Mexico

Marchan mil 500 personas en contra de la Mina Peñasquito de Goldcorp-Newmont

■ Participaron transportistas, ejidatarios y habitantes de la comunidad Cedros

■ Denuncian el incumplimiento de diversos convenios que ha celebrado la empresa con ejidatarios 2008 y 2009

■ También se quejan de la contaminación y escasez de agua provocados por la minería

Unas mil 500 personas participaron ayer en la denominada Marcha por la Dignidad y la Vida, dijeron, para desmentir lo expuesto por la Mina Peñasquito de Goldcorp-Newmont y el diputado local morenista a la 63 Legislatura, Omar Carrera Pérez, respecto a que los inconformes con la problemática que se ha generado entre la empresa extractiva y comunidades del Valle de Mazapil, involucra sólo a 35 personas, entre ejidatarios y transportistas, y según el mayor consorcio extractor de oro en el mundo, son sus extorsionadores.

La movilización fue organizada por el Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM) y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

Involucró según el parte oficial, 40 autobuses materialistas de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V., 15 autobuses de pasajeros, 2 sprinter y 25 vehículos particulares, en los que se trasladaron transportistas, ejidatarios y habitantes de Cedros, comunidad donde se asienta la Mina Peñasquito, e integrantes del FPLZ procedentes de entre otros, los municipios de Vetagrande y Pánfilo Natera, y algunas pocas, empleadas y madres de familia de los centros de desarrollo infantil del FPLZ.

Durante el recorrido por las calles del Centro Histórico las consignas demandaban entre otros reclamos, “¡si no cumplen que se vayan!”, en relación a diversos convenios que ha celebrado Mina Peñasquito con los ejidatarios de Cedros en 2008 y 2009, de los que los han entregado copias a la prensa.

Los convenios
En uno de ellos se señala que la empresa se obliga a “capacitar y contratar a personas originarias del Ejido de Cedros” que manifiesten este deseo, de acuerdo a su nivel de escolaridad y capacitación, y que se constituya una empresa de transporte o “adquieran en lo particular góndolas”, comprometiéndose la minera “a celebrar contratos de acarreos” de manera preferente en su caso.

En un cuarto punto del convenio celebrado el 10 de junio de 2008 y signado en representación de Mina Peñasquito por Bill Humphrey y Armando Escárcega, se consigna algo señalado como parte fundamental de las razones de su movilización, que la empresa se comprometió “a no afectar el manantial del Ejido de Cedros y en caso de hacerlo rehabilitarlo, siempre y cuando no se trate de causa naturales”.

Un trago de agua
Ayer al arribo del contingente a la sede de la Legislatura del estado, al momento de entregarle su pliego petitorio al diputado morenista, Omar Carrera Pérez, a quien han acusado de dar voz en esa tribuna a textos preparados por Doris Vega, encargada de comunicación social de Mina Peñasquito, lo invitaron a visitar la comunidad de Cedros para que verifique que efectivamente que el manantial referido se ha agotado.

El comisario ejidal lo instó asimismo, a beber de una botella que le entregó en el momento, agua de la que ellos consumen; el gesto del legislador fue darle un único trago viendo a los ojos a Rigoberto López Martínez, para luego cerrar el recipiente.

El diálogo entre ambos fue difícil de distinguir entre los gritos que desde atrás señalaban a Carrera Pérez de “vendido” y “priista”.
El legislador les informó que en la sesión de ayer leería el documento que le fue entregado y un punto de acuerdo propuesto por él sobre el que les pidió poner atención pues, “son sus exigencias también”.

“Omar te invitamos a que antes de declarar una cosa, conozcas a fondo los problemas que tenemos en Mazapil, porque yo sin temor a equivocarme te digo que no has puesto un pie en Mazapil, ni ningún legislador de ustedes. Yo te pido que antes de que declares una cosa constates las cosas como son, no como te viene a decir la minera”, le dijo en ese momento Ascención Carrillo, presidente de la Unión de Transportistas de Mazapil CAVA, S.A. de C.V.

Solicitud de apoyo 
a diputados locales
Los manifestantes encabezados también por Felipe Pinedo Hernández, líder del FPLZ solicitaron hablar con los integrantes de todas las fracciones partidistas integradas a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) de la Legislatura.

El texto fue leído públicamente al arribo del contingente a la sede del Poder Legislativo del estado, antes de su entrega a los diputados; expone que desde el pasado 27 de marzo la Asamblea General del Ejidatarios de Cedros determinó bloquear los accesos principales de Mina Peñasquito “porque no atiende a sus compromisos pactados con nuestra comunidad y con la Unión de Transportistas y Trabajadores de Mazapil”.

Agrega que “desde hace siete años no contamos con agua por al agotamiento de nuestro manantial” debido a la actividad minera, y solicita que se verifiquen en aquel lugar “los alarmantes niveles de contaminación y estragos en el agua, en el territorio, en el medio ambiente y en la salud”.

Con ese sustento quieren que los diputados locales les apoyen ante la Federación “para que se tomen cartas en el asunto”.

Proponen a su manifestación como “un llamado a la legalidad y respeto a los derechos humanos y normas ambientales que se estipulan en nuestra Carta Magna, y que al día de hoy de manera sistemática son violentados por esta empresa trasnacional”.

El documento concluye con un mensaje en el que conminan a que “asuman los intereses de Zacatecas y especialmente de quienes padecemos de manera directa estos métodos extractivistas de Minera Peñasquito”.

El texto fue dirigido en copia asimismo, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el gobernador Alejandro Tello Cristerna; y los senadores José Narro Céspedes, Napoleón Gómez Urrutia y Geovanna Bañueños.

Mesa de negociación en 
Segob y Godezac como garante
Felipe Pinedo informó que se espera para hoy la instalación de una mesa de diálogo con la presencia del subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, y a la que se sienten entre otros por parte de Mina Peñasquito, Michael Harvey, director de asuntos institucionales de Newmont-Goldcorp, así como una comisión negociadora integrada por el comisariado ejidal de Cedros, Rigoberto López Martínez, y él mismo.

Las demandas principales, reiteró, es que se restablezca el agua “que no existe ni en el pozo de agua potable de la comunidad ni en el manantial”, se indemnice a la gente por el agotamiento de los mantos friáticos, y se regrese el empleo a los 200 trabajadores de la Unión de Transportistas de Mazapil.

Dijo que “nunca han roto” el diálogo con Gobierno del Estado, pero ayer declinó la invitación a una mesa para ello convocada por Jehú Eduí Salas Dávila, secretario general de Gobierno, señalando que luego de haber sido ignorados por las autoridades estatales en su demanda de la solución de este conflicto por meses, decidieron buscar las instancias federales, donde Olga Sánchez Cordero ya instaló una mesa de negociación, por lo que acudir con Gobierno del estado sería “un retroceso”.

No obstante agregó que Salas Dávila es bienvenido a esa mesa en caso de que quiera constituirse como garante de lo que allí se acuerde.

