Chile

Niños de Coronel con metales pesados en su organismo: Confirman 10 nuevos casos

Un nuevo caso de niños con presencia de metales pesados en sus organismos se dio a conocer el día de ayer por la Seremi de Salud del Biobío: Se trata de 10 menores con niveles de arsénico, cadmio y níquel por sobre la norma en Coronel. 

El hallazgo fue determinado por el cuarto estudio en esta materia en menores efectuado por la Seremi de Salud del Biobío, que tomó 807 muestras efectivas en el Hospital San José de Coronel y que fueron procesadas -en forma conjunta- entre el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Laboratorio de Salud Ambiental de Concepción. Los resultados establecieron que una decena de menores contienen estos metales o metaloides sobre el valor de referencia establecido en las guías clínicas para exposición crónica del Minsal.

Consultado el seremi de Salud, Héctor Muñoz por Biobiochile señaló que «lo que se debe hacer ahora es una contramuestra para verificar que el daño no sea una exposición permanente y además una evaluación médica a los pequeños, con el objetivo de mantener la vigilancia para poder entregar resultados aún más específicos.» retrasando de esta forma el proceso de toma de acciones que se deben realizar cuanto antes y estirando la resolución de un grave problema que precisamente la comunidad lleva años denunciando.

Respecto a los efectos que conlleva la presencia de estos metales en el cuerpo, la exposición al arsénico puede generar cáncer al pulmón, vejiga o cáncer de piel no melanoma, además manchas en la piel, alteraciones circulatorias, entre otras consecuencias. Mientras que en el caso del níquel genera problemas respiratorios e irritabilidad.

El reporte señala que los niveles mas altos de metales se registraron en la zona sur de Coronel, justamente donde se ubican la mayor parte de las empresas contaminantes.

 

Fuente:https://resumen.cl/articulos/ninos-de-coronel-con-metales-pesados-en-su-organismo-confirman-10-nuevos-casos

Perú

Puno: Afectados por contaminación de cuenca Ramis piden fiscalizar la minería ilegal

Ayer en el centro poblado de Progreso, distrito de Asillo, provincia de Azángaro se desarrolló una audiencia pública descentralizada entre los dirigentes, pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río Ramis y autoridades del Gobierno Regional de Puno.

En la reunión participaron cientos de pobladores de los distritos de San Antón, Potoni, Crucero, Asillo, Azángaro, Orurillo y otros. Quienes mostraron su preocupación por la contaminación de la minería informal en la cabecera de cuenca, específicamente en el distrito de Ananea y sus sectores Chaquiminas, Ancocala, Pampa Blanca y Oriental.

Al término de la reunión se acordó que los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno ademas de la comisión de regantes Asillo – Progreso, de la provincia de Azángaro, se trasladen al distrito de Ananea, sector de Pampa Blanca, al ser una zona que genera contaminación mediante los relaves mineros.

“A través de la oficina de fiscalización de la DREM se realizará visitas inopinadas a las zonas donde se practica la minería artesanal y pequeña minería para vigilar que los relaves mineros no sean desechados a la cuenca del rio Ramis”, dijo el Gobernador Regional de Puno, Walter Aduviri.

 

Fuente:http://radioondaazul.com/puno-afectados-por-contaminacion-de-cuenca-ramis-piden-fiscalizar-la-mineria-ilegal-84575.html?fbclid=IwAR32OV7IPcGej-e6TqWStzH2dz7XU9juaPiRvUyVgqfL5jp3-nzWOuk1PeU

Perú

Ocho meses de plazo para retirar planta de minerales de Vilcabamba

Con la firma de un acta de acuerdos culminó la reunión entre el gobernador Baltazar Lantarón con representantes de la empresa, mineros artesanales, autoridades y pobladores que desde hace nueve días estos últimos mantenían un paro indefinido exigiendo el cierre de la planta de procesamiento de mineral Usayma ubicada en el distrito de Vilcabamba, provincia de Grau, en Apurímac.

La reunión que se desarrolló en la sede del gobierno regional fue bastante tensa y en varios momentos del diálogo hubo intercambio de insultos entre pobladores y mineros artesanales, irónicamente de la misma localidad.

Según el acuerdo arribado, los propietarios de la planta de procesamiento tendrán ocho meses de plazo para desmantelar y reubicarla a otro punto de la región (no se precisó dónde) y continuar con sus actividades de procesamiento sin más conflictos.

