Conjuntamente con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); CooperAcción; el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP); Estudios para la Defensa de los Derechos para la Mujer (DEMUS); Derechos Humanos sin Fronteras (DHFS), el Insituto de Defensa Legal (IDL); la Asociación Nacional de Centros de Investigación Promoción Social y Desarollo (ANC); la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), hemos publicado el siguiente pronunciamiento sobre el conflicto en Las Bambas, emitido hoy, 1 de abril, en el diario la Républica.

Las peruanas y peruanos hemos visto en las últimas semanas la situación de tensión y conflicto producida por el impacto de las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de#Apurímac y #Cusco, en particular en las provincias de #Cotabambas, #Espinar y #Chumbivilcas. La problemática que afecta a la comunidad de#Fuerabamba también es compartida por otras comunidades de la zona, razón por la que se requiere sentar las bases para una salida dialogada, pacífica y duradera al conflicto. Con ese propósito, las organizaciones abajo firmantes planteamos:

1. A lo largo de la carretera por donde se transportan los minerales de la empresa MMG Las Bambas, existen 149 centros poblados y 72 comunidades, varias de ellas han visto afectada su propiedad y sufren los impactos ambientales del transporte minero. Esto ha sido motivo de conflictos en el año 2016, con las protestas de las comunidades de Choqueca, Pumamarca, Ayahua y Quehuira, en el 2017 con las comunidades de Mara, y en el 2018 con las de Pisacassa, Pitic y Fuerabamba. Esta situación revela la urgencia de una solución para todas las comunidades afectadas, pues de lo contrario los conflictos volverán a repetirse.

2. Las comunidades afectadas por las actividades de la empresa MMG Las Bambas, en las regiones de Apurímac y Cusco, se han visto limitadas en el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos por el establecimiento de los Estados de Emergencia impuestos indebidamente por el Ejecutivo. El Estado debe derogarlos para contribuir a un clima de confianza y diálogo, sin presiones ni mecanismos coercitivos que afecten las libertades de las partes.

3. En el caso particular de la comunidad de Fuerabamba, además del pago por el uso de sus tierras para la carretera, es importante saldar de una vez por todas la entrega de las tierras pendientes, según el convenio celebrado el 2009 entre la empresa Glencore Xstrata y la Comunidad de Fuerabamba. Consideramos que los acuerdos alcanzados deben cumplirse y se deben manejar con total transparencia.

4. Además de Fuerabamba, otras comunidades han planteado diversas quejas por acuerdos incumplidos. A fin de restituir la confianza entre las partes, estos acuerdos, y la situación de los mismos deben transparentarse. La participación de la Defensoría del Pueblo, como instancia externa y neutral a las partes, resulta necesaria para realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

5. Según el BCR el 1% del PBI corresponde a la producción de Las Bambas. Una operación tan importante no puede desarrollarse en condiciones de clara afectación a los derechos de las comunidades y a los estándares ambientales, así como de infraestructura precaria (carreteras afirmadas).

6. Es necesario un reconocimiento de los errores y malas decisiones cometidas por los sucesivos gobiernos y la empresa MMG Las Bambas en el trámite de los permisos ambientales. En la segunda modificatoria del EIA se incorporó el cambio de mineroducto por transporte terrestre, a través de un mecanismo de consulta irregular (ITS). Esto originó que el transporte del mineral tenga un tratamiento inadecuado de prevención y reducción de daños. Pese a las quejas de las comunidades afectadas por los daños, nadie fiscalizó ni se responsabilizó de estos hechos, pues no había obligaciones establecidas para fiscalizar.

7. Urge que el Estado recupere la confianza de las comunidades en estas zonas con presencia importante de inversiones y actividades extractivas. Es la única vía para que las comunidades puedan canalizar sus demandas a través de mecanismos institucionales y no recurran a estrategias desesperadas. Los convenios entre las empresas mineras y la Policía Nacional deben ser eliminados. La Policía Nacional no puede convertirse en policía privada de las empresas, debe recuperar su rol de servicio público.

