Alertando sobre la extracción de cobre ¿Qué tan justo es el cambio de la matriz energética que nos proponen?

7 agosto, 2019 Autor: Censat Agua Viva.org

El reciente impulso de extracción de cobre y otros minerales se encuentra coordinado con el esfuerzo por transformar la matriz energética mundial, para pasar del motor de combustión (que usa petroleo y carbón) a un motor eléctrico (que emplea metales). La crisis ambiental causada por el modelo de desarrollo imperante ha llevado a que se desarrollen distintas propuestas para cambiar la matriz energética mundial. Las propuestas desde la institucionalidad y las empresas se limitan al cambio de materias y tecnologías; no obstante otros argumentamos que es necesario transformar nuestros modos de vida y nuestra relación con el entorno para lograr un cambio estructural y real a la crisis global.

La matriz energética necesaria para garantizar las transformaciones e innovación tecnológica ha llevado a que se fomente la extracción de cobre para la transición. Este metal se usa por su alta conductividad térmica y eléctrica, ya que al ser resistente a la corrosión y no ser un metal magnético, industrias como la energética, de servicios y datos le emplean en su producción de artículos tecnológicos e industriales. Pero esta propuesta de transición no va al fondo de la crisis global, pues tiene prácticas de extracción igualmente agresivas y a escalas inmensas en aras de su exportación, evidenciando el poder corporativo que cada vez tiene más respaldo en los estados, a costa de los derechos y autonomía de las comunidades.

El cobre es usado para construir paneles solares, cableados eléctricos, tuberías, etc. Estas tecnologías se plantean limpias, porque sustituye los fósiles, fuente de emisiones de CO2 y CO pero no mencionan lo que implica la extracción de los metales y los requerimientos energéticos que son indispensables para su elaboración. En el caso de la extracción primaria de cobre esta implica graves impactos socioambientales, pues sacarlo a gran escala requiere dos formas básicas de minería, a cielo abierto y subterránea. En ambos casos, los proyectos que se han ejecutado en países como Chile, Perú y China, los mayores extractores a nivel mundial, dan cuenta de las afectaciones a los territorios y comunidades que viven a sus alrededores.

En Chile, el país latinoamericano que más extrae cobre, ha implicado profundos impactos en su territorio tales como: acaparamiento de las aguas para la minería y su consecuente contaminación, desplazamiento de comunidades locales y la concentración de la economía en la extracción de metales, dejando de lado otras actividades productivas históricas de las regiones; incluso ha llegado a plantear la existencia de “zonas de sacrificio” en los lugares donde se concentran comunidades vulneradas por la contaminación de extracción de minerales como el carbón y metales como el cobre. Otra alerta es la cantidad de energía que demanda sacarlo y transformarlo. Sergio Hernández, vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, señala, en relación al consumo de energía que, para producir 5,6 millones de toneladas de cobre fino en 2016, se demandó “168.572 TJ (Tera Julio), lo que representa un alza de 1,4% en relación a 2015, y un 12% del total de energía consumida en el país.” Es decir, se busca hacer eficiente la producción y transmisión de energía con extracciones que emplean grandes cantidades de la misma, entonces la cura resulta peor que la enfermedad.

En 2012, el gobierno colombiano declaró el cobre como un mineral estratégico, y en los últimos años fomenta su extracción. De la misma manera, las empresas mineras afirman que es necesario extraer el cobre para seguir usando tecnología de punta. Hoy, en Colombia, la extracción de cobre se hace en el departamento del Chocó con el proyecto El Roble, de la multinacional Atico Mining Corporation, de capital canadiense. Esta mina ha generado graves impactos socioambientales en la región, puesto que en 2017 realizó vertimientos de sustancias contaminantes en el río Atrato, lo que implicó el cierre de la operación durante un tiempo.

Así mismo, se han concretado esfuerzos para vislumbrar otros lugares de extracción, por lo cual desde hace 15 años se otorgaron títulos mineros en los departamentos de Córdoba, Chocó, Tolima y Antioquia. En este último, AngloGold Ashanti plantea el proyecto minero Quebradona en el municipio de Jericó, que fue declarado Proyecto de Interés Nacional Estratégico, negando que la zona es de vocación campesina y turística, por lo cual gran parte de la comunidad rechaza la minería.

No proponemos una transición que implique abandonar la tecnología de la que nos beneficiamos como herramienta que facilita la conexión en el mundo, hablamos de replantear el modo de producción-consumo y distribución. Nos plantea retos como sociedad pero también como individuos, pues es vital dejar de ser clientes y volver a ser personas que podemos acceder a la energía. Lo que nos obliga a repensar la energía no como un bien acaparable y que beneficie a unos pocos, sino como un derecho; que conlleva procesos de reutilización y reciclaje. En el caso del cobre se ha demostrado que es un metal 100% reciclable, y en dado caso se extraiga lo estrictamente necesario para el bienestar general de la humanidad y el planeta.

Proponemos una transición energética justa; es decir, debe garantizar el respeto a los derechos constitucionales al territorio, al trabajo digno, a los derechos humanos y de la naturaleza. Esto implica un cambio que conlleve transformaciones culturales, sociales y una relación distinta con la naturaleza. No podemos permitir que proyectos a gran escala como Quebradona, además de los 11 proyectos de cobre que están en exploración en Colombia sigan vendiéndose como la solución a un modelo que obvia los impactos que genera y prioriza sus ganancias. Así mismo, es indispensable continuar vigilando y demandando que proyectos como El Roble asuman las afectaciones que generan. Para esto será fundamental cuestionar y vigilar el poder de las corporaciones al tiempo que se escuchan las soluciones y demandas de comunidades y organizaciones.

Fuente:https://censat.org/es/analisis/alertando-sobre-la-extraccion-de-cobre-que-tan-justo-es-el-cambio-de-la-matriz-energetica-que-nos-proponen-9052?fbclid=IwAR02IEZJwMeOclA4pgo_qOv2ySE2qnJeySX2JwMsVGX2Ete26Tjh5DtC_Kc

Mexico

“Estamos bien contaminados, Germán Larrea quiere que desaparezcamos”

7 agosto, 2019 Autor: Libera Radio.com

La Asamblea de Organizaciones Ciudadanas y Colectivos por la Defensa del Medio Ambiente y el Agua exigen el retiro inmediato de la concesión a Grupo México y la renacionalización de la empresa minera de Cananea, un alto a la impunidad y a la injusticia a 5 años del derrame de tóxicos y la resolución a favor de reabrir el Fideicomiso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En rueda de prensa acompañados de la señora Francisca García, afectada de Aconchi y Oscar Encinas Gámez, ejidatario y representante legal del amparo al Fideicomiso, los colectivos Pan y Rosas, De la Calle, Lo que Viene del Sol y la Red de Apoyo al Congreso Nacional Indígena remarcaron que el ecocidio “ha contado con la complicidad de autoridades, ya que a la fecha no se ha resuelto ninguno de los daños ocasionados, imperando la impunidad y la injusticia”, según se lee en el comunicado emitido.

En el documento demandan además una revisión ambiental seria y exhaustiva de toda la industria extractiva, y que toda la minería de tajo abierto sea prohibida en el país, por atentar contra los seres humanos. “No más despojo de los recursos naturales hacia los pobladores originarios, con el único fin de acrecentar las fortunas de empresarios rapaces”.

Francisa García platicó la relación que llevaban con el río antes del derrame. “Yo aprendí de mi mami la flora y la fauna del río. A reconocer cada planta, cuales se cultivan en verano, otoño e invierno, cuales se pueden comer y cuales no. Las que comíamos por tradición en cuaresma, por ejemplo. Cuando vino el derrame, cambia totalmente la forma de relacionarnos con el medio ambiente, la forma de comer, de cultivar, porque dejamos de sembrar muchos productos; cambió la recreación que teníamos con el río, de ir a la milpa al darnos un chapuzón, de ir los fines de semana sobre todo en verano. Todo eso se ha ido perdiendo. Las plantas están contaminados, no los comemos, nos están enfermando, aunque hay gente que sí lo come.”

“Todo esto nos quita la posibilidad de enseñarle a mis hijos ya las futuras generaciones lo que yo aprendí de mi madre, la forma de cultivar ya no es la misma, se dejó de sembrar la calabaza, el chile verde, el pepino, la cebolla, la papa, el camote, las habas, los chícharos. Antes si alguien sembraba elotes río arriba y yo chile verde, pues nos intercambiábamos, pero eso ya se acabó también. La remediación no debe quedar en manos privadas, ni tampoco nuestra salud. Exigimos que se declare autoridad responsable que Grupo México responda ante la contaminación, que haga la remediación y no repetición. El Río Sonora merece justicia.” remata Francisca.

