Latinoamerica

QUÉ NOS DEJAN LAS PROTESTAS CONTRA LA MINERÍA EN PANAMÁ

Luis Gárate Cooperaccion
09/11/2023
Masivas protestas contra proyecto minero en Panamá. Imagen: Barrons

A través de los medios de comunicación hemos visto las masivas protestas que se han dado estas últimas semanas en Panamá en contra de la explotación minera. A raíz de estas protestas, se ha logrado que la Asamblea Nacional apruebe una moratoria a la minería, precisamente el 3 de noviembre, día que se conmemora la separación entre Panamá y Colombia.

Cabe mencionar que a mediados de octubre y en menos de una semana el ejecutivo y el legislativo de Panamá presentaron, aprobaron e hicieron entrar en vigor el contrato elevado a ley, que ampara la operación de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM). Se trata de una mina de 13 000 hectáreas que desde 2019 extrae cobre, oro, plata y molibdeno del centro del Corredor Biológico Mesoamericano, una franja de bosques que atraviesa Centroamérica y que es clave para la vida silvestre amenazada, pero que carece de protección legal en Panamá.

La agitación estalló el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó la ley del contrato firmado en agosto por el gobierno de Laurentino Cortizo y FQM. Este contrato buscaba sustituir el anterior, de 1997, que la Corte declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño[1]. El contrato entre el Estado y la empresa recordó un tema sensible para los panameños: lo que significó el enclave de la zona del canal de Panamá, que estuvo bajo control del gobierno de Estados Unidos hasta 1999.

El 20 de octubre empezaron los bloqueos de carreteras y protestas que fueron aumentando progresivamente y casi logran paralizar el país, generando importantes impactos económicos. Presionada por las masivas protestas, la Asamblea Nacional aprobó el viernes 3 de noviembre la moratoria sobre las concesiones para la exploración y extracción de la minería metálica en todo el territorio panameño. La moratoria permitirá frenar el trámite de 103 concesiones mineras y rechazar las prórrogas de 15 vigentes.

Asimismo, las manifestaciones lograron que el legislativo deje en manos de la justicia la decisión sobre el polémico contrato firmado entre el gobierno y la compañía canadiense FQM, que permitiría su operación por 40 años.

Los líderes de las protestas quieren que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare inconstitucional el contrato, para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.

Poco después, el presidente Laurentino Cortizo promulgó la ley de moratoria, lo que no detuvo las protestas en las calles, aunque han bajado de intensidad.

Centroamérica y la minería

De esta manera, Panamá se suma en esa política a otros países centroamericanos, como El Salvador y Costa Rica.

En el 2017, el gobierno de El Salvador anunció que sería el primer país del mundo en dictar la prohibición total de la minería metálica. La acción se consideró como una importante victoria medioambiental. Según las organizaciones ambientalistas salvadoreñas, la industria había estado arrojando, durante medio siglo, residuos y sustancias químicas tóxicas a los ríos locales.

Por su parte, en Costa Rica en el 2019 el parlamento aprobó una ley que prohíbe el otorgamiento de permisos y concesiones para exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto, así como prohibió el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio en la actividad minera.

En esa línea cabe recordar que, en febrero de 2023, el gobierno recién electo de Xiomara Castro en Honduras declaró al país «libre de minería a cielo abierto» y anunció la «cancelación» de las licencias, permisos y concesiones. Aunque al parecer, aún no se han dado pasos concretos en ese sentido.

Significado de la experiencia de Panamá

Cabe analizar lo que esta experiencia significa para Latinoamérica y el mundo. Esto, a pesar de que el gobierno panameño ha defendido el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial. Asimismo, las autoridades advierten que el cierre de la mina hará perder 8000 empleos directos y 40000 indirectos, y asestaría un duro golpe a la economía en momentos en que el canal de Panamá ha reducido el tránsito de buques por la sequía.

Ha tenido que darse una resistencia masiva de la población, en un pequeño país que depende mucho de la economía extractiva, del comercio y del famoso canal internacional, para que un gobierno y una empresa minera internacional retrocedan en sus intenciones. Pero aún queda ver qué pasos se darán luego.

Queda claro que para los sectores que apuestan por la justicia ambiental, esto representa claramente que los pueblos están cansados de padecer los efectos de empresas irresponsables y Estados indolentes. Esto, a pesar de las promesas de ingresos económicos: no pueden ocultar que la gran minería, en muchos casos, ha dejado una estela de contaminación y que las utilidades de las actividades extractivas no siempre revierten en beneficio del desarrollo de las poblaciones donde estas se realizan.

[1] Panamá: las razones detrás de las multitudinarias protestas que exigen el cierre de la mina más grande de Centroamérica. En: https://es.mongabay.com/2023/11/las-razones-detras-de-las-protestas-que-exigen-el-cierre-de-la-mina-panama/

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Bolivia

Estudio confirma que minería contamina con minerales pesados a pobladores de San Agustín de Puñaca

Hallaron cantidades inusuales de arsénico, cadmio y plomo en su organismo

“Exigimos que las autoridades tomen las medidas necesarias de manera inmediata para proteger la vida y el bienestar de muestras familias. Deben frenar las operaciones mineras sin licencia ambiental y dotarnos agua segura, además de forraje”, dijo el Mallku del Ayllu orureño, Prudencio Poma.
10/11/2023

