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Perú

José De Echave: En el conflicto de Tía María la estrategia del gobierno no está funcionando

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

El conflicto por el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú y la poca efectividad de la estrategia del gobierno nacional ha provocado un escalamiento de mayores dimensiones, como el paro regional indefinido en contra del proyecto minero que acata Arequipa. El gremio minero ha criticado al gobierno por inadecuado manejo del conflicto y hay sectores que piden que se restablezca el orden. De otro lado, el anuncio de una nueva Ley General de Minería ha abierto la discusión porque hay sectores que ven amenazadas sus intereses. Para analizar esta coyuntura que vive el país, Noticias SER conversó con José De Echave, investigador de CooperAcción.

¿Cómo calificaría la situación que se vive en Valle de Tambo y el paro regional que acata en Arequipa en contra del proyecto minero Tía María?

Es compleja y se va agravando. Me da la impresión que en las primeras versiones en los grandes medios de comunicación de Lima, se desestimaba la capacidad de movilización inicial del paro, pero éste ha ido en aumento. En primer lugar tuvo como ámbito principal la provincia de Islay y los distritos que eran el centro neurálgico del proyecto minero. Ahora ha saltado a un nivel regional y está teniendo un impacto muy fuerte en la ciudad de Arequipa. Yo no descartaría que si no se encuentran soluciones pronto éste podría tener un salto a nivel de la macro región sur, porque ya se registraron algunas manifestaciones de solidaridad en Moquegua y en algunas otras zonas.

¿Por qué cree que el gobierno no ha buscado salidas institucionales y políticas al conflicto y está reprimiendo la protesta?

Lo primero es que la estrategia y los mensajes que definió el gobierno no han tenido resultados. Me da la impresión que en un primer momento con la decisión de otorgar la licencia de construcción pensaron que con el discurso de decir que el proyecto no comenzaría  hasta que no haya la aceptación social, la gente de la zona de influencia directa de Tía María se iba a tranquilizar, pero eso no ha funcionado. Por otro lado, la estrategia del presidente Vizcarra de conversar con el gobernador regional de Arequipa y otros gobernadores, supuso que Cáceres Llica iba a ser una suerte de interlocutor, y eso tampoco ha funcionado

Entonces, ¿no se distinguió adecuadamente sobre con quienes se debió entablar le diálogo?

Sí, hay que distinguir muy claramente el rol que puede jugar el gobernador de Arequipa, que no representa a la población de Islay, que tienen sus propias autoridades y alcaldes así como sus dirigentes sociales y voceros, y es con ellos con quienes se tienen que entablar un proceso de diálogo. Y enviar a las fuerzas armadas al puerto de Matarani va en el sentido contrario de posibilitar un escenario de entendimiento para salir de esta situación.

¿Consideras que el gobierno con el anuncio de una nueva ley general de minería esperaba que los pobladores de Valle de Tambo depongan su medida de fuerza? 

Yo creo que son dimensiones distintas. Y nuevamente, creo que en el conflicto de Tía María la estrategia del gobierno no está funcionando. A mí me parece correcto que el país, intentando sacar lecciones de la conflictividad empiece a debatir sobre la vigencia de la ley de minería que viene desde 1992, y que se discuta si los supuestos de esa ley siguen vigentes. Sería importante que el país se discuta en serio y a fondo un nuevo marco legal para la minería, pero que esa discusión va lograr que el conflicto de Tía María se solucione. Pensar que ese anuncio iba a bajar la tensión en Valle de Tambo es un poco iluso.

¿Se puede decir que hay una relación directa entre la ley de minería y la cantidad de conflictos? y su posible cambio ¿ayudaría a reducir los conflictos?

Yo he insistido que el Perú creo un marco normativo de la minería para atraer inversiones, pero el país nunca se preparó para enfrentar los conflictos sociales que generaron las inversiones. El marco general vigente para la minería fue construido y diseñado como parte de los ajustes sectoriales de los años 90, auspiciados por el Banco Mundial. Ese marco legal, al mismo tiempo que otorga beneficios a las empresas, fue reduciendo derechos económicos sociales, ambientales y culturales de las poblaciones que están en la zona de influencia directa de las actividades mineras y eso se explica la creciente conflictividad social. Tenemos que reconocer que el Perú se ha convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería a nivel mundial.  Y esto se vincula a una política ambiental que no ha logrado conseguir los equilibrios suficientes, construir institucionalidad y generar confianza en la población.

¿Es posible incorporar las visiones de las poblaciones rurales y la de otros actores sociales en esta nueva ley de minería?

En un proceso de elaboración de una nueva ley general de minería deberían participar todos los actores interesados y, como parte de estos, las poblaciones que están en las zonas de influencia directa de las inversiones mineras, así como sus organizaciones sociales, sus autoridades locales, la academia y todos lo que estamos interesados en que las cosas se hagan de forma diferente en el país.

¿Qué elementos debería contener esta nueva ley general de minería que nos coadyuve a aspirar a una verdadera gobernanza en torno a las actividades extractivas?

