María del Mar Parra 16/10/2024
Polvo contaminado con metales tóxicos se dispersa desde minas de cobre por largas distancias en el desierto, y se deposita en la superficie exponiendo a comunidades rurales lejanas, no contempladas en planes de descontaminación o monitoreo. Esta es la conclusión de un nuevo estudio.
Por sus características únicas, el desierto de Atacama es un territorio con presencia naturalmente alta de metales como el arsénico o el cobre. Pero un nuevo estudio sugiere que la minería del cobre incide en la dispersión de polvo contaminado con metales pesados, haciéndolo viajar hasta 70 km viento abajo y poniendo en riesgo la salud de comunidades no tan aledañas a las minas, y territorio indígena.

Se trata de un análisis de investigadores de Chile y Alemania que encontraron metales relacionados con la minería en superficies muy lejanas a las zonas inmediatamente cercanas a las minas, y estudiaron las concentraciones de algunos contaminantes.

El estudio detectó un fuerte aumento en la concentración de cobre, molibdeno y sobre todo de arsénico, en áreas que se extendían hasta 50 km desde la actividad minera en el caso de los primeros dos, y hasta 70 km viento abajo en el caso del arsénico. El estudio devela una dispersión de los contaminantes a una distancia mayor de la que se suele considerar, donde los estudios sobre impacto ambiental se centran en zonas más cercanas a la actividad minera.

“El análisis que presentamos urge a una examinación crítica de la normalización de la contaminación en el desierto de Atacama. Más allá de la presencia innegable de metales de fuentes naturales, este trabajo delinea claramente el rol significativo de la minería en su dispersión”, se lee en el estudio.

Ante la evidencia, llaman a expandir los protocolos de monitoreo para entender los efectos combinados de múltiples fuentes y para establecer límites aceptables de concentración de contaminantes en el suelo, el polvo depositado y otras matrices. Esto como primer paso para disminuir la exposición a riesgos de salud en zonas históricamente mineras.

Polvo contaminado
“El polvo con contaminantes se deposita en la superficie y por eso nosotros lo encontramos en los sedimentos. Si está en el suelo, también podría estar depositándose en poblados, en cultivos o en cuerpos de agua”, comenta uno de los investigadores del estudio, Nicolás Zanetta, que recuerda otros dos estudios que realizó en la misma línea, donde encontraron metales depositados en techos y ventanas de comunidades indígenas del Alto el Loa, en el desierto al norte de Calama, o incluso en los anillos de los árboles.

Mientras que las intoxicaciones agudas por arsénico incluyen vómitos, dolor abdominal y diarrea, la exposición prolongada puede generar lesiones cutáneas, cáncer de piel, vejiga y pulmón. La exposición a arsénico se vincula a problemas en el embarazo, mortalidad infantil y problemas de desarrollo cognitivo, de inteligencia y memoria.

La exposición prolongada al cobre o el molibdeno también se ha asociado a aumento en el riesgo de distintos tipos de cáncer, problemas de desarrollo, daños al hígado o al riñón.

Los investigadores argumentan que esta contaminación puede estar afectando localidades rurales y comunidades indígenas que no son frecuentemente monitoreadas ni incluidas dentro de planes de contaminación, los que por lo general se centran en ciudades.

El investigador destaca la falta de límites aceptables o permitidos en Chile para la concentración de metales y metaloides en suelos. “Las normativas que nosotros consideramos, como la italiana o alemana, establecen límites muy por debajo de las concentraciones que hemos encontrado en estas zonas del desierto”, comenta.
https://eldesconcierto.cl/2024/10/16/develan-que-polvo-con-arsenico-de-minas-de-cobre-viaja-hasta-70-km-y-contamina-el-desierto

30/09/2024

Durante la audiencia celebrada en Antofagasta, los ministros Sandra Álvarez, Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro escucharon los alegatos de los abogados de los reclamantes, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la empresa involucrada.

El Primer Tribunal Ambiental dejó en estudio las reclamaciones interpuestas por vecinos de Huasco, Vallenar y Freirina contra la aprobación ambiental del proyecto de depósito de relaves de la planta de pellets de la Compañía Minera del Pacífico (CMP).
Durante la audiencia celebrada en Antofagasta, los ministros Sandra Álvarez, Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro escucharon los alegatos de los abogados de los reclamantes, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la empresa involucrada. Se trata de dos reclamaciones, presentadas por pobladores de Huasco, Vallenar y Freirina, que cuestionan la resolución del SEA que aprueba el proyecto. Los vecinos argumentan que la evaluación de impacto ambiental presentó diversos vicios de legalidad y que no se consideraron debidamente sus observaciones ciudadanas.
En a ocasión, los abogados de los reclamantes, Marcos Emilfork y Santiago García alegaron que las modificaciones sustantivas realizadas al proyecto durante la tramitación requerían un segundo proceso de participación ciudadana y que la evaluación debió considerar una consulta indígena debido a la existencia de susceptibilidad de afectación a personas pertenecientes a los pueblos Diaguita y Chango

Además, destacaron que el proyecto se ubica en una “zona de sacrificio”, de manera que la evaluación debería haber considerado este aspecto, así como la situación específica de las personas de Huasco. Entre sus objeciones, resaltaron la falta de análisis sobre los efectos acumulativos y sinérgicos de los contaminantes, así como la evaluación insuficiente de los impactos en la flora (no considerando correctamente el fenómeno del desierto florido), los vestigios arqueológicos y la compatibilidad territorial del proyecto.

