En el marco del proyecto Río Blanco, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura avanzó judicialmente con el caso de dos comuneros asesinados y cinco heridos tras un conflicto social de 2009…Este progreso se consiguió al declarar procedente la solicitud de acumulación de los dos expedientes penales de las siete víctimas de la comunidad de Segunda y Cajas, en Huancabamba…

El caso ocurrió el 2 de diciembre de 2009, fecha en que 35 efectivos policiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) ingresaron arbitrariamente a los terrenos de los afectados…

Según informa el Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), utilizando vehículos de la PNP y la empresa minera Río Blanco Copper S.A.[actualmente parte de Xiamen Zijin Tongguan Investment Development Corporation, part of Zijin Mining Group, Tongling Non-Ferrous Metals Group Holding Co. Ltd. y Xiamen C&D Coperation Ltd.], dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario…

En dicho episodio, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda. Se trata de Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama…Además, fueron heridos cinco comuneros: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez.

Fuente:https://www.business-humanrights.org/en/node/190404?fbclid=IwAR0LE3tw3683qVrZhXx_H9DW_x3UXku5pYLWTt5-mnLYDhNZIBhLjzEdWqE

En un reciente comunicado, la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa- ODECOFROC, denuncia la inacción del Estado frente al avance de la minería ilegal en la Cordillera del Cóndor.

Como se sabe, ODECOFROC junto a instituciones de conservación internacional, sometieron a proceso de consulta la creación de áreas naturales protegidas, llegando a un acuerdo unánime con el pueblo Awajun Wampis de crear el área total de 150,000 hectáreas como el Parque Nacional Ichigkat Muja.

Ese acuerdo fue vulnerado por el gobierno de Alan García; se recortó el área del Parque Nacional y posteriormente se otorgaron 111 concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor. Lamentablemente, las actividades mineras han aumentado en la zona: mineros ilegales provenientes del Ecuador y una empresa minera desde Perú -la empresa minera Afrodita SAC- han venido extrayendo minerales, sin ninguna autorización, causando estragos en la zona.

En el comunicado se señala que: “Frente a esa situación, la organización ODECOFROC viene denunciando que las actividades de extracción ilícita de oro se realizan con la complicidad de ciertos funcionarios del gobierno central y regional”. Por ejemplo, se ha señala que el jefe de la Sexta Brigada de Selva, José Sosa Dulanto, habría firmado un convenio con Minera Afrodita SAC, recibiendo a cambio trimestralmente la suma de 80.000 ochenta mil nuevo soles.

Además, desde el año 2016,el Ejército Peruano habría abandonado el puesto de vigilancia Tambo, dejando todo bajo el control de Minera Afrodita. No se han realizado acciones de fiscalización e interdicción suficientes, lo que facilita que la empresa minera se mantenga en un territorio sin la autorización para llevar a cabo sus operaciones.

Frente a este abandono de la Cordillera del Cóndor, en febrero del presente año, los comuneros de Shaim, ocuparon el lugar del Tambo y expulsaron a Minera Afrodita. En el comunicado exigen que el Ministerio de Defensa realice las acciones necesarias respetando los derechos de las comunidades. Asimismo, demandan que se fiscalicen las actividades de la minería ilegal y que se protejan y respeten los derechos de la población indígena Awajun, propietaria ancestral de los territorios de la Cordillera del Cóndor.

Fuente:http://vigilanteamazonico.pe/2019/06/24/comunidades-indigenas-denuncian-avance-de-mineria-ilegal-en-el-cenepa/

Gregorio Rojas aseguró que los comuneros han cumplido con liberar el corredor minero a Las Bambas. Sin embargo, pese a ello aún no se ha solucionado el tema del fundo Yavi Yavi.

Gregorio Rojas, presidente de Fuerabamba, en Cotabambas (Apurímac), aseguró que la empresa minera Las Bambas no ha cumplido hasta hoy con ninguno de los compromisos con los ciudadanos de su comunidad.