También con la Federación se están revisando dijo las actuaciones en este asunto de Profepa y Semarnat, “porque entendemos que en anterior gobierno la corrupción permeaba y otorgaba reconocimientos que no existen en favor de estas empresas ecocidas”.

Dijo que están pidiendo que se les verifique de nueva cuenta ahora por el gobierno de la 4T, y solicitó que se norme a la empresa extractiva mediante auditorías ambientales y administrativas.

Mencionó al respecto que tienen en su poder para estudios ambientales tanto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como del Centro del Agua del Tecnológico de Monterrey, que han puesto sobre la mesa de negociación que se ha abierto por la Segob en la Ciudad de México, “demostrando que sí tenemos la razón”.

Sobre el señalamiento de que el cerco a Peñasquito afecta 20 mil empleos, según el dicho de la empresa, Felipe Pinedo dijo que en ella trabajan 6 mil 300 personas, 450 de las cuales proceden de los cuatro municipios de la región, y únicamente 140 del Ejido de Cedros.

En la marcha de ayer hubo un conato de bronca al momento en que el reportero Andrés Vera, de Periómetro, se acercó a la vanguardia del contingente. En esa zona ya se manifestaba mediante pancartas el rechazo con el manejo informativo del periodista sobre este conflicto. El comunicador señaló el hecho como un acto de represión.

Sobre la ausencia ayer de José Narro, líder histórico del FPLZ, en la manifestación, se informó, que se encuentra en Washington en una comisión referida al T-MEC.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/08/marchan-mil-500-personas-en-contra-de-la-mina-penasquito-de-goldcorp-newmont/?platform=hootsuite

Latinoamerica

Transnacionales mineras: la segunda “colonización” en América Latina

Mujeres defensoras de derechos humanos, procedentes de América Latina, concordaron en que los proyectos extractivos transnacionales se han convertido en la segunda colonización de los pueblos del continente, que las mujeres continúan siendo las más vulnerables, en la lucha social de sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades.

Convocadas al IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), mujeres defensoras de Bolivia, Perú y Haití, expusieron las duras circunstancias en que viven las poblaciones, a la sombra de proyectos mineros, que lejos de generar progreso en las comunidades han roto el tejido social y generado violencia en su interior.

La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú, la conocen también como “tierra de nadie”, que coloca a la mujer en un riesgo grave permanente, en donde el dominio masculino y las leyendas heredadas vulneran sus derechos individuales.

Leny Olivera, quien trabaja en Democracy Center Bolivia, habló sobre la criminalización del movimiento social y cómo las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos, señalando casos graves en Bolivia y Perú, que termina condenándolas a vivir permanentemente, en pobreza extrema, excluidas socialmente por reforzamiento de  patrones culturales.

Olivera habló sobre La Rinconada (Perú), un proyecto minero que se enclava a cinco mil 100 metros sobre el nivel del mar, que se considera uno de los lugares más altos en el mundo.

“En La Rinconada se refuerza el machismo que nos llegó con la Colonización, además de otras formas de dominación, hacia las mujeres, a través  los  mitos (invenciones) que se van construyendo socialmente. Y no significa que sea parte de la cultura andina, pero, en La Rinconada, las mujeres están expuestas a riesgos y peligros, porque los mineros aseguran encontrar el mineral más fácil si tienen relaciones sexuales o violan a mujeres jóvenes vírgenes o sea, de menos de 20 años. Entonces, en estos lugares se encuentran muchas mujeres jóvenes, a las que llevan con engaños o promesas de trabajo, que ya estando allí son vulneradas o pueden ser violadas por extranjeros, gente que no son del lugar y luego quedan estigmatizadas, no pueden salir fácilmente y se incrementan las experiencias de prostíbulos, la trata y tráfico de personas, te pueden botar hasta en el río y nadie puede reclamar. Es como si la vida de las mujeres no valiera nada”, relató.

A esa situación se suma que  muchas mujeres están comenzando a trabajar, al interior de las minas y no por decisión propia, han quedado viudas, otro grupo son madres solteras. Entonces tratan de buscar un sustento para sus familias, pero son repelidas por los mineros.

“Los mineros dicen que las mujeres no puede entrar a la mina, porque se va a enojar o se pondrá celoso el tío, dicen. El tío es una deidad que los mineros tienen al que invitan a beber alcohol o pichar coca (hojas de coca en la boca), para evitar que les pase una desgracia dentro de la mina y aunque no puedo generalizar que todos los mineros son así, pero en La Rinconada, la vida llega a ese extremo”, aseveró.

En cuanto a la vivencia de la segunda colonización, Olivera reiteró que es una “invasión”, que lleva al riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y Pueblos Indígenas o afrodescendientes y en especial las mujeres y las defensoras de derechos.

“El contexto es igual, simplemente los actores han cambiado, son empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que tienen control e intereses para beneficiar minorías acaudaladas, de países del Primer Mundo, a costa de la explotación y subordinación de las poblaciones en América Latina, entonces, todos los acuerdos a nivel internacional que en teoría defienden los derechos humanos de indígenas y comunidades son limitadas, pero la resistencia sigue estando presente en la lucha en América Latina, en donde muchos mueren en defensa de sus territorios”, reconoció Olivera.  Mientras, Joseline Colas Noel, de JPIC Haití, narró como están destruyendo el ecosistema de la isla y cómo influye que el territorio sea víctima de muchas catástrofes, señalando como un proyecto minero que abandonó su equipo con restos de cianuro, continúan contaminando a la población y recursos naturales.

“Nos preocupa que compañías internacionales estén interesadas en la explotación de minas de Haití. Explotaciones de minas que no aportan nada al país. Solo entre 1996 a 1997, el Estado ha dado 57 permisos de explotación que representa el 15 % del territorio haitiano. En donde viven 11 millones de habitantes, la situación es difícil, y la situación política mucho más, cuando la población entendió que los fondos de PetroCaribe, no han sido utilizado en bienestar social como escuelas, hospitales y servicios básicos”, manifestó.

Sobre  reformas jurídicas, Angie Lee Gardy, del Grupo de Apoyo a Refugiados de Haití, enfatizó, que la propuesta de una nueva Ley de Medio Ambiente (1976), no garantiza la protección del agua, suelo y aire. Ni responsabiliza a las empresas a reparar daños ocasionados al territorio y tenemos empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.

“Han elaborado un anteproyecto de ley de mina incompleta, que quita los derechos y autoridad al parlamento, y crea la Autoridad Minera, que sería la única  que daría los permisos, donde la empresa puede explotar todo lo que encuentre en esa área, si hay un río, pues lo toma y no tiene que reportarlo a ninguna otra institución del Estado, al generar daños al medio ambiente. Es una situación grave, aunque no ha sido firmada por el parlamento, consideramos que Haití puede desaparecer”, puntualizó.