Por su parte, los pobladores y autoridades de la localidad acordaron suspender la medida de fuerza y levantar el bloqueo de la vía, solicitando además el cese de la persecución a dirigentes y pobladores por parte del Ministerio Público y Policía.

Para el próximo 13 de junio será instalada la mesa técnica en Chuquibambilla donde se abordará la agenda pendiente, como la inclusión de la provincia de Grau en el área de influencia del proyecto minero Las Bambas, ampliación y asfaltado de la vía Abancay – Chuquibambilla – Challhuahuacho, entre otros puntos más.

En la campaña electoral pasada, como se recuerda, Baltazar Lantarón firmó un acta donde se comprometía ante la población de Vilcabamba cerrar la mencionada planta si ganaba las elecciones.

Esa firma lo puso contra la espada y pared los últimos días porque según el director de Energía y Minas, Alejandro Arones Castro, ésta cumplía con todos los requisitos para su funcionamiento. Luego vendría el acuerdo que dejó descolocado al citado funcionario.

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/ocho-meses-de-plazo-para-retirar-planta-de-minerales-de-vilcabamba-891903/?fbclid=IwAR0NGS018ogprXy6RyCH5_QCxDWcwkkfPwcd33P5x-3frDxqp3sUJ6GhYIo

Internacional

Empresas mineras quieren explotar el fondo de los océanos

Si bien los minerales siempre han sido necesarios en los diversos avances tecnológicos, sus nuevos usos – particularmente en las industrias digitales y automotriz – crean una demanda cada vez mayor a nivel mundial.

Aunque las reservas son extensas, la explotación masiva conduce inevitablemente a un fenómeno de rarefacción y a una alza de los precios en el mercado global – además de un número creciente de conflictos sociales en varias regiones del planeta. Como consecuencia y para abastecerse, industriales y Estados miran hacia áreas vírgenes de minería entre los que se encuentran los fondos marinos.

Océanos: abundancia en minerales

Depósitos de minerales se encuentran en todos los océanos, a profundidades que van desde unos cientos hasta varios miles de metros. De entre todos los recursos minerales submarinos existentes, los más importantes, debido a su potencial económico e industrial, son los yacimientos de minerales polimetálicos: nódulos de manganeso, costras de ferromanganeso ricas en cobalto y sulfuros hidrotermales polimetálicos . Estos depósitos se distribuyen a lo largo de todos los fondos oceánicos.

Esa mineralización profunda contiene metales muy codiciados: cobalto, hierro, manganeso, platino, níquel, oro, plata, titanio, cobre, mercurio, tierras raras, etc. Sus concentraciones tienden a ser mucho más altas que en los depósitos terrestres y las áreas que podrían ser explotadas bajo los océanos son más extensas ya que los mares y océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra.

Así lo demuestra un informe realizado por los investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS por sus siglas en francés) y del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer) el cual estima “el peso total de los nódulos en el área de Clarion-Clipperton, el más rico en el Pacífico (15% de la superficie del océano pacífico), a 34 mil millones de toneladas: 6,000 veces más talio, tres veces más cobalto y más manganeso y níquel que todos los recursos que se encuentran fuera de los océanos”.

Según el mismo informe, a diferencia de las minas terrestres, no sería necesario cavar túneles para acceder a los recursos submarinos ya que “los recursos minerales marinos accesibles se encuentran en la superficie del fondo marino”.

Sabiendo que la mayor parte de los fondos marinos permanecen aún inexplorados, no cabe duda de que los recursos en metales estratégicos que albergan son inmensos.

Los mares y océanos están reglamentados

Mientras las actividades de prospección pueden realizarse sin permiso, el acceso a los recursos minerales marinos para su exploración y explotación no es libre, sino que está reglamentado por una serie de normas que varían según su ubicación.

En base a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Internacional del Mar de 1982, los mares están divididos en cuatro categorías:

  • El ‘Mar Territorial’ es el área hasta las 12 millas náuticas sobre el cual un país tiene derecho de soberanía sobre el espacio aéreo, el agua, suelo y subsuelo marino;

  • La ‘Zona Económica Exclusiva’ (ZEE) se encuentra entre las 12 y 200 millas. Un país tiene soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos o no (minerales y recursos energéticos) en sus aguas, suelo y subsuelo marino;

  • La ‘Plataforma Continental’ puede extenderse hasta las 350 millas. Dentro de esta zona un país tiene derechos para explorar y explotar recursos naturales del suelo y subsuelo marino, sin embargo, incluye pagos o contribuciones previas a favor de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas (AIFM, o ISA por su siglas en ingles).

