El día 22 de julio se inició un paro indefinido en Puno contra la minera Aruntani y que se venía anunciando desde inicios del mes. Las comunidades de los distritos de Llalli, Cupi, Umachiri y Ayaviri, provincia de Melgar, iniciaron esta medida de fuerza para exigir el cierre definitivo de la minera Aruntani SAC, por contaminar la cuenca de Llallimayo.

La provincia de Melgar está catalogada como la capital ganadera del Perú, pero este título corre el riesgo de perderse. La cuenca del Llallimayo, de donde se toma el agua para el consumo humano y del ganado, está contaminada con metales pesados.

Los cuatro distritos afectados por la contaminación del río señalan que las aguas contaminadas provienen del botadero “Yesica” de la unidad minera Arasi de la empresa Aruntani SAC. Pedro Palaco Mamani, representante de la sociedad civil de Melgar, indicó que en el informe 077-2017 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se confirmó que existe contaminación minera causada por las operaciones mineras de Aruntani, ya que las aguas contaminadas provienen del botadero “Yesica”, donde se encontró afloramiento de agua subterránea ácida con altas concentraciones de aluminio, cobalto, cobre, hierro y manganeso.

Asimismo, refirió que el 13 de mayo del 2019, a través de la Resolución Ministerial N° 162-2019-PCM, se conformó el Grupo de Trabajo denominado “Mesa de Trabajo para abordar la problemática socio ambiental de la Cuenca de -Llallimayo, que comprende los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri, provincia de Melgar”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, explicó que la última reunión fue programada para el 9 de julio en el distrito de Umachiri, pero lamentablemente los funcionarios del Poder Ejecutivo no se presentaron, lo que enfureció los ánimos de los dirigentes y autoridades, quienes finalmente decidieron ir a la huelga indefinida.

Por su parte, Asunto Pacori, presidente de la Asociación de Barrios Unidos de Ayaviri (ABUA), lamentó que el gobierno no sea consciente de la magnitud del problema ambiental, por el afloramiento de agua subterránea ácida, debido a la presencia de la minera. Señalo que hasta el momento, no se ha adoptado ninguna acción de remediación ambiental en la zona.

OEFA sanciona a minera

El OEFA señala en su portal web que verificó el 19 de julio del 2019 la paralización de componentes mineros de la unidad minera Arasi, ubicada en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa, departamento de Puno; la cual fue ordenada mediante una medida cautelar.

Mediante esta medida, el OEFA ordenó la paralización de las actividades de procesamiento y recuperación de oro que venía ejecutando la empresa Aruntani SAC. Del mismo modo, se ordenó la paralización de la compra y almacenamiento de los insumos químicos necesarios para el proceso de lixiviación.

Esta medida fue complementada con acciones en campo a cargo de los supervisores del OEFA, que contó con la participación de Hilda Chata Calla, Fiscal Adjunta de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, utilizando candados y cadenas para garantizar la paralización definitiva de los componentes mineros antes mencionados.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/23/puno-inician-paro-indefinido-contra-minera-por-contaminacion-del-rio-llallimayo/

Federación Minera rechaza la forma en la que se pretende imponer el proyecto en Arequipa y reveló la mala relación entre la empresa mexicana y sus trabajadores.

Uno de los argumentos de los que defienden Tía María es que Southern Copper invertirá 1,400 millones de dólares en la construcción de la mina y esto generará puestos de trabajo en Arequipa. Sin embargo, como ya hemos señalado, esta empresa no es nueva y tiene antecedentes que deben ser tomados en cuenta. No solo tienen historial ambiental, sino también laboral. La Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú (FNTMMSP) tiene una posición clara sobre esta empresa.

Jorge Juárez, secretario general de esta federación minera, cuenta que actualmente hay cerca de 2 mil trabajadores de Southern afectados, ya que desde hace dos años la empresa judicializó el laudo que contiene la Negociación Colectiva 2018-2019, lo que impide que los empleados gocen de sus beneficios. La minera hizo esto a pesar de que la Nueva Ley Procesal de Trabajo (Ley 29497) señala que “la interposición de la acción impugnatoria no impide ni posterga la ejecución del laudo arbitral”. Actualmente, la empresa desconoce el pago a los trabajadores.

«Las empresas mineras en general, están teniendo no solo diálogos no fructíferos con la población, sino también con sus trabajadores. […] Hay empresas que son de la gran minería, que se podría pensar que al menos van a respetar por cuidar su imagen, pero lamentablemente no es así. La relación laboral con Southern es mala», dijo a Exitosa.