La palabra clave es gobernanza, efectivamente. A mí me da la impresión que cada grupo de interés ha estado tratando de plantear sus propias agendas y ha habido poca capacidad de buscar puntos de encuentro. Las empresas, en función de sus expectativas de inversiones, han estado insistiendo con el tema de la competitividad, que no hay que perderlo. Y desde la sociedad civil, varios actores han impulsado una agenda de derechos. Pero, el reto es cubrir las brechas de gobernabilidad que todavía persisten en el país y construir gobernanza.

¿Y cómo se resuelven esas brechas?

Una brecha de gobernabilidad se produce cuando los inversionistas, los agentes económicos, ya sean empresas mineras o el propio estado interesados en que la inversión crezca, pierden el objetivo del bien común. Entonces, cuando un proyecto minero sólo responde a los intereses del inversionista privado, surge esa brecha, el asunto se polariza y se critica a los que están en contra de la minería. La minería es una actividad importante y seguirá siéndolo, pero el reto que tenemos, en un país como el nuestro, donde hay recursos geológicos significativos, es precisamente que esas inversiones mineras respondan al bien común y para eso se necesita una política pública, y un estado que regule, controle y fiscalice, que no pierda la perspectiva estratégica del bien común. Eso es lo que está haciendo falta.

07 de agosto de 2019

Entrevista realizada por Omar Rosel para Noticias SER

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/jose-de-echave-en-el-conflicto-de-tia-maria-la-estrategia-del-gobierno-no-esta-funcionando/?fbclid=IwAR2g7D8JkudGv98QhiisRy7OUtQXysMl_gbGaVx-uLv3KW0PPC0j4gKnxMI

Chile

Caimanes a la carga: Pobladores buscan que minera Los Pelambres pague millonaria indemnización por daño moral

Autor: Diego Alonso Bravo C, El Desconcierto.cl
Conflicto Relacionado: Caimanes-Los Pelambres

El Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes presentará esta semana una nueva acción judicial contra la empresa perteneciente a Antofagasta Minerals, del grupo Luksic. Son las 129 personas que no aceptaron en 2016 el acuerdo al que llegaron algunos pobladores con la empresa. Hay pesadillas, angustia y miedos de que el tranque El Mauro, donde se acumula la basura industrial, colapse tal como ha ocurrido en otros países.

Para cuando María Soto hizo lo que hizo, los ánimos en el pueblo de Caimanes no eran los mejores. Pero de alguna forma, sus palabras, ese testimonio vivo del desasosiego, conmovieron a los que estaban en esa asamblea.

Era una reunión como las que han hecho en la localidad desde que la minera Los Pelambres (del grupo Antofagasta Minerals, propiedad del empresario y twittero Andrónico Luksic) llegara en 1998 y se instalara a ocho kilómetros de donde viven los caimaninos con el tranque El Mauro. Lo que tenía de distinta esa reunión era por una poderosa emotividad, un vacío en el corazón si se quiere. Algo que, de alguna u otra forma, lo produjo el basurero industrial que desconcierta a los que en ese pueblo viven.

Fue entre 2015 y 2016. Esteban Vílchez, abogado del Comité de Defensa Personal del Pueblo de Caimanes, lo cuenta así: “Ella, una señora ya mayor, es todo un símbolo. Y lo que dijo fue públicamente, para que todos la escucharan. Contó que no recibía visitas de ninguno de sus familiares, pero que eso no era porque no la quisieran, sino porque los papás de sus nietos, o sea, sus hijos, no quieren que los niños estén ahí. Tienen miedo, decía ella. Por todos los riesgos que corresponden a tener un relave tan cerca de un poblado”.

María es viuda. Hoy en día sus ingresos son por la venta de comida. Vive sola y cree necesitar esa energía revitalizante que solo son capaces de entregar los niños, y que sus nietos, por el miedo a lo que pueda pasar con el relave, no le pueden dar.

Su batalla, sin embargo, es desigual: en 2016, el 83% de la población de Caimanes aceptó un acuerdo con la minera, que consideró la usabilidad de las aguas del estero Pupío (con el que los agricultores y ganaderos de la zona se abastecen), seguridad respecto al mismo tranque (desarrollo de un plan de emergencia, en colaboración con el gobierno local), además de un fondo comunitario y, por último, un fondo de desarrollo familiar (28 millones de pesos a cada familia). Los que resistieron las tentaciones de Pelambres fueron los del mismo Comité. El abogado Vílchez así explica la decisión: “Es irrisoria la paga, casi una burla, que ha significado secar el estero, destruir los recursos económicos de la región y contaminar todo; además de vivir la angustia por colapso del tranque”.

Lo que hicieron desde el Comité, y que se materializará en una acción judicial esta semana, fue preparar una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Buscan que el acuerdo económico al que puedan llegar con la empresa de Luksic les permita cambiarse de hogar y empezar una vida nueva, lo que en dinero se traduce en 500 millones de pesos para cada uno.

El origen

Esteban Vílchez, de AV abogados, empezó su vínculo con el Comité en 2012, cuando hizo de defensor de Cristián Flores, quien entonces era acusado por la misma minera de cometer crímenes. Hoy, además de un prístino convencimiento en esto que prepara, explica los fundamentos de la decisión del Comité:

“Se rechazó (el acuerdo de la minera por parte del Comité) porque lo que estaba ofreciendo Pelambres es insignificante en relación con lo que ha causado; porque (aceptarlo) significaba desistir de aquellos juicios que ordenan la demolición de mismo tranque; y porque hubo manipulación en la decisión del resto de la comunidad, porque habían abogados de la misma minera que estaban en las asambleas de la gente. No olvidemos que es gente de escasos recursos económicos, que están agotados de 20 años de conflicto con la minera y, por lo tanto, iban a aceptar la oferta, por baja que fuera”.

