El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, presentó un proyecto de ley para regular e impulsar la exploración y explotación de minerales en el espacio, con la idea de que esto traerá inversiones extranjeras a la Argentina.
La minería espacial consiste en la posibilidad de explotar minerales y demás compuestos (incluidos hidrocarburos) en asteroides y planetas, con el fin de ser extraídos hasta la órbita cercana a la Tierra para su posterior procesamiento.
El proyecto, que se encuentra en situación de trámite parlamentario, habilita a toda persona humana o jurídica argentina a explotar con fines comerciales minerales ubicados en el espacio o provenientes de asteroides, actividad que requerirá un permiso previo.
“Iniciativas como la que propongo serán generadores de nuevas inversiones y oportunidades de trabajo en la Argentina. Por ello solicito la aprobación del presente proyecto”, escribió el legislador de Juntos por el Cambio.
INICIATIVA
El interesado en desarrollar inversiones para realizar actividad minera en el espacio deberá acreditar la suficiente experiencia que le permita realizar ese tipo de trabajos y abonar una tasa de tramitación.
También, será necesaria una póliza de seguro o una fianza bancaria por los montos que establezca la reglamentación, que cubra en forma total los daños y perjuicios que eventualmente generare al Estado Nacional o a terceros por el incumplimiento de las condiciones de los permisos de exploración y explotación.
Estados Unidos, Alemania, Luxemburgo y Rusia contemplan en su legislación el derecho a la apropiación de los recursos minerales espaciales y desarrollan simultáneamente las tecnologías necesarias para ser empleadas o adaptadas para su uso en la minería espacial.
Desde el punto de vista económico, apuestan a que se convierta en una herramienta útil para promover la radicación de nuevas empresas en el país.
Como siempre, las empresas mineras buscan las mayores ganancias al menor costo. Aún si en ello se compromete la vida de los trabajadores. En Andacollo, provincia de Neuquén trabajadores del sector jerárquico se apostaron en la barrera de la mina e impiden el ingreso del personal. Denuncian varias irregularidades e informaron que la policía minera cerró una explotación por falta de ventilación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró ayer constitucional la Ley de Glaciares. Se trata de la norma que protege los cuerpos de agua de la Argentina y determina, entre otras cosas, dónde puede haber actividad minera y dónde no. El fallo implica lecturas múltiples. Fue celebrado por ambientalistas como una medida en defensa del Medio Ambiente. Pero generó interrogantes sobre el futuro de la industria minera, principal perjudicada por esta decisión. Por elevación, significa además un golpe para el Gobierno, que buscaba modificar la ley para garantizarse nuevas inversiones del sector.
Diversas empresas mineras están contaminando las represas Incachaca y Milluni, que proveen el agua que consumen las ciudades de La Paz y El Alto, según estudios especializados realizados recientemente.
Frente al temor de EE.UU.que acaba de emitir un manual para la gobernanza de los recursos de energía en plena guerra comercial con China, el insaciable apetito del gigante asiático por el litio no preocupa a los expertos que consideran que se trata de un posicionamiento estratégico más que un peligro hegemónicos, según publicó ayer El Deber.
Dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), en conferencia de prensa, denunciaron ayer que «agua copajira» de una bocamina entra a la laguna de Chalviri y supuestamente esa agua está contaminada.
El movimiento Salvemos al Cañón del Sumidero y la asociación civil Otros Mundos Chiapas denunciaron que la empresa Minera Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, es responsable de causar enfermedades cancerígenas a las personas que habitan en Ribiera Cahuaré.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó el proyecto de inversión impulsado por el ex presidente, Enrique Peña Nieto, con el que se busca una inversión millonaria para impulsar la minería en toda la costa del estado de Michoacán.
El gobierno de México ha pagado a empresas trasnacionales 242 millones de dólares por proyectos extractivos cancelados. El sistema comercial internacional obliga a los Estados a indemnizar a las corporaciones por las pérdidas de sus inversiones y, ahora, las mineras buscan entrar a lo que investigadores llaman el “casino del extractivismo”: un juego de apuestas para aumentar sus ganancias a costa de empeñar el planeta.
Desde tempranas horas se han movilizado por trochas y carreteras las diversas comunidades de Huachuma, San Juan, Hualcuy, Curilcas, San Martín, Singoya, Tapal, Yanta, y otras comunidades de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, pertenecientes a la región de Piura, en dirección a la la plaza de armas de la provincia de Ayabaca, donde se vienen concentrando todas las delegaciones, incluidas las de otras provincias de la región. Miles de comuneros, ronderos y pobladores de Ayabaca acatan el paro provincial. Todos los colegios y negocios de la provincia cerraron sus establecimientos respaldando la medida de lucha.