Por su parte, Óscar Encinas declara a boca jarro: “Estamos en un proceso de destrucción y de muerte desde el derrame en Buenavista del Cobre de Germán Larrea. Ayer pasamos a la Suprema Corte de Justicia, nos atendieron dos ministros. Mañana se va a revisar el amparo que interpusimos para que se reabra el fideicomiso. Les pedimos con mucha fe, esperanza y con mucho amor que fallen a favor de las comunidades del Río Sonora y Bacanuchi.“

“Pedimos que se tome en cuenta a la gente. No estamos pidiendo dinero, queremos la remediación, que se atienda la salud y la calidad del agua, le pedimos al Gobierno que manden gente especializada a hacer los estudios, que se apoye al sector agrícola, que se remedie en todos los niveles, ahorita seguimos desamparados, yo estoy en un 70% abajo de lo que producía.” declaró el también el integrante de los Comités de Cuenca.

“Yo soy ejidatario del Sauz de Ures. Esperamos un fallo histórico a favor de las comunidades, pues ha decrecido la economía, hay descontento y desánimo, ya no se produce lo de antes. Nos somos animales, pero aún los animales sufren las consecuencias del derrame. Germán Larrea saca trocadas de dinero y todavía se burla de nosotros, jamás ha dado la cara. Queremos que se abra el fideicomiso pero que sea público, no privado. Nosotros nunca hemos sido convocados ni requeridos”.

“Queremos un resarcimiento total, si son 2 mil millones, 3 mil o cuatro mil, o que sea, que la empresa cumpla con su responsabilidad, que cumpla con las 36 potabilizadores, con la construcción de la clínica epidemiológica que está en el abandono, peor ahorita con la noticia de que la cierran y que ya ni siquiera serán atendidos los 300 afectados en su salud y que han sido reconocidos”, declara Encinas.

Estuvieron también presentes Totó Respeto, del colectivo Pan y Rosas, Katur Bejarano del colectivo De la Calle, Diana Renee Gerardo de Lo que Viene del Sol, Claudia Partida, de la Red de apoyo al Congreso Nacional Indígena, y Javier Valenzuela.

Las asociaciones invitan a la marcha en conmemoración del quinto aniversario la tarde del 6 de Agosto, a las 5.30 pm, partiendo del Mercado Municipal de Hermosillo hacia el Palacio de Gobierno.

Fuente:http://www.liberaradio.com/estamos-bien-contaminados-german-larrea-quiere-que-desaparezcamos/?fbclid=IwAR0JrDGote9y396ljxPFRDMixfqcv-lDE7oozYI1j7E16wytbGgEqhJiPG8

Mexico

Así es la vida en las comunidades del Río Sonora, a 5 años del derrame tóxico de Grupo México

7 agosto, 2019 Autor: Andrea Vega , Animal Político.com
Conflicto Relacionado: Cananea-Grupo México-Sección 65-Derrame Río Sonora

En la zona, los pobladores cuentan que cambió su forma de beber, de comer, y de ganar dinero. También se alteraron sus tradiciones, su salud y el entorno.

En las comunidades ubicadas a la orilla de los ríos Bacanuchi y Sonora se acostumbraba beber agua directo del grifo. “Yo llegaba a la casa y me pegaba a la llave, era agua potable, de los pozos, sabía buena, fresca. Acá ni conocíamos los garrafones”, dice Óscar Encinas, habitante del municipio de Ures.

Ahora los conocen. Cada familia debe comprar unos 10 por semana. Un garrafón cuesta entre 12 y 20 pesos, dependiendo del área donde se adquiera. “Nos gastamos unos 960 pesos a la quincena, mínimo. Pero es que no solo usamos esa agua para tomar, también para cocinar. Mi esposa ya no cuece ni los frijoles con la de la llave, nos da desconfianza”.

Los pobladores de la zona han hecho ese gasto en garrafones desde hace cinco años. Desde el 6 de agosto de 2014, cuando se derramaron, de una pileta donde la mina Buenavista del Cobre de Grupo México almacenaba desechos tóxicos, 40 millones de litros de ácido sulfúrico al Río Bacanuchi, que desemboca en el Sonora.

Ese volumen de tóxicos equivale al de 12 albercas olímpicas llenas. El derrame se catalogó como el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México.

Los afectados directos, reconocidos tanto por Grupo México como por el gobierno, fueron más de 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Pero podrían ser más, hasta un millón de personas, si es que la contaminación alcanzó la Presa El Molinito, que a su vez se conecta con la Presa Abelardo L. Rodríguez, principal fuente de agua de Hermosillo, la capital del estado de Sonora.

Después del derrame, el principal reclamo de quienes viven en los municipios afectados ha sido la falta de agua potable. “Se suponía que como parte de la remediación de los daños, Grupo México iba a poner 36 plantas potabilizadoras de agua, una en cada pueblo afectado. Pusieron unas cuantas y no funcionan”, dice Elba Nidia Hurtado, habitante del Sauz, también en Ures, Sonora.

Ella confirma la incertidumbre que viven en la región por el agua. “No da confianza usarla ni para bañarse. Hay familias que compran garrafones para asear a los niños chiquitos. Yo no puedo estar comprándola para mi aseo personal. Solo los compro para beber y cocinar. Pero ya tiene como un año que siento comezón en la piel. Me pongo crema o alcohol si es muy fuerte. Se me pasa por unos días y después regresa”.

Elba cuenta que ha ido al médico, pero le dicen que sólo es una alergia. “También se suponía que Grupo México iba a montar un hospital para atendernos, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora en la población de Ures, pero no lo acabaron, se quedó en obra negra, solo hay un pequeño módulo de atención”.

Así que Elba ha ido al ISSSTE, del que es derechohabiente, pero le dicen que necesita un examen especial para ver si tiene metales pesados en la sangre, “y el hospital ese donde según los iban a hacer no funciona”.

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, organización de la sociedad civil que le da acompañamiento legal a afectados por el derrame de Grupo México, afirma que a los pobladores no se les han hecho estudios para ver si hay tóxicos en su sangre.

“Por lo que hemos estado documentado y por lo que hemos visto durante el acompañamiento a las comunidades, sabemos que hay más casos de cáncer en la zona y también hay incidencia de padecimientos en los riñones, pero no se puede confirmar o descartar que sea por el derrame porque justo no se han hecho los estudios necesarios a la población”, denuncia Hopenhaym.

Los pobladores dicen que sí han visto un mayor número de padecimientos graves entre sus vecinos. “No sabría decir cuántos casos, pero ha habido varios de cáncer de colon, por ejemplo. Y se los acaba rápido, después del diagnóstico duran unos 15 o 20 días y se van”, dice Óscar.

No existen datos fidedignos –afirma Hopenhaym– sobre el número real de personas afectadas en su salud y el tipo de afectaciones. No se han llevado a cabo estudios completos y tampoco se han dado a conocer los resultados de los estudios toxicológicos parciales realizados por laboratorios pagados por la empresa

El tercer nivel de afectación, además del derecho humano al agua y la salud, ha sido a la gastronomía, las tradiciones y la economía de la región.

Ya nada es lo mismo

La mamá de Francisca García Enríquez hacía quesos. Su papá sembraba maíz, quelite, pepinos, chile verde. Tenía un poco de ganado y vendían becerros, una vez al año. Era la entrada extra que esperaban para darse unos lujos: arregla la casa, comprarse ropa.

Después del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, la mamá ya no hizo quesos. El número del ganado de la familia mermó. Era difícil venderlo. No tenía caso invertir en tener los becerros, que antes se vendían por kilo a 120 y después a la mitad, apenas a 60 pesos.

“Había un señor que nos los compraba para exportar, pero a él ya no se los querían comprar si sabían que venían de esta zona. Tener ganado ya no fue negocio acá”, dice Francisca, Panchita, como le dicen, habitante del municipio de Aconchi.

Con la agricultura es igual. Los pobladores dicen que la tierra ya no produce lo mismo. Los rendimientos de las cosechas han bajado 50 o 60%. Muchos cultivos ya no se dan. El año del derrame, en 2014, el papá de Panchita perdió toda su cosecha de maíz. Al año siguiente también. Volvió a sembrar maíz hasta el año pasado, tampoco se dio. “Ahora lo intentó de nuevo. Veremos, en octubre o noviembre si sale. Parece necedad, pero es que cómo no va a sembrar, si esa era su vida”.

Panchita dice que su familia ha perdido hasta el 60% de sus ingresos a causa del derrame. Hay otras cosas ligadas a la economía que también se perdieron. “Nos quitaron nuestra soberanía alimentaria porque de lo que sembrábamos aquí en Aconchi de ahí comíamos, consumíamos mucho quelite, verdolagas. Además teníamos nuestra forma de comercio, intercambiamos lo que se sembrábamos con los de Arizpe o con los de Ures”.

Wenceslao Miramón Rivera, habitante de Bacanuchi, dice que parece que quedaron en un territorio maldito. Después del derrame, la gente no quiere ganado de la región, ni alimentos. “Antes vendíamos elotes o duraznos en las tiendas de Cananea. Ahora si decimos que los productos vienen del Río Sonora, no compran”.