Son 2.200 hectáreas de extensión del mismo tranque y, según la demanda que se presentará (a la que accedió El Desconcierto), desde que se instaló la minera en dicha localidad hasta hoy, han depositado 1.700 millones de toneladas de relave. A esos números se suma también el dinero que recibieron los abogados que anteriormente tenía el mismo Comité, y que fueron también beneficiarios de la negociación que destrabó el conflicto: 3.100 millones de pesos recibieron por “concepto de honorarios y costas del juicio”. (Esto último está actualmente siendo investigado por la unidad de delitos de alta complejidad del Ministerio Público, por considerarse como prevaricación).

Las ganancias de Los Pelambres son, según se plantea en la demanda, inimaginables: las proyecciones respecto a las utilidades netas de la minera se calculan en $1.200 millones de dólares anuales, los que en los 100 años de explotación para los que está pensada la obra, sería algo así como 120 mil millones de dólares.

“Vivir y dormir a los pies de un tranque que puede colapsar ha causado innumerables insomnios y pesadillas entre los adultos y por sobre todo en los niños pequeños. El temor ha dado lugar a un verdadero pánico en muchas ocasiones, especialmente frente a situaciones de sismos o lluvias prolongadas”, se lee en el documento.

Parte de las pruebas que el abogado Esteban Vílchez presentará tienen que ver con los niveles de estrés: “Tenemos estudios -dice- que hablan de índices de estrés más altos que en Santiago o que en cualquier otra zona de sacrificio. Las personas viven con mucho miedo a que el tranque colapse como en Brasil, o como en Chile, en 1965”.

Desde Antofagasta Minerals, la matriz de Los Pelambres, al ser consultados por este nuevo conflicto señalaron: “dado que no hemos visto dicha demanda ya que aún no se presenta, no podemos comentar”.

Se espera que el documento que inicie el proceso judicial sea ingresado el jueves de esta semana.

 

Fuente:https://www.eldesconcierto.cl/2019/07/22/caimanes-a-la-carga-pobladores-buscan-que-minera-los-pelambres-pague-500-millones-por-dano-moral/

Mexico

Todavía hay grandes pérdidas en cultivos por derrame en el Río Sonora

Autor: La Voz del Pitic.com
Conflicto Relacionado: Cananea-Grupo México-Sección 65-Derrame Río Sonora

Ciudad Obregón, SONORA.- La doctora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, Reina Castro Longoria, reportó que la parte donde ocurrió el derrame de tóxicos de Grupo México, en el Río Sonora, aún presenta niveles de contaminación.

El aspecto de la producción de alimentos fue donde más se vio más afectada esta área, porque con el incidente de 2014 quedaron destruidas las tierras de cosechas para el cultivo de ajo, cebada, chile, frijol, haba, berros y cacahuates hasta hoy en día, dijo la investigadora.

Además Castro Longoria enfatizó que por el hecho de que los productos estén muy contaminados se vuelve imposible su comercialización.

Sostuvo que para la reactivación del campo tiene que haber una planeación efectiva en todo lo que es la zona de remediación del río, que es realmente un problema ambiental y, que los agricultores tienen años en crisis económica porque han perdido su sustento, que eran sus cultivos

 

Con información de Proyecto Puente

Fuente:lavozdelpitic.com/2019/08/01/todavia-hay-grandes-perdidas-en-cultivos-por-derrame-en-el-rio-sonora/?fbclid=IwAR2iUzgA-aFSpZ7vDiRY5-Myj4Qe4kjPPzHtw0NwFkILY89ySxJ4uQEqcIk

Argentina

Esquel: más argumentos para una firme decisión

Un estudio suma argumentos y ratifica la decisión del pueblo esquelense en su firme rechazo al proyecto minero en en el Cordón Esquel.  Claramente el proyecto se ubica en un área de ambiente periglacial.

 

Durante tres inviernos consecutivos (2009, 2010 y 2011), Stephan Gruber y Martin Hoelzle, dos especialistas en permafrost, realizaron más de 80 mediciones BTS en los Cordones Esquel, Leleque y Rivadavia del Noroeste de Chubut, las cuales luego se analizaron junto con la elevación y radiación potencial en cada sitio para extraer un mapa de la probable y posible distribución de permafrost de montaña en el Noroeste de Chubut. A partir de un reconocimiento previo se decidio trabajar especificamente en los cordones, Rivadavia, Esquel y Leleque. Los cuales son lo suficientemente altos como para sobrepasar la altura de isoterma de 0°C y por su ubicación al este de la cordillera principal no reciben la precipitación necesaria como para que se generen glaciares convencionales, pero si para que exista la presencia de permafrost.

