Desde el 2017 diversos distritos de la provincia de Melgar, en la región Puno, vienen denunciando la contaminación del río Ramis provocada por la minería informal.
Según denuncia la población, las aguas de la zona continúan siendo contaminadas por la minería informal que nace en la cabecera del distrito Ananea, sectores Chaquiminas, Ancocala, Pampa Blanca y Oriental.
En esa línea los habitantes de los distritos de Crucero, Potoni, San Antón, Asillo y Azángaro denuncian que no han tenido respuesta o acción por parte del gobierno central y el Ministerio de energía y minas.
Las autoridades, como los jueces de paz, rondas campesinas, dirigentes de la cuenca Ramis y representantes de la municipalidad constataron el problema. Según la constatación de las autoridades locales, el río Ramis muestra un color café y con bastante lodo. Asimismo los pobladores manifestaron que el ganado que ha estado tomando estas aguas, han padecido de diarrea y que las crías nacen con malformaciones. Incluso denuncian que el agua ha dejado de ser apta para elaborar el chuño blanco.
Por otro lado, el dirigente de la rondas campesinas base Túpac Amaru, Felipe Quispe, ha pedido una urgente remediación de la contaminación y que se cumplan los compromisos asumidos; sin embargo, de no tener solución la dirigencia y su población alzarán su voz de protesta con una huelga indefinida. También señalaron que la minera Minsur también contamina y debe también de remediar. Por eso piden con urgencia la presencia del presidente de la República en los lugares afectados.
Cabe recordar que las primeras protestas se registraron en el año 2007. Entonces los pobladores de las provincias de Azángaro y Carabaya llegaron a la ciudad de Juliaca y protestaron pidiendo atención al Estado.
Este viernes 14 de junio, se retomó el diálogo en el grupo de trabajo de “Justicia y Derechos Humanos”, en la ciudad de Tambobamba, en la provincia apurimeña de Cotabambas.
Recordemos que esta mesa forma parte del proceso de diálogo entre el gobierno central, autoridades regionales y locales, empresa y dirigentes, luego del último estallido social. Las mesas fueron acordadas como parte del intento de atender las demandas de las comunidades afectadas por diversos impactos del proyecto minero Las Bambas. Las demandas giran en torno al tema de la carretera, la judicialización de los dirigentes comunales por los conflictos anteriores, entre otros aspectos.
Asimismo, hoy se cumplen los 20 días de plazo del pedido a la Corte Suprema de Justicia para que evaluara en un Pleno Jurisdiccional las consecuencias penales de la protesta social. Lo que se busca con esta medida es que los jueces puedan contar con estándares y criterios para evaluar apropiadamente el reclamo de las comunidades en conflictos sociales.
En el mismo plazo, se presentó un pedido ante la Fiscalía de la Nación y las Oficinas de Control Interno del Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias, evalúe el desempeño de los fiscales de la provincia de Cotabambas. Como se sabe, los fiscales encargados han suspendido en reiteradas ocasiones la audiencia de juicio oral seguido contra los comuneros procesados por los estallidos del año 2015 y 2016.
En cuanto a las acusaciones contra los dirigentes comunales, hasta el momento se ha informado del archivamiento de tres casos a nivel de la investigación fiscal, principalmente del año 2018. Los demás casos aún están en evaluación. De la misma forma se ha informado que la empresa MMG Las Bambas está mostrando voluntad para encontrar una solución a estos procesos.
Entre otros acuerdos se ha informado que a finales del mes de junio, la empresa minera comenzará a hacer efectivo el apoyo humanitario para las víctimas del conflicto de los años 2015 y 2016. Además hay gestiones para incorporar a los familiares en los programas sociales.
Esto para evitar que siga afectando con residuos mineros el agua de los afluentes del río Coralaque , que desciende hasta el Valle del Tambo (Arequipa). De esta quebrada , agricultores de comunidades de la provincia Sánchez Cerro , también son perjudicados.
El Estado a travéz de sus organismos reguladores, toma acciones concretas sobre la Mina Florencia – Tucari de la Empresa Aruntani SAC , ubicada en la frontera de Moquegua y Puno . A travéz del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) , ordenó a la compañía suspender de manera definitiva sus actividades de lixiviación (lavado de oro).
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La Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN, a partir de un estudio técnico alertó sobre “una situación de riesgo inminente” para las lagunas y salares puneños por la explotación del litio, pues tiene como consecuencia la menor disponibilidad de agua dulce en esas fuentes, líquido vital para el desarrollo de la vida humana, la flora y fauna de esa región.
En un comunicado difundido ayer FARN “hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.”
“Es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado”
La organización, a partir de estudios técnicos realizados señala que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado.
Litio, el nuevo grial
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muypocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Estudios sobre el impacto en recursos hídricos
Es en base a estos antecedentes FARN realizó estudios técnicos, en colaboración con los expertos Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, y se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Las principales conclusiones del estudio realizado por FARN respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización, son los siguientes:
“En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad.
Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto.
La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural.
Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga).
Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.”
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación.
Invocan a la aplicación de Ley General del Ambiente
Por todo lo expuesto, FARN realizó un “llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediataen base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.”
En ese sentido, la organización recuerda que “el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”.”
Invocan también “el principio precautorio, el que sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.”
Ambos principios de acuerdo a FARN “son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.”
“Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado”, concluye el comunicado.
En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.
Las empresas mineras han encontrado una nueva forma de violar la soberanía de los países de América Latinapara imponer sus proyectos: demandar con montos millonarios a los gobiernos ante un sistema de arbitraje supranacional cuando se implementan políticas públicas en respuesta a las exigencias de comunidades afectadas por la minería.
El informe “Casino del Extractivismo: las empresas mineras apuestan con la vida y la soberanía de América Latina usando el arbitraje supranacional”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), el Instituto de Estudios Políticos (EU), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (EU) y Alerta Minera Canadá (MININGWATCH), demuestra cómo el acudir al arbitraje supranacional es una oportunidad para que las mineras se enriquezcan a través de temerarias apuestas dentro de un sistema donde las probabilidades están en su favor.
“La facultad de éstas últimas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que pueden acudir a través de sus cortes, sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley”, dice Jen More Y Manuel Pérez-Rocha Loyo, autor del informe.
