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El Papa: La minería sin límites es un peligro para el planeta

El papa Francisco pidió discernir si conviene continuar con las estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, además instó al respeto de las comunidades locales, el medio ambiente y defendió el modelo circular de producción en la audiencia a los participantes del encuentro “La industria minera para el bien común”, organizado por un dicasterio Vaticano este viernes 3 de mayo de 2019. 

El Papa invitó a “analizar, interpretar, discernir lo que conviene o no de las actividades extractivas en los territorios y así, proponer, planificar, actuar para transformar nuestro propio estilo de vida, incidir en las políticas mineras – energéticas de estados y gobiernos, y en las políticas y estrategias de las empresas dedicadas al extractivismo, con miras a alcanzar el bien común y un auténtico desarrollo humano, sostenible e integral”. 

¿Qué es el extractivismo? 

Por “extractivismo” – afirmó – entendemos una desaforada tendencia del sistema económico por convertir en capital los bienes de la naturaleza. 

La acción de “extraer”, la mayor cantidad de materiales en el menor tiempo posible, para convertirlos en materias primas e insumos que la industria utilizará, se transformarán en productos y servicios que otros comercializarán, la sociedad consumirá y luego la misma naturaleza recibirá en forma de desechos contaminantes, es el circuito consumista que se está generando cada vez con mayor celeridad y riesgo”.

¿Economía o vida?

Una casa común que está en condiciones precarias, sostuvo el Papa, debido principalmente a un modelo económico que se ha seguido durante demasiado tiempo. 

“Es un modelo voraz, orientado a la ganancia, con un horizonte limitado y basado en la ilusión de un crecimiento económico ilimitado”.  “Aunque a menudo vemos su impacto desastroso en el mundo natural y en la vida de las personas, todavía nos resistimos al cambio (…)Necesitamos un cambio de paradigma en todas nuestras actividades económicas, incluida la minería”.

Después, destacó que “la minería, como cualquier actividad económica, tendría que estar al servicio de  toda la comunidad humana… Este es un pilar de la enseñanza social de la Iglesia”.

El papel de las comunidades locales

Desde esta perspectiva, “la participación de las comunidades locales es importante en cada fase de los proyectos mineros”, afirmó. 

“Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores sociales, que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas”. 

“Pero en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato”.

La sabiduría de los indígenas

En este sentido se refirió al próximo Sínodo sobre Amazonía para enfatizar que es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. “Estas comunidades vulnerables tienen mucho que enseñarnos”. 

“Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”, destacó. 

Economía circular

Asimismo, insistió en la promoción de una economía circular y el enfoque de “reducir, reutilizar, reciclar” también están en gran medida en consonancia con el consumo sostenible y los modelos de producción promovidos en el 12º Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Además, las tradiciones religiosas siempre han presentado la sobriedad como un componente clave de un estilo de vida ético y responsable”.

El Papa instó a “denunciar y evitar esta cultura del descarte”. Pues, el sistema industrial, “al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar residuos y desechos”.

“Todavía – añadió – no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”.

Dejar un planeta habitable

“Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. ¡No pierdan nunca de vista este gran horizonte!”, exhortó el Papa. 

“La industria minera para el bien común” es el título del encuentro organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en el que participan tanto representantes de las comunidades mineras como de la industria junto con exponentes de diversos credos. 

“Esta reunión es importante porque estáis tratando cuestiones que conciernen el futuro de  nuestra casa común y el futuro de nuestros hijos y de las generaciones futuras”, expresó. El Papa definió el encuentro “como ecuménico, ya que invita a pensar y a actuar como miembros de una casa común”. 

Fuente:https://es.aleteia.org/2019/05/03/el-papa-discernir-lo-que-conviene-o-no-de-las-actividades-extractivas/

 

Colombia

Colombia: atentan contra Francia Márquez, luchadora ambiental

 Varios líderes sociales y defensores de derechos humanos del Cauca, entre ellos Francia Márquez, fueron víctimas de un ataque el sábado 04 de mayo en la tarde. El hecho se presentó en zona rural de Santander de Quilichao, al norte del Cauca. Márquez estaba con varios líderes, preparándose para una reunión con el Gobierno el próximo 8 de mayo, en el marco de la Minga Nacional.

El hecho ocurrió durante una reunión de varios líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte de Cauca (ACONC). Dos hombres de la Unidad Nacional de Protección (UNP) resultaron heridos.

Según la organización, el ataque es la materialización de amenazas que desde días pasados se han venido presentando por parte de grupos paramilitares hacia voceros de la minga, que lo único que han hecho es luchar por los derechos del pueblo.

En el ataque, escribió Márquez a través de su cuenta en Twitter, explicó que “como pueblo negro del norte del Cauca estábamos preparando una reunión para los diálogos en el marco de los acuerdos con La Minga y fuimos atacados con armas y granadas por hombres armados, tenemos dos hombres de la UNP heridos”.

El hecho ocurrió cerca de las 5:35 p.m. cuando Carlos Rosero, Francia Márquez, Víctor Moreno, Clemencia Caranbalí, Sofía Garzón y otros líderes sociales y defensores de derechos humanos que hacen partes de la La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, se encontraban en una reunión comunitaria. El ataque, según Márquez, habría durado unos 15 minutos.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó el atentado y pidió que se garantizara la protección de los líderes: “Rechazamos atentado en vereda Lomitas, Santander de Quilichao, contra los líderes de los Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Exigimos garantías para que estos defensores de derechos humanos pueden reunirse libremente y trabajar por sus comunidades”.

Además del presidente colombiano Iván Duque, la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), rechazó el atentado dirigido hacia la líder social Francia Márquez y otros dirigentes.

