversidad, cosa que el modelo económico neoliberal y autoritario desde hace años no pretende incorporar de ninguna manera.

Las consultas son instrumentos impuestos contra los pueblos, sin importar si están mal o bien hechas o han sido hechas a modo. De fondo, las consultas plantean la institucionalización y cooptación del territorio y los bienes naturales para continuar abasteciendo la política neoliberal de “progreso y desarrollo” que desde hace varias décadas se ha definido con el fomento de la globalización. Sin territorio los pueblos literalmente desestructuran su pleno ejercicio a la libre determinación y a la autonomía.

Un listado que argumenta aún más nuestra postura:

  • Las consultas no son previas, sino pre elaboradas

Esta claro que las consultas no son previas, se hacen sobre un proyecto ya diseñado, y con empresas y financiamientos definidos, en donde también ya van determinadas las preguntas que, por supuesto no son de fondo, porque no se incorporan desde lo que los pueblos quieren para sus territorios y modos de vida. Es una farsa decir que es un proceso basado en la democracia cuando se pregunta sobre una propuesta ya elaborada, la cual se esgrime bajo la idea del “interés y la utilidad pública”.

 

  • Las consultas no son libres, sino forzadas

La lucha por el territorio la hacemos comunidades, mujeres y hombres que defendemos el territorio en condiciones profundamente desiguales frente a los poderes que enfrentamos. En ese contexto, las consultas suponen construir un contexto para el ejercicio libre de la opinión de la población, cuestión que no puede estar más lejana a la realidad. No hay posibilidad de diálogo, porque es un “diálogo” cerrado basado en dos falsas premisas que dirimen un presente, pero sobre todo un futuro; un  o un no.

Son ejercicios llenos de violaciones que se sustentan en la coacción; promesas de compensaciones económicas, beneficios inmediatos condicionando la voluntad frente a las necesidades de pobreza económica y subjetiva en la que vivimos en las comunidades, ofrecen apoyos para proyectos de infraestructura, etc. Agreguemos a ello la creación de ambientes sociales de hostilidad, de amenazas y de agresión física para quienes las cuestionan. Por ello, el reciente asesinato de Samir Flores, en Morelos, será una carga llena de vergüenza para quien encabeza la 4T.

 

  • Las consultas no son informadas, sino manipuladas

El desequilibrio en la relación de poder inicia con el control de información. Los pueblos se enfrentan a un aparato gubernamental mediático y con mucha capacidad de influir y penetrar sus mensajes a favor del proyecto; pero no tienen las mismas condiciones quienes se oponen o quienes quieren ofrecer otro punto de vista. El cerco mediático institucional genera un linchamiento social de cara a presionar a los opositores del proyecto, está generando divisiones y violencia en donde no las había y, además, la información que llega a las comunidades es insuficiente, ininteligible y sin valor de uso para que las comunidades puedan tomar buenas decisiones a partir de ello.

 

  • Las consultas son vinculantes cuando les conviene

Sea cual fuera la decisión que resulte de una consulta, no es obligación del Estado ni de la empresa responder en consecuencia. Las consultas no incluyen el “consentimiento vinculante”. La decisión de la comunidad no determina el futuro del proyecto, porque la consulta es un requisito administrativo que requiere su ejercicio para proyectos que ya se encuentran en etapas muy avanzadas en la generación de intereses. Actualmente varios países ya disponen de reglamentaciones sobre consultas que permiten “anular la obligatoriedad” del resultado de la consulta si ésta no resulta a favor de las empresas, tal como sucede, por ejemplo, en la iniciativa de ley peruana que ilegaliza las auto consultas desde los pueblos y que determina que la decisión final sobre la medida administrativa o legislativa corresponde al Estado.

Eso determina que, si no hay consentimiento de los pueblos, el Estado debe garantizar las medidas de mitigación del conflicto y daños a sufrir, tal como existe en México para proyectos de hidrocarburos con la servidumbre legal derivada de la reforma energética.

 

  • Las consultas son racistas, neocoloniales e intervencionistas

Quienes tratan de proponer “nuevos criterios y formas de consultas reglamentadas” como se está haciendo en varios países de América Latina, también están legitimando este ejercicio desmedido que ya tiene planteado el poder. La ingenuidad de creer en el Banco Mundial, en la ONU, en los gobernantes que son capaces de modificar la constitución para que se imponga una nueva ley de coacción –como ocurrió con la creación de la guardia nacional-, no puede seguir siendo considerado un espacio de participación real.

Los pueblos y las comunidades tienen vida colectiva, por lo tanto, tienen decisiones y definiciones que se realizan en asamblea, luego entonces ya ejercen su derecho a la libre determinación para tomar decisiones sobre su presente y su destino a futuro. Quienes participan en legitimar la inclusión de mecanismos que incorporen los más altos estándares internacionales, legitiman también el despojo porque de facto no reconocen y desconocen que los pueblos ya tienen sus propios procesos legales para la toma de decisiones que, por supuesto el estado no les respeta, pero a cambio el estado si quiere se respeten otras consultas no reconocidas legalmente. Así se perpetua la colonización y el racismo porque se sigue apostando a que, la salvaguarda de los derechos y la incidencia en políticas puede realizarse a través de contribuir a las leyes desde lo alto, desde arriba y con la abierta participación del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o distintas agencias de desarrollo de los países del Norte tales como; el USAID (agencia de desarrollo estadounidense) o el GIZ (agencia de cooperación alemana), por mencionar algunas que tienen una clara injerencia en las políticas neoliberales y el modelo extractivo.