  • El resto de los fondos marinos constituyen ‘La Zona’, que es considerada “patrimonio común de la humanidad”. Su exploración o explotación requiere la aprobación de la AIFM.

El Código de Minería

El acceso a los fondos marinos internacionales que conforman “la Zona” es reglamentado por el Código de Minería, el cual se refiere a “la totalidad de un amplio conjunto de normas, reglamentos y procedimientos promulgados por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos para regular la prospección, exploración y explotación de minerales marinos en la Zona de los fondos marinos internacionales”.

En los últimos 20 años, la AIFM ha establecido reglamentos que regulan la exploración para los depósitos de nódulos de manganeso (2000), sulfuros polimetálicos submarinos (2010) y costras de ferromanganeso con alto contenido en cobalto (2012). Con base a esas regulaciones, la autoridad ha firmado contratos de exploración con 23 consorcios de diferentes países hasta el año 2015, sobre una superficie total de 2.2 millones de km² en los fondos marinos de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.

En cuanto a la explotación de los minerales encontrados, todavía no se cuenta con una reglamentación, pese a que ciclos de negociación están en curso para determinar las reglas.

Aquí puedes consultar los mapas de todas las exploraciones en curso.

Proyecto minero oceánico Solwara 1 en Papúa Nueva Guinea

Sin embargo, algunas empresas no han esperado el texto definitivo para empezar a desarrollar sus proyectos. Debido a que los Estados conservan su soberanía sobre los fondos marinos costeros, las compañías negocian directamente con los gobiernos. Es el caso de la empresa canadiense Nautilus Minerals, que se presenta como “la primera compañía en explorar comercialmente los fondos marinos”, la cual podría extraer minerales en un futuro próximo en las aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea. Su proyecto Solwara 1 pretende extraer cobre, oro y otros metales valiosos a 1,500 metros de profundidad en el mar de Bismarck.

La mina sería excavada por máquinas robóticas dirigidas desde un barco en la superficie. La construcción del artefacto más grande, una máquina cortadora de 310 toneladas, fue completada por el fabricante británico especializado Soil Machine Dynamics según datos de la Fundación Nuestro Mar.

La zona elegida para ejecutar Solwara 1 alberga ricas comunidades coralinas y es el hábitat de especies de cetáceos como el cachalote. Comunidades locales han interpuesto una demanda en contra del permiso de explotación del proyecto.

Proyecto minero oceánico Don Diego en Baja California, México

En México, en las costas de Baja California, la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations – que opera a través de su filial mexicana Exploraciones Oceánicas – pretende dragar más de 91,000 hectáreas de fondo marino para extraer varios millones de toneladas de fosfato en el Golfo de Ulloa, uno de los depósitos de arena de fosfato más importantes del mundo.

Draga de fosfato de alta mar en operaciones

Según datos del Environmental Atlas Justice, es a inicios del año 2013 que pescadores artesanales de Bahía Magdalena se dieron cuenta de que algo estaba pasando en su territorio cuando comenzaron a observar una gran mortandad de animales marinos. Se pusieron a investigar y “se percataron que la empresa operaba ilegalmente el proyecto minero denominado Don Diego, ya que solo contaba con el permiso de Secretaría de Economía, quien le otorgó una concesión por 50 años para la extracción de arenas fosfáticas, pero no contaban con ninguna autorización ambiental”.

Después de organizarse en oposición al proyecto, las comunidades locales lograron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negará la autorización de impacto ambiental al proyecto, en una decisión emitida el l7 de abril de 2016.

Dos de las cinco especies de tortugas que habitan el Golfo de Ulloa están clasificadas como especies en peligro de extinción.

Tras la decisión de la Semarnat, Odyssey notificó el 9 de enero 2019 a la Secretaría de Economía su decisión de reclamar al gobierno mexicano una indemnización de tres mil 540 millones de dólares ante un panel binacional al amparo del capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente para la solución de controversias Inversionista-Estado.

 

Riesgos

Aunque todavía hace falta mucha información, no cabe duda de que los riesgos de este tipo de proyectos mineros son enormes para el planeta.