Francia Márquez es una reconocida activista de las luchas contra la minería ilegal en Colombia. Hizo parte de la mesa de negociación del Gobierno y las Farc, en La Habana (Cuba) para hablar del impacto del conflicto armado en las mujeres y comunidades afro, indígenas y campesinas. En abril del 2018 recibió el premio Goldman, conocido universalmente como el Premio Nobel ambiental, que enaltece la labor de los defensores del territorio y el medio ambiente.

Desde CooperAcción expresamos nuestra solidaridad con Francia Márquez y nuestro rechazo a toda forma de violencia contra las y los defensores ambientales.

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/colombia-atentan-contra-francia-marquez-luchadora-ambiental/

Bolivia

NUESTROS CUERPOS, NUESTRA LUCHA, NUESTROS TERRITORIOS

  Defensoras de la Madre Tierra incidiendo sobre el agua y la producción sin contaminación

El día sábado 4 de mayo en el marco de la inauguración de la Feria Expo Altiplano en Municipio de Challapata y de la presentación del Aphtapi mas grande de Bolivia; la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra – RENAMAT y el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales – Colectivo CASA, en alianza con la Asociación de Regantes de la Represa N° 2 Tacagua; participamos reafirmando el valor agroganadero de Challapata y diciendo a la población y gobierno que Challapata debe seguir con su “Producción sin contaminación” defendiendo su represa de agua así como ha venido resistiendo estos veinticinco años a la minería

Las defensoras de la Madre Tierra de diferentes comunidades, revestidas de carteles con fotografías, mensajes y entre consignas como “El agua vale mas que el Oro” “Challapata, producción sin contaminación”; sensibilizaron y llamaron la atención de autoridades y recordando la importancia que tiene el municipio de Challapata con su producción que aporta a la seguridad y soberanía alimentaria del país y que solo es posible con la protección del agua y del medio ambiente.

Las autoridades nacionales, departamentales y municipales presentes, reafirmaron el valor productivo de Challapata con el Apthapi mas grande de Bolivia que consistió en compartir los alimentos milenarios que se producen en Challapata como ser papa, chuño, carnes, queso, habas a lo largo de un kilometro y que fue preparado y degustado por diferentes sectores de la población.

A raíz de esta actividad de incidencia ante diferentes niveles de autoridades, se fortalece la alianza de la RENAMAT para la defensa de los territorios, en la protección de las fuentes de agua y el lugar de las mujeres en esta lucha.

¡Viva Challapata sin minería!

¡Viva la vocación productiva de los pueblos!

¡Agua para la vida, no para la minería!

Fuente: https://oiedc.blogspot.com/2019/05/nuestros-cuerpos-nuestra-lucha-nuestros.html?fbclid=IwAR0pzh021F4HZUUDQh8imeg6mrFE9QHKsdZV7zzJzQ8TRN_zAlwi2rIKBzc

Chile

Alertan sobre la llegada de la gran minería a Penco y Tomé

 Desde hace varios años se vienen desarrollando prospecciones mineras en la cordillera de la costa de la región del Biobío, las cuales buscaban evaluar la factibilidad económica de extracción minera en la zona. Esto ha desembocado en la construcción de una planta piloto en los cerros de la comuna de Penco, en donde posteriormente se pretende instalar una minera a tajo abierto que explote las denominadas Tierras Raras en la zona.

La explotación de estos elementos constituye una novedad dentro del panorama minero del país, ya que ésta sería la primera minera de estas características en todo el territorio nacional. Lo que no sería una novedad son los altos costos socioambientales asociados a la actividad extractiva del mineral, los cuales se han dejado ver en distintas partes del mundo, en especial en territorio chino, país que produce la mayor cantidad de estos elementos a nivel global.

Las tierras raras se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas, tales como aleaciones para fuselaje de aeronaves y vehículos espaciales, o sistemas de guías de misiles y aviones no tripulados (drones). Algunas aplicaciones civiles incluyen el desarrollo de microprocesadores, dispositivos de almacenamiento eléctrico e información digital, el desarrollo de energías eólica, solar, vehículos, medicina alópata, smartphones, cámaras digitales, televisores LED, baterías recargables, entre otras. Resultando unos elementos altamente estratégicos en el campo de la geopolítica mundial.

En el tercer piso del edificio Crisol, frente a la Plaza de Armas de Tomé, se realizó el conversatorio “Minería en la provincia de Concepción” durante la tarde del día viernes 26 de abril de 2019 organizado por la Coordinadora Tomecina contra los Terminales de Gas. En dicha actividad se presentaron diferentes ponencias que abordaron el panorama global de la minería en Chile, así como la amenaza local que supondría la instalación de una minera de Tierras Raras en la región del Biobío. La actividad contó con la presentación de Lucio Cuenca del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Edison Neira de la Coordinadora Penco-Lirquén, Damaso Saavedra de la Fundación Keule y Lucia Molina experta en toxicología.

La primera ponencia a cargo de Edison Neira intentó explicar en términos generales qué son las tierras raras y qué características tiene este controvertido proyecto en el Gran Concepción. Basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto el expositor planteó que “el proyecto es propiedad del grupo financiero Larrain Vial a través de la empresa Minería Activa. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO (REE UNO en sus siglas en ingles)”. Por su parte el proyecto, que también es conocido como Biolantanidos, consiste en “la construcción y operación de una faena minera junto con una planta de procesamiento para la producción de oxidos de lantanidos, más conocidos como tierras raras, los cuales se encuentran absorbidos en el maicillo granítico de la cordillera de la costa. El proyecto contará con una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral, para producir aproximadamente 1700 toneladas anuales de óxidos de tierras raras”.

El expositor además recordó que desde el 2014 existe una planta piloto ubicada en los cerros colindantes a la ciudad de Penco, en donde la empresa montó sus instalaciones con la ayuda del financiamiento estatal derivado de un proyecto CORFO denominado programa Fenix, el cual le otorgó 4.828.401 dolares.