El pasado 2 de julio, un grupo de trabajadores despedidos de Southern se reunió con la congresista Indira Huilca. Ellos fueron a denunciar que fueron despedidos por participar en una protesta en julio del 2017, cuando participaron de la huelga nacional convocada por la federación minera. Pese a que la empresa se comprometió a no tomar represalias, un grupo de trabajadores fue despedido y actualmente llevan un proceso judicial exigiendo su reposición.

«Durante los años 2018-2019, la empresa ha continuado despidiendo dirigentes sindicales de distintas zonas: Ilo, Cuajone y Toquepala. El sindicato mayoritario afiliaba a más de 1800 trabajadores antes de la huelga, con todos estos actos antisindicales la afiliación ha decrecido notablemente», informó el despacho de la congresista Huilca.

Estos antecedentes explican la posición de los trabajadores mineros sobre el proyecto de Southern Copper en el Valle de Tambo.

«El trabajo es importante para todos, es más nosotros vivimos de la minería, pero entendemos que se tienen que respetar determinadas condiciones. Hay demasiada corrupción, lamentablemente las autoridades de trabajo a veces son cómplices, las inspecciones no son efectivas», dijo Juárez.

El dirigente sindical recordó que contra Tía María se han realizado dos protestas en 2011 y 2015 y resaltó que si en todo este tiempo la empresa no ha sido capaz de mejorar las condiciones, «el Estado no puede ser cómplice» al pretender imponer el proyecto. La desconfianza no es solo con la minera, sino también con el Estado que no cumple su función de proteger a los posibles afectados por la minería y a los trabajadores, señaló.

«El Estado ha dejado de ser un estado de protección, eso no existe. […] Con las condiciones que se está dando ahora, creemos que primeramente se ha debido escuchar a la población. El estudio que ha aprobado el Minem, bajo estas condiciones [Tía María] no debería ir», afirmó.

Para Juárez, las empresas extranjeras vienen a Perú a invertir porque «ya conocen cómo es la actuación del Estado, por eso les gustan las inversiones en el país donde no hay mayor protección ni para la población, ni para el trabajador».

«El Perú, en corrupción, está explotando en estos momentos. Por todos lados el empresariado está buscando sacar beneficios. Hace poco hemos tenido el conflicto por Las Bambas. Las instituciones de Gobierno no existen, lamentablemente no existe seguridad jurídica. No se cree en un Estado corrupto».

La empresa minera y el Ejecutivo afirman que la mina no se construirá hasta que en el Valle de Tambo existan las condiciones sociales óptimas para ejecutar el proyecto. Pero el representante de la federación minera no les cree.

«No creemos en Southern Perú. Los trabajadores no creen en Southern Perú. Si la empresa desconoce los derechos, ¿cómo creerle cuando dice que van a respetar? Si no respetan a sus trabajadores».

El dirigente señaló que es importante para ellos establecer contactos con los manifestantes del Valle de Tambo. Contó que están vinculándose a través de los sindicatos de Islay.

«El empresariado nos ha hecho creer que los trabajadores nada tenemos que ver con las comunidades locales. Eso es mentira. La mayoría de las poblaciones afectadas trabaja en los proyectos. No podemos estar divorciados, tenemos que tener una misma mirada», dijo.

El problema no es solo Southern, los trabajadores mineros están preparando una huelga nacional indefinida para el próximo 10 de setiembre. ¿El motivo? En marzo pasado, la federación minera realizó una propuesta de negociación colectiva, pidió a las mineras dialogar, pero estas no se quisieron ni sentar a escuchar, señaló Juárez. «Ellos rechazan totalmente los derechos de los trabajadores, ese es el nivel de diálogo que ofrecen las empresas mineras en estos momentos», afirmó.

«El Estado, que debería promover la negociación colectiva, no dice nada. La palabra diálogo la usan ellos [los empresarios] a su conveniencia», agregó.

El representante de los trabajadores mineros llamó la atención sobre la manera en la que tratan las empresas a sus obreros. Señaló que las mineras han aumentado su rentabilidad hasta en 50%, con ganancias que llegan al 160% y a una cifra de 29,000 millones de soles anuales. Mientras tanto, los trabajadores solo reciben un aumento salarial de 2% anual.