Por su parte, los representantes del SEA y de la empresa defendieron la aprobación del proyecto. El abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, Juan de Dios Montero, explicó que esta iniciativa se sometió a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) dado que la compañía reconoció que generaría impactos, pero subrayó que también se hace cargo de un problema preexistente, ya que la planta de pellets carecía de un sistema de relaves. Además, aseguró que los riesgos para la salud fueron adecuadamente evaluados, incluyendo los efectos sinérgicos, así como los impactos sobre la flora y el patrimonio arqueológico.

Del mismo modo, el abogado de la CMP, Rodrigo Benítez, también defendió el proyecto al mostrar imágenes de su funcionamiento y destacar que las reclamaciones carecen de fundamento. Sostuvo que las acciones interpuestas presentan varios vicios formales, debido a que algunos de los reclamantes no tienen legitimación al no residir en Huasco. Además, comentó que la invalidación es improcedente y que se han presentado argumentos que no fueron expuestos durante el proceso de participación ciudadana ni en la reclamación administrativa.

En cuanto al fondo, Benítez expuso que, a su juicio, los reproches sobre el proceso de evaluación ambiental son infundados, constando en el expediente todos los antecedentes que dan cuenta que el proyecto no genera un riesgo para la salud de la población, haciéndose cargo debidamente de sus impactos sobre la flora y el patrimonio arqueológico. Asimismo, explicó que el proyecto es compatible con los instrumentos de planificación territorial aplicables en la zona.

El proyecto
El proyecto de la CMP se ubica en la comuna de Huasco, Región de Atacama, y consiste en la construcción, operación y cierre de un depósito de relaves filtrados en tierra. Este se encuentra en terrenos propiedad de la compañía y está compuesto por tres sectores: filtrado, transporte y depósito.

La causa se encuentra en estudio del Tribunal Ambiental tras la audiencia en la que se analizaron los argumentos de las partes y de la empresa.
https://www.mch.cl/negocios-industria/aprobacion-de-proyecto-minero-genera-reclamos-ante-el-primer-tribunal-ambiental/

25/09/2024
[resumen.cl] Hasta adentrada la noche de este martes fueron cientos de observaciones ciudadanas las que se ingresaron al proyecto minero impulsado por Aclara que pretende instalarse en la comuna de Penco, las cuales se suman los cuestionamientos que presentaron diversos organismos públicos en una de las primeras etapas de tramitación.

Este 24 de septiembre terminó el plazo para el ingreso de observaciones en el contexto de la participación ciudadana del proyecto minero que busca explotar tierras raras en los cerros de Penco.

Si bien la semana pasada el Servicio de Evaluación Ambiental publicó el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), donde recopila cientos de observaciones de los organismos públicos que se pronunciaron sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, fue este martes el plazo para que organizaciones, comunidades e incluso empresas -como fue el caso de CEMARC- ingresaran las dudas y cuestionamientos que deberá responder el titular REE UNO SPA -hoy en manos de Aclara Resources-.

Así las cosas, durante los próximos meses la empresa minera debería dar respuesta a cada una de las observaciones mediante un documento consolidado (llamado Adenda), por lo que el proceso de tramitación ambiental continuará en curso.

Esto, en un contexto de progresiva presión para acelerar el cuestionado proyecto minero, más aún a partir del Plan de Reconversión impulsado por el Ministerio de Economía tras el proceso de cierre que vive la siderúrgica Huachipato -de la cual el Grupo CAP es propietaria, al igual que de parte del proyecto de tierras raras-.
https://resumen.cl/articulos/proceso-de-participacion-cerrado-cientos-de-observaciones-fueron-ingresadas-al-proyecto-minero-de-tierras-raras-en-penco

26/09/2024
La investigación, entre la regulación chilena y el estándar minero IRMA, establece que las principales brechas están asociadas a la conducta empresarial responsable, gestión de impactos ambientales, mecanismos de participación y de reclamación.