El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 3 veces; siendo 2 veces desistido por la empresa, y una vez rechazado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

Neira además planteó, basándose en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto que la minera emitiría cada año a nuestro aire 37,7 toneladas de material particulado fino (PM 2,5) 182 toneladas de PM 10, 40 toneladas de monóxido de carbono, 222 toneladas de óxidos de nitrógeno y 6 toneladas de óxidos de azufre.

Respecto a la superficie afectada, el expositor dijo que “el proyecto minero Biolantanidos pretende intervenir 270 hectáreas, de las cuales 13,23 corresponden a bosque nativo donde habita el Queule, Pitao, Naranjillo, Hualle y Boldo, entre otros”.

Otro punto que fue destacado en la exposición fue la afectación a los esteros y cauces de agua de Penco, los cuales se verían seriamente dañados por la instalación de la minera. En ese sentido y siguiendo el Estudio de Impacto Ambiental la empresa declaró que “usaría 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco, sin embargo solicitó derechos de agua por 176.000 litros por hora” lo cual dañaría aún más el cauce de agua y deja entrever que utilizarán más agua de la que declaran en su estudio de impacto ambiental. Neira además planteo que hay que considerar que “Las aguas del Estero Penco están clasificadas con calidad de agua excepcional, según la dirección de general de aguas, es decir son de extraordinaria pureza y escasez”. Esta fuente de agua de gran calidad y apta para el consumo humano y otros usos se vería gravemente mermada y contaminada por este proyecto.

Otro dato interesante fue el relativo a la cantidad de trabajo que entregará la empresa. Según el expositor este punto es bastante débil al constatar que para su construcción necesitará de un máximo de 90 trabajadores, mientras que para su funcionamiento requerirá un máximo de 140 trabajadores, lo cual, según el expositor, es un numero muy reducido considerando el gran impacto de la minera. Hay que recordar, además, que la mina tiene proyectado 15 años de funcionamiento, lo cual implica más de una década con faenas mineras a escasos kilómetros de la ciudad de Penco.

Posteriormente fue el turno de Lucio Cuenca del OLCA, el cual realizó una presentación de cerca de una hora sobre la minería en Chile. Para esto hizo una radiografía general, en donde recordó que la minería en Chile es una actividad altamente beneficiada por las leyes del país, al ponerla por encima de muchas otras actividades económicas. En ese mismo sentido remarcó que estas leyes fueron instaladas en plena dictadura civico-militar a través de la imposición del marco constitucional, la ley de concesiones mineras y el código minero aprobados en la década de 1980. Este marco, para el expositor, implicó tres características principales que son la privatización de la minería nacionalizada durante la Unidad Popular; la privatización del agua como un bien de consumo, y la facilitación que se le entrega a las empresas extranjeras en la inversión en minería.

Respecto a la privatización Lucio Cuenca apuntó al concepto clave de Concesión Plena que definió como “un conjunto de medidas que permiten que la concesión adquiera protecciones excepcionales, por ejemplo que las concesiones mineras son derechos reales e inmuebles, por lo tanto se pueden transar, se pueden arrendar y se pueden dejar en propiedad privada”. A esta propiedad se le otorgan una cantidad de protecciones que hacen que luego de que el Estado se las entregue a una empresa minera, es prácticamente imposible que el Estado pueda recuperar ese derecho de concesión, porque tendría que no solo compensar a la empresa por las inversiones que ha realizado, sino también por las ganancias que aún no han sido obtenidas por la empresa.

Además el expositor planteó que la concesión Minera se sobrepone al dominio del suelo, inclusive en el caso de territorios indígenas, además se entrega de manera gratuita y a perpetuidad y no se respeta la preexistencia de comunidades y culturas. Destacó, además, que se entregan sin Evaluación Ambiental previa, lo cual dejá en plena libertad a las empresas, sin marcos que las regulen. Por último, planteó que cerca del 41% del territorio nacional según SERNAGEOMIN se encuentra bajo el concepto de Concesión Minera con datos de 2013.

El expositor planteó una serie de puntos entre los que se cuenta la estrecha relación entre la expansión de la minería, el crecimiento de la demanda energética y la crisis hídrica en los territorios. Por otro lado, existe una sobrevaloración en torno al aporte económico de la minería para la población del país, mientras que existen grandes perjuicios para las comunidades y ecosistemas en torno a estas empresas. Respecto a esto recordó que la minería genera residuos que pueden llegar a ser altamente contaminantes como los relaves, señalando que se producen diariamente en Chile más de 1,4 millones de toneladas de relaves.

Posteriormente vino el turno de Damaso Saavedra de la fundación Keule, el cual expuso acerca de la alta diversidad de flora que existe en el lugar a intervenir por la minera, en especial un parche de arboles de Queule, una especie en peligro de extinción. El profesional, tras un completo estudio de la zona y una presentación detallada sobre las deficiencias de la propuesta de mitigación y reparación ambiental de la empresa minera, determinó que este parche de Queules es uno de los pocos que existen en la costa del Biobío y se encuentra en peligro frente al proyecto minero. El investigador recalcó que se debe tener sumo cuidado en su conservación, estudio y cuidado

Para finalizar las exposiciones fue el turno de Lucia Molina experta en toxicología, la cual recalcó los impactos de la minería en el país, haciendo especial énfasis en los residuos contaminantes, no solo químicos, sino radioactivos de la minería de tierras raras. La profesional, con amplia experiencia en temas ligados a la contaminación ambiental vivida en diversos puntos del país por la minería, como lo que ocurre en Chañaral, remarcó la necesidad de mayores regulaciones en el ámbito socioambiental que sean capaces de medir realmente los niveles de contaminación de estas industrias y proteger a los ecosistemas y comunidades a su alrededor.