La proliferación del arbitraje entre inversionistas y Estados de parte de empresas mineras contra gobiernos en América Latina coincide con el aumento de conflictos y resistencias comunitarias en contra de la desenfrenada expansión de la minería metálica industrial en la región.
México, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Granda y Guyana, son los países de Latinoamérica y El Caribe donde las mineras han presentado casos de arbitraje en contra de los gobiernos.
El estudio analiza 38 demandas en las que más de la mitad de las mineras tienen su domicilio en Canadá. Asimismo, la mayoría de estos casos los presentaron empresas de exploración que no cuentan ni con minas en operación ni con ningún otro proyecto minero, y realizan un último intento de extirpar millones e incluso miles de millones de dólares de gobiernos en la región a través del arbitraje supranacional sin importar si respetaron o no los reglamentos ambientales y mineros locales, y en casi todos los casos sin contar con el consentimiento de la comunidad para operar.
Las cláusulas sobre Solución de Controversias entre Inversionista y Estado (SCIE) que se incluyen en Tratados de Libre Comercio (TLC), Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y otros pactos, normas y contratos sobre inversiones les permite a los inversionistas evadir a los tribunales nacionales y presentar sus demandas ante un sistema de arbitraje supranacional. Este sistema les permite a los inversionistas extranjeros presentar demandas por millones, e incluso miles de millones de dólares, contra Estados soberanos ante “tribunales” privados de arbitraje, siendo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial el más comúnmente utilizado, mientras que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se presenta como otra opción.
Estas demandas se realizan frente a un panel de tres abogados corporativos, altamente remunerados, quienes usualmente se encuentran en secreto sin la presencia de testigos.
LAS DEMANDAS CONTRA MÉXICO
En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.
De acuerdo con el estudio, todos los sospechosos del asesinato tenían vínculos con la empresa, pero aún no se ha hecho justicia.
Años más tarde, una solicitud amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información en Canadá reveló que la embajada de Canadá en México había asesorado a Blackfire Exploration sobre cómo iniciar una demanda, a pesar de que funcionarios del gobierno canadiense tenían un detallado conocimiento sobre las protestas con relación a la mina de barita de Blackfire, al igual que la criminalización, las amenazas y la violencia contra miembros de las comunidades que se habían pronunciado sobre los impactos de la mina, refiere el informe.
La empresa no llegó a materializar su amenaza de demanda y se disolvió en 2017.
Otro caso es el de la empresa canadiense Primero Mining (que First Majestic Silver compró posteriormente). En junio 2016, unas semanas antes de la Cumbre de los “Tres Amigos”, entre México, Canadá y los Estados Unidos, México recibió la notificación de intención de someter a arbitraje internacional la reclamación de la minera por el supuesto incumplimiento de normas del TLCAN luego de que la autoridad impositiva mexicana presentara una acción legal para intentar incrementar el pago de impuestos de la empresa con base en sus ventas de plata.
Primero Mining era gravado sobre la base de sus ventas de plata a un precio muy por debajo del valor de mercado, conforme a un acuerdo con las autoridades mexicanas para el período entre 2010 y 2014. El precio por debajo del valor de mercado se remite al contrato entre Primero Mining y Silver Wheaton, a la cual le vende una parte de la plata proveniente de la mina San Dimas en Durango a través de una subsidiaria off-shore, es decir una subsidiaria ubicada en un paraíso fiscal. Luego, Silver Wheaton vende esa plata a un precio más elevado.
La empresa indicó que su amenaza con relación al TLCAN por un monto indefinido desembocó en un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas y que por esta razón había suspendido el procedimiento arbitral a marzo de 2018.
Otro caso ocurrió en septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del TLCAN (actualmente denominado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o T-MEC). La empresa estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificó su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN y con relación a una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo.
La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano han impedido que la empresa explote dos predios.
El estudio indica que la empresa efectivamente presentó la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019, y el monto que reclama rondaría los 500 millones de dólares. En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Mineral Exploration entabló una notificación de intención de demandar a México por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en suelos marinos cerca de costas de Baja California Sur por la enorme cantidad de 3 mil 540 mil millones de dólares.
Tegucigalpa.-El ambientalista, Santos Isidro Cruz, fue asesinado el jueves en la comunidad de El Guante, municipio de Cedros, al norte de Francisco Morazán, en el sector del Valle de Siria.
De acuerdo a una publicación del sitio Defensores en Línea del Comité de Familiares de Honduras (Cofadeh) el cadáver de la víctima, que recibió tres impactos de bala, tenía señales de tortura.
El ambientalista fue encontrado con vida, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, donde murió.
Relato de Defensores en Línea:
Su esposa e hijas desconocen porque “Chilo” fue impactado con tres balas en el pecho y el abdomen, y señales de forcejeo en sus brazos, por lo que presentaron la denuncia a la policía del municipio de Cedros, a 95 kilómetros al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde residía el defensor de los bienes comunes de la naturaleza.
Cruz, de unos 40 años de edad, era Vocal del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS), entidad que tiene casi 20 años en oposición permanente de la explotación minera, en una región conocida internacionalmente por los efectos en la salud que deja el extractivismo a cielo abierto.
El miércoles, Chilo salió de su casa en motocicleta, con destino al instituto de educación media “Alma Latina” en la comunidad de “El Guante”, donde trabajaba de vigilante le pidió a su esposa que lo acompañara porque iba a recibir su decimos cuarto mes de salario, pero ella no pudo.
Y al no volver a su hogar, empezó la preocupación y búsqueda. La policía lo encontró a la orilla de la calle, con las heridas de bala y a bordo de una patrulla lo trasladaron a Tegucigalpa, para ser atendido en el Hospital.
La familia no constató si Chilo tenía el dinero -que se supone habría cobrado- cuando la policía lo encontró. En virtud de lo anterior, su hija presentó denuncia en la posta de Cedros para que se investigue este crimen.
El CAVS pide que se investigue el hecho que hoy los tiene de luto, ante el clima de criminalización de la defensa de los bienes comunes y temor que se impone con la persecución de los líderes ambientales.
El Comité ha recibido amenazas por denunciar el proyecto de muerte “San Ignacio” I, II Y III, y defender de río Playa, el que ya sufrió daños con la empresa minera “Entremares”, y que con las nuevas mineras desconocen el impacto real en la región donde se extrae oro a cielo abierto, y la broza que exportan las concesionarias, detalló su dirigencia.