De la mano del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el estudio jurídico peruano Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, el Proyecto MinSus de la GIZ lanzó un estudio comparativo que identifica las principales brechas entre el Estándar IRMA y la normativa de Chile y de Perú relacionada a la minería.
El documento, elaborado por 10 expertas y expertos chilenos y peruanos, analiza las complementariedades entre la legislación chilena y peruana, con cada uno de los 426 criterios de IRMA, identificando que más de la mitad de estos no están cubiertos en la normativa nacional.
La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA por sus siglas en inglés) es uno de los estándares voluntarios más completos de la industria minera, según un estudio comparativo del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) del 2022, y fue fundado en 2016 por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas compradoras de minerales y metales, inversores, comunidades afectadas, sindicatos y empresas mineras. Su objetivo es establecer un sistema de evaluación de la minería responsable, verificado de manera independiente a través de auditorías de terceros.

La investigación, titulada “Estudio comparativo entre la normativa chilena y peruana con los requerimientos auditados por el estándar IRMA”, revela que las brechas en ambos países se presentan principalmente en normas vinculadas a: 1) la Conducta Empresarial Responsable (CER); 2) la gestión de impactos ambientales; 3) los mecanismos de participación ciudadana; y 4) las exigencias de los mecanismos de reclamación.

Para el caso chileno, el estudio concluye que un 53% de los 426 de los requisitos de IRMA son categorizados como “más exigentes” que la normativa chilena, un 11% no está cubierto en la ley, solo un 29% del total son “igual de exigentes” y un 2% “menos exigentes”.

Para medir el cumplimiento de las empresas mineras de gran escala, IRMA evalúa el nivel de cumplimiento en cuatro principios fundamentales: 1) integridad empresarial, 2) planificación y gestión de legados positivos, 3) responsabilidad social, y 4) responsabilidad ambiental. Al analizar el cumplimiento entre la normativa chilena y estos principios, el estudio reveló que la legislación chilena cubre menos del 3% del primer principio, un 38% del segundo y tercero, y un 26% del cuarto.

Sin embargo, al enfocarse en los requisitos críticos del estándar (los 40 aspectos más relevantes y necesarios para obtener la certificación), el cumplimiento de la normativa chilena sube a un 40%, registrando nuevamente las mayores brechas en el primer principio “Integridad empresarial” y en el cuarto principio “Responsabilidad ambiental”, con un 14% y 13% de correspondencia respectivamente. Destaca el alto nivel de cumplimiento con los requisitos críticos de la “planeación y gestión de legados positivos” y “responsabilidad social” con un 75% y 70% de correspondencia respectivamente.

Al examinar el análisis cualitativo, el estudio concluye que la normativa chilena muestra un alto nivel de alineación con los requisitos de IRMA en temas ambientales y laborales, incluyendo la evaluación y gestión del impacto ambiental y social, el reasentamiento, las condiciones de trabajo justo, la salud y seguridad laboral, el patrimonio cultural, y la calidad del aire. Pese a ello, existen capítulos en materia socioambiental que simplemente no están contemplados en la normativa chilena como lo son el ruido y vibraciones; emisiones de gases de efecto invernadero; biodiversidad; servicios del ecosistema y áreas protegidas; gestión de cianuro; y gestión del mercurio. Se espera que algunas de estas brechas se acorten cuando entren en vigencia la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

En términos prácticos, el estudio informó que, en Chile, hasta noviembre de 2023, dos operaciones mineras habían sido auditadas por IRMA (con resultados publicados), correspondientes a la empresa chilena SQM y la estadounidense Albemarle, cuyas instalaciones de extracción de litio se ubican en el Salar de Atacama. Cada una alcanzó los niveles 75” y 50” respectivamente.

Al respecto, Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Universidad Católica y uno de los autores del estudio, comentó que “la obtención de estos niveles refleja un esfuerzo por parte de las empresas en cumplir con los rigurosos requisitos de IRMA, demostrando un trabajo serio y profundo en mejorar sus estándares de conducta empresarial responsable y de sostenibilidad. Esto considerando que la normativa chilena aún presenta importantes brechas en comparación con el Estándar”.

Ibáñez agregó que estas auditorías son una oportunidad para que las empresas mineras comprueben el desempeño socioambiental de sus operaciones y se adelanten a posibles cambios normativos en la legislación nacional o de los mercados donde exportan sus productos.

Finalmente, el estudio entregó recomendaciones para avanzar en una mejor gobernanza minera y concluye que, pese a los avances en las legislaciones de Chile y Perú, que recientemente han incorporado mejores estándares en gestión socioambiental, aún existen brechas por cerrar que, para Juan Eduardo Ibáñez “pueden motivar una reflexión pública y privada sobre la conveniencia y la factibilidad de reducirse progresivamente con el objeto de que la normativa nacional alcance una mayor correspondencia con las normas internacionales de Conducta Empresarial Responsable”.
https://www.mch.cl/negocios-industria/estudio-identifica-brechas-y-recomendaciones-para-promover-una-mineria-responsable/