La actividad terminó con la intervención de los y las asistentes, las cuales hicieron comentarios y preguntas a los y las expositoras, agradeciendo y felicitando por la iniciativa que informó a la comunidad de Tomé y sus alrededores sobre los grandes impactos socioambientales que tendrá este polémico proyecto minero en el caso de su instalación. La empresa ya ingresó un Estudio de Impacto Ambiental al sistema de evaluación del Ministerio de Medio Ambiente, por lo que la comunidad se encuentra a la espera e informándose frente a lo que acontecerá próximamente con este proyecto minero que amenaza la vida, el agua y los ecosistemas en la provincia de Concepción, y en especial a las comunas de Penco y Tomé.

Fuente: https://resumen.cl/articulos/alertan-sobre-la-llegada-de-la-gran-mineria-a-penco-y-tome?fbclid=IwAR3ZlC__hZN2_Of7yM5-nuKqN6VdPIQK7GfZrpIJ7eqQqqpRBLhSU2IPBDc

Brasil

Maior fundo de pensão da Noruega exclui Vale de sua carteira por causa de Brumadinho

   RIO – O maior fundo de pensão da Noruega anunciou na sexta-feira que excluiu as ações da Vale de sua carteira de investimentos por causa do rompimento, em janeiro, da barragem em Brumadinho (MG), que deixou 235 mortos e 35 desaparecidos. O KLP afirmou que o acidente «constitui um risco inaceitável» que contribui para «graves violações dos direitos humanos e sérios danos ambientais». O fundo, que gere ao todo R$ 294 bilhões, vendeu o equivalente a R$ 43,9 milhões em papéis da companhia que detinha em seu portfólio.

«Também é um agravante o fato de a empresa ter se envolvido em dois graves eventos semelhantes em um intervalo de poucos anos”, acrescentou, em nota, Jeanett Bergan, chefe de investimentos responsáveis no KLP, referindo-se ao rompimento da barragem em Mariana (MG), que matou 19 pessoas em 2015.

O KLP informou ter tido diversas reuniões com a Vale para acompanhar como a empresa trabalhou preventivamente após o acidente de Mariana e que, depois do rompimento da barragem de Brumadinho, intensificou esse trabalho. Mas o fundo de pensão concluiu que «a Vale não aumentou as medidas de segurança depois de receber relatórios mostrando que havia alto risco associado à barragem em Minas Gerais», disse na nota.

«Ainda há incerteza sobre o que causou o acidente deste ano, mas está claro que o que a Vale fez depois do acidente de 2015 não foi suficiente para prevenir novos acidentes e suas sérias conseqüências. É claro que a empresa intensificou seu trabalho, mas, com dois acidentes tão sérios, é difícil ter confiança na capacidade de a empresa manter a segurança», acrescentou Jeanett Bergan no texto, dizendo ainda que «o risco inerente de acidentes relacionados aos depósitos de barragens da empresa ainda é elevado.»

Procurada pelo GLOBO, a Vale não quis comentar a decisão da KLP.

O KLP vinha sendo pressionado a se posicionar de forma mais contundente sobre a Vale. Em fevereiro, o site especializado em investimento sustentável ESG Clarity questionou por que o KLP continuava investindo na Vale mesmo após dois acidentes. Bergan respondeu que vinha tendo reuniões com a companhia e que estava monitorando a situação. Em 2015, o fundo de pensão sofrera o mesmo tipo de pressão, mas alegou naquela ocasião que não fazia sentido se desfazer dos papéis por causa de sua desvalorização, de acordo com o site especializado Portfolio Advisor.

A Vale, por sua vez, tem sido alvo de descontentamento por parte de entidades ligadas ao investimento sustentável. Em janeiro, depois do acidente em Brumadinho, o Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) – índice que mede a conduta das empresas com relação aos direitos humanos – suspendeu a Vale de sua listagem alegando que «não seria apropriado continuar com a Vale no ranking» depois da tragédia. Em fevereiro, a mineradora foi retirada do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa brasileira, a B3.

Fundo excluiu Petrobras apos Lava-Jato

Na semana passada, a sede da Vale amanheceu com um memorial em homenagem às vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho. A Articulação dos Atingidos e Atingidas pela Vale, que também é acionista minoritária da mineradora, colocou nos degraus da escadaria em frente ao prédio da empresa 233 placas com os nomes de vítimas fatais e 37 placas com os nomes das pessoas ainda desaparecidas após o desastre de Brumadinho. O número de mortes confirmadas subiu para 235 desde então.

 

Fuente: https://oglobo.globo.com/economia/maior-fundo-de-pensao-da-noruega-exclui-vale-de-sua-carteira-por-causa-de-brumadinho-23642078?fbclid=IwAR2XncZvGX4SzfFcTb1qrBrXa1Fs4w2cygPHlf36-zNocaKuTFbJSGUjX_o

Argentina

Cinco siglos con la misma política

  De la plata de Potosí en el Siglo XVI a Barrick Gold y Glencore-Xstrata (Minera Alumbrera) en 2019. De la explotación de caucho a la soja de Bayer-Monsanto y las promesas de Vaca Muerta. De La Forestal a la pastera UPM-Botnia. América Latina centra su economía y política en la exportación de productos primarios, desde que era colonia hasta la actualidad. Académicos, activistas e indígenas recuerdan que ningún país se desarrolló en base al extractivismo y afirman que se trata de un modelo que asegura dependencia y atraso. En año de elecciones, ningún candidato plantea alternativas a la explotación de bienes naturales.

El presidente Mauricio Macri inauguró en febrero la “Mesa Nacional de la Soja”, para potenciar el avance del cultivo. Un día después, el Gobierno aprobó una nueva variedad transgénica, de la empresa Indear-Bioceres, con uso de los agrotóxicos glifosato y glufosinato de amonio. El 8 de marzo recibió a las mineras Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, en Olivos. Visitó Expoagro (la feria del agronegocio de Clarín y La Nación). Inauguró en Jujuy la “Mesa del litio”, para facilitar la llegada de empresas y, en petróleo, exhibe Vaca Muerta como promesa de dólares y progreso. El futuro de la economía, y del país, atado a la exportación de materias primas.