El miedo por la contaminación es tal, que no solo hay problema para vender el ganado y los productos del campo. Los foráneos no quieren llegar a la zona tampoco. Ni siquiera los médicos. “El centro de salud de Bacanuchi está vacío. Hace tres años que no tenemos doctor. Antes venían pasantes de medicina ahora ya no quieren estar aquí”, dice Wenceslao.

Nada han remediado

De acuerdo con diversas solicitudes de acceso a la información, PODER verificó que Buenavista del Cobre, la mina de Grupo México dueña de la pileta que causó el desastre, no contaba con las autorizaciones de Semarnat para el manejo de residuos peligrosos al momento del derrame.

Pese a eso, Semarnat sólo obligó a Buenavista del Cobre a remediar el sitio correspondiente a la zona 1 (los primeros 30 km desde el lugar donde se produjo el derrame) y en las cuatro restantes resolvió que se hicieran únicamente tareas de “monitoreo y control”.

Para canalizar los recursos necesarios con el fin de resarcir los daños, la empresa y el Gobierno crearon el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo voluntario y privado. Grupo México comprometió 2 mil millones de pesos para la remediación.

“Pero solo puso poco más de 1,200 millones de pesos”, dice Hopenhaym. El Fideicomiso, de acuerdo a lo documentado por PODER, solo gastó 61% de los recursos prometidos y no realizó un proceso efectivo de remediación.

Al inicio, Grupo México dijo que pondría 36 plantas potabilizadoras; pero la cantidad se redujo a 28 en 2016. En 2017 anunció que se construirían nueve de ellas. A cinco años del derrame, las únicas que funcionan son la de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe y eso de manera intermitente, la de La Capilla (Baviácora) y de San Rafael (Ures).

“En ninguno de los casos se les ha dado garantías a los habitantes sobre la separación de metales en el agua, por lo que se puede afirmar que no existe seguridad hídrica en la región”, asegura Hopenhaym.

Lo que sí instaló el fideicomiso fueron 10,188 tinacos en los municipios afectados, pero están vacíos. Se supone que almacenarían el agua limpia que llegaría de las plantas potabilizadoras prometidas. “Están ahí sin uso, como testigos de la impunidad en el río Sonora”, dice Óscar Encinas, el habitante de Ures.

Tampoco se terminó de construir el Hospital de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que la empresa comprometió en el fideicomiso. “Solo funciona un módulo de la clínica, que pusieron en una casa rentada, para dar atención a más de 300 afectados de primer orden, pero ni para ellos ha sido buena la atención y ahora ya lo van a cerrar”, afirma Elba Nidia Hurtado, de Ures.

“La Semarnat cerró el fideicomiso–dice Hopenhaym– de forma unilateral, sin que los pobladores tuvieran opinión, en marzo de 2017, supuestamente porque ya había cumplido su función. Nunca se supo ni siquiera qué pasó con él dinero. Al ser un fideicomiso privado no ha tenido escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública”.

Es por eso que los pobladores, con el acompañamiento de PODER, han interpuesto cinco amparos, tres de ellos referentes al fideicomiso y su funcionamiento. Sobre uno de ellos deberá pronunciarse la Corte este miércoles 7 de agosto.

Este lunes 5 de agosto, a cinco años del derrame, pobladores de la orilla del río Sonora hicieron una manifestación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la demanda de que se revisen esos amparos.

“La petición es que se revise el fideicomiso, su funcionamiento y en qué se gastó el dinero. Queremos que la empresa cumpla, porque a cinco años no ha habido remediación ni justicia para nosotros”, dice Wenceslao.

Animal Político solicitó la postura tanto de Grupo México, como de Semarnat, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Lo que los pobladores esperan, ahora que hay nuevas autoridades en la dependencia y en el gobierno federal, es que se revise el caso y se obligue a Grupo México a resarcir los daños. “Aunque hay muchos que no pueden ya repararse. ¿Con qué se remedia todo el daño que hemos tenido? Con nada. Pero al menos deberían intentarlo”, dice Panchita.

Fuente:https://www.animalpolitico.com/2019/08/comunidades-derrame-toxico-grupo-mexico/?fbclid=IwAR1JqzpEM9gk4_65CSnB2erK5RVpzcfM8_axJw0yD-Su1hkEZOGH7oNmcwA

Mexico

El Boleo extraerá más de 30 mil toneladas de minerales en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno

7 agosto, 2019 Autor: El Organismo.com

Extraerán en 16 años: 30,00 ton de cobre, 800 ton de cobalto metálico y 1,187 de sulfato de zinc monohidratado.

La Minera y Metalúrgica El Boleo presentó un proyecto ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para ampliar a 446 hectáreas la explotación de minerales en Santa Rosalía mediante minado superficial en las 7 mil hectáreas pertenecientes a compañía.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) indica que la concesión minera de El Boleo continuará por16 años. Sin embargo, en el método de explotación la empresa sólo habla de minado superficial; según el Servicio Geológico Mexicano (SGM) existe tres tipos: minado de placeres (Bateas y canalones; minado hidráulico; dragado), minado a cielo abierto (Banco individual, bancos múltiples, descapote de mantos, explotación de canteras) y glory hole.

La MIA aclara que sólo serán 16 y no 25 años el tiempo útil de la empresa, pero aclara si usarán explosivos para para extraer minerales metálicos. Minera y Metalurgia del Boleo S.A. de C.V. planea realizar actividades de miando superficial en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno.

Teniendo actividad desde 1860, El Boleo pretende continuar y expandir la extracción de cobre, cobalto, zinc y manganeso. Contempla una producción anual de 30,000 toneladas de cobre fino, 800 toneladas de cobalto metálico y 1,187 toneladas de sulfato de zinc monohidratado.

Requerirán 6,100 millones de pesos para utilizar un superficie minada de 446.19 hectáreas. Afectarán áreas con un 38.6% de vegetación matorral sarcocaule y vegetación secundaria de matorral.

Pese a que el proyecto se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, la minería es considerada una actividad permitida por el Programa de Manejo.

Fuente:http://elorganismo.com/el-boleo-usara-minado-superficial-en-446-ha-de-la-reserva-de-la-biosfera-el-vizcaino/?fbclid=IwAR1dtxs75MgcG1QMuwrV33DUeVEtGjWgOmIAL79JlnKrkOhuMI4Kidrfm74

Perú

Leonidas Wiener: “Los ITS son una especie de contrabando para poder efectuar modificaciones a los Estudios de Impacto Ambiental”

7 agosto, 2019 Autor: Jimena Rodriguez , El Granangular.com

Leonidas Wiener Ramos, abogado de CooperAcción, señala que los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) son una vía para que se aprueben de forma irregular varias modificaciones de un proyecto minero, siendo Las Bambas un caso paradigmático, ya que recurrió de manera abusiva en el uso de este instrumento ambiental para realizar cambios sustantivos, como: la reubicación de la planta de molibdeno, la planta de almacenamiento de concentrados y la planta de filtros. Una herramienta que fue concebido para uso excepcional se ha convertido en el procedimiento recurrente de las empresas mineras para hacer modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto.

P.- La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo señala que somos un país con una institucionalidad ambiental fuerte. Sin embargo, existen instrumentos de gestión ambiental que debilitan la gobernanza ambiental sin tener una mirada integral del impacto de las actividades extractivas…
R.- En el país hemos avanzado en ciertas cosas. Por ejemplo, hace 10 años no teníamos Ministerio del Ambiente, no existía el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), no existían entidades que pudieran contrarrestar el peso que tienen los ministerios que son más favorables a la inversión privada. También ha habido avances alentados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pero damos dos pasos para adelante y uno para atrás, y un claro ejemplo es el tema de los Informes Técnicos Sustentatorios, más conocidos como ITS. Estos sirven como una especie de contrabando para poder efectuar modificaciones a los Estudios de Impacto Ambiental sin realizar los procedimientos de participación ciudadana y sin realizar un trabajo de campo que permita evaluar cuáles son las implicancias de estas modificaciones. El carácter de los ITS implica que las modificaciones deben ser ambientalmente no significativas. Pero en las circunstancias actuales, donde hay un desequilibrio evidente entre los intereses de las empresas privadas y por otro lado de las poblaciones, es claro de que estos ITS sirven de alguna manera como una vía para que puedan aprobarse de forma irregular varias modificaciones.

P.- ¿Es posible una real fiscalización ambiental con instrumentos que permiten la fragmentación del EIA como es el caso de los ITS?
R.- Se están aprobando ITS con cambios significativos en lo que refiere a los proyectos mineros y que tendrán que ser informados a la población, como por ejemplo, una ampliación de un tajo o cambiar la modalidad de explotación subterránea a explotación superficial, una ampliación de un almacenamiento de concentrado; cambios que de alguna manera podrían generar impactos significativos, pero que se aprobaron como si no lo fueran a producir gracias a los ITS. Entonces, de alguna manera los ITS contribuyen a que la labor del OEFA pierda eficacia.

