Vecinos y organizaciones de la provincia de Río Negro sostienen el reclamo por la ley que los protegía del cianuro y la megaminería, derogada por el ejecutivo provincial a fines de 2011. Adelantan también que los días 4 de cada mes llevarán adelante nuevas acciones populares.
Integrantes de la organización ecologista Piuke, comunidades mapuche y vecinos autoconvocados colocaron este sábado un cartel en una de las rotondas del alto y entrada desde el sur de Bariloche con la leyenda: “No a la Mina. Ingkaleiñ Taiñ Ko” (estamos defendiendo nuestra agua).
“Estamos reunidos en defensa de la vida, del agua, del territorio y de la autodeterminación, y en contra de la contaminación y del saqueo, construyendo la resistencia contra el modelo extractivo destructivo que gobiernos y corporaciones intentan imponer en nuestro territorio. Los promotores de este modelo de maldesarrollo insisten que la megaminería se puede controlar y le abren el paso a corporaciones que cuentan con mucho dinero y poder, que manejan funcionarios y medios que repiten sin cesar los supuestos beneficios. Sin embargo, se cuenta con muchos ejemplos para sostener que la megaminería con control es una mentira. Ya van varias décadas de este método de extracción de minerales y son demasiados los accidentes como para ocultarlos”, advirtieron los referentes ambientalistas que colocaron el cartel en la rotonda donde se bifurcan las Ruta 40 Sur y Circunvalación..
Desde la asociación ecologista Piuke señalaron que “en muchos lugares del mundo hay comunidades y ecosistemas contaminados por accidentes graves de derrames, que incluyen zonas devastadas, ríos contaminados y poblaciones enteras en peligro. Se pueden contar muchos accidentes sólo en continente americano, como el reciente accidente en Brasil. Otro caso paradigmático es lo que sucede en San Juan, con la mina Veladero. En los últimos años hubo al menos cinco derrames y las poblaciones de Jachal e Iglesia tienen su territorio y sus aguas contaminadas”.
“Reclamamos que devuelvan al pueblo rionegrino la llamada Ley Anti Cianuro N° 3981, derogada el 29 de diciembre de 2011, que protegía a las comunidades de la explotación de la megaminería y sus peligrosas consecuencias. Seguiremos manifestándonos los 4 de cada mes para rechazar el avance de proyectos de minería de uranio, oro y plata en la región”, manifestaron.
Defender las selvas, montañas, bosques y ríos de Latinoamérica nunca había sido tan peligroso.
Cualquier persona u organización que se sienta afectada por un proyecto minero en el aspecto social, ambiental o económico está totalmente legitimada para negarse a aceptarlo y para resistirse a la imposición del mismo.
Cuando, una mañana, Grecia Rodríguez abrió la puerta de su casa y vio que alguien le dejó una corona fúnebre repleta de claveles blancos, y una dedicatoria deseándole que descansara en paz, supo que su actividad como defensora del agua y del territorio de las comunidades ejidales de Zacatecas acababa de cambiar para siempre su vida personal.
“Nuestra lucha se basa en la información y la difusión”, suelen decir los/las vecinos/as de Chubut que resisten la instalación de emprendimientos mineros a gran escala, de extracción metalífera y de radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas. Gracias a los conocimientos sobre “megaminería” que supieron gestionar y compartir en asambleas y en diversas acciones de difusión pudieron posicionarse, organizarse y manifestarse de mil maneras para ponerle freno a la explotación de su territorio.
Como señalamos anteriormente en otra publicación, hasta el momento las empresas que han estado a cargo de la mina Las Bambas (Xstrata Copper, Glencore-Xstrata y MMG Limited) han presentado nueve solicitudes para cambiar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue aprobado en marzo del 2011, cuando Alan García era presidente y Pedro Sánchez ministro de Energía y Minas.
Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12 defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite la explotación minera.
Los pueblos y organizaciones de Chiapas que conformamos el Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo este 25 y 26 de abril, reunidos en el Centro Ecológico de Alter Natos nos declaramos en oposición a las falsas soluciones para mitigar el cambio climático que ofrecen las empresas, las bancas internacionales y los gobiernos a través de planes y proyectos de economía verde, es decir una economía basada en la explotación, extracción, mercantilización, privatización de la naturaleza y evasión de responsabilidad de las empresas, para continuar contaminando, con planes y proyectos como las Iniciativas de Reducción de Emisiones (IRES), la de Reducción de Deforestación y Degradación Evitadas (REDD+), las Inversiones en Proyectos de Energía Renovable como hidroeléctricas, minihidroeléctricas, eólicas y fotovoltaica.
– El martes 30 de abril, la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde Luján, llegó a uno de los barrios de la comunidad minera de Barroterán, al norte de Coahuila. Un encuentro sencillo, sin la cobertura que los secretarios del Trabajo en sexenios pasados solían desplegar para publicitar sus aventuras en provincia.
La corrupción institucionalizada, como conjunto de prácticas gubernamentales, ha contribuido a la persistencia y profundización de la crisis del agua en la región centro de Zacatecas, tales como la tolerancia a la transmisión parcial de los derechos de extracción como una manera de evadir las vedas formales, los bajos niveles de inspección y vigilancia de las extracciones, y los cambios “en el papel” de los volúmenes disponibles de agua para poder otorgar nuevas concesiones.