Fuente: https://www.diariocolatino.com/transnacionales-mineras-la-segunda-colonizacion-en-america-latina/?fbclid=IwAR3DoLQVypBJ-rUVjT1bxC80sQAypPMIY70FHVsNTD0k0CjkHXYXaVANAuM

Brasil, Iglesias y Mineria

Obispo de Brumadinho: La minería nos ha dejado muchas víctimas, mucha sangre en nuestros ríos, mucha devastación y muchas muertes

Dom Vicente Ferreira, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, responsable por Brumadinho, es una persona muy sensible a los dolores de su pueblo y nos llama a reflexionar profundamente sobre el tema de la minería en nuestras comunidades. Sus declaraciones las hizo en Aparecida, durante el encuentro promovido por el Grupo de Trabajo sobre Minería de la CNBB y la Red Iglesias y Minería, este 30 de abril.

“Yo acompaño directamente al pueblo de Brumadinho, y puedo sentir en mi corazón de obispo, cómo ese pueblo está sufriendo”, manifiesta con dolor.

Dom Vicente, obispo con olor a oveja y que experimenta de cerca la tragedia de su pueblo y del medio ambiente, no tiene dudas sobre cuál debe ser el papel de la Iglesia en los territorios afectados por la minería.

“El papel de la Iglesia en este pueblo es primeramente apoyar, acoger, visitar las familias. Ayudar materialmente en todo lo que sea posible. Pero, sobre todo no perder la voz profética. La minería en Minas Gerais, en Brasil necesita ser un tema muy profundizado en la consciencia colectiva de todos nosotros. No puede ser sólo un tema lateral en los debates, es algo que hacen nuestras comunidades y por lo tanto las comunidades deben estar muy alertas y discutir para crear consciencia que la minería es un asunto muy serio. Porque nos ha dejado muchas secuelas, muchas víctimas, mucha sangre en nuestros ríos, mucha devastación y muchas muertes. ¿Por qué tiene que ser así?

Cuando termine la actividad minera, se pregunta Dom Vicente Ferreira, ¿Qué pasará en nuestras comunidades? “cuando termine todo eso, nosotros vamos a tomar los minerales, pero el agua cómo queda, ¿qué hacemos con ella?… Entonces, vean cuantas preguntas debemos responder como cristianos a la luz del Evangelio. Y yo que estoy allá en la región de Brumadinho, puedo dar este testimonio. Por favor, Reflexione y comprométase con nosotros«,

 
 
Internacional, Mexico

México y Canadá continúan colaboración para imponer más proyectos mineros

De acuerdo con el reporte “Survey of Mining Companies 2018” del canadiense Instituto Fraser, México ya pasó del lugar 44 al 29 en el índice de atracción de inversión para el sector minero.

Y para Canadá, Mexico parece ser particularmente atractivo: de enero a septiembre de 2018, las mineras canadienses invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares según el padrón de inversión extranjera.

Para el tercer trimestre del 2018, el sector minero contaba con 176 compañías canadienses, además de 45 empresas de Estados Unidos, 13 con capital chino y 10 con capital australiano, según el prontuario de la Industria Minero Metalúrgico de la Secretaría de Economía (SE).

“Estamos dentro de los cuatro inversionistas más importantes de México. Sin embargo hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo vamos a traer más inversionistas a México y viceversa”, declaró Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, quien fue uno de los invitados especiales a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.

Mexico Mining Day”

En los primeros meses del 2019, los países siguieron trabajando de la mano para fomentar más inversiones mineras en México. Del 3 al 6 de marzo se llevó a cabo en la ciudad de Toronto un evento de promoción minera llamado “Prospectors & Developers Association of Canada” (PDAC, por sus siglas en inglés). El foro reunió a compañías mineras, empresas proveedoras de servicios, desarrolladores, geo-científicos, consultores, ejecutivos, autoridades, directivos de instituciones financieras y legales de la industria minera, provenientes de más de 130 países.

En el marco de este evento, el gobierno mexicano organizó el Mexico Mining Day, en el que participó la Secretaría de Economía (SE) con una delegación encabezada por el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga. Lo acompañaron la directora general de Minas, Laura Díaz; la directora general de Desarrollo Minero, Yvonne Stinson; el director general del Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), Alfredo Tijerina, y la directora general del Servicio Geológico Mexicano, Flor de María Harp.

Con su participación, la SE se dio a la tarea de fortalecer la promoción de nuevos proyectos mineros en el país y captar inversores en exploración minera en Latinoamérica y a nivel mundial.

“Las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país, tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país”, dijo Quiroga.

México también aprovechó el evento internacional para presentar una nueva herramienta digital llamada GeoInfoMex y desarrollada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), con el propósito dar a conocer el potencial minero del país a inversionistas y así incentivar las inversiones.

Consulten la plataforma aquí: https://www.sgm.gob.mx/GeoInfoMexGobMx/

La plataforma proporciona información muy detallada que incluye datos sobre yacimientos de minerales, estudios metalúrgicos, geología, presencia de proyectos y empresas mineras pero también sobre la situación hidrológica y sísmica, la existencia de áreas naturales protegidas o la repartición de núcleos agrarios, vegetación o usos de suelo a lo largo y ancho del país.

Minería ¿“más allá de la simple sustentabilidad”?

El discurso que han adoptado las autoridades mexicanas y canadienses es el de la “sustentabilidad”. De hecho, el lema del año para el PDAC era “Mining beyond simple sustainability”, o en español: “Minería más allá de la simple sustentabilidad”.

El subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, invitó a los inversionistas a hacer una minería que contribuya al estado de derecho y al desarrollo social. Así mismo, hizo un llamado a evitar el daño, mediante la aceptación de las consultas públicas, la protección ambiental y el respeto a los derechos humanos.

“La vida humana, los desastres naturales, y el gobierno como un regulador imparcial, no son negociables”, señaló el funcionario.

Sin embargo, la realidad permite dudar de esas afirmaciones.

El Senado desecha la propuesta de modificación de la Ley Minera

A finales de marzo, tan sólo unas semanas después del evento de Toronto, el Senado mexicano desechó una iniciativa de modificación a la Ley Minera que pretendía otorgarle a la SE el poder de cancelar concesiones mineras y declarar zonas “inviables de explotación” o “en conflicto por impacto social negativo”.

“En materia presupuestaria se encontró que la iniciativa es incompleta, ya que no se define el costo fiscal que implican tanto las nuevas funciones asignadas a la Secretaría de Economía y al Servicio Geológico Mexicano, así como las posibles cancelaciones mineras por el impacto de las medidas añadidas”, señala el desechamiento de la iniciativa.

“No se establece un procedimiento preciso para la determinación de ‘Zona Inviable de Explotación o en Conflicto por Impacto Social Negativo’; de igual manera, no se especifica si aplica para las existentes o las nuevas concesiones que se asignen a partir de la promulgación de esta Ley. Siendo el caso para todas, incluyendo las existentes, estaríamos ante una violación de derechos constitucionales”, advierte el argumento contra la propuesta de ley.

La iniciativa quedó desechada y archivada como total y definitivamente concluida.

Las mineras canadienses involucradas en muchos casos de violaciones de los Derechos Humanos

Por otro lado, las empresas mineras canadienses representan el 40 por ciento de las grandes operaciones mineras en América Latina, y durante mucho tiempo han habido acusaciones de abuso en sus operaciones en el terreno.

