Bolivia

89 comunidades de Oruro se declaran en emergencia por la contaminación minera

Oruro, 7 may 2019 (ATB Digital).- En Oruro, pobladores de 89 comunidades se declararon en emergencia por la contaminación minera y la falta de un plan de remediación ambiental. Piden una reunión con el Ministro de Medio Ambiente y Agua, caso contrario amenazan con iniciar movilizaciones.

https://youtu.be/-XebZILATJ0

Fuente: http://www.atb.com.bo/seccion/sociedad/89-comunidades-de-oruro-se-declaran-en-emergencia-por-la-contaminaci%C3%B3n-minera?fbclid=IwAR2h1S5JChUT5i0QdH33ZZymuxSI3g-Z2fMFYx0d3EvO5G0bhonHsvEWDUA

Mexico

Callan autoridades ambientales sobre derrame tóxico de Grupo México en Sombrerete

La mina propiedad de Germán Larrea afectó el arroyo de la comunidad San Martín.

La Profepa no ha emitido algún boletín ni ha respondido a las solicitudes de entrevista de La Jornada Zacatecas.

Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros explica que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro, sulfato de zinc y cobre.

Desde que los pobladores de la comunidad San Martín, en el municipio de Sombrerete, denunciaron públicamente la semana pasada un derrame de jales de la mina de Grupo México que opera en esta localidad, las autoridades federales en materia ambiental no han emitido una postura ante esta situación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha enviado algún comunicado oficial ni tampoco ha respondido a las solicitudes de entrevista que se han hecho desde La Jornada Zacatecas, para conocer cuál es el proceso que se seguirá para revisar la gravedad de la contaminación generada en el arroyo que atraviesa San Martín y las sanciones que, en su caso, recibiría la empresa responsable del derrame.

Fue a través de redes sociales como los vecinos de la comunidad hicieron público el derrame de jales de la mina en un arroyo que pasa por medio de la comunidad, es decir, que se encuentra rodeado de sus viviendas.

En ese momento, el líder sindical de la Sección 201 del Sindicato Nacional de Mineros, José Núñez Velázquez, informó que entre las sustancias que fueron vertidas a este cuerpo de agua estaban cianuro y sulfato de zinc y cobre, las cuales calificó como “contaminantes muy peligrosos”.

Asimismo, sostuvo que “ya es tiempo de que alguien pare a esta empresa porque de alguna manera es una empresa irresponsable, que sigue contaminando los arroyos y ríos y que perjudica a la comunidad y a las familias que están en riesgo”.

Sobre este caso también habló el líder nacional de este sindicato y actual senador Napoleón Gómez Urrutia, quien expuso en su cuenta de Twitter: “URGENTE: Nuevamente se presenta un derrame en mina de Grupo México en Zacatecas. El río contaminado afecta a la comunidad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete. Atención @Profepa, las autoridades de la región otra vez ocultan información y puede causar daños irreparables”.

También Grupo México publicó un comunicado en el que confirmaba el derrame y lo atribuyó a la falla de una válvula que se encontraba en mantenimiento, derivado de problemas que surgieron tras la puesta en marcha de la unidad minera después de más de una década sin funcionar a consecuencia de la huelga que se mantenía en el lugar.

En el boletín señalan que “después de este periodo hemos iniciado los trabajos de mantenimiento y rehabilitación del equipo. En una prueba de arranque de éste, el 8 de mayo a las 20:00 horas, se presentó una falla en una válvula de las tuberías. Como consecuencia, durante diez minutos, se vertieron aproximadamente 20,000 litros de agua de prueba con sedimentos acumulados, mismos que no son peligrosos. El líquido recorrió 200 metros fuera de la propiedad por un arroyo contiguo (sic)”.

Nuevamente, en letras destacadas en el comunicado publicado, reiteran que “la solución vertida está compuesta por agua con sedimentos y por lo tanto no es peligroso”.

Antes de finalizar el texto, la empresa señala que están trabajando con las autoridades competentes en la materia, además de que sostienen que “reiteramos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo las medidas de seguridad y control ambiental” y que “seguiremos manteniendo un diálogo cercano con la comunidad para atender cualquier inquietud”.