Exhortamos a los pueblos y a las organizaciones que caminan con ellos, a no caer en el juego de los poderes fácticos al promover “la adecuada” participación en instrumentos que legitiman el despojo y el desplazamiento forzado. Participar en consultas o pedirlas es un error de fondo.

Los pueblos tienen y tenemos condiciones reales para decidir qué queremos para nosotros y para nuestros territorios y esta decisión la ejercemos en nuestros espacios políticos y cotidianos como las asambleas agrarias y ciudadanas.

 

MIENTRAS NO RESPETEN NUESTRAS DECISIONES, SUS CONSULTAS

SERÁN UNA FARSA SEUDODEMOCRÁTICA

 

LA AUTODETERMINACIÓN Y LA AUTONOMÍA ES UN EJERCICIO

DE LOS PUEBLOS

 

¡NO A LAS CONSULTAS!

 

 RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

 

Fuente:http://www.remamx.org/2019/04/comunicado-las-consultas-buenas-no-existen-basta-de-enganar-a-los-pueblos/

Perú

Gregorio Rojas: «Estamos de acuerdo con la minería, pero respeten nuestros derechos»

El líder de la comunidad de Fuerabamba envió un mensaje a Martín Vizcarraluego de quedar en libertad.

El presidente Fuerabamba, Gregorio Rojas, se pronunció sobre el conflicto en Las Bambas, dejando claro la posición de la comunidad que representa. En ese sentido, hizo un pedido al presidente Martín Vizcarra y al primer ministro, Salvador del Solar.

«Señor presidente, Martín Vizcarra, primero, fíjese en vuestras comunidades. Nosotros apostamos por la minería, por el desarrollo, pero haga respetar nuestros derechos […] Estamos de acuerdo con la minera, siempre y cuando trabajen transparentemente, respetando la ley, respetando las zonas privadas», dijo Gregorio Rojas a Infórmate Perú.

El dirigente comunal dijo que están prestos a un diálogo con el Gobierno y la minera MMG Las Bambas. Sin embargo, dejó claro que son varias las comunidades afectadas y la solución debe ser para todas.

«Estamos buscando un diálogo, una solución, de parte del Estado y la empresa minera. Voy a dar mi vida para defender [mi tierra y comunidad] Tiene que haber una solución con todas las comunidades que estamos siendo afectadas en todo el corredor vial de la minera Las Bambas.

Otro pedido de Gregorio Rojas para iniciar el diálogo es la liberación del vicepresidente de Fuerabamba, Edison Vargas, pese a que esta detención ha sido por un tema ajeno al conflicto. «Estoy comprometido para avanzar el diálogo, eso hemos pedido durante los últimos 8 meses y el Estado recién se interesa […] Tiene que haber una liberación total a los que estamos siendo perseguidos por la justicia», aseveró Rojas.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1440144-bambas-gregorio-rojas-acuerdo-mineria-respeten-derechos-martin-vizcarra

 

Ecuador

Mineras esperan resolución constitucional para dejar Girón

Quienes se oponen a la actividad minera en los páramos y fuentes de agua de Quimsacocha ganaron la consulta popular en las elecciones del 24 de marzo efectuadas en Girón, cantón de Azuay.

El 86.87% de los electores apoyaron el ‘No’ en estos comicios, por lo que esperan que a la brevedad posible se oficialicen los resultados para que el Gobierno notifique a la compañía extranjera y abandone esta localidad.

Ante este escenario, nueve empresas mineras y la Cámara Nacional de Minería se han agrupado en la denominada Alianza para la Minería Responsable y tienen una lectura distinta.

Ellos sostienen que hay contratos firmados, inversiones en desarrollo y regalías anticipadas que han cancelado, por lo que se muestran preocuapados.

Esperan que la Corte Constitucional se pronuncie sobre una decisión «que afectaría a todo el país y que se ha considerado una postura muy local».

En tanto, los opositores al extractivismo señalan que la minería responsable no existe y que están protegiendo la vida.

Según los integrantes de la alianza, en Ecuador sólo existe la experiencia de la minería artesanal e ilegal y que esa es la que contamina, que ellos pueden asegurar que no habrá impactos en el medio ambiente.

Señalan además que en 4 años el país podría recibir 3.000 millones de dólares por la actividad minera y que en un tiempo más

podría alcanzar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Por su parte, el Ejecutivo no ha expresado cómo va a actuar.

 

Fuente:https://www.ecuavisa.com/articulo/elecciones-2019/notas/474261-mineras-esperan-resolucion-constitucional-dejar-giron