Los conflictos han crecido a medida que la exploración se ha intensificado, dice Shin Imai, profesor de derecho en la Universidad de York y director del Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa. Entre 2000 y 2015, hubo presuntos casos de violencia y actos delictivos que involucran a 28 empresas mineras canadienses en América Latina , incluidas 44 muertes y 403 lesiones, según los registros del grupo del profesor Imai.

Joe Fiorante es el abogado de los demandantes en dos juicios que acusan a mineras canadienses de actos de violencia en contra de la población en Guatemala. Él expresa: “Existe la percepción de que las empresas canadienses son más responsables social y ambientalmente porque son canadienses, pero podemos ver que están involucradas en algunas denuncias muy graves de abusos contra los derechos humanos”.

En una columna editorial del New York Times el comentarista mexicano Jaime Porras Ferreyra asegura: “Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social”.

Finalmente, para Cesar Padilla, vocero del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), “la minería canadiense llegó acá con un discurso de minería limpia, de ayuda al desarrollo, y finalmente no cumplieron la mayoría de las promesas y compromisos que hacían”.

Fuente: https://avispa.org/mexico-y-canada-continuan-colaboracion-para-imponer-mas-proyectos-mineros/?fbclid=IwAR0WjmrlYt-jM0iMo7GING18siXSWaLLaNVlDfFSvfxA92C97z-ty5d4NrE

Chile

Megaproyecto Dominga ya fue rechazado y Corte Suprema deberá ratificarlo: Peligros, oportunidades y desafíos

En este artículo quiero proponer una breve reflexión de cómo enfrentar un conflicto que sigue abierto, que no ha cerrado y que está esperando ser gatillado para causar la alegría de algunos o la indignación de otros.

A fines de este año seremos sede de la próxima reunión de Conferencia de las Partes (COP) de Naciones Unidas, más conocida como COP25, la cual busca impulsar políticas activas para cuidar y proteger el planeta. El Gobierno de Piñera ha puesto algunos temas como el cuidado de los océanos y la Antártica (y otros) sumado a un Consejo Presidencial COP25, más bien técnico-político, porque no está la ciudadanía o dirigentes socioambientales. Pero en cualquier caso, se realizará y buscará tomar acuerdos planetarios sobre temas fundamentales para la sobrevivencia global. En contraposición, movimientos socioambientales están levantando la Cumbre de los Pueblos 2019. Ella propone una agenda antineoliberal y de justicia climática. Pero por qué menciono esto, bueno, porque en Chile parecemos funcionar fuera de la regla: ¿qué sucederá si la sentencia de la Corte Suprema no acoge los alegatos de la oposición al proyecto? Las autoridades actuales deberán aprobarlo o no en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. Y bueno, solo recordemos las declaraciones de la Intendenta Lucía Pinto al momento de aprobar el Plan Regulador Intercomunal Elqui (PRI), contando con el apoyo de la Cámara Chile de la Construcción, los alcaldes de la conurbación y diputados de la derecha de la región (y sin la participación ciudadana, esa es la regla en Chile): la Intendenta señalaba que Dominga podía ser aprobada con mayor facilidad con este PRI. Y bueno sumando más antecedentes, todos los miembros de su coalición se han mostrado a favor porque necesitan de este proyecto para seguir sustentando su discurso de “trabajo” (precarizado y sin mejores sueldos), “desarrollo” (para los ricos) y “seguridad” (para ellos).

¿Qué sucedería? Nuevamente Chile perdería credibilidad internacional (como pareciera ser la tendencia en este Gobierno): pierde la comuna de La Higuera y sus comunidades, el trabajo sustentable realizado durante todos estos años por los pescadores artesanales, el turismo, pierden los animales, la flora, las aguas. Este es el gran peligro.

Pero, ¿las oportunidades? Las hay y las conocemos. La zona lleva más de 11 años en constante conflicto (en 2010 lo fueron las tres termoeléctricas “Barrancones” y hoy lo son Cruz Grande y Dominga), erosionando la convivencia del territorio y polarizando a las familias. Sin embargo, si observamos la evolución del conflicto, nos encontramos con varios hitos importantes durante este 2019:

(1) La creación de Alianza Humboldt es un giro estratégico fundamental: Con el objetivo de proteger el Archipiélago de Humboldt a corto y largo plazo, organizaciones (ONG’s, movimientos sociales) de la región y todo Chile, se han unido en red para generar una política de conservación definitiva para uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad. (2) El aumento de la organización y acciones públicas: durante este año, hemos sido testigos de diferentes acciones colectivas del movimiento socioambiental para concientizar y hacer presión a las autoridades que los proyectos no se deben aprobar: tales como, campañas en redes sociales, representantes en radios durante febrero y marzo; dos velatones; en marzo reunieron a más de 300 personas en el Faro de La Serena para hacer con los cuerpos un gran #NoADominga; y recientemente en abril, realizaron una Marcha del Pingüino.

Todas estas acciones, desarrollan la creatividad de un movimiento que vive a pulso, pero que posiciona estratégicamente (sin develar sus pasos) a nivel local y nacional, un proyecto mayor: éste proyecto mayor cuestiona cómo nos estamos relacionando como humanidad con la naturaleza, y necesitamos cambios estructurales e individuales en el hoy. Allí radican los desafíos. Los desafíos entonces, son sin duda llegar acuerdos internacionales en la COP25 (y que cada país los cumplan) pero también debemos poner atención a los planteamientos de los activistas y movimientos sociales que lo dicen con cansancio una y otra vez, hay una agenda “contra el cambio climático que se agotó y que no es suficiente”. La Cumbre de los Pueblos, Alianza Humboldt y todas las acciones anteriormente mencionas, nos entregan luces claras de un futuro más próspero pero eso significa poner sobre la mesa los intereses colectivos y comunes por sobre los económicos (del mercado internacional): sin la ciudadanía y organizaciones sociales, es imposible que estos intereses sean defendidos y promovidos. Necesitamos a estos actores en primera línea, necesitamos que estos actores sean escuchados por las autoridades, allí radican también nuestros desafíos y oportunidades.

El futuro del megaproyecto Dominga aún es incierto. Día a día estamos esperando el fallo oficial de la Corte Suprema porque sabemos que ahí se juega el futuro de la humanidad también. Estamos atento y conscientes, y también estamos dispuestas y dispuestos a colaborar y concretar que esas oportunidades sean viables para la región de Coquimbo y Chile.

Perú

Tía María: Confiep afirma que Southern Copper ya tiene «licencia social»

Le meten presión al Gobierno. Tras las declaraciones del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, que dijo que para la ejecución del proyecto minero Tía María en Arequipa es necesario un «espacio favorable», para lo que se debe buscar un «consenso mayor» en la población local, la presidenta de la Confiep, María León, cuestionó esta afirmación y señaló que la minera mexicana Southern Copper ya tiene lo que ella llamó «licencia social«.

