Más de tres meses después del desastre de Brumadinho, que causó 235 muertos, las autoridades intentan remediar la insuficiente fiscalización de la actividad minera.

Las legiones de avariciosos aventureros que se adentraron en estas tierras de Brasil en el XVIII no se pararon a pensar en que el oro no se come. Algunos murieron de hambre con pedruscos en el bolsillo. No había comida, carreteras, ni comercio. Aquella fiebre del oro sentó los cimientos de un estado que debe casi todo a las minas. Su nombre, su desarrollo, su patrimonio histórico y su economía. El verde paisaje de Minas Gerais (minas generales) está punteado por enormes brechas de ocre intenso que la minería escarba en la tierra y por descomunales depósitos para depositar los residuos que genera. El colapso de una de esas balsas en Brumadinho mató hace cien días este domingo a 235 personas. Otras 35 —también devoradas por el barro en segundos— siguen desaparecidas. Vale, la empresa propietaria de la mina y una de las mayores multinacionales brasileñas, es reincidente. La tragedia generó una gran ola de indignación ciudadana que ha derivado en algunos cambios, pero el temor a que se repita está muy presente.

La señora Maria Lourdes Anunciação, de 64 años, vive con miedo hasta el tuétano en una vivienda de ladrillo descubierto muy cerca de una balsa cuatro veces mayor que la que reventó en enero. No es la única. Nada menos que 23 depósitos de desechos rodean Congonhas, una ciudad turística de 50.000 vecinos. Solo una colina separa a los Anunciação de la más cercana. Cuentan que tras el desastre las autoridades cerraron la escuela, pero poco más. “Después de Brumadinho, no han hecho ningún simulacro. Solo la sirena, que sonó una vez. Eran casi las nueve de la mañana y casi nadie lo oyó. Sonó muy bajo”, recuerda. Las víctimas de Brumadinho tampoco la oyeron porque no sonó. “La gente tiene más miedo de las balsas ahora, pero al desempleo también”, apunta su hija Tatiane. Ellas, como tantos en la zona, tienen parientes en el sector.

Las minas son la gran fuente de empleo local. Y un potente motor de la economía nacional, tanto que la minería en Minas Gerais aporta el 8% de las exportaciones de Brasil, que aun en horas bajas es un gigante económico. Y en el sector, reina Vale. Fundada en 1942 y privatizada en 1997, es la mayor productora de mineral de hierro del mundo. Su poder es inmenso. La proclama ‘Mariana, Nunca Más’ adoptada por su presidente ejecutivo, el ahora sustituido Fabio Schvartsman, tras una tragedia escandalosamente similar en 2015 quedó sepultada bajo toneladas de hierro en Brumadinho. El desplome en la mina Mariana mató mucho menos (19 personas) pero causó el mayor desastre ecológico de Brasil.

“Si no estás a favor de Vale, eres un enemigo. Vale no dialoga, Vale manda”, sentencia el profesor Evandro Moraes de la Universidad Federal de Minas Gerais, que estudia hace décadas estas represas de desechos mineros. Insiste en que los académicos saben hace mucho que, a medida que la tierra es menos rica en minerales, aumentan los residuos. Moraes está convencido de que, sin cambios profundos, habrá nuevos desastres. “Es necesario cambiar el ciclo económico”, dice ante el desafío de gestionar cada vez más desechos. Soluciones existen, afirma. Están en estudios realizados por la universidad; y son económicamente viables, asegura. Los residuos se podrían convertir en cemento. Pero, según él, Vale no ha mostrado el más mínimo interés. “No dialoga con la academia, ni con la sociedad civil… solo el Ministerio Público logra imponerse a Vale”, apunta el profesor.

Andressa Lanchoti es la coordinadora del equipo de fiscales de Minas Gerais y de la policía federal que investiga qué ocurrió en Brumadinho. “Necesitamos un cambio de comportamiento muy importante para recuperar la confianza porque en menos de tres años hubo dos desastres implicando a la misma empresa (Vale) en dos minas que tenían certificado de estabilidad y una auditoría externa. Y ambas colapsaron. Eso supone una falta de credibilidad, no solo de Vale, sino de todo el sistema de gestión de balsas brasileño”, explica la fiscal en su despacho de Belo Horizonte. Lanchoti considera que el Estado debe asumir la fiscalización que ahora es más bien un autocontrol de las empresas. Hay 34 inspectores de balsas en todo Brasil cuando solo Minas Gerais es mayor que toda España.

Un decreto del Gobierno de Jair Bolsonaro ha ordenado desmantelar en tres años todos los depósitos mineros construidos con la técnica del montante, la más barata y peligrosa porque no tiene cimientos ni paredes, la usada en las dos balsas colapsadas. En estos cien días, el Ministerio Público ordenó a Vale paralizar ocho balsas, inspecciones independientes, que pague durante un año mil reales mensuales (226 euros) a cada uno de los 40.000 vecinos de Brumadinho, bloqueó millones en fondos de la empresa para afrontar la emergencia, reclamó que apartara a Schvartsman de la presidencia, le retiró el pasaporte…

Según la fiscal, “existen tecnologías modernas que se usan en otros estados (de Brasil) y en otros países” para gestionar desechos mineros, pero “aquí no se hacía porque no era prioridad por cuestiones económicas”.

