Alarma. Punto más crítico se ubica a la altura del sector Casmiche (Otuzco). Agricultores protestan, pero autoridades no hacen nada.

El río Moche continúa enfermo y camina a morir, a vista y paciencia de las autoridades regionales y nacionales. Sus aguas siguen siendo contaminadas por los relaves mineros provenientes de empresas asentadas en la sierra de La Libertad.

Una serie de fotografías difundidas por la periodista Karin Zelada en su Facebook demuestran el alto grado de contaminación de esa cuenca a la altura del sector conocido como Casmiche, en la provincia andina de Otuzco.

Los hombres de campo de la zona advierten que iniciarán una serie de reclamos para que el Gobierno Regional de La Libertad tome cartas en el asunto, ya que sus aguas están contaminadas y no sirven para regar sus sembríos. Asimismo, hicieron un llamado al Ministerio del Ambiente para frenar esta caótica situación.

El biólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Carlos Bocanegra, recordó que el río Moche lleva 40 años enfermo y precisó que hace poco se dio un decreto de emergencia para mitigar los daños que podría provocar el desembalse de relaves abandonadas por la empresa Pan American Silver, en Quiruvilca.

“Antes en el río se pescaba, se sacaba camarones; pero prácticamente es un río muerto. De Simbal para arriba ya se puede notar la contaminación por los metales pesados y altamente tóxicos (cobre, fierro). Lo grave es que con esas aguas se riegan los productos que consumimos y terminan en el mar”, advirtió.

Bocanegra denunció que no existe ni un solo proyecto para frenar la contaminación y alertó que Panamerican Silver dejó los relaves a la intemperie al no haber tenido un plan de cierre de su mina. “No han instalado una geomembrana. Las lluvias llevan los relaves al río”, se quejó.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/contaminacion-minera-esta-matando-al-rio-moche/

(Chiapas, México City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, e integrante de REMA, fue asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration.

Lo anterior, fue señalado en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca.  La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para acallar las protestas en la comunidad, aún cuando supieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida, que finalmente concluyo al ser asesinado. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que, las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos identificados por los querellantes, no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria y profunda a pesar de que la ley le exige usar como criterio de revisión el interés público, para garantizar una fiscalización pública adecuada sobre las acciones de los funcionarios públicos de Canadá relacionadas con los conflictos mineros ocasionados alrededor del mundo.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá, tal como recurrentemente sucede en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se les percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Además, según los querellantes, la decisión de la corte carece de una examinación seria de por qué la embajada no tuvo una obligación de seguir las políticas, normas y directivas que fueron publicadas en el sitio web del gobierno de Canadá, y sobre las cuales, los funcionarios públicos de Canadá habían testificado en el parlamento canadiense alrededor del mismo momento que se perpetró el asesinato de Mariano.

“Esta decisión es muy deficiente y es altamente preocupante que un juez admitiera que las directivas que el gobierno de Canadá propaga y reconoce públicamente, no sean obligatorias para la actuación de los funcionarios públicos. La decisión del juez tiene un impacto adverso sobre la operación ética y la fiscalización de las embajadas y el sector de servidores públicos de forma más generalizada”, comentó él abogado Yavar Hameed, quien representa la familia Abarca y las organizaciones mexicanas y canadienses en la demanda frente la corte federal.

Para Uriel Abarca Roblero, hermano de Mariano quien también estuvo presente en la audiencia en la Corte federal, la noticia del fallo no le sorprendió. “Como familia, sabíamos de la dificultad para que una corte en Canadá aceptará admitir una investigación por la actuación de funcionarios de la embajada canadiense. No investigar a la embajada de Canadá es tener miedo a conocer la verdad sobre la forma en que operan las empresas mineras en Latinoamérica y sobre todo en México y Chiapas donde funcionarios canadienses ayudan a facilitar las operaciones de empresas mineras canadienses que han causado severos daños ecológicos y atropellos a los derechos humanos. A pesar del fallo, no nos rendiremos y vamos a continuar en esta lucha por la justicia”.

Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, también litigante en el caso, considera que la decisión es emblemática de una problemática generalizada de impunidad para el sector minero canadiense. “El gobierno de Canadá beneficia de las actividades mineras en el exterior, y más allá de que haya razón o no en nuestra acusación, el no querer revisar el caso, ni ordenar una investigación habla de forma muy clara: no quieren que se investigue a su propio gobierno.”

La familia Abarca con Otros Mundos Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Alerta Minera Canadá, presentamos una queja original al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá en febrero de 2018. Después que el Comisionado negó abrir una investigación en abril de 2018, anunciamos nuestra intención de llevar la denuncia a la corte federal en mayo de 2018. No obstante, ahora ante este frustrante fallo, nuevamente refrendamos nuestro compromiso para lograr se efectúe la rendición de cuentas con respecto al accionar de la embajada canadiense en los meses previos al asesinato de Mariano. Con este objeto, estamos preparándonos para ejercer nuestro derecho al recurso de apelación ante la Corte Federal de Apelación.

Para mas información:

• Yavar Hameed, Hameed Law,  yhameed@hameedlaw.ca, (613) 627-2974
• Charis Kamphius, Justice and Corporate Accountability Project, ckamphuis@justice-project.org, 250-572-2625
• Kirsten Francescone (para información o para organizar entrevistas con la familia o las organizaciones mexicanas), kirsten@miningwatch.ca

Antecedentes

Información que se obtuvo mediante solicitudes al acceso a la información demuestra que la embajada intervino con oficiales del gobierno mexicano para apoyar a la empresa cuando ya se sabía que era sobre el conflicto que ellos tenían con respecto a su proyecto de Blackfire en Chiapas, México, incluyendo a los riesgos que enfrentaba Mariano. Mariano alertó a la embajada sobre las preocupaciones que tenían las comunidades con respecto a los impactos de la mina y amenazas relacionadas. Poco después, Mariano fue detenido sin acusaciones en base a una denuncia que presentó la empresa en su contra. Además, solamente semanas antes que lo asesinaran, la embajada consultó a las autoridades mexicanas que acallen a las protestas en contra las operaciones de Blackfire.

Alrededor del mismo tiempo, oficiales federales se pronunciaron frente al Comité Permanente del Parlamento sobre las Relaciones Exteriores constatando que el rol de las embajadas canadienses es “trabajar muy de cerca con empresas, las comunidades afectadas, gobiernos, pueblos Indígenas y la sociedad civil para facilitar un diálogo informado y abierto entre todas las partes”. Sin embargo, la Embajada canadiense en México negó reunirse con la familia y organizaciones de la sociedad civil quienes trabajan en la comunidad hasta que pasaron meses después del asesinato de Mariano, a pesar de que ellos seguían otorgando apoyo a la empresa.

Documentos:

Decisión de Judge Boswell (inglés) disponible acá.

Resumen de la Queja presentada al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá disponible acá.

Solicitud para la Revisión de la decisión del Comisionado por la Corte Federal de Canadá disponible acá.

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/juez-de-corte-federal-de-canada-acepta-la-posibilidad-que-mariano-abarca-no-habria-sido-asesinado-si-la-embajada-canadiense-en-mexico-hubiese-actuado-de-otra-manera-no-obstante-niega-ordenar-una-in/

Con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra, seguido por una reflexión colectiva en torno a la defensa del territorio, los logros y desafíos que se presentan a 10 años de la lucha contra el extractivismo en el estado se realizó la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería.

En el marco del Día Estatal de Rebeldía contra la Minería, las comunidades de Valles Centrales organizadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” reiteraron su rechazo a las 322 concesiones mineras por considerar que es un despojo de la vida de los pueblos.

Mientras, a tres kilómetros de distancia, en San José del Progreso, la empresa minera Cuzcatlán filial de la transnacional canadiense Fortuna Silver Mines realizó una Guelaguetza para justificar que promueven las tradiciones, dan empleo y generan desarrollo.

Y a 48 kilómetros de distancia, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa se divertía presidiendo las fiestas de los Lunes del Cerro o Guelaguetza oficial a la que destinó 21 millones 712 mil 620 pesos, sin embargo, se estima que entregó 42 millones de pesos a empresas “favorecidas en proceso de licitación irregulares”, según el periódico Centro.

Lo cierto es que en Oaxaca se encuentran registradas 322 concesiones mineras, lo que equivale al 5% del territorio estatal, mismas que se traducen en 41 proyectos mineros, de los cuales dos se encuentran en etapa de explotación comercial, San José en el municipio de San José del progreso y “El Águila” en el municipio de san Pedro Totolapan, dos mas se encuentran en etapa de desarrollo, 36 en etapa de exploración y una mas en etapa de postergación, revela el estudio de Oxfan-México “Minería y Privilegios”.

Las comunidades reunidas aquí en este municipio de San Martín de los Canseco, Marcos Leyva Madrid de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) destacó que “son 10 años de afectaciones irreversibles al medio ambiente, contaminación de las fuentes de agua, afectaciones de tierras de cultivo y pastoreo, criminalización de defensores y defensoras de la tierra y ruptura del tejido social comunitario“.

Sin embargo, “hoy los pueblos y comunidades afectados por proyectos y concesiones mineras celebran la vida, la autonomía, los procesos de resistencia y las alternativas comunitarias que están ejerciendo dentro de sus territorios. A 10 años, reafirmamos: Sí a la vida, no a la Minería”.

La Guelaguetza de los Pueblos contra la Minería tiene como objetivo “celebrar la resistencia y autonomía de los pueblos y comunidades afectadas por proyectos mineros”.

Al evento asistieron autoridades agrarios y municipales de San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, El Vergel, los Ocotes, Santa Catarina Minas, Magdalena Ocotlán, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y Magdalena Teitipac.

Así como representantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán-COPUVO, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser, Tequio Jurídico, la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, Codigo-Dh y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, con el acompañamiento de Brigadas de paz Internacional y Servicio Internacional para la Paz.

Ante la falta de reflectores de los medios de comunicación, con el hashtag #OaxacaVsMineria, el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” difundió esta festividad donde intercambiaron los saberes y prácticas en la defensa del territorio.

Las actividades iniciaron a las 10 horas con un ritual de agradecimiento a la Madre Tierra donde los asistentes después de agradecer depositaron ofrendas como tortillas, maíz, cebollas, frijol, zanahorias, totopos, calabacitas, tomates, pan, chocolate y mezcal.

Luego de un foro de denuncia, inició la compartencia cultural comunitaria con la obra de teatro “Ecos de una América Indígena”, seguido de intervenciones de autoridades de varios municipios de las regiones Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, así como música, danzas de la Pluma de Guadalupe Zaachila, comida y mezcal.

Las autoridades agrarias de San Nicolás Yaxe (que en zapoteco significa maíz tierno) se unieron a la convocatoria del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios para celebrar la primera Guelaguetza de los Pueblos de Oaxaca contra la Minería convencidos de que hacer comunidad es parte esencial para encontrar espacios para reflexionar e intercambiar saberes en defensa de la Madre Tierra.

Resaltaron que lo que buscan es recuperar la esencia de la fiesta de los lunes del cerro donde la cooperación, el amor al prójimo y una actitud de compartir la naturaleza y la vida, es que cerca de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca afectadas por concesiones mineras en los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán de Oaxaca, buscan reforzar el tejido social que como comunidades indígenas los une.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/celebran-guelaguetza-contra-el-extractivismo-de-41-proyectos-de-mineria/?fbclid=IwAR0uD_vkL6SjU6kCrMjGHqg3Stswbt49c1-ESammi939COG7_oSPI1FEVG4

En un fallo emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, señaló la posibilidad de que el activista contra la minería Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”, informaron organizaciones sociales como Otros Mundos y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

En un comunicado, recordaron que Abarca “fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre de 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration”.

El fallo del juez canadiense corresponde a la primera instancia en el proceso que inició la familia de Abarca para solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México en torno a la criminalización y posterior asesinato.

La familia Abarca, indican las organizaciones, considera que la actuación de la embajada, incluso de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para que acallaran las protesas en la comunidad cuando supieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida.

Sin embargo, apuntó el comunicado, “a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta”.

José Luis Abarca, hijo de Mariano, indicó: “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta.

“El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos que los querellantes identificaron no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en asegurar que fiscalización pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo”, señalan las organizaciones.

“Esta decisión muestra que hubo muy poca voluntad por parte del juez para estudiar y analizar a fondo la evidencia, puesto que no consideró los argumentos que presentamos. No deja de sorprendernos la lectura del fallo, que revela muy poca consideración ante una situación tan lamentable y grave de un asunto de interés público en Canadá y en varios otros países donde persisten reclamos similares de violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas mineras que actúan con el apoyo y protección del gobierno canadiense a través de sus misiones diplomáticas, a quienes se percibe cada vez con mayor desconfianza”, afirmó el abogado de la familia, Miguel Ángel de los Santos.

Fuente:https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/07/29/embajada-de-canada-en-mexico-pudo-evitar-asesinato-de-mariano-abarca/?fbclid=IwAR32lBC9D3eHvWfH_J54lMFKBrJvDFM5jrdMf5QKM37lrVmvpLaBqm0OlGo

La activista puso como ejemplo que en las últimas dos muertes que hubo en minas de la Región Carbonífera, una de las minas operaba en una concesión cancelada.

Fuente:https://vanguardia.com.mx/articulo/piden-que-prodemi-rinda-cuentas-sobre-las-empresas-mineras-que-le-proveen-de-carbon-en-coahuila?fbclid=IwAR2chyRv7nqNpl253AKn_3J669dA_V7-YnnglN_6tGKFHL8rCZWXCakIXTQ