En declaraciones a Exitosa Noticias, Rojas aseguró que los comuneros han cumplido con liberar el corredor minero a Las Bambas. Sin embargo, pese a ello aún no se ha solucionado el tema del fundo Yavi Yavi (Cusco), propiedad de la comunidad de Fuerabamba por donde cruza el camino hacia la minera.

Cabe recordar que Fuerabamba considera que se vulneró su propiedad privada al reclasificarse como vía nacional el espacio de la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi, mediante una resolución ministerial.

“Yo he firmado un documento en Lima con dos actas: uno para liberar la vía del fundo Yavi Yavi y otro es el acta judicial que firmamos con la empresa. Dentro de eso tenemos otra acta del 22 de mayo que hemos firmado con la minera. Son ocho veces que nos hemos juntado con ellos y no hay ningún punto que se haya solucionado hasta hoysobre la propiedad privada del fundo Yavi Yavi” , manifestó.

“Solamente la comunidad ha cumplido con liberar la vía y los vehículos están pasando tranquilamente, pero la empresa no cumple hasta hoy y seguimos esperando el diálogo, porque queremos solucionar”, agregó.

Aseguró que la comunidad de Fuerabamba está realizando esfuerzos para solucionar este problema de una vez.

De otro lado, Rojas saludó la suspensión de los dos jueces de la provincia de Cotabambas, de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, por presuntamente vulnerar principios elementales de una correcta administración de justicia.

“Quiero saludar al jefe de la OCMA, Vicente Walde, porque se ha encontrado que los jueces Patricia Valencia y Andrés Flores estaban haciendo mal las cosas y por eso no había justicia para nosotros en Cotabambas. Por eso estábamos perseguidos y criminalizados”, puntualizó.

Fuente:https://gestion.pe/peru/bambas-minera-cumplido-ninguno-compromisos-gregorio-rojas-nndc-271390?utm_source=facebook&utm_medium=organicfb&utm_campaign=gregorio-rojas&fbclid=IwAR3RLc-kWWGGL90E2JyGU—nQFrMejy8w3ysJiUWoqvA2lzhGnbmDdoXuc

La RED MUQUI se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Si bien respaldamos las medidas del gobierno para afrontar la inseguridad ciudadana que tanto nos afecta, nos preocupa el anuncio que al respecto ha realizado el Presidente de la República Martín Vizcarra en medios de prensa: “si las Fuerzas Armadas podrían ayudar en el cuidado de los activos críticos del Estado, quedarían libres muchos policías que están cumpliendo esa función para que cumplan el rol de seguridad ciudadana”.
2. Estas declaraciones visibilizan un tema presente desde noviembre 2017, cuando la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), y el Ministerio del Interior dictó poco después la Directiva Nacional de Orden Interno para la protección de los Activos Críticos.
3. Los activos críticos nacionales son definidos por el reglamento como aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que requieren ser utilizados para satisfacer las necesidades vitales de la Nación (salud, integridad física, seguridad, bienestar social y económico de la población, servicios públicos, etc.). El operador o administrador de un activo crítico es una entidad pública o privada. Cada sector define sus activos críticos, en función de esas necesidades vitales. Son consideradas como tales, la energía y minería y, en consecuencia, el Ministerio de Energía y Minas define activos críticos, que serían los proyectos mineros, hidrocarburíferos y de electricidad. El propósito de definirlos es gestionar su seguridad,garantizando con ello la intangibilidad o continuidad de sus operaciones,
4. Lo que quiere decir es que, por esta norma se está brindado seguridad a emprendimientos que no necesariamente tienen una finalidad pública, como ocurre con la minería, y para ello se están utilizando recursos del Estado, proporcionando seguridad a través de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La pregunta es si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben hacerlo. Consideramos que no.
5. La finalidad principal de la Policía Nacional es garantizar, mantener y restablecer el orden interno; y el de las Fuerzas Armadas, garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial. Distorsionar sus funciones constitucionales para beneficiar a privados debilitan la democracia y puede tener consecuencias lamentables, principalmente en zonas de conflictos socio ambientales.
6. Nos preocupa que se agrave la situación de violación a derechos humanos con la figura de los activos críticos. No debemos olvidar las distorsiones y consecuencias que ha generado en zonas de conflictos mineros, la celebración de convenios de seguridad entre policía y empresa. Consideramos que la intervención de las Fuerzas Armadas en territorios dando seguridad a empresas mineras es un riesgo ya que están preparadas para otro propósito, el defender al país de una agresión externa. Añadido a ello, nos parece que asumir los costos de la seguridad privada de las empresas con personal y fondos públicos es algo que debería revisarse, más aún cuando el país tiene déficit significativo en servicios públicos.
7. Los conflictos mineros se producen no por un rechazo sin fundamento de la actividad, sino porque las comunidades y poblaciones que habitan en territorios tratados como zonas mineras, en su mayor parte no son informados debidamente sobre los proyectos mineros, no reciben asesoramiento técnico para comprender la información y tomar una decisión; no reciben apoyo del Estado como garante de sus derechos, que más bien prioriza criminalizar sus protestas y reprimirlas, sin escuchar ni entender sus demandas y propuestas.
8. En ese sentido, es evidente la presión que algunos empresarios mineros ejercen en el gobierno para que se realice el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo, en la provincia de Islay, Arequipa, pese a la oposición de la población que defiende su actividad agrícola, agroindustrial y agroexportadora, y sus modos de vida alternativos. Nos preocupa el riesgo que se cree un “escenario propicio” para aplicar una eventual “militarización”, pese al “diálogo” anunciado por el gobierno.