Un estudio de laboratorio realizado a una cantidad de comunarios del ayllu San Agustín de Puñaca, ubicado en el municipio de Poopó del departamento de Oruro, confirmó la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio y plomo en el organismo de esas personas y en cantidades preocupantes. Autoridades de ese sector presentaron esa evidencia de la contaminación minera y las repercusiones en la salud de la población, junto con un Recurso de Queja ante el Tribunal Constitucional.
En entrevista con EL DIARIO, el abogado ambientalista y representante de los afectados, Teodoro Blanco, la comunidad convive con los centros mineros de Huanuni y la cuenca del Poopó, por lo que consume agua que llega desde esos sectores. En los últimos años notaron daños a la salud humana, a las praderas que los animales ya no consumen y por eso activaron una acción popular.
“Porque tenemos derecho a un medio ambiente sano y saludable y cuando este derecho es vulnerado por un actividad, empresa o persona natural, activamos este recurso (…) demandando al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Minería, a la Gobernación, para que cumplan su rol de proteger al medioambiente dañado por las actividades mineras que son casi un centenar en esta región”, explicó.
Esa acción popular tuvo una sentencia constitucional 1471/2022, en la que se determina que sí existirían serios indicios de daño al medioambiente y a la salud, por lo que dispone que se haga análisis a la salud humana y a las aguas para confirmar este hecho. Entonces, ordena que sea el Ministerio de Medio Ambiente el encargado de esos estudios.
“Se lleva adelante muestreos de las aguas, conjuntamente a un estudio del Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud) en La Paz y el Ministerio de Medio Ambiente, inclusive, antes de socializar los resultados, emite un informe parcializado y no a través de personas expertas, sino técnicos del ministerio y dicen: se ha cumplido con la sentencia, las aguas analizadas no tienen ningún nivel de contaminación mucho menos a la salud humana, por lo tanto piden que se emita el cumplimiento a esa sentencia constitucional y piden que se dé por cumplido”, acotó el jurista.
Posteriormente, la sala constitucional de Oruro recibe ese informe y da por cumplido la sentencia constitucional, por lo que indican que “no hay nada más que tratar en este punto”.
Ante esa situación, los comunarios acuden a entidades como el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (Cenda) y la Fundación Pueblos de Montaña, a la que también pertenece Blanco, para activar el Recurso de Queja, con muestras de sangre y orina, que son enviadas a analizar a un laboratorio especializado de Perú, porque no hay en Bolivia.
“En este laboratorio, los resultados que arrojan son realmente preocupantes para la salud humana, por ejemplo en el tema de arsénico, las normas internacionales recomiendan que no pueden superar más de 15 miligramos por litro, pero el laboratorio ha establecido niveles que llegan hasta 215 miligramos por litro”, apuntó Blanco.
Lo mismo pasa con el cadmio y el plomo, no será en las mismas dimensiones, pero superan todos los niveles permitidos para la salud.
Con esos elementos, el miércoles presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, un dosier con toda la información y aguardan que la decisión de haber cumplido la sentencia constitucional sea revertida, se revoque esa decisión y nuevamente, “estamos pidiendo incluso una amicus curiae, que se refiere a una persona o institución especializada en el tema, para que realice una interpretación o nueva investigación imparcial del tema.
En este caso, los afectados piden que sean los expertos de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) los que hagan el análisis imparcial e interprete los resultados de los laboratorios.
RESULTADOS
En septiembre de este año, se realizaron hacer estudio en orina y sangre a 20 personas, de entre 43 a 74 años, de las más de 400 familias que viven en las comunidades Puñaca y Yuracari, del ayllu San Agustín de Puñaca de Oruro. Las pruebas confirmaron una intoxicación por arsénico en el 100% de las muestras, de cadmio en el 10% y de plomo en el 5%.
El investigador de Cenda, Yasin Peredo, detalló que el afluente al que tienen acceso el ayllu es parte del río Desaguadero y que a éste lo alimentan dos cuencas: la de Huanuni, donde está situada la empresa minera más grande del Estado, y la subcuenca minera de Poopó. Asimismo, dijo que el daño llegaría a más de un centenar de comunidades de esos sectores.
“Si bien el estudio se hizo en 20 personas, esto no quiere decir que ellas son las únicas afectadas, sino, que las fuentes de donde se alimentan la población de Poopó ha salido por encima de los límites permisibles, esto quiere decir que la población también están en riesgo por arsénico”, sostuvo.
Especificó que el arsénico también puede ser liberado en el aire y eso proviene de las minerías de fundición de minerales, práctica que realizan algunas mineras del sector.
De las 20 personas que formaron parte de los estudios, el 100% presenta concentraciones de arsénico que oscilan entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramo por litro). Dichos valores son superiores al límite referido por la Unión Europea (UE), que es de 15 µg/L. Tres personas presentan concentraciones que superan de 10 a 15 veces el valor referencial.
En el caso de los resultados para plomo, cuatro personas presentaron niveles detectables en sangre, con 7,20 µg/L; una de ellas supera los niveles referenciales de la UE, que son de 5 µg/L. Así mismo, se detectó a dos personas que presentan niveles detectables de Cadmio en el organismo, una duplica el valor referencial de 1 µg/L.
COMPLICACIONES
Peredo, sostuvo que los pobladores orureños se quejaban de dolores estomacales, problemas gastrointestinales y se percataron que estaban vinculados al arsénico, pues ataca a ese tipo de órganos, además los hace susceptibles a algún tipo de problemas en la piel e incluso cáncer.
“La sudoración excesiva, por ejemplo, es un síntoma muy común del arsénico porque el sudor es una manera del cuerpo para eliminar el arsénico (…) otra manera es mediante la placenta, por eso se generan abortos espontáneos”, indicó el investigador.
Al respecto, detalló que 11 de las mujeres que se han hecho el estudio, el 63% de ellas han registrado que han tenido abortos espontáneos en algún momento de su vida, algunas hasta tres. Ese hecho “te hace dar cuenta que el arsénico sí tiene una incidencia y que tienes que hacer un diagnóstico clínico asociado a que es una zona minera”.
“Queremos que se entienda que no estamos en contra de la actividad minera, pero sí pedimos que sea responsable, que el Estado regule los niveles de contaminación máximos que deben emitir”, puntualizó el abogado.