«Quisiera entender qué es «mayor consenso«. Los proyectos mineros deben hacerse en armonía con las comunidades y entiendo que la empresa ha hecho su trabajo con la población local, se han acercado y tienen una «licencia social» que le permite sentirse listos para que le den la licencia de construcción. […] No entiendo cuál es la razón, qué respuesta esperan de la población, cuál sería el indicador», dijo en entrevista a Canal N.

En agosto próximo, se vence el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. Por ello, el gremio empresarial espera que, antes de esa fecha, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) le de licencia a Southern para que construya la mina. En caso esto no ocurra, la empresa minera tendría que elaborar un nuevo EIA, lo cual postergaría el inicio de las obras por un año más.

La semana pasada, en conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú, el titular del MEM dijo que espera que este 2019 se otorgue la licencia para el inicio de la construcción de la mina, pero precisó que «darle la autorización a la empresa no implica inmediatamente una construcción«.

«Así tenga permiso, no es que de inmediato recibe autorización de concesión y al día siguiente empieza a construir, porque si no se da espacio favorable a la inversión lo más probable es que se tenga un conflicto«, dijo.

«Sabemos que los proyectos no pueden ser impuestos, nunca ha habido buenos resultados en la imposición de los proyectos; por eso, no se busca unanimidad, pero sí se busca un consenso mayor en el desarrollo del proyecto, eso es al margen de la aprobación administrativa», agregó, según citó Gestión.

En marzo pasado, el CEO de Southern, Óscar Gonzalez Rocha, dijo a El Comercio estar confiado en que el Gobierno le iba a otorgar licencia de construcción de la mina antes de agosto próximo. El empresario minero dijo que había «falta de decisión» en el Ejecutivo para expedir la licencia. Además, afirmó que actualmente el clima social en el Valle de Tambo es «mucho mejor».

Recordemos que, en el 2009, Southern Copper presentó el EIA de Tía María y este recibió 136 observaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos (UNOPS), lo que generó protestas durante el gobierno de Alan García en el 2011, cuando lamentablemente tres ciudadanos perdieron la vida víctimas de perdigones disparados por la Policía Nacional. Otra protesta se realizó durante el gobierno de Ollanta Humala en el 2015, cuando otros dos ciudadanos murieron por la represión policial en Islay. En ese momento, Humala puso en «modo pausa» el proyecto, ya que dijo no poder suspender ni cancelar la inversión. Los agricultores del Valle de Tambo se oponen al proyecto porque temen que sus campos de cultivo se contaminen con la actividad extractiva.

El proyecto Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa. Se estima que la mina produzca 120 mil toneladas de cobre por año. Para su construcción, se invertirán 1, 400 millones de dólares. En principio, el inicio de sus operaciones estaba planeado para finales del 2011, pero ya han pasado ocho años y el proyecto no se ejecuta debido a la oposición ciudadana.

Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2019/05/06/tia-maria-presidenta-confiep-maria-leon-licencia-social-mayor-consenso-ministro-francisco-ismodes/jorgepaucar/

Perú

Sobre el Proyecto de Amnistía: ¿Y dónde queda la criminalización de la protesta social?

El Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, y el congresista Richard Arce, han informado que uno de los acuerdos suscritos en la Mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas-Apurímac (caso Las Bambas), ha sido el de la presentación -en un plazo no mayor de 30 días- de un Proyecto Ley de Amnistía para las y los comuneros que han sido criminalizadxs durante el conflicto social de Las Bambas. Se refiere que habría un número que va de 300 a 500 dirigentxs criminalizados.

Ciertamente, el acuerdo evidencia la voluntad de las partes de la Mesa de dar una salida a un problema que confronta y entrampa a las distintas partes del conflicto Las Bambas. Sin embargo este acuerdo llama a preocupación en varios sentidos:

Primero, ya la Comisión y la Corte IDH han emitido varias resoluciones y acuerdos recomendando a los estados a no hacer uso de figuras jurídicas como las de las amnistías, pues en la región este recurso casi siempre ha favorecido situaciones de impunidad frente a graves delitos de derechos humanos.

Segundo, el otorgamiento de la amnistía y su aceptación por parte de lxs amnistiadxs, implica el reconocimiento implícito de la comisión de un delito, pues citando a la CIDH la “…amnistía es el olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Es decir, se terminaría avalando la estrategia de criminalización de la protesta social que ha convertido el derecho a la protesta y la libertad de expresión, en los contextos de conflicto social, en delitos.

Y lo tercero, como en otros casos, se pretende ir sobre la rama y extraviarse en el bosque. Las autoridades y representantes involucradxs deben tener en cuenta que la criminalización de la protesta social en el Perú ha generado problema social y de injusticia flagrante, que ha conducido hasta este momento a más de 800 defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema de justicia. La exigencia en el presente caso, como también en el conjunto de casos de criminalización de la protesta, es la de garantizar los derechos y libertades de quienes hoy son injustamente criminalizadxs. No podemos convivir con estrategias legales orientadas a limitar y someter las libertades y derechos de las personas.

No es posible evadir una demanda justa que surge del pésimo tratamiento del conflicto de Las Bambas. Por el contrario su atención debe darse en el contexto del abordaje riguroso e integral a un marco institucional punitivo que ha precarizado los derechos humanos en el Perú. Esperamos respuestas en este sentido….!!!

Fuente: http://derechosinfronteras.pe/sobre-el-proyecto-de-amnistia-y-donde-queda-la-criminalizacion-de-la-protesta-social/?fbclid=IwAR2u0u13LUKced3RmCOTyDvmNHkYle7r57k1EuuCrJm5q6wO8AtKqe5Uwpo

Brasil, Internacional

Dizer que povos indígenas estão sentados sobre imensas reservas minerais é racismo puro e simples.

No debate sobre a mineração em terras indígenas, “o Canadá está alguns passos à frente do Brasil” e “as universidades têm desempenhado um papel importante no sentido de estimular a reflexão franca e o debate aprofundado sobre a mineração em terras indígenas, aproximando governos, empresas e povos indígenas em seminários acadêmicos”, diz Leonardo Barros, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, à IHU On-Line. “Não tenho conhecimento de que os pronunciamentos do governo brasileiro no sentido de liberar a mineração em terras indígenas tenham dado ensejo a um grande debate acadêmico, ou mesmo na esfera pública mais ampliada, por aqui”, diz, ao comentar as iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, favoráveis à exploração mineral em terras indígenas.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, o pesquisador informa que o Canadá, assim como o Brasil, tem “uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do Ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas ‘Primeiras Nações’ (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país”, e que os dois países “comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas” e “buscaram, por métodos diferentes, ‘integrar’ suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora”.