Invocamos al Presidente de la República a revisar su política para enfrentar los conflictos mineros, a fin de que ésta sea acorde con los derechos humanos, cumpla con las condiciones de un Estado democrático, y no ceda ante la presión del poder económico, priorizando la paz social y el bienestar de todas y todos los peruanos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/891-pronunciamiento-no-a-la-militarizacion-para-abordar-conflictos-mineros?fbclid=IwAR0fKIeuzD2nOxPH6UFCDI1N55RLULKfP8A9iNWa4zPq6Bi9JK1tQ2QFwuc

Lamentablemente, la reunión del grupo de trabajo sobre el Corredor Vial Sur Andino, que estaba programada para el 26 de junio, en el distrito de Mara, en la provincia apurimeña de Cotabambas, fue suspendida. Esta ha sido reprogramada, pues los dirigentes comunales señalaron que no se dieron las condiciones previamente pactadas.

Recordemos que este grupo de trabajo forma parte de la mesa de diálogo impulsada por el Ejecutivo, tras el último estallido social en la zona de influencia del proyecto Las Bambas. El grupo sobre el corredor vial está conformado por representantes del Ejecutivo, las autoridades provinciales y distritales, dirigentes de los frentes de defensa y comunidades campesinas de la provincia y de los distritos de Mara, Haquira, Collique, Chalhuahuacho, Progreso y  Coyllurqui.

Los dirigentes cuestionaron una citación paralela que hizo el Ministerio de Transportes para una reunión informativa con presidentes comunales de Mara (reunión que en realidad había sido suspendida). También señalaron que en el acuerdo inicial se señalaba que la Ministra de Desarrollo Social, Paola Bustamante, debía coordinar con los titulares de los ministerios para la instalación de cada una de las mesas temáticas. Sin embargo, solo estuvo presente el viceministro de Transportes, Carlos Estramadoyro y funcionarios de ese sector.

Finalmente se acordó la reprogramación de las reuniones. La mesa del corredor vial ha sido reprogramada para el 4 de julio. Las organizaciones de la zona piden que se garantice la presencia de los representantes de los ministerios del Ambiente, Energía y Minas, Agricultura, Vivienda, así como del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental.

Se espera que todos los actores involucrados desplieguen todos los esfuerzos para que las mesas puedan llegar a acuerdos satisfactorios y sobre todo que los compromisos sean cumplidos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/06/27/las-bambas-preocupa-la-suspension-de-mesa-de-trabajo-sobre-el-corredor-vial-del-sur/