Informes dados a conocer el 2 de noviembre de 2011 por parte el Movimiento Amigos de la Tierra Internacional destacan que estudios forenses realizados en el 2007 en muestras de sangre y orina a 62 personas de tres municipios del valle de Siria, todas salieron contaminadas con metales pesados, porque hay concentración de cianuro, plomo, mercurio y arsénico en la sangre-.
Para evitar más daños a la salud humana, fauna y flora, el ambientalista José Isidro Cruz, lideraba la oposición al proyecto en el área del Chancuaco, Cedros, informó el CAVS, a Defensores en Línea, a pocas horas de dar sepultura al ambientalista.
Con más de 10 años de activismo ambiental, Cruz denunciaba el riesgo que enfrentaba al ser defensor de los bienes comunes, porque se enfrentan a grandes transnacionales coludidos con poderes facticos nacionales.
Honduras el país peligroso para los ambientalistas
Defensores del CAVS
Otros defensores y líderes sociales del Valle de Siria, que está entre los municipios de Cedros, Vallecillos y San Ignacio, han denunciado constante vigilancia, persecución, campañas de desprestigio y amenazas contra sus vidas. Estos defensores son: los profesores Carlos Amador, Roger Escober y Olguer Escober.
Recientemente Olga Velásquez, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita de país, que era objeto de intimidación y vigilancia por parte de hombres extraños en horas de la noche.
El CAVS sumará a sus demandas que el crimen contra Cruz, no quede en la impunidad. Y es que les toca luchar, según la organización Global Witness, en el país más peligroso para defender del planeta.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos urge a los Estados a apoyar y proteger estas personas, pero en Honduras la justicia opera a la inversa, donde hay presos políticos por oponerse al régimen de Juan Hernández, defensores con medidas sustitutivas a la prisión por defender el río, las playas, el territorio y el bosque, y asesinatos contra líderes indígenas y campesinas como Margarita Murillo, Berta Cáceres, José Ángel Flores, Salomón y Juan Samael Matute, por mencionar algunos casos.
Por su parte el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), declaró que “el asesinato de Chilo, muestra que vivimos en un país hundido en la criminalización, persecución, miedo, terror y el asesinato. Sigue siendo Honduras uno de los países más peligrosos para los y las defensoras”.
El MAS, expresó su solidaridad y muestras de apoyo a su organización hermana en la defensa del ambiente. Por lo que demanda la pronta investigación y que se dé con los responsables intelectuales y materiales de este crimen.
Denunció a este régimen como responsable directo del asesinato de ambientalistas y defensores en Honduras. Y exigió que se haga justicia, cese a la represión y a este sistema que cada día contribuye a sembrar miedo y terror bajo la lógica de la militarización y control territorial. Y no probó de responsabilidad a los países que siguen reconociendo esta ilegal reelección que contribuye a dar seguimiento al golpe de estado político-militar del 2009.
FARN hace un llamado a las autoridades de las provincias de Salta y Jujuy, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediata en base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente en la valiosa Puna argentina.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por ser el más ligero de los minerales, el litio es un excelente almacenador de energía y, por tanto, un gran “aliado” frente al cambio climático ya que, al poder acumular energía derivada de una fuente renovable, las baterías de ion-litio podrían contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Estas baterías son, además, utilizadas para garantizar distintos tipos de movilidad eléctrica.
Este mineral “maravilla” se encuentra esencialmente en Argentina, Bolivia y Chile, países que conforman el llamado “triángulo del Cono Sur del Litio”, con aproximadamente el 70% de las reservas de salmueras de este mineral a nivel mundial. Más precisamente, está en los salares de altura de la región de la Puna, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, en ecosistemas considerados frágiles y con escasez hídrica donde, no obstante, desde tiempos ancestrales y en armonía con la naturaleza, habita una importante cantidad de comunidades indígenas.
El interés por este mineral ha generado la movilización de recursos del sector público, y principalmente del sector privado, para conocer sus cualidades, cómo puede ser integrado a dispositivos electrónicos y baterías, y de qué manera hacer más eficientes las baterías de distinto tipo. Sin embargo, muypocos son los estudios que han analizado en profundidad los impactos de la extracción de litio en las fuentes de agua de las regiones áridas en que se encuentra este mineral.
Para paliar esta falencia, en 2010 la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó a un grupo de especialistas para que hiciera un análisis de la situación del agua en estos frágiles ecosistemas, en un contexto en que la exploración y extracción de litio se encontraban aún en etapas iniciales. En ese marco, un estudio fechado en 2012 ya advertía acerca de un potencial riesgo hídrico para las cuencas estudiadas en la Puna argentina.
Es en base a estos antecedentes que FARN, en colaboración con la expertise de Marcelo Sticco, Patricio Scravaglieri y Antonella Damiani, se propuso indagar en profundidad la situación de los recursos hídricos de la zona afectada, teniendo en cuenta todos los proyectos que, en distintas etapas de desarrollo, están vigentes en los salares de la Puna en la actualidad.
El estudio se focalizó en dos cuencas específicas y utilizó como principal fuente la información técnica de las propias empresas mineras que es de pública disponibilidad. Se estudió la situación del agua en:
1) Olaroz-Caucharí, provincia de Jujuy, cuenca en la que existen tres proyectos, uno de ellos en extracción desde 2015 y otro cuya explotación fue recientemente autorizada; y
2) Salinas Grandes y Lagunas de Guayatayoc, en las provincias de Salta y Jujuy, donde existen tres proyectos en etapa de exploración a pesar de la presencia de comunidades que se oponen terminantemente a la extracción de litio.
Los objetivos específicos fueron conocer la conexión entre el agua salada y las zonas de agua dulce, y aproximarse al balance hídrico de cada una de las cuencas estudiadas; esto es, conocer la cantidad de agua que naturalmente entra al salar y aquella que sale, para así comprender mejor las posibilidades de riesgo hídrico a las que pueden resultar expuestos estos frágiles ecosistemas al verse afectados en cuanto a su disponibilidad de agua.
Compartimos aquí las principales conclusiones respecto de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, ya que el análisis vinculado a Olaroz-Caucharí se encuentra en proceso de finalización.