Según la investigación del CNRS y del Ifremer intitulada Los impactos ambientales de la explotación de recursos minerales marinos profundos. Experiencia científica colectiva”, las principales operaciones de una explotación minera tendrían como consecuencias “la destrucción permanente del hábitat y la fauna asociada, la formación de una nube de partículas finas que pueden impactar una zona más amplia que la zona de extracción después de la resedimentación, así como una perturbación en la columna de agua. Las especies migratorias también podrían enfrentarse a la contaminación electromagnética-acústica y acústica relacionada con la importante introducción de energía en el ecosistema por parte de equipos y dispositivos usados para la extracción del mineral”.

La investigación también señala que la descarga de desechos mineros tras las operaciones también provocaría grandes cambios en las aguas, lo cual tendría “una influencia en los ciclos del carbono, fosfato, sulfuros, oxígeno y alteraciones en la organización de los ecosistemas. El aumento potencial en las concentraciones de metales pesados y otros compuestos tóxicos también afectará la biodiversidad del ecosistema”.

Los investigadores resaltan lo difícil de realizar una estimación real de los impactos que podrían provocar técnicas de explotación, las cuales todavía están en proceso de desarrollo.

Por otro lado, la campaña Deep Sea Mining promovida por The Ocean Foundation denuncia: “Todas estas actividades ocurren en ausencia de áreas reguladoras o de conservación para proteger ecosistemas de aguas profundas únicos y poco conocidos. La investigación científica sobre los impactos es extremadamente limitada y no ofrece ninguna garantía para la salud de las comunidades costeras y las actividades pesqueras de las que dependen”, por ello el mensaje principal es que las actividades mineras en aguas profundas sean prohibidas.

 

Fuente:https://avispa.org/empresas-mineras-quieren-explotar-el-fondo-de-los-oceanos/

Colombia

Tribunal del Tolima frena explotación de oro de los ríos Coello, Cocora y Combeima

La decisión afecta a Anglogold Ashanti y a otras empresas que tienen títulos mineros en la cuenca alta de los tres afluentes.

El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó el cese inmediato y definitivo de la exploración y explotación minera aurífera por parte de Anglogold Ashanti, hoy Kedahda; la firma Oro Barracuda Ltda y Continental Gold, en las cuencas de los ríos Combeima, Cocora y Coello.

La orden surge tras una acción popular interpuesta por la Personería de Ibagué, en 2011, que pretendía que se suspendieran los títulos mineros para desarrollar labores de exploración y explotación de oro en los ríos Combeima y Cocora, y que hacen parte de la cuenca mayor del río Coello.

El máximo tribunal reconoce a los tres afluentes como sujetos de derechos de protección, conservación y restauración por parte del Estado.

De igual manera, hace responsables al Ministerio de Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Minería (Anla) y a las tres empresas de todos los daños y perjuicios causados con el ejercicio de los 25 contratos de exploración minera en los ríos Coello, Combeima y Cocora.

Así mismo, ordena tanto al Ministerio de Minas como a la Anla y a Cortolima abstenerse de tramitar concesiones para exploración y explotación en los ríos mencionados

También establece la realización de un estudio, con cargo a las entidades mencionadas, por parte de la Universidad del Tolima, sobre el impacto ambiental y en la salud de los residentes en las cuencas de los tres afluentes, como consecuencia de la exploración y explotación minera.

Dicho estudio que no debe ser superior a un año, deberá delimitar el área necesaria para la protección del recurso hídrico e incluir las medidas de mitigación para su protección, y las acciones que se deberán realizar para recuperar el equilibrio de todo el ecosistema.

Dentro de la acción popular, Anglogold Ashanti, dijo haber renunciado a 18 de los 22 contratos de concesión inicialmente acordados, quedando solo cuatro títulos mineros y que no afectan el recurso hídrico de Ibagué.

Sin embargo, para la sala del Tribunal Administrativo «con el ejercicio de estos cuatro contratos de exploración minera, se genera un grave riesgo para la cuenca mayor del río Coello (ríos Cocora y Combeima), y con ello, una afectación a los derechos colectivos a gozar de espacio público libre de contaminación, goce de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, prevención de desastres técnicamente previsibles, seguridad y salubridad pública».