Estudio confirma que minería contamina con minerales pesados a pobladores de San Agustín de Puñaca

Perú

Absuelven a 10 personas defensoras de derechos humanos que en defensa de la tierra y el ambiente se opone al proyecto minero “Tía María”


Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

07/11/2023
Después de más de 8 años de proceso judicial

Al mismo tiempo, en forma injusta y sin pruebas, condenan por delito de disturbios y lesiones leves a una las personas defensoras.

Hace unos días, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Arequipa, en el Expediente Judicial No. 4116- 2016, procedió a la lectura de sentencia (en Audiencia de Apelación) por la cual declara infundada las apelaciones presentadas por la fiscalía, la procuraduría y la defensa legal de la actora civil contra la sentencia que absolvió a 10 personas defensoras de derechos humanos y ambiente (entre ellas 7 defensoras). Igualmente, declaró infundada la apelación formulada por la defensa legal de Elida Maritza Ticona Hinojosa, una de las agricultoras defensoras de derechos humanos y ambiente en el Valle del Tambo, quien injustamente había sido condenada a seis años de privación de Libertad por la supuesta comisión del delito de disturbios y lesiones leves.

Como se recordará entre el 23 de marzo y 24 de mayo de 2015 los agricultores del Valle del Tambo, en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la protesta, iniciaron una serie de manifestaciones públicas en contra de la decisión estatal de autorizar la ejecución del Proyecto Minero denominado Tía María, al considerar que iba afectar el medio ambiente y las tierras agrícolas; así como, la calidad y cantidad del agua en el referido Valle del Tambo, poniendo en riesgo su derecho fundamental (recogida en nuestra Constitución) a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Asimismo, protestaban en forma pública porque el estado peruano pretendía desconocer la Consulta Vecinal, realizada el 27 de setiembre de 2009, en la que el 97% de la población del Valle del Tambo le dijo no al Proyecto minero y si a la agricultura.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada y brutal contra los agricultores del Valle del Tambo que protestaban en esos meses. Al mismo tiempo, el gobierno y la empresa Southern Perú denunciaron, falsamente, la comisión de diversos delitos a dichos agricultores que no hacían otra cosa que ejercer, de manera legítima, su derecho fundamental a expresarse en forma pública.

Este proceso judicial se volvió emblemático por la firme decisión de los agriculores del Valle del Tambo de hacer respetar la Segunda Gran Consulta Vecinal (27 de setiembre de 2009) en el Perú, y una de las primeras en Latinoamérica, en la que la población, en forma abrumadora se opuso al desarrollo del Proyecto minero y; porque, a pesar de ello, el gobierno y la empresa insistían en desarrollar el Proyecto Minero Tía María.

En resumen, en esta segunda instancia, al resolverse declarar infundada las apelaciones de la fiscalía, la procuraduría y la actora civil contra la sentencia de primera instancia, confirmó que no se había acreditado la comisión de los delitos de tortura, disturbios y lesiones leves por parte de las 10 personas defensoras de derechos humanos y ambiente

Sin embargo, con un razonamiento absolutamente contradictorio, equivocado y discriminador (porque al igual que los absueltos, contra ella tampoco existían pruebas en su contra) decidió confirmar su condena por los delitos de disturbios y lesiones leves.

En relación a lo antes señalado, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ (organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú), contando con el fundamental apoyo institucional de RED MUQUI, asumió la defensa legal de 2 de las personas defensoras de derechos humanos procesadas que fueron absueltas de toda responsabilidad penal, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la sentencia, al mismo tiempo expresa su indignación por la que considera una injusta confirmación de la sentencia que condena a la defensora Elida Maritza Ticona Hinojosa y exige que su caso sea revisado lo antes posible para evitar la arbitrariedad de que dicha defensora privada sin razón de su Libertad, cuando lo único que ha hecho es defender los derechos humanos de los integrantes de su comunidad de agricultores, su tierra y su ambiente.

Igualmente, FEDEPAZ precisa que este largo proceso, de más de 8 años, evidencia que las defensoras y los defensores fueron acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales; evidenciándose, igualmente que el único propósito, del estado y la empresa es amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

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Bolivia

Prohíben derechos mineros en las áreas protegidas

09/11/2023 6:24 am Portada

Parque Nacional Madidi. Foto: IRFA

El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) emitió un comunicado ayer en el que establece que está prohibido otorgar nuevas concesiones mineras en áreas protegidas; además, anunció que corregirá los “equívocos administrativos” que habrían facilitado, en anteriores gestiones, algunos permisos.

“El Sernap reafirma que, de acuerdo con los instrumentos normativos de creación de cada una de las Áreas Protegidas, como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Madidi y la Reserva Biológica Territorio Comunitario de Origen (TCO) Pilón Lajas, el Parque Nacional Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Cotapata y el Área Natural de Manejo Integrado (ANMIN) Apolobamba, está prohibido el desarrollo de actividades mineras nuevas. Dicha prohibición está respaldada por la Constitución Política del Estado (Artículo 385), la Ley del Medio Ambiente (Ley No. 1333), y el Reglamento General de Áreas Protegidas (Decreto Supremo No. 24781). Por lo tanto, no es posible la otorgación de derechos mineros nuevos, ni la suscripción de Contratos Administrativos Mineros en estas áreas”, dice el comunicado que envió la institución esta mañana.