Fuente: http://ljz.mx/2019/05/14/callan-autoridades-ambientales-sobre-derrame-toxico-de-grupo-mexico-en-sombrerete/?platform=hootsuite

Argentina, Litio

Comunicado de prensa de la «Asamblea de Organizaciones de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y el Consejo de Comunidades de Cochinoca»

Compartimos el comunicado de prensa de la «Asamblea de Organizaciones de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y el Consejo de Comunidades de Cochinoca» quienes reafirman la lucha en defensa del agua y el territorio ancestral, permaneciendo en alerta y movilización ante el posible avance de cualquier proyecto extractivista de Litio y Megamineria.

«Comunicado de la Asamblea de Organizaciones de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y Consejo de Comunidades de Cochinoca.

Casabindo, 11 de mayo de 2019

Reafirmamos el NO A LA MEGAMINERIA, SI AL AGUA Y A LA VIDA , y ratificamos el documento realizado el 21 de febrero de 2019, firmado en Saladillo, cuyos puntos principales son:
-Declaración de la Cuenca de Salinas grandes y Laguna de Guayatayoc, como PATRIMONIO NATURAL ANCESTRAL Y CULTURAL de los Pueblos originarios , solicitando la legalizacion de esta declaración a nivel nacional y provincial, con el fin de preservar el trabajo de la sal, agricultura , ganadería y otros trabajos artesanales que sustentan económicamente a nuestras comunidades.
– Ninguna comunidad, comunero, particular, ni institucion, está autorizada a aprobar, ni autorizar, ni mantener negocios vinculados a mineria de litio, megamineria o actividades que afecten negativamente al territorio,con el gobierno o empresas.
-Decimos a la población de Jujuy, a los medios, y a todos los que se solidarizan con nuestra lucha, que NOS MANTENEMOS EN PIE DE LUCHA HACE MAS DE 500 AÑOS como PUEBLO NACION KOLLA preexistentes al estado argentino. Ahora y siempre defenderemos nuestro territorio.
-No permitiremos el ingreso de empresas, el saqueo y contaminación fomentado por el Gobierno en otras localidades.
Permanecemos en alerta y ante cualquier actividad o movimiento sospechoso de proyectos de litio o mega minería en el territorio, nos convocaremos en el lugar y expulsaremos a la empresa, haciendo valer nuestros derechos y lo decidido en asamblea.
– Ante la reciente declaración de las Salinas Grandes como una de las 7 Maravillas Naturales de la Argentina, decimos que gracias a nuestro modo de vida como pueblos ancestrales habitando este territorio, se ha conservado y protegido, desde hace miles de años, a la Mamita Salina, para que todos hoy podamos disfrutar de su belleza natural.Con mayores fundamentos seguiremos protegiendola.
-Debido a no tener solución a nuestras demandas, ni respeto a nuestros derechos, PERMANECEMOS EN ALERTA Y MOVILIZACION, dando a conocer próximamente acciones a seguir.

JALLALLA PUEBLO NACION KOLLA!
EL AGUA Y LA VIDA VALEN MAS QUE EL LITIO

NO A LA DESTRUCCION DE LA PACHAMAMA»
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Colectivo Radio Pueblo

Bolivia

Cinco municipios exigen parar contaminación por la minería

Los comunarios de los municipios de Villazón, Tupiza, Cotagaita, Vitichi y Caiza “D” anunciaron ayer que. si la Gobernación no informa sobre los avances establecidos para frenar la contaminación minera, el sábado 25 de mayo iniciarán un bloqueo en las mencionadas regiones.

El presidente intermunicipal contra la contaminación, Marbin Choque, informó que hace seis años realizaron una marcha demandando que se ponga freno a la contaminación y se había suspendido la medida con el compromiso, de las autoridades del área ambiental, que se trabajaría en ese tema.

Hoy los comunarios dicen que, si el sábado 25 no se tiene la presencia de las autoridades del Gobierno departamental en la población de Cotagaita a las 9:00 para explicar qué hicieron para evitar la contaminación, iniciarán el bloqueo vial esa misma jornada.

«Nos habíamos dado un plazo de dos años para que puedan resolver el problema pero ya han pasado más de seis años y no se ha movido absolutamente nada, no se ha cumplido para nada, al contrario se incrementó la contaminación», señaló el representante de los municipios del sud del Departamento.

Los comunarios manifestaron que existen operaciones que generan diferente tipo de contaminación en sus regiones como la de los polvos que son arrastrados por los vientos del área de acumulación de carga, el vertido de sustancias contaminantes a los ríos y las operaciones mineras de extracción de carga que generan aguas ácidas que afectan la calidad del suelo.