P.- La OEFA alertó que en un plazo de 15 días no se puede determinar con relativa certeza si una modificación propuesta tiene o no impactos ambientales significativos. ¿El órgano competente de admitir y rechazar el ITS puede evaluar en 15 días las dimensiones de cambios sustanciales?
R.- Es muy difícil hacerlo sin un trabajo de campo, sin que un evaluador vaya a la zona y pueda hacer un estudio que le permita determinar cuáles son las reales implicancias de estos cambios que se han propuesto. 15 días es insuficiente considerando la lentitud de los procedimientos administrativos.
Con la creación de los ITS se establecieron unas normas reglamentarias donde se establecieron algunos parámetros, pero este instrumento tiene serias falencias. El tema de fondo es que los ITS fueron concebidos como un instrumento excepcional para hacer cambios no significativos, pero al final si uno repasa los expedientes que entran al Ministerio de Energía y Minas y al SENACE, uno puede ver que la mayor parte de las solicitudes de modificaciones se están dando a través de los ITS y no por medio de los procedimientos regulares de modificación, que sí contemplan un procedimiento de participación ciudadana y un mayor tiempo en la evaluación.

P.- ¿Cuánto tiempo sería el ideal para determinar el impacto de un proyecto extractivo?
R.- Para los proyectos grandes que requieren un EIA detallado es un periodo de 120 días, que es un tiempo razonable, porque tampoco se puede alargar tanto el tiempo de evaluación. Pero, cuando salieron los paquetazos ambientales se establecieron responsabilidades en los funcionarios que no daban respuesta a la evaluación de estos expedientes dentro de un plazo de 45 días, y si se excedían de este plazo estos podían ser objeto de procedimientos administrativos en su contra e incluso hasta penales Entonces, ¿cómo puede trabajar una persona con esa presión? eso es un despropósito, porque el funcionario encargado de la evaluación de los EIA va a querer aligerar el proceso de evaluación y no va a ser riguroso con su labor. Esto es un claro favorecimiento a la inversión privada en desmedro de lo que corresponde al respeto y la protección de los estándares ambientales y sociales que deben formar parte de estos procesos de evaluación.

P.- Los mecanismos de participación ciudadana han quedado nulos con los ITS ¿Se han incrementado los conflictos sociales con este instrumento de gestión ambiental?
R.- De hecho que sí y todavía no lo hemos visto con notoriedad, salvo en el caso de Las Bambas, que ha sido el caso paradigmático. Los ITS son un caldo de cultivo de conflictos que pueden surgir en cualquier momento. Los ITS se han convertido en el procedimiento regular de modificaciones de Estudio de Impacto Ambiental, y se están aprobando muchos cambios sin ser consultados ni ser informados a la población, lo cual va a dar lugar a que se produzcan conflictos derivados de estos ITS o de procedimientos que no fueron adecuadamente consultados a la población.

P.- Un caso emblemático del uso abusivo de los ITS es el proyecto Las Bambas…
R.- Este es un caso bastante particular, porque en primer lugar, inicialmente se había contemplado la construcción de un mineroducto de más de 200 kilómetros. Pero cuando Glencore Xstrata transfiere Las Bambas a la empresa china MMG, al caballazo se decide transportar el mineral por la carretera, que había sido utilizada como vía de acceso en la etapa previa de construcción del proyecto. La aprobación del uso de la carretera para el transporte del mineral se hizo cuando ya había pasado la etapa de evaluaciones técnicas, en la fase final del proceso de evaluación de la segunda modificatoria del EIA, por lo que no se recibió opinión técnica de los impactos ambientales y sociales que podía generar el transporte de carga pesada. No se pronunciaron ni el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ni el Ministerio del Ambiente, ni los gobiernos regionales o la Municipalidad provincial de Cotabambas.
Todos los cambios que se dieron para el uso de la carretera no fueron consultados ni negociados con las comunidades que eran dueñas de los terrenos superficiales. Así, de la noche a la mañana, la población tomó conocimiento de que 200 a 300 volquetes estaban pasando a través de sus comunidades. Cabe plantearse cómo es que surge este corredor minero, sin un plan de desarrollo, sin un plan que pudiera establecer unas adecuadas condiciones técnicas para que el transporte de mineral no generara una serie de impactos ambientales, como temblores en las casas, ruidos, o polvaredas.

P.- ¿Por qué no se saneó ese tema con antelación, por qué no hubo un proceso de negociación previo con las comunidades?
R.- En muchos casos, tanto las empresas y el Ministerio de Energía y Minas, consideran que, haciendo las cosas de manera rápida y sin consultar, les va a permitir reducir costos, como la negociación con las comunidades, el saneamiento de los terrenos, entre otras acciones. Pero lo que hemos visto en Las Bambas es justamente lo contrario. Ahora ambos tienen que lidiar con diversas comunidades que están a lo largo del corredor minero, para poder sanear los terrenos, para poder llegar a acuerdos económicos, principalmente, y eso al final les genera mayores costos a la empresa y al Estado. Falta una lógica que tienen muchas empresas: ser buenos vecinos, comunicar las cosas, ser transparentes, no hacer este tipo de leguleyadas para obtener ventajas, que a la larga no resultan siendo eficaces, ni eficientes por todos los costos que están asumiendo.

P.- ¿Qué cambio sustancial se ha dado en Las Bambas a través de los ITS?
R.- La reubicación de la planta de molibdeno, la planta de almacenamiento de concentrados y la planta de filtros, que inicialmente estaban en Espinar (…), a través de los ITS se decide reubicar estos componentes en la zona de Las Bambas. Es ahí donde se origina el primer conflicto en la zona; posteriormente se han aprobado cinco ITS más, inclusive uno de los ITS excedía los parámetros que estaban establecidos por las mismas normas que reglamentan los ITS, que era la ampliación de un depósito de almacenamiento. Lo que está pasando es que el propio Ministerio de Energía y Minas está yendo en contra de las normas que ellos mismos han aprobado para reglamentar este procedimiento aparentemente excepcional.

P.- ¿Cómo se puede fiscalizar realmente el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)?
R.- Actualmente el mismo órgano fiscalizador establece candados para fiscalizar adecuadamente el cumplimiento de los estándares que establecen los EIA, de los estándares ambientales que debe de cumplir toda empresa. Se requiere de una reforma estructural a nivel del OEFA, que tenga mayor capacidad para poder sancionar y multar en los casos que hay evidentes impactos ambientales.

P.- ¿Cuál es el principal problema para no identificar el real impacto que va a generar la actividad extractiva en el medio ambiente?
R.- Lo que ocurre en muchos casos es que, cuando comienza una operación minera en una determinada zona, esta operación no parte de una línea de base. Entonces no se puede saber cuál era el estado del suelo, del agua, del aire, si el suelo era muy ácido, si era propicio para la agricultura o era propicio para otro tipo de actividad económica, porque nunca se ha realizado un proceso adecuado de ordenamiento territorial, de zonificación ecológica económica que pudiera determinar las potencialidades y usos del territorio. Por ejemplo, el Proyecto Pierina en Ancash, empezó sus operaciones con un PAMA (comienzos de los noventa), y no se hizo una medición de cuál era el caudal de agua existente en la zona. Así, cuando la mina comenzó sus operaciones, el caudal de agua del cual dependen las poblaciones para su subsistencia, se ha ido disminuyendo con el paso de los años. Pero como no hubo una línea de base es muy difícil medir cuáles son los impactos y en qué medida esos impactos se le pueden atribuir a la empresa. Tenemos que corregir la elaboración de las líneas de base y el tema del ordenamiento territorial.

P.- Sin embargo el ordenamiento territorial es visto como un obstáculo para fomentar la inversión minera…
R.- Todavía no hay una adecuada articulación entre lo que hace el gobierno central y lo que hacen los gobiernos regionales o gobiernos locales para poder efectuar un adecuado ordenamiento territorial y definir cuáles son los usos y potencialidades del territorio. Es decir, no se trata de desterrar la minería o de desterrar actividades extractivas, pero en determinadas zonas hay actividades que pueden traer muchos más beneficios a la población de lo que trae la actividad extractiva. Es importante que se considere la percepción de la población y sus propias prioridades en lo que corresponde a su desarrollo económico, que no necesariamente van a estar vinculados a las actividades extractivas, como es el caso de los agricultores del valle del Tambo, quienes consideran que la minería va a afectar sus intereses.