El magistrado Ángel Ignacio Álvarez Silva dio salvamento de voto, pues consideró que se hace necesario, no sólo la comprobación de la renuncia de los título de Aga, sino la delimitación del alcance de las medidas a los títulos activos, para lo cual se debe determinar su localización exacta y el estado de las actividades mineras que en ellos se adelantan(Los errores de AngloGold Ashanti)

 

Chile

Corte de Apelaciones decretó paralización inmediata de sondajes de NuevaUnión

Vecinos de Freirina interpusieron en mayo de este año un recurso de protección contra la compañía minera Nueva Unión y su proyecto de igual nombre, debido a los sondajes realizados en el sector de Maitencillo.

En virtud de los cual, la Corte de Apelaciones de Copiapó decretó una orden de no innovar, ordenando la detención inmediata de los trabajos en el Río Huasco. El texto indica que “se decreta orden de no innovar, debiendo la recurrida Compañía Minera Nueva Unión SPA, paralizar de inmediato las labores de prospección y sondaje en actual ejecución, en la cuencia del Río Huasco y sectores aledaños”.

Al respecto, Andrea Cisternas, vocera del Movimiento Río Huasco declaró al Diario de Atacama que “con esto se nos da la razón de que Nueva Unión desde un comienzo se ha presentado con mentiras ante las comunidades, porque nos han dejado plantado en muchas reuniones que hemos tratado de tener con ellos (…) Además se demuestra la incompetencia de las autoridades locales que también nunca nos escucharon cuando les informamos de estas ilegalidades, principalmente de los sondajes que se quieren instalar acá”.Por su parte, desde la empresa se refirieron al hecho a través de un comunicado indicando que “respeta lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Copiapó y va a analizar detenidamente su resolución con el fin de emitir un pronunciamiento informado”.

Fuente: soychile.cl – https://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2019/06/07/599534/Corte-de-Apelaciones-decreto-paralizacion-inmediata-de-sondajes-de-NuevaUnion.aspx

Mexico

Mina de Grupo México contamina río en Zacatecas usado para sembradíos y consumo humano

Los habitantes de San Martín Sombrerete denuncian que desde hace días se han derramado químicos como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre; denuncian que el daño ya es irreversible.

El río de la comunidad San Martín Sombrerete, en el estado de Zacatecas, es contaminado desde hace unos días, por un derrame de químicos producidos por una mina de Grupo México, propiedad de Garmán Larrea Mota.

La contaminación del río afecta directamente la actividad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región.

Los habitantes de San Martín informaron sobre la situación al Sindicato Nacional de Mineros (SNTMMSySRM) y detallaron que, desde hace al menos tres días, la empresa ha derramado desechos tóxicos en el río, como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre.

A través de una carta, los afectados dicen que el río contaminado atraviesa la comunidad y desemboca en sembradíos frutales y cultivos de granos básicos. Acusan que las autoridades locales tratan de detener “inútilmente” este derrame con maquinaria cuando el daño ya es irreversible.

En el texto denuncian que el subprocurador de medio ambiente de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, se comprometió a atender la contaminación de arroyos provocada por minas y hasta el momento no lo ha cumplido.

De acuerdo con el portal NTR Zacatecas, el daño no es solo para la comunidad de San Martín, habitada por unos dos mil habitantes, sino también resultan afectados otros municipios como San Antonio de Belén y Carretas, los cuales hacen uso del río para consumo humano.

Los habitantes de San Martín han buscado, en reiteradas ocasiones, un diálogo con las autoridades locales pero hasta ahora no han sido atendidos. Denuncian que la empresa Grupo México siempre ha callado y tratado de ocultar estas afectaciones ambientales.

 

Napoleón Gómez Urrutia, senador y presidente del Sindicato Nacional de Mineros, denunció el hecho en su cuenta de Twitter pidiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atienda la contaminación del río en San Martín y acusando que las autoridades de la región ocultan información.

El río de la comunidad San Martín Sombrerete, en el estado de Zacatecas, es contaminado desde hace unos días, por un derrame de químicos producidos por una mina de Grupo México, propiedad de Garmán Larrea Mota.

La contaminación del río afecta directamente la actividad agrícola y ganadera de San Martín Sombrerete, además de causar un daño irreversible al agua, flora y fauna de la región.

Los habitantes de San Martín informaron sobre la situación al Sindicato Nacional de Mineros (SNTMMSySRM) y detallaron que, desde hace al menos tres días, la empresa ha derramado desechos tóxicos en el río, como cianuro, sulfato de zinc y sulfato de cobre.