8. Datos oficiales muestran que en las regiones de impacto del proyecto minero Las Bambas se evidencia la persistencia de graves problemas de discriminación y violencia de género, hechos que se traducen en nuevas modalidades de explotación sexual, tráfico de mujeres y trata, así como casos de feminicidios y mortalidad materna. Estos casos deben ser investigados y denunciados por el Ministerio del Interior, y deben visibilizarse en el diálogo entre las partes en conflicto.

9. La detención irregular del Presidente de la Comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas ha evidenciado la situación límite de la relación entre las comunidades afectadas, la empresa y el Estado peruano. La fragilidad de las condiciones para el diálogo se hizo evidente en tanto se criminaliza a las y los representantes legítimos: que diversos personajes ajenos a los intereses de la comunidad ganaran protagonismo y pretendieran instrumentalizar el conflicto para sus propios fines. El Estado, y en particular el Ministerio Público, deben cesar de criminalizar a las y los representantes de las comunidades afectadas y encauzar debidamente la solución a los conflictos.

A partir de lo señalado, exhortamos al Gobierno y a las distintas instancias involucradas del Estado, a tratar los temas y problemas de fondo que plantean conflictos como el de Las Bambas. Del mismo modo, a que se revisen las políticas públicas, los marcos normativos ambientales y sociales, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta previa que están a la base de los cuestionamientos de las comunidades impactadas por los megaproyectos, para garantizar así la convivencia pacífica y duradera, el reconocimiento y respeto entre las partes, y la legitimidad y sostenibilidad de los proyectos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/867-elementos-para-una-salida-dialogada-pacifica-y-duradera

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201904041086495637-fuerabamba-extorsion-mmg-las-bambas/

El saneamiento legal y la construcción de la carretera que utiliza diariamente Las Bambas costaría al Estado peruano alrededor de S/2,000 millones de soles. Este dinero provendrá de los impuestos que se recauda.

Sin embargo, ¿es realmente éste un gasto socialmente eficiente?  ¿por qué no invertir todo este dinero en educación o salud? La responsabilidad de Las Bambas para asumir los costos de construir la carretera ha quedado “al margen” al volverse vía pública, las negociaciones de los anteriores gobiernos extrañamente no lo previeron u omitieron. No obstante, en adelante una opción razonable podría ser que la construcción  y mantenimiento de la carretera incluya el cobro de un peaje.

La carretera del corredor minero del sur andino abarca las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, en una longitud de más de 400 km. Actualmente, esta carretera está en el foco de la atención nacional debido al bloqueo que ha mantenido por más de 50 días la comunidad de Fuerabamba, en la zona de Yavi Yavi, impidiendo el paso de los camiones de transporte de mineral de Las Bambas. En su recurrido, sin embargo, existen en realidad 149 centros poblados y 72 comunidades[1].

La primera fase para alcanzar una solución duradera a este conflicto es concluir con el saneamiento físico legal de esta vía, ahora nacional. En este proceso es una condición ineludible atender a todas las comunidades que fueron afectadas, no sólo a Fuerabamba, de otro modo estaremos próximamente frente a nuevos conflictos. Para la apertura y ampliación de ciertos tramos de la carretera, que actualmente utiliza Las Bambas, se utilizaron tierras de distintas comunidades y como corresponde en toda obra se debió haber comprado o expropiado las tierras, como se ha hecho, por ejemplo, con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez o estaciones del Metro de Lima. Se requiere alcanzar un justiprecio por la tierra y para ello se podría recurrir a una tasación independiente, pero, ante todo, es necesario un proceso transparente De hecho, sería muy valioso para la resolución de este conflicto que finalmente la empresa Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba hagan público el contrato de transferencia del fundo Yavi Yavi. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha señalado que cuenta con S/300 millones para el saneamiento legal de los terrenos de 38 comunidades comprometidas por la carretera.