Sostienen que, debido al daño ambiental que generan las labores mineras, está siendo afectada la producción agrícola, lo cual incide en la economía de cientos de familias que no tienen otra fuente de ingreso para atender las necesidades de sus respectivas familias.

Los que se denominan representantes de las comunidades señalan que la movilización será contundente en defensa del medioambiente y las condiciones de producción rural.

El gobenador Juan Carlos Cejas señaló que no tienen denuncias concretas sobre contaminación minera y que quienes sostienen esa versión tienen que probarla para que se pueda intervenir en defensa de los intereses de la sociedad.

25 DE MAYO

Plazo para que la Gobernación responda a las demandas de los comunarios de esos cinco municipios potosinos.

Desmienten denuncias

El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Leonardo Fique, en contacto telefónico con El Potosí dijo que ellos en coordinación con la Alcaldía de Caiza D y las autoridades originarias realizan un permanente monitoreo de las labores productivas mineras.

Fique comentó que hace algunos días realizaron la medición del PH del agua en las zonas que los movilizados dicen que está contaminada y evidenciaron que eso no es cierto.

Lamentó que algunas personas que reclaman contra la supuesta contaminación ni viven en la zona como sería el caso de Marbin Choque.

La autoridad ambiental remarcó que no solo se realiza el monitoreo a las aguas sino tambien a las operaciones de explotación minera como las plantas de Andacava y otras con la finalidad de frenar cualquier tipo de atentado a la naturaleza.

La gestión 2012 los comunarios marcharon a la ciudad de Potosí demandando el cierre de los ingenios de las empresas mineras Andacaba y Cumurana que estaban contaminando regiones de hasta tres municipios, Caiza “D”, Vitichi y Cotagaita.

Fuente: https://elpotosi.net/local/20190514_cinco-municipios-exigen-parar-contaminacion-por-la-mineria.html?fbclid=IwAR2HGBB75sli0SgaK2MNIDuN65wBACRyX5KV74BaAx30xNEPY3CILhXEbLI

 

Colombia

Anglo Gold Ashanti desconoce acuerdo municipal que prohíbe la minería

El pasado lunes 13 de mayo empleados de Anglo Gold Ashanti, en conjunto con miembros de la Fuerza Pública intentaron instalar plataformas de exploración minera en la vereda Vallecitos, del municipio de Jericó (Antioquia). Con esta acción, la empresa quiso pasar por encima del Acuerdo municipal 10 de 2018, que prohibía la explotación minera en el territorio. (Le puede interesar: «Jericó, Antioquia le dice ¡No! a la minería por segunda ocasión»)

Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, relató que los campesinos de la zona fueron advertidos sobre la presencia de la multinacional junto a efectivos de la Policía, el Ejército y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD); fue entonces cuando los habitantes pidieron el acompañamiento del Alcalde de Jericó, quien solicitó a la empresa no violar el Acuerdo pactado en diciembre de 2018 y detener cualquier intento de explotación minera. Tras la intervención, la empresa aceptó detener sus actividades de exploración.

Sin embargo, como lo recuerda Jaramillo, desde la fecha de aprobación del Acuerdo la empresa ha realizado distintas actividades «tendientes a terminar el estudio de impacto ambiental para pedir la licencia de exploración» mediante la instalación de plataformas; pero siempre la respuesta campesina lo ha evitado. De acuerdo al ambientalista, esto ha sido así porque «esta multinacional, como otras, sabe que cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, que favorece su presencia así se hayan rechazado sus actividades».

Las multinacionales tienen respaldo del ejecutivo, ¿y del judicial?

Jaramillo recordó que el Acuerdo de diciembre es el segundo presentado y aprobado en Jericó, luego de que en 2017 se aprobaran 12 acuerdos municipales que prohibían la minería y uno de ellos (el de Urrao) fuera reconocido por el Consejo de Estado. A pesar del reconocimiento, el Tribunal Administrativo de Antioquia se ha negado a pronunciarse en su favor, situación que ha sido aprovechada por la empresa para cuestionar la legitimidad de los mismos. (Le puede interesar: «Alcalde de Jericó exige a Anglo Gold suspender actividad minera»)

De hecho, el Coordinador de la Mesa Ambiental señaló que Anglo Gold Ashanti se comprometió a suspender sus actividades hasta que el Tribunal se haya pronunciado sobre el Acuerdo, y añadió que esperaban presiones hacía el tribunal para rechazar la medida. Pese a ello, sostuvo que el movimiento ambiental ya emprendió acciones legales ante la Fiscalía por el desconocimiento de la resolución municipal, están estudiando la incidencia en el esquema de ordenamiento territorial y seguirán en el proceso de movilización y unión del suroeste antioqueño en favor del ambiente.