A través de una carta, los afectados dicen que el río contaminado atraviesa la comunidad y desemboca en sembradíos frutales y cultivos de granos básicos. Acusan que las autoridades locales tratan de detener “inútilmente” este derrame con maquinaria cuando el daño ya es irreversible.

En el texto denuncian que el subprocurador de medio ambiente de Zacatecas, Salvador Esaú Constantino Ruíz, se comprometió a atender la contaminación de arroyos provocada por minas y hasta el momento no lo ha cumplido.

De acuerdo con el portal NTR Zacatecas, el daño no es solo para la comunidad de San Martín, habitada por unos dos mil habitantes, sino también resultan afectados otros municipios como San Antonio de Belén y Carretas, los cuales hacen uso del río para consumo humano.

Los habitantes de San Martín han buscado, en reiteradas ocasiones, un diálogo con las autoridades locales pero hasta ahora no han sido atendidos. Denuncian que la empresa Grupo México siempre ha callado y tratado de ocultar estas afectaciones ambientales.

Napoleón Gómez Urrutia, senador y presidente del Sindicato Nacional de Mineros, denunció el hecho en su cuenta de Twitter pidiendo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que atienda la contaminación del río en San Martín y acusando que las autoridades de la región ocultan información.

 

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2019/05/mina-grupo-mexico-contamina-rio-zacatecas/

Perú

Apurímac: Provincia de Grau suspende paro contra actividades mineras

La provincia de Grau, en la región Apurímac, ha suspendido hoy temporalmente un paro provincial indefinido que se desarrollaba desde el pasado miércoles 29 de mayo en demanda del cierre de 2 plantas procesadoras de minerales. Con motivo del paro generalizado, la vía que une a Vilcabamba hacia Abancay y Chalhuahuacho- Cotabambas estuvo restringida, según dijeron los manifestantes que insisten en la medida para hacer escuchar sus peticiones ante las autoridades regionales y nacionales.

La población de Vilcabamba, capital de la provincia, pide a las autoridades que atiendan sus reclamos respecto al retiro y cierre definitivo de las plantas procesadoras Santa María Perú S.A.C. – Usayma, ubicado a algunos metros de distancia del río de Vilcabamba del distrito del mismo nombre y la planta Esponda ubicada en el distrito de Curasco, debido a casos de contaminación del suelo y agua.

La plataforma de lucha se resume en 4 puntos: 1. Reubicación de la planta de Usayma. 2. Ejecución del estudio de la carretera de doble vía. 3. Estudio y construcción de un hospital provincial de Grau. 4. que la provincia de Grau vuelva a ser zona de influencia directa del proyecto minero Las Bambas.

La población reclama al gobernador regional de Apurímac Baltazar Lantarón Núñez que cumpla sus compromisos, pues habría firmó un documento con los pobladores de la zona, donde se comprometió que una vez electo apoyaría la reubicación de las plantas procesadoras de minerales. Según denuncian en su plataforma de lucha, la planta procesadora a solo tres kilómetros del pueblo ha tenido serios impactos no solo por las emisiones de gases sino también debido al centenar de volquetes que pasan cada 10 minutos durante todo el día, lo que afecta la tranquilidad de las viviendas cercanas a la vía.

El día martes 4 de junio se instaló una mesa de trabajo en la plaza de armas de Chuquibambilla entre las organizaciones sociales y frentes de defensa de los distritos de Grau y los catorce alcaldes de la provincia de Grau, el vice gobernador regional, los consejeros regionales de Andahuaylas y Grau, la prefecta de Apurímac, representantes de la PCM, la defensoría del pueblo de Apurímac, representantes de la Dirección regional de energía y minas de Apurímac, los representantes de la gerencia sub regional de Grau, los representantes de la red de salud de Grau, los directores de la UGEL Grau. Sin embargo esta mesa no llegó a buen puerto, pues no se pudo acordar el cierre de estas plantas.

Sin embargo la mesa continuó el día de hoy y según el acta firmada entre los representantes gubernamentales, autoridades locales y dirigentes sociales se acordó que se suspende la paralización pacífica, se da un plazo de 8 meses para la reubicación de la planta de Usayma, asimismo se acordó que el Gobierno regional elabore los expedientes técnicos para proyectos productivos y de tratamiento de aguas servidas, entre otros temas. La mesa se deberá reunir el próximo 18 de junio para evaluar los acuerdos.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/06/apurimac-provincia-de-grau-continua-en-paro-contra-empresas-mineras/

 

Mexico

Proscriben la minería metálica en Guadalcázar

El ayuntamiento de Guadalcázar, San Luis Potosí, aprobó por unanimidad declarar este municipio libre de minería metálica, a fin de proteger su territorio de los inversionistas que durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto obtuvieron 103 concesiones para explotar esa localidad, informó el presidente municipal, Francisco Pérez Zapata.