P.- ¿En que están fallando los mecanismos de participación ciudadana en los proyectos extractivos?
R.- Hay empresas que tienen una mayor predisposición para generar legitimidad en sus proyectos, para poder ganarse a la población de alguna manera, y hay otras empresas que no tienen mayor interés y quieren gastar el menor dinero posible y simplemente cumplir con lo que le indica la norma para poder avanzar en el siguiente paso de sus operaciones. Hay empresas que son más responsables que otras, pero el Estado no debería desentenderse, sino debería tener un papel mucho más activo para poder verificar, para poder estar como una especie de veedor y certificar de que estos procedimientos de participación ciudadana realmente estén llevando toda la información correspondiente del proyecto extractivo, y debería además poder verificar de que el proyecto tenga legitimidad.

P.- ¿Cuál es el poder y la influencia del gremio minero en las políticas estatales?
R.- Muchos de los funcionarios que están ahorita en altos cargos en el Estado son funcionarios que en algún momento trabajaron en empresas privadas. Por ejemplo, el caso más típico es que un funcionario de una minera que trabajó 10, 15 años en una mina, luego pasa a ocupar el puesto de director de minas o viceministro de minas u otro cargo importante con poder de decisión. El mecanismo de la puerta giratoria es algo muy común en el Estado, y eso parte de que no existe un concepto de carrera pública como una vocación de servicio al país, sino que se prioriza a aquellas personas que tienen vínculos con el sector privado para que entren a puestos altos en el Estado.
En las condiciones actuales, los ministerios son bastante permeables a la capacidad de influencia del sector privado, a los lobbies que existen. Entonces el funcionario de la empresa tiene la capacidad de poder reunirse cuando quiera con el ministro o el viceministro directamente, para poder presionar para que se apruebe su EIA o para que le den la autorización de inicio de operaciones, etcétera. Pero cuando van los dirigentes sociales a tocar las puertas, en muchos casos solo los atienden cuando el conflicto ya ha estallado, porque ya no tienen otra opción que atenderlos y negociar.

P.- ¿Cuál es el reto que tenemos para poder garantizar la gobernabilidad ambiental en el país?
R.- Pasa por reducir los desequilibrios que existen actualmente, comenzando por los desequilibrios que existen entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente. A este último nunca se le ha dado el rol que debería asumir como autoridad nacional ambiental, lo cual genera un desequilibrio en la gobernanza de las industrias extractivas. El Ministerio del Ambiente debería tener un rol mucho más importante en lo que corresponde al ordenamiento territorial, para definir los usos del territorio, y esto está relacionado con la mayor capacidad y los mayores poderes que deberían de tener a su vez los gobiernos regionales y locales, para que dentro de su jurisdicción territorial ellos tengan la posibilidad de definir el uso del territorio y que este parta de un proceso de consulta ciudadana, donde se pueda distinguir de forma clara en qué zonas hacemos minería, en qué zonas hacemos agricultura, en qué zonas podemos forestar, o en qué otras zonas podemos hacer actividades turísticas; es decir, que todo esté articulado entre los tres niveles del gobierno y que el otorgamiento de concesiones mineras tenga mayores candados y restricciones y que se articule a estos procesos de ordenamiento territorial.

Fuente:http://elgranangular.com/blog/entrevista/leonidas-wiener-los-its-son-una-especie-de-contrabando-para-poder-efectuar-modificaciones-a-los-estudios-de-impacto-ambiental/?fbclid=IwAR0Ps_ko4gqDZFXrRaYHrR8uGzeiwDKtopflywWaxrXLk17msY94oXd7JVQ

Perú

Se realizó audiencia sobre el proyecto minero Ariana que amenaza el abastecimiento de agua de Lima y Callao

7 agosto, 2019 Autor: Cooperacción.org

El lunes 5 de agosto se realizó la audiencia sobre el proyecto Ariana en el Sexto Juzgado Constitucional. Este juzgado tiene la tarea de evaluar si se declara la nulidad de las resoluciones que aprobaron la operación del mencionado proyecto que se ubica en la parte alta de la cuenca del río Rímac y el Alto Mantaro y que representa una seria amenaza a las fuentes del agua que abastecen a la ciudad de Lima y Callao.

Cabe recordar que las congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, así como el sub director de CooperAcción, José De Echave, presentaron el pasado 25 de abril una demanda de amparo ante el Juzgado Constitucional de Lima, en contra del Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Ariana. Esta demanda cuenta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal.

En esta audiencia expusieron por la parte demandante, el economista y especialista en gestión de recursos hídricos Andrés Alencastre, la ingeniera agrícola, con Maestría en Gestión Internacional de Agua y Suelo, Ruth Preciado, así como el doctor José De Echave, que además de ser directivo de CooperAcción, ha sido viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

La audiencia fue presidida por la jueza Rocío Rabines Briceño, quien escuchó con atención, tanto a los especialistas de la parte demandante, como a los abogados y técnicos de la empresa Ariana, así como el Procurador del Ministerio de Energía y Minas.

La abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Maritza Quispe, expuso que existe una amenaza cierta e inminente sobre el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima, Además, la actividad de explotación de Ariana, tal como ha sido aprobada, implicará un grave riesgo de contaminación, por la proximidad del depósito de relaves al túnel trasandino que permite el trasvase de aguas de la cuenca del Mantaro a la del río Rímac.

Según los especialistas que expusieron por los demandantes, en este caso debería aplicarse el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona. También demostraron, tomando como base información de la propia SEDAPAL, que el proyecto Ariana pretende ubicarse en medio de todo el sistema hídrico de Marcapomacocha, que está conformado por reservorios, túneles, canales, entre otra infraestructura, tanto física como natural que además debe ser potenciada en los próximos años.

Cabe señalar, que durante la audiencia, la jueza rechazó las excepciones presentadas por la empresa minera Ariana y el Ministerio de Energía y Minas, sobre una supuesta ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Tampoco aceptó la excepción que aducía que la demanda fue presentada fuera de tiempo, ni que la vía del proceso no debió ser la del amparo.

Se espera que la jueza declare fundada la demanda y emita una sentencia que proteja el derecho constitucional al agua y al medio ambiente de más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/se-realizo-audiencia-sobre-el-proyecto-minero-ariana-que-amenaza-el-abastecimiento-de-agua-de-lima-y-callao/?fbclid=IwAR0UjwZp5GPBE2Snt0qgfFKr5Kk4JEqiI3WVcD3c6SDTH-FeqQPHf_r2yVI

Perú

Cusco: Comunidad denuncia contaminación con metales de cuatro ríos y dos lagunas

7 agosto, 2019 Autor: Redacción Wayka.pe

La comunidad de Pumallacta, ubicada en el distrito de Quiñota, Chumbivilcas en Cusco, denunció que la minera Anabi S.A.C. ha contaminado al menos cuatro ríos y dos lagunas. Para comprobarlo, un grupo de afectados llegó a Arequipa, donde costeó con su propio dinero un estudio para que revise las aguas presuntamente contaminadas.

Así lo dio a conocer un reportaje publicado por el portal periodístico El Búho de Arequipa. En su publicación menciona que los afluentes Chacchani, Ywarmayo, Mistyoscomayo, Asnayoucco, y las lagunas Ankas Cocha y Pistoro Cocha, esta última ubicada bajo el campamento minero, están expuestas al polvo y los relaves mineros que se filtran, generando una contaminación en cadena.

El estudio de las aguas

En junio se recogieron seis muestras de un litro de los ríos y lagunas contaminadas y los resultados generan preocupación.

En el caso del aluminio, este oscila entre 8 y 50 veces más que los valores recomendados.

La muestra de hierro representa entre 9 y 112 veces más de lo normal.

En el caso del arsénico, la muestra recogida oscila entre 0,0261 y 0,7256 mg/l cuando lo normal es de 0,15 mg/l.

No es la primera vez

La comunidad denunciará a la empresa con las pruebas obtenidas por el laboratorio, sin embargo ya existirían antecedentes por parte de la empresa.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a Anabi S.A.C. detener sus actividades en mayo de 2017, porque la ubicación de la planta había puesto en riesgo la quebrada Huayllani.

En agosto de 2018, la OEFA, mediante una medida administrativa, ordenó a Anabi S.A.C. la evacuación inmediata del agua cianurada de sus pozas de operaciones en Quiñota y Haquira, debido a unas grietas encontradas en el sistema de impermeabilización de la lixiviación, cuya rotura filtraría relaves a las aguas subterráneas.

Exigen que se vayan

El conflicto inició en el 2011, y la comunidad fue acusada de incendiar el campamento minero en ese año. En el 2016, se produjo otro incendio que destruyó cinco pabellones de la planta.

En el 2019, alrededor de 300 comuneros tomaron las instalaciones de Anabi S.A.C. por lo que 120 policías intervinieron para recuperar la minera.

El 26 de abril inició el juicio oral contra 10 dirigentes por las primeras protestas. El Ministerio Público los acusa de secuestro, robo agravado, disturbios, daños a la propiedad y otros delitos.