Los mineros auríferos tomaron las calles y avenidas del centro paceño desde inicios de semana en demanda de más conexiones mineras; que se les permita trabajar en áreas protegidas, que se les condone sus deudas en la Caja Nacional de Salud, que se concrete el impuesto único del 4,8% por la venta de oro, entre otras demandas.

El sector pide la anulación de la resolución administrativa de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 06/2023 que deja sin efecto el reglamento de otorgación de derechos mineros en áreas protegidas.

Según Ramiro Balmaceda, presidente de Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de La Paz, (Fecoman), el director nacional de la AJAM, Erick Ariñez, prometió a los auríferos que esa resolución no afectaría a los trámites previos; sin embargo, el dirigente denunció que la institución no está cumpliendo ese acuerdo.

“El Sernap asume la responsabilidad de corregir equívocos administrativos generados en gestiones pasadas que otorgaron la emisión de Certificados de Compatibilidad de Uso de Suelo (CCUs) en zonas incompatibles con la actividad minera y sin cumplir normas ambientales de protección. Estas acciones correctivas deben coordinarse con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y se encuentran en proceso de coordinación”, dice otra parte del documento.

La institución protectora anunció que se llevará a cabo un análisis progresivo para determinar la nulidad de los CCUs que se habrían otorgado en las áreas protegidas de Madidi, Pilón Lajas, Cotapata, San Matías y Tunari. (ANF)

Prohíben derechos mineros en las áreas protegidas

Bolivia

Glencore demandó a Bolivia para que pague por nacionalización de minas

09/11/2023

Glencore demandó a Bolivia para que pague por nacionalización de minas
Complejo Metalúrgico de Vinto. Foto: Internet

La empresa multinacional Glencore Financie presentó un proceso civil contra el Estado boliviano en el Tribunal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, para que se ejecute el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y se cumpla con el pago de $us 253.5 millones, además de los intereses, por la nacionalización del Complejo Metalúrgico de Vinto y la mina Colquiri.

“Por lo tanto, el peticionario solicita respetuosamente que el Tribunal dicte una orden: (a) reconocer y ejecutar el Laudo contra Bolivia; (b) dictar sentencia contra Bolivia y a favor de Glencore por el monto del valor total de la Adjudicación, $253,591,796, que consiste en: $us 235.800.000 para la Mina Colquiri; $us 15.970.000 para la Fundición de Estaño Vinto; $us 694.960 para la Fundición de Antimonio; y $us 1.126.836 para el stock de Estaño”, señala el petitorio de la demanda a la que accedió la ANF.

El 8 de septiembre del año en curso, el procurador general del Estado (), César Siles, informó que la Corte Permanente de Arbitraje falló a favor de la empresa multinacional y decidió que el Estado pague una indemnización de $us 253.591.796 por cuatro conceptos: la mina de Colquiri, fundición de estaño, fundición de antimonio y reserva de estaño.

Este medio buscó conversar con el procurador general del Estado, César Siles, para conocer si fueron notificados con este proceso civil y qué acciones asumirá el Estado boliviano, pero desde la unidad de comunicación no hubo respuesta. (ANF)

Glencore demandó a Bolivia para que pague por nacionalización de minas

Bolivia

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas”

09/11/2023 6:28 am Portada

David R. Boyd, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente se refirió a las más recientes exigencias de la minería cooperativizada en Bolivia. FOTO: RRSS

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, se pronunció respecto al reciente pedido del sector minero aurífero de explotar áreas protegidas en propio beneficio, sin tomar en cuenta el daño que se puede provocar en estas zonas de conservación.

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas. Esto viola el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible”, escribió Boyd en la red social X (antes Twitter), compartiendo un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap).

El relator agregó en su post que en el caso específico de Bolivia, la explotación en estas áreas naturales, “también viola los derechos de la madre naturaleza”.

Entre los pedidos de los mineros auríferos, además de la exigencia de reducciones impositivas, se encuentra la solicitud de que los Certificados de Compatibilidad Únicos (CCU’s) que les fueron entregados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas les sirvan como permiso para realizar operaciones mineras en parques y reservas naturales.

“Es decir que el Sernap, convertido en brazo operativo para el sector minero, otorga autorizaciones cuando es una instancia que debería, más bien, impedir el ingreso de actividades extractivas a las Áreas Protegidas”, señala el pronunciamiento de la Contiocap, compartida por el relator de la ONU.

Contiocap exige que estos certificados (CCU’s) sean revocados por ser considerados inconstitucionales.

Esta organización denuncia que el sector minero quiere aprovecharse de todas las áreas fiscales, áreas protegidas y áreas forestales para su propio beneficio y sin considerar el bien común, ya que la explotación minera en esta zona pone en riesgo el cuidado del medioambiente.

El punto 9 de su pliego petitorio, los mineros exigen la “prosecución de trámites de adecuación en áreas forestales y áreas protegidas de derechos preconstituidos”. (Agencias)

“Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas”

Argentina, Litio

Clemente Flores y la lucha indígena contra el litio en Argentina: “La presión es permanente”

Claudio Pizarro 22/10/2023

El vocero de las comunidades indígenas de Jujuy, Argentina, es un referente internacional sobre la lucha que han llevado miembros de pueblos originarios con las grandes empresas del litio. Flores estuvo hace poco en Chile y esto fue lo que conversó con El Desconcierto.
Estuvo hace unos días en Santiago, en el VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, organizado por la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), como parte de una delegación internacional donde representaba la lucha indígena contra el litio en Argentina.