De hecho existe en las partes más altas como se puede apreciar en los mapas. La zona azul indica la presencia de «posible permafrost» y la roja sí corresponde, en efecto, a suelos congelados. Se lo llama permafrost de tipo “insular”. Debido a que este se desarrolla solo en forma de “islas” en un mar de condiciones adversas.
La presencia de estas “islas” de permafrost tiene un importante control tanto ecológico (formación de mallines o vegas y todo lo que estos oasis de montaña representan para la biodiversidad) como en la modelación de paisaje (generación de geoformas como glaciares de escombros),

Claramente el proyecto Suyai (antes llamado El Desquite o Cordón Esquel) se ubicaría en un área de ambiente periglacial comprendida dentro de la Ley 26.639 De Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial donde NO se puede realizar este tipo de actividades.

(Fuente: Ruiz L. and Trombotto Liaudat, D., 2012. Mountain Permafrost Distribution in the Andes of Chubut)

Agradecemos a Fernando Berdugo la información.

Argentina

Documento de la Asamblea Trevelin No a la mina

Autor: No a la Mina.org

Compartimos a continuación el documento de la Asamblea de Trevelin que se leyó en la hermosa marcha de hoy en la sede Seros Esquel.

Trevelin, 4 de Agosto 2019

Desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Trevelin , tal como hemos hecho el año pasado, en la actual profundización de la crisis provincial, decidimos renovar nuestro acompañamiento y brindar nuestro fuerte reconocimiento y apoyo a los compañeros jubilados, como así también a trabajadores de Salud, de Educación, de Bosques e Incendios, pesca continental y de todas las dependencias del Estado provincial, al movimiento estudiantil, y también a los compañeros desocupados.

Así mismo, apoyamos la recuperaciones de los pueblo originarios sobre el territorio, como derecho reconocido en normas y tratados, nacionales e internacionales, pero vulnerado sistemáticamente por los gobiernos provinciales y nacionales. Recuperaciones que son parte imprescindible en la defensa de nuestra madre naturaleza, de un sistema económico de producción plenamente extractivo. A un conflicto político, le corresponde una solución política.

La profundización de la crisis económica, política y social de la Provincia responde a las políticas de endeudamiento, ajuste y concentración de riquezas impuestas a lo largo de los años desde los Gobiernos Provincial y Nacional. Esta continuación de la crisis estructural provincial no tuvo una salida electoral, e inclusive hoy es aprovechada para intentar incorporar al sistema productivo, ya extractivo, de Chubut la megamineria. Gane quien gane, la salida al saqueo y la contaminación es terminar con un modelo extractivista al servicio de las grandes corporaciones que hoy controlan la provincia.

La fuerza necesaria para detener esta avanzada contra los trabajadores, los pueblos originarios y el territorio chubutenses, se encuentra en la unidad en la calle con cada uno de los sectores que confluyen en la lucha.

Por los derechos de los pueblos originarios

Por los derecho de los trabajadores

No al Saqueo

No a la Corrupción y a la impunidad

No a la Megaminería en todo el territorio de Chubut

 

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/42923-documento-de-la-asamblea-trevelin-no-a-la-mina?fbclid=IwAR0NIrzCIsPUxX7OrQ8urTZ2D82YKcVXJSzvqRRGII7ZWSHSycVgwho1s3Y

Perú

Denuncian a Gold Fields por derrame de relaves ocurrido en diciembre del 2018

Autor: Noticias Ser.pe

Víctor Cruzado y Jesús Benavides, dirigentes de la provincia de Hualgayoc, informaron ante medios de comunicación locales, que interpusieron una denuncia en contra de la empresa minera Gold Fields y su gerente general, Ronald Díaz, por la contaminación producida a raíz del derrame ocurrido a mediados de diciembre del año pasado desde las operaciones de la empresa.

Ambos dirigentes del Comando de Lucha, organización de carácter temporal conformada luego del derrame, manifestaron que la denuncia se presentó hace unos días en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Cajamarca. El expediente contempla un total de 79 folios, incluyendo videos, fotografías, datos de las personas a las que se les practicó exámenes médicos e información emitida por el OEFA. “Estamos denunciando al gerente general Ronald Díaz Vásquez y con responsabilidad a Gold Fields. No es dable que las truchas hayan muerto por arsénico, plomo, cianuro, y otros metales cancerígenos que son dañinos para la salud y eso continúa en la cabecera de cuenca, en la rivera y canales”, dijo Víctor Cruzado.

Igualmente informó que buscarán el respaldo del congresista Marco Arana para que la denuncia prospere y se considere la atención urgente en los ministerios de Ambiente y Energía y Minas. En tal sentido, los días 13 y 14 de agosto estarán en la ciudad de Lima para darle seguimiento a la labor que el parlamentario está realizando al respecto, y en general, para la remediación de los cientos de pasivos ambientales mineros existentes en la provincia.

Por su parte, Jesús Benavides expresó que esperaban que la denuncia pueda formularse desde la Municipalidad Provincial de Hualgayoc, pero no notaron alguna iniciativa desde la gestión edil. Sobre la mesa de trabajo instalada luego del derrame y las posteriores protestas, dijo que las autoridades tendrán que rendir cuentas y explicar los logros que se han obtenido: “hay que tomar conciencia, estamos a tiempo. Nosotros hemos sido elegidos como un comando de lucha y hoy concluimos con esta demanda a Gold Fields. Esperamos que los que están participando en la mesa de diálogo rindan cuentas. No hay que permitir más expansión minera, esa es la idea y consigna. Hemos hecho el intento y vamos a seguir hasta el último hasta sancionar a la empresa”, manifestó.