Jenny Luján es parte de la Asamblea por la Vida de Chilecito, donde expulsaron a cuatro mineras del Cerro Famatina. Explica que desde la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) hace años reflexionan sobre el lugar en el mundo que asigna el extractivismo a los países de la región. “Desde el descubrimiento de América, Abya Yala para nosotros, todo este territorio fue considerado como fuente de riqueza para sostener a los imperios del Norte. Eso se llama extractivismo, robo, saqueo”, grafica.

A la avanzada actual de empresas y gobiernos la llama “recolonización”, cita los ejemplos de las mineras en La Rioja, San Juan y Catamarca, con visto bueno de los distintos colores políticos. “En 200 años de República, de Nación, no ha cambiado nada. Se profundizó el saqueo que comenzó con el robo de las tierras y genocidio a los pueblos originarios. Y el poder sigue protegiendo a los saqueadores. La riqueza se la llevan, aquí queda contaminación y destrucción. Tenemos cinco siglos de pruebas de ese accionar criminal”, explica Luján.

Más al sur, Vaca Muerta se presenta como la gran reserva de petróleo y gas no convencional (con la peligrosa técnica del “fracking” –fractura hidráulica–). Su explotación es política de Estado.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aclara que no tienen ninguna expectativa en que algún candidato frene el modelo de explotación de bienes naturales. “La clase política intenta mostrarle a la sociedad que el extractivismo puede ser una solución, cuando sabemos que es todo lo contrario. Ni el peronismo de derecha ni el peronismo progresista y menos el Gobierno actual difieren en este sentido”, afirma Nahuel.

Recuerda que desde hace un siglo se explota petróleo en Neuquén y nunca trajo beneficios reales para acabar con la desigualdad y la pobreza. “Las trasnacionales llegan con promesas de bienestar y felicidad, pero profundizan el saqueo y la contaminación”, definió Nahuel y recordó el rol protagónico que tiene el extractivismo en el cambio climático: “Estamos caminando hacia un abismo y debemos ponerle freno”.

Horacio Machado Aráoz es investigador del Conicet y parte del colectivo Sumaj Kawsay. Explica que a lo largo de la historia las economías primarias-exportadoras han tenido ciclos de crecimiento muy espasmódicos, altas tasas de crecimiento seguidas de crisis, que tienen relación con los ciclos de auge y caída de la demanda mundial de materias primas.

Destaca que la crítica al extractivismo cruza a la derecha y a la izquierda política, que minimizan o desprecian la afectación ecológica-ambiental, pero al mismo tiempo deja de lado tres características centrales: “El modelo extractivista afecta las posibilidades de desarrollo autónomo, sostenible y de largo plazo. Perpetúa la desigualdad social, porque es un modelo con una estructura de clase oligárquica, de concentración de la tierra, de corporaciones que deciden sobre los territorios. Y, en términos de democracia, el extractivismo erosiona los derechos de las poblaciones y aleja la posibilidad de una soberanía popular”.

Hersilia es una localidad de 3000 habitantes en el noroeste de Santa Fe. Allí vive Fernando Albrecht, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocadods y de la Universidad Trashumante (experiencia de educación popular con ejes en la autonomía y la horizontalidad). En una rápida clase de historia repasa las matanzas de pueblos indígenas, la colonización con familias de Europa, las grandes estancias, La Forestal (empresa inglesa de corte feudal, que explotó obreros y arrasó los montes de quebracho durante medio siglo), el avance ganadero, la industria láctea y el agronegocio (de base transgénica y de agrotóxicos), que implica “la acumulación de dinero y territorios en pocas manos”.

Relata lo ilógico que, en un pueblo rodeado de campo, haya pobreza y que los alimentos lleguen procesados desde las grandes ciudades. Tras el mito de que “Argentina produce alimentos para 400 millones de personas”, recuerda que la mayor parte de la cosecha es para alimentar chanchos y aves de Asia y Europa, no se trata de comida para los argentinos. En Hersilia y Ceres lograron ordenanzas que alejen las fumigaciones con agrotóxicos y trabajan con productores en 3000 hectáreas para abandonar los transgénicos y avanzar en la agroecología.

“Cuestionamos al agronegocio porque, además del impacto en la salud y el ambiente, es un modelo injusto, donde solo buscan rentabilidad, es un modelo decidido por la Bolsa de Chicago y mercados de China”, asegura.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/191895-cinco-siglos-con-la-misma-politica?fbclid=IwAR2x0cIcQ-daSlPmwXEYvCJw_kXR11OR1oyvUO0tv55DZxlgisyk6O7ATHo

Brasil

Choro, protesto e novas denúncias marcam assembleia na Vale

 Mesmo diante dos protestos de 11 acionistas críticos, ligados ao grupo Articulação dos Atingidos e Atingidas pela Vale, o relatório administrativo apresentado pela companhia foi aprovado na sede da empresa em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30), na primeira assembleia após a tragédia de Brumadinho (MG).

Entre as principais reivindicações estavam a destituição da atual diretoria e a paralisação das atividades da Vale. No entanto, os votos dos acionistas minoritários não tiveram efeito.

Uma das maiores críticas do grupo foi em relação  à abertura da reunião feita pelo diretor-executivo, Luciano Siani, que leu uma poesia e até chorou ao falar do sentimento diante do rompimento da barragem, que deixou 233 mortos e 37 desaparecidos.

“Foi uma decepção. A empresa está se esforçando para naturalizar os danos, violações e impactos que ela pratica cotidianamente em todas as suas operações. Me chamou a atenção o cinismo durante a apresentação, na qual a empresa tentou se colocar no papel de vítima, reclamando que os funcionários têm vergonha de andar nas ruas e que estão sendo exageradamente culpados numa situação que eles ainda não podem explicar o que aconteceu. Isso foi bastante chocante”, disse o advogado e membro da organização Justiça nos Trilhos, Danilo Chammas.

