Activistas de Greenpeace despliegan un banner en la cinta transportadora de carbón de la Mina Invierno ubicada en Isla Riesco, Región de Magallanes. La acción, se enmarca dentro de las actividades internacionales de Greenpeace contra los combustibles fósiles y la campaña «Salvemos los mares del fin del mundo», que busca proteger los mares de la Patagonia Chilena ante el avance de la salmonicultura.
Volvieron, como en tiempo de Trillium, los antiguos fantasmas a la Región de Magallanes: el impedimento o la paralización de un proyecto propuesto o en ejecución (como Mina Invierno) debido a causas ambientales. Pero hay que ser claro, pues los fantasmas no existen. Son creaciones interesadas, movidas generalmente por intereses de lucro, o por la lógica de empresas que, al basarse en la explotación de recursos naturales no renovables, siempre tienen sus días contados.
Antecedentes relevantes
La empresa de Mina Invierno eligió el tipo de explotación de carbón de rajo abierto sobre la base de implementar un sistema de menores costos y de mayores utilidades, asumiendo su mayor impacto ambiental.
No obstantes los cuestionamientos sobre la alta insustentabilidad ambiental y la expoliación subsidiada que significaba el proyecto, se le dio la aprobación argumentándose su impacto en la economía regional, particularmente en la creación de empleos.
El proyecto de Mina Invierno fue autorizado SIN EL USO DE TRONADURAS, afirmación que los mismos ejecutivos de la empresa plantearon. Aún sin tronaduras, la Evaluación de Impacto Ambiental costó mucho aprobarla por el cúmulo de impactos negativos, muchos de los cuales no fueron considerados. La explotación carbonífera ha tenido un marcado impacto ambiental cuyas medidas de mitigación aún no ha sido evaluada en profundidad.
Hacia una información más veraz y transparente
Ante la amenaza de cierre o de disminución de labores muchas opiniones de políticos, de los representantes de la empresa, de dirigentes de gremios patronales, etc. han sido publicado últimamente. Frente a ellas y sus impactos en la opinión pública cabe hacer algunas consideraciones:
La empresa ha afirmado que sin tronaduras se impide “la normal explotación del yacimiento carbonífero…”. Cabe preguntarse: hasta la fecha y sin tronaduras, ¿no se ha realizado una explotación normal?
También se ha afirmado por representantes de la empresa “que con medidas como esta se genera un mal precedente para la economía del país pues para hacer inversiones a largo plazo es fundamental contar con certeza jurídica…” (El Mercurio, 26/06/2019). Lo que sucede es precisamente lo contrario pues los tribunales ambientales en función de sus atribuciones están aplicando la ley con certeza jurídica basada en el profundo conocimiento del tema.
Al notificarse a los trabajadores sobe sus despidos se argumenta “los índices de producción durante 2018 y 2019 se han reducido en un 51,1% en extracción de estériles y en un 44,6% en extracción de carbón.” Esas reducciones son exclusivo resorte de la empresa pues, tal como se argumentó cuando querían convencer a la ciudadanía de las bondades del proyecto, carbón en esas vetas hay para más de 100 años. El único problema es que el negocio ya no es interesante como en años anteriores. O sea que hacer alusión al artículo 161, para desvincular al personal debido a “necesidades de la empresa” no es un argumento válido.
El Ministro de Minería Pablo Terrazas, advirtió que “todo esto puede terminar demorando la cartera de proyectos que el Gobierno está promoviendo para la Región de Magallanes” (El Mercurio, 26/06/2019). Como este es un proyecto aprobado y que se está materializando, se supone que el Ministro quiere llamar la atención sobre las condicionantes ambientales. Entonces, la lectura tendría que hacerse en forma positiva: es bueno que de demoren ciertos proyectos si no cumplen a cabalidad las leyes y reglamentaciones ambientales.
Desde la SOFOFA se criticó a aquellos que afirman que la explotación minera del carbón es incongruente con el plan de descarbonización que impulsa el gobierno, argumentándose que el país en las próximas décadas necesitará carbón y que si no lo produce deberá importarlo de Colombia o Australia. Esta argumentación es errónea, pues el carbón utilizado en las termoeléctricas del país necesitan ser de mayor calidad que el de Magallanes, por lo que habrá necesariamente que importarlo.
Otros dirigentes gremiales han utilizado este problema solo para enviar sus consabidos mensajes por las exigencias ambientales. El planteamiento de los grandes gremios es tratar de “modernizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, insistiendo en la disminución de requisitos ambientales.
La realidad actual
La inversión de puesta en marcha inicial, de maquinarias, construcciones, caminos y del puerto ha sido recuperada con las utilidades de los primeros tres a cuatro años de operación. O sea, la empresa está en muy buenas condiciones para enfrentar su actual situación.
El problema básico que enfrenta la empresa es la baja rentabilidad actual. Ha habido un aumento de los costos derivados de las deficiencias de los estudios básicos que no diferenciaron las distintas realidades del subsuelo. Por otra parte, ha bajado el precio del tipo de carbón como el de Mina Invierno.
Es obvio que las perspectivas de la explotación no son buenas. Ante ello, y en una visión de largo plazo, es probable que la empresa haya delineado una estrategia para ir disminuyendo al personal en forma paulatina, al margen de lo que suceda con las tronaduras. No obstante, para la empresa, si se autorizaran las tronaduras podría permitirle una mayor rentabilidad. Pero, si persistiera la actual prohibición de utilizarlas, le serviría como excusa para desvincular trabajadores, proceso que tarde o temprano deberá llegar.
Toda esta situación podría dejar en la sombra dos desafíos que son de plena responsabilidad de la empresa: por una parte, la remediación del sitio, y por otra, la obligada responsabilidad social de reconversión.
El país tiene en el sector minero numerosos e importantes pasivos ambientales derivados de la falta de una legislación adecuada, o la ausencia de sistemas de seguros que permitan impedir el cierre de empresas sin que se inviertan los recursos financieros necesarios para la recuperación de los ecosistemas dañados en los procesos extractivos. Según lo estipulado, la Minera Invierno está tomando ciertas medidas de remediación, pero las principales e ellas deberá hacerlas después del cierre.
Por otra parte, las empresas mineras, que trabajan recursos naturales no renovables, conocen perfectamente que el recurso algún día se acabará. Ello exige responsabilidad social para reconvertir los trabajadores que irán quedando cesantes en la medida que el recurso de agote. Este es un aspecto crucial que ya debería haber sido abordado por Mina Invierno.
El destino de Minera Invierno ya está sellado: Poco más tarde, poco más temprano, terminará. Carbón, como el de Mina Invierno, sub bituminoso, de muy bajas calorías y de gran poder contaminante pronto se prohibirá comercializarlo, más aún, habiendo formas de explotación del carbón con casi nulos impactos ambientales. Quedarán los restos de la explotación como memoria de un proyecto que nunca habría que haberlo ejecutado.
Fuente:https://radio.uchile.cl/2019/07/12/el-problema-de-mina-invierno/
Cientos de personas del Azuay ingresaron a la capital. Se veía banderas azules y carteles. Se escuchaba el sonido de los tambores, el saxofón y las consignas: “agua sí, oro no”, “viva el agua”, “fuera mineras”, etc. Era una marcha que a la distancia se veía un solo color, el azul, como el agua, los océanos, los cielos del Ecuador.
El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo, señaló que las concesiones mineras en la provincia de Islay (región Arequipa) ha registrado avances en los últimos años, en tanto en lo que respecta al distrito de Cocachacra, zona en la que se sitúa en proyecto minero Tía María, ésta se encuentra concesionada al 96.2%.
Se puede afirmar que, en Sallani y Phinaya, brota la fuente de vida para 
Para paliar los problemas que ocasiona actualmente la acumulación de desechos de la industria minera, el Gobierno conformó una mesa de trabajo para favorecer el desarrollo de la »economía circular» en ese sector. El objetivo será impulsar la denominada «minería verde» que incluiría mejorar el uso del agua en las actividades extractivas y la reducción de emisiones contaminantes.
Cada cierto tiempo, la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.
Las comunidades wixárikas de los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, en voz de sus autoridades comunales, en un pronunciamiento conjunto informaron que no retirarán el amparo con número de expediente 819/2011-VI, que les concede la suspensión temporal de todo trabajo de exploración y explotación minera de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp, mientras se resuelve la sentencia definitiva del juicio.
La empresa de capital canadiense Argonaut Gold y propietaria del terreno en donde se pretende construir una mina a cielo abierto no cuenta con los permisos municipales ni federales para realizar tales acciones, informó el abogado y ambientalista miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Gustavo Lozano.
En sesión publica de cabildo convocada por la autoridad municipal que encabeza Florencio de la Cruz Valdivieso y ante la presencia de ciudadanos mujeres y hombres, campesinos, pescadores y productores de mango y también defensores de la tierra y el territorio, se declaró al municipio de San Francisco Ixhuatán como “territorio libre de la minería”.
Equipo ejecutivo le presentó a la estatal el análisis ambiental y de exploración para seguir adelante con la iniciativa. En paralelo, Enami también está avanzando en un plan para desarrollar sus pertenencias mineras.