Entre los principales hallazgos se resaltan los siguientes:
En los salares de la Puna existen cuerpos de agua dulce y de agua salada que forman parte de un mismo acuífero. En el centro de la cuenca está el agua con alto contenido de sales disueltas (también conocidas como salmueras), entre las que se hallan los compuestos de litio; en tanto que en las zonas periféricas se encuentra el agua dulce o de baja salinidad. Pero existe conexión entre el agua dulce y el agua salada: las distintas masas de agua se encuentran conectadas en una zona de “mezcla” o “intermedia” en la que ambos tipos entran en contacto. La explotación de litio se realiza a partir de la extracción de sales contenidas en la salmuera en las zonas centrales de los salares, lo que produce efectos en las zonas de agua dulce, que se moviliza hacia las zonas de extracción de litio y, así, se saliniza de manera irreversible, en tanto ya no puede volver a su estado anterior.
Debido a las escasas precipitaciones en la zona, se concluye que se extraerá mayor cantidad de agua que aquella que ingresará al sistema de forma natural. Esto porque el uso de agua por parte de las empresas mineras (descarga), de acuerdo con la proyección de construcción de pozos, es superior al nivel de ingreso (recarga). Además, se calcula que solamente el 5% del agua de lluvia –escasa de por sí- ingresa al subsuelo. Como consecuencia se genera un desequilibrio que afecta el nivel de agua subterránea de forma gradual, lo que finalmente provoca el desplazamiento del agua dulce -ubicada en zonas adyacentes a salares en vegas y lagos a mayor altura- a una mayor velocidad hacia el centro del salar (movimiento centrípeto, desde el borde hacia adentro) por tratarse este último de una zona más baja, desde la que se extrae la salmuera.
Si bien el contenido de la investigación y las opiniones expresadas son de exclusiva responsabilidad de los autores y la autora y no reflejan necesariamente la opinión de nuestra organización, FARN considera de vital importancia contar con estudios del estilo que pongan en la agenda, para su oportuna discusión, los aspectos generalmente ignorados de la cuestión del litio; esto es, los impactos ambientales vinculados a su extracción.
El cuadro de alarma que plantean las conclusiones a las que arriba esta investigación, aun cuando sus resultados son preliminares, alcanza para dar cuenta del panorama de riesgo para los ecosistemas que supone la extracción de litio y, por tanto, la importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina, ecorregión que se encuentra entre las prioridades de conservación. También es de tenerse en cuenta que Salinas Grandes fue elegida como una de las siete maravillas naturales de la Argentina. Asimismo, destacamos que el estudio no tiene en cuenta los usos de agua por parte de las comunidades, circunstancia que ha de ser integrada en tanto podría agravar el impacto de la extracción de salmueras previsto por esta investigación.
Por todo lo expuesto, FARN hace un llamado a las autoridades competentes, tanto en las provincias de Salta y de Jujuy como a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a actuar de manera inmediataen base a lo estipulado por los principios precautorio y preventivo -además de los de solidaridad y cooperación- que prevé la Ley General del Ambiente, para dar respuesta, sin dilación, a la situación de riesgo inminente al sistema hídrico de la Puna argentina.
En ese sentido, se recuerda que el principio de prevención, previsto en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675, establece que “las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir”. Además el principio precautorio sostiene que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Ambos principios son de aplicación directa para el caso de Salinas Grandes ya que, por un lado, el de prevención obliga a actuar para prevenir impactos negativos que puedan darse sobre los salares de la Puna y, por otro, aun cuando estudios como el aquí presentado puedan ser complementados con investigaciones adicionales que den mayor certeza respecto de la envergadura de los daños en los recursos hídricos, existe evidencia suficiente para presuponer son irreparables e implican consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares.
Por ello es mandatorio que se ponga un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente en la cuenca de referencia no será significativamente afectado.
Existe hoy normativa ambiental suficiente, vigente tanto a nivel provincial como nacional, para abordar la problemática aquí planteada, con herramientas que evalúen acumulativamente los impactos ambientales previstos a nivel cuenca, por lo que ignorar este cuadro alarmante y la aplicación de las normas no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Por otra parte, esta situación moviliza a las comunidades que habitan la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc en defensa de sus derechos. Preocupadas por el agua y su vida, ven las amenazas concretas que genera la explotación de litio en sus posibilidades futuras, ya que dependen del agua -escasa de por sí- para el desarrollo de distintas actividades económicas y la reproducción de su vida cultural. Por eso, realizaron acciones para llamar la atención de las autoridades, que en ningún caso dieron una respuesta acorde a la gravedad de lo denunciado.
Con esta publicación esperamos, por un lado, traer elementos fundamentales para un debate basado en evidencia científica que dé cuenta de que no se puede seguir avanzando a ciegas en la explotación de un mineral, sin evaluar suficientemente sus impactos ambientales. Por otro, contribuir al debate de sustentabilidad desde una perspectiva amplia, problematizando la forma en que mayoritariamente se piensan las cuestiones relativas al litio, con la mera enunciación de su potencial para la contribución a la transición energética global como “excusa suficiente” para pasar por alto debates fundamentales que involucran tanto aspectos ambientales como sociales y culturales.
Autor: Grupo Ambientalista El Melón /Agencia de Noticias.org
Con la finalidad de interceptar las infiltraciones del Tranque de Relaves El Torito, la transnacional Anglo American Chile, división El Soldado ha presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental el Proyecto denominado “Habilitación Transitoria de Pozos de Captación de Infiltraciones Tranque de Relaves El Torito”, este proyecto se ubica en la provincia de Quillota, Región de Valparaíso.
Dicha petición se enmarca en la necesidad de revertir la contaminación del agua producto de la operación minera. Esta obra consiste en la habilitación transitoria de una cortina de nueve pozos profundos de extracción de agua subterránea, aunque se perforarán seis pozos adicionales para reemplazo en caso de que uno quede inutilizable, sumando con ello un total de 15 pozos profundos a construir, además la minera proyecta en el corto plazo la construcción permanente de una zanja de intercepción. El trabajo se justifica por parte de la empresa, debido a que lo proyectado originalmente para la disminución de la contaminación del vital elemento no está dando resultados positivos.