Finalmente, Cruzado aseguró que se mantendrán atentos sobre el desarrollo de la denuncia para evitar que pueda archivarse, aunque confían en que prosperará por las pruebas presentadas.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/cajamarca/denuncian-gold-fields-por-derrame-de-relaves-ocurrido-en-diciembre-del-2018?fbclid=IwAR22G2lHwfAY10g1xVaaFAlPeoT0UEpSElUSVYHrWaJhcFt9fw8HSwjkIBE

Perú

Comunidades de Cusco piden consulta previa en nuevo proyecto de Glencore sobre territorios indígenas

Autor: Clarys Cárdenas , Ojo Público.com
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

La filial en Perú de la gigante suiza del cobre inició el proceso para ampliar sus operaciones en las alturas de Espinar. Senace dice que el Estudio de Impacto Ambiental no requiere consulta.

Las familias de Espinar, una provincia ubicada a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, conviven con la minería desde hace 36 años. En esta región la transnacional suiza Glencore, que domina el 50% del mercado mundial de cobre, opera la mina Antapaccay y busca sumar una nueva explotación denominada Coroccohuayco, un proyecto que se desarrollará sobre territorios indígenas y cuyos posibles impactos preocupan a los habitantes de las comunidades aledañas.

El 2014 la gigante suiza presentó la iniciativa Integración Coroccohuayco como una ampliación de Antapaccay, una mina que nació el 2012 del mismo modo, como una extensión de su antecesora Tintaya. Para el inicio de operaciones de Antapaccay no se realizó el proceso de consulta previa, pese a que la ley que regula este mecanismo estaba vigente. Esta vez, aunque existen comunidades reconocidas como indígenas, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) sostiene que tampoco aplica la consulta.

En abril del 2018 Glencore presentó al Senace el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) modificado de Antapaccay, donde se incluye el nuevo proyecto de Coroccohuayco. Si la entidad aprueba el EIA, la futura mina se ubicará en territorio de la comunidad Huini Coroccohuayco, que forma parte del pueblo quechua K’ana, reconocido así en la base de datos oficial del Ministerio de Cultura.

Ante esta situación, los dirigentes de dicha comunidad, que reúne a 800 familias, solicitaron al Senace que las modificaciones al EIA sean debatidas e informadas de manera pública. 

AMPLIACIÓN. La actual explotación de cobre, Antapaccay, nació el 2012 como una extensión de su antecesora Tintaya. El proyecto Corroccohuayco seguirá sus pasos.
Foto: Vidal Merma / Ojo-Publico.com

En octubre de 2018 la Defensoría del Pueblo también dirigió un oficio al presidente del Senace, Patrick Wieland Fernandini, para informarle que los comuneros denuncian la construcción de infraestructura minera cerca de bofedales, caminos y fuentes de agua en su territorio. En el documento, recomiendan realizar “el proceso de consulta previa de aquellas medidas administrativas que impliquen afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.

Sin embargo, a través del Oficio 0032-2018 de noviembre del 2018, el Senace respondió indicando que no existe una obligación legal para someter a consulta previa la modificación del EIA a pesar de que estos cambios involucran un nuevo proyecto minero a tajo abierto e impactan territorios indígenas.

En la carta, dirigida al entonces presidente de la comunidad Huini Coroccohuayco, Nativido Sayco Chuctaya, la entidad menciona que -de acuerdo a una modificación en las normas del Ministerio de Energía y Minas del 2015-  la consulta previa se realiza antes de la autorización del inicio de actividades de exploración o de explotación, otorgada por la Dirección General de Minería.

Los dirigentes comunales presentaron una acción de amparo para que el EIA pase por consulta previa

Senace concluye que «no existe ningún mandato legal que obligue a consultar el Estudio de Impacto Ambiental o sus modificaciones». En este sentido, explicaron que dicho estudio está en evaluación y que le corresponde al MEM realizar el proceso de consulta cuando la empresa quiera empezar a explotar el mineral.

La autoridad que analiza los EIA también señala que Glencore, a través de la Compañía Minera Antapaccay S.A., entregó evidencias de haber realizado varios talleres participativos para explicar sus modificaciones.

El actual presidente de la comunidad, Ruperto Sayco Yauri, dijo a Ojo-Publico.com que efectivamente «se realizaron talleres, pero no participaron todas las comunidades del área de influencia directa; además queremos que nos expliquen cómo la empresa prevé levantar las observaciones que se hicieron al EIA modificado. La empresa ya ha excavado un túnel en la zona y dice que lo ha hecho con autorización del ministerio, pero a nosotros no nos informan nada», cuestionó

Esta comunidad y la Federación Unificada de Campesinos de Espinar, dirigida por Santos Cáceres Quispe, han presentado una acción de amparo ante el Juzgado Mixto de Espinar para que el Senace no apruebe las modificaciones del EIA sin antes concretar la consulta previa.