La segunda fase para atender este conflicto es realizar el asfaltado de la carretera. Según informe del MTC de noviembre de 2018, el asfaltado de la carretera costará S/1,752 millones de soles. Los 370 vehículos de Las Bambas que transitan por esta carretera no asfaltada, produce ruido, vibración, polvo, congestionamiento y accidentes de tránsito. Todo esto viene generando un gran malestar y protestas, lo que ha obligado a la empresa a regar la carretera, pero esto es insuficiente. Además, las comunidades se quejan de que la empresa está tomando agua de sus manantiales sin consultarles.

En la segunda modificatoria del Estudio Ambiental (EIA), del 2014, la empresa no incluyó en la solicitud que iba a realizar el cambio de mineroducto por transporte terrestre. Solo cuando el Ministerio de Energía y Minas le pregunta por la forma de transporte, incorpora irregularmente el cambio.  Esto hizo que no se identificaran los impactos del transporte ni las obligaciones para mitigar o evitar los daños ocasionados.

Se ha señalado constantemente que el mineroducto ya no tenía sentido comercial cuando las unidades mineras de Antapaccay y Las Bambas dejaron de tener al mismo propietario en el 2014[2]. Sin embargo, en el EIA inicial de Las Bambas, del 2011, la empresa no sólo se había comprometido al mineroducto, sino también a construir y asfaltar una carretera alterna para el transporte de suministros. Este último compromiso se eliminó en la segunda modificatoria del EIA, es decir, desapareció, ¿por qué?

En el caso de Antamina en Ancash, principal productor de cobre hasta el 2015, para sus operaciones se comprometió a invertir en un mineroducto hasta el puerto de Huarmey y además en el asfaltado de una carretera alterna. Lo cierto es que esta empresa ha logrado que sus diversos conflictos sociales se mantengan en un nivel de baja intensidad.

En el Convenio Interinstitucional del 2016 entre Las Bambas y el MTC, la empresa se compromete a financiar los estudios técnicos para la carretera que ascendían a S/15 millones, monto bastante menor a la inversión total requerida. Asimismo, en  enero del 2019, en la tercera modificatoria de su EIA, aunque la empresa señala que no tiene por qué asumir la remediación de los impactos pues la carretera es una vía pública, ofrece voluntariamente asfaltar algunos tramos, pero sólo con base negra, que de acuerdo a especialistas del mismo Estado es inadecuado técnicamente para el transporte pesado, cada camión de Las Bambas para el transporte de concentrados tiene un peso de 87 toneladas (con carga). Este ofrecimiento paradójicamente ha sido aceptado por el SENACE.

Algunas voces señalan por qué no se usa el canon para asfaltar la carretera. Las Bambas recién el 2020 empezaría a pagar canon, por su parte, las regalías son pagadas desde el 2016. Sin embargo, para financiar el monto de la construcción de carretera e indemnizaciones se requerirían destinar durante tres años todo el canon y regalías de Apurímac. Sólo con las regalías se utilizarían ocho años de este aporte ¿Es justo que Apurímac financie una carretera que usa principalmente la empresa para el transporte minero en lugar de invertir en su propio desarrollo?

Si bien Las Bambas ha utilizado su stock de concentrados, almacenados en el puerto de Matarani, para atender sus ventas, los 52 días de bloqueo podrían haberle costado S/1,300 millones de soles de menores ingresos. Si a esto le sumamos los costos de mantenimiento de la carretera, vía regado, durante 18 de años de vida de la mina ¿no sería más razonable reorientar estos recursos para cofinanciar  y darle una solución conjunta con el Estado al tema de la carretera?

El cobro de un peaje en esta vía nacional puede ser la solución para que quienes realmente la utilizan financien los S/2,000 millones que requiere su saneamiento legal y asfaltado, además de los futuros costos para su mantenimiento ¿estarán ésta y otras empresas del corredor minero de acuerdo?

[1] Cifra aproximada.

[2] Las Bambas pasa en propiedad de Glencore a MMG.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/quien-deberia-asumir-el-costo-economico-de-la-carretera-en-las-bambas/