La cantidad de pozos profundos le permitirá a la minera extraer más de un millón y medio de litros de agua por día, situación que tiene en alerta a los vecinos de la localidad de El Melón. El escenario de escasez hídrica se viene arrastrando de hace bastante tiempo en la zona, por lo cual de autorizarse dichas obras dejarán prácticamente sin agua al distrito poniendo en peligro la disponibilidad del vital elemento para el consumo humano, además podría aumentar la pobreza en la localidad al no poder contar con ella para las labores propias de la agricultura y ganadería en las cuales trabajan centenares de personas de la comuna de Nogales.
Cabe tener en cuenta que según cifras oficiales de las Naciones Unidas sobre consumo humano, la cantidad de agua que podría extraer la minera diariamente de la cuenca del Estero El Cobre superaría en cantidad al agua necesaria para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de la comuna de Nogales.
Existe incertidumbre al respecto de la necesidad de extraer agua en dicho sector, ya que debido a los años de sequía que han azotado la zona las napas subterráneas han ido disminuyendo drásticamente su capacidad de entrega del líquido, esto también afectaría el negocio del cobre considerando que desde el año 2005 a la fecha la división El Soldado prácticamente ha duplicado el consumo de agua fresca para la extracción de cobre, consumiendo en el año 2005 un volumen de 3.362.959 M3 equivalente a 50 M3 por tonelada de cobre fino obtenido y en el año 2012 consumieron 6.013.000 metros cúbicos equivalentes a 111 M3 por tonelada de cobre fino obtenido. Es importante destacar que en el año 2013 bajó su producción de cobre y por lo tanto su consumo de agua fresca proveniente de agua subterránea y también de agua superficial, la cantidad consumida en este período fue de 4.498.000 M3 .
Teniendo como base estos antecedentes se podría deducir que la minera dispondría de forma más económica de 567.648 M3 de agua fresca por año para su operación, esto tomando en cuenta la disminución de los costos de bombeo desde los pozos ubicados en El Melón y El Litre hacia la operación. La transnacional en caso de ser aprobada la solicitud deberá requerir el traslado de derechos de agua desde los pozos ubicados en El Melón y Los Litres a la nueva ubicación que resulta más conveniente por la disponibilidad de agua y por la cercanía a la faena minera.
La comunidad local también manifiesta temor debido a los trabajos de reparación que se han realizado en el Tranque de Relaves El Torito, lo que implicó cambiar el talud del muro de contención y con ello disminuir la seguridad del mismo al tener que retirar el relave desde la pata del muro para depositarlo en el coronamiento del tranque, no respetando con ello el diseño original aprobado por las autoridades en el año 2004.
En relación al tema de contaminación de las napas subterráneas, Anglo American división El Soldado se encuentra sometida a un proceso sancionatorio instruido por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) caratulado como F-019-2013, pues la transnacional no ha dado cumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental RCA Nº 163/2004 que autorizó la Ampliación del Tranque de Relaves El Torito, además cabe señalar que cuenta con otras infracciones como no cumplir con el manejo de reforestaciones, manejo de fauna, manejo de botaderos de estériles, manejos de aguas lluvias, etc. Igualmente la compañía minera se encuentra demandada por el Consejo de Defensa del Estado por la destrucción de más de 30 hectáreas de Bosque Nativo que incluyó Bellotos del Norte, Monumento Natural protegido por ley.
Autor: Por Alvaro Meneses Gutiérrez Fotos y videos: Juan Zapata Sánchez , Wayka.pe Conflicto Relacionado: Yanacocha
Cerca de treinta trabajadores y extrabajadores de la empresa minera Yanacocha de Cajamarca viven con metales tóxicos en sus organismos. Algunos decidieron contar sus testimonios a Wayka. Otros, temerosos de perder sus empleos, tienen que seguir soportando los síntomas en silencio.
El cajamarquino Marco Antonio Castillo sufrió un infarto cerebral que lo dejó en estado vegetal, el 5 de octubre de 2018. Su salud había llegado a una fase crítica: una cirrosis hepática de tercer grado que maltrataba su sistema digestivo; una encefalopatía que lo despertaba por las noches sin saber dónde estaba, sin reconocer los rostros de su familia; un tumor cerebral y metales tóxicos en su organismo que ignoraba hasta ese momento, y un incontrolable temblor en las manos. El 4 de noviembre del año pasado, en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Castillo murió.
Días antes de morir, a sus 54 años, Marco Antonio Castillo, quien trabajó 21 años en el área de refinería de Yanacocha desde 1996 hasta el 2017, supo que en su cuerpo había gran cantidad de talio, arsénico, bario, cadmio, mercurio, uranio, níquel, plata, estaño y titanio, de acuerdo a un estudio de mineralograma del laboratorio estadounidense Doctor’s Data.
Siete meses después de su fallecimiento, su esposa Patricia Villanueva teme por la salud de su hijo, quien nació cuando Marco Antonio Castillo llevaba por lo menos 7 años trabajando en la mina. “Nunca sufrió nada, él ha sido deportista, él ha sido un hombre sano, entró en la minera a trabajar sano, joven”, dice Patricia Villanueva, quien vive en Cajamarca.
Cajamarca es la segunda región con mayor número de pasivos ambientales mineros en todo el país, sólo después de Áncash. La mayoría de los pasivos ambientales de esta región se concentran en Hualgayoc, provincia que fue declarada en emergencia en septiembre de 2016. En la comunidad de Bambamarca, por ejemplo, la Dirección Regional de Salud de Cajamarca identificó por lo menos 332 casos de personas afectadas con metales pesados, quienes han denunciado un trato negligente de las autoridades.
“Allí comíamos, toditos llenos de mercurio”
A sus 37 años, proveniente de la ciudad de Jaén (Cajamarca), Marlo Coronel Vásquez respira y se rasca alguna parte del cuerpo casi con la misma frecuencia. En 2001, ingresó a Yanacocha para trabajar en el área de Procesos de Lixiviación de la planta Pampa Larga, y transitó por otras áreas hasta que después de 14 años no resistió un día más en la mina.
En el área de lixiviación, donde se extraen los minerales mediante una solución cianurada, Marlo Coronel recordó que pasaba entre 8 y 9 horas diarias, de lunes a viernes, sólo con botas de jebe, guantes, casco, lentes de seguridad y una máscara que nada más cubría la mitad de su rostro, sin los filtros necesarios para protegerse del gas de cianuro que había en el ambiente. Una exposición constante que causa dolor de cabeza, debilidad, confusión y puede llevarlo a la muerte. Así estuvo durante tres años, según su testimonio.