CENSAT Agua Viva @CensatAguaViva

Desde Jericó nos informan: MENSAJE Urgente. En este momento están llegando a la vereda Vallecitos fuerzas de la policía y a Palocabildo el Esmad. Igualmente, los campesinos con sus familias empiezan a llegar. Desconociendo acuerdo municipal que impide actividades mineras.

Fuente: https://www.contagioradio.com/anglo-gold-ashanti-desconoce-acuerdo-municipal-que-prohibe-la-mineria/?fbclid=IwAR3otsKrNwKR4kHLs696KUKkryuOTHxqiNJTGc3wlmJr6RKRk2jIyfhAGdA

Perú

Una mina pone en riesgo el agua para 10 millones de peruanos

Dos congresistas peruanas y la ONG CooperAcción solicitaron una medida cautelar a un juez contra el proyecto minero Ariana ante el riesgo de que sus residuos tóxicos puedan contaminar el suministro de agua de Lima, ciudad habitada por unos 10 millones de personas.

La mina Ariana es un yacimiento de cobre, zinc, oro y plata que se encuentra a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Yauli, de la céntrica región de Junín, limítrofe con la región de Lima.

La medida cautelar acompaña a una acción de amparo presentada días atrás ante el temor de que los relaves de la mina puedan filtrarse hasta el túnel transandino, que toma las aguas de la laguna de Marcapomacocha, a 4.400 metros de altitud, para llevarlas por debajo de los Andes hasta la cuenca del río Rímac.

Las acciones legales fueron anunciadas este lunes en conferencia de prensa por las congresistas del bloque de izquierdas Nuevo Perú Marisa Glave y Katya Gilvonio; la directora de CooperAcción, Ana Leiva, y el subdirector de la misma, José de Echave, junto al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan Carlos Ruiz.

Glave advirtió de que el estudio de impacto ambiental realizado por el Ministerio de Energía y Minas no contempló las preocupaciones de las empresas Enel, que opera centrales hidroeléctricas con agua procedente del trasvase, y del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), que suministra agua a la capital.

«Ahora el agua se ve amenazada por la presencia de la mina. La relavera (donde se ubican los desechos de las minas) está al costado de este túnel, que abastece de agua a más de 10 millones de peruanos», comentó Glave.

«Por estas razones no se puede mantener el proyecto y el Ministerio de Energía y Minas cometió un grave error al darle la autorización. Exigimos un nuevo estudio de impacto ambiental», añadió.

Por su parte, Gilvonio señaló que el túnel transandino está construido en una zona de humedales «y es altamente sísmico, lo que provocaría la filtración de aguas ácidas».

Estudios de impacto ambientales insuficientes

Asimismo, Leiva afirmó que los estudios de impacto ambientales no han sido suficientes porque «la mina es subterránea, y esto afectaría el nivel del agua de Lima». «Pero no sabemos en qué medida porque no se han hecho las investigaciones adecuadas», mencionó.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Ruiz recordó que la empresa minera Southern Peaks, a cargo de la concesión minera Ariana, tiene malos antecedentes en Quiruvilca, donde «dejó altos niveles de contaminación en las aguas».

Sedapal ha expresado su preocupación por el posible impacto ambiental del proyecto en el abastecimiento del agua en Lima y se opone al mismo.

Southern Peaks Mining tiene previsto comenzar a extraer mineral a finales del primer trimestre del 2020 con una planta de procesamiento cuya capacidad inicial será de 2.000 toneladas de mineral por día para pasar en 2021 a 3.000 toneladas diarias.

