El Gobierno de Canadá fracasó el día de hoy en nombrar a una Persona Defensora para la Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise – CORE por sus siglas en inglés) independiente con autoridad real para investigar abusos y reparar los daños ocasionados por las empresas canadienses que operan en el exterior.
Este tipo de empresas se ha visto vinculado a abusos generalizados y graves de los derechos tales como trabajo forzado, violaciones y asesinatos.
Hace quince meses, el gobierno anunció que crearía un cargo independiente dotado con la autoridad para investigar. En su lugar, dio a conocer un cargo para asesoría que carece de autoridad, similar al que existe desde hace años.
Es evidente que Canadá requiere una ombudspersonpara ayudar a prevenir la complicidad canadiense en el abuso por parte de las empresas y ayudar a garantizar el respeto a los derechos humanos en los ámbitos canadienses de la minería y las cadenas de suministro de la industria de la confección.
Mediante ese cargo, se opera independientemente del gobierno y se dispone de la competencia para exigir la presentación de documentos y el testimonio bajo juramento de quienes se esté investigando. El cargo creado el día de hoy carece de ambas cualidades.
«Las personas y comunidades que han sufrido perjuicios a manos de empresas mineras canadienses siguen sin tener a quién recurrir», dijo Emily Dwyer de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. «Un ombudspersonque sólo lleva el nombre no lo es en realidad. Se trata sencillamente de más del mismo enfoque cuya carencia e ineficacia están demostradas.»
El gobierno anunció que ha encargado un estudio de las opciones para otorgar al nuevo asesor la facultad de realizar investigaciones.
«A quince meses de haberse comenzado el proceso, la noticia de un estudio es indignante. No necesitamos más evaluaciones», agregó Dwyer. «Necesitamos acción».
En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas le han pedido a Canadá responsabilizar a las empresas de ese país por sus acciones. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas pidió la creación de un cargo de ombudspersonen Canadá para ayudar a poner un alto a los abusos.
«El cargo anunciado el día de hoy carece de autoridad concreta y no operará independientemente del gobierno – libre de toda interferencia política o empresarial», dijo Dwyer. «El gobierno debe actuar con determinación para ponerle un alto al abuso por parte de las empresas. Esa fue la promesa en enero de 2018, y es la promesa que se debe cumplir.»
Fuente:https://elcomunista.net/2019/04/08/el-gobierno-de-canada-incumple-su-promesa-de-crear-mecanismo-de-control-independiente-sobre-derechos-humanos-con-relacion-a-empresas/
Fuera de las cámaras de televisión y del debate público cada vez se dan pasos más firmes en la entrega del litio al consorcio norteamericano Rockwood Lithium. La oportunidad que se abre al terminar los contratos con Soquimich de nacionalizar el litio e iniciar su explotación para el desarrollo del país se pierde nuevamente en contratos con transnacionales mineras. También hay empresas chinas interesadas en uno de los minerales más cotizados en el mundo.
Las personas, grupos y organizaciones que conformamos el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- lamentamos profundamente la partida de nuestra colega y amiga, Ana Paula Hernández, oficial de Programas para América Latina del Fondo Global por los Derechos Humanos, quien falleció en un accidente automovilístico en los Cuchumatanes, Guatemala. Junto a ella viajaban Sally O’neill también perteneciente a esta organización, la compañera Ana Velázquez del Consejo de Pueblos Wuxhtaj de Guatemala y Daniel Tuc, chófer de confianza de compañeros y compañeras de organizaciones de la región.
Finalmente ayer la comunidad de Fuerabamba, la empresa minera Las Bambas y el Poder Ejecutivo llegaron a un acuerdo para liberar y reestablecer el tránsito en la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi, donde desde el 4 de febrero pasado los comuneros impedían el paso de vehículos por la vía nacional que atraviesa el terreno.
Un derrame por año. Ese es el riesgo que enmarca la actividad de la mina de oro ubicada en Veladero y que opera la firma canadiense Barrick Gold. Luego del mayor accidente minero de la historia de Argentina, ocurrido entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015, cuando millones de litros de una solución con cianuro y otros metales pesados cayó al río Potrerillos y contaminó otros cuatro cursos de agua, la actividad de la empresa en Argentina está cuestionada tanto por las comunidades de la zona, el gobierno de San Juan y algunos cargos del Gobierno Nacional. El pasado martes el sistema de monitoreo de la empresa detectó una nueva rotura de la cañería instalada en el valle de lixiviación, que vertió una solución de oro y plata, aunque sin daños ambientales ni humanos, según informó Barrick. La provincia, por su parte, decidió suspender la actividad industrial y el secretario de minería fue claro: “Estamos hartos”.
Comunicado a la opinión pública: Decimos NO a otra explotación de carbón a cielo abierto en La Guajira
Con trajes blancos y carteles con la leyenda “Agua es vida” y “No a la mina”, los integrantes de la organización ambientalisa Piuké protestaron frente al Centro Administrativo Provincial contra el proyecto minero “Amarillo Grande” de la empresa canadiense Blue Sky Uranium Corporation en una zona cercana a Valcheta. Hubo una representación artística frente a la delegación de la Secretaría de Minería y el megáfono llamó la atención de los transeúntes que circulaban por la calle Onelli.
Como lanzamiento de la campaña ciudadana “El agua es tu vida”, promovida por instituciones como CooperAcción y las parlamentarias Marisa Glave y Katia Gilvonio, se realizó el foro “El Agua es tu vida: efectos de la minería sobre las fuentes naturales de agua” el día lunes primero de abril, para hablar de las amenazas actuales de relaves mineros y nuevos proyectos mineros al agua que consume la ciudad de Lima.
Chihuahua encabeza la lista de las entidades federativas que registra más sobreexplotación de sus mantos acuíferos: son 15 reservorios en los que la extracción del agua subterránea supera al volumen de recarga media anual, revela el estudio Los ríos revueltos, radiografía de la contaminación.
Si antes fue HidroAysén, ahora la nueva batalla medioambiental que se libra en el extremo sur del país está relacionada con un proyecto minero que amenaza con intervenir una de las zonas más hermosas de la Patagonia.