Aproximadamente en 2004, pasó al área de Refinería, donde se procesan los minerales en un horno de retortas a 650 °C por 26 horas. “Ahí tenían gas de mercurio, solución cianurada, y lo que te daban era una máscara de media cara (…). En esos años nos pedían bastante producción (…), tenías que abrir esa retorta donde estaba a 600 grados y los sensores de calibración de mercurio volaban”, narra Marlo Coronel.
Luego fue transferido al área de refinería de la planta Yanacocha Norte. Era lo mismo que lo que vivió en Pampa Larga, recordó Marlo, pero a mayor escala.
“En esa misma área comíamos (…). El mercurio por acá, por la cara, toditos llenos de mercurio, en la piel, todo con las manos. Así, sin guantes, teníamos que meternos porque ahí no hay espacio. Yo tenía que limpiar los sumideros . Como era flaco, tenía que meterme por debajo. (Había) cantidad de mercurio, y la bomba jalando agua”, relata mientras se rascaba el cuello enronchado.
Años después, en el 2012, el grave estado de salud de Coronel comenzaría a manifestarse: diarreas constantes, salivación espesa que lo llevaba hasta el ahogo, reacciones alérgicas en la piel y tembladera de manos.
Marlo Coronel reportó sus síntomas a sus superiores y, según los médicos ocupacionales de Yanacocha, no era nada grave. El mineralograma que se tomó años después de que renunciara a la empresa, probó lo contrario: altas dosis de mercurio, aluminio, uranio, torio y titanio. En menor cantidad, arsénico, bario, plomo y otros metales tóxicos para el ser humano.
Actualmente, Coronel trabaja en una chacra en Jaén sembrando café, luego de varios intentos fallidos de conseguir otro empleo. “Lamentablemente estamos contaminados. ¿Qué empresa va a querer cargar con un muerto?”, se pregunta.
Sabor a metal
La misma interrogante se la repite Boris de la Torre Sánchez (48), quien ayuda a su madre en una heladería de la provincia de Celendín, en Cajamarca. De 1998 hasta julio de 2016, trabajó en el área de refinería de Yanacocha, al igual que Marlo Coronel. Cerca de 18 años expuesto a lo mismo. Lo que más recuerda es el humo blanco y que en la boca siempre sentía un sabor a metal.
Boris de la Torre Sánchez, extrabajador de Yanacocha. No puede caminar en la oscuridad, ni controlar la fuerza de sus movimientos.
Fue luego de renunciar a Yanacocha cuando su cuerpo comenzó a reaccionar a la afectación por metales. Su primer síntoma se manifestó una mañana que entró en la ducha, y al cerrar los ojos bajo el agua, perdió el equilibrio. Semanas después, caminando bajo la noche de Pueblo Nuevo, cuando se dirigía a un evento familiar, tuvo un mareo y se cayó.
Según el mineralograma que se aplicó el 13 setiembre de 2016, su cuerpo concentra altos niveles de arsénico, cadmio, talio, plomo, mercurio, níquel y plata. “Estoy cien por ciento seguro de que mi daño es a raíz del vapor de mercurio que durante 18 años estuve inhalando. Fue un daño crónico”, sostuvo Boris de la Torre.
Otro de los síntomas ocurrió el Día de la Madre del año pasado, cuando sin querer le fracturó las costillas a su progenitora con un abrazo que no pudo controlar. Según lo que leyó en internet, cree tener ataxia, una enfermedad que deteriora el equilibrio y la coordinación de los movimientos. Eso explica por qué se le rompen los huevos en la mano y el tenedor se le queda en la boca. Es lo que recuerda entre las palabras y nombres que va olvidando.
“Cuando una está mal, tratan de deshacerse”
Nelly Bardales Salinas (50) también vive con metales tóxicos en su organismo luego de haber trabajado casi 15 años para Yanacocha. Teme por la salud de su hija de 11 años, a quien internó hasta cinco veces en la clínica Los Fresnos de Cajamarca por las reacciones alérgicas que brotaron sobre su piel desde la infancia.
El 5 de noviembre de 2001 fue el primer día de trabajo de Nelly Bardales como técnica de Laboratorio Químico de la planta Pampa Larga, área en la que se mantuvo hasta el 31 de enero de 2015. Durante ese tiempo se dedicó a analizar las muestras líquidas y sólidas a través de vapor frío y absorciometría infrarrojo, además de calibrar los equipos.
“Era un ambiente expuesto a gases de ácido clorhídrico, ácido nítrico, son gases que emanan de las planchas de las campanas, entonces si la extracción no es buena, los gases salen. En los hornos de fundición, en donde tienen litargirio, plomo (…), eso salía como humo. En las planchas tenemos gases, en absorción atómica tenemos ácidos que se mezclan con las perlas que salen de fundición, que es la copelación, y desprenden plomo como vapor”, explica Nelly Bardales.
Durante su primer año en Yanacocha, en medio de una guardia, sintió que una bola de la dimensión de una naranja se había formado entre el final inferior de sus cervicales y el inicio de su columna vertebral y desprendía un dolor que la mantenía rígida, además de su brazo izquierdo que temblaba.
Un examen médico del 2010 concluyó que tenía una inversión de la curvatura cervical. Otro examen del 11 de febrero de 2011 le detectó hernias en los discos C4-C5 y C5-C6, ubicados en la parte baja del cuello. El 2014 se agravó y tuvo múltiples hernias discales. Esta situación, según uno de los neurocirujanos que la examinaron, solo se presenta cuando una persona cae de cabeza desde un quinto piso.
“El médico me dijo que se iría degenerando más, porque el conducto medular no es redondo, está achatado, por lo que en cualquier momento la médula chocará con el conducto y puedo quedar inválida (…). Estoy esperando que ya no tenga movimiento en alguna de mis extremidades para operarme”, dijo Nelly, recordando las palabras de su médico, el neurocirujano Michael Hinojosa Spring.
Además, el mineralograma que le practicó el médico Ricardo Puell Calderón, el 9 de marzo de 2017, mostró altos niveles de talio en su organismo, y mercurio, aluminio, arsénico y plomo, en menor cantidad. En febrero del año pasado, de manera repentina, Nelly Bardales convulsionó y se desmayó.