La declaratoria fue resultado de la lucha comunitaria que emprendieron hace más de dos años ciudadanos de este municipio respaldados por autoridades del ayuntamiento, así como por la pastoral social de la iglesia diocesana de Matehuala, la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El primer paso fue “dar a conocer la existencia de las 103 concesiones mineras. Posteriormente se debatieron en reuniones las potenciales afectaciones a la salud, el territorio y los bienes naturales que traen consigo las actividades mineras, las cuales alteran para siempre el estilo de vida campesino y comunitario que, para nosotros, son un referente histórico de esta apacible y apreciada región.

Los habitantes de Guadalcázar se pusieron en alerta a principios de 2018, cuando nuestro territorio fue amenazado por una empresa minera que inició trabajos con fines de explotación. Esto orilló a que el ayuntamiento tomara medidas para frenar a esta empresa, cuya incursión era ilegal.

El alcalde Pérez Zapata y los regidores aprobaron la declaratoria de municipio libre de minería metálica, que ayer mismo fue publicada en Plan de San Luis, el periódico oficial del gobierno del estado.

El texto precisa los alcances del acuerdo: La voluntad popular de no permitir la minería metálica en Guadalcázar es de obligatorio cumplimiento tanto para autoridades como para particulares. Además, el ayuntamiento manifiesta de forma pública y abierta que por ningún motivo se autorizarán u otorgarán licencias y/o permisos de uso de suelo para llevar a cabo la extracción de minerales metálicos bajo cualquiera técnica o modalidad posibles.

Con la aprobación de esta declaratoria y su publicación se sienta un precedente muy importante para las resistencias en México porque es una muestra fehaciente de que los pueblos organizados podemos defender de manera pacífica y legal nuestro territorio, nuestros bienes naturales y nuestra forma de vida pese a las amenazas del poderoso modelo extractivo, informaron el ayuntamiento y las organizaciones que promovieron la declaratoria.

 

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/06/07/estados/030n3est?partner=rss

Mexico

Megaproyectos de exploración vulneran derechos de libre determinación de los pueblos mazatecos

Equipos de espeleólogos extranjeros llevan explorando más de cincuenta años las extensas cuevas de la región de los pueblos indígenas mazatecos, al norte del Estado de Oaxaca en México. Pese a que varias comunidades han negado el ingreso, se están apropiando del espacio subterráneo  sagrado, vulnerando los derechos de los pueblos originarios a su libre determinación.

La presencia de estos proyectos paso desapercibida por años, pues sus visitas coincidieron con el contexto de turismo sicodélico en la zona. Pero en años recientes, las exploraciones subterráneas se transformaron en mega-proyectos con varios y crecientes intereses sobre estos territorios.

Actualmente las expediciones a las cuevas son lideradas por el United States Deep Caving Team (USDCT), registrado como entidad legal en Estados Unidos, dirigido por William “Bill” Stone y William “Bill” Steele. Dicha organización tiene dos grandes proyectos de investigación en la región: el Huautla Cave Diving Expeditions y el Proyecto Espeleológico Sistema Huautla (PESH). Nos enfocaremos en el conflicto que ha generado este último.

Los proyectos del USDCT tienen varios intereses e indagaciones que no han transparentado ante los pueblos mazatecos. Sus expediciones han servido para el desarrollo de tecnologías de exploración en ambientes extremos, lo cual involucra a grandes empresas e inscripción de patentes. Han mapeado a detalle los flujos del agua regional, explorando acuíferos que consideran una “mina de oro”, que han planeado extraer para abastecer a la región. Han realizado prospección biológica y extraido especímenes de las cuevas, buscando hoy la posibilidad de desarrollar medicamentos con éstos, mediante un participante relacionado a la industria farmacéutica. Recientemente promocionan la transformación de las cuevas sagradas en sitios turísticos de interés especial.