Leonardo Barros é autor da tese “(Un)changing Indigenous land claims: evidences from a cross-national comparison between Canada and Brazil” ((I)mutáveis reivindicações de terras indígenas: evidências de uma comparação transnacional entre Canadá e Brasil – tradução livre), que apresenta um estudo comparativo acerca de como indígenas canadenses e brasileiros têm participado das políticas indigenistas de seus países e atuado em suas terras, e de como empresas e instituições federais têm se envolvido nos processos de extração mineral em terras indígenas. Entre as diferenças que envolvem o reconhecimento das terras indígenas nos dois países, Barros pontua que “os territórios indígenas canadenses são reconhecidos por meio de um tratado assinado entre governo e povos indígenas e, neste acordo, são esclarecidos os termos relativos à possibilidade de empreendimentos econômicos, incluindo atividades de mineração. Já as terras indígenas brasileirassão reconhecidas mediante um processo constitucionalizado que finda com um conjunto de direitos imediatamente reconhecidos, não passíveis de negociação bilateral entre povos indígenas e corporações”.

De acordo com ele, embora do ponto de vista legal as terras indígenas canadenses estejam “mais abertas a empreendimentos econômicos do que as terras indígenas brasileiras”, não há consenso entre as comunidades canadenses sobre o tema. “Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas”, conta. Já os que são contrários à atividade mineral em terras indígenas “apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos”, afirma.

Ao comentar a discussão sobre a possibilidade de legalizar a atividade minerária em terras indígenasdo lado brasileiro, Barros frisa que “o Brasil é um dos poucos países do mundo em que ainda hápovos indígenas em isolamento voluntário, sem contato algum com a sociedade circundante, e que decidiram assim permanecer. O Estado brasileiro tem o dever constitucional de proteger esses povos. A mera perspectiva de abrir os territórios em que estes povos habitam para empreendimentos minerários parece-me aterradora. Não vejo como isso não possa significar outra coisa que não o genocídio destes grupos”. Na avaliação dele, a experiência indígena no Canadá “ajuda apenas em parte”, porque “olhar para o Canadá como um bom modelo da relação entre povos indígenas e mineração deve ser visto com prudência e com análise detida em cada caso concreto”.

Leonardo Barros Soares é psicólogo formado pela Universidade Federal do Ceará – UFC, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou estágio doutoral em 2017 na Université de Montréal junto ao Centre de recherche sur les politiques et le développement social – CPDS. É membro do Réseau d’études latino-américaines de Montréal – RÉLAM e desenvolve pesquisas na área de democracia participativa, instituições participativas, teoria deliberacionista, política urbana, etnopolítica, política indigenista comparada, povos indígenas americanos, movimentos sociais e associativismo étnico e políticas de reconhecimento territorial indígena.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?

Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – Desde quando empresas de mineração atuam em terras indígenas no Canadá? Qual é o marco legal que regulamenta esse tipo de atividade e como se chegou a essa decisão?

Leonardo Barros – Antes de mais nada, é importante esclarecer para o público brasileiro que o Canadá é, assim como o Brasil, um dos países com maior demodiversidade do globo, com uma imensa população tradicional composta pelos Inuit, os povos tradicionais do ártico, os chamados Métis, população com ancestralidade mista entre indígenas e colonos europeus e, por fim, as chamadas “Primeiras Nações” (First Nations), povos indígenas da forma como conhecemos o conceito aqui no país. Lá como cá, eles também são o segmento populacional mais subalternizado e empobrecido da sociedade. É importante começar nossa conversa mencionando este fato — que o Canadá tem centenas de povos tradicionais em seu território —, o que é uma surpresa para muita gente.

Brasil e Canadá comungam de uma história de relações ambíguas com seus povos indígenas. Ambos os países buscaram, por métodos diferentes, “integrar” suas populações indígenas ao conjunto da sociedade colonizadora e, ainda hoje, oscilam entre aproximações produtivas e distanciamentos genocidas com suas populações tradicionais.

Dito isso, cabe ressaltar que, assim como o Brasil, o Canadá é um país com forte dependência de commodities extrativistas e com forte atividade minerária em seu território e em outros países, inclusive no Brasil, por meio de empresas tais como a Yamana Gold e a Lundin Mining, para ficarmos em apenas dois exemplos. Como não poderia deixar de ser, estas atividades impactam sobremaneira os povos tradicionais por lá também.

Mineração no Canadá

Não há uma legislação federal sobre a mineração no Canadá e a matéria é largamente regulada pelas províncias, que gozam de maior autonomia que suas contrapartes brasileiras. Assim, diversos tipos de licenças e procedimentos são requeridos a depender da província, do metal a ser explorado e do porte do empreendimento. Em todo caso, há um interesse comum entre governos provinciais e governo federal para a exploração mineral no território canadense, e a atividade conta com gordos subsídios, além de diversas facilitações para que os empreendimentos ocorram.

A maioria dos povos indígenas canadenses só teve maior contato com a mineração a partir da década de 1970, com algumas exceções de povos que convivem com a atividade há gerações. Até aquela época, os povos indígenas canadenses pouco ou nada podiam fazer quando da determinação de um empreendimento minerário em seus territórios. No entanto, a partir de 1975, com a edição do primeiro tratado de reconhecimento territorial indígena moderno, o James Bay and Northern Quebec Agreement, os povos CreesInuit e Naskapi ganharam um maior controle sobre decisões relacionadas à mineração em seus territórios. Esse entendimento foi reforçado em 1978, a partir do relatório Berger recomendando a não instalação do Mackenzie Valley Pipeline sem a consulta prévia aos indígenas afetados. De lá para cá, artigos regulando atividades de mineraçãoforam incluídos em diversos tratados territoriais.

Mineração em terras indígenas canadenses

mineração em terras indígenas canadenses também é limitada por sucessivas decisões da Suprema Corte Canadense, tais como a Haida/Taku ou a recente decisão Ross River Dene Council, da corte de apelação do Território Yukon, que estabelecem a obrigatoriedade de uma consulta esclarecida com os povos indígenas para sua participação na definição da melhor alocação dos recursos naturais presentes em suas terras. Na prática, no entanto, há alguns grupos que se queixam de que os governos provinciais e federal não protegem seus interesses, o que os deixa desamparados frente às propostas feitas pelas grandes empresas de mineração.

Por outro lado, há também lideranças de alguns povos tradicionais que entendem que as companhias estão mais bem posicionadas para avaliar os impactos sobre os povos indígenas e são mais flexíveis em negociações diretas do que os governos. Essa negociação direta entre companhias e povos indígenas é que é a regra por lá.

IHU On-Line – Em artigo recente o senhor disse que existem “modelos bem-sucedidos de parceria entre mineradoras e povos indígenas” no Canadá. Pode nos contar como são feitas essas parcerias, que áreas as mineradoras exploram e por que, na sua avaliação, elas são bem-sucedidas?

Leonardo Barros – Para entender a “parceria” entre mineradoras e povos indígenas por lá, é relevante saber que desde meados do século XIX, após uma forte intervenção do governo nas estruturas tradicionais de organização dos povos indígenas, hoje muitos deles se organizam em “conselhos” que assumem uma forma “quase-municipal” com eleições regulares, estrutura administrativa, assessorias, departamentos, critérios de membresia, jurisdição sobre alguns assuntos etc. Assim sendo, não é de se estranhar que essas estruturas administrativas considerem, muitas vezes, os royalties da mineração como uma importante fonte de renda.