«El proyecto Coroccohuayco es otro yacimiento y debe ser consultado, no pueden pretender hacerlo pasar como si fuera parte de un documento ya aprobado cuando inició Antapaccay, porque este tampoco pasó por consulta previa. Se estaría violentando la existencia de estas comunidades que tienen más de 600 años de existencia», agregó el dirigente Santos Cáceres.

De acuerdo a la Ley de Consulta Previa N° 29785, “corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional” que, como ocurre con la posible realización de estas operaciones en Espinar, puedan afectar los derechos colectivos de las comunidades indígenas.

Maritza Quispe Mamani, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de los mencionados comuneros, dijo que, si bien la Ley de Consulta no obliga a debatir los documentos de gestión ambiental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó un precedente clave para estos temas con el Caso Samaraka, en Surinam.

En aquella resolución, el organismo supranacional dijo que el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento libre e informado de la población cuando se realicen inversiones a gran escala. No obstante, en el Perú, el sector minero nunca ha consultado documentos de gestión ambiental.

En manos del Senace

Ojo-Publico.comcontactó al Senace antes de publicar este reportaje. Su oficina de comunicaciones dijo que en los próximos días decidirán si aprueban o no el EIA. ‘‘Está en proceso de evaluación. El titular [Compañía Minera Antapaccay] debe enviar el levantamiento de las observaciones que hemos realizado. La fecha de vencimiento es el 7 de agosto. Nosotros revisaremos esta documentación y evaluaremos los expedientes técnicos para emitir una opinión favorable o desfavorable a finales de agosto’’.

Este medio también se comunicó en dos oportunidades con el área de prensa del Ministerio de Energía y Minas, y pese a la insistencia no respondieron nuestras preguntas. El personal de la compañía Antapaccay, en su sede de Cusco, también recibió nuestras consultas, pero indicaron que no se pronunciarán porque el caso está en evaluación.

Actualmente, trece comunidades campesinas de Espinar (Pacopata, Huano Huano, Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Cala Cala, Huarca,  Alto Huarca, Huisa Ccollana, Huisa, Anta Ccollana, Sueroycam, y Huini Coroccohuayco) integran una mesa de diálogo con representantes del Ejecutivo para canalizar estos y otros reclamos respecto a la explotación minera Antapaccay.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se reunió entre abril y junio último con los dirigentes comunales, y les informó que están evaluando realizar el proceso de consulta previa por Coroccohuayco, aunque no precisa en qué fase del proyecto se concretará. Este mes habrá una nueva reunión en la zona.

 

Fuente:https://ojo-publico.com/1308/cusco-comunidades-exigen-consulta-previa-en-nuevo-proyecto-de-glencore?fbclid=IwAR1gLuyAe–9ql72Qb6OdjwtuoBROnUbqSKTBv7pZZyaAt_iIP14jNyhwqo

Perú

Intervención de Fuerzas Armadas en Matarani – Islay es ilegal e inconstitucional

Autor: Red Muqui.org

El día , 04 de agosto, se publicó en El Peruano la resolución suprema N° 080 – 2019, que autoriza la “intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”. La resolución suprema es emitida por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y refrendada por el ministro del Interior y Defensa. Ello en virtud de la solicitud del Comandante General de la PNP – mediante Oficio N° 1054-2019-CG PNP/SEC-, que pide apoyo a las FF.AA para garantizar el orden interno frente a las protestas, ya que “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”, como señala la resolución suprema.

Paro Total

Como es de conocimiento público, el día de hoy inició la huelga indefinida en Arequipa, y todas las provincias han paralizado sus actividades; participando activamente comerciantes de los diferentes mercados, sindicatos de trabajadores, agricultores, transportistas, etc. La población de Mollendo – provincia de Islay-, donde se ubica el puerto de Matarani, también está protestando y producto de la represión de la policía ha resultado herida Anabella Pucho Uscamayta, Natural del Distrito de Dean Valdivia, quien fue llevada inmediamente en ambulancia al hospital Manuel De Torres Muñoz, junto a su madre.

La población de Mollendo protesta por el impacto que puede generar la descarga de la salmuera en la zona de la Playa El Sombrero que pertenece a Matarani, debido que al desalinizar el agua del mar para el proyecto Tía María, se pondría en riesgo la actividad de la pesca artesanal en Mollendo.

Resolución ilegal

Como se observa en la resolución suprema emitida; esta se sustenta en el anterior Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales–ACN; que hemos criticado anteriormente con un Pronunciamiento por ser ilegal. Esta norma permite la intervención de las FFAA cuando se pone en riesgo instalaciones del Estado que permiten efectivizar sus capacidades nacionales para el desarrollo de sus actividades. Es muy amplio y permite aplicarlo al transporte marítimo para las exportaciones, entre ellos también las actividades mineras, como ha sucedido con la norma publicada hoy. El puerto de Matarani sirve para que exporten sus minerales varias empresas mineras que operan en el sur. Pero también es cierto que el marco normativo de la PNP establece que la policía es la responsable del orden interno, y a nivel constitucional ello está refrendado.