“El lema de Yanacocha era ‘Yanacocha es tu familia’, y para mí la familia te cuida, te ayuda, te protege (…). Ellos dicen eso, pero cuando uno está mal, tratan de deshacerse como sea, y si no pueden, te hostigan, te cambian de un lugar a otro, te cansan, y como tú estás mal, estás cansado, tiras la toalla. Yo me retiro, entonces la empresa dice que yo me retiré, pero no es así”, explica Nelly sobre su renuncia a la minera.
La larga lista
Historia como las de Marco, Marlo y Nelly hay muchas, como la de Fredy Silva López (29), quien trabajó en Yanacocha hasta abril de 2014. Un año antes de su salida, su supervisor le encontró manchas plomas de mercurio sobre sus hombros y el cuello. Y esa misma noche tuvo mareos, vómitos, diarreas y un sabor a metal en la boca que le duró cuatro meses.
Luego de un año con descanso médico por ese incidente, la minera lo hizo renunciar, dejándolo sin seguro médico, con ronchas en todo el cuerpo, una memoria deficiente y dolores musculares. Un médico de la clínica Ricardo Palma, de Lima le dijo incluso que sus hijos podrían nacer con deformaciones o con Síndrome de Down.
Wayka también entrevistó a Segundo Fernández Holguin (48), un comercializador de fósforos que vive con altos niveles de antimonio, aluminio, arsénico, bario, níquel, mercurio, plomo y otros 10 metales tóxicos dentro de su cuerpo. Segundo cree que el origen de su mal fue a causa de los 18 años trabajando para Yanacocha sin la protección adecuada, ; primero en el área de Procesos de lixiviación, luego en Merril Crowe (donde se limpian los minerales), y finalmente en Refinería.
Un incidente dentro de la mina lo dejó con el cabello tieso por dos meses. Tiempo después, también tuvo un enrojecimiento en diferentes partes del cuerpo hasta causarle heridas, que hasta ahora le duran; además de la excesiva sudoración que lo empapa por las noches.
Segundo Fernández Holguin, extrabajador de Yanacocha afectado con antimonio, aluminio, arsénico, bario, níquel, mercurio, plomo y otros 10 metales tóxicos dentro de su cuerpo.
Y la lista de extrabajadores afectados con metales tóxicos continúa: Alan Herrera, Gloria Pereda Romero, José Soto Velásquez. Guillermo Blanco Salinas, Néstor Chávarry Díaz, Juan Félix Córdova Injante, Víctor Infante Chiquimango, Juan Vigo Ventura, Adriano Vásquez Mendoza, Arcenio Alata Fernández, Lucio Mamani Mamani, Jorge Verastegui Tejada, Víctor Valdiviezo Rojas, Marco Antonio Urday Guzmán, Pedro Miguel Gomez Chumpitaz, Juan Castrejon Chilon, Wilser Becerra Ríos, José Rodríguez Zender, Luis Montoya Montoya, Luis Armando Céspedes, Juan José Rojas Vergara, Walter Pajuelo Cochachi y Alejandro Becerra Palomino.
Wayka pudo conocer que, en total, son cerca de 30, entre trabajadores y extrabajadores de Yanacocha, los que afrontan males de salud que se presumen originadospor la alta contaminación a la que estuvieron expuestos dentro del complejo minero de propiedad de la estadounidense Newmont Mining Corporation (51,35%) y la peruana Compañía de Minas Buenaventura (43,65%). Algunos aceptaron ofrecer sus testimonios a Wayka. Otros, por el temor a perder sus empleos, se ven obligados a seguir aguantando los malestares en silencio.
Los afectados decidieron entablar una batalla legal contra Yanacocha, y apoyarse en el sustento médico sobre la exposición a metales tóxicos que coinciden con sus síntomas. ¿Qué dice Yanacocha? Todo esto lo sabrá en las siguientes entregas.
El 4 de Junio la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió su fallo por unanimidad avalando la constitucionalidad de la ley que protege a los glaciares. En el fallo expresan que «Ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución».
El fallo, sin embargo, llega luego de nueve añosde continuidad de operaciones destructivas de glaciares y zonas periglaciarias por parte de las empresas mineras, habilitada por el reclamo judicial conjunto de Barrick y el gobierno de San Juan.
Ya no hay discusión: la ley 26.639 de protección de glaciares de la Argentina es constitucional. La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los planteos de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y de la provincia de San Juan que tenían en suspenso la aplicación de esa norma.
La decisión del máximo tribunal -conformado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti– abre ahora el debate sobre, al menos, 40 proyectos mineros en el país. Los artículos 2 y 6 de la norma eran los más discutidos. El primero de ellos se refiere a la superficie de protección de los cuerpos de hielo y de roca, es decir, dónde empieza y dónde termina la superficie glaciar. El sexto, a las actividades prohibidas en esa superficie. El acuerdo de los ministros de la Corte no hace referencia en particular a este detalle.
Los fundamentos que firmaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda para rechazar los planteos se centraron en la argumentación del proceso de sanción de la ley, con el debate en ambas cámaras del Congreso; en la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano, así como también en el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de lucha contra el cambio climático.
Los actores demandantes planteaban que el Congreso había avanzado sobre la jurisdicción de las provincias en lo que se refiere a los recursos naturales. En este sentido los jueces fueron contundentes: «Antes de buscar confrontación, los artículos 41 y 124 de la Constitución deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental», expresaron, al tiempo que sostuvieron que «no hay inconstitucionalidad derivada del procedimiento de la ley cuestionada».
Y consideraron que «Barrick Gold y Minera Argentina Gold no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera».
Los ministros agregaron que «la provincia de San Juan, que había adherido al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley, tampoco había podido explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio».
Así, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti advirtieron que «la protección de los glaciares en un estado federal como el argentino implica una densa y compleja tarea política que deben cumplir conjuntamente el Estado Nacional y las provincias para coordinar eficazmente sus diversos intereses. Ninguna interpretación -concluyeron- es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución«.
También hicieron mención al derecho al agua y, en ese sentido, destacaron la importancia de la norma en cuanto protege a «los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
Los jueces dejaron asentadas en su argumentación las consecuencias que la crisis climática ya provocó en los cuerpos de hielo de nuestro país e hicieron referencia a la advertencia del Instituto Nacional de Glaciología (Ianigla) respecto de la retracción de glaciares por el calentamiento global. «Esta lectura se inscribe en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París en 2015, ratificado por la República Argentina en 2016», indicaron.