Diante das precárias situações de qualidade de vida experimentadas por muitos povos indígenas canadenses, incluindo altos índices de desemprego, a mineração pode aparecer, no melhor cenário, como uma oportunidade de aumento da renda coletiva e eventualmente da melhoria da infraestrutura comunitária. Além disso, a estratégia de resistência de qualquer grupo social subalternizado pode passar pela ideia de que se a mineração, ou qualquer outro empreendimento de grande porte é inevitável, que ao menos se possa, então, garantir o melhor aproveitamento possível para o grupo atingido.

Quando falo de parcerias bem-sucedidas, me refiro exatamente ao fato de que, diante do empreendimento, povos indígenas politicamente mais organizados e coesos foram hábeis em negociar acordos mais benéficos para si. Estes acordos, chamados de forma geral de “IBAs” (Impact and Benefit AgreementsAcordos de Impacto e Benefício, em tradução livre) ou ainda de “SEPAs” (Socio-economic Participation Agreements, terminologia utilizada pela Aboriginal Mining Corporation e que significa Acordos de Participação Socioeconômica, em tradução livre), contratualizam a relação entre mineradoras e povos indígenas e já passam de cem acordos firmados, hoje em dia, em diversas regiões do país. Os governos provinciais e federal entram como responsáveis fiduciários.

Entre os exemplos mais notáveis está o caso do acordo que deu origem ao reconhecimento do imenso território de Nunavut, que prevê, em seu artigo 26, do IBAs, que “promovam os objetivos culturais Inuit e aumentem seu padrão de vida”. O acordo sobre a mina Raglan, realizado entre os Inuit e a Societé Minière Raglan du Québec Ltée em 1995, também previa a contratação prioritária de Inuits qualificados para trabalhar na mina, o estabelecimento de um comitê para a supervisão contínua do empreendimento, um representante do povo tradicional no conselho de direção da empresa e uma indenização de 60 a 100 milhões de dólares canadenses, mais a distribuição de royalties e de lucros e dividendos. Outro exemplo de sucesso é a parceria entre o Grande Conselho dos Crees e a Goldcorp Inc. em 2011 para o desenvolvimento e operação do chamado Éléonore Gold Project.

Além disso, poderíamos citar a comunidade Moose Cree, na província de Ontário, que se tornou parceira de negócios da Ontario Power Generation na construção de uma hidrelétrica no rio Mattagami. A comunidade de Fort McKay, em Alberta, se beneficiou dos empregos gerados pela exploração do xisto betuminoso na região. Aliás, a indústria da mineração é potencialmente o maior empregador de indígenas por lá. Os exemplos são múltiplos, mas ainda não há uma apreciação de conjunto sobre a questão de forma mais aprofundada. A pesquisa acadêmica sobre o assunto ainda é inicial por lá, ao passo que é virtualmente inexistente por aqui.

IHU On-Line – De outro lado, quais são os conflitos existentes no Canadá entre os povos indígenas e as mineradoras?

Leonardo Barros – Os povos indígenas canadenses têm uma longa história de movimentos de resistência contra governos e corporações, potencializados a partir de 1960 e recentemente reeditados no chamado movimento Idle No More em 2013. Diga-se de passagem, um dos desencadeadores desta que foi uma das maiores mobilizações indígenas em todo o mundo foi, justamente, a proposta de mudança na legislação ambiental e na de águas navegáveis do Canadá, o que beneficiaria enormemente empresas de exploração de recursos naturais em detrimento das formas tradicionais coletivas de gestão dos territórios e das águas indígenas.

A resistência aos projetos de exploração de recursos minerais no Canadá assume várias formas, desde os tradicionais protestos de rua até formas mais complexas, como o recente caso em que os Kw’alaams rejeitaram, por meio de um referendo, um projeto em parceria com a multinacional Petronas para a construção de um terminal de exportação de gás liquefeito na costa noroeste da Colúmbia Britânica no valor de 1,5 bilhão de dólares canadenses.

O repertório de ação coletiva dos grupos é variado, indo desde forte presença midiática até ações mais diretas, tais como bloqueio de estradas ou confronto direto com forças de segurança, passando por lobby organizado sobre parlamentares, marchas e atividades de cunho simbólico, como rodas de dança e cantos tradicionais.

IHU On-Line – Como os indígenas canadenses têm se pronunciado sobre a extração de minério em suas terras? O que dizem os indígenas que são favoráveis a essa prática e os que são contrários?

Leonardo Barros – Não há uma voz unificada dos povos indígenas e demais povos tradicionais sobre esse tema, como também não há, diga-se de passagem, no Brasil. O que há é a organização em associações mais ou menos representativas, tais como a Assembleia das Primeiras Nações (Assembly of First Nations) e os conselhos de líderes de cada povo, variando de região para região. Em resumo, o panorama político é complexo e resiste a uma generalização.

Algumas lideranças dos povos tradicionais que embarcam em parcerias com empreendimentos minerários argumentam que as relações entre as partes não precisam ser, necessariamente, conflituosas, e que um relacionamento mutuamente benéfico pode ser obtido quando da consideração, a sério, do ponto de vista destes povos no desenho e na implementação dos projetos. Estas lideranças, em conjunto com executivos de mineradoras, buscam um acordo de boa-fé que possa, efetivamente, significar a melhoria de vida para as comunidades envolvidas. Historicamente, o governo canadense apresenta fortes déficits de investimento em infraestrutura e geração de renda e emprego nas comunidades indígenas, que observam nas parcerias a possibilidade de virarem o jogo a seu favor.

Os que se pronunciam de forma contrária apontam para os passivos ambientais que, por vezes, podem degradar uma área de forma irreversível, tornando certas atividades tradicionais inviáveis, com importantes repercussões para os modos de vida tradicionais. Também demonstram preocupação com a dependência econômica total das comunidades com relação aos empreendimentos, algo que pode ser visto facilmente aqui, no Brasil, em muitas cidades do interior. Por fim, chamam a atenção para a deficiência do Estado canadense em sua capacidade de fazer cumprir sua legislação ambiental e de direitos humanos em situações de violações destes direitos por parte das mineradoras.

El Salvador

EL SALVADOR CON DEUDA PENDIENTE HACIA EL CIERRE TÉCNICO DE MINAS

En el marco de los dos años de plazo que contempla la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la Asociación para el Desarrollo de El Salvador -CRIPDES- y la Alianza Centroamericana frente a la Minería -ACAFREMÍN- dieron a conocer en una rueda de prensa que consideran que el gobierno salvadoreño tiene una deuda sobre el cumplimiento del cierre técnico de minas en el país.

El gobierno no ha mostrado públicamente “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Guiriseros”, en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, explica un comunicado emitido a finales de abril. Al tiempo que advierte que tampoco ha presentado una propuesta para realizar el cierre de Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de 6 bocaminas en el Divisadero en Morazán y otras 9 bocaminas en la mina San Sebastián, las cuales según la ley le corresponde hacer en los dos primeros años de vigencia de la ley.