Lima ya pasó cuatro días consecutivos sin suministro de agua en 2017 cuando los constantes deslizamientos de tierra sobre el río Rímac por las intensas lluvias en la sierra andina impedían captar agua potable para la población, que hizo largas colas en depósitos para conseguir agua repartida en cisternas.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/abci-mina-pone-riesgo-agua-para-10-millones-peruanos-201905141217_noticia.html?fbclid=IwAR17SGgFIKx9ZfJ_kNvIi7hgmXPB6GPD1WKc9pKxIDZMth9NFeYy_ECpAAs

 

Brasil, Internacional

“Paren de deforestar”, el reclamo de 600 científicos a los negocios mineros de Brasil y la Unión Europea

Un grupo científicos europeos, junto a 300 organizaciones indígenas, han instado a la Unión Europea (UE) que modifique las actuales negociaciones comerciales con Brasil para que su presidente Jair Bolsonaro respete el medio ambiente y los derechos humanos.

“La UE gastó más de 3.000 millones de euros en hierro brasileño en 2017, a pesar de los peligrosos estándares de seguridad y la extensa deforestación provocada por la minería”, afirmaron los investigadores a través de una carta abierta, publicada el 25 de abril en la revista Science.

Brasil uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo y el que alberga la mayor parte de la selva amazónica. Solo en 2011, según los firmantes, el viejo continente importó del país sudamericano cantidades de carne y alimento para el ganado asociadas a una deforestación de más de 1.000 kilómetros cuadrados, una superficie “equivalente a más de 300 campos de fútbol al día”.

“Los consumidores europeos no tienen manera de saber cuánta sangre hay realmente en sus hamburguesas. La UE tiene la oportunidad de hacer de la sostenibilidad la piedra angular de sus negociaciones comerciales con Brasil”, señaló el comunicado, que fue encabezado por la ecóloga Laura Kehoe, de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

Kehoe es una joven investigadora postdoctoral en Oxford que ha trabajado en proyectos medioambientales en Bolivia, Sudáfrica, Guinea, Canadá y México. Según los estudios que impulsó, “la UE gasta más de 2.000 millones de euros cada año en alimento para el ganado comprado en Brasil, pese a no saber si proviene de tierras deforestadas”.

La finlandesa Heidi Hautala, vicepresidenta del Parlamento Europeo y política del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ha respaldado públicamente el llamamiento de los investigadores. Los eurodiputados españoles Jordi Solé, de Esquerra Republicana de Catalunya, y Florent Marcellesi, de Equo, también han apoyado a los firmantes.

Kehoe ha llegado a asegurar que “el genocidio es una posibilidad real si no se hace nada para proteger a los pueblos indígenas y sus tierras”.

El ultraderechista Bolsonaro alcanzó la presidencia de Brasil proclamando que acabaría con “el activismo ambiental” y con la “industria de demarcación” de tierras indígenas. Pese a que finalmente descartó quitar a Brasil del Acuerdo de París, como prometido durante la campaña electoral, logró que el país desista de la realización de la próxima Cumbre del Clima, que finalmente se llevará a cabo en Chile.

Fuente: https://www.foroambiental.net/paren-de-deforestar-el-reclamo-de-600-cientificos-a-los-negocios-mineros-de-brasil-y-la-union-europea/?fbclid=IwAR2spzVsR5mFy9jbcS0xLYD9hVgGBaM-pWRCyRQ_kSGlbNCfgwN1mDS1S5I

Honduras

AlertaDefensoras HONDURAS / Detención arbitraria e intimidación contra defensoras del territorio y los bienes naturales de Azacualpa

Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodríguez y Suyapa Trigueros

Actividad
Defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales

Agresiones
Detención arbitraria, intimidación

HECHOS – En la tarde del sábado 11 de mayo, agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Santa Rosa de Copan detuvieron de manera arbitraria a siete integrantes de la comunidad de Azacualpa, La Unión Copán, entre las que se encontraban las defensoras Karen Yajaira Trigueros, Gledy Rodriguez y Suyapa Trigueros y los defensores Florentino Pérez, Antonio Trigueros, Edwin Hernández y Jesús Rodríguez.

La detención se produjo cuando las defensoras y sus compañeros trataban de oponerse a una detonación de dinamita cerca del cementerio de la comunidad por parte de la empresa Minerales de Occidente, subsidiaria de Aura Minerals, de capital canadiense.

Todas las personas detenidas fueron finalmente puestas en libertad sin cargos, al no haberse producido delito alguno, por lo que su detención debe interpretarse como parte de una estrategia de intimidación y criminalización contra la protesta social ejercida por el Estado en connivencia con los intereses privados de empresas cuya actividad es perjudicial para el medio ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades.

Desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenamos esta vulneración al legítimo derecho a la protesta de las defensoras de la comunidad de Azacualpa y exigimos al Estado hondureño que deje de poner las instituciones públicas de seguridad y justicia al servicio de intereses privados social y ambientalmente nocivos, con el objetivo de reprimir, perseguir, intimidar y criminalizar a quienes defienden derechos humanos.

Fuente: http://im-defensoras.org/2019/05/alertadefensoras-honduras-detencion-arbitraria-e-intimidacion-contra-defensoras-del-territorio-y-los-bienes-naturales-en-de-azacualpa/?fbclid=IwAR1-rCBMwth6Ao5iGXDdayD_EQY-h-KExH9_tEthzzmRP_wCHtew0vO6Fj8

Chile

NUEVO EXTRACTIVISMO MINERO AMENAZA A REGIÓN DEL BIOBÍO

El extractivismo en Chile se fortalece día a día, no es suficiente que se produzcan cerca de 1.400.000 toneladas diarias de relaves como consecuencia de la producción de cobre. Ahora en la Región del Biobío la proyección de un nuevo tipo de minería amenaza al ecosistema. Se trata del proyecto minero Biolantánidos, propiedad de la empresa Minería Activa, parte de Larraín Vial. Su representante legal es Arturo Albornoz Wegertseder en representación de la empresa Rare Earth Extraction UNO.

El proyecto, según su Estudio de Impacto Ambiental, consiste en  “la construcción y operación de una faena minera junto con una planta de procesamiento de maicillo granítico con presencia de Lantánidos – conocidos ampliamente como Tierras Raras-, con una capacidad para procesar hasta 240 toneladas/hora de mineral, para producir de 1.700 toneladas anuales de Concentrado de Tierras Raras”.

¿Qué son las tierras raras?

El profesor del departamento de Geología de la Universidad de Chile, Miguel Ángel Parada,  explica qué son estos elementos y las características de sus yacimientos.

“Las tierras raras constituyen un grupo compuesto por 17 elementos, que se encuentran en la parte baja de la tabla periódica, bajo el nombre de tierras raras. La extracción de tierras raras es algo nuevo en Chile, no hay experiencias de yacimientos anteriores”.

El principal uso que se le da a las tierras raras es para el desarrollo tecnológico y producción de armas. Entre sus múltiples usos destaca: desarrollo de inteligencia artificial, aplicaciones cibernéticas, televisores LED, baterías recargables. desarrollo de aleaciones para fuselajes de aeronaves y vehículos espaciales, fabricación de drones y fabricación de dispositivos bélicos.

Los múltiples productos que dependen de las tierras raras lo han convertido en un elemento estratégico para el desarrollo de potencias mundiales. Dos de los principales productores de tierras raras son China y Estados Unidos.

Litros de problemas

Desde el punto de vista legal el proyecto ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental en diciembre del 2018 y actualmente se encuentra en calificación. Cabe destacar que la misma empresa Rare Earth Extraction UNO,ya había ingresado tres veces un proyecto con similares características bajo el nombre de PROYECTO MINERO EL CABRITO, el cual fue rechazado en una ocasión y desistido en las otras dos. Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, su director Lucio Cuenca, expone lo incompleto del proyecto minero.

“Es un proyecto muy deficiente, incluso los mismos servicios públicos han manifestado que no tienen la información suficiente para que se haga una evaluación del posible impacto social y ambiental del proyecto. Falta mucha información, no están descritos los procesos que se hacen para realizar este tipo de minería”.

Una de las aristas más complejas dentro del proyecto es el consumo hídrico que tendría la empresa, en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), declaró que usaría 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco, sin embargo la empresa solicitó derechos de agua por 176.000 litros por hora. El encargado de comunicaciones de la Coordinadora Penco-Lirquén, Edison Neira, destaca el problema hídrico que significaría la aprobación del proyecto.

“Principalmente afectaciones en lo que son los cauces de agua. Por un lado extaerían grandes cantidades de agua del Estero Penco y del Estero El Cabrito de la comuna. Ellos declaran que esas cantidades de agua serían 35 mil litros por hora, sin embargo tienen derechos de agua por tres o cuatro veces más”.

Una de las principales fuentes de agua para el consumo de la minera provendría el Estero Penco, lo paradójico es que estas aguas están clasificadas por la Dirección General de Aguas como Calidad de Agua excepcional.