El PESH inició exploraciones el año 2014, sin antes informar y pedir permiso a las comunidades sobre si querían o no este proyecto. Los organizadores extranjeros se atribuyeron el objetivo de explorar, mapear y estudiar todo el sistema de cuevas de la región, con investigaciones científicas de diversa índole en el subsuelo, durante diez años seguidos, y contando anualmente con decenas de expedicionarios en terreno. Es un proyecto oficial de la National Speleological Society (NSS), que tiene como política el compartir la información recabada en sus expediciones con agencias gubernamentales de Estados Unidos.

Según han referido algunos habitantes de la región, el PESH se ha presentado con permisos del Ayuntamiento de Huautla y han dicho poseer permisos del Estado de Oaxaca, sin embargo, estos no han sido mostrados. Según peticiones de información pública mediante el INAI, hechas al Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca[1], la Secretaría del Medio Ambiente, Energía y Desarrollo Sustentable de Oaxaca[2], el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca[3], y también al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas[4], estas dependencias gubernamentales estatales y federales no cuentan con información sobre el USDCT, el PESH y sus proyectos en territorios mazatecos.

La gente ha manifestado desconfianza y enojo con el quehacer de los proyectos de exploración en sus cuevas y tierras. Las cuevas son muy importantes en el ser colectivo de los pueblos mazatecos, son lugares sagrados de gran respeto y es delicado ingresar a ellas. A esto se suma la falta de transparencia, ética y de resultados de los proyectos, que ha llevado a varias comunidades en distintos municipios a negar el acceso a sus territorios.

Ejemplo de esto, es que en el año 2015 la asamblea comunitaria de San Agustín de Zaragoza asentara en un acta de acuerdos, con fecha del 6 de abril del 2015, que se oponía a la presencia de espeleólogos extranjeros. El acta dejó en claro que no han visto ningún beneficio tras cincuenta años de exploración, aunado a que no les han sido presentados los proyectos y resultados de cada expedición durante todo ese tiempo, violando así su derecho a la información y a la libre determinación. Esta acta fue ratificada el 26 de enero de 2019.

El PESH no respetó la decisión de la máxima autoridad comunitaria y continuó con las exploraciones, evitando ser notados en sus traslados subterráneos, repitiendo así el patrón de años atrás cuando el USDCT no dio aviso al transportar explosivos hacia las cuevas. Posteriormente han justificado sus expediciones con el hallazgo de restos paleontológicos, mediante una vinculación con el INAH. Además, han recurrido a espectacularización de los rituales mazatecos para simular respeto. Ahora se encuentran organizando, junto a la Sociedad Nacional de Exploradores, un Festival de las Cuevas a realizarse en Huautla en octubre del presente año, para buscar legitimidad y reforzar sus proyectos e intereses regionales.

Con todas estas acciones el PESH violenta el derecho a la libre determinación sobre las tierras y territorios de los pueblos mazatecos establecidos en tratados y declaraciones internacionales ratificados y adheridos por México: la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la OIT).

Entre los derechos vulnerados se encuentran los siguientes: aprovecharse de las costumbres y desconocimiento de leyes para arrogarse el uso de tierras indígenas (Artículo 17.3 del Convenio 169); al persuadir actividades que inciden en los planes de desarrollo municipal, lo cual vulnera el derecho de los pueblos a decidir sus propias prioridades en sus procesos de desarrollo (Artículo 7° del Convenio 169); al intrusarse sin permiso a las tierras indígenas y hacer usos no autorizados en éstas, son sujetos a ciertas sanciones por parte de los gobiernos (Artículo 18 del Convenio 169); vulneran el artículo 29.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al introducir explosivos en las tierras y cuevas mazatecas.

* Este artículo se basa en la investigación “Espeleología y Neo-colonialismo en la Sierra Mazateca” de Saraí Piña y Federico Valdés, disponible en: https://mapoc136610434.wordpress.com/espeleologia-y-neo-colonialismo-en-la-sierra-mazateca/?frame-nonce=ef01668164

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[1] Solicitud con folio 00803418 con fecha de respuesta el 12 de octubre de 2018.

[2] Solicitud con folio 00803718 con fecha de respuesta el 5 de octubre de 2018.

[3] Solicitud con folio 00803618 con fecha de respuesta del 5 de octubre de 2018.

[4] Solicitud con folio 0062500044618 con fecha de respuesta 13 diciembre de 2018.

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Fuente:https://desinformemonos.org/megaproyectos-de-exploracion-vulneran-derechos-de-libre-determinacion-de-los-pueblos-mazatecos/