La resolución suprema también se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1095, que establece “Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional”, sin embargo; según el abogado y director de FEDEPAZ, David Velazco: la Constitución establece que solo hay una excepción en la que las FF.AA pueden entrar a controlar el orden interno y ello se da cuando hay una declaración de Estado de Emergencia previa, que además debe estar debidamente justificada. Ello supone un acuerdo de Consejo de Ministros, y luego dar cuenta al parlamento. “En este caso se están saltando la valla y solo a través de una resolución suprema están haciendo intervenir a las fuerzas armadas”, precisó Velazco, que también es parte de la Red Muqui. Además de la Constitución, se estaría contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual el Estado peruano es parte; señaló finalmente.

Lo que se hace con estas normas es desnaturalizar el rol constitucional de las fuerzas armadas, posibilitando el uso desproporcionado de la fuerza con el uso de armas de fuego de largo alcance (de guerra) en el mantenimiento del orden interno, que no le compete a las FF.AA sino a la policía nacional.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/919-intervencion-de-fuerzas-armadas-en-matarani-islay-es-ilegal-e-inconstitucional

Perú

Tía María: 2da persona herida de bala en Matarani – Arequipa

Autor: Red Muqui.org
Conflicto Relacionado: Tia Maria-Valle del Tambo

Se confirma segunda persona herida producto de la represión policial en Matarani el día de hoy, 7 de agosto, aproximadamente a las 5pm. Carlos Tapia Chino, joven de 21 años, fue llevado en ambulancia desde el lugar de los enfrentamientos en Matarani hacia el Hospital de la ciudad de Mollendo. En la ambulancia, la enfermera pudo sacarle la bala que estaba alojada en la parte alta derecha del pecho del joven manifestante.

Mujer también herida

A la fecha se suman ya 2 heridos de bala. La primera persona herida de bala fue Anabella Pucho, herida el lunes 5 de agosto en la misma zona de enfrentamientos de Matarani en que acaban de herir al joven Carlos Tapia. La joven Anabella se encontraba sentada en uno de los cerros junto a su madre observando la protesta, luego de haber estado vendiendo agua a los manifestantes, cuando de pronto sintió un fuerte dolor en su brazo que la hizo sangrar.Inmediatamente su madre y las personas que estaban ahí llamaron a la ambulancia. Los médicos del hospital de Mollendo acordaron trasladarla al Hospital Lorena de Arequipa para que la puedan tratar, y porque en palabras de la madre que acompañaba a la hija herida: «los doctores no querían decir que era bala y la enviaron a Arequipa para la atención. Señalaron que en Mollendo no había recursos para atenderla. Si no atienden rápido perdería el brazo me dijeron. Entre ellos hablaban de bala pero no querían decir que era ello. Estaban nerviosos».

Al llegar al hospital de Arequipa, los médicos le confirmaron a Anabella que la fractura de su brazo se debía a la entrada y salida de una bala. La radiografía señaló rotura del húmero. Los médicos estaban a la espera de que baje la hinchazón del brazo para poderle hacer una tomografía y posteriormente realizarle una operación quirúrgica.

Asimismo, la madre señaló a la prensa que no tiene recursos económicos y que el Seguro Integral Social (SIS) solo le crube algunos medicamentos. Finalmente, la madre de familia señaló que exijirá justicia para que se ubique a los policías responsables del disparo. «Los policías estaban a 50 metros en el cerro del frente», finalizó.

Ministro del Interior

Durante el lunes 5 de agosto, en horas de la noche, frente a la información de que habría una persona herida de bala en Matarani – en referencia a Anabella Pucho-; el ministro del Interior, Carlos Morán, en la cuenta de twitter del MININTER, desmintió que haya una persona herida de bala y señaló que la policía no usa armas letales.

Hoy queda demostrado, con la segunda persona herida, que la PNP ha estado usando armas de fuego y que el ministro del Interior no dijo la verdad.

Cabe recordar que durante la visita de la Misión de Observación de Derechos Humanos a Arequipa el 22 y 23 de julio; la Red Muqui, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Asamblea Nacional de Centros, y Amnistía Internacional, al sostener una reunión con el jefe de la región policial de Arequipa, el general Ugaz; sostuvo que la PNP no estaba usando armas de fuego en Valle de Tambo. Cosa que fue desmentida cuando la Misión de DD.HH llegó a Valle de Tambo y observó que algunos policías portaban armas AKM en la carretera donde se produjeron los enfrentamientos.

Pronunciamiento de Red Muqui

Dado los acontecimientos señalados y la resolución suprema emitida el domingo por el presidente Vizcarra, refrendado por los ministros del Interior y Defensa; Red Muqui señala: Demandamos cese de militarización y decisión definitiva del gobierno sobre imposición del Proyecto Minero Tía María.

Extracto del Pronunciamiento:  exigimos el cese de los actos brutales de represión de parte de la Policía Nacional en contra de la población de Valle de Tambo que desde el año 2009 en la consulta popular que realizaron, ha mostrado en su abrumadora mayoría su rechazo a la imposición del proyecto minero Tía María, y que requiere de parte del gobierno del Presidente Vizcarra una decisión definitiva que dé un paso atrás en la pretensión de la empresa minera Southern y la CONFIEP, de imponer un proyecto con el uso de la fuerza; evitándose así un conflicto con consecuencias más graves, y generando una situación de pleno respeto del derecho de la población de Valle de Tambo a decidir sobre sus medios de vida y de expresarse públicamente.