Además, debemos señalar que el 70% de los trabajadores del sector son tercerizados, grupo que sometido a inestabilidad mediante contratos temporales, sin derecho a utilidades ni beneficios, con salarios que están entre el mínimo (930 soles) hasta los 2,000 soles.

Sobre Tía María, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos de Perú (FNTMMSP) reafirma su apoyo y solidaridad con la población del Valle de Tambo, ya que son testigos de la:

«[…] lógica depredadora bajo la cual ha venido accionando Southern Perú y otras compañías mineras imponiendo proyectos desde el Ejecutivo sin considerar la decisión de la población arequipeña y maltratando a sus trabajadores. Buscamos una minería que respete al medioambiente, a las comunidades y también a sus trabajadores».

La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó licencia a Southern Copper para que construya el proyecto Tía María en la provincia de Islay (Arequipa), una zona cercana al Valle de Tambo, dedicada a la agricultura. La decisión fue tomada a pesar de que la población viene manifestando su rechazo a esta inversión desde hace nueve años. Tras la convocatoria a protestas y el inicio de paro indefinido en la zona, desde Lima representantes del Ejecutivo dicen que dialogarán con autoridades y dirigentes. La condición de los manifestantes es que primero se anule la licencia y luego se sentarían a conversar. El principal problema es, como vemos, la falta de confianza en la empresa minera. Ni los trabajadores mineros, que serían los beneficiados por esta inversión, le creen.

Fuente:https://redaccion.lamula.pe/2019/07/19/tia-maria-islay-southern-copper-trabajadores-mineros-agricultores-valle-de-tambo-confianza-protesta/jorgepaucar/

El hecho ocurrió en las inmediaciones del centro poblado de Expansión en el distrito San Pedro de Coris.

Cuarto Poder puso en evidencia un desastre ambiental. Metros y metros cúbicos de desechos tóxicos y residuos minerales cayendo a una de las cuencas más afectadas por la minería, el río Mantaro.

El día viernes 12 de julio se desarrolló el eje 3 sobre la suscripción de un convenio marco con la empresa minera Las Bambas, que es uno de los 9 ejes que conforman la Mesa de diálogo y cumplimiento con la provincia apurimeña de Cotabambas y el distrito de Progreso, en Grau.

La sesión de instalación fue encabezada por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes. Los dirigentes de los seis distritos y sus autoridades municipales sustentaron la necesidad de firmar un Convenio Marco con el que la empresa Las Bambas debiera comprometerse a un aporte social significativo.

Con las normas actuales, el dinero de las regalías y el canon que aún no tienen una fecha de inicio, permitirían básicamente el financiamiento de infraestructura. Sin embargo esto no es suficiente para el desarrollo de Cotabambas y Progreso.

Los dirigentes sostuvieron que el aporte social debe apoyar en cuatro aspectos claves para el desarrollo de Cotabambas y que no serán atendidos por el canon y regalías: 1) calidad educativa, 2) calidad en salud, 3) fomento a la actividad agropecuaria y 4) fortalecimiento de la cultura e identidad.

Los dirigentes comunales señalaron que sólo aceptaron el ingreso de Las Bambas a la provincia, con la esperanza de que cuando se retire hayan alcanzado un nivel alto de desarrollo. Sin embargo, a pesar que la empresa está en su cuarto año de explotación (y le restan 16 años), continúan las alarmantes cifras de anemia y desnutrición infantil, bajo aprendizaje en comprensión de lectura y matemáticas, entre otros indicadores deficitarios.

La respuesta de la empresa respecto a la pregunta de si firmarían o no un convenio marco fue poco clara, tal es así que el ministro Ísmodes encaró a los representantes de Las Bambas para que sean claros con la población respecto a esta pregunta.

La empresa se ha resistido a usar la palabra “marco” en el convenio que se firmaría. Esto causó malestar y la población amenazó con iniciar una medida de fuerza.

Finalmente quedó instalado este eje de convenio marco con estas observaciones. Por su parte los dirigentes exigieron que para las siguientes sesiones de la mesa de diálogo, asistan representantes de la empresa con poder de decisión.

Cabe resaltar por otro lado, que en los últimos días la empresa Glencore de la operación Antapaccay, transfirió 86 millones de soles a la provincia cusqueña de Espinar como parte de un Convenio Marco que tienen suscrito desde el 2003.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/07/15/las-bambas-mesa-sobre-convenio-marco-se-instalo-con-dificultades/