La fiscalización es un punto débil en Brasil, como reconoció el vicepresidente, Hamilton Mourão, en una entrevista con este diario justo después de la tragedia. La Agencia de la Mineración ha inspeccionado en estos tres meses unas cien balsas, la mayoría en Minas Gerais, pero el organismo está aún elaborando sus conclusiones, según un portavoz. Esos inmensos depósitos son organismos vivos, dicen los expertos. “Son como un león en una jaula, siempre a punto de morder”, explica el profesor. Suelen colapsar porque su contenido se licua. Es un fenómeno misterioso. “Ni siquiera los científicos sabemos por qué ocurre”, afirma Moraes, un ingeniero y geólogo que en su larga carrera ha sido consultor de Vale y de otras firmas mineras. Tres de los depósitos están en un nivel de emergencia tan alto que unas mil personas, según la multinacional, han sido evacuadas. A eso se suman los daños colaterales al sustento de miles de personas de a pie.

El Ministerio Público investiga por delitos contra la vida y el medio ambiente a 26 personas, con Schvartsman a la cabeza, detuvo cautelarmente a 13 ingenieros y auditores, pero todavía no hay un informe preliminar sobre las causas de la rotura.

Wilson Moreira, 64 años, no sigue en detalle las medidas adoptadas por la fiscalía, por Vale ni las denuncias de la prensa. Lo que él sabe es que ha perdido un hijo. Cleiton Luiz tenía 29 años. “Lo encontraron el martes de Carnaval (un mes después de la tragedia). Solo me dieron una caja con una foto suya encima. Supongo que era él. No estaba permitirlo abrirla”, explica en Brumadinho este comerciante que además ha visto cómo la economía local se arruinaba y sus dos tiendas perdían clientela. “Él nunca habló de que sintiera riesgo, le gustaba el trabajo. Murió inocente”. Wilson interrumpe su relato con risas nerviosas. Está convencido de que “si el Ministerio Público funcionara, Vale estaría cerrada por seguridad”. Pero también recalca que no puede desaparecer porque es vital para que la gente se gane la vida. Quién le iba a decir en 1978, cuando conducía un camión que llevaba residuos a la balsa, que aquel lodazal crecería exponencialmente y mataría a su hijo.

La búsqueda de los desaparecidos prosigue. La bombera militar Priscila escrutaba el lodo desde una grúa esta semana en busca de cualquier resto humano u objeto. “Ayer encontramos una agenda, espero que sirva para encontrar a alguien”.

En Mariana no había sirenas. Y en Brumadinho no llegaron a sonar. “Los sistemas de alarma tienen que ser automáticos”, dice el bombero civil Pedro Cruz, de 31 años, mientras visita con su novia, Germana Souza, la iglesia de Congonhas que alberga unas famosas esculturas barrocas de Alejaidinho pagadas con el maná minero y que atraen miles de turistas a la ciudad.

Con 55.000 empleados en Brasil y una facturación de 36.500 millones de dólares (32.500 millones de euros), Vale genera muchísima riqueza. Y su poder e influencia son inmensos. Brumadinho hizo desplomarse sus acciones en Bolsa, pero ya cotizan como antes de que el tsunami de lodo se tragara a sus empleados, muchos de ellos mientras comían en la cantina. El desastre y paralización por orden judicial de tres minas implica producir 62,8 millones de toneladas menos este año, explica la compañía. Supone un 15% del mineral de hierro que produjo en 2018. Y eso tiene impacto en el mercado mundial. El mayor fondo de pensiones de Noruega, KLP, ha desinvertido en Vale con la venta de sus 10 millones de euros en acciones porque considera que el accidente supone un “riesgo inaceptable”. La caída ha elevado, según el profesor Moraes, el precio del mineral de hierro, lo que aminora las pérdidas y además otras empresas han reactivado minas que no explotaban.

El fantasma de que los responsables últimos queden impunes acecha. Basta mirar lo que ocurrió en Mariana, donde el tsunami de residuos arrasó dos ciudades y recorrió más de 600 kilómetros hasta el Atlántico, alterando las vidas de cientos de miles de personas y dañando gravemente el ecosistema. Tres años después nadie ha sido condenado. No hay fecha para el juicio y la propietaria –Samarco, de Vale y de la australiana BHP Billiton– ha pagado una ínfima parte de las multas por los daños ambientales porque las tiene recurridas. “Tras Mariana se hizo muy poco. Llevábamos tres años anunciando que habría más desastres”, dice Fabiana Alves, de Greenpeace.

Un veterano del sector minero que también ha tenido responsabilidades en políticas públicas del sector y que pide quedar en el anonimato admite que la sucesión de desastres “es absolutamente inadmisible” pero recalca que según la estadística hay unas 2 o 3 roturas al año. “Incluso Canadá, un país con un aparato legal considerado bueno, consultores óptimos y una tradición de excelencia en actividades mineras, tuvo roturas de balsas todos los años entre 2011 y 2014”. Los daños en Brasil son, sin embargo, incomparables con aquellos. Este experto opina que la legislación y la fiscalización son insuficientes para evitar accidentes. “Es fundamental tener un proyecto de alta calidad, que la construcción obedezca a las mejores prácticas de la ingeniería y sobre todo que sea operada con rigor técnico”.

Sebastião Jose do Santos, 61 años, vive en la ciudad rodeada por 23 depósitos de desechos. Este técnico de manutención en una mina cree que son seguras: “Como hijo de Congonhas y empleado de la CSN (una firma minera), tengo la convicción de que aquí no tendremos ninguna catástrofe como las de Brumadinho y Mariana”. Tras un rato de charla, asoma un punto de duda cuando dice que, “si alguna balsa se rompiera, que no se va a romper, todos vamos a sufrir”.

Fuente:https://elpais.com/internacional/2019/05/04/actualidad/1556925352_146651.html?rel=str_articulo#1565103941110