“Tenemos oveja, vaca, llama. Sembramos papa, maíz, quinua, olluco, trigo, cebada. De eso vivimos. Este año ya no ha dado, por gusto se llama la tierra de papas nativas. Las papas salen chiquitas. Los animales preñados abortan porque comen de la polvareda. Enfermedades hay para niños, granos medios raros nos salen en los brazos, como sarna. El cuerpo escuece”, cuenta Mercedes Cahuana Huamaní.

Según el portal periodístico, los comuneros de Pumallacta llegaron hasta Arequipa debido al conflicto minero por Tía María. Ellos piden unidad con los agricultores del Valle de Tambo para que los ayuden a detener la actividad minera en su comunidad.

Fuente:https://wayka.pe/cusco-comunidad-denuncia-contaminacion-con-metales-d-cuatro-rios-y-dos-lagunas/?fbclid=IwAR0ATOrVoZhzrzHYVRmWGvTO7cdo7T-uZufkB5iYlOnh303MVlOUJP16iTs

Internacional

Minería submarina: Estados y empresas buscan explotar enormes yacimientos con alto riesgo de extinguir miles de especies

6 agosto, 2019 Autor: Resumen.cl

Tanto Estados como empresas están diseñando planes para extraer codiciados minerales desde el fondo oceánico. Mientras parte de la comunidad científica ha advertido que el conocimiento de la propia vida en el fondo marino es escaso, las empresas contratistas mineras que buscan licencias de explotación no han realizado pruebas suficientes para demostrar que su actividad no causará un daño catastrófico. Tres tipos de ecosistemas marinos están en peligro: las llanuras abisales que tienen nódulos metálicos, los montes submarinos que tienen costras de minerales en su corteza y las zonas volcánicas con chimeneas hidrotermales que tienen depósitos de sulfuros masivos con minerales. Actualmente, con los escasos datos disponibles se ha concluido que la minería en aguas profundas tendrá impactos devastadores y potencialmente irreversibles en la vida marina.

Los fondos marinos que constituyen un patrimonio común de la humanidad y que están localizados bajo aguas más allá de las jurisdicciones nacionales, son llamados simple y despectivamente como «el Área».

Hace varias décadas sectores industriales demostraron que la extracción de minerales raros del fondo marino era posible. Desde entonces, empresas y Estados han anunciado que pronto comenzarían a extraer pero estas iniciativas todavía no se han despegado debido a grandes costos iniciales, valores históricamente bajos de minerales submarinos y por la falta de regulaciones y de legislación ambiental, lo que estaría contribuyendo a que los inversores se hayan mantenido con cautela.

Sin embargo, ahora con la creciente demanda de baterías para autos eléctricos y para almacenamiento de energía solar y eólica se han elevado los costos para muchos metales y tierras raras y se han reforzado las iniciativas de minería submarina.

Una nota publicada en la revista Nature la semana pasada dio cuenta del próximo arranque de esta nueva industria extractivista global. Actualmente, las empresas mineras están explorando la riqueza potencial de áreas donde reclamaron concesiones de exploración, pero la extracción comercial no comenzará hasta que el establecimiento de las regulaciones ambientales haya terminado. Esto haría que las inversiones en esta industria vayan creciendo mientras tanto.

Este próximo año 2020 estaría listo el código minero que implementaría un proceso donde empresas contratistas pueden pedir licencias de 30 años para «áreas de reclamo» las cuales son asignadas en regiones del fondo marino, como la zona de fractura Clarion-Clipperton (CZZ) en el Pacífico Noroeste. Esta zona comprende un área intermedia entre 2 cadenas montañosas submarinas paralelas ubicadas entre el archipiélago de Hawai y la península de Baja California, frente a la costa oeste de América del Norte.

Localización de la zona de fractura Clarion-Clipperton entre Hawaii y México en el Pacífico Norte Fuente: (ISA, 2011)

En el fondo oceánico de esta zona hay una de las colecciones de elementos de las denominadas «tierras raras» más grandes en el mundo. A cerca de 4.000 metros bajo la superficie oceánica en la zona abisal de esta zona existen trillones de nódulos polimetálicos o depósitos de algunos centímetros de diámetro, que contienen cobre, níquel, manganeso y otros minerales preciosos. Estimaciones indican que solamente en los nódulos en la Zona de Fractura Clarion – Clipperton hay más cobalto, manganeso y níquel que el total de los depósitos conocidos en tierra.

Nódulos de manganeso cubren el fondo marino en la zona de fractura Clarion – Clipperton. Créditos: Vehículo Operado Remotamente ROV «Kiel 6000», del Instituto GEOMAR. Imagen extraída de https://www.nature.com/

En junio pasado la empresa DeepGreen Metals con sede en Vancouver (Canadá) anunció conseguir un financiamiento de 150 millones de dólares con la empresa suiza Allseas Group para comenzar a explotar minerales en el Pacífico.

Hasta hace pocos años se pensaba que el primer sitio minero en ser abierto serían las chimeneas hidrotermales en aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea. Este proyecto estaba siendo desarrollado por la empresa Nautilus Minerals con sede en Toronto, Canadá. Pero oposición local y dificultades financieras estarían impidiendo la realización inmediata del proyecto.

Actualmente, las empresas y Estados patrocinadores se están moviendo para avanzar más allá de la exploración e iniciar la explotación de la Zona de Fractura Clarion-Clipperton. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) una institución creada por las Naciones Unidas con 168 países miembros para regular la minería submarina ya había otorgado en los últimos años 29 licencias de exploración para contratistas auspiciados por gobiernos nacionales para explorar minerales en el fondo marino.

3 tipos de ambientes en peligro: nódulos metálicos en llanuras abisales, minerales en la corteza de montes submarinos y sulfuros masivos en zonas volcánicas.

Las empresas mineras están enfocadas en 3 tipos de ambientes para la extracción. Uno de estos son las Llanuras o planicies abisales como la Zona de Fractura Clarion-Clipperton con nódulos metálicos que se formaron con millones de años de precipitación mineral alrededor de dientes de peces, huevos u otros objetos pequeños.

Nódulo de manganeso de la zona de fractura Clarion Clipperton. Fuente: https://www.sciencemall-usa.com/manoforsa3.html

Estas regiones se encuentran entre las más quietas y remotas entre los ecosistemas del planeta donde la fina lluvia de sedimentos cae a una tasa cercana a un centímetro cada 1.000 años. Este ambiente bentónico (del fondo marino) es hogar de gusanos poliquetos, crustáceos, esponjas, pepinos de mar, estrellas de mar, ofiuros, erizos de mar, y variados peces de aguas profundas, así como una variedad no determinada de especies microbianas y pequeños animales que viven entre los sedimentos.

Animales registrados en el fondo abisal de la zona de fractura Clarion-Clipperton. Arriba a la izquierda: pepino de mar Psychropotes longicauda. Arriba a la derecha: erizo de mar. Abajo: dos especies de pepinos de mar. Créditos: DeepCCZ Project. Imagen extraída de: https://www.nature.com

Otro tipo de depósitos minerales en la mira para su explotación son las cortezas ricas en minerales que cubren los montes submarinos los cuales se elevan varios miles de metros por sobre las llanuras abisales.

Estas cortezas están llenas de metales de alto valor, tales como cobalto, platino y molibdeno. El entorno de estos montes submarinos es hábitat de corales, esponjas, y otros organismos filtradores, así como especies de atunes, tiburones, delfines y tortugas marinas.

Otra forma de depósitos minerales son los sulfuros polimetálicos, que son ricos en cobre, plomo, oro, plata y zinc. Estos se forman junto a los respiraderos de agua sobrecalentada a lo largo de las crestas volcánicas que atraviesan las dorsales oceánicas. Estas chimeneas hidrotermales se distribuyen principalmente en torno a los límites de las placas terrestres.

Estelas alrededor de las fumarolas a alta temperatura (más de 100°C) en el respiradero Champaña en la Fosa de las Marianas. Fuente: NOAA

Estas regiones descubiertas recién en la década de 1970 son hábitat de organismos que no requieren de la luz solar sino que dependen de los nutrientes de las propias chimeneas. En vez de realizar fotosíntesis como el fitoplacton o las plantas terrestres, realizan quimiosíntesis. Estas bacterias quimiosintéticas y archeas forman la base de las redes alimentarias que soportan un particular ecosistema conformado por gusanos tubícolas gigantes, bivalvos, crustáceos y peces, entre otros organismos como el cangrejo yeti (Kiwa tyleri) y el caracol escamoso (Chrysomallon squamiferum) el cual recubre su caparazón y placas con el hierro de su ambiente circundante. Esta es precisamente la primera especie en ser oficialmente declarada en peligro por la amenaza de la minería submarina.

Se ha sugerido que en las zonas de este tipo pudo haberse originado la vida en la Tierra hace billones de años. Se cree que una actividad geológica similar podría existir en Encelado, una de las lunas de Saturno, y también en Europa, una de las lunas de Júpiter.