Aunado a lo anterior, deja conocer la publicación, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) debe realizar el retiro de los contenedores con sustancias químicas toxicas que por años han permanecido en la mina San Sebastián.

A pesar que El Salvador cuenta con una Ley de Prohibición de la Minería Metálica aún persiste la amenaza de la reversión de la misma debido a que no está elevada a rango constitucional, así mismo lo sigue siendo la minería transfronteriza en Guatemala y Honduras, países con los cuales compartimos las aguas de las cuencas hidrográficas del río Lempa.

Una de las controversias relacionadas con el agua es el proyecto de la mina Cerro Blanco que pone en riesgo la salud de ambas naciones centroamericanas y la amenaza de contaminación del río Ostúa y el Lago Güija, a causa de la explotación minera de la empresa Bluestone Resources Inc. en Asunción Mita, Guatemala.

Para las organizaciones que reclaman se haga efectivo este compromiso, es esencial que El Estado establezca mecanismos de gobernabilidad dentro de un marco de colaboración entre los países El Salvador y Guatemala, para ello es necesario la apertura de un tratado Binacional sobre aguas transfronterizas para prohibir la operación de la mina Cerro Blanco en dicha nación vecina y garantizar la sustentabilidad del río Lempa.

Fuente: http://www.radiotemblor.org/?p=14536&fbclid=IwAR1SxtS0z9h9faLNR5gvIm–eHzYt8-nmvkkJ36oYv98QZyt_VzEFTLl2vo

Chile, Litio

Litio: Informe establece «evidente negligencia estatal» en firma de acuerdo Corfo-Soquimich

Por 72 votos a favor, 43 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe recaído en la investigación realizada respecto de los actos del Gobierno relativo al origen y adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich, sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución.

La investigación, aprobada en sesión celebrada el 6 de junio de 2018, tras la solicitud formulada por sesenta y ocho diputadas y diputados, arrojó entre sus conclusiones que la celebración del contrato entre Corfo y SQM, en 1993, generó las condiciones para que esta última pudiera explotar, sin mayores límites, el litio chileno hasta el año 2030.

En el documento, rendido ante la Sala por el diputado Esteban Velásquez (FRVS), se sentencia que la decisión de firmar el citado contrato fue perjudicial para los intereses del Estado, dado que se otorgaron amplias facultades de exploración, explotación y comercialización de pertenencias mineras de litio, que eran de propiedad estatal, a una empresa privatizada, sin que hubiera información suficiente para justificarlo en su origen, en especial respecto del plazo que se pactó originalmente.

El informe también acusa «evidente negligencia estatal» en la fiscalización y control de las cláusulas del contrato, así como carencia de políticas públicas y de fiscalización administrativa respecto de la situación ambiental del Salar, el impacto que producía la explotación a las comunidades aledañas e incluso sobre la naturaleza de los productos que exportaba SQM al extranjero.

Desde el punto de vista de los ingresos tributarios, se estima que hubo inexistente control y trazabilidad del litio por parte de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos, así como falta de fiscalización de la extracción de salmuera.

El informe valora positivamente la decisión de Corfo de demandar a SQM en 2014, con el objeto de cobrar la renta de arrendamiento no pagada por SQM (ascendente a cerca de 8 millones de dólares, más intereses y daño moral), como asimismo, la terminación del contrato en sí mismo (que hubiera permitido la recuperación del litio para el Estado).

Según se plantea, es producto de esta decisión que se pudo constatar los graves incumplimientos en que había incurrido la empresa, aún sin tener conocimiento de los hechos de corrupción en que se vería involucrada con posterioridad.

Se resalta, en todo caso, que las decisiones adoptadas por Corfo durante la tramitación del arbitraje, requerían de un proceso de análisis jurídico y político mayor, que aseguraran coherencia con la política nacional del litio y mayor publicidad sobre las condiciones que se estaban negociando.

El texto indica que en este proceso se percibió «un vertiginoso actuar de los organismos estatales para cerrar el contrato antes del cambio de gobierno” y se reprocha a Corfo «haber llegado a acuerdo con SQM en lugar de perseverar en el juicio, agotando todas las instancias jurisdiccionales que disponía en el marco del arbitraje».

Se concluyó también que pese a que Corfo logró terminar con el control que ejercía Julio Ponce Lerou en SQM, a través del Grupo Pampa, no se establecieron cláusulas contractuales que impidieran, por ejemplo, contratarlo como asesor estratégico de la empresa.

«En este sentido, la Comisión valora la actitud del Consejo de Defensa del Estado en orden a perseverar en la querella que presentó dicho organismo contra la persona jurídica de SQM S.A. y sus filiales, por los delitos de cohecho y soborno», se remarca en el informe.

Se criticó, del mismo modo, que la negociación se ampliara a puntos no sometidos a consideración del arbitraje, incorporándose cláusulas adicionales y ajenas al texto de la demanda, como por ejemplo, el aumento de cuota de extracción de litio a favor de SQM, las cuales debieron ser objeto de un nuevo contrato a fin de que se evaluaran sus impactos ambientales y sociales.

Entre otras variados planteamientos, se sostiene que existen cláusulas del contrato que aún generan incertidumbre y que la conciliación suscrita dejó importantes problemas de interpretación contractual, que todavía impiden ejecutarlo plenamente.

Entre las propuestas, se pide a Corfo que informe trimestralmente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sobre el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de SQM, indicando a su vez, las rentas de arrendamiento pagadas por dicha empresa en el período respectivo.

Asimismo, se solicita que comunique cuáles medidas se adoptarán para acelerar la puesta en marcha de las cláusulas contractuales sobre valor agregado del litio producido por SQM y sobre las acciones para poner en ejecución todas las cláusulas referidas a las comunidades indígenas.

Luego, se llama al Presidente de la República a crear una mesa de trabajo permanente entre las comunidades indígenas y los organismos fiscalizadores sectoriales, que sirva de instancia coordinadora para el debido cumplimiento de la normativa legal; y requerir de los organismos fiscalizadores sectoriales correspondientes que informen trimestralmente sobre los procedimientos realizados a SQM, estado de tramitación y su resultado.

También se pide al Ejecutivo que restituya el Comité de Minería No Metálica al interior de la Corfo; crear en la ley de presupuesto un fondo especial cuya finalidad sea asegurar el financiamiento de una empresa pública que explote el litio, una vez finalizado el acuerdo con SQM el año 2030.

Por último, entre otras propuestas, se plantea al Gobierno fortalecer el rol fiscalizador de los organismos sectoriales competentes; y apoyar diversas mociones relacionadas con la explotación estatal del litio, para establecer un marco legal que garantice la gobernanza sustentable de los salares del país y para sancionar de forma específica la extracción ilegal de salmuera y de aguas en salares.

Fuente: https://www.elciudadano.com/chile/litio-informe-establece-evidente-negligencia-estatal-en-firma-de-acuerdo-corfo-soquimich/05/07/