En el texto se tiene presente que «para dar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, debía reconocerse la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños».
En suma, los ministros concluyeron que «el régimen de protección de glaciares debe ser analizado en el contexto de ponderación de las reglas del federalismo con aquellas que ordenan la protección del ambiente».
El presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, y Elena Highton de Nolasco también rechazaron los pedidos de los demandantes y centraron sus votos en la falta de prueba respecto de la afectación que alegaban. «Las concesionarias no han probado actividad administrativa alguna de parte de las autoridades nacionales que afecte de un modo suficientemente directo un interés legítimo suyo. Por el contrario, nada parece perturbar, de acuerdo al relato de las actoras, el normal funcionamiento de su actividad minera. Tampoco han demostrado que la mera vigencia de la ley de glaciares genere una situación de incertidumbre que afecte al ejercicio de sus derechos. Idénticas conclusiones, aunque por razones parcialmente diversas, cabe arribar en lo que concierne a la configuración de un caso controversia entre el Estado Nacional y la provincia de San Juan», indicó Rosenkrantz.
El rechazo de Highton se fundó en un argumento similar: «No se encuentran cumplidos los recaudos que permiten, con fundamento en los criterios antes expuestos, tener por acreditada la existencia de un caso controversia en la medida en que nada parece perturbar -de acuerdo sus propias manifestaciones- el normal funcionamiento de su actividad minera. Las concesionarias Barrick Exploraciones Argentinas S.A., Exploraciones Mineras Argentinas S.A. y la provincia de San Juan han formulado sus planteos de manera genérica y no han logrado invocar la existencia de un caso controversia judicial que habilite este Tribunal pronunciarse sobre el fondo de la cuestión«.
Comentario de noalamina.org: En base a estos dos últimos párrafos resulta claro que la intención del reclamo judicial de la minera Barrick y el gobierno de San Juan ha sido principalmente demorar la aplicaciónde la Ley de Glaciares, a lo que resultó funcional la dilación en el fallo de la Corte durante nueve años de indefinición.
Aunque las mineras se mostraban este lunes (3 de junio) inquietas por la decisión, la cámara que las agrupa emitió un comunicado: «La Cámara Argentina de Empresarios Mineros considera que proteger los glaciares es fundamental, y resguardarlos es una obligación ineludible de la sociedad en general. Hemos asumido el compromiso de realizar nuestro trabajo en forma respetuosa con el ambiente. Y entendemos que toda actividad productiva sólo debe realizarse en aquellas zonas donde pueda garantizarse el cuidado de las fuentes hídricas. Trabajando en forma responsable y transparente, demostramos que la industria minera puede impulsar un sano desarrollo sustentable».
La Argentina tiene 16.968 glaciares, ocupa el segundo lugar de América Latina en términos de recursos disponibles de agua dulce y se encuentra entre los primeros 15 estados del planeta.Según un documento hallado por la justicia en la Secretaría de Ambiente de la Nación, hay 44 proyectos mineros activos o en planificación en zonas glaciarias o periglaciarias. Sólo en San Juan hay 28.
La empresa Barrick, que explota Veladero en esa provincia y que inició el recurso legal, asegura que la mina no ocupa superficie protegida por la normativa. Esa aseveración es, en parte, lo que convirtió en abstracto el planteo. Sin embargo, el inventario de glaciares podría determinar otros límites.Según los trascendidos, el nuevo argumento legal será la irretroactividad de la ley.
Desde el 2017 diversos distritos de la provincia de Melgar, en la región Puno, vienen denunciando la contaminación del río Ramis provocada por la minería informal.
Este viernes 14 de junio, se retomó el diálogo en el grupo de trabajo de “Justicia y Derechos Humanos”, en la ciudad de Tambobamba, en la provincia apurimeña de Cotabambas.
Esto para evitar que siga afectando con residuos mineros el agua de los afluentes del río Coralaque , que desciende hasta el Valle del Tambo (Arequipa). De esta quebrada , agricultores de comunidades de la provincia Sánchez Cerro , también son perjudicados.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN, a partir de un estudio técnico alertó sobre “una situación de riesgo inminente” para las lagunas y salares puneños por la explotación del litio, pues tiene como consecuencia la menor disponibilidad de agua dulce en esas fuentes, líquido vital para el desarrollo de la vida humana, la flora y fauna de esa región.
Las empresas mineras han encontrado una nueva forma de violar la soberanía de los países de América Latinapara imponer sus proyectos: demandar con montos millonarios a los gobiernos ante un sistema de arbitraje supranacional cuando se implementan políticas públicas en respuesta a las exigencias de comunidades afectadas por la minería.
La organización remarca que existe evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares, por lo que considera mandatorio poner un freno al inicio de operaciones de nuevos proyectos y/o al avance de los existentes hasta tanto se realicen estudios completos que garanticen que el ambiente no será significativamente afectado. Ignorar este cuadro alarmante, así como la aplicación de las normas ambientales vigentes, no es más que una decisión política que conlleva sendas responsabilidades.
Con la finalidad de interceptar las infiltraciones del Tranque de Relaves El Torito, la transnacional Anglo American Chile, división El Soldado ha presentado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la consulta de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental el Proyecto denominado “Habilitación Transitoria de Pozos de Captación de Infiltraciones Tranque de Relaves El Torito”, este proyecto se ubica en la provincia de Quillota, Región de Valparaíso.
El cajamarquino Marco Antonio Castillo sufrió un infarto cerebral que lo dejó en estado vegetal, el 5 de octubre de 2018. Su salud había llegado a una fase crítica: una cirrosis hepática de tercer grado que maltrataba su sistema digestivo; una encefalopatía que lo despertaba por las noches sin saber dónde estaba, sin reconocer los rostros de su familia; un tumor cerebral y metales tóxicos en su organismo que ignoraba hasta ese momento, y un incontrolable temblor en las manos. El 4 de noviembre del año pasado, en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Castillo murió.
Segundo Fernández Holguin, extrabajador de Yanacocha afectado con antimonio, aluminio, arsénico, bario, níquel, mercurio, plomo y otros 10 metales tóxicos dentro de su cuerpo.
El 4 de Junio la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió su fallo por unanimidad avalando la constitucionalidad de la ley que protege a los glaciares. En el fallo expresan que «Ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución».