Argentina

Multitudinario NO a los saqueadores

Autor: No a la Mina.org

Este 4 agosto imprime una nueva y emotiva página en la historia del NO A LA MINA. Una gran marcha multisectorial se concentró en la histórica Plaza San Martín y recorrió las calles hasta culminar en las oficinas de Seros, la Obra social provincial que desde hace 21 días está tomada por los jubilados con el apoyo de todos los sectores de trabajadores estatales activos.

Una marcha de unidad para demostrar que el pueblo es realmente soberano y ya ha expresado su rotundo NO A LA MINA.  Aquí video del inicio de la movilización publicado por EQS

A continuación, transcribimos el documento elaborado por la Asamblea de Vecinos de Esquel:

Nos preguntamos: ¿qué tierra caminan?, ¿qué aire respiran?, ¿de qué se alimentan?, ¿qué agua beben? ¿Acaso no son la misma tierra, el mismo aire, el mismo pan, la misma agua que nos nutre a todos?

Le preguntamos a usted, gobernador Mariano Arcioni. Les preguntamos a ustedes, diputados. Le preguntamos a usted, presidente Macri: ¿cuáles son las voces que escuchan?, ¿qué idioma hablan?, ¿en qué mundo viven?

El planeta se encamina hacia un punto de no retorno y en breve dejará de cobijarnos. Lo saben y, aun así, en Chubut se asocian a los mercaderes de la muerte que hoy se llaman Panamerican Silver y Uramérica.

Tratan a la meseta chubutense como un botín de guerra. El plomo, la plata y el uranio se convierten en garantía de una deuda que diluyeron y que fugan al exterior.

Y no les importa rematar el río y el acuífero; la oveja y el guanaco; la meseta o el mar. Siguen a pie juntillas el plan global del saqueo que no es otro que devastarnos uno por uno y atiborrar los bancos y los bolsillos de unos pocos con la moneda de la muerte.

¡NO PUEDEN controlar ni gestionar bien una planta de residuos! NO PUEDEN remediar ni controlar el desastre de la Laguna Chiquichano. NO PUEDEN garantizar el suministro de agua a las ciudades de la Costa… ¿Y SIGUEN INSISTIENDO con la megaminería?

Señor gobernador, señores diputados y senadores, señor presidente: ¿quién en su sano juicio puede creerles? Si ustedes, los que impulsan la minería, son los mismos que condenan a la mitad de los pibes del país a la pobreza, son los que cierran fuentes de trabajo y acumulan despidos.

Son uds. los que secuestran los salarios de los trabajadores estatales, son uds. los que empujan a los jubilados a una protesta indefinida, son uds. los que congelan la economía de nuestra provincia y la sumergen en el caos. Son uds.  Macri, Pichetto, Sica, Frigerio. Son uds. Arcioni, DiFilippo y los diputados que han bastardeado la Iniciativa Popular para jamás tratarla debidamente.

TODOS LOS GOBIERNOS CHUBUTENSES de estos 16 años han sido cómplices de las mineras, como son cómplices de las grandes saqueadoras del petróleo y de la Pesca, a las que les habilitan regalías bajísimas e impuestos muy inferiores a lo que pagamos los trabajadores!

Y también son ustedes Pichiñán,  Bowman y otros jefes comunales que no respetan la cosmovisión de sus comunidades!!

Tienen que saber que TODOS  SOMOS TIERRA, AGUA, AIRE.. Y que,  al igual que el planeta, los pueblos también estamos en un punto de no retorno. No vamos a retornar a la Argentina de los hacendados, no vamos a retornar al 76 ni a los 90. Por eso, la provincia toda está de pie Y LA LUCHA ES UNA SOLA.

 

¡NO A LA MINA!

¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES!

¡NO PASARÁN!, ¡NO PASARÁN!, ¡NO PASARÁN!

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42920-multitudinario-no-a-los-saqueadores

Perú

Devoluciones tributarias a la minería bajo la lupa

Autor: Carlos Bessombes B. , La República.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Propuesta. En el primer semestre del año, las empresas mineras recibieron la devolución de la mitad de lo que contribuyeron a la recaudación. Por ello, expertos sugieren que esquema tributario también se revise con la nueva Ley General de Minería.

Durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el presidente de la República, Martín Vizcarra, planteó una nueva Ley General de Minería que actualice la norma que data desde 1992.

El anuncio se da en medio de las protestas en Islay tras otorgársele a la empresa Southern la licencia de construcción para el proyecto Tía María, y coincide con un pronunciamiento de los gobernadores regionales de la macrorregión sur, quienes buscan impulsar una reforma de la Ley de Minería con especial énfasis en la consulta previa e impactos socioambientales.

Aunque el marco tributario no forma parte de la Ley General de Minería, para los expertos consultados por La República, sí es un tema conexo que amerita ser revisado pensando en los intereses del país y en una actividad minera moderna.

En ese sentido, uno de los aspectos tributarios que más llaman la atención es el incremento de las devoluciones tributarias al sector minero, en particular en los años 2016 y 2017 (ver infografía).

Según información de la Sunat, los ingresos tributarios correspondientes a esta actividad económica sumaron S/ 4.531 millones de enero a junio de este año, una caída de 25% frente al primer semestre del 2018. Mientras que las devoluciones sumaron S/ 2.050 millones, es decir, casi la mitad.

El investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) Jorge Manco Zaconetti recordó que en el gobierno de Ollanta Humala se aprobó una serie de normas tributarias como el gravamen minero, la nueva regalía, el impuesto extraordinario a la minería, todos con carácter deducible al Impuesto a la Renta. “Es decir, con una mano pagan y con la otra recuperan”, apuntó.

“No es posible que las devoluciones al sector minero sean mayores al Impuesto a la Renta recaudado por este sector; si bien es cierto esta devolución es para todos los exportadores, la minería es el 60% de la actividad exportadora”, cuestionó el investigador sanmarquino.

En esa línea, Epifanio Baca, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, indicó que aunque las devoluciones tributarias son parte de un principio tributario internacional, se vuelve un problema para nuestro país por la magnitud que estas cobran cuando el Estado las tiene que devolver de un solo golpe, cuando podría plantearse diferir las devoluciones para que no tenga un impacto fiscal tan significativo.

“El otro tema es control, transparencia y seguimiento de las declaraciones para acceder a las devoluciones tributarias”, exhortó.

Revisar también la depreciación

Otro aspecto tributario que amerita una revisión, para Epifanio Baca, es la depreciación acelerada, la cual según políticas OCDE es considerada de riesgo medio, pues existe evidencia internacional de que este mecanismo es utilizado para elusión tributaria. También se debe mirar cómo se entregan las concesiones mineras en el Perú.

Martín Vizcarra – Presidente de la República

“La norma que la rige (la minería) tiene cerca de 30 años de vigencia y se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas”.

Evolución de la recaudación y devoluciones al sector minero.
Evolución de la recaudación y devoluciones al sector minero.

Fuente:https://larepublica.pe/economia/2019/08/01/devoluciones-tributarias-a-la-mineria-bajo-la-lupa/?fbclid=IwAR0mBVwsjtMZrWd8bTkwSekEYLYcLlTawsjlq3vck-d9joOtMJp3iS1wNWM

 

Mexico

Megaproyectos mineros en Wirikuta, ¿desarrollo o etnocidio?

Autor: David Avilés , Animal Político.com
Conflicto Relacionado: Wirikuta - La Luz

Un grupo de gentes captadas y engañadas por la First Majestic han intensificado la estrategia de la transnacional minera para dividir a las comunidades ante la proximidad del fin del amparo judicial que desde 2011 suspendió cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) y de la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), representantes del pueblo wixarika, emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 ante la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, como se llaman a sí mismos, intentan presentar el conflicto al que mire de lejos como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarikas.

No son chichimecas, ni representan a las comunidades. Se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

La Unión de Ejidos A. C. se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero -sobre todo- representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A. C. no tenga poder de representación de las comunidades del desierto ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través la UWCC y del CRW, organismos oficiales de los wixaritari conformados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, en respuesta emitieron un comunicado público donde constataban la posición de total oposición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras a los tres niveles de gobierno mexicano y a la sociedad civil, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible aquí).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos. Más bien queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A. C. saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido sin ningún pudor como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agricultores y ganaderos, y una visión profunda del desierto de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol y donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y la vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Por otro lado, la introducción del modelo extractivo de matriz capitalista no necesita a las comunidades, como argumenta el investigador Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, porque reproduce el modelo de campamentos mineros separados de las comunidades, extraen los recursos que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano norte-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado -como afirma la socióloga Maristella Svampa- en una memoria corta como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari basado en una memoria larga como territorio originario y, por otro, las empresas mineras introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Finalmente los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz de vida que activa Wirikuta y, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Desde esta perspectiva, Wirikuta aparece como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido el final de Wirikuta, puesto en peligro por las tecnologías y la envergadura de los megaproyectos mineros, pone en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio. ¿Quién se va a hacer responsable?

* David Avilés es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (España), en el área de Antropología de orientación pública.

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Fuente:https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-o-etnocidio/?fbclid=IwAR3Le_9Lm55w_UEpx5u38_qv1JkjMOygk6FXzLJ-92m31-FH0dp04mLIw5E
Perú

Tía María: distintos gremios convocan a paro indefinido desde el 5 de agosto

Autor: Zenaida Condori , El Comercio.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Diferentes gremios y organizaciones sociales de la región Arequipa han convocado a un paro indefinido desde el lunes 5 de agosto, en respaldo a la población del Valle de Tambo, la cual rechaza el proyecto minero Tía María y la entrega de la licencia de construcción a Southern Perú Cooper.

El secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, indicó a El Comercio que la propuesta será ratificada mañana en una asamblea general. La FDTA agrupa a 70 sindicatos de trabajadores del sector público y privado de la región.

“Estamos respaldando a nuestros hermanos del Valle de Tambo que no quieren la mina. El que causó este malestar en la región es el mismo presidente y la única manera de terminar con este conflicto es la cancelación del proyecto Tía María”, agregó Chapa.

En la asamblea también participarán los dirigentes del Frente de Defensa, Integración y Desarrollo del Cono Norte (Fredicon), del Frente Amplio Cívico de Arequipa (FACA), de la Coordinadora Política Social de Arequipa (CPSA), los dirigentes de los principales mercados de la ciudad, gremios universitarios, asociaciones de viviendas, colectivos, entre otros.

Asimismo, más de 12.000 docentes de la región también se sumarían al paro indefinido en contra del proyecto Tía María. El secretario general del SUTEP Arequipa, Adolfo Quispe, confirmó hoy la participación de los maestros.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-distintos-gremios-convocan-paro-indefinido-5-agosto-noticia-660496

Guatemala

En Guatemala, demanda de minera norteamericana por caso La Puya

Autor: Sare Fabres , Avispa.org
Conflicto Relacionado: La Puya

El 11 de diciembre de 2018, la empresa minera norteamericana Kappes Cassiday & Associates presentó una demanda de arbitraje internacional por 300 millones de dólares en contra del Estado de Guatemala ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) bajo el amparo del tratado de libre comercio DR-CAFTA, firmado entre los países centroamericanos y EEUU.

El recurso jurídico refiere al proyecto minero Progreso Derivado VII el cual fue suspendido el 22 de febrero de 2016 por la Corte de Constitucionalidad, debido al incumplimiento de la empresa al no realizar consulta a las poblaciones de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, antes de implementar el proyecto.

Desde 2011, mujeres, niños y hombres ha articulado acciones de resistencia contra la operación de la mina en una región campesina y con escasez de agua en el país centroamericano. A pesar de una campaña de criminalización y difamación, y una renovada presencia militar en la región, el campamento de resistencia se mantiene de forma permanente, durante las 24 horas del día.

Para hacer efectivo el rechazo a la mina, los habitantes colocaron un campamento para bloquear el camino a la maquinaria. Sin embargo, diversas denuncias señalaron la operación de la empresa utilizando otras vías para la extracción de los minerales, incluso después de la orden de la corte, lo cual derivó en la apertura de una carpeta de investigación por el delito de explotación legal.

Guatemala, con anterioridad, pagó 249 millones de quetzales (32.4 millones dólares) a dos empresas noretamericanas (RDV y TECO) que le demandaron internacionalmente y se abstuvo a suspender los trabajos de la Mina Marlin (propiedad del gigante GoldCorp) para evitar una demanda similar durante el gobierno de Álvaro Colóm.

 

El juicio, un abuso más contra las comunidades

El pasado 23 de julio de 2019, durante una citación realizada a diversos funcionarios de Gobierno, estos no informaron sobre la estrategia que utilizará el Estado guatemalteco en su defensa legal.

Durante la citación, realizada por el diputado Leocadio Juracán, la abogada Jennifer Moore del Centro de Estudios Políticos, presentó el estudio “Casino del Extractivismo: Las empresas mineras apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países de América Latina usando el arbitraje supranacional”.

Moore, resaltó como estas demandas permiten a las empresas ganar millones de dolores gracias a un sistema unilateral, en el que solo las empresas pueden demandar y quienes dictan sentencias son allegados suyos.

 

Despojo legalizado

El CAFTA-DR, al igual que los miles de otros acuerdos internacionales de inversión, otorga a las empresas transnacionales un recurso vinculante a un sistema de arbitraje internacional perverso conocido como Solución de Controversias Inversionista – Estado Estado-Inversor (ISDS, por sus siglas en inglés). Los reclamos de ISDS se escuchan en tribunales como el CIADI y han sido ampliamente condenados por privilegiar los intereses corporativos en detrimento de las comunidades locales y el medio ambiente. Este mecanismo permite a las corporaciones transnacionales pasar por encima de los tribunales nacionales y socavar a la soberanía de las naciones. Tribunales como el CIADI no son cortes de justicia, sino paneles secretos de abogados corporativos altamente pagados cuyas decisiones no tienen la obligación de respetar ningún precedente.

“Es una tergiversación del concepto de justicia, en donde se permite que empresas interpongan sus intereses mezquinos por encima y sin cumplir con la ley en el país”, expresó la abogada.

En la misma sintonía, la resistencia pacífica de La Puya expresó su preocupación por el hecho de que proceda una demanda de “esta empresa que a criminalizado, ha alterado la paz social de las comunidades, está atentando contra la vida de los ecosistemas de la zona y la calidad de vida humana”.

A su vez las comunidades en resistencia pacífica de La Puya demandaron “Que declare lesivo el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA y lo denuncie tal como se lo permite la Constitución Política de la República en el artículo 183 inciso o)”, pro lo cual actualmente se encuentra sujetos a demandas de arbitraje por cientos de millones de dólares.

 

Fuente:https://avispa.org/en-guatemala-demanda-de-minera-norteamericana-por-caso-la-puya/

Perú

Tía María: mujeres marchan en respaldo a paro acatado por Valle de Tambo |

Autor: Zenaida Condori , El Comercio.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Decenas de mujeres marcharon por las calles del centro de Arequipa
en apoyo a la población del Valle de Tambo, que desde el 15 de julio acata un paro indefinido en rechazo el proyecto minero Tía María. Las mujeres protestaron con banderas verdes y ollas en mano.

Las manifestantes se concentraron en la Plaza España, frente a la sede del Poder Judicial, desde las 5 p.m., luego marcharon por la calles, bloquearon el puente Grau y llegaron hasta la Plaza de Armas.

La convocatoria fue llevada a cabo por la Coordinadora de Defensa del Valle de Tambo, que agrupa a diferentes colectivos y organizaciones de universitarios.

“Protestamos porque nosotras consumimos los productos del Valle de Tambo y por el abuso de la policías con las madres agricultoras que las atacan con bombas lacrimógenas”, declaró una manifestante.

La marcha culminó frente a la Catedral de Arequipa, donde se realizó un mitin. Durante este evento, distintas mujeres demandaron la cancelación de la licencia de construcción otorgada a Southern para el proyecto Tía María.

 

Fuente:https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-mujeres-marchan-respaldo-paro-acatado-valle-tambo-noticia-660521?foto=6&fbclid=IwAR1s–00oC4K85waIMIH_Dg8U-RFGTYr6Mug–bTGIWTLqFAYFD4WyP2Kgs

Chile

Denunciaron el derrame de concentrado de fierro en el desierto de Atacama

Autor: Claudio Silva , ADN Radio

Un derrame de concentrado de fierro afectó al desierto de Atacama, hecho que fue denunciado por una vecina de la Región de Atacama que difundió a través de Facebook los videos que registró del proceso de contaminación.

La usuaria Soledad Cordero comentó que el hecho se generó a unos 32 kilómetros de la ciudad de Copiapó, en una de las cañerías que traslada desechos mineros de la Mina Cerro Negro Norte y que pertenece a la Compañía de Acero del Pacífico (CAP).

Informa Meganoticias que la empresa expresó que la «rotura fue detectada de manera inmediata por personal de CAP Minería y se realizaron todas las labores contempladas en el plan de emergencia, como dar aviso inmediato a las autoridades».

Fuente:https://www.adnradio.cl/noticias/nacional/denunciaron-el-derrame-de-concentrado-de-fierro-en-el-desierto-de-atacama/20190802/nota/3935230.aspx?fbclid=IwAR275YAbDfn-SW6QKWrVXPyJCVETkFE4gHYVYHvFrRHQT0LaOsFXF1ygNZI

Perú

La propuesta de una nueva ley de minería

Autor: José de Echave, Cooperacción.org.pe

Pese a que la propuesta del presidente Vizcarra de una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales y, por consiguiente, de recorte del mandato congresal y presidencial se robó todos los titulares, no hay que perder de vista otros anuncios que seguramente también marcarán el debate de las próximas semanas y meses.

Un tema clave ha sido la propuesta de una nueva Ley General de Minería. En la primera parte de su discurso, Vizcarra señaló que “la norma que la rige tiene cerca de 30 años de vigencia, y se hace necesario actualizarla para que se adecúe a nuestra realidad, brindando un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos”, señaló Vizcarra.

Las reacciones no se han hecho esperar: el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, se ha mostrado en contra de la propuesta y el editorial de El Comercio del 30 de julio señalaba que “el planteamiento de una nueva ley de minería es decididamente inoportuno. En este contexto de incertidumbre nacional por la propuesta de adelanto de elecciones, abrir un nuevo frente de riesgo particular para un sector que hoy apuntala la inversión privada es descaminado”.

Para comenzar el debate no está de más recordar el contexto en el que se dio la Ley General de Minería y lo que dice. Vamos por partes.

Los 90 y los ajustes estructurales

El Decreto Supremo Nº 014-92-EM o Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (04/06/92). Dicha norma no sólo consolidó en un solo texto los procedimientos para el inicio de las actividades de desarrollo minero, sino también definió los procedimientos administrativos, tributarios, de seguridad, protección ambiental y el régimen de concesiones mineras. No está de más recordar que en ese entonces, el ministro del sector era nada menos que Jaime Yoshiyama Tanaka.

Como ocurrió con una serie de medidas implementadas en ese entonces, la nueva Ley General de Minería estuvo enmarcada en lo que el Banco Mundial definió como las políticas de ajuste sectorial: el objetivo de los ajustes sectoriales era apoyar los cambios institucionales y de políticas, necesarios para crear lo que para este organismo era un ambiente propicio para el fomento de inversiones privadas en determinados sectores productivos. De esta manera, el ajuste sectorial llegó a actividades productivas, como es el caso de la minería metálica, el gas y el petróleo. Según el propio Banco Mundial, más de cien países, desde inicios de la década del 1990, implementaron reformas sustantivas de su legislación minera.

¿Qué decía entonces en Banco Mundial? Que “las industrias extractivas son importantes para el crecimiento económico de los países en desarrollo porque generan rentas y empleo y actúan como un activador de desarrollo infraestructural, educación, capacitación y actividad empresarial. Las enormes rentas para el gobierno apoyan otras actividades de desarrollo” y que el desarrollo de los sectores extractivos “puede contribuir al desarrollo sostenible y a la mitigación a la pobreza”[1]. Hoy en día la validez de estos planteamientos ha sido revisada por el propio organismo.

De este modo, el ajuste sectorial en el sector minería llegó a los países acompañado de asistencia externa para los gobiernos que impulsaron la reforma y las privatizaciones, con movilización de recursos financieros, el fortalecimiento de capacidades para la gestión de las rentas, entre otros aspectos que buscaron crear el marco adecuado para la entrada de las inversiones privadas.

Dos normas importantes antecedieron a la Ley General de Minería: en primer lugar, el Decreto Legislativo Nº 757, o Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, del 13 de noviembre de 1991, que, por ejemplo, modificó el Código del Medio Ambiente (1990), eliminó normas objetadas por las empresas como irreales, excesivas o de alto costo, y suprimió, por otro lado, toda reserva a favor del Estado para la realización de actividades económicas o la explotación de recursos naturales, salvo en el caso de áreas naturales protegidas. En segundo lugar, el Decreto Legislativo Nº 708, o Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero (del 14 de noviembre de 1991), que declaró de interés nacional la promoción de inversiones en el sector minero, estableciendo una serie de principios fundamentales para el desarrollo de esta actividad y de incentivos a los inversionistas del sector, tales como: estabilidad tributaria, cambiaria y administrativa; una tributación que grava únicamente la renta que distribuyen los titulares de la actividad minera; se reconoció la deducción de tributos que inciden en la producción; las inversiones aprobadas por la autoridad en infraestructura de servicio público eran deducibles de la renta neta; la no discriminación en materia cambiaria y otras medidas de política económica, respecto a inversionistas nacionales o a otros sectores de actividad económica; libertad de remitir utilidades, dividendos y recursos financieros; libre comercialización de los productos minerales; simplificación administrativa, etc.

Cabe señalar que el marco legal se siguió moldeando de acuerdo a las demandas empresariales: en sus 28 años de vigencia, la Ley General de Minería ha sido modificada 29 veces y en 34 ocasiones se han sustituido artículos.

Lo que pasó después y por qué la necesidad de hacer cambios

Lo que pasó desde 1992 para adelante es historia conocida. La minería comenzó a crecer: aumentaron las inversiones y por consiguiente la producción minera, las exportaciones, entre otras variables económicas. Otro dato clave es que la ocupación territorial de la minería también creció de manera significativa: las concesiones mineras pasaron de 2 millones trescientas mil hectáreas, a inicios de la década del 90, a más de 25 millones de hectáreas en los momentos picos de expansión. Todos los estratos mineros (gran, mediana, pequeña minería y la informal), se expandieron a lo largo y ancho del territorio nacional.

Al lado de esta expansión, también comenzaron a crecer los conflictos sociales vinculados a la minería. Desde que la Defensoría del Pueblo realiza reportes sobre conflictividad social en el país (2004), una constante ha sido que la gran mayoría de conflictos están vinculados a temas socio ambientales relacionados con la minería: conflictos vinculados al acceso a fuentes de agua y contaminación; disputas por ocupación de los territorios de poblaciones en general, comunidades campesinas y pueblos indígenas; impactos ambientales diversos y de actividades económicas como la agricultura; demandas por beneficios económicos; etc.

Lo que fue quedando claro con el transcurrir del tiempo, era que los conflictos vinculados a la minería eran multidimensionales: podían ser económicos, sociales, culturales y/o ambientales. Además eran claros indicadores que algo no estaba funcionando bien: que se había construido un marco legal e institucional muy favorable para atraer inversionistas mineros, pero que al mismo tiempo no se habían construido capacidades ni instrumentos para enfrentar los conflictos que esas inversiones fueron produciendo.

Cada vez que se propusieron cambios y reformas para mejorar los estándares sociales y ambientales y para incrementar la presión tributaria, los empresarios mineros, sus gremios y sus escribidores, manifestaron abiertamente que si se implementaban tales cambios, las inversiones se irían (como si fuese tan simple encontrar recursos geológicos significativos en cualquier lugar en el planeta). Se opusieron a la creación del Ministerio del Ambiente y todos sus organismos adscritos, y cuando comenzaron a operar buscaron debilitarlos a través de sucesivos paquetazos ambientales; se opusieron a la ley de consulta previa, libre e informada; tampoco querían las regalías mineras y menos aún el impuesto a las sobre ganancias en pleno súper ciclo de precios de las materias primas. Se siguen oponiendo a que el país cuente con una política de ordenamiento territorial y han bregado para que el país no transite el camino de mejorar sus políticas ambientales, laborales y tributarias, a los estándares de la OCDE.

Por eso no sorprende que, ante el anuncio de iniciar un debate sobre una nueva Ley General de Minería, estos actores salgan a manifestar su oposición e intenten nuevamente instalar su discurso conservador, contrario a cualquier cambio. El país tiene que avanzar, sacando lecciones de lo que ha venido pasando en los territorios, haciendo los ajustes necesarios: la perspectiva es construir una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas que permita construir los equilibrios que, a todas luces, están haciendo falta.

[1] Banco Mundial. Página 18 de la Revisión de las Industrias Extractivas. Versión del 21 de agosto de 2003.

01 de agosto de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/la-propuesta-de-una-nueva-ley-de-mineria/

Perú

La ética rentista y el espíritu del extractivismo

Autor: Eduardo Gudynas , Noticias Ser.pe
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

En el marco de las polémicas que retornan ante el proyecto minero de Tía María, un grupo de personalidades subscribió en Lima un “Acuerdo por el Desarrollo”. En ese texto apoyan una minería que llaman “moderna” y  que serviría para el “desarrollo”, compartiendo una serie de recomendaciones para el Estado, la empresa y las comunidades locales, a las que les piden abandonar “discursos polarizantes”.

El politólogo Martín Tanaka, uno de los firmantes del “Acuerdo”, en twitter defendió ese Acuerdo ante una aguda crítica de Mirtha Vázquez, insistiendo en que compartía el “espíritu” de la declaración.

El uso de esa palabra, “espíritu”, en este contexto, inmediatamente me recordó a Max Weber con su clásico “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, publicado en 1905. En esa obra, el sociólogo alemán retrataba el profundo cambio cultural de la pérdida de trascendencia que antes se buscaba en la religión, para ser suplantada por una moralidad impersonal e individualista. Perseguir el éxito económico, ganar dinero y más dinero, se volvió un fin en sí mismo que pasó a ser aceptado socialmente. Allí está el “espíritu” al que se refiere Weber, y que se lo adjudica al “capitalismo”, aunque su uso de dicha palabra correspondería mejor a lo que hoy llamamos cultura o modernización.

Apelando a esa perspectiva, ¿cuál sería el “espíritu” del Acuerdo por el Desarrollo enfocado en Tía María? Para responder esto comencemos por precisar que aquella idea de “espíritu” no tiene un sentido religioso o metafísico, sino que sirve para entender los valores (ética) y los sentidos de lo correcto e incorrecto en la sociedad (moral). Hoy estamos frente a extractivismos mineros y petroleros que tienen por detrás una ética y una moral. En ellos, la valoración económica reemplaza otros valores, y por ello ya no interesa ni importa si se “matan” o “amputan” a los apus, ya que se los ha despojado de cualquier trascendencia. El objetivo es el éxito económico y captar la mayor proporción posible de renta económica. Esto no se esconde, sino que ahora goza de legitimidad moral. Lo moralmente correcto es ganarse los billetes como sea. Es más, la moral comenzó a actuar en sentido invertido ya que sería “inmoral” no aprovechar las riquezas minerales y petroleras del país, según dicen empresarios, gobiernos y buena parte de la academia.

A mi modo de ver, el “Acuerdo por el Desarrollo – a propósito del proyecto Tía María”, está embebido de ese espíritu de la cultura capitalista o moderna aunque con algunas particularidades contemporáneas y criollas. Alrededor de cincuenta personas adhirieron al Acuerdo, y ciertamente hay variedad entre ellas, pero todos coincidieron en dos cuestiones básicas: alentar la minería y no advertir que lo que proponen es imposible. Para decirlo con más precisión: el punto de partida del Acuerdo son unas metas incompatibles entre sí. Es como si los que lo firmaron no hubiesen analizado con rigurosidad lo que allí estaba escrito. Esas incongruencias se disimulan por el llamado una y otra vez al “desarrollo”, y en ello reaparece otro aspecto del “espíritu” del documento: invocar una difusa idea del desarrollo como justificación de una moral que genera beneficio para algunos mientras se daña a otros y al ambiente.

Me explico: el Acuerdo comienza postulando que es posible una minería -un extractivismo- que atienda cuatro condiciones. Estas son cumplir con estándares globales, proteger el ambiente, dinamizar el desarrollo nacional y beneficiar a las poblaciones locales. Habría una minería, que ellos llaman “moderna” que debería cumplir los cuatro objetivos al mismo tiempo, lo cual es imposible. Y hay que decirlo con toda claridad y énfasis: no se pueden cumplir todas esas condiciones a la vez. Además, algunas de ellas ni siquiera existen en los términos en los que se plantean en el Acuerdo.

Para evaluar si es posible alcanzar las cuatro metas, comencemos por una de ellas. Supongamos  que un emprendimiento como Tía María realmente promueva el desarrollo nacional, dejando en suspenso que quieren decir los firmantes del Acuerdo con conceptos como “dinamizar” y “desarrollo”. Pero, si se implanta esa minera enseguida se incumple otra meta del Acuerdo, la de la protección ambiental. Es evidente que un megaproyecto como Tía María acarrea alteraciones ecológicas de tal magnitud que no es posible asegurar que habrá una “protección” de la Naturaleza. Por su propia dimensión y operación, ese proyecto conlleva un impacto ambiental severo, y las opciones de amortiguación y remediación son limitadas.

La discusión real es si se aceptarán o no, ese tipo de amputaciones ecológicas bajo el supuesto de un beneficio económico (entendido como ingreso de dinero por la exportación de materias primas). Es una falacia afirmar que se alcanzará a la vez una ventaja económica y una protección de la Naturaleza. Si hay lo segundo no habría beneficio económico tal como lo han planteado, y si se busca el provecho de la renta será necesario perforar, horadar y extraer el mineral con todos sus impactos ecológicos.

Algo similar ocurre con la meta de “estándares globales” que plantea el Acuerdo, ya que no existen requisitos internacionales acordados por ejemplo para lidiar con los impactos de la minería. En realidad, los países compiten por rebajar sus controles ambientales para atraer a los inversores, y ese propósito estaba detrás de los defensores del “paquetazo ambiental” (y no escapa a nadie que algunos de los firmantes apoyaban esas rebajas ecológicas). Si por “estándares globales” los firmantes del Acuerdo se refieren a algunas reglas de desempeño que se sigue, pongamos por caso en la Unión Europea o las que promueve Naciones Unidas, ya se sabe que la anterior evaluación ambiental recibió 138 observaciones de los veedores de UNOPS, y la más reciente padece de serios problemas como se reveló en la prensa. Estamos ante otro objetivo violado.

Los extractivismos de tercera generación, que corresponden a actividades como la megaminería a cielo abierto o la explotación petrolera en selvas tropicales, por sus impactos y las resistencias que generan, son rechazados por comunidades locales en Perú y en todos los países del continente. En todas ellas hay grupos locales que los consideran perjudiciales. Esto hace que se viole otra de las metas de los firmantes del Acuerdo, la que se refiere al “beneficio” de las comunidades locales. La imposición de los emprendimientos, muchas veces por medio de la policía o la criminalización, muestra cristalinamente la facilidad con que se abandonan objetivos de ese tipo.

Por todo esto, lo más impactante del texto de ese Acuerdo no es tanto que repita el mito de una minería moderna que sería mejor y más provechosa, sino que sus firmantes ni siquiera se dan cuenta que sus propias contradicciones, que lo hacen imposible. Si se cumplen una o dos de sus metas, inmediatamente se están violando sus otros objetivos. El Acuerdo tiene un vicio de nacimiento y es carecer de coherencia interna. Las referencias a los estándares globales o la protección ambiental quedan convertidos en una retórica justificativa.

Como hay una ceguera radical en advertir esto, el Acuerdo da unas curiosas vueltas basadas en recomendaciones, tales como impulsar programas de desarrollo de la agricultura, salud y educación, o crear un fondo de desarrollo. A tono con las clásicas defensas extractivistas, en el Acuerdo no hay pudor en concluir pidiéndole a las comunidades locales que dejen los “discursos polarizantes” y tomen a la minería como “una oportunidad de desarrollo”. Habría que ver si cuando una comunidad local reclama proteger el ambiente -una de las metas de los firmantes del Acuerdo- será respaldada desde Lima como paladines de la justica ecológica o los estigmatizara como actores atrapados en discursos polarizantes que impiden el desarrollo.

Por esto concluyo que el contenido del Acuerdo sí tiene un espíritu, y siguiendo la inspiración de Max Weber de hace más de un siglo atrás, me pregunto si no estamos ante algo así como “La ética rentista y el espíritu del extractivismo”.

Si por el contrario, el objetivo de los que firmaron el “Acuerdo por el Desarrollo” es como indican, “evitar una confrontación con posibles consecuencias lamentables”, deberían comenzar por sopesar que tal vez la primera línea de su documento debería haber sido un llamado a detener todo ese proceso.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/la-etica-rentista-y-el-espiritu-del-extractivismo?fbclid=IwAR3gsnyOgzJQRKTPUIiGMN_sJcUWuFrHQJLiZcLxspSYXzu6gDsca4ZcNSo
Mexico

México. Al menos 14 defensores ambientales fueron asesinados en México en 2018: Global Witness

Autor: Desinformemonos.org y Radio Temblor.org

Al menos 14 defensores del medio ambiente fueron asesinados el año pasado en México “por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas”, señaló un informe de la organización internacional Global Witness.

“Muchos más fueron silenciados a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, agregó el documento, en el que la organización indicó que en 2018 fueron asesinados 164 ambientalistas en todo el mundo, de los cuales la mitad de las muertes sucedieron en América Latina.

De acuerdo con el informe, la impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores, pero la organización “pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos; actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 casos”. “Los gobiernos y las empresas no logran abordar la causa estructural de los ataques que, en su gran mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado”, agrega el documento.

Global Witness destacó que la mayoría de los defensores asesinados se oponían a la minería, con 43 víctimas, mientras que 21 ambientalistas murieron por luchar contra los proyectos de la agroindustria y 13 contra la explotación forestal. Por otra parte, 17 defensores del agua fueron asesinados en 2018, lo que representa un aumento significativo respecto a los cuatro registrados en 2017, señala el informe.

La organización incluyó en su reporte el uso y abuso de las leyes y políticas para criminalizar e intimidar a los activistas, sus familias y las comunidades que representan, a través de acciones como “mancillar su reputación, interrumpir el financiamiento y acorralarlos en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo”.

“Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras los activistas son calificados como criminales”, apuntó Global Witness.

De acuerdo con el informe, los países más peligrosos para los ambientalistas en 2018 fueron Filipinas, con 30 casos, Colombia, con 24, Indía, con 23, Brasil, con 20, Guatemala, con 16, y México, con 14. Por otro lado, el único país europeo donde se registraron asesinatos de defensores ambientales fue Ucrania, con tres casos, mientras que en todo África se registraron 14.

 

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=15169&fbclid=IwAR0-9Rxrypi8K8QABXnZiY5VCQovWaudkGs6TEJKheYPLEZI6rjI-2FSkJU