¿Qué significa que un cauce sea clasificado como fuente de calidad de agua excepcional?

Según la Dirección General de Aguas, quiere decir que son aguas de extraordinaria pureza y escasez, por lo que forman parte del Patrimonio Ambiental de la República de Chile, ya que no afectan a la salud humana y cumplen los criterios de aceptabilidad del agua potable. ¿Seguirá así después del trabajo de una minera? Esa es la pregunta que se hacen las comunidades.

Bosque nativo en peligro

Otro grave problema que generaría el proyecto minero es el daño que significaría al bosque nativo presente en la zona. Si bien desde la empresa desmienten esta información, las coordenadas entregadas en su EIA coinciden con más de 13 hectáreas de bosque nativo, donde destacan plantaciones de Queule y Pitao, ambas especies han sido declaradas como monumentos naturales por la CONAF.

¿Qué es un monumento Natural?

Según la CONAF: “El monumento naturales un área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista escénico, cultural o científicos. Su objetivo es preservar el ambiente natural, cultural y escénico, y en la medida que sea compatible con ello, desarrollar actividades educativas, recreacionales o de investigación”.

Sin duda que la explotación y la destrucción que generan las mineras se ve respaldada por el Estado, desde muchos aspectos. Las leyes mineras preponderan por encima de las demás leyes y queda en las comunidades el rol de defensa de los territorios.

Desde esta misma perspectiva, el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, destaca la importancia que han tenido las comunidades en el rechazo de algunos proyectos mineros.

“Aquí juega un factor determinante la acción de la comunidad. Yo creo que en algunos casos se ha podido paralizar o poner límites a la intervención de la minería y eso se ha debido fundamentalmente a la acción de la comunidad. Por un lado la minería tiene un estatus legal protegido desde la constitución, la ley orgánica de concesiones mineras, el código minero, que pone a la minería en un estatus superior a otras actividades que se desarrollan en el territorio”.

Desde las comunidades de Penco y Lirquén trabajan organizadamente buscando detener el avance de esta nueva minería. El deficiente trabajo del Estado y de todas las instituciones responsables del cuidado del ecosistema obligan a las organizaciones a emplear gran parte de sus energías en demostrar las múltiples deficiencias y probables consecuencias de los proyectos extractivistas. El caso de Biolantánidos es particularmente grave porque la construcción de la minera significaría la afectación de los cauces de agua, el daño a bosque nativo y las, por ahora, inimaginables consecuencias de la extracción de Tierras Raras.

Se espera que durante el segundo semestre del 2019 el Servicio de Evaluación Ambiental entregue respuesta a la empresa Minería Activa sobre el Estudio presentado en 2018.

El Salvador, Internacional

Historias de lucha contra el extractivismo

Diversas historias de lucha se harán presentes esta semana. El jueves 16 de mayo en la Universidad de Deusto se proyectará el documental No tenemos miedo, que recoge el proceso de lucha contra la minería metálica en El Salvador. Para facilitar el debate posterior al audiovisual contaremos con la presencia de Jaime Armando Sánchez, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (ADES), en el Salvador.

También se exhibirá la colección de fotografías que compone la exposición Mujeres en la defensa del territorio y los Derechos Humanos y ruptura de estereotipos,una muestra fotográfica de la visión global-local en la lucha feminista. Una parte de las imágenes son el resultado del proceso de aprendizaje de un grupo de mujeres defensoras de El Salvador. Y para conocer cómo fue ese proceso nos acompañará Deisy Otilia Rivas, también miembro de ADES y dinamizadora del proyecto de fotografía.

Y el viernes 17 de mayo tendrán lugar las Jornadas Defensoras del territorio que están organizando Berdinak Gara y Lumaltik, en la que diversas mujeres nos compartirán sus luchas y resistencias en la defensa de los derechos humanos. Estas mujeres son: Yolanda Oquelí, activista feminista de la comunidad la Puya en Guatemala; Rosy Pérez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas; Marixela Ramos de Radio Victoria en El Salvador; y María Olga Coronado del Consejo de los Pueblos Mam de Guatemala.

Fuente: https://www.isf.es/2019/05/13/historias-de-lucha-contra-el-extractivismo/?fbclid=IwAR0GOiAcTHHYklNyl4IUjflwBokA82FGyIc9bsP_vAWVYEcFgkEsnfUn8v0