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/920-tia-maria-2da-persona-herida-de-bala-en-matarani-arequipa?fbclid=IwAR2NzpPbBwnHDljzhG2oKPm_rTSEJwCN0f4pY71avGdppedM7uDCNxvKW9s

Guatemala

Minera canadiense admite violación de derechos humanos, “precedente muy importante”

Autor: Radio Canadá Internacional / Movimientom4.org

Las acciones legales contra Hudbay Minerals y Tahoe Resources y el acuerdo logrado son precedentes muy importantes. Continuarán abriendo un camino legal para responsabilizar lenta pero seguramente a más empresas canadienses en derecho civil, y con suerte algún día en derecho penal, por crímenes, daños y violaciones que causen o sean responsables en otros países.

 

Una compañía minera canadiense llegó a un acuerdo con activistas que habían sido heridos de bala en 2013 frente a una mina de la compañía en Guatemala, reconociendo que sus derechos humanos habían sido violados, anunciaron esta semana la  compañía y los demandantes.

Esta es la primera vez que demandantes extranjeros obtienen una indemnización, víctimas de violación de derechos humanos por parte de una empresa minera canadiense, dice un comunicado de la firma de abogados canadiense Camp Fiorante Matthews Mogerman.

Este «acuerdo histórico», cuyos términos son confidenciales, se celebró con la Pan American Silver Corp., que adquirió el grupo Tahoe Resources en febrero. Tahoe Resources está involucrado en una batalla legal en Canadá desde 2014 por eventos que ocurrieron el año anterior en la mina Escobal en el sureste de Guatemala.

Según el abogado Grahame Russell, después de cinco años de batalla legal en los tribunales de Columbia Británica, la decisión de Tahoe Resources de ofrecer un acuerdo justo a las víctimas guatemaltecas de la violencia y represión minera de Tahoe Resources en 2013, tiene una relevancia crucial.

“Es un pequeño paso de gran importancia para avanzar en el trabajo en curso y luchar en Canadá para finalmente comenzar a responsabilizar legalmente a las empresas canadienses en los tribunales canadienses por crímenes, daños y violaciones que las empresas canadienses causan o sean responsables en otros países”.

Russell recuerda que en 2013, un tribunal canadiense dictaminó por primera vez en la historia legal canadiense (en los juicios históricos de Hudbay Minerals, inicialmente presentados en 2010) “que las empresas canadienses pueden ser responsables en los tribunales canadienses si se les considera responsables de crímenes, daños y / o violaciones en otros países”.

El juicio contra Tahoe Resources ha sentado un nuevo precedente, siendo el primer caso de este tipo en obligar legalmente a una compañía canadiense a ofrecer un acuerdo que se consideró aceptable por las víctimas-demandantes.

 

Un camino sembrado de obstáculos para los demandantes

En una declaración separada, Pan Silver Corp reconoce ahora que los guardias de seguridad en la mina de oro y plata, bajo el mando de Alberto Rotondo, abrieron fuego contra los manifestantes reunidos en una carretera fuera de la mina, en abril de 2013.

«Varias personas resultaron heridas durante los disparos», cuatro de ellas iniciaron una demanda civil contra Tahoe Resources en la Corte Suprema de Columbia Británica, exigiendo «justicia por la violación de sus derechos», dice la Pan American Silver Corp.

Rechazados por este tribunal, los demandantes apelaron y ganaron en 2017. El Tribunal de Apelación de Columbia Británica dictaminó que el caso debería ser escuchado en Canadá debido al riesgo de que no pudieran «obtener un juicio justo contra una poderosa multinacional» en Guatemala.

La Corte Suprema de Canadá luego se negó a escuchar una apelación final de Tahoe Resources.

«Esta es una victoria importante para nosotros y nuestra comunidad», dijo Luis Fernando García, uno de los demandantes citados en el comunicado de prensa. «Esto justifica nuestro derecho a continuar nuestra resistencia contra las operaciones mineras en nuestra comunidad. »

Los documentos corporativos entregados a los demandantes durante el proceso han revelado que Hudbay Minerals (entonces Skye Resources) realizó pagos en efectivo de cientos de miles de dólares al ejército y la policía para coordinar y participar en el desalojo en cuestión.

Lo concreto es que las acciones legales contra Hudbay Minerals y Tahoe Resources (ahora Pan American Silver) y el acuerdo de Tahoe abren un espacio legal para responsabilizar a las empresas canadienses por crímenes, daños y violaciones que causen o sean responsables en otros países dice Grahame Russell.

La Pan American Silver Corp condena enérgicamente toda violencia y no recurrirá nuevamente a ella dijo la compañía. Aunque estos eventos ocurrieron mucho antes de la adquisición, “Pan American, en nombre de Tahoe, reconoce que el tiroteo del 27 de abril de 2013 violó los derechos humanos de los manifestantes. En nombre de Tahoe, Pan American Silver Corp se disculpa con las víctimas y la comunidad.”

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/minera-canadiense-admite-violacion-de-derechos-humanos-precedente-muy-importante/?fbclid=IwAR2j4CciioEPY8MHCjO5MEee-V2U1JPNTbnuzGptbyFXVc3okeZ97V1EvII