Clemente Flores es vocero de las comunidades de Cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, Argentina, que se oponen a la instalación de empresas de extracción de litio en los salares donde han vivido ancestralmente y cuya agua temen perder ante el avance de las compañías que buscan ingresar a los territorios.

¿Para quién es la energía?, se pregunta Clemente de entrada.

¿Para los que viven en el territorio o los que viven en otro país?, vuelve a preguntar.

“Creen que el agua sale de la canilla y no es así”, dice con voz grave. “El agua está en los suelos, en los territorios de las comunidades, especialmente en los apus, donde hay hielo, eso se sigue manteniendo, por eso es importante saber cuál es el uso y el manejo que se le da”.


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-¿Cómo se ha dado el proceso de la instalación de la industria del litio en los salares en Argentina?

Hay más de 30 empresas pidiéndole al Estado la autorización para entrar. En este momento las comunidades están resistiendo, viendo que no se les hizo la consulta libre. En la zona nuestra todavía no están explotando el litio, pero sabemos lo que ha pasado en el salar de Cauchari, que está mas a la cordillera, sabemos como es la evaporación de agua en los piletones y que trabajan 24 horas. Todo el salar es una inmensa ciudad, está lleno de luces.

-La escasez de agua es tema ineludible, se han secado arroyos y afluentes.

Es preocupante porque en la zona de las vegas ha ido bajando el agua, y también se dice que otro factor sería el cambio climático o el calentamiento global, pero también son responsables las empresas. Nosotros venimos planteando distintas clases de demandas, tanto ambientales como las consultas, a nivel provincial y en cortes internacionales de derechos humanos. El Estado es el responsable porque las empresas van a sacar el litio y después nos van a vender la batería. ¿Cuál es la ganancia para las comunidades e incluso para el mismo Estado?

-Generalmente las empresas llegan a los territorios con el maletín cargado de dinero. Es algo como de manual.

Todavía no han llegado donde nosotros, pero sabemos que así vienen, entonces por eso queremos saber a través de una consulta cuál es el rol que va a jugar el Estado y quién se va a hacer cargo después de todo el daño ambiental. ¿El mismo Estado? ¿la empresa? ¿el municipio? ¿quién se hace cargo si después de cinco años te dejan sin agua? Nadie quiere hablar de eso y es lo que necesitamos realmente saber. Porque hay una responsabilidad y forma de que se hagan cargo.

-¿Cuántas empresas están instaladas ya en el territorio?

En Sales de Jujuy que está en la parte sur de la cuenca, hay más de 30 empresas pidiendo para entrar y otras dos instaladas. A nuestras comunidades todavía no llegan, pero estamos al borde. Por eso necesitamos apoyo internacional, local, que entiendan que nosotros tenemos derechos y esos derechos se están vulnerando. Que las empresas se haga cargo de lo que estamos hablando, son las mismas que están en Chile y Argentina. Todas internacionales.

-¿Qué piensas de la energía verde y el uso del concepto como eslogan ecológico usado por las empresas?

Habría que preguntarse verde para quién. Porque para nosotros no sé si es tan verde si nos están sacando el agua, están matando a las comunidades y están haciendo de los territorios lugares de sacrificio. No creo para nada en el eslogan de la energía verde.

-¿Cuál es tu mirada respecto a los procesos de licitación en Argentina? ¿Los consideras transparentes?

La reforma a la constitución provincial fue justamente para sacar el uso del territorio, el tema del agua, sacar a las comunidades. Entonces, cual es la forma de preguntarle al Estado que ha hecho con todo eso. Todos esos convenios que tiene, tanto nacionales como internacionales, si hoy por hoy el agua dice que es para la producción. ¿Y esa es la única forma que tienen para producir el litio? Además, son las comunidades las que hoy tienen el agua, la cuidan y tienen pequeñas parcelas de producción.

-¿Se siente fuerte la presión de las empresas?
Totalmente, el 99% de las comunidades están presionadas, tanto dirigentes como las familias. La presión es permanente, tanto del Estado y como de las empresas. La gente no quiere hablar, no quiere participar, no quiere decir. Y, por el otro lado, presionan a cada uno que encuentren para que les firmen y la gente no sabe qué está firmando.

-¿Cuál es la solución?
Que tiene que haber un consenso, tiene que haber otra forma de consenso porque sino esto va a terminar en otras condiciones mucho más duras, porque las comunidades no se van a sentar a decir “sí, che, te voy a dar el litio”. Las comunidades saben de los derechos, han leído bastante, se están capacitando y saben que en esta historia se han vulnerado los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida y al agua. Nos han vulnerado un montón de derechos.
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2023/10/22/clemente-flores-y-la-lucha-indigena-contra-el-litio-en-argentina-la-presion-es-permanente.html

Perú

NUEVA AUDIENCIA DEL CASO ARIANA

18/10/2023
El pasado 5 de octubre se llevó a cabo una nueva audiencia sobre el proyecto minero Ariana. Como se sabe, este proyecto pretende instalarse en medio de la principal zona productora de agua para la ciudad de Lima y el Callao, precisamente donde se encuentran las lagunas y toda la infraestructura hídrica (reservorios, canales, el Túnel Trasandino, etc.) que conforman el denominado Sistema Marcapomacocha.

Esta es la segunda instancia de un proceso que se inició el 24 de abril del año 2019, con la presentación de una demanda de amparo en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. La demanda fue presentada por las entonces congresistas por Lima y Junín, Marisa Glave y Katia Gilvonio respectivamente, y José De Echave, como representante de CooperAcción. Se contó con el apoyo de los profesionales del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de CooperAcción.

A lo largo de todo el proceso, los demandantes han demostrado la amenaza real que constituye Ariana para toda la infraestructura del Sistema de Marcapomacocha y el abastecimiento de agua para Lima y el Callao. Esta amenaza tiene que ver con la afectación a flujos de agua subterránea, posibles filtraciones que podrían contaminar flujos de agua superficial y subterránea, así como el eventual colapso de la relavera que afectaría al Túnel Trasandino Cuevas-Milloc.

La preocupación no es solo de las organizaciones y ciudadanos demandantes, sino también de la empresa SEDAPAL (responsable de dicho abastecimiento) y de la empresa ENEL (propietaria de la infraestructura que podría resultar afectada) y ha sido señalada también por especialistas internacionales.

En el proceso judicial, se ha demostrado, asimismo, que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) no evaluó la posible afectación al Túnel Trasandino, por lo cual el argumento legalista y formalista de que “el EIA cuenta con la opinión favorable de la ANA” es totalmente insuficiente. Si las instancias administrativas aprueban un proyecto como este, sin evaluar adecuadamente sus posibles impactos y si las instancias judiciales no son expeditivas en cautelar los derechos amenazados, ¿qué vías le quedan a la ciudadanía?

Luego de esta audiencia, se espera la decisión que pueda tomar la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Los mantendremos informados.

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Bolivia

15 ANIVERSARIO COLECTIVO CASA: JUNT@S POR NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS, EL AGUA Y LA VIDA

Este lunes 23 de octubre, con mucha alegría festejamos nuestro 15 Aniversario del Colectivo CASA, hermanados con diferentes organizaciones y representantes de instituciones con las cuales hemos tejido complicidades en defensa de los territorios, de los derechos, de las fuentes de agua, la soberanía alimentaria y de la autodeterminación de los pueblos.

El festejo fue un espacio de compartir, de agradecer y de reconocer las diversas luchas socio ambientales, entre las mas de 15 organizaciones e instituciones presentes con la entrega de reconocimientos llenos de cariño.

Realizamos el trabajo coordinado con la Asociación de Regantes Tacagua por los 30 años de resistencia a la minería, a la comisión de medio ambiente del Consejo Municipal de Challapata con quienes impulsamos acciones en defensa de la vocación productiva, a autoridades originarias de diferentes comunidades y ayllus indígenas con quienes gestionamos conflictos ambientales y la libre determinación, a las autoridades de la comunidad de Realenga por impulsar alternativas al extractivismo minero, a defensoras de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra (RENAMAT) por sus 10 años en defensa de la vida y con quienes llegamos a mujeres de las comunidades con la escuelita Warmi Yaku, a los vecinos de Vinto y Samco con quienes defendemos la calidad ambiental, los medios de comunicación que nos acompañan en nuestro trabajo de difusión e incidencia, compartimos la alegría con las instituciones aliadas que caminan con nosotros a las redes internacionales con quienes nos tejemos.

Con sorpresa y enorme agrado recibimos una distinción al mérito institucional por el aporte del Colectivo CASA al desarrollo social del departamento de Oruro y por el acompañamiento a las luchas socioambientales otorgada por la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro.

Consagramos nuestra celebración con un brindis y un momento de compartir la alegría de estos años de resistencias colectivas y de agradecimiento interno a nuestro equipo por florecer juntas.

Al mismo tiempo, tuvimos el gusto de presentar la cartilla denominada: «Nuestros 15 años juntas. Memorias y Aprendizajes en la Defensa de la Vida y los Territorios» un documento que refleja las principales reflexiones y estrategias políticas de estos años, principalmente en el trabajo coordinado con mujeres defensoras. y presentamos nuestro cuaderno de trabajo para continuar los procesos de educación popular, investigación comunitaria e incidencia para la defensa de la vida. Estos materiales reflejan nuestra apuesta por la justicia socio ambiental con justicia de género.

Entrevista Angela Cuenca

https://www.youtube.com/watch?v=ZKMXKEfErf0

Festejo 15 años

Palabras del coordinador del Colectivo CASA Ajax Sanhueza

https://youtu.be/vtYgvTi_tBA

https://oiedc.blogspot.com/2023/10/15-aniversario-colectivo-casa-junts-por.html?m=1

Mexico

Luchando por el futuro en el Desierto de Sonora

Un saguaro en el crepusculo en el Ejido el Bajío, septiembre 2023. Fotografía Giuliano Salvatore – Fundación Bajío.
Reportaje • Dawn Marie Paley • 13/10/2023
Nubes de espárragos e hileras de naranjos y olivos bordean la estrecha carretera que parte hacia el norte desde la ciudad de Caborca, Sonora, en dirección a Puerto Peñasco, ciudad en la costa del Pacífico. Las hojas verdes emergen del desierto debido a los profundos pozos de agua perforados para las granjas destinadas a la venta de frutas y verduras en el mercado estadounidense.

En una parada casi escondida cerca de un restaurante tipo palapa que vende camarones frescos con chile y limón, nos desviamos hacia un accidentado sendero de arena. Atascarse allí es tan fácil como en una gran tormenta de nieve, el polvo vuela mientras las llantas se hunden. Al comenzar a subir una cuesta que se aleja de la costa, el Golfo de California surge turquesa, y el sendero de arena, apenas visible, se adentra en el desierto. Un atardecer fucsia teñido de rayas color mandarina llena el horizonte contra un cielo azul cada vez más profundo.

Poco a poco, la silueta plana de un cerro minado aparece ante nosotros y, en la luz menguante, alcanzamos a ver maquinaria averiada, edificios abandonados y una serie de enormes letras que tiempo atrás decían «Fresnillo», el nombre de la empresa que se enriqueció con el oro extraído de esos cerros.

La tarde es increíblemente hermosa, el silencio casi total, sólo interrumpido por el zumbido grave de un generador. Los aproximadamente quince periodistas y activistas que hicimos el viaje para conocer el Ejido El Bajío hablamos en voz baja entre nosotros mientras empiezan a aparecer las estrellas y el fuerte calor vespertino por fin empieza a ceder.
Un conflicto minero en el seno de la comunidad

El Ejido el Bajío fue fundado en 1971 mediante un Decreto Presidencial; los 75 miembros fundadores eran hombres -en su mayoría indígenas- de los estados del sur del país que vinieron al norte para trabajar en campos agrícolas . En la década de 1980, el ejido quedó prácticamente abandonado debido a la falta de agua y a la dificultad para trabajar la tierra. Pero algunos de los propietarios regresaron y se establecieron en un pueblito llamado El Saguaro, trabajando parte del año como jornaleros en plantaciones de Baja California y volviendo una y otra vez a la tierra que habían aprendido a amar.

Nuestro grupo fue invitado al ejido, que abarca más de 19,000 hectáreas, para conocer mejor la lucha en defensa de estas sensibles tierras desérticas. Era la primera vez que los comuneros recibían a una delegación. En años anteriores, la situación era muy tensa y no había condiciones para que gente de fuera visitara el área, ni para que los propios pobladores transitaran con seguridad. El conflicto se debía a la presencia de grandes empresas de extracción de oro, en particular la minera mexicana Penmont filial de Fresnillo PLC, con sede en Londres.

En 1997, una mina de oro a cielo abierto llamada La Herradura inició sus operaciones en el límite de las tierras del ejido. Diez años más tarde, Penmont empezó a imponerse en el ejido, ofreciendo pagos únicos a los propietarios de tierras ejidales a cambio de operaciones industriales, colinas huecas y toneladas de residuos tóxicos. Cuando los ejidatarios que conocí se referían a «la mina», era una forma abreviada de referirse no sólo a la devastación ambiental, sino al sistema de fuerzas estatales, federales y paramilitares que aterrorizó a la comunidad durante años.

Aunque al principio algunos ejidatarios aceptaron las condiciones de la empresa, el grueso de la asociación estaba en contra del extractivismo a gran escala. Empezaron a usar los juzgados y tribunales locales para hacer valer sus derechos legales como propietarios de tierras. Lo más sobresaliente es que empezaron a ganar. Para 2014, los ejidatarios habían ganado más de 67 fallos a su favor. Entre ellos hubo una serie de sentencias históricas que ordenaban a la empresa devolver todas las ganancias obtenidas ilegalmente a los legítimos propietarios de las tierras.

A medida que avanzaban en su defensa ante los tribunales y mediante acciones de protesta, empezaron a vivir la persecución de una forma muy intensa. Grupos de ejidatarios fueron detenidos en dos ocasiones y encarcelados bajo acusaciones falsas. Guardias armados, policías mineras, policías federales militarizados y soldados se volvieron figuras permanentes en el remoto territorio.

En 2021, un ex-presidente ejidal y su pareja fueron asesinados en Puerto Peñasco y una lista con los nombres de los demás ejidatarios fue clavada en sus cuerpos. En total, cuatro ejidatarios han sido asesinados y dos han desaparecido desde que empezaron a confrontar los poderosos intereses en sus tierras. Hay mucho en juego: Fresnillo PLC, vinculada a algunos de los políticos y empresarios más poderosos del país, declaró ganancias de 436 millones de dólares por sus operaciones en el Ejido El Bajío entre 2010 y 2013.
La tranquilidad vuelve al desierto

Hace tres años se detuvo la actividad minera en el ejido, y desde 2021 la situación empezó a calmarse, aunque los propietarios siguen recibiendo amenazas. No hay agua disponible en el ejido, y la mayoría de los comuneros que aún permanecen en la zona viven en El Saguaro. Un puñado de ejidatarios ha establecido una serie de campamentos permanentes alrededor de las principales vías de acceso a la mina para supervisar todo el tráfico que entra y sale de su territorio.

Erasmo Santiago Santiago y su compañera Margarita López viven en la comunidad desde el año 2000. Criaron a sus hijos en El Saguaro y han vivido la mayor parte de los últimos diez años en un campamento de vigilancia junto a una de las piletas de lixiviación que dejaron los mineros. López, quien es una mujer ñuu savi originaria de Oaxaca, ahora sabe cómo utilizar muchas de las plantas del desierto para curar, y Santiago es un ejidatario que, tras pasar casi dos años en prisión, se ha convertido en uno de las portavoces más visibles del ejido.

Mientras conversamos, una de sus sobrinas llega en una camioneta con sus dos hijas chiquitas. El aceite salpica sobre la cocina de leña donde su otra hija prepara huevos para el desayuno. Compran provisiones y traen agua y hielo de Peñasco, y cuidan meticulosamente todo lo que tienen. Su campamento está hecho de lonas y tubos de plástico negro y una habitación portátil que la empresa dejó abandonada. Su única fuente de electricidad es una batería de automóvil conectada a un panel solar, donde todos cargan sus teléfonos.

Tras años de asedio por parte de las fuerzas empresariales y militares, López y Santiago empiezan a soñar con un futuro diferente para el ejido, basado en mantener intacto el ecosistema local e invitar a visitantes con conciencia ecológica a explorar el ejido.
El declive del berrendo sonorense

Nuestra llegada ocurrió justo después de que se formalizara el reconocimiento oficial de una parte del ejido como zona federal protegida. El 30 de agosto de 2023, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México certificó casi 2,500 hectáreas del ejido como área de conservación voluntaria, lo que prohíbe otros usos de la tierra durante al menos 15 años.

«Aquí es una zona de transición… De lluvia estamos hablando de 100 a 120 mililitros al año», dijo el biólogo Federico Godínez Leal, que anteriormente trabajó como director de la cercana Reserva de la Biósfera de El Pinacate. «Lo que pasa es que ayuda mucho el mar, la neblina, la brisa marina, ayuda bastante». Estas condiciones son clave para explicar la biodiversidad única de la zona.

Para un ojo inexperto, observar la vida en el desierto es todo un reto. Incluso con la ayuda de nuestros guías, muchas de las criaturas de este entorno son difíciles de ver, pues se esconden en cuevas, se confunden con la arena o crecen en los pliegues entre las rocas prehistóricas.

Entre ellas está el berrendo sonorense, un animal parecido al ciervo con cuernos arqueados hacia adentro que es conocido como el mamífero más rápido de Norteamérica. Pueden correr a casi 100 kilómetros por hora, y son tan difíciles de detectar que a veces se les llama «fantasmas del desierto». Por si fuera poco, los berrendos sonorenses tienen un segundo superpoder: no se les ha visto beber agua.

En cambio, en invierno, se hidratan comiendo pequeñas flores desérticas que aparecen en los diminutos y efímeros brotes que surgen tras la lluvia. Durante la mayor parte del resto del año, los berrendos de Sonora obtienen el agua que necesitan comiendo el espinoso cactus cholla.

Están clasificados como especie en peligro de extinción en Estados Unidos desde 1967, y en México desde 1984. Durante miles de años, mucho antes que existieran México o Estados Unidos, los berrendos sonorenses solían andar libremente por el Desierto de Sonora. No es exagerado decir que lo han pasado muy mal y que su propia supervivencia está entrelazada con los aspectos más crueles de la modernidad.

El berrendo sonorense fue expulsado de California por la caza, la ganadería y la pérdida de su hábitat. Casi la mitad de su territorio en Estados Unidos está hoy ocupado por el Complejo Barry M. Goldwater, donde los pilotos de combate de las Fuerzas Aéreas gringas «afinan sus habilidades» lanzando incluso munición activa (las Fuerzas Aéreas afirman que se aseguran que no hay berrendos antes de bombardear).

Para colmo, grupos ecologistas e integrantes de la nación Tohono O’odham han alertado sobre la amenaza que representa la construcción del muro fronterizo para los delicados ecosistemas del desierto de Sonora. Cuando Donald Trump dejó el cargo en 2020, 140 kilómetros de muro fronterizo fragmentaron las zonas binacionales que constituyen una parte vital del hábitat del berrendo sonorense y de otras especies desérticas en grave peligro de extinción.
La conservación como defensa de la tierra

En México, los berrendos sonorenses son especialmente vulnerables a causa de la pérdida de su hábitat relacionada con la minería de oro a cielo abierto, los proyectos masivos de energía solar y los nuevos desarrollos inmobiliarios a lo largo del Golfo de California. Las empresas mineras «están prácticamente arrasando con todo el hábitat del terreno sonorense», dijo Carlos Castillo, biólogo de la Wildlands Network (Red de Tierras Silvestres) que lleva décadas trabajando en la región.

«El berrendo sonorense, por sus características, por su fisiología y por su conducta utiliza sobre todo los planicies desérticas y lo que nosotros llamamos médanos, que son estos pequeños lomeríos o dunas bajas estabilizadas o semi estabilizadas que les permiten huir de los depredadores», dijo Castillo. «Justo este tipo de terrenos son los que están siendo pues arrasados prácticamente».

Llegó un momento en que el número de berrendos sonorenses en Estados Unidos se redujo a menos de 100. En las últimas décadas, ha habido un impulso binacional para restaurar la población. Hoy en día se calcula que en México habitan 416 de estos animales, 331 de los cuales viven en el Ejido el Bajío.

Acompañamos a Santiago y a otros ejidatarios hasta la cima de uno de los cerros que se elevan desde las llanuras del Ejido El Bajío. Mirando hacia el oeste, podíamos ver el mar y, hacia el sur, las colinas fueron destruidas y allanadas para la mina Herradura, que sigue activa. Mirando hacia el este vimos un paisaje casi intacto donde la promesa de proteger al berrendo significa mucho más que salvar a una especie en peligro de extinción. Significa enfrentarse a poderosos intereses mineros y trabajar para honrar a sus compañeros caídos.

Si no fuera por la lucha de los ejidatarios, el mismo cerro donde estábamos parados, lleno de cactáceas y saguaros, donde llegan los borregos y los berrendos a comer, hubiera sido transformado en otro tiradero minero.

«Es algo que se volvió a rescatar, la naturaleza en esta parte», dijo Santiago, señalando las extensas tierras silvestres alrededor. El objetivo del ejido es promover el turismo de bajo impacto en la zona, forjando un futuro diferente centrado en garantizar que la vida humana y más que humana pueda prosperar en el territorio. «Para nosotros, la certificación es un gran logro».

El encuentro Comunidad, minería y periodismo se realizó de septiembre 21-25, 2023, con el apoyo de la Embajada de Suiza en México, la Fundación Bajío Sahuaro y el Ejido El Bajío.