Las empresas contratistas mineras y naciones patrocinadoras que ya tienen concesiones de exploración en el océano profundo.

Son 29 empresas y estados patrocinadores que firmaron contratos con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) por 15 años para explorar nódulos polimetálicos, sulfuros polimetálicos y costras de ferromanganeso ricas en cobalto.

Para nódulos polímetálicos tienen contratos: China Minmetals Corporation, Cook Islands Investment Corporation, UK Seabed Resources Ltd, Ocean Mineral Singapore Pte Ltd., UK Seabed Resources Ltd. Global Sea Mineral Resources NV, Marawa Research and Exploration Ltd., Tonga Offshore Mining Limited, Nauru Ocean Resources Inc., Deep Ocean Resources Development Co. Ltd., China Ocean Mineral Resources Research and Development Association, la JSC Yuzhmorgeologiya (Rusia) y Interoceanmetal Joint Organization (Bulgaria, Cuba, República Checa, Polonia, Federación Rusa y Eslovaquia), el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales en Alemania, el Instituto Francés de Investigación por la Explotación de la Mar y el Gobierno de la República de Corea, todas estas en la zona de fractura Clarion-Clipperton. Mientras tanto el gobierno de la India mantiene contratos en el océano Índico.

Algunos de estos contratos fueron otorgados en 2001 y ya vencieron, pero fueron renovados en algunos casos para este próximo lustro, la próxima década o más, según corresponda cada caso.

Para sulfuros polimetálicos mantienen contratos: el gobierno de la república de Polonia, el Instituto Francés por la Investigación para la Explotación de la Mar y el gobierno de la Federación Rusa para explorar en el Atlántico Medio.

Mientras tanto, el gobierno de la India, el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de la República Federal de Alemania tienen contratos para explorar en el Océano Índico Central.

China Ocean Mineral Resources Research y el gobierno de Corea tienen concesiones para explorar en la Dorsal del Índico Suroccidental.

Para concesiones de exploración de costras de ferromanganeso ricas en cobalto la Autoridad Internacional de Fondos Marinos registra a: la república de Corea en el oeste de océano Pacífico y la Companhia De Pesquisa de Recursos Minerais de Brasil en la Elevación de Río Grande también llamada «La Atlántida brasileña»

El Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de la Federación Rusa tiene concesiones en las Montañas Magallanes del Océano Pacífico. Por su parte, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) y China Ocean Mineral Resources Research and Development Association (COMRA) tienen concesiones en el oeste de Océano Pacífico.

Este 2018 se le otorgó a Polonia el derecho de explorar 10.000 millas cuadradas en la Cordillera submarina del Atlántico Medio. Las áreas reclamadas están junto al campo hidrotermal llamado Ciudad Perdida, designado como sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Cabe señalar que aún cuando muchas de estas empresas usan en su discurso propagandístico la retórica del presunto combate al cambio climático debido a su contribución al desarrollo de baterías para almacenamiento de energía eólica o solar, no queda claro de que forma en todos los pasos de su cadena productiva se reducirán supuestamente el uso de combustibles fósiles. Por otro lado, hay amplio consenso científico en que la preservación de la biodiversidad entrega una mayor resiliencia a los ecosistemas, lo cual es fundamental para hacer frente al cambio climático. Esto es particularmente delicado en los mares, donde el conocimiento del funcionamiento de estos ambientes entre los ciclos biogeoquímicos globales es mucho menor que en los continentes.

Un experimento de perturbación al fondo marino mucho menos intenso que la minería ha concluido que los daños a la vida marina serán devastadores.

En 1989, el ecólogo alemán Hjalmar Thiel diseñó un experimento llamado DISCOL sigla que significa (experimento de Disturbancia y Recolonización en una área de de nódulos de manganeso en el Pacífico Sur profundo). Este experimento implicó rastrillar el centro de una zona de unos 20 kilómetros cuadrados frente a la costa de Perú con una rastra de arado de dos metros y medio de ancho. Esto para simular una actividad de extracción minera generando una columna de sedimento perturbado que al decantar sobre el fondo asfixió a varias especies.

Ubicación del experimento DISCOL frente a la costa del Perú. Fuente: https://www.discol.de

Este experimento dio cuenta que los impactos de la extracción mineral en el fondo marino podrían ser peores de lo que se creía, incluso aunque no extrajo rocas del fondo, lo que además habría destruido aún más vida marina.

Luego del experimento se realizaron muchas publicaciones e investigadores han retornado al sitio 4 veces, la última de ellas en 2015. Según indica la nota de Nature, allí constataron que el sitio nunca se ha recuperado. En las áreas perturbadas, las cuales aún son visibles luego de 30 años, hay únicamente un pequeño retorno de esponjas, corales y algunas anémonas.

Posteriormente han habido intentos de realizar nuevos experimentos, pero estos habrían fallado por cuestiones técnicas o falta de financiamiento. En abril pasado un robot submarino iba a ser probado por la empresa contratista belga Global Sea Mineral Resources para cosechar nódulos en la Zona de Fractura Clarion-Clipperton usando un sistema tractor de 25 toneladas pero habría sufrido fallas técnicas y no se habrían podido generar datos.

Escasez de conocimiento sobre el fondo marino versus la presión de empresas y Estados por comenzar la explotación cuanto antes.

Tanto científicos como ambientalistas están preocupados porque la próxima creación de regulaciones hará que la industria comience a explotar mucho antes de que haya información suficiente sobre como evitar daños graves.

Actualmente los escasos datos que existen han concluido que la minería en aguas profundas tendrá impactos catastróficos y potencialmente irreversibles en la vida marina.

Existen pocos datos acerca de cómo podría verse afectada la meiofauna, es decir, los pequeños animales de entre 1 mm y 45 micrones (μm). que viven entre los nódulos. Entre ellas: protozoos, copépodos, poliquetos, ácaros, tardígrados, quinorrincos, ostrácodos, nematodos y muchas más

Para hacerse una idea del insuficiente conocimiento disponible, estimaciones indican que tan solo un 0,01% del área de la zona de Fractura Clarion-Clipperton ha sido muestreada. La falta de datos previos implica un gran desconocimiento de un mundo que podría ser destruido en las próximas décadas. En los fondos abisales de aguas internacionales, cerca del 90% las especies colectadas son nuevas para la ciencia o no están descritas.

Tan solo una reclamación del Reino Unido cubre un área de 55.000 kilómetros cuadrados. El biólogo de aguas profundas Craig Smith de la University of Hawaii en Honolulu señala a Nature que ellos han recolectado más de 1.000 especies y estima que es menos de la mitad de las que viven allí. «Y eso no es contando los microbios, entre las cuales hay más de 100.000 diferentes especies. Esperamos que hayan miles de especies que son únicas en la CCZ. Algunas de estas especies tienen rangos acotados, por lo que si son removidas de allí, sería una extinción global» señaló.

La legislación le indica a las empresas que para comenzar a operar deben determinar primero cuales son las especies que viven en la zona a intervenir. Biólogos y otros científicos realizan estudios ecológicos para ayudar a las empresas contratistas a establecer esta denominada «linea de base». Junto a esto, la legislación autoriza a que las prospecciones mineras puedan realizar pruebas para entender de que forma sus equipamientos impactarán el ambiente en el que pretenden extraer.

El objetivo de estos estudios es ayudar a las empresas mineras y a la Autoridad Marítima Internacional para que cuando comience la explotación se reduzcan los potenciales daños que causará la extracción minera y desarrollar planes de manejo. Sin embargo, muchos investigadores han señalado que este sistema no está funcionando debido en parte a que los requerimientos para la línea de base son débiles.

Los datos obtenidos por las contratistas han permanecido confidenciales pero se volverían públicos y estarían disponibles en las próximas semanas. «Esto va a ser bastante revelador, porque por primera vez tendremos una idea de la calidad y cantidad de los datos de los contratistas. Supongo que muchos contratistas no están reuniendo lo que consideraríamos como una evaluación de referencia exhaustiva» señaló a Nature Daniel Jones, ecólogo marino del Centro Nacional Oceanográfico de Southampton, Reino Unido.

Según varios investigadores, la raíz del problema es que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos tiene 2 objetivos contradictorios entre si: explotar los recursos naturales del fondo marino a la vez que preservar la biodiversidad. De hecho, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) fue creada en 1996 con el doble propósito de organizar y controlar actividades y para regular la extracción de de recursos minerales en áreas más allá de de jurisdicciones nacionales así como la protección y conservación de los recursos naturales en el área y la prevención de de daño a la flora y fauna en el ambiente marino, especialmente de los impactos dañinos de las actividades de perforación, dragado, excavación, disposición de desechos y otras actividades.

Actualmente la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos pretende que una vez que la minería se instale, genere monitoreos y recién entonces desarrolle estándares para ajustar su extracción. A lo que se oponen representantes de la comunidad científica y ambientalistas en todo el mundo.

Un estudio de 2018 concluyó que uno de los principales problemas en este momento es la falta de aplicaciones para regulación ambiental y la falta de datos para proporcionar una determinada evaluación de impacto ambiental. El estudio señala que en «El Área» la humanidad se enfrenta al escaso conocimiento de los ecosistemas deplorablemente muestreados a veces con un único punto de muestreo cada 1.000 kilómetros cuadrados.

En septiembre de 2018 la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos emitió un total de 100 requerimientos (publicados entre 2011 y 2015) como una guía para potenciales entidades mineras cuando recolecten datos para sus estudios de línea de base ambiental durante la fase de exploración. De todos los actuales requerimientos, destacan: metodologías para el muestreo en fondo marino, metodologías para el muestreo en la columna de agua, evidencia estadística, consideraciones espaciotemporales, toxicología, necesidades de modelamiento, estudios genéticos, diversidad de especies, documentación y almacenamiento de archivos, estudios relativos de impacto, herramientas de manejo de área, comparación y determinación entre otras temáticas.

Este 16 de julio pasado la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos señaló en un comunicado de prensa en su sesión N°25 en Kingston (Jamaica) que se enfocó en el diseño de regulaciones a la explotación de minerales en los fondos marinos internacionales, en conjunto con otras materias regulatorias.

El comunicado señala que representantes de Estados y Observadores se reunieron entre el 15 y 19 de julio para una primera lectura del diseño de regulaciones para la explotación para minería comercial en el fondo marino y la discusión sobre los mecanismos de pago para las explotaciones minerales.

Mientras se ajustan las regulaciones para dar un marco legislativo a esta nueva industria extractivista global queda claro que ante la ambivalencia de pretender explotar los fondos marinos para un supuesto beneficio de la humanidad, las partes interesadas probablemente requerirán anular primero a las iniciativas que buscan la protección de la biodiversidad.

Es responsabilidad de toda la población el cuidado de los fondos marinos, el ecosistema más extenso de nuestro planeta. Si esperamos la respuesta y pronunciamiento de las instituciones sobre el riesgo de trastornos graves asociados a estas faenas extractivas, la población será testigo de cómo rápidamente se encontrará de frente y perpleja ante las consecuencias del desarrollo de esta nueva industria. Y cuando ocurran los impactos ambientales que se prevén, recién allí puedan quizás comenzar las mitigaciones insuficientes, discursos lastimeros o compensaciones irrisorias, tal cual como ya ocurre con la minería en tierra firme u otras actividades intensamente extractivas. Mientras tanto, las consecuencias de la alteración probablemente irreversible de este ambiente marino sin duda se convertirá en una pesada carga con la que nuestra generación cargue para un futuro cada vez más incierto debido a la degradación ambiental de todo nuestro mundo.

Fuente:https://resumen.cl/articulos/mineria-submarina-estados-empresas-buscan-explotar-yacimientos-con-alto-riesgo-extinguir-miles-especies/?fbclid=IwAR2BgaHAxRsMxWH3L35gALsoqDpOQssYdEoQ3D57qrYdmOlyp5CdcooKCX8

Perú

Las concesiones mineras en Islay [1]

6 agosto, 2019 Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

En los últimos días hemos estado escuchando diferentes versiones sobre las concesiones mineras que ocupan el territorio de la provincia arequipeña de Islay y sus respectivos distritos.

CooperAcción actualiza regularmente los datos de las concesiones mineras a nivel nacional. Consideramos que es uno de los datos relevantes que puede mostrar la tendencia en la que se encuentra el sector minero (de expansión, estancamiento o decrecimiento). Además, la población y cualquier persona interesada, tiene el derecho de contar con esta información.

En el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros presentamos el mapa de concesiones de la provincia de Islay y sus respectivos distritos, haciendo un corte de información en el mes de mayo. De hecho, los datos muestran que Islay sigue siendo una de las provincias arequipeñas más concesionadas.

Si bien Southern Perú Copper Corporation (SPCC), titular del proyecto Tía María, es la que tiene el mayor número de concesiones en Islay, no es la única empresa. Existen por lo menos otras 14 empresas que también han adquirido derechos mineros, entre las que podemos citar a Minera Pampa de Cobre, Vale Exploration Perú, Fuda Mining, Fresnillo Perú, Minera Cerro Verde, Minera Zahena, Los Tolmos, Peñoles, Milpo, Cobriza, entre otras (ver el siguiente mapa).

¿Cómo va la cosa a nivel distrital?

También es importante tomar en cuenta la información por cada distrito. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el distrito de Mejía, en términos porcentuales, es el que está más ocupado por concesiones mineras, seguido de Cocachacra (73.7%), Dean Valdivia (60.4%), Islay (50.2%), Punta de Bombón (49.4%) y Mollendo (30.7%).

Otro dato clave es dónde se ubica el mayor número de concesiones mineras en Islay. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, de las 217 mil hectáreas concesionadas en toda la provincia, el 53% se encuentra en Cocachacra (114 mil hectáreas), seguida de Punta de Bombón (17%), Mollendo (13%), Islay (8%), Mejía (5%), y Dean Valdivia (4%).

Finalmente, es importante señalar que no está demás subrayar que cuando mostramos los datos de las concesiones mineras, no pretendemos afirmar que todas se van a convertir en un nuevo proyecto minero. Sin embargo, si consideramos que el dato de las concesiones es uno de los más sensibles que muestra la evolución y las proyecciones de la actividad minera en un determinado territorio. Por ejemplo, queda claro que el interés de desarrollar algún tipo de actividad minera en Islay no ha sido -y no es- solo de la empresa SPCC.

[1] Todos los datos utilizados en el presente artículo han sido elaborados con información geográfica del catastro minero del geoportal web Geocatmin del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) del MINEM. Los porcentajes en los mapas de concesiones se calculan tomando en cuenta sólo las hectáreas correspondientes a concesiones mineras tituladas, en trámite, canteras afectadas al estado y plantas de beneficio.

05 de agosto de 2019

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/las-concesiones-mineras-en-islay-1/

Chile

Angloamerican solicita permiso ambiental por ampliación de Los Bronces

6 agosto, 2019 Autor: Gestión.pe / Relaves.org

Cómo se esperaba en el ámbito minero, Anglo American inició la semana pasada el trámite del permiso ambiental para un proyecto de US$ 3,000 millones, con el que busca sostener la producción de Los Bronces, en nuestro país. Aunque el proyecto promete no afectar glaciares, biodiversidad ni aumentar el uso de agua en la zona cordillerana de la región metropolitana, hay varios sectores y organizaciones ambientales que están alertas ante esta inicitaiva.

La expansión del proyecto Los Bronces Integrado ha estado bajo la lupa de grupos sociales y autoridades debido a los temores sobre su impacto en la zona circundante a Santiago.

Anglo American inició el trámite del permiso ambiental para un proyecto de US$ 3,000 millones, con el que busca sostener la producción de su depósito estrella de cobre Los Bronces en Chile.

El proyecto Los Bronces Integrado (LBI), que según la firma promete no afectar glaciares, biodiversidad ni aumentar el uso de agua en la zona cordillerana cercana a la capital chilena, se realizará en parte con minería subterránea.

«LBI es una iniciativa de reemplazo de mineral de menor ley por otro con mayor contenido de cobre, con el objetivo de mantener los niveles actuales de producción del yacimiento», dijo el viernes la empresa en un comunicado.

Varias mineras en Chile avanzan en proyectos de actualización para contrarrestar el desgaste y la caída en el contenido mineral de sus depósitos.

Anglo American no hizo una proyección de cuándo podría estar aprobado el permiso, tras lo cual debe presentarlo a su directorio para aprobación.

«Estamos convencidos que se trata de una propuesta que asegura la coexistencia de los intereses de todos los actores de la zona de montaña.

La expansión de Los Bronces ha estado bajo la lupa de grupos sociales y autoridades debido a los temores sobre su impacto en la zona circundante a Santiago.

El jefe de cobre de la firma, Hennie Faul, agregó que el plan «constituye la mejor opción de desarrollo minero desde el punto de vista ambiental y social».

El proyecto consta de dos partes, una de continuidad operacional como la actual a rajo abierto y otra de minería subterránea, que remplazará cerca del 20% de recurso del rajo y operará a una profundidad promedio de 660 metros desde la superficie.

La operación subterránea estará bajo el borde noreste del Santuario de la Naturaleza Yerba Loca. Anglo American Sur, mayormente conformada por la producción de Los Bronces, alcanzó las 422,200 toneladas de cobre en el 2018. Anglo tiene como socia en la iniciativa a la gigante estatal Codelco.

Fuente:http://www.relaves.org/post.php?id=77&fbclid=IwAR19t2jYKdx5eMZHwBAu-dlNq___ubkL6Q2G6b08cGJ25Lp0GoneAmlcRuQ