Por outro lado, o momento mais tenso ocorreu ao final do encontro quando a acionista e moradora de Brumadinho, Carolina de Moura, tocou uma sirene na sala.

“Apontamos essa situação há muitos anos e temos sido ignorados, mas diante da magnitude da tragédia eles vieram na defensiva, e subimos um pouco o tom, porque o que fizeram é imperdoável. E é um absurdo o antigo presidente ter dito que as sirenes não tocaram porque foram engolfadas, por isso, centenas de pessoas morreram. Então, trouxemos a sirene para tocar e fomos podados por essa inciativa, porque as regras estavam sendo desrespeitadas. Mas a sirene da justiça vai continuar tocando.»

Carolina mora a cerca de 10 km da barragem que se rompeu e enfatizou que o protesto também teve como objetivo mostrar a sensação de insegurança que os sobreviventes precisam lidar.

“Parece que a empresa continua sem tratar seus rejeitos, porque a sirene não soou em Brumadinho e Mariana, mas continua tocando em outros municípios de Minas Gerais, provocando um terrorismo nas barragens em uma população que está em pânico, que tem que sair de casa de madrugada e ir para uma rota de fuga que não sabe onde fica. A sirene que a gente tocou foi para dar um pouquinho dessa sensação.»

A professa da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) Karina Kato destacou que os rompimentos de barragens em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) não foram “acidentes pontuais”. Kato afirmou ainda que desde 2010, quando começou a participar das assembleias, fez alertas sobre os riscos deste tipo de exploração. E, hoje, mais uma vez, ela disse ter denunciado outros casos.

“Alertamos sobre a situação da CSA, maior siderúrgica da América Latina, uma empresa que ficou seis anos sem licença de operação e foi ré em duas ações por crimes ambientais. Hoje em dia, apesar de ter sido vendida pela Vale, ela ainda é fornecedora de 100% do minério que ali é processado e as famílias [do entorno] convivem com o pó particulado, que respiram diariamente, desde 2010, com chuvas de prata constantes e explosões. E a empresa não fez nada, apenas vendeu para se eximir das responsabilidades dos passivos que causou, tanto ambientais quanto sociais. Foi utilizada a mesma tecnologia criticada em Cubatão, com a VLI, que é simplesmente de retirar material contaminado do fundo oceânico e enterrar numa cova, onde navios fazem manobras, o que futuramente pode explodir e trazer a contaminação de metais pesados.»

Procurada, via e-mail, a empresa ainda não se manifestou sobre as críticas feitas pelo grupo Articulação dos Atingidos e Atingidas pela Vale. O espaço está aberto para manifestação.

 

Ecuador

ALERTA! NUEVA ARREMETIDA DE LA POLÍTICA MINERA

 El 24 de abril pasado, el Presidente Lenín Moreno hizo público el Decreto Ejecutivo No. 722, en el que ordena al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables la «actualización, definición y emisión de la nueva política minera» así como los lineamientos para su «ejecución y aplicación».

Antes que nada, llama la atención que en los considerandos del Decreto 722 se cita el artículo 313 de la Constitución que dice que «la administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos, debe ser en conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución y prevención». Es evidente que ninguna actividad minera ha cumplido con éste ni con los muchos otros artículos de la Constitución que tienen que ver con un medio ambiente sano y con los derechos de la naturaleza. Un claro ejemplo, aunque no el único, es el Proyecto Mirador, controlado por la empresa china ECSA, y que opera sin el debido control ambiental; lo que dio lugar a que el Ministerio del Ambiente suspenda un 40% de sus operaciones.

Con premura, el ministro de energía dio a conocer los 6 ejes de la «nueva política minera», que en realidad, son planes que representan una continuidad de las políticas que benefician a las empresas transnacionales, sin importar los impactos socioambientales.

Por añadidura, a fines de febrero el gobierno de Lenín Moreno había adquirido una deuda de 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, condicionada a un plan de ajuste estructural y teniendo como garantía de ingresos para el servicio de la deuda, la extracción minera en los proyectos Fruta del Norte y Mirador (ubicados en la Cordillera del Cóndor) y Loma Larga (ubicado en Azuay). Este anuncio es una afrenta a la población de Girón que en la consulta popular con carácter vinculante, en su gran mayoría, votó en oposición a que se realice minería en el sistema hidrológico Kimsacocha. El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, en franco desacato a la voluntad del pueblo, se propone continuar con este proyecto.

Precisamente, uno de los ejes de la «Nueva» Política Minera contempla «evitar que se abuse del recurso de las consultas populares en temas mineros», desconociendo un derecho constitucional al que recurren las comunidades para la defensa de sus territorios.

Puede decirse que con el anuncio de esta «nueva» política se estaría buscando dar una señal de autoritarismo y seguramente intentar frenar iniciativas que vengan desde los GAD municipales y provinciales para defender el agua; o continuar ignorando los informes de la Contraloría General del Estado que señalan graves irregularidades en algunos contratos y proyectos mineros; quien sabe si inclusive quieren intimidar a jueces que han emitido sentencias favorables a los derechos humanos y la naturaleza en contextos mineros y petroleros; o hasta limitar la labor de entidades como la Defensoría del Pueblo cuando elabora Pronunciamientos, Informes y Resoluciones para la defensa de derechos, como lo hizo recientemente frente al proyecto Llurimagua (ubicado en la zona de Íntag), exhortando al Ministerio de Energía declarar la caducidad del proyecto, al Ministerio del Ambiente anular la licencia ambiental, y a Senagua retirar la autorización de uso de las aguas de la zona.

El quinto eje de esta Política Minera habla del combate a la minería ilegal. ¿Van a anular las concesiones mineras en operación, que son ilegales al no cumplir con el Mandato Minero de 2008?; ¿se anularán aquellos proyectos que según informes de la Contraloría estarían operando al margen de la ley y sin la observación y regulación de las instancias estatales que corresponden? Debería ser así. Porque estas irregularidades probablemente constituyen un patrón con el cual operan cientos de concesiones mineras que ocupan más del 10% del territorio nacional.

Otros ejes incluyen la exención de impuestos, así como la flexibilización de requerimientos y exigencias ambientales y sociales a los inversionistas mineros. Esto pone en mayor riesgo los derechos de las poblaciones aledañas a los proyectos, así como los derechos de la naturaleza que será más afectada por estas actividades destructivas.

Es evidente que el sector minero tiene capacidad de incidencia en las más altas esferas. Hoy, al igual que el petróleo en años anteriores, esconde su rostro espectral bajo la careta de ayuda al pago de la ilegítima deuda externa. Por eso debe ser que teme la creciente resistencia anti-minera y busca someterla.

ACCIÓN ECOLÓGICA
29 de abril del 2019

Fuente: http://www.accionecologica.org/editoriales/2369-npm

Chile

Advierten sobre sondajes de proyecto Nueva Unión en valle del Huasco

 El Movimiento Del Río Huasco que tiene por lema ¡De Cordillera a Mar El Río Huasco hay que Salvar!, dio a conocer que el proyecto minero NuevaUnión realizará sondajes en el sector de Maitencillo, hacia el interior del Valle del Huasco.

Según esa carta se realizarán una serie de trabajos para estudiar el subsuelo y proyectar la construcción de un concentraducto y tubería de aguas que estarán 24 metros por debajo del lecho del río. “Cabe señalar que en esta etapa estos trabajos no son una construcción, o una alteración permanente del área de interés”, indica la misiva.

Los sondajes tendrán un diámetro de 8 cm y una profundidad de 40 metros y según la empresa se realizarán tres de estas obras, donde se instalarán casetas con sistemas para monitorear el nivel de agua, “las cuales posteriormente serán selladas con una placa de bronce o aluminio con un monolito de centro de 60 cm de alto y 50 de ancho.

En el sector también se dispondrás de tres calicatas de mecánicas de suelo, las que tendrán cinco metros de profundidad.

La empresa enfatiza en la carta que “una vez terminado el trabajo, el lugar será rehabilitado, restaurando las condiciones originales, dejándolo limpio y libre de accidentes”.

El movimiento indica que “no permitiremos dicho mineroducto de ninguna forma pasar por nuestra cuenca. Tampoco permitiremos afectaciones de este proyecto en la cuenca alta, en la cordillera, naciente de nuestras aguas, a consecuencia de botaderos de estériles, mina, tranque de relaves, correa transportadora y afectación de humedales altoandinos y glaciares, entre otros”.

“Reafirmamos con aún mayor fuerza y unidad provincial del Valle del Huasco, última frontera verde del Norte de Chile, que no permitiremos los sondajes en el Río Huasco, ni otra afectación más en nuestra cuenca por parte de Nueva Unión. Estamos en riesgo inminente y nuestros derechos básicos se están vulnerando: A la vida, a vivir en un medio ambiente libre y sano de contaminación y al trabajo. Exigimos que estos trabajos no se lleven a cabo”, agrega el comunicado.

Según el movimiento, no van e dejar que se realicen dichos trabajos más aun cuando allí se genera el agua que consume el resto de la provincia, recalcaron.

Fuente: http://atacamanoticias.cl/2019/05/02/advierten-sobre-sondajes-de-proyecto-nueva-union-en-valle-del-huasco/?fbclid=IwAR3Wb_PdzOvNdNaHoLsXnKPn4joEdOByjy4IVJmTJP_LkHEN4eTH41r-tQg

Perú

Las Bambas: ¿en qué consisten los proyectos de ley a favor de comuneros?

    Representantes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas acudieron el último viernes al Congreso de la República para acompañar al congresista Richard Arce (Nuevo Perú) en la presentación de dos proyectos de ley: la iniciativa de una amnistía en favor de los comuneros, y modificaciones de artículos del Código Penal y de la Ley contra el crimen organizado.

Amnistía para los comuneros-

La iniciativa legislativa N°4273, propuesta por Arce y suscrita por los parlamentarios Oracio Pacori, Manuel Dammert, Alberto Quintanilla, Rogelio Tucto, Wilbert Rozas, Justiniano Apaza, Zacarías Lapa, Horacio Zeballos y Katia Gilvonio, propone amnistiar a los comuneros que participaron en las protestas sociales contra Las Bambas. Aquí se hace referencia a los actos que se hubiesen cometido con la intención de participar en las manifestaciones contra el proyecto minero entre el 11 de mayo 2011 y 9 de abril 2019, y que estén tipificados como delitos y/o faltas. El proyecto se refiere solo a personas naturales en el ámbito de las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa.

El último conflicto social entre Las Bambas y Fuerabamba alcanzó sus momentos más tensos a partir del 4 de febrero de este año, cuando se restringió el paso de los vehículos de la minera en el tramo del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba. La interrupción fue por 68 días.

El proyecto de ley propone amnistiar:

► Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, que se encuentren tipificados como delitos y/o faltas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza, que expresen el ejercicio de derechos de autotutela comunal con respecto a sus derechos patrimoniales, así como el cumplimiento de actos, compromisos y políticas derivadas de acuerdos adoptados con respecto a las personas jurídicas titulares del proyecto minero Las Bambas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en los párrafos anteriores, siempre que no hayan supuesto una grave afectación a la vida e integridad de las personas.

La iniciativa precisa que quedarían extintas las acciones penales que emerjan de los delitos o faltas a las que se aluden.

La amnistía también comprenderá aquellos delitos y faltas conexas a las conductas antes referidas, así como medidas de reparación patrimonial y extra patrimonial.

Por otro lado, quedan excluidas de este proyecto de amnistía las conductas que hayan supuesto delitos de lesa humanidad o una grave afectación a la vida e integridad de las personas. Entre otros, delitos cometidos por funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y Policía Nacional, que hubieran supuesto un ejercicio desproporcionado e irrazonable de la fuerza pública en las protestas, así como una afectación al ejercicio de los derechos constitucionales. También quedan excluidos los delitos cometidos por personas ajenas a las comunidades campesinas.

En la exposición de motivos de este proyecto se precisa que en el periodo de fechas mencionadas, cuando se dieron las manifestaciones contra Las Bambas, los comuneros han sido «objeto de formulación de acciones legales de persecución de las conductas involucradas, tanto a nivel policial, fiscal como judicial, confundiendo en no pocos casos la pertenencia «.

-Reacciones-

Luego de la presentación de los proyectos de ley, el congresista Richard Arce dijo que «son más de 500 los comuneros que están siendo judicializados», pero el número no ha sido confirmado. «No tenemos el dato preciso, pero entenderán que tenemos una obligación, bajo ese argumento remití inmediatamente los documentos al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público. No hemos tenido la respuesta hasta el momento», añadió en diálogo con El Comercio.

El pasado 24 de abril, durante la instalación de la mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas, el congresista Arce señaló que desde el Congreso de la República promovería los mencionados proyectos. Para ello, se comprometió en dialogar con el presidente del Congreso de la República para su viabilización, a fin de defender los derechos de todos los comuneros. Esta iniciativa, dijo, iba a ser coordinada también con el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón. Por su parte, el Ministerio de Justicia se comprometió a brindar el soporte técnico legal que corresponda, según el acta que se firmó ese día en Challhuahuacho.

El último viernes, el primer ministro, Salvador del Solar, dijo que «si un legislador ha propuesto una ley de amnistía, este tema es competencia de otros poderes del Estado, el Ejecutivo no desea tener ninguna injerencia ni ha hecho ninguna promesa al respecto», declaró a su salida del Congreso de la República.

El congresista Arce sostiene que la aprobación de los proyectos de ley serían «una oportunidad para el Estado, para que replantee el tipo de relaciones que ha existido entre ellos, las comunidades y la empresa».

Asimismo, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que estos proyectos responden a no criminalizar sus protestas. «Las comunidades que apostamos por la minería no queremos criminalización, no queremos encarcelamientos ni persecuciones a los dirigentes», dijo Rojas el viernes en conferencia de prensa.

«Cuando la empresa (minera) pone denuncias o demandas, inmediatamente nos persiguen las fiscalías, jueces. Pero cuando las comunidades ponemos la denuncia, lo archivan. ¿Dónde está la igualdad de la justicia?», comentó Rojas a El Comercio.

«Son nueve puntos (de la mesa de Justicia y Derechos Humanos). De ellos, el primero es la amnistía, pero si el proceso no se da no habría ningún diálogo con Las Bambas y el Estado», añadió la autoridad comunal.

La abogada penalista Romy Chang explicó que la amnistía, a diferencia del indulto, no es un perdón. Sino, aquello que se cometió nunca fue un delito. «En la amnistía lo que se dice es que nunca debió haber nada, no debió ser considerado delito ni se debe procesar. En el indulto te pueden procesar o condenar, el caso es que la pena que te impongan ya no la cumples en cárcel. Pero, la amnistía es que ni se debe juzgar», dijo.

Alertó que un proyecto así puede ser riesgoso como precedente.  «Claramente, el proyecto de ley busca que todos los casos ligados al tema de Las Bambas sean impunes y la pregunta es si eso nos suma como sociedad. Si ese es el mensaje que se va a dar desde el Congreso, luego vamos a tener revueltas y todos van a hacer lo mismo», comentó.

-Modificaciones al Código Penal-

El segundo proyecto de ley presentado por Arce y suscrito por los congresistas Manuel Dammert, Marisa Glave, Indira Huilca, Edgar Ochoa, Oracio Pacori, Tania Pariona, Alberto Quintanilla y Horacio Zeballos, propone la modificación del artículo 200 del Código Penal, que se refiere al tipo penal del delito de extorsión; así como la modificación del artículo 2 de la Ley N°30077, ley contra el crimen organizado.

Estos son los cambios propuestos en la iniciativa legislativa:

► En la propuesta de modificación del artículo 200 se suprime los párrafos.

 

«Ese tipo penal, en su momento, justamente fue creado no solo para sancionar los casos. Incluso se tomó en cuenta de manera expresa casos recurrentes cuando la gente, a la fuerza, para obligar a las autoridades, bloqueaba carreteras. Eso es bastante grave porque puede haber consecuencias de todo tipo», opina la abogada Chang.

Agregó que la modificatoria estaría enfocada solo al conflicto social con Las Bambas, y esto podría acarrear otros mensajes. «Están pensando en Las Bambas, pero no en las repercusiones futuras. El mensaje sería que cada vez que tengas un problema puedes tomar carreteras», cuestionó. «Se estaría promoviendo que la solución al conflicto social pase por una válida toma de carreteras», mencionó.

► En la propuesta de modificación del artículo 2 de la Ley N°30077.

Sobre la modificación de organización criminal, Chang sostiene que esta propuesta sería riesgosa considerando los antecedentes como, por ejemplo, lo ocurrido con los sindicatos de construcción.
«nuevamente se olvidan que una de las etapas negras que hemos tenido justamente era la excusa de uso de organizaciones sindicales para extorsionar el área de construcción. Estaríamos retrocediendo respecto a eso», dijo.

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/bambas-consisten-proyectos-ley-favor-comuneros-noticia-ecpm-632325?fbclid=IwAR3r3Enpt9tKJrPxD-L7FYZKmhSpdLIi5dsMpn